Puede que sea deformación
profesional, pero cada vez que escucho a determinados políticos hablar sobre
“diálogo” con los independentistas o proponer como solución al problema del
secesionismo la celebración de un referéndum “pactado y legal” o reformar la propia
Constitución, no salgo de mi asombro. Todo el mundo sabe que cuando los
independentistas hablan de diálogo éste se circunscribe a “su libro”, es decir,
los independentistas sólo quieren dialogar para fijar cuándo se rompe España y
con las mayores ventajas económicas para ellos. No quieren entrar en otro tipo
de diálogo dentro del marco constitucional. Eso pertenece al pasado cuando el
diálogo consistía en dame más, dame más y dame más. Ahora es distinto. Lo
quieren todo, son los atracadores de un banco, atrincherados en el mismo con
rehenes, rodeados por la Policía y su negociación no es tal, sino la imposición
de sus exigencias: “nos vais a dejar salir, con la pasta, cuando digamos y cómo
digamos”. El chantaje no es diálogo se vista como se vista. En estos días,
Pablo Iglesias ha reivindicado "diálogo" y "sensatez" a las
partes y una solución que pase por que los catalanes voten en un referéndum
"pactado, legal y con garantías" sobre la independencia, ha asegurado
que no ha habido declaración unilateral de independencia por parte de
Puigdemont y encuentra injustificada la aplicación del Artículo 155 de la
Constitución porque conduciría a España "a una situación de involución
democrática que afecta a la calidad democrática".
De los independentistas puede
esperarse cualquier cosa por disparatada que sea incluso que nieguen la
existencia de España como nación, pero no resulta comprensible en un partido
que se supone que quiere gobernar España. No existe ninguna posibilidad de
celebrar un referéndum en Cataluña pactado y legal por dos razones evidentes
que conoce o debería conocer el Sr. Iglesias y cuantos se suman esta tesis.
La primera razón es legal. Para
que pudiera celebrarse ese hipotético referéndum habría que modificar la
Constitución española y, de hacerlo, supondría la eliminación de la soberanía
del pueblo español y, por consiguiente, la aniquilación de la propia nación
española. Hoy por hoy, tal y como recoge la Constitución la soberanía nacional
reside en el pueblo español lo que quiere decir que es el conjunto del pueblo
español, y no solo una parte del mismo, quien tiene que manifestarse en un
referéndum. El Artículo 1. 2. De la Constitución no admite
interpretaciones “La soberanía nacional
reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.
Que
los independentistas catalanes nieguen al pueblo español su propia existencia
como titular de la soberanía nacional tiene su sentido pues de aceptarla no
tendrían sentido sus pretensiones; no pueden coexistir dos soberanías y dos
naciones sobre un mismo ente jurídico, pero que Podemos y su líder se sumen a
las tesis independentistas negando al pueblo español su titularidad sobre la
soberanía nacional, no es de recibo. Como no lo es tampoco hablar de un Estado
plurinacional, de una nación de naciones,
porque admitirlo sería tanto como admitir que, de una parte, España no
es una nación y, de otra, que cada nación debe tener su propio estado.
La segunda razón es, además de
sentido común, de índole democrática. Una hipotética independencia de Cataluña
tendría efectos inmediatos sobre el conjunto de los españoles y no sólo sobre
los habitantes de Cataluña. Hay vínculos seculares, relaciones,
infraestructuras, servicios públicos, transacciones, etcétera que estarían
afectados y cuyo futuro, por tanto, no puede dejarse en manos exclusivamente de
una parte de los ciudadanos españoles, los catalanes. Es imposible de admitir
que sólo los catalanes puedan decidir sobre el futuro del conjunto de las
pensiones, de la deuda pública o de los impuestos que afectan a todos. Son
todos los españoles los que tienen derecho a decidir sobre ello e impedirlo
constituye un atentado a los más elementales principios democráticos.
Son cuestiones elementales, de
principios generales del derecho que no se pueden obviar asumiendo el discurso
de los independentistas. Pero, todo parece indicar que el Sr. Iglesias y su
coalición Unidos Podemos van un poco más allá en la manipulación de sus
discurso. Se muestran absolutamente contrarios a la aplicación del Artículo 155
de la Constitución, llegando al ridículo de pretender acudir al Tribunal
Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad del mismo, y
alegan que no pueden respaldar su aplicación porque el Partido Popular es un
partido “fuera de la ley” y corrupto. Y, sin embargo, están del lado de los
independentistas que pública y notoriamente se han situado fuera de la
Constitución y son los responsables de los mayores escándalos de corrupción
durante casi cuarenta años en Cataluña, con la bendición del clan Pujol, donde
han instaurado el régimen del 3%. Por ello, es muy significativo que Unidos
Podemos anteponga su interés partidista, echar al Gobierno de Rajoy de la mano
del PSOE, los independentistas y los proetarras, a la defensa de la Ley y la
soberanía de todos los españoles apoyando las tesis y pretensiones de los reyes
de la corrupción en Cataluña. Todo vale para los podemitas y sus lacayos de IU
porque en el fondo están convencidos de que todo lo que pueda servir para volar
por los aires la Constitución de 1978 puede y debe ser usado como paso previo a
una aventura revolucionaria, bolivariana, de impredecible final.
Santiago de Munck Loyola.
