Gobierno y oposición tiran con pólvora del rey.

Tras asistir la semana pasada a uno de los espectáculos parlamentarios más bochornosos de los últimos tiempos, la no convalidación en el pleno del Congreso del real decreto ley que regula la liberalización de los estibadores  que había aprobado el consejo de ministros del 24 de febrero, hoy se han reanudado las conversaciones en la mesa de negociación entre sindicatos, patronal y Gobierno.

Y sí, lo de la semana pasada fue un espectáculo bochornoso por parte de todos los partidos. De una parte un Gobierno débil que lleva a convalidar al Congreso un decreto con dos años de retraso. Un decreto que debía y podía haber aprobado cuando gozaba de mayoría absoluta para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014 y que obligaba a España a liberalizar el sector portuario para acabar con una legislación que impide que las empresas estibadoras puedan contratar libremente a sus trabajadores, permitiendo, además, la entrada de estibadores de la Unión Europea en el mercado español.

De otra parte, una oposición que rechaza la convalidación de un decreto sin más objetivo que dar una patada al gobierno, pero en el trasero de todos los españoles. Lo que hicieron las llamadas fuerzas de progreso o del cambio fue, ni más ni menos, que apoyar a un monopolio laboral, a una casta privilegiada y bastante machista, por cierto, que se empeña en mantener unos privilegios económicos y sociales impensables para el resto de los trabajadores españoles. El rechazo al decreto supuso apostar por la continuidad de un sistema de contratación cerrado a la libertad de contratación y de circulación de trabajadores de la UE, así como apoyar la consiguiente falta de competitividad de nuestros puertos cuyos costes de carga y descarga son los más elevados de Europa. Y todo ello a costa del bolsillo del contribuyente. Y para guinda del pastel, la abstención de Ciudadanos que a pesar de haber comprometido con anterioridad su apoyo a la convalidación del decreto finalmente optó por no mojarse para evitar salpicarse en una derrota parlamentaria y, todo ello, a pesar de que seguramente este partido no comulga con actual sistema portuario.

Pero si bochornoso fue el espectáculo parlamentario con esa demostración plenaria de falta de patriotismo y de absoluto desprecio por el interés general, menos edificante es comprobar la ligereza con la que nuestros políticos manejan el dinero de todos los contribuyentes. A unos les importa muy poco que España deba pagar 134.000 euros diarios de multa por no liberalizar el sector de los estibadores portuarios y a otros parece que les importa también muy poco el agravio comparativo y el desprecio al contribuyente que conlleva realizar ofertas increíbles a la casta de los estibadores con tal de que no hagan huelga y paralicen los puertos españoles. Todos disparan con pólvora del rey. Y los demás a pagar.

Es moralmente inaceptable que el Gobierno, y con él la oposición, negocie y ofrezca a este colectivo auténticos privilegios absolutamente inalcanzables para el resto de los ciudadanos españoles:  Un plan de prejubilaciones voluntarias al para los trabajadores que tengan al menos 50 años de edad, que se retirarán con el 70% del sueldo medio que hayan percibido por todos los conceptos de retribución en los seis meses anteriores a su baja (hay que recordar que el sueldo medio en este colectivo supera los 65.000 euros anuales) o la garantía de mantenimiento del empleo del colectivo de 6.150 estibadores.

Que los estibadores luchen por el mantenimiento de su privilegiada situación es comprensible y lógico. Pero no lo es que nuestra clase política ofrezca mantener, en contra de la legislación europea, una situación de privilegio que no está al alcance del resto de los ciudadanos y que cargue su coste precisamente sobre ellos. Gobierno y oposición merecen un rotundo suspenso por su actuación irresponsable en la gestión de este conflicto.

Santiago de Munck Loyola

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Los simplones peligrosos.

Vivimos en una época llena de contradicciones. Hoy, los ciudadanos tenemos a nuestro alcance más fuentes de información que nunca, más posibilidades de formar nuestra opinión contrastando las diferentes fuentes de información. Y, sin embargo, cuantos más medios de comunicación hay a nuestro alcance más se empeñan algunos en simplificar sus mensajes hasta el absurdo. Vivimos una época en la que la hipérbole, la exageración o las simplezas se han adueñado de los mensajes, especialmente entre los políticos. Tergiversan y manipulan la realidad hasta límites que ponen en duda su respeto hacia la inteligencia del ciudadano. Nos toman por tontos en muchos casos y lo peor es que sus iniciativas políticas terminan, en muchos casos, por parecerse a su forma de comunicarse, es decir, sus propuestas terminan por ser basura demagógica. La crítica, la discrepancia o la simple exigencia del respeto a la ley pueden servir de excusa para que pases a engrosar la burda bolsa de fachas, retrógrados, franquistas o catalanófobos. Vivimos una época sin matices, o blanco o negro, o conmigo o contra mí. Y lo peor es que ese discurso reduccionista y simplón termina calando en mucha gente.

Fruto de ello es que a fuerza de exagerar muchas palabras son devaluadas y terminan por perder su verdadero significado. En su técnica goebbeliana resulta que “genocida” lo es igual Adolfo Hitler que José Mª Aznar. Ah, pero no Stalin. ¿A que nadie ha oído hablar a un podemita del genocida Stalin? Ahora parece que torturadores lo son tanto tipos como el Doctor Mengele, o Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, el mayor símbolo de la tortura franquista, como los organizadores de un Belén viviente con animales. Se aplica la palabra asesino, el que mata a una persona con circunstancias agravantes, a los toreros cuando es evidente que conceptualmente solo es posible asesinar a personas, a seres humanos. Sin embargo, nunca se referirán a una mujer que aborta como asesina de fetos humanos. Se trata, en definitiva, de manipular el alcance y significado de las palabras para ponerlas al servicio de su causa y con ello tratar de insertar mensajes a modo de eslóganes.

Estos días estamos asistiendo a un verdadero despliegue de simplezas y esperpénticos eslóganes en torno a la condena a Arturo Más por su participación en el seudo referéndum del 9-N. De un lado se han posicionado los partidos constitucionalistas. De otro, los independentistas de todo pelaje, Podemos y los filoetarras de Bildu. Tanto Pablo Iglesias como Echenique se han manifestado en contra de la sentencia condenatoria, una sentencia por cierto más que benévola. Pablo Iglesias ha dicho: "Mas es el heredero del pujolismo; una de las peores expresiones de la Trama, pero que le condenen por poner urnas es una vergüenza". Y Echenique ha señalado por su parte que Podemos rechaza que se "judicialice" la democracia: "No nos parece que poner urnas tenga que ser delito”. Vamos a ver. Un poco de seriedad por favor. Al Sr. Más el TSJ no le ha condenado por poner urnas, entre otras cosas, porque poner urnas no es un delito. El TSJ le ha condenado por haber cometido un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, al igual que le ocurriría a cualquier ciudadano de a pié que se le ocurriese desobedecer a un tribunal. Lo paradójico es que los señoritos de Podemos defiendan que a un miembro de lo que ellos llaman “casta” no reciba el mismo tratamiento que cualquier vecino de la calle y que para hacerlo tengan que falsear la realidad inventándose un delito y una condena inexistentes.

Sin ir muy lejos, en Alicante estamos viviendo estos días, salvando las distancias, una situación parecida en la que la realidad y la verdad son falseadas y elevadas a la categoría de dogma progre. Me refiero al cambio de nombres de calles “franquistas”. Un juzgado, a instancias del PP, ha ordenado la reposición de las antiguas calles. ¿Por qué? Pues sencillamente por el tripartito que desgobierna la ciudad de Alicante se ha saltado el procedimiento legal para poder llevar a cabo el cambio del nombre de las calles. Que se sepa, en ningún momento el PP ha defendido que las calles se llamen de una u otra forma, ni ha reivindicado la permanencia de nombres “franquistas”. Lo que el PP ha hecho, tal y como es la obligación de cualquier partido democrático, es defender que se cumpla la Ley, que se sigan los procedimientos legalmente establecidos. Y no es posible olvidar ni en este caso, ni en el catalán que sin respeto a la Ley no hay democracia posible. 

Es más, desconozco si el PP lo habrá esgrimido, pero lo cierto es que algunos de los cambios introducidos por el tripartito ni siquiera respetan lo establecido en la propia Ley de Memoria Histórica al llevarse por delante nombres como el de Calvo Sotelo, asesinado por lo gobierno republicano antes del inicio de la guerra civil. Y, sin embargo, ha faltado tiempo para que la patulea podemita, con lagrimitas incluidas, haya puesto el grito en el cielo acusando al PP de franquista, de facha, de querer perpetuar los nombres de los franquistas,… A cada eslogan le ha sucedido otro aún más exagerado y falso. No señores, no. No se trata de eso. A ver si lo entienden de una vez y se dejan de pamplinas: se trata de respetar la Ley y de seguir los procedimientos legales. Así de sencillo y de democrático. Menos eslóganes y más respeto a la inteligencia de los ciudadanos.

Vivimos en una época convulsa y políticamente ruidosa. Es muy posible que tanta exageración y tanto eslogan pueda producir réditos electorales fáciles y baratos. Pero no hay que olvidar que la demagogia es un boomerang peligroso, sobre todo para quienes están cegados por su soberbia y auto complacencia.

Santiago de Munck Loyola

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Imaginemos.

Imaginemos por un instante una residencia de ancianos pública. Durante años, las cuidadoras se han limitado a trabajar lo imprescindible con los residentes, sin estimularlos, sin ofrecerles otra cosa que no sean los cuidados básicos y punto. Incluso sólo se han ocupado del aseo personal de los ancianos  cuando llegaba la hora de que los vieran sus familiares. De pronto se incorporan a la plantilla dos nuevas cuidadoras, llegan con ganas de trabajar, aman su profesión y empiezan a introducir cambios mejorando el cuidado y aseo personal de los residentes, sacándolos a pasear por los jardines de la residencia, organizándoles actividades novedosas para estimularlos, cuidando con esmero la calidad de su alimentación, etc. Pronto surgen las discrepancias entre las antiguas que defienden el “aquí siempre se ha hecho así y no hay por qué cambiar nada” y las nuevas. Poco a poco la envidia y el rencor se extiende entre las antiguas cuidadoras que se ven obligadas a seguir las técnicas de las nuevas para no quedar en evidencia. Aparecen algunos conflictos entre antiguas y nuevas y en alguna ocasión los responsables municipales de los que depende la residencia se ven obligados a poner orden. Poco más.

Imaginemos que se celebran unas elecciones municipales y cambian los responsables municipales. A los pocos meses, la nueva concejala de servicios sociales y el nuevo concejal de personal que en la primera reunión con las empleadas de la residencia les pide que le apeen el tratamiento de Don (como si alguien hubiera tenido intención de otorgárselo) deciden introducir cambios en los horarios de las empleadas, sin consensuarlos, que perjudican claramente a las cuidadoras innovadoras. Como no son del pueblo que se jo… Sin embargo, una de ellas protesta porque no puede conciliar su vida laboral y familiar con ese cambio de horario. ¡Sacrilegio! ¡Ha protestado! Se va a enterar.

Imaginemos entonces que al mes le abren un expediente sancionador por haber faltado presuntamente a trabajar un día. Ella alega que sí fue a trabajar pero que se dejó la tarjeta de fichar en el coche. Las compañeras dicen que sí fue a trabajar, aunque después dirán que se les obligó a decirlo. No obstante parece que nadie avisó de que los ancianos a cargo de esta cuidadora estaban desatendidos ese día lo que induce a pensar que efectivamente sí acudió a su trabajo. A pesar de todo, el Ayuntamiento le impone una sanción basándose en que en la hoja de control de fichajes de la citada cuidadora no aparece ese día. Y para colmo del disparate resulta que en personal tienen dos hojas de control con dos números distintos asignados a la misma cuidadora. ¿Por qué? Mientras ésto ocurre la concejala de servicios sociales llama a una amiga y le dice vete despidiéndote de tu actual trabajo que te voy a meter a trabajar en la Residencia.

Imaginemos ahora que a las pocas semanas, la cuidadora recibe una notificación de sus jefes: ahora la van a expedientar por presuntos malos tratos continuados a los ancianos a su cargo y a sus compañeras y preventivamente la suspenden de empleo y sueldo. Cuando consigue ver la documentación que figura en ese expediente resulta que se encuentra con una serie de testimonios de “sus compañeras” y de algún familiar de los ancianos diciendo que durante años ha maltratado a los ancianos obligándoles a comer, hablándoles mal o zarandeándolos. Pero hay cosas raras en el expediente: los testimonios están redactados por la misma persona, en un mismo ordenador, repitiendo las mismas frases y ningún testimonio ha sido recogido ante un fedatario público. Hay incluso un testimonio que acusa a profesionales del centro de salud del pueblo de no activar los protocolos ante unos posibles malos tratos a un anciano desvalido. Increíble. La psicóloga de la residencia, que ha sido la encargada de recabar esos testimonios y que resulta que antes de que se le encargase esa misión ya había hablado con gente sobre el asunto, emite un informe en el que especula sobre las consecuencias que podrían derivarse de ser ciertas las acusaciones y concluyendo que tras examinar esos testimonios no puede probar que sean ciertos. Con ese chapucero informe se abre el expediente sancionador, se nombra a la psicóloga que previamente había emitido su informe pericial como instructora, se tramita el expediente sin practicar ni una sola prueba y se propone sancionar a la cuidadora con el despido, declarando probados unos hechos que nadie ha ratificado. Y, para colmo, se traslada ese bodrio de expediente a la fiscalía que termina por citar a la cuidadora denunciada y a otra cuidadora, su amiga, en el juzgado. Todo ello ocultando que el Concejal responsable de la Residencia en las legislaturas pasadas declara por escrito que nunca nadie ha denunciado ningún hecho similar ante el Ayuntamiento y que el testimonio de la Directora del Centro es falso. Pero su testimonio no se incorpora al expediente. A alguien no le interesa.

Cualquier persona normal se preguntaría en un hipotético caso como éste ¿cómo es posible que, de ser ciertas las acusaciones, las denunciantes, “las compañeras envidiosas”, no hayan denunciado antes estos presuntos maltratos? ¿Cómo es posible que, de ser ciertos esos presuntos malos tratos, los hayan ocultado durante años? Si llegara a probarse que ha existido algún maltrato resultaría que las “compañeras” ahora denunciantes habrían sido durante años cómplices y encubridoras del mismo ¿No? Y, en consecuencia, el Ayuntamiento debería denunciarlas a su vez ¿No? Y si no se probasen los  presuntos malos tratos resultaría que las “compañeras” ahora denunciantes habrían cometido un delito de calumnias ¿No? Y, en este caso, también deberán ser denunciadas en el juzgado ¿No? La conclusión es meridianamente clara, tanto si han existido los presuntos malos tratos como si no, las “compañeras” ahora denunciantes han cometido un delito (o bien de encubrimiento o bien de calumnia) por el que deberán responder, sí o sí, ante la justicia y, evidentemente, no están en condiciones éticas y morales para continuar en sus puestos de trabajo. Claro que curiosamente, semanas después de haber presentado esas denuncias las “compañeras” ahora denunciantes pidieron por escrito al Ayuntamiento que las hiciera funcionarias. ¡Toma ya! ¿En pago de los servicios prestados?

Y como todo este relato imaginario lo estamos situando en un pequeño pueblo  imaginario podemos también imaginarnos fácilmente las consecuencias. Sería la comidilla del pueblo y se escucharían toda clase de versiones y sandeces. Hay quien por ejemplo diría que el Gobierno anterior eliminó las pruebas de los presuntos malos tratos, sin darse cuenta de que semejante majadería significaría para empezar que sin pruebas no se puede sancionar nada, aparte de significar una grave acusación que debería ser probada en los tribunales. Otros familiares no dirían nada, para qué meterse en líos. Y sólo unos pocos, valientes y sin tener que someterse a ningún poder, se informarían previamente y hablarían libremente negando, como no puede ser de otra forma, cualquier credibilidad a semejante montaje.

Imaginemos que en esta sociedad avanzada del Siglo XXI hay gente que actúa de forma tan miserable e irresponsable. Daría asco ¿verdad? Menos mal que cualquier parecido con la realidad sería sólo pura coincidencia ¿no?

Santiago de Munck Loyola.

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¿Nazis? ¿Estalinistas? No, mala gente.

No sé cómo expresar lo que siento sin cometer algún exceso verbal. Como muchos sabéis desde hace año y medio estoy siendo sometido por el Gobierno Tripartito de Monforte del Cid a toda clase de humillaciones profesionales, discriminaciones y, en fin, a un auténtico acoso laboral. Ahora han rebasado los límites que cualquier persona normal puede tolerar. Hoy, mi hija Belén, educadora desde hace 13 años en la Escuela Infantil de Monforte del Cid, ha recibido una notificación del Juzgado en la que se la cita como imputada y en la que figura como denunciante/querellante el Ayuntamiento de Monforte del Cid. 

Parece ser que ésto deriva de un expediente disciplinario alucinante e injusto que el Gobierno Municipal ha incoado a otra educadora infantil por supuestos malos tratos a niños. Y quiero decir muy alto que Belén es una magnífica profesional, entregada en cuerpo y alma a su trabajo y al cuidado de los niños, que no deja de estudiar y de formarse permanentemente, a diferencia de sus compañeras, para trabajar mejor cada día, que ha llegado a poner dinero de su bolsillo (sin que el Ayuntamiento se lo haya reembolsado) para compara juguetes y material escolar para sus alumnos y que siempre ha recibido el afecto y gratitud de los niños a los que ha cuidado y de sus padres. 

Y quiero dejar constancia de que en los 14 años que llevo en el Ayuntamiento de Monforte del Cid sólo se recibió una denuncia por supuestos malos tratos que fue archivada contra una educadora que no era ni Belén ni la compañera ahora expedientada. Me avergüenzo de esta gente capaz de intentar destruir la vida profesional de los demás por pura soberbia, ignorancia y sectarismo ideológico. Y me avergüenzo de unos representantes sindicales sólo atentos a ver cómo ganan más y trabajan menos. Aunque a los que se les tendría que caer la cara de vergüenza es a los responsables políticos que promueven y consienten esta ignominia. Les auguro un prolongado paseo judicial. Ánimo Belén Sánchez Boyer. Te quiero.

Santiago de Munck Loyola

El triunfo del marianismo sobre la ideología.

Hace tres meses, ante la convocatoria del recientemente celebrado Congreso del Partido Popular escribí “El Partido Popular se encuentra ante una gran oportunidad para recuperar la credibilidad y el liderazgo en la sociedad, pero para ello ha de apostar decididamente por un cambio profundo, por una revolución o refundación interna que acabe de una vez con todos los obstáculos y hábitos que lo han alejado de sus propias bases y del electorado. Conformarse con seguir siendo el mal menor o el último refugio electoral ante la izquierda sería un triste y seguro final político”.


Y a la luz de los resultados de este Congreso publicados por los medios de comunicación todo parece indicar que el Partido Popular ha perdido esa gran oportunidad que suponía la celebración de su Congreso. Pocos cambios y mucho incienso para Mariano Rajoy. No en balde se ha considerado este Congreso como la consagración del “marianismo”, una estrategia política basada en la renuncia a cualquier reforma profunda, en el desgaste del adversario, en el soslayo de los debates sobre los problemas reales del ciudadano y, en especial, del contribuyente y en un conformismo político que elude enarbolar el liderazgo político y social. Pocos cambios en la dirección del partido reflejo de la máxima del líder “no se cambia lo que funciona”, algo que refleja unos niveles de autocomplacencia inéditos ¿Cómo se puede decir que funciona bien una dirección del Partido y una estrategia que ha conducido a perder la mayoría absoluta, a fragmentar el voto del centro derecha y a incumplir reiteradamente el Programa Electoral?


Salvo algunas pinceladas y retoques, el cónclave de los populares no ha abordado el principal problema de la organización, el déficit de democracia interna que es clave en el origen de muchas conductas corruptas. Es más, antes de apagar las luces del Congreso, el propio Mariano Rajoy lanzaba un consejo-advertencia: confiaba en que no hubiera más de un candidato en los próximos congresos regionales del Partido. Exactamente lo mismo que se aconsejaba, hace 4 años, desde la Dirección Provincial del Partido Popular de Alicante respecto a los congresos locales y todos sabemos cuáles fueron los resultados electorales y judiciales de estas políticas tendentes a eliminar la libre concurrencia de los afiliados a aspirar a cargos orgánicos.


Poco ha avanzado también el PP respecto a las incompatibilidades y el máximo exponente de ello ha sido la ratificación de que se puede ser sin problema Ministra de Defensa, Secretaria General del partido y Presidenta Regional del mismo en Castilla la Mancha. Todo un récord para publicitar seguramente que el PP no necesita cuotas porque cuenta con “superwoman”.


Pero quizás lo más preocupante es la ausencia de tomas de posición claras sobre muchos de los problemas que están encima de la mesa por la actualidad y de otros asuntos que interesan especialmente a los tradicionales votantes de centro derecha. ¿Alguien ha escuchado o leído un posicionamiento claro del Partido Popular sobre la vigencia de la Ley de la Memoria Histórica cuya aplicación por los Ayuntamientos podemitas tanto está dando de hablar? ¿Y sobre los trasvases y el Plan Hidrológico Nacional? ¿Alguien ha percibido alguna propuesta concreta sobre la inmigración? ¿Y sobre la posición de España respecto a los refugiados? ¿Va a reformar el PP la vigente ley sobre interrupción del embarazo, el aborto? ¿Alguna propuesta novedosa del Partido Popular sobre los desahucios? ¿Sobre la corrupción? ¿Sobre el desempleo? ¿O para los autónomos? ¿Y sobre el problema de Cataluña? Porque a parte de repetir que van a cumplir y a hacer cumplir la Constitución, faltaría más, ¿Hay alguna propuesta concreta que no sea lo de dialogar? ¿Y sobre la política fiscal o sobre el endeudamiento de las administraciones públicas? ¿Del impuesto sobre sucesiones o sobre el Patrimonio, alguna novedad? ¿Alguna propuesta concreta del Partido Popular para reconducir el estado autonómico de modo que los españoles tengamos los mismos derechos sanitarios, sociales o educativos independientemente de la taifa a la que pertenezcamos? ¿Y alguna medida para agilizar nuestro sistema judicial?


Desgraciadamente da la sensación de que el Partido Popular ha renunciado a renovarse internamente, a abrirse como organización y a intentar volver a ser la casa común de la “mayoría natural”. Ha renunciado a liderar a la sociedad porque ha optado por un perfil ideológico de tono bajo y prefiere conformarse con ser un parapeto, un mal menor al que el miedo ideológico le conservará ciertas cuotas de poder. Pero así no se transforma España, así no se resuelven los problemas, sólo se aplazan.


Santiago de Munck Loyola

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EL PARTIDO ESPERANZA CIUDADANA DE MONFORTE DEL CID PRESENTA UNA MOCIÓN PARA BAJAR EL IBI.

15-2-2017.

NOTA DE PRENSA.

El Partido Esperanza Ciudadana de Monforte del Cid ha presentado hoy en el Registro Municipal una propuesta de moción dirigida a todos los Grupos Municipales con el fin de modificar los tipos aplicables al Impuesto sobre Bienes Inmuebles e impedir así que este año la subida del impuesto termine siendo 6 veces superior a la inflación registrada en 2016.

A instancias del Ayuntamiento de Monforte del Cid a la Dirección General del Catastro formulada antes del 31 de mayo de 2016, la Orden HAP/1553/2016, de 29 de septiembre, por la que se establecía la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la ley de presupuestos generales del Estado para el año 2017, aprobó en su artículo único la relación de municipios solicitantes, entre los que figuraba Monforte del Cid.

Aprobada la solicitud del Ayuntamiento de Monforte del Cid para actualizar los valores catastrales de los bienes inmuebles, dichos valores se multiplicarán por el coeficiente 1,04 recientemente aprobado y a estos nuevos valores se les aplicará el tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles lo que supondrá un incremento del 4% de las cuotas del IBI para el año 2017, mientras que la inflación del año 2016 se ha situado en torno al 0,7 %. En estas circunstancias, el Partido Esperanza Ciudadana considera imprescindible no incrementar las cargas fiscales de los monfortinos y proceder de forma urgente a la congelación del Impuesto de Bienes Inmuebles.