De mal en peor.

Si alguien pensaba que el resultado de las pasadas elecciones autonómicas celebradas en Galicia y el País Vasco iba a servir para desbloquear la situación política y facilitar la formación de un Gobierno para España se ha equivocado. Del resultado de estas elecciones se han sacado tantas lecturas como comentaristas políticos existen y cada cual ha tratado de arrimar el ascua a su sardina. Sin embargo, tras diez meses sin gobierno y tras los resultados de estas elecciones sí que es posible confirmar dos peculiaridades de nuestra cultura democrática.

La primera es que hemos perdido o, mejor dicho, nuestra clase política ha perdido toda capacidad de diálogo, de acuerdo o de consenso, que tan importante fue en nuestra transición, en unos momentos especialmente difíciles para el conjunto de la Nación y, en especial, para millones de españoles cuya supervivencia económica se encuentra en un estado dramático. Nadie o muy pocos hablan ahora de los más de 4 millones de desempleados, de los miles de desahucios que anualmente se siguen produciendo, de las míseras pensiones de muchos ciudadanos, de la subsistencia de todos los privilegios de la clase política, de los riesgos del terrorismo islamista o del avance del proceso de ruptura de nuestra Nación. Todo lo más se habla y como arma arrojadiza de la corrupción que pesa sobre los grandes partidos y sobre las corruptelas de los recién llegados.

La segunda peculiaridad es la inexistencia de asunción de responsabilidades políticas por los resultados electorales. En los países europeos con más larga tradición democrática, que deberían servirnos de espejo para asimilar sus mejores conductas, no se concibe que tras un fracaso electoral un líder, un candidato, no presente su dimisión. Ya tras las elecciones generales del pasado mes de diciembre, la lógica democrática exigía que quien siendo Presidente de Gobierno con una mayoría aplastante de 186 diputados la deja en 123 escaños hubiese presentado su dimisión. Es evidente que muchos justificarán aquel resultado pero los hechos son los que son. Y también entonces un líder de la oposición que no sólo no fue capaz de rentabilizar el desgaste del gobierno y deja a su partido con 20 escaños menos, pasando de 110 a 90, debía igualmente haber presentado su dimisión, como debería haberlo hecho seis meses después al lograr pasar de 90 a 85 diputados. Todo un récord. Y esta peculiaridad, incomprensible para nuestros vecinos europeos, se ha visto reforzada tras las elecciones autonómicas del pasado domingo. ¿Ha dimitido alguien en el PSOE? ¿Ha dimitido alguien en el PP del País Vasco por empeorar unos resultados anteriores ya de por si malos? Nadie.

Es evidente que los resultados de las pasadas elecciones autonómicas no ayudan a despejar el panorama nacional. Todo lo contrario. La situación, a la luz de los últimos acontecimientos se complica enormemente. De una parte, el PSOE se ha convertido en una olla a presión y su Secretario General está forzando la maquinaria interna para sostenerse en el poder. De otra parte, el Partido Popular, tan necesitado de una profunda regeneración, ha decidido posponer cualquier movimiento en esa dirección y limitarse a observar la posible “voladura” del PSOE. Ciudadanos no ha terminado de asimilar que el batacazo en Galicia y País Vasco limita enormemente y quizás de forma definitiva su proyección como partido de ámbito nacional. Y Unidos Podemos, tras fagocitar completamente a Izquierda Unida, contribuye interesadamente a agitar las aguas de Ferraz rompiendo, de momento, los pactos de gobernabilidad que mantenía con el PSOE en Castilla la Mancha y en Extremadura a costa, sin ningún rubor, de la necesaria gobernabilidad para los ciudadanos de esas dos regiones. Todo vale con tal de primar los intereses partidistas por encima de los intereses de los ciudadanos.

Eso sí, podemos estar tranquilos. Todos los partidos han manifestado por activa y por pasiva que lo último que desean es que tengamos que celebrar unas terceras elecciones generales, pero, por si acaso, sí se han puesto de acuerdo para reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral por el procedimiento de urgencia para que esas indeseadas terceras elecciones se celebren el próximo 18 de diciembre, recortando una semana la campaña electoral, y que así no tengamos que votar en día de Navidad. Para que luego digamos que esta clase política no piensa en el bienestar de los españoles.

Santiago de Munck Loyola

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Puig, un impresentable Presidente.

Vaya por delante que defiendo desde hace mucho el apartamiento de los imputados de los cargos públicos. Pero dicho ésto me parece impresentable la necesidad de algunos de exagerar hasta la hipérbole sus declaraciones sobre los adversarios políticos. Hoy, el Presidente de la Generalidad Valenciana el Sr. Puig ha dicho que Rita Barberá "representa lo peor de la política: la financiación ilegal de un partido para ganar elecciones". Pensaba que lo peor de la política es servirse de ella para el enriquecimiento personal y de los allegados apoderándose de los recursos públicos. Pero parece que no, que para el Sr. Puig lo más execrable es la financiación ilegal de los partidos, algo que, por cierto, es moneda corriente en nuestro país. 

Y el Sr. Puig, el Presidente de la Generalidad Valenciana menos votado de su historia, lo dice el mismo día en que el Fiscal pide 6 años de cárcel para su compañero del PSOE Griñán por el asunto de los ERES falsos: 741 millones de euros malversados para construir una red clientelar. ¿Y para qué se han malversado esos 741 millones? Pues para seguir ganando elecciones con el dinero que estaba destinado a ayudar a empresas en crisis. Ni más ni menos que otra forma de financiar ilegalmente al PSOE. 

Del Sr. Griñán y del Sr. Chaves, para el que se piden 10 años de inhabilitación, responsables del reparto ilegal de esos 741 millones de euros, el Sr. Puig no dice ni pío. Claro son coleguitas. Ni dirá nada cuando toque hablar de los cientos o miles de millones de euros de los cursos de formación en Andalucía. Pero por los 1.000 euros supuestamente blanqueados por Barberá el Sr. Puig se rasga las vestiduras y se arranca el peluquin. No hay para la Sra. Barberá ni siquiera presunción de inocencia, el protofascista de Puig ya la ha enjuiciado y condenado: "representa lo peor de la política: la financiación ilegal de un partido para ganar elecciones", sin juicio ni nada. Ya está. ¡Sr. Puig, váyase usted a la mierda! ¡Usted es un déspota, un cínico, un mentiroso y un hipócrita! ¡La Generalidad Valenciana no se merece un Presidente como usted incapaz siquiera de respetar los derechos procesales más básicos! ¡La Generalidad Valenciana no se merece un Presidente que toma por tontos a sus conciudadanos! ¡Sr. Puig menos aspavientos y más intelecto!

Santiago de Munck Loyola

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Y llegan las “fuerzas del cambio”.

Tal y como estaba anunciado la investidura del candidato Mariano Rajoy fracasó. 170 votos a favor (PP y sus coaligados Foro Asturias y UPN + C’s + CC) frente a 180 votos contrarios. ¿Y ahora qué? Pues difícil está la cosa. El partido más votado, el Partido Popular, tiene muy difícil intentar una segunda investidura con o sin Mariano Rajoy de candidato. Su pacto con Ciudadanos tenía fecha de caducidad, algo realmente extraño cuando tanto se apela desde esta formación al diálogo y al consenso. Aunque tampoco importa mucho, visto lo que entiende el PP por regeneración al proponer al ex ministro Soria para ocupar un puesto representando a España en el Banco Mundial. Como el Sr. Soria no "valía" para seguir siendo Ministro se lo endosamos a los extranjeros. Y por otra parte, el Partido Popular se reafirma en la candidatura de Mariano Rajoy y frente a quienes desde otros partidos, con toda la hipocresía del mundo pues en el fondo “no es no” sea quien sea el candidato del PP, señala, no sin razón, que si el candidato más votado en las últimas elecciones ha de renunciar o dimitir ¿por qué no lo hacen quienes han perdido votos y escaños en las últimas elecciones?

El líder socialista, Mister “Noesno”, fracasada la investidura de Rajoy, se apresuró a hacer un llamamiento a lo que denomina “las fuerzas del cambio” para que esos 180 votos negativos se conviertan ahora en positivos para investir a un presidente del llamado cambio. La verdad es que queda hasta bonito, lo de las fuerzas del cambio, encarnadas en los 180 votos del no frente a los 170 de las fuerzas del inmovilismo o del “no cambio”. Pero, seamos serios, a parte del no en común ¿hay algún otro elemento aglutinador que permita hablar de un grupo homogéneo de “fuerzas del cambio”? Parece que no y es que entre los 180 votos negativos hay de todo, hasta de lo peorcito. Vamos a intentar aclarar lo que significan las llamadas “fuerzas del cambio”.

Podría pensarse a primera vista que el Sr. Sánchez intenta sumar a los 180 votos de las “fuerzas del cambio” a Ciudadanos. Es decir que para intentar arreglarlo, el Sr. Sánchez tendría en cuenta a parte de los 170 votos favorables a la investidura de Rajoy, es decir, a los 32 diputados de Ciudadanos que ya no serían considerados inmovilistas, ni marca blanca del PP, ni cómplices de Rajoy. ¡Faltaría más! Y así, los socialistas vuelven a su proyecto fracasado de hace unos meses, PSOE + PODEMOS +CIUDADANOS, y Pedrito Presidente. Pero, hete aquí, que al líder de Ciudadanos, Sr. Rivera, le ha faltado tiempo para decir que con Unidos Podemos, que propugna el derecho de autodeterminación entre sus filas, ni a la vuelta de la esquina. Nuevo portazo para el Sr. Sánchez cuyas desmesuradas ansias de “tocar pelo” al precio que sea ya son más evidentes que nunca.

Y vuelta a empezar. Los 180 votos de las “fuerzas del cambio” se componen de lo siguiente:

-       85 diputados de lo que queda del PSOE, socialdemócratas confusos.

-       71 diputados de Unidos Podemos, comunistas, populistas, aspirantes a socialdemócratas, separatistas y talibanes variopintos.

-       9 diputados de ERC, separatistas enemigos de la soberanía popular y de España.

-       8 diputados de CDC, iguales que los anteriores pero menos izquierdistas.

-       5 diputados del PNV, iguales que los anteriores pero derechistas.

-       2 diputados de EH BILDU, iguales que los anteriores pero izquierdistas y brazo político de los asesinos etarras.

Et voilà! Ya tenemos a las “fuerzas del cambio”, ese maravilloso cóctel que tanto fascina al Señor Sánchez y a muchos españoles que de buena fe creen en que en realidad existe una auténtica alternativa de gobierno bajo la falaz denominación de las “fuerzas del cambio”. Algunos de los que forman parte de este heterogéneo grupo de los 180, de las “fuerzas del cambio”, ya han anunciado que estarían dispuestos a apoyar al Sr. Sánchez o a cualquier otro de los 180 con ciertas condiciones. A saber: para empezar derecho a la autodeterminación, con o sin referéndum, para Cataluña y País Vasco (si me apuran para Galicia y el resto de los Países Catalanes como dicen los de Compromis, también) y los presos etarras bajo la tutela del PNV o, para el caso amnistiados, que ya está bien de “venganzas” según la impresentable portavoz de BILDU. Y para continuar ya se sabe: ministerios sociales como Defensa o Justicia para IU Podemos, amén del control sobre el CNI, los medios públicos de Comunicación, etc. Pero, con todo, ya tendríamos a D. Pedro Sánchez Pérez Castejón (de los Castejón sublevados contra la II República) como Presidente del Gobierno de lo que pueda quedar de España. Y ya está. ¡Fácil! ¿Verdad? Nunca más volvería hacer falta votar en Navidad, es más, sería imposible porque seguramente sería borrada del calendario, por reaccionaria y por heteropatriarcal que diría Garzón.

Santiago de Munck Loyola

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¿Regeneración o manita de pintura?

Da la sensación de que cuando se habla de “regeneración democrática” o, simplemente, de “regeneración” cada partido y, si se apura, cada político tiene una idea propia o un concepto particular sobre su alcance y significado. La regeneración se ha convertido en palabra talismán y ha pasado a ser de una palabra prohibida en el Partido Popular a una palabra de moda que, incluso, puede abrir o cerrar la puerta del gobierno para Mariano Rajoy. Ciudadanos ha impuesto al PP seis medidas regeneracionistas para negociar la investidura de Rajoy como si esas seis medidas fueran la clave para regenerar nuestro sistema democrático. Y se equivocan. Se han dejado en el cajón muchas otras medidas que son más importantes y que sí supondrían de verdad la manifestación de una auténtica voluntad regeneracionista.

La regeneración democrática significa volver a generar nuestro sistema democrático, sanearlo para acabar con la desafección ciudadana al mismo. Significa podar todas las ramas del sistema que con el paso del tiempo y su mal uso se han estropeado. Significa, en definitiva, eliminar todo aquello que con los años y el abuso por parte de los partidos y de buena parte de la clase política aleja al sistema democrático del interés general. Regenerar es reformar para que la democracia se revitalice y sirva más y mejor a los ciudadanos. Las seis medidas regeneradoras propuestas por Ciudadanos son claramente insuficientes. Son sólo una pose para la galería pero no abordan, ni de lejos, las causas que originan las insuficiencias democráticas de nuestro sistema político.

Al hablar de regeneración hay que hacerlo, al menos, de la necesidad de profundizar en la división de poderes, de reformas que afectan a los agentes políticos (partidos y clase política), de instaurar medidas más eficaces para combatir la corrupción y de reforzar la democracia con más transparencia, más igualdad de oportunidades y más participación ciudadana. Y no hay que olvidar que las medidas que pueden formar parte de estas cuatro grandes áreas se entrecruzan en no pocos casos.

La división de poderes no puede seguir siendo un mero enunciado que no se ajusta a la realidad institucional. Los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, deben ser realmente independientes si queremos que sirvan de contrapesos institucionales y cumplan sus funciones sin interferencias mutuas. En este sentido, ya es hora de que los partidos políticos a través del ejecutivo o el legislativo dejen de controlar a la judicatura. Como también es hora de que el poder ejecutivo abandone el legislativo. No tiene lógica alguna que miembros del poder ejecutivo como alcaldes o incluso consejeros autonómicos y ministros formen parte de las diferentes asambleas legislativas. O se pertenece al poder ejecutivo o al legislativo, pero no a los dos a la vez. Y esto está íntimamente relacionado con las reformas a impulsar que afectarían a la clase política: el establecimiento de rígidas incompatibilidades y la prohibición de simultanear varios cargos públicos.

Un asegundo gran bloque de reformas a impulsar afectaría a los principales agentes políticos de nuestra democracia, a los actores, partidos y clase política. Es imposible promover la regeneración de nuestra democracia si los que han de ejecutarla siguen anclados en los vicios políticos del pasado y presente. Es hora de trasladar a las leyes una concepción de la política como vocación de servicio público temporal. El político viene a servir a la sociedad, no a servirse de ella, su trabajo que es voluntario no puede estar rodeado de privilegios y prebendas. Por ello, es imprescindible la aprobación de un Estatuto del Cargo Público que entre otras cosas establezca: la limitación salarial (ni un sueldo público por encima del sueldo del Presidente del Gobierno), sometimiento al mismo régimen fiscal y de pensiones que el de cualquier ciudadano, supresión de coches oficiales, salvo para altos cargos, y su uso tributable como pago en especie, endurecimiento del régimen de incompatibilidades, aplicación del principio de “una persona un solo cargo”, limitación de mandatos, exigencia de experiencia previa profesional para el acceso a cargo público y la eliminación de los aforamientos. En cuanto a los partidos políticos sería necesaria una reforma de su Ley reguladora para fortalecer el poder de decisión y de elección interna de los afiliados, reforzar las garantías de los derechos de los mismos y reformar su sistema de financiación para que no sea, en gran parte, a costa del contribuyente.

Una de las grandes lacras de nuestro sistema es la corrupción y si prolifera es por varias razones. Una de ellas es porque tanto las leyes sobre contratación pública como sobre el territorio encierran una gran carga de subjetividad y, por tanto, de arbitrariedad en el proceso de toma de decisiones. No basta con sacar a los políticos como algunos proponen de las mesas de contratación que, al fin y al cabo, se limitan a analizar y recomendar, sino que es imprescindible que las normas reguladoras de la contratación pública y de la ordenación del suelo fundamenten la toma de decisiones en criterios puramente objetivos. Y entrelazando con la separación de poderes es evidente que desde la perspectiva de la persecución de la corrupción el refuerzo de la independencia judicial sería de gran ayuda.

Y, por último, el bloque referido al refuerzo de las instituciones democráticas pasa necesariamente por una reforma de la Ley Electoral que, independientemente del uso del sistema proporcional o el mayoritario, como mínimo iguale el valor del voto de cada ciudadano, sea de la provincia que sea, instaure las listas abiertas y suprima la necesidad de avales a los partidos sin representación parlamentaria. Del mismo modo, sería necesario impulsar una reforma que permita investigar parlamentariamente la presunta financiación ilegal de cualquier partido político, no sólo del PP, sin necesidad de que esa investigación dependa de una mayoría parlamentaria. Un último aspecto que redundaría a favor de la igualdad y la transparencia democrática, en detrimento de los partidos como agencias de colocación,  sería reforzar la profesionalización de las administraciones públicas prácticamente eliminando los miles de puestos de asesores y cargos de confianza en las administraciones públicas.

Como puede verse se trata unas cuantas pinceladas de lo que constituiría un proceso de regeneración democrática con mucho más alcance y profundidad de lo que algunos ahora enarbolan como “el no va más”. Y, seguramente, habrá muchas otras medidas aquí no expuestas que bien podrían integrarse en un catálogo de auténtica política regeneracionista. Pronto veremos si lo que estamos observando estos días es un simple juego floral de cara a la galería o si, de verdad, ha empezado un auténtico proceso de regeneración democrática. Mucho me temo que a la vista de los interlocutores nos vamos a quedar en lo primero.

Santiago de Munck Loyola

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CARTA ABIERTA A ORANGE.

En menos de 20 días, alguien ha accedido a mi cuenta de cliente de Orange y ha realizado pedidos de móviles por importe de 8.400 euros. Esta es la carta que he remitido a Orange quien es incapaz de detener estos intentos de fraude y de garantizar la confidencialidad y los accesos a mi cuenta de cliente.

Estimados Sres:

Desde el pasado mes de julio vengo sufriendo intentos de fraude que ya alcanzan un valor de 8.400 euros a través del área de clientes de Orange. Dos intentos fueron el 26 y 27 de julio, tres intentos fueron los días 9, 10 y 11 de agosto y ayer, día 15 un nuevo intento. La sistemática siempre es la misma: alguien entra en mi carpeta de usuario de Orange, denuncia la pérdida o extravío de mi móvil y el de mi mujer, pide la restricción de llamadas, cambia mi teléfono de contacto, mi dirección de correo electrónico y mi domicilio y, a continuación encarga dos móviles (los más caros) para que le sean entregados de forma urgente.

Puesto en contacto con ustedes me indicaron que debía denunciar los hechos ante la policía y, para ello, me remitieron dos correos electrónicos con los números de pedido, dirección de entrega, teléfono y correo de contacto del defraudador. Presenté denuncia con el primer correo y amplié la misma con la recepción de su segundo e-mail, remitidos ambos por cliente.tranquilidad@orange.com Sin embargo, a pesar de haber sufrido 4 intentos más y a pesar de haberlo solicitado en repetidas ocasiones, ustedes ahora se niegan a remitirme los datos de los nuevos intentos de fraude con los que poder seguir ampliando la denuncia ante la policía. Alegan para justificar su negativa la necesidad de proteger los datos. ¿De qué hablan? Se trata de datos que me afectan directamente, es decir, de pedidos que alguien hace a mi nombre a través de mi carpeta de usuario en Orange. ¿Qué protección de datos se supone que están ustedes haciendo? ¿La del defraudador? ¿Lo están encubriendo?

En repetidas ocasiones ustedes han cambiado mi clave de usuario y, sin embargo, una y otra vez el defraudador la burla y repite su jugada sin que a ustedes les extrañe nada. He sometido a nueva limpieza mi ordenador por si acaso, he devuelto a los valores de fábrica mi móvil, tal y como ustedes me indicaron, pero todo sigue igual. Ni siquiera son capaces de responder a los correos que les remito para que adopten de una vez las medidas necesarias para que esto no se repita más.

Su grado de incompetencia, incapaces de asegurar la confidencialidad de los datos de sus clientes, y de resolver un problema técnico como éste sólo es comparable al grado de desatención y de desamparo que como cliente estoy sufriendo.

Es por ello que les comunico que he decidido hacer todo lo posible para que los usuarios sepan cómo funcionan ustedes y rescindir mi relación con ustedes, contratando a partir de hoy con otra operadora.

Santiago de Munck Loyola

Y ésta es la respuesta de Orange:

¡Hola!

Hemos recibido la documentación necesaria para gestionar tu solicitud. Si tenemos alguna duda o es necesario disponer de más información, contactaremos de nuevo contigo.

Si todo es correcto, procederemos a tramitar tu solicitud y te informaremos de ello.

Un saludo.

Tranquilidad Orange.

Todo un detalle por su parte ¿no?

Santiago de Munck Loyola

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Ciudadanos amaga.

Bueno, por fin algo se ha movido desde el pasado 26 de junio. Ayer martes, Albert Rivera anunció que negociará el apoyo de sus diputados a la investidura de Mariano Rajoy si antes el PP acepta seis medidas para promover la regeneración democrática, uno de los supuestos puntales ideológicos de la formación liderada por Rivera. Se trata de seis medidas que pueden encajar perfectamente en un catálogo regeneracionista:

1. Apartar a imputados por corrupción. Se trata de una propuesta lógica a la vez que compleja desde el punto de vista jurídico pues es necesario preservar la presunción de inocencia y, en todo caso, articular mecanismos de reposición de los derechos políticos del imputado cuando resulta finalmente declarado inocente.

2. La eliminación los aforamientos. Los más de 10.000 aforados que existen en España son una muestra evidente del abuso de un instituto creado para defender el libre ejercicio de la actividad política para quienes representan a la soberanía popular y que la clase política ha hecho extensivo a toda suerte de cargos públicos.

3. Una nueva ley electoral. Ciudadanos reclama listas desbloqueadas, la reforma del sistema de voto para los españoles que viven en el extranjero y acabar con la ley D'Hondt, lo que fragmentaría aún más el Congreso, pero no reivindica, como antes, la eliminación del filtro de los avales para presentar candidaturas impuesto en 2011 por los socialistas y que atenta al principio de igualdad entre los españoles para el acceso a cargos públicos ni la reforma del sistema para garantizar la igualdad del valor del voto entre los españoles de forma que no valga 3 veces más el voto de un catalán que el de un alicantino, por poner un ejemplo.

4. Acabar con los indultos por corrupción.

5. Limitar mandato a dos legislaturas. Se trata simplemente de regular y extender una norma no escrita a todas las administraciones públicas.

6. Mayor transparencia. Por último, parece que esta exigencia viene ligada a la necesidad de investigar parlamentariamente (porque judicialmente ya está en marcha) la financiación irregular del PP, aunque lo lógico sería hacerla extensiva a todos los partidos políticos.

Estas seis condiciones son positivas porque, por una parte, su mera presentación supone un desbloqueo parcial en el camino hacia un debate de investidura y, por otra, su contenido encaja con una cierta voluntad de regeneracionismo político.

Sin embargo, da la sensación de que Ciudadanos, por las razones que sean, no propone una regeneración democrática en profundidad poniendo sobre la mesa de la negociación aspectos esenciales para que la regeneración del sistema y, sobre todo, de los partidos políticos sea una realidad. Se limita a proponer seis medidas que siendo regeneracionistas no abordan ni plantean los problemas de fondo que han conducido a la política española a los niveles en los que ahora se encuentra.

Se dejan en el tintero reformas cruciales para que la regeneración del sistema político pueda avanzar y la primera de esas reformas afecta al funcionamiento, estructura y financiación de los partidos políticos que son los agentes que han de regenerar el propio sistema. Unas de las principales causas de la corrupción son la falta de democracia interna dentro de los partidos políticos, la incapacidad de la militancia para elegir y controlar a sus candidatos en las instituciones así como para fiscalizar la gestión económica de sus propios partidos y la ausencia o limitación del debate interno. Del mismo modo, el sostenimiento de los partidos políticos con cargo a los presupuestos públicos y su financiación privada los desvincula de sus bases sociales y los empuja a la defensa de intereses ajenos a las mismas.

Ciudadanos tampoco plantea al PP una condición indispensable para la regeneración democrática como es profundizar en la división de poderes y en la despolitización del poder judicial. La confusión entre poder ejecutivo y legislativo es enorme y se ha extendido a todos los parlamentos regionales. Una correcta interpretación de la división de poderes debería conducir a que los alcaldes, por ejemplo, no puedan simultanear su cargo municipal (poder ejecutivo) con un escaño en el parlamento o asamblea autonómica. Por higiene democrática debería haberse puesto encima de la mesa negociadora el principio de “una persona, un solo cargo público”, sea retribuido o no. Y reforzar la independencia judicial haciendo que los partidos políticos saquen sus zarpas de los procesos de designación de jueces y magistrados es también una condición inexcusable para poder enarbolar la regeneración democrática de la política.

Nada exige Ciudadanos sobre la necesidad de acabar con los privilegios económicos y sociales de la clase política a parte de la supresión de los aforamientos, privilegios de tipo fiscal y tributario, de pensiones, de medios a costa de los contribuyentes, etc.

Ni tampoco se plantean reformas legislativas para acabar con los criterios subjetivos en manos de los políticos en el ámbito de la legislación sobre contrataciones de las administraciones públicas o sobre el suelo, dos de los grandes campos en los que la corrupción ha florecido por doquier.

En definitiva, da la sensación de que la propuesta de Ciudadanos, con ser en si misma positiva, responde más a un movimiento táctico en busca del aplauso que a la necesidad de plantear un verdadero cambio regeneracionista que necesariamente tendría que ir mucho más allá de las seis condiciones impuestas al Partido Popular. Pero, algo es algo.

Santiago de Munck Loyola

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