La vuelta.

No resulta fácil retomar la actividad de este Blog tras el descanso veraniego. No ha sido un verano política e informativamente típico. Todo lo contrario. Ha sido tal la avalancha informativa que resulta difícil destacar algo. Haciendo memoria hemos presenciado el aterrizaje en los Ayuntamientos y Gobiernos regionales de los temidos “podemitas” y sus socios en forma de tripartitos, cuatripartitos y toda clase de fórmulas antipeperas. Y se han hecho visibles los peores rasgos políticos de estos patés gubernamentales: sus fobias a muchas tradiciones y su odio a los símbolos constitucionales, su incalificable nepotismo evidenciado a la hora de colocar en los Ayuntamientos a maridos, sobrinos y toda clase de parentelas, su doble discurso sobre la casta en la que se han integrado a las mil maravillas y, sobre todo, su falta de programa y de propuestas razonables sustituida con toda clase de peregrinas ocurrencias (mamás limpiando los coles, patrullas de chivatos para la limpieza viaria, etc.).

Hemos presenciado también una inusual actividad política debida sobre todo por tres hechos que van a marcar el final de este convulso 2015. De una parte, el Gobierno del Partido Popular no quiere despedirse sin dejar aprobados los próximos Presupuestos Generales del Estado, sin aprobar la infumable reforma de la Ley del aborto que constituye un auténtico insulto a los votantes populares y un flagrante incumplimiento, como tantos otros, de su programa electoral y, por último, la reforma exprés del Tribunal Constitucional para “poder” hacer cumplir sus sentencias. Que las sentencias, incluidas las del Tribunal Constitucional, están para cumplirse es indudable; que ya existen mecanismos legales para hacerlo es posible; que reforzar esos mecanismos solo perjudica a quienes no las cumplen o no tienen intención de cumplirlas es indiscutible; que la el Partido Popular ha promovido la reforma del Constitucional tarde y mal es cierto y que, ante el desafío independentista, al PSOE y al resto de la oposición les falta patriotismo y grandeza de miras es incuestionable.

De otra parte, la convocatoria de las elecciones autonómicas catalanas para el próximo 27 de septiembre está convulsionando a toda la sociedad por el carácter plebiscitario que los independentistas están promoviendo y por los planes de declaración unilateral de independencia hechos públicos. Tiene lo suyo que este proceso independentista esté liderado por el partido del 3%, un partido tan corrupto que tiene hasta sus sedes embargadas. No cabe ninguna duda de que el conjunto de los españoles tenemos por delante un grave problema de difícil solución si no se respetan las leyes. Sea cual fuere el resultado electoral, el 28 de septiembre tendremos ante nosotros una sociedad catalana más fracturada y enfrentada que nunca y no será tarea fácil ni rápida curar la fractura. Se trata de un problema generacional que empezó a crecer día a día y ante la pasividad general cuando el Estado decidió dejar en manos de los independentistas algo tan básico y elemental como la educación. Durante 30 años se ha cultivado el victimismo, el odio a lo español, se ha falseado la historia y se sigue falseando la actualidad con la inefable colaboración de unos medios de comunicación públicos que censuran al discrepante como recientemente acaban de hacer con el Sr. Borrell a propósito de su libro "Las cuentas y los cuentos de la independencia". Unos y otros, sobre todo otros, hablan unas veces de federalismo y otras de reconocer constitucionalmente la “singularidad” de Cataluña como soluciones al reto del independentismo, el golpismo en cámara lenta del Sr. Mas y compañía. Claro que ni concretan esa supuesta fórmula federal, ni desarrollan esa simpleza del reconocimiento de la “singularidad” catalana. Porque, vamos a ver, la sociedad catalana es singular lo reconozca o no la Constitución, es una realidad sociológica que no necesita tal reconocimiento, pero es que, además, la singularidad catalana es tan real y tan evidente como pueda serlo, por citar una, la singularidad alicantina y a nadie son sentido común se le ocurre exigir tal reconocimiento constitucional para resolver los graves problemas de discriminación que Alicante sufre por parte del Estado central y del periférico, la Generalidad Valenciana.

Y el último hecho que cerrará políticamente este año pero que ha estado diariamente presente durante este verano es la convocatoria de las próximas elecciones generales. Todos calentando motores. El Gobierno aflojando la soga presupuestaria para arañar votos, como debe ser aunque si hubiese sido más decente con sus votantes no tendría tan malas expectativas. Y la oposición descalificando al gobierno por todas estas medidas como si un gobierno solo debiera aprobar medidas que le resten votos. Ridículo.

Y en medio de esta vorágine informativa política ha irrumpido con fuerza el drama de los refugiados musulmanes provenientes principalmente de Siria. No se trata de algo nuevo, no. Hace años que vienen muriendo centenares de personas ahogadas en el Mediterráneo, hombres, mujeres y niños. Pero pocos les han hecho caso. No sólo es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Ahora el drama llama a la puerta de la Europa rica y políticos y medios de comunicación se han volcado para sacudir las conciencias de unos europeos cada vez más escépticos acerca de la honestidad, compromiso y eficacia de sus instituciones comunitarias. Pero éste, el drama de los refugiados, merece una reflexión a parte.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es

CARTA ABIERTA DE UNA ABUELA A LA INDEPENDENTISTA CARMEN FORCADELL.

Subo un escrito de mi mujer:

CARTA ABIERTA DE UNA ABUELA A LA INDEPENDENTISTA CARMEN FORCADELL.

Sra. Independentista Carmen Forcadell:

Ayer le oí decir algo que me rechinó. Decía que con ustedes "las mujeres podrán hacer de mujeres, no de canguros en caso de las abuelas o de compañeras en caso de las cuidadoras". Disculpe, yo entiendo por canguro un trabajo, cuidar unos niños a cambio de dinero, algo muy normal. Pero resulta que dirigido a las abuelas me ofende.

Señora, las abuelas somos ABUELAS y MUJERES, nos mueve el amor y no el dinero. Un día tuvimos hijos, HIJOS, no amigos como se dice ahora. Les cuidamos, les dimos lo mejor que pudimos y supimos a la vez que sufríamos por lo que no podíamos darles. Les quisimos desde el primer día que les vimos. 

Después llegaron los nietos y ocurrió exactamente lo mismo (se llama la cadena del amor). Ahora dedicamos parte de nuestro tiempo libre a cuidar de nuestros nietos y nos pagan ¡sí! Nos pagan de la mejor manera, con su compañía, ingenuidad y alegría y nos hacen felices. No nos hacen mujeres, no, ya lo éramos y lo somos.

Nuestros hijos ya saben y pueden más que nosotros, pero aún les podemos ayudar de esa forma, sabiendo que cuando están trabajando sus hijos están en las mejores manos después de las suyas, claro.

Señora, lamento que usted no comprenda estas cosas tan sencillas. Tal vez tenga esa obsesión de los políticos de calificar y dirigir la vida de los demás. Verá, la vejez es una etapa más de la vida y cada uno debe ser libre para vivirla como más le guste. Unos querrán cuidar de sus nietos y otros preferirán otras cosas. Todo está bien, pero por favor no nos salve la vida, algunas queremos ser ABUELAS, ni cuidadoras ni canguros, ABUELAS. ¿Me puede usted explicar si en la sociedad ideal que usted plantea no habrá niños, enfermos o viejos? Y si no es así, ¿sólo podrán ser cuidados por hombres y mujeres a sueldo? ¿Estarán así mejor cuidados?

Señora, hay muchas abuelas entre las que me encuentro que cuidamos a nuestros nietos por amor, ni por obligación, ni por dinero, simplemente por amor. Verá, ahora y siempre la familia se ha movido y se mueve por amor. Las mujeres podemos ser muchas cosas y, a la vez, esposas, madres y abuelas.

Atentamente.

Antonia Boyer

Una Abuela.

PLATAFORMA PARA LA CONVERGENCIA DE PARTIDOS CIUDADANOS.

España viene arrastrando desde hace años no sólo una profunda crisis económica, sino una crisis política, moral, social e institucional que, día a día, va haciendo que muchos ciudadanos se sientan defraudados y cada vez más distanciados de los gobernantes y de las propias instituciones. En medio de una crisis tan profunda, la falta de ejemplaridad de una parte de la clase dirigente española, sea política, sindical o empresarial, está abriendo un vacío peligroso entre la sociedad real y la sociedad oficial. Los ciudadanos no encuentran una respuesta rápida a sus acuciantes necesidades y contemplan atónitos cómo tienen que cargar de forma exclusiva con las consecuencias de una crisis generada y mal gestionada por la clase dirigente española.

Hoy se comprueba como el modelo político y el territorial construido durante la transición es incapaz de afrontar los grandes desafíos del presente y los retos del mañana. Ha quebrado el principio de igualdad entre todos los españoles cuyos derechos y obligaciones varían en función del territorio e su residencia. Ha quebrado el principio de solidaridad regional y social al consolidar modelos distributivos territoriales desiguales y al cargar los efectos de la crisis sobre la clase media que está llegando al límite de sus posibilidades. Ha quebrado la confianza en unos partidos políticos incapaces de conectar con los problemas y necesidades de los ciudadanos, cerrados a la participación no ya de la ciudadanía sino de sus propias bases, transformados en gigantescas máquinas burocráticas incapaces de subsistir sin el dinero público y convertidos en organizaciones cerradas incapaces de regenerarse y, por tanto, de regenerar el conjunto del sistema democrático. Tras las últimas elecciones municipales y autonómicas la irrupción de formaciones populistas y de partidos esponjas, supuestas marcas blancas de otros partidos, no ha sido capaz de plantear un cambio real y profundo de la vida política más allá del simple mercadeo de instituciones.

Mientras las diferentes fuerzas de izquierdas siguen organizándose de cara a las próximas elecciones generales, el centro derecha español oficial sigue alentando el voto del miedo sin asumir la imperiosa necesidad de su propia regeneración y apertura a las necesidades de la ciudadanía que van más allá de la economía. Entre Ciudadanos y Vox existen muchos pequeños partidos locales, provinciales y nacionales centrados en las personas y sus problemas pero sin coordinación a pesar de las grandes similitudes ideológicas entre ellos. Ese espacio electoral dominado por un gran partido cuenta con sitio electoral para construir un mensaje diferenciado para ofrecerlo a los millones de votantes que se han abstenido.

Por ello, desde estas consideraciones previas se plantea el objetivo de constituir una plataforma electoral única y plural, aunando esfuerzos y con unas propuestas básicas comunes. La Plataforma para la Convergencia de Partidos Ciudadanos propone:

1º Promover el protagonismo de los ciudadanos para reformar,  transformar y remover los obstáculos que impiden el desarrollo de una sociedad más democrática, más justa y más honrada.

2º Impulsar la participación política y social de los ciudadanos que creen en la persona como el centro, protagonista y destinatario de la acción política y social, en la familia como eje vertebrador de la sociedad, en la libertad real y la igualdad de los españoles en todos los niveles, en la igualdad de oportunidades, en la dignidad de la persona, en la democracia como expresión de la soberanía del pueblo español, en el diálogo y la tolerancia.

3º Promover la regeneración democrática impulsando medidas que favorezcan la ejemplaridad, la transparencia, la eficacia, la igualdad, la participación ciudadana y la concepción de la dedicación política como expresión temporal de una vocación de servicio ciudadano.

Se propone, por tanto, como Ideario básico de la Plataforma el siguiente:

1.            Impulsar el desarrollo social, económico y político a través de una política basada en la regeneración democrática, la honradez, la participación ciudadana, la ejemplaridad y la austeridad.

2.            Reivindicar un tratamiento presupuestario del Estado justo y equilibrado para cada provincia y comunidad autónoma basado en principios de equidad y solidaridad.

3.            Promover la reforma constitucional para reorganizar el Estado sobre la base de su configuración fundamentalmente provincial y, en su caso, impulsar la reorganización de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas desde la premisa de la unidad de España y haciendo realidad los principios de igualdad entre los ciudadanos y la solidaridad entre la población de los diferentes territorios.

4.            Impulsar la reforma de las Administraciones Públicas para acabar con las duplicidades y la reforma de la Administración Local para establecer un nuevo modelo de competencias y de financiación.

5.            Apoyar la reforma de la Función Pública para eliminar el parasitismo político y dignificar la carrera profesional.

6.            Impulsar la reforma de la legislación del suelo y de las contrataciones públicas con el fin de introducir mayores criterios de objetividad y de eliminar criterios de discrecionalidad que facilitan la aparición de fenómenos de corrupción.

7.            Promover la aprobación de un Estatuto del Cargo Público para regular todas las retribuciones públicas, establecer rígidas incompatibilidades, suprimir el simultaneamiento de cargos y eliminar los privilegios de la clase política.

8.            Promover el establecimiento de fórmulas de participación ciudadana a través de las nuevas tecnologías.

9.            Defender la implantación de un modelo básico de ámbito nacional en Educación, Sanidad, Justicia y prestaciones sociales que garantice la igualdad de derechos entre todos los españoles.

10.          Impulsar la reforma electoral para aumentar la igualdad del valor del voto del ciudadano en los criterios de reparto electoral.

11.          Garantizar la absoluta libertad del uso del español en cualquier parte del territorio nacional.

12.          Promover una reforma fiscal más justa que aligere la gran presión fiscal a la que está sometida la clase media.

13.          Suprimir las subvenciones públicas a los sindicatos, partidos políticos, organizaciones empresariales y a sus fundaciones.

14.          Promover e impulsar la utilización de todos los medios legales al alcance para lograr una victoria absoluta sobre el terrorismo y sus cómplices.

15.          Defender el derecho a la vida de acuerdo con los principios constitucionales.

16.          Defender la importancia del núcleo familiar e impulsar medidas sociales, legislativas y fiscales que la refuercen, que hagan realidad la conciliación de la vida laboral y familiar y que protejan la maternidad.

17.          Apoyar las reformas penales y penitenciaras necesarias para que sea efectiva la proporcionalidad entre la pena y el delito, para lograr una protección efectiva de las víctimas y lograr la recuperación de los bienes sustraídos especialmente en los casos de corrupción, para la no prescripción de delitos económicos y para el cumplimiento íntegro de las penas para estos delitos, salvo devolución íntegra del dinero reclamado o patrimonio equivalente.

18.          Promover la despolitización e independencia efectiva el poder judicial.

19.          Remover los obstáculos interiores y trabas administrativas o legales que dificultan la competitividad en el territorio nacional.

20.          Defender una inmigración legal, en la que se fomente la integración de los inmigrantes en nuestra cultura haciéndoles partícipes de ella.

El melón constitucional.

Todo parece indicar que el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha decidido anunciar su predisposición a abrir el melón de la reforma constitucional. Es difícil saber si esta predisposición responde a una simple estrategia electoral de cara a los próximos comicios o si responde, tras casi cuatro años de gobierno, a la necesidad de “hacer política” una vez que ha considerado que ya se ha ocupado suficientemente de la economía. Es indudable que, sean cuales fueren los motivos, nuestra Constitución para algunos está necesitada de algunos retoques cuando menos y para otros de cambios más profundos que podrían afectar a la propia configuración territorial del estado.

Los socialistas y otros grupos se han apresurado a descalificar esta predisposición del Presidente aun cuando no ha anunciado qué temas quiere poner encima de la mesa de la reforma constitucional. Unos dicen que ellos ya habían propuesto iniciar un proceso de reforma hace tiempo y que el Partido Popular no había hecho ni caso y otros enseguida han sentido que se estaba aludiendo exclusivamente al poder autonómico. Cada cual, en definitiva, arrimando el ascua a su sardina.

Si finalmente se abre el melón de la reforma constitucional, sin duda, van a ponerse sobre la mesa de debate toda clase de propuestas, desde la abolición de la monarquía hasta la recentralización del Estado, pasando por el federalismo, el derecho de autodeterminación o la supresión del Senado. Aunque es obvio, no está de más recordar que la estabilidad y longevidad de un texto constitucional depende, sobre todo, del grado de consenso que se alcance entre los principales actores políticos y del nivel de arraigo que éstos tengan en el conjunto de la ciudadanía. A los principales partidos políticos corresponde, por tanto, un consenso inicial básico consistente en acotar de antemano aquellos aspectos de la Constitución que van a ser objeto de debate para su reforma. Y ello exige mucho sentido común, altura de miras, generosidad, sentido de Estado y, por qué no decirlo, patriotismo, cualidades difíciles de encontrar en el actual panorama político. La Constitución es reformable y cualquier propuesta de reforma es susceptible de ser analizada.

No faltarán los agoreros, los que pongan el grito en el cielo ante determinadas propuestas y los que, con más ignorancia que sentido común, se apresuren a gritar ante alguna de ellas que es inconstitucional o anticonstitucional, olvidando que solo las normas aprobadas y no las propuestas de nuevas normas pueden ser tachadas de inconstitucionales o anticonstitucionales. Una ley es inconstitucional cuando viola la Constitución y es anticonstitucional cuando, además de infringir preceptos constitucionales, pretende sustituir el actual ordenamiento jurídico por otro diferente. En todo caso hablamos de normas y no de propuestas de normas o de reforma constitucional.

Hace tan solo unos meses se armó algo de revuelo en torno al resumen, mal redactado, de una propuesta electoral de Esperanza Ciudadana que algunos se apresuraron a descalificarla tachándola de anticonstitucional sobre la permanencia o no y en qué condiciones de la Provincia de Alicante en el seno de la Comunidad Valenciana. Ante la constatación, por nadie rebatida, de que nuestra Provincia sufre desde hace décadas un maltrato presupuestario y una marginación política intolerable por parte de la Generalidad Valenciana, Esperanza Ciudadana proponía exigir el fin de esa situación, reclamar la deuda histórica de la Generalidad con nuestra Provincia y revisar su estatus en el seno de la Comunidad Autónoma reclamando, llegado el caso, la separación política y administrativa de la misma, preservando todos los vínculos históricos y culturales a que hubiere lugar. Es evidente que no sirve pasarse la vida lloriqueando porque el estado y la Generalidad nos maltratan. Hay que ofrecer soluciones y debatirlas. Si una administración pública como la Generalidad Valenciana no sirve a los intereses de los alicantinos y si, además, lejos de propiciar la convergencia social entre los habitantes de sus provincias lo que hace es ahondar las diferencias en perjuicio siempre de los alicantinos, es evidente que hay que dar un paso adelante y llegar hasta donde haga falta en defensa de la dignidad y el progreso de la gente de Alicante.

Y la propuesta de Esperanza Ciudadana era y es tan constitucional como pueda ser la propuesta de convertir a España en un estado federal o de suprimir el senado, por citar sólo algunas de las que ya se han puesto encima de la mesa.

No se puede olvidar que las administraciones públicas tienen un carácter instrumental, que en nuestro caso, además, se trata de una administración sin arraigo histórico o sentimental y que cuando una administración no sirve a los fines para los que fue creada o se reforma o se sustituye. Confundir el amor a la tierra, a la región con el amor a una administración, bastante inútil por cierto, es de una simpleza política que raya el ridículo. Nadie se rasga las vestiduras cuando se propone la supresión de las Diputaciones apelando al amor a esa institución y confundiéndola con el sentimiento de pertenencia a una determinada provincia. Y tampoco es posible olvidar que los vínculos culturales de la Provincia de Alicante con el resto de la Comunidad Autónoma solo son parciales y con diferente intensidad.

Hay que recordar que, de acuerdo a los Artículos 137 y 143 de la Constitución, la organización territorial del Estado en Comunidades Autónomas no es obligatoria y que la iniciativa del ejercicio del derecho a la autonomía corresponde a las provincias de forma también opcional.

Alicante debe exigir el sitio que le corresponde en el seno de la Comunidad Valenciana y la reparación de la discriminación presupuestaria que históricamente ha venido sufriendo. No hacerlo es seguir siendo ciudadanos de segunda y retroceder año tras año en los niveles de progreso y prosperidad que podría alcanzar. Alicante tiene capacidad y potencial de sobra para progresar y sus ciudadanos no necesitan soportar sobre su cabeza cuatro administraciones públicas diferentes. Menos seguir lloriqueando frente al Estado o a la Generalidad Valenciana se puede y se debe intentar cualquier iniciativa política.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es

Más incompetentes en la cúpula del PP.

Han pasado más de dos meses desde las últimas elecciones municipales y autonómicas que se saldaron, entre otras cosas, con el mayor desastre electoral de las historia del Partido Popular de Alicante. 140.000 votos perdidos en la Provincia de Alicante y con ello decenas de Alcaldías como la de la propia capital o la de Elche, un desastre que se veía venir desde 2012 y cuyo origen radicaba en unas prácticas y maneras de hacer política muy alejadas de la ética, le regeneración y las necesidades del ciudadano. Encerrados en su torre de marfil y paseándose por sus mullidas moquetas, los dirigentes provinciales populares actuales persiguieron con saña cualquier crítica interna y desde la prepotencia e ignorancia sembraron la parca cosecha del pasado mes de mayo.

Han pasado más de dos meses desde el naufragio popular y nadie en la cúpula de la organización alicantina ha tenido la decencia de asumir responsabilidades y de dimitir, todo lo contrario, se han afanado en buscarse huecos institucionales para aferrarse a su modus vivendi e incluso el máximo culpable, José Ciscar, Presidente Provincial del PP, se ha empleado a fondo para intentar presidir la Diputación de Alicante, como si los sufridos ciudadanos de esta provincia no hubiésemos tenido bastante con su desastrosa gestión en la Generalidad Valenciana o para situarse como sucesor del Alberto Fabra. Cualquier persona con un mínimo de vergüenza torera, con un mínimo sentido de la decencia, cuando no del ridículo, habría presentado su dimisión de todos los cargos acumulados, que no son pocos, y se habría ido a su casa, habría vuelto a sus actividades privadas para ganarse la vida. Pero, claro, para eso hay que saberse ganar la vida fuera de “la teta” pública.

Tampoco ha presentado su dimisión su escudero, el Secretario General provincial de los populares, ese dechado de lealtades que se llama José Juan Zaplana y al que no se le conoce otro oficio que el vivir de la política. Sí, el mismo que acudió a presidir la cena de homenaje a Sonia Castedo cuando se conoció que se le imputaban varios delitos. Y no sólo no ha presentado su dimisión sino que, además, en premio por el desastre electoral que este individuo ha ayudado a cocinar, se le premia ascendiéndole para formar parte del equipo de la nueva Presidenta Regional del PP, Isabel Bonig. Ya puede ir guardándose las espaldas Doña Isabel con Don José Juan cerca.

Y es que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana es así, premia a los malos y castiga a los buenos. Asciende a los incompetentes y prescinde de los válidos. Y mira que tiene gente válida este Partido en la Provincia de Alicante, pues no. Si es así como entiende la dirección nacional del PP la regeneración del partido, la gente de derechas de Alicante lo lleva claro. Regeneración no es “dedazo” y “dedazo” ha sido el nombramiento de Isabel Bonig como líder regional. Y “dedazos” son los nombramientos como el de este tipo en el nuevo organigrama popular. Regeneración no es nada de lo que están haciendo, pero allá ellos.

Los alicantinos de centro derecha deben saber, al menos, que los mismos métodos y los mismos culpables de que la izquierda haya arrasado en nuestra Provincia siguen plenamente vigentes en el Partido Popular. Deben saber que con ellos no hay cambio posible, que seguirán traicionando los principios y programas y que nuestra Provincia seguirá siendo una víctima de sus políticas si esta misma gente lograse recuperar el poder. Y no es que la ensalada de izquierdas gobernante vaya a apostar por devolver a Alicante el puesto que le pertenece porque ya hemos comprobado como en los primeros gestos del Gobierno del Sr. Puig y sus socios, Alicante desgraciadamente no cuenta.

Santiago de Munck Loyola

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Más de lo mismo en la Diputación Provincial de Alicante.

Que finalmente el Presidente Provincial del PP, José Ciscar, no haya resultado elegido presidente de la Diputación Provincial de Alicante gracias al veto de Ciudadanos es una buena noticia para todos cuantos trabajan por la regeneración de la política y de las instituciones. Bien es verdad que este veto de Ciudadanos a José Ciscar tiene toda la pinta de una venganza política del líder provincial de Ciudadanos, Emigdio Tormo ripollista de pro, más que a una cuestión de principios éticos y políticos. Al fin y al cabo, Ciudadanos ha dado el poder de la institución provincial a un partido que no sólo no se ha movido un centímetro en favor de la regeneración democrática, sino que, además, cuenta entre sus filas de diputados provinciales con un imputado. Gracias a Ciudadanos se ha producido un cambio de caras, pero no de políticas y se deja la institución provincial en manos de un partido responsable directo de la marginación presupuestaria de nuestra Provincia, de políticas despilfarradoras e insolidarias y de decenas de casos de corrupción sin que, hasta el día de hoy, nadie haya entonado un “me culpa” ni pedido perdón a los alicantinos por tanta desvergüenza.

Pocos cambios pueden esperarse en la política a desarrollar por la nueva Diputación Provincial a pesar de la buena imagen del nuevo Presidente, César Sánchez, pupilo y colaborador directo de José Ciscar. No hay que olvidar que en el PP se dirige y se somete a los cargos públicos a las directrices del partido dejando poca autonomía política a los cargos institucionales. Y la prueba más palpable la veremos en cuanto se proceda a nombrar a toda esa pléyade de cargos a dedo, asesores y directores, que lastran el presupuesto público. La lista de gente buscando acomodo en la mamandurria provincial es inmensa tras el desastre electoral de las elecciones municipales y será la dirección provincial del Partido Popular la que se ocupe de premiar a los buenos y castigar a los malos indicándole al Presidente de la Diputación a quién tiene que contratar y a quien no. Cuentan que hay ex cargos públicos populares que, en un alarde de ignorancia administrativa, se ofrecen hasta de conserjes. Y no voy a dar nombres.

Si el nuevo Presidente de la Diputación, César Sánchez, quisiera o pudiera dar muestras de su talante regenerador y de su autonomía política podría empezar su mandato con toda una batería de gestos políticos: eliminar el 90 % de los cargos de confianza, suprimir todos los coches oficiales y eliminar ese infame acuerdo aprobado en la legislatura pasada por el PP y el PSOE que permite a los grupos políticos de la Diputación desviar la asignación económica para sus gastos de funcionamiento en la Diputación al pago de los alquileres de las sedes de sus partidos. Estoy prácticamente convencido de que no lo va a hacer porque ni su partido, ni seguramente Ciudadanos, se lo van a permitir.

Salvo imprevistos, a los alicantinos nos esperan en la Diputación más de lo mismo y mientras tanto nuestra Provincia seguirá siendo marginada por el Estado y por la Generalidad Valenciana, administración en cuyo Gobierno el peso de Alicante es prácticamente nulo.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es