Gobierno y oposición tiran con pólvora del rey.

Tras asistir la semana pasada a uno de los espectáculos parlamentarios más bochornosos de los últimos tiempos, la no convalidación en el pleno del Congreso del real decreto ley que regula la liberalización de los estibadores  que había aprobado el consejo de ministros del 24 de febrero, hoy se han reanudado las conversaciones en la mesa de negociación entre sindicatos, patronal y Gobierno.

Y sí, lo de la semana pasada fue un espectáculo bochornoso por parte de todos los partidos. De una parte un Gobierno débil que lleva a convalidar al Congreso un decreto con dos años de retraso. Un decreto que debía y podía haber aprobado cuando gozaba de mayoría absoluta para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014 y que obligaba a España a liberalizar el sector portuario para acabar con una legislación que impide que las empresas estibadoras puedan contratar libremente a sus trabajadores, permitiendo, además, la entrada de estibadores de la Unión Europea en el mercado español.

De otra parte, una oposición que rechaza la convalidación de un decreto sin más objetivo que dar una patada al gobierno, pero en el trasero de todos los españoles. Lo que hicieron las llamadas fuerzas de progreso o del cambio fue, ni más ni menos, que apoyar a un monopolio laboral, a una casta privilegiada y bastante machista, por cierto, que se empeña en mantener unos privilegios económicos y sociales impensables para el resto de los trabajadores españoles. El rechazo al decreto supuso apostar por la continuidad de un sistema de contratación cerrado a la libertad de contratación y de circulación de trabajadores de la UE, así como apoyar la consiguiente falta de competitividad de nuestros puertos cuyos costes de carga y descarga son los más elevados de Europa. Y todo ello a costa del bolsillo del contribuyente. Y para guinda del pastel, la abstención de Ciudadanos que a pesar de haber comprometido con anterioridad su apoyo a la convalidación del decreto finalmente optó por no mojarse para evitar salpicarse en una derrota parlamentaria y, todo ello, a pesar de que seguramente este partido no comulga con actual sistema portuario.

Pero si bochornoso fue el espectáculo parlamentario con esa demostración plenaria de falta de patriotismo y de absoluto desprecio por el interés general, menos edificante es comprobar la ligereza con la que nuestros políticos manejan el dinero de todos los contribuyentes. A unos les importa muy poco que España deba pagar 134.000 euros diarios de multa por no liberalizar el sector de los estibadores portuarios y a otros parece que les importa también muy poco el agravio comparativo y el desprecio al contribuyente que conlleva realizar ofertas increíbles a la casta de los estibadores con tal de que no hagan huelga y paralicen los puertos españoles. Todos disparan con pólvora del rey. Y los demás a pagar.

Es moralmente inaceptable que el Gobierno, y con él la oposición, negocie y ofrezca a este colectivo auténticos privilegios absolutamente inalcanzables para el resto de los ciudadanos españoles:  Un plan de prejubilaciones voluntarias al para los trabajadores que tengan al menos 50 años de edad, que se retirarán con el 70% del sueldo medio que hayan percibido por todos los conceptos de retribución en los seis meses anteriores a su baja (hay que recordar que el sueldo medio en este colectivo supera los 65.000 euros anuales) o la garantía de mantenimiento del empleo del colectivo de 6.150 estibadores.

Que los estibadores luchen por el mantenimiento de su privilegiada situación es comprensible y lógico. Pero no lo es que nuestra clase política ofrezca mantener, en contra de la legislación europea, una situación de privilegio que no está al alcance del resto de los ciudadanos y que cargue su coste precisamente sobre ellos. Gobierno y oposición merecen un rotundo suspenso por su actuación irresponsable en la gestión de este conflicto.

Santiago de Munck Loyola

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Los simplones peligrosos.

Vivimos en una época llena de contradicciones. Hoy, los ciudadanos tenemos a nuestro alcance más fuentes de información que nunca, más posibilidades de formar nuestra opinión contrastando las diferentes fuentes de información. Y, sin embargo, cuantos más medios de comunicación hay a nuestro alcance más se empeñan algunos en simplificar sus mensajes hasta el absurdo. Vivimos una época en la que la hipérbole, la exageración o las simplezas se han adueñado de los mensajes, especialmente entre los políticos. Tergiversan y manipulan la realidad hasta límites que ponen en duda su respeto hacia la inteligencia del ciudadano. Nos toman por tontos en muchos casos y lo peor es que sus iniciativas políticas terminan, en muchos casos, por parecerse a su forma de comunicarse, es decir, sus propuestas terminan por ser basura demagógica. La crítica, la discrepancia o la simple exigencia del respeto a la ley pueden servir de excusa para que pases a engrosar la burda bolsa de fachas, retrógrados, franquistas o catalanófobos. Vivimos una época sin matices, o blanco o negro, o conmigo o contra mí. Y lo peor es que ese discurso reduccionista y simplón termina calando en mucha gente.

Fruto de ello es que a fuerza de exagerar muchas palabras son devaluadas y terminan por perder su verdadero significado. En su técnica goebbeliana resulta que “genocida” lo es igual Adolfo Hitler que José Mª Aznar. Ah, pero no Stalin. ¿A que nadie ha oído hablar a un podemita del genocida Stalin? Ahora parece que torturadores lo son tanto tipos como el Doctor Mengele, o Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, el mayor símbolo de la tortura franquista, como los organizadores de un Belén viviente con animales. Se aplica la palabra asesino, el que mata a una persona con circunstancias agravantes, a los toreros cuando es evidente que conceptualmente solo es posible asesinar a personas, a seres humanos. Sin embargo, nunca se referirán a una mujer que aborta como asesina de fetos humanos. Se trata, en definitiva, de manipular el alcance y significado de las palabras para ponerlas al servicio de su causa y con ello tratar de insertar mensajes a modo de eslóganes.

Estos días estamos asistiendo a un verdadero despliegue de simplezas y esperpénticos eslóganes en torno a la condena a Arturo Más por su participación en el seudo referéndum del 9-N. De un lado se han posicionado los partidos constitucionalistas. De otro, los independentistas de todo pelaje, Podemos y los filoetarras de Bildu. Tanto Pablo Iglesias como Echenique se han manifestado en contra de la sentencia condenatoria, una sentencia por cierto más que benévola. Pablo Iglesias ha dicho: "Mas es el heredero del pujolismo; una de las peores expresiones de la Trama, pero que le condenen por poner urnas es una vergüenza". Y Echenique ha señalado por su parte que Podemos rechaza que se "judicialice" la democracia: "No nos parece que poner urnas tenga que ser delito”. Vamos a ver. Un poco de seriedad por favor. Al Sr. Más el TSJ no le ha condenado por poner urnas, entre otras cosas, porque poner urnas no es un delito. El TSJ le ha condenado por haber cometido un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, al igual que le ocurriría a cualquier ciudadano de a pié que se le ocurriese desobedecer a un tribunal. Lo paradójico es que los señoritos de Podemos defiendan que a un miembro de lo que ellos llaman “casta” no reciba el mismo tratamiento que cualquier vecino de la calle y que para hacerlo tengan que falsear la realidad inventándose un delito y una condena inexistentes.

Sin ir muy lejos, en Alicante estamos viviendo estos días, salvando las distancias, una situación parecida en la que la realidad y la verdad son falseadas y elevadas a la categoría de dogma progre. Me refiero al cambio de nombres de calles “franquistas”. Un juzgado, a instancias del PP, ha ordenado la reposición de las antiguas calles. ¿Por qué? Pues sencillamente por el tripartito que desgobierna la ciudad de Alicante se ha saltado el procedimiento legal para poder llevar a cabo el cambio del nombre de las calles. Que se sepa, en ningún momento el PP ha defendido que las calles se llamen de una u otra forma, ni ha reivindicado la permanencia de nombres “franquistas”. Lo que el PP ha hecho, tal y como es la obligación de cualquier partido democrático, es defender que se cumpla la Ley, que se sigan los procedimientos legalmente establecidos. Y no es posible olvidar ni en este caso, ni en el catalán que sin respeto a la Ley no hay democracia posible. 

Es más, desconozco si el PP lo habrá esgrimido, pero lo cierto es que algunos de los cambios introducidos por el tripartito ni siquiera respetan lo establecido en la propia Ley de Memoria Histórica al llevarse por delante nombres como el de Calvo Sotelo, asesinado por lo gobierno republicano antes del inicio de la guerra civil. Y, sin embargo, ha faltado tiempo para que la patulea podemita, con lagrimitas incluidas, haya puesto el grito en el cielo acusando al PP de franquista, de facha, de querer perpetuar los nombres de los franquistas,… A cada eslogan le ha sucedido otro aún más exagerado y falso. No señores, no. No se trata de eso. A ver si lo entienden de una vez y se dejan de pamplinas: se trata de respetar la Ley y de seguir los procedimientos legales. Así de sencillo y de democrático. Menos eslóganes y más respeto a la inteligencia de los ciudadanos.

Vivimos en una época convulsa y políticamente ruidosa. Es muy posible que tanta exageración y tanto eslogan pueda producir réditos electorales fáciles y baratos. Pero no hay que olvidar que la demagogia es un boomerang peligroso, sobre todo para quienes están cegados por su soberbia y auto complacencia.

Santiago de Munck Loyola

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Imaginemos.

Imaginemos por un instante una residencia de ancianos pública. Durante años, las cuidadoras se han limitado a trabajar lo imprescindible con los residentes, sin estimularlos, sin ofrecerles otra cosa que no sean los cuidados básicos y punto. Incluso sólo se han ocupado del aseo personal de los ancianos  cuando llegaba la hora de que los vieran sus familiares. De pronto se incorporan a la plantilla dos nuevas cuidadoras, llegan con ganas de trabajar, aman su profesión y empiezan a introducir cambios mejorando el cuidado y aseo personal de los residentes, sacándolos a pasear por los jardines de la residencia, organizándoles actividades novedosas para estimularlos, cuidando con esmero la calidad de su alimentación, etc. Pronto surgen las discrepancias entre las antiguas que defienden el “aquí siempre se ha hecho así y no hay por qué cambiar nada” y las nuevas. Poco a poco la envidia y el rencor se extiende entre las antiguas cuidadoras que se ven obligadas a seguir las técnicas de las nuevas para no quedar en evidencia. Aparecen algunos conflictos entre antiguas y nuevas y en alguna ocasión los responsables municipales de los que depende la residencia se ven obligados a poner orden. Poco más.

Imaginemos que se celebran unas elecciones municipales y cambian los responsables municipales. A los pocos meses, la nueva concejala de servicios sociales y el nuevo concejal de personal que en la primera reunión con las empleadas de la residencia les pide que le apeen el tratamiento de Don (como si alguien hubiera tenido intención de otorgárselo) deciden introducir cambios en los horarios de las empleadas, sin consensuarlos, que perjudican claramente a las cuidadoras innovadoras. Como no son del pueblo que se jo… Sin embargo, una de ellas protesta porque no puede conciliar su vida laboral y familiar con ese cambio de horario. ¡Sacrilegio! ¡Ha protestado! Se va a enterar.

Imaginemos entonces que al mes le abren un expediente sancionador por haber faltado presuntamente a trabajar un día. Ella alega que sí fue a trabajar pero que se dejó la tarjeta de fichar en el coche. Las compañeras dicen que sí fue a trabajar, aunque después dirán que se les obligó a decirlo. No obstante parece que nadie avisó de que los ancianos a cargo de esta cuidadora estaban desatendidos ese día lo que induce a pensar que efectivamente sí acudió a su trabajo. A pesar de todo, el Ayuntamiento le impone una sanción basándose en que en la hoja de control de fichajes de la citada cuidadora no aparece ese día. Y para colmo del disparate resulta que en personal tienen dos hojas de control con dos números distintos asignados a la misma cuidadora. ¿Por qué? Mientras ésto ocurre la concejala de servicios sociales llama a una amiga y le dice vete despidiéndote de tu actual trabajo que te voy a meter a trabajar en la Residencia.

Imaginemos ahora que a las pocas semanas, la cuidadora recibe una notificación de sus jefes: ahora la van a expedientar por presuntos malos tratos continuados a los ancianos a su cargo y a sus compañeras y preventivamente la suspenden de empleo y sueldo. Cuando consigue ver la documentación que figura en ese expediente resulta que se encuentra con una serie de testimonios de “sus compañeras” y de algún familiar de los ancianos diciendo que durante años ha maltratado a los ancianos obligándoles a comer, hablándoles mal o zarandeándolos. Pero hay cosas raras en el expediente: los testimonios están redactados por la misma persona, en un mismo ordenador, repitiendo las mismas frases y ningún testimonio ha sido recogido ante un fedatario público. Hay incluso un testimonio que acusa a profesionales del centro de salud del pueblo de no activar los protocolos ante unos posibles malos tratos a un anciano desvalido. Increíble. La psicóloga de la residencia, que ha sido la encargada de recabar esos testimonios y que resulta que antes de que se le encargase esa misión ya había hablado con gente sobre el asunto, emite un informe en el que especula sobre las consecuencias que podrían derivarse de ser ciertas las acusaciones y concluyendo que tras examinar esos testimonios no puede probar que sean ciertos. Con ese chapucero informe se abre el expediente sancionador, se nombra a la psicóloga que previamente había emitido su informe pericial como instructora, se tramita el expediente sin practicar ni una sola prueba y se propone sancionar a la cuidadora con el despido, declarando probados unos hechos que nadie ha ratificado. Y, para colmo, se traslada ese bodrio de expediente a la fiscalía que termina por citar a la cuidadora denunciada y a otra cuidadora, su amiga, en el juzgado. Todo ello ocultando que el Concejal responsable de la Residencia en las legislaturas pasadas declara por escrito que nunca nadie ha denunciado ningún hecho similar ante el Ayuntamiento y que el testimonio de la Directora del Centro es falso. Pero su testimonio no se incorpora al expediente. A alguien no le interesa.

Cualquier persona normal se preguntaría en un hipotético caso como éste ¿cómo es posible que, de ser ciertas las acusaciones, las denunciantes, “las compañeras envidiosas”, no hayan denunciado antes estos presuntos maltratos? ¿Cómo es posible que, de ser ciertos esos presuntos malos tratos, los hayan ocultado durante años? Si llegara a probarse que ha existido algún maltrato resultaría que las “compañeras” ahora denunciantes habrían sido durante años cómplices y encubridoras del mismo ¿No? Y, en consecuencia, el Ayuntamiento debería denunciarlas a su vez ¿No? Y si no se probasen los  presuntos malos tratos resultaría que las “compañeras” ahora denunciantes habrían cometido un delito de calumnias ¿No? Y, en este caso, también deberán ser denunciadas en el juzgado ¿No? La conclusión es meridianamente clara, tanto si han existido los presuntos malos tratos como si no, las “compañeras” ahora denunciantes han cometido un delito (o bien de encubrimiento o bien de calumnia) por el que deberán responder, sí o sí, ante la justicia y, evidentemente, no están en condiciones éticas y morales para continuar en sus puestos de trabajo. Claro que curiosamente, semanas después de haber presentado esas denuncias las “compañeras” ahora denunciantes pidieron por escrito al Ayuntamiento que las hiciera funcionarias. ¡Toma ya! ¿En pago de los servicios prestados?

Y como todo este relato imaginario lo estamos situando en un pequeño pueblo  imaginario podemos también imaginarnos fácilmente las consecuencias. Sería la comidilla del pueblo y se escucharían toda clase de versiones y sandeces. Hay quien por ejemplo diría que el Gobierno anterior eliminó las pruebas de los presuntos malos tratos, sin darse cuenta de que semejante majadería significaría para empezar que sin pruebas no se puede sancionar nada, aparte de significar una grave acusación que debería ser probada en los tribunales. Otros familiares no dirían nada, para qué meterse en líos. Y sólo unos pocos, valientes y sin tener que someterse a ningún poder, se informarían previamente y hablarían libremente negando, como no puede ser de otra forma, cualquier credibilidad a semejante montaje.

Imaginemos que en esta sociedad avanzada del Siglo XXI hay gente que actúa de forma tan miserable e irresponsable. Daría asco ¿verdad? Menos mal que cualquier parecido con la realidad sería sólo pura coincidencia ¿no?

Santiago de Munck Loyola.

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¿Nazis? ¿Estalinistas? No, mala gente.

No sé cómo expresar lo que siento sin cometer algún exceso verbal. Como muchos sabéis desde hace año y medio estoy siendo sometido por el Gobierno Tripartito de Monforte del Cid a toda clase de humillaciones profesionales, discriminaciones y, en fin, a un auténtico acoso laboral. Ahora han rebasado los límites que cualquier persona normal puede tolerar. Hoy, mi hija Belén, educadora desde hace 13 años en la Escuela Infantil de Monforte del Cid, ha recibido una notificación del Juzgado en la que se la cita como imputada y en la que figura como denunciante/querellante el Ayuntamiento de Monforte del Cid. 

Parece ser que ésto deriva de un expediente disciplinario alucinante e injusto que el Gobierno Municipal ha incoado a otra educadora infantil por supuestos malos tratos a niños. Y quiero decir muy alto que Belén es una magnífica profesional, entregada en cuerpo y alma a su trabajo y al cuidado de los niños, que no deja de estudiar y de formarse permanentemente, a diferencia de sus compañeras, para trabajar mejor cada día, que ha llegado a poner dinero de su bolsillo (sin que el Ayuntamiento se lo haya reembolsado) para compara juguetes y material escolar para sus alumnos y que siempre ha recibido el afecto y gratitud de los niños a los que ha cuidado y de sus padres. 

Y quiero dejar constancia de que en los 14 años que llevo en el Ayuntamiento de Monforte del Cid sólo se recibió una denuncia por supuestos malos tratos que fue archivada contra una educadora que no era ni Belén ni la compañera ahora expedientada. Me avergüenzo de esta gente capaz de intentar destruir la vida profesional de los demás por pura soberbia, ignorancia y sectarismo ideológico. Y me avergüenzo de unos representantes sindicales sólo atentos a ver cómo ganan más y trabajan menos. Aunque a los que se les tendría que caer la cara de vergüenza es a los responsables políticos que promueven y consienten esta ignominia. Les auguro un prolongado paseo judicial. Ánimo Belén Sánchez Boyer. Te quiero.

Santiago de Munck Loyola

El triunfo del marianismo sobre la ideología.

Hace tres meses, ante la convocatoria del recientemente celebrado Congreso del Partido Popular escribí “El Partido Popular se encuentra ante una gran oportunidad para recuperar la credibilidad y el liderazgo en la sociedad, pero para ello ha de apostar decididamente por un cambio profundo, por una revolución o refundación interna que acabe de una vez con todos los obstáculos y hábitos que lo han alejado de sus propias bases y del electorado. Conformarse con seguir siendo el mal menor o el último refugio electoral ante la izquierda sería un triste y seguro final político”.


Y a la luz de los resultados de este Congreso publicados por los medios de comunicación todo parece indicar que el Partido Popular ha perdido esa gran oportunidad que suponía la celebración de su Congreso. Pocos cambios y mucho incienso para Mariano Rajoy. No en balde se ha considerado este Congreso como la consagración del “marianismo”, una estrategia política basada en la renuncia a cualquier reforma profunda, en el desgaste del adversario, en el soslayo de los debates sobre los problemas reales del ciudadano y, en especial, del contribuyente y en un conformismo político que elude enarbolar el liderazgo político y social. Pocos cambios en la dirección del partido reflejo de la máxima del líder “no se cambia lo que funciona”, algo que refleja unos niveles de autocomplacencia inéditos ¿Cómo se puede decir que funciona bien una dirección del Partido y una estrategia que ha conducido a perder la mayoría absoluta, a fragmentar el voto del centro derecha y a incumplir reiteradamente el Programa Electoral?


Salvo algunas pinceladas y retoques, el cónclave de los populares no ha abordado el principal problema de la organización, el déficit de democracia interna que es clave en el origen de muchas conductas corruptas. Es más, antes de apagar las luces del Congreso, el propio Mariano Rajoy lanzaba un consejo-advertencia: confiaba en que no hubiera más de un candidato en los próximos congresos regionales del Partido. Exactamente lo mismo que se aconsejaba, hace 4 años, desde la Dirección Provincial del Partido Popular de Alicante respecto a los congresos locales y todos sabemos cuáles fueron los resultados electorales y judiciales de estas políticas tendentes a eliminar la libre concurrencia de los afiliados a aspirar a cargos orgánicos.


Poco ha avanzado también el PP respecto a las incompatibilidades y el máximo exponente de ello ha sido la ratificación de que se puede ser sin problema Ministra de Defensa, Secretaria General del partido y Presidenta Regional del mismo en Castilla la Mancha. Todo un récord para publicitar seguramente que el PP no necesita cuotas porque cuenta con “superwoman”.


Pero quizás lo más preocupante es la ausencia de tomas de posición claras sobre muchos de los problemas que están encima de la mesa por la actualidad y de otros asuntos que interesan especialmente a los tradicionales votantes de centro derecha. ¿Alguien ha escuchado o leído un posicionamiento claro del Partido Popular sobre la vigencia de la Ley de la Memoria Histórica cuya aplicación por los Ayuntamientos podemitas tanto está dando de hablar? ¿Y sobre los trasvases y el Plan Hidrológico Nacional? ¿Alguien ha percibido alguna propuesta concreta sobre la inmigración? ¿Y sobre la posición de España respecto a los refugiados? ¿Va a reformar el PP la vigente ley sobre interrupción del embarazo, el aborto? ¿Alguna propuesta novedosa del Partido Popular sobre los desahucios? ¿Sobre la corrupción? ¿Sobre el desempleo? ¿O para los autónomos? ¿Y sobre el problema de Cataluña? Porque a parte de repetir que van a cumplir y a hacer cumplir la Constitución, faltaría más, ¿Hay alguna propuesta concreta que no sea lo de dialogar? ¿Y sobre la política fiscal o sobre el endeudamiento de las administraciones públicas? ¿Del impuesto sobre sucesiones o sobre el Patrimonio, alguna novedad? ¿Alguna propuesta concreta del Partido Popular para reconducir el estado autonómico de modo que los españoles tengamos los mismos derechos sanitarios, sociales o educativos independientemente de la taifa a la que pertenezcamos? ¿Y alguna medida para agilizar nuestro sistema judicial?


Desgraciadamente da la sensación de que el Partido Popular ha renunciado a renovarse internamente, a abrirse como organización y a intentar volver a ser la casa común de la “mayoría natural”. Ha renunciado a liderar a la sociedad porque ha optado por un perfil ideológico de tono bajo y prefiere conformarse con ser un parapeto, un mal menor al que el miedo ideológico le conservará ciertas cuotas de poder. Pero así no se transforma España, así no se resuelven los problemas, sólo se aplazan.


Santiago de Munck Loyola

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EL PARTIDO ESPERANZA CIUDADANA DE MONFORTE DEL CID PRESENTA UNA MOCIÓN PARA BAJAR EL IBI.

15-2-2017.

NOTA DE PRENSA.

El Partido Esperanza Ciudadana de Monforte del Cid ha presentado hoy en el Registro Municipal una propuesta de moción dirigida a todos los Grupos Municipales con el fin de modificar los tipos aplicables al Impuesto sobre Bienes Inmuebles e impedir así que este año la subida del impuesto termine siendo 6 veces superior a la inflación registrada en 2016.

A instancias del Ayuntamiento de Monforte del Cid a la Dirección General del Catastro formulada antes del 31 de mayo de 2016, la Orden HAP/1553/2016, de 29 de septiembre, por la que se establecía la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la ley de presupuestos generales del Estado para el año 2017, aprobó en su artículo único la relación de municipios solicitantes, entre los que figuraba Monforte del Cid.

Aprobada la solicitud del Ayuntamiento de Monforte del Cid para actualizar los valores catastrales de los bienes inmuebles, dichos valores se multiplicarán por el coeficiente 1,04 recientemente aprobado y a estos nuevos valores se les aplicará el tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles lo que supondrá un incremento del 4% de las cuotas del IBI para el año 2017, mientras que la inflación del año 2016 se ha situado en torno al 0,7 %. En estas circunstancias, el Partido Esperanza Ciudadana considera imprescindible no incrementar las cargas fiscales de los monfortinos y proceder de forma urgente a la congelación del Impuesto de Bienes Inmuebles.

Alicante: de mal en peor.

No hay peor ciego que el que no quiere ver y eso es precisamente lo que le ocurre a muchos de nuestros conciudadanos de la Provincia de Alicante. Hay quien se empeña en no querer ver la realidad bien porque le da miedo, porque no le gusta o porque está más cómodo con sus propias fantasías.

Cada vez aparecen más voces de la sociedad civil que se suman a la denuncia del maltrato presupuestario que nuestra provincia viene sufriendo desde hace décadas por parte del Estado y, sobre todo, de la Generalidad Valenciana quien, en vez de cohesionar la población de su territorio, ha ido ensanchando la brecha de desigualdad entre sus habitantes en función de la provincia de que se trate. Los alicantinos siempre vienen recibiendo menos de lo que les corresponde y eso hace que, año tras año, la diferencia entre alicantinos y valencianos sea mayor, en perjuicio de los primeros. Pero con los políticos alicantinos no pasa lo mismo que con otros sectores de la vida alicantina. Han venido usando y usan esta anómala situación como arma arrojadiza pero han sido y son incapaces de ofrecer una respuesta política que suponga el fin de la misma. El Partido Popular tras gobernar 20 años la Generalidad Valenciana carece de legitimidad moral para denunciar una discriminación que él mismo ha practicado. Alzan ahora alguna tímida voz denunciando una discriminación que persiste con el tripartito de izquierdas, pero lo hacen sin mucha convicción y escasa credibilidad. Y lo mismo pasa con los políticos alicantinos de izquierdas. Son sus correligionarios los que ahora en la Generalidad Valenciana practican esa tradicional discriminación hacia nuestra Provincia y sus antiguas reivindicaciones provinciales han sido olvidadas.

Por si esto no fuera suficiente, desde hace año y medio hay que sumar al agravio comparativo un sistemático ataque a la propia identidad de nuestra Provincia y a las libertades básicas de los ciudadanos desarrollado desde el gobierno de izquierdas de la Generalidad Valenciana. El tripartito de Valencia no ejerce un gobierno de y para los alicantinos, ni siquiera para los valencianos o castellonenses. La Generalidad Valenciana se ha convertido en un apéndice de los proyectos pancatalanistas dispuesto a facilitar el desarrollo de una ficción política como lo es la fantasía de “los países catalanes”. Nada es casual. 

El tripartito está desarrollando todo un plan sistemático destinado a catalanizar a la Comunidad Valenciana. Los ataques continuos a la libertad en la educación, la política en medios de comunicación, los continuos ataques a la Diputación provincial, la importación de un proyecto de comarcalización ajeno a la tradición política alicantina, la progresiva imposición del catalán en las administraciones públicas, la persecución del uso del español, la imposición del catalán en la educación, los recortes a la libertad de elección de la lengua vehicular, las desaforadas subvenciones a entidades procatalanistas, separatistas e impulsoras de la ruptura de la unidad de España son solo un pequeño ejemplo, quizás el más visible, de este proceso de inmersión social al que someten a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Y no queda más remedio que preguntarse ¿qué pinta la Provincia de Alicante en medio de todo esto? ¿Qué hace Alicante en una Comunidad Autónoma que además de perjudicarle económicamente pretende ahora borrar su propia identidad histórica?

Alicante no es Valencia y mucho menos Cataluña. Alicante tiene identidad propia, personalidad única y diferente. La Provincia de Alicante tiene entidad política propia, anterior a la artificial Generalidad Valenciana y capacidad económica, social y cultural suficientes para ejercer su propia autonomía. ¿Qué ventaja obtienen los alicantinos del hecho de que las decisiones sobre la educación, la sanidad, el turismo o la política territorial se decidan en Valencia y no en Alicante? Ninguna.

Alicante, la quinta provincia española en población, con casi dos millones de habitantes censados, suma tanta población como las autonomías de Cantabria, La Rioja, Murcia y Navarra juntas. Y, sin embargo, está condenada a ser una provincia de segunda dentro de una autonomía sin tradición histórica que ni es leal con los alicantinos ni con el proyecto común que es España.

Es hora de abrir los ojos, de reconocer la realidad y de ofrecer soluciones antes de que sea demasiado tarde. Y una solución posible es que la Provincia de Alicante se separe de la Generalidad Valenciana y se constituya en Comunidad Autónoma uniprovincial. No se trata de una propuesta sencilla, pero jurídicamente es posible, económicamente es razonable, políticamente es deseable y socialmente necesaria. No hay otra fórmula para defender la identidad y personalidad propia de nuestra Provincia. No hay otra vía para reducir el enorme peso de la burocracia administrativa que costeamos los ciudadanos. No hay otro medio para que las decisiones que afectan a nuestra Provincia se tomen en Alicante y no en Valencia. No hay, en definitiva, otra posibilidad para evitar que Alicante sea incorporada a un proyecto político independentista y para impedir la importación de una fractura social que desde hace décadas crece en las provincias catalanas. Si se quiere, se puede.

Santiago de Munck Loyola

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O Rivera miente o no se entera de nada.

Resulta más que sorprendente que el líder de Ciudadanos se descuelgue ahora con unas declaraciones que no hay por donde cogerlas. Dice D. Albert que Ciudadanos acertó al no entrar en los gobiernos y que lo harán a partir de 2019, cuando ya estén "maduros". O miente o alguien le engaña. Porque, a ver Sr. Rivera, su partido forma parte de muchos gobiernos municipales. No es sólo que los haya propiciado con los votos de investidura, sino que forma parte de gobiernos de izquierdas sin nigún problema. En la Provincia de Alicante tiene varios casos como en Santa Pola o en Monforte del Cid (Ciudadanos de Monforte conocido como el partido de la tapia). Y contrasta mucho con sus declaraciones el hecho de que formando parte de un gobierno municipal presidido por Unidos Podemos en Monforte del Cid, su partido luego expediente a un concejal de Benissa por favorecer la toma de posesión de un Alcalde de izquierdas con su abstención.

¿A qué juega Sr. Rivera? ¿No le informan? ¿O se trata de que Ciudadanos de Alicante no entra en las directrices de su formación? 

 Santiago de Munck Loyola

La responsabilidad de la oposición.

“El poder desgasta sólo a quien no lo posee”. La frase es de Giulio Andreotti,  siete veces primer ministro de Italia, ocho veces ministro de Defensa, cinco veces ministro de Exteriores, tres veces ministro de Administraciones Públicas, dos veces ministro de Finanzas, de Industria, una vez ministro de Economía, de Interior, de Cultura y de Políticas Comunitarias y senador vitalicio quien, dejando al margen su proverbial cinismo, parece que algo sabía de política. No le faltaba razón a este gigante italiano de la política en la que supo navegar desde 1948 hasta su muerte en 2013. Ser o ejercer la oposición desgasta y desgasta mucho. Y lo que es una evidencia casi generalizada en el plano de la política nacional lo es también, aunque con matices muy peculiares, en el ámbito de la vida municipal. Las reglas políticas generales aplicables a la gran política se van distorsionando a medida que su ámbito de aplicación se reduce. O dicho de otra forma, a menor tamaño de un municipio más se distorsionan, suavizándose o agravándose, los principios y reglas del juego político.

A menor tamaño de un municipio entran en juego una serie de factores que no suelen estar presentes en ámbitos políticos mayores: las relaciones entre grupos familiares, el conocimiento público de la vida privada de los agentes políticos, los intereses inmediatos de grupos, clanes o individuos con capacidad para incidir en las decisiones municipales, el temor a la libre expresión frente al poder local, odios ancestrales, venganzas personales y un largo etcétera que no es posible obviar a la hora de intentar comprender las claves de la política municipal.

Es muy posible que, debido a estos factores de ámbito local, la máxima general de Andreotti adquiera especial importancia y que su formulación general se agrave especialmente en el ámbito de la política local. El poder desgasta pero ser oposición desgasta aún más. Y ¿Por qué? La primera razón es simple, quien ejerce el poder nunca, salvo en el caso de idealistas puros (especie prácticamente extinguida), ejerce al poder para todos, sino que lo hace especialmente en favor de quienes le han aupado al poder. Con ello consolida la “coalición” de intereses que lo sustenta y pone los cimientos para volver a ganar.

La segunda razón responde a cómo se ejerce la oposición. Muchas veces quien abandona el gobierno, aunque haya ganado las elecciones, lo hace noqueado y tarda tiempo en asumir su nuevo papel. Durante esa transición, que a veces nunca se completa favoreciendo con ello que el nuevo gobierno se consolide y repita victoria, la oposición no termina de comprender cuál es su nuevo papel y qué responsabilidades conlleva. La oposición va dando tumbos, se deja machacar, actúa como si temiera algo y olvida algo fundamental: que está en la oposición porque ya ha depurado todas sus responsabilidades políticas en las urnas. No hay más juez político que las urnas, la sentencia está dictada (ser oposición) y ahora ya no es, ni puede ser, rehén de su pasado. Ser oposición es también un gran honor porque supone ser garantía del funcionamiento democrático de la institución municipal, la oposición representa a los vecinos para equilibrar el juego democrático. Sin una oposición libre, sin ataduras y sin complejos, no hay democracia posible.

La oposición solo tiene dos enormes responsabilidades: de una parte, controlar y criticar la acción del gobierno municipal y, de otra, proponer alternativas. Y no hay más. Traspasar esa línea supone adulterar el juego democrático y enviar un mensaje equívoco a los vecinos, a los electores, porque en definitiva supone quebrar la esencia del funcionamiento del sistema democrático que se basa en el binomio gobierno-oposición. O se está en el gobierno o se está en la oposición, o se está embarazada o no se está, pero estar medio embarazada es imposible. El gobierno municipal debe estar controlado y la mejor crítica constructiva es la denuncia de cada error o ilegalidad del gobierno. Y, simultáneamente, la oposición debe presentar alternativas, explicar a los vecinos que hay otras políticas posibles y mejores. Sólo así se puede construir una alternativa de gobierno.

En no pocas ocasiones, la oposición suele caer en las trampas del gobierno y al hacerlo destruye su capacidad de ser alternativa. Es bastante frecuente que mientras un gobierno municipal se dedica, más que a gobernar a tratar de destruir a la oposición restregándole un pasado que ya ha sido juzgado por las urnas, haga simultáneamente apelaciones a la colaboración para tratar de resolver asuntos complejos o para los que no se encuentra suficientemente capaz. Apela entonces al bien del pueblo, a intereses de todos y utiliza toda clase de cantos de sirena. Si la oposición cede por un mal entendido concepto de responsabilidad sólo el gobierno gana: el éxito sólo será del gobierno y el fracaso no será compartido, sino de la oposición. La oposición habrá traicionado a su función, habrá hecho dejación de sus responsabilidades para asumir una, la de la supuesta colaboración, y habrá cavado un poco más su hoyo electoral.

No hay medias tintas. Ser oposición es un gran honor y una enorme responsabilidad y caer en las redes del gobierno asumiendo responsabilidades que no le corresponden, conociendo además que el adversario no es políticamente honesto sino que usa permanentemente la técnica del palo en público y la caricia en privado, es la mejor manera de suicidarse políticamente de sufrir un desgaste innecesario sin las protecciones que el ejercicio del poder otorgan. Ni se puede estar medio embarazada, ni ser medio oposición. Cada parte tiene sus obligaciones y si la oposición incumple cualquiera de sus dos principales responsabilidades dejándose seducir por la apelación a supuestos intereses superiores, solo merecerá seguir en la oposición mucho más tiempo. Parafraseando también a Andreotti, hay dos tipos de locos: los que se creen Napoleón y aquellos que se creen capaces de colaborar lealmente con un gobierno socialcomunista sin salir escaldados.

Santiago de Munck Loyola

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Monforte del Cid y los 7 millones de marras.

En estas páginas he escrito en más de una ocasión sobre el alucinante litigio, con un claro trasfondo político partidista, que durante los últimos años han venido manteniendo dos administraciones públicas, el Ayuntamiento de Monforte del Cid y SEPES, en torno al frustrado desarrollo del polígono industrial “Walaig”. Parece curioso y contradictorio, dos administraciones que dicen querer el desarrollo del Polígono, aunque hasta ahora la única que lo ha demostrado con hechos ha sido el Ayuntamiento, y un resultado que no es otro que, tras más de 26 años de gestión, un páramo a medio urbanizar, un enrevesado lío judicial y una empresa, Intersa Levante, que pretende enriquecerse a costa de todo el mundo.

Hace una semanas se conoció el último capítulo del lío judicial: El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Alicante condenaba, en primera instancia, al Ayuntamiento de Monforte del Cid a pagar siete millones de euros a Intersa Levante en concepto de obras realizadas en el polígono industrial de “Walaig”, de  gastos de gestión y de lucro cesante. Y, como era de esperar, ha habido quien no ha sabido reaccionar con inteligencia, frialdad y honestidad intelectual ante la noticia y ha tratado de aprovecharla para arremeter como un elefante en una cacharrería contra los funcionarios, los letrados y los anteriores gobernantes. Mentir, gritar y rasgarse las vestiduras ante una sentencia como ésta puede servir para desahogarse, para encubrir ineficiencias propias o para practicar el habitual sectarismo, pero no es la respuesta seria, templada e inteligente que se espera de un gobernante sólido, con capacidad de análisis y lo que es más importante con liderazgo. Pleitos tengas y los ganes, dice el refrán y de todos es conocido que por más que uno esté seguro de tener la Ley de su parte, cuando se entra en un tribunal puede ocurrir de todo. Dice también otro dicho popular que “Doctores tiene la Iglesia”, pero cuando se trata de analizar una sentencia aquí todo el mundo es doctor en derecho y se permite el lujo de desacreditar a su propio letrado, sin haber leído sus escritos, o de extraer consecuencias de lo más peregrinas como que “a ver cómo se van a pagar las nóminas” (sic), olvidando por supuesto de que se trata de una sentencia recurrible.

Esta sentencia, recurrible por supuesto, condena al Ayuntamiento de Monforte del Cid a pagar siete millones de euros a Intersa Levante por las obras realizadas en el polígono industrial de Walaig, por  gastos de gestión y por lucro cesante. Y lo primero que ignora el juzgador es que Intersa Levante cobró ya por anticipado la totalidad del presupuesto de las obras y lo hizo en terrenos. Intersa Levante se quedó con suelos valorados en decenas de millones de euros que además hipotecó, al conocer el estado del litigio con Sepes, y transfirió esos millones a otra empresa de su grupo por unas supuestas deudas entre ellas. Algo que, por cierto, huele bastante mal y que alguien debería investigar y, en su caso, denunciar. Pero es más, la sentencia parece ignorar que no hay vuelta atrás en el Registro de la Propiedad con la reparcelación anulada en su día y que los suelos adjudicados a Intersa, adjudicados por el valor total de las obras, siguen siendo de ella o de terceros, seguramente los bancos. Por tanto, es evidente que existe un enriquecimiento injusto de Intersa Levante incrementado ahora por esta sentencia.

Y al calor de la polémica no está de más recordar algunas cosas. La primera que la decisión de romper con SEPES, tras 16 años de parálisis del polígono, fue aprobada por todos los partidos políticos de Monforte del Cid un 23 de febrero de 2006. En segundo lugar, la decisión de adjudicar las obras a Intersa Levante fue adoptada por una Mesa de Contratación presidida por Izquierda Unida.  Y, en tercer lugar, que es inadmisible alegar la ignorancia de la existencia de este procedimiento judicial un año y medio después de haber tomado posesión del gobierno y más aún cuando el Juzgado dictó un auto el 26 octubre de 2015 acordando la prórroga de la suspensión y el archivo provisional de este procedimiento que forzosamente hubo de ser notificado al Ayuntamiento.

Es evidente que el desbloqueo de la actual situación judicial del polígono Walaig sólo puede pasar por la negociación política que, por cierto, a punto estuvo de cerrar la anterior Alcaldesa, Antonia Cervera tras sus innumerables viajes a Madrid, con SEPES. Y, es también evidente, que va a resultar muy difícil que esa negociación pueda ni tan siquiera abrirse si una de las partes no es capaz de aunar la discreción y la prudencia y las sacrifica por fugaces réditos periodísticos. Guste o no, sin el PP de Monforte del Cid será muy difícil abrir la negociación con Madrid y para lograr su colaboración y ayuda la mejor manera no es ir agrediéndole verbalmente.

Santiago de Munck Loyola

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EL TRIPARTITO SOCIALCOMUNISTA DE MONFORTE DEL CID (Iu,Psoe y Ciudadanos) SE CARGA LAS VACACIONES NAVIDEÑAS DE LOS MÁS PEQUEÑOS.

27-12-2016






COMUNICADO DE ESPERANZA CIUDADANA DE MONFORTE DEL CID.




Una vez más, el Gobierno Municipal de Monforte del Cid se pasa las leyes por el arco del triunfo. Hoy, 27 de diciembre y durante los próximos días, la Escuela Infantil municipal "El Principito" funcionará a pesar de que la Generalidad Valenciana decretó el inicio de las vacaciones escolares el 23 de diciembre. 



Al parecer, para el Gobierno Municipal de Monforte del Cid las Resoluciones de la Generalidad Valenciana, administración competente en materia de Educación, sólo se cumplen si a la concejala de Educación le parece bien. Bajo el pretexto de dar un mejor servicio a los padres se vulnera el derecho de los niños al descanso escolar (que no es un capricho del legislador) y al disfrute de las vacaciones navideñas con su propia familia, así como los derechos de los empleados públicos. ¡Vergonzoso!

EL TRIPARTITO DE MONFORTE DEL CID ACABA EL AÑO SIN PRESENTAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2017.

26-12-2016.

NOTA DE PRENSA.

EL TRIPARTITO DE MONFORTE DEL CID ACABA EL AÑO SIN PRESENTAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2017.

El Partido Esperanza Ciudadana de Monforte del Cid denuncia la parálisis política e institucional del Ayuntamiento de Monforte del Cid que se traduce en la falta de control y de presentación de iniciativas de la Oposición, el Partido Popular, y del Equipo de Gobierno socialcomunista.

El Equipo de Gobierno Municipal de Monforte del Cid compuesto por IU, PSOE y Ciudadanos finaliza el año si tan siquiera haber presentado un borrador del proyecto de presupuestos municipales para el año 2017 a la oposición y a los vecinos. La parálisis del tripartito se pone de manifiesto también en que ni siquiera ha procedido a reformar las Ordenanzas Fiscales vigentes en 2016 para el próximo ejercicio o a tramitar para estimar o desestimar iniciativas presentadas por Partidos sin representación Municipal, como Esperanza Ciudadana, que ha impulsado medidas como la rebaja del IBI para los vecinos de Montecid o la proposición de un Reglamento de Participación Ciudadana que de voz de forma reglamentada a todas las entidades sociales del Municipio.

A juicio del Presidente de Esperanza Ciudadana de Monforte del Cid, Javier García, “resulta preocupante que el Gobierno Municipal, con la pasividad de la oposición, no sea capaz de cumplir, a pesar de contar con mayoría absoluta, los plazos legales para tramitar o avanzar al menos los contenidos del nuevo presupuesto, de reformar las ordenanzas fiscales para el 2017, de aprobar un Reglamento Orgánico para la Corporación, de aprobar una Ordenanza que regule la Participación Ciudadana que tanto se les llena la boca de participación o de enterarse, tras año y medio de gobierno, de los contenciosos que tiene abiertos el Ayuntamiento pese a que por Registro les llegan las notificaciones de los juzgados”. Es tal la incompetencia y descoordinación del Gobierno Municipal que, según el Presidente de Esperanza Ciudadana, lleva al absurdo de que “las máximas autoridades municipales asistan a la inauguración de una enorme nave industrial construida sin licencia de obras y sin licencia de actividad. Y la oposición callada”.

EL CSI-F PROPONE AL AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID UN PROTOCOLO PARA COMBATIR Y PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN LABORAL.

12-12-2016

NOTA DE PRENSA.

EL CSI-F PROPONE AL AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID UN PROTOCOLO PARA COMBATIR Y PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN LABORAL.

El pasado 5 de diciembre el Delegado del sindicato CSI-F de Monforte del Cid presentó por Registro un escrito dirigido a la Alcaldía, a los Portavoces de los Grupos Municipales y a los demás representantes sindicales con un borrador de Protocolo para combatir y prevenir la discriminación laboral en el Ayuntamiento de Monforte del Cid.

La Resolución del Parlamento Europeo sobre el acoso moral en el lugar de trabajo (2001/2339)  recomienda a los poderes públicos de cada país poner en práctica políticas de prevención eficaces y definir procedimientos adecuados para solucionar los problemas que ocasiona. Pone de relieve la actualidad de esta problemática, y plantea la necesidad de recoger y trasladar al ámbito de la función pública la importancia de hacer frente a la misma, por un lado enfatizando la no aceptabilidad de las conductas de acoso en el trabajo, del tipo que sean y por otro, planteando acciones de prevención y de sanción de las mismas cuando estas se produzcan. 

      

Estas acciones de prevención y de sanción se apoyan además en el derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, establecido por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Por ello, a través del presente protocolo se trata de configurar y poner en marcha una herramienta para disuadir del uso de prácticas de hostigamiento psicológico a los trabajadores del Ayuntamiento de Monforte del Cid y es, además, un instrumento de garantía para el conjunto de los empleados públicos ya que regula el procedimiento para detectar, canalizar y analizar científicamente las posibles conductas de acoso psicológico.

La solicitud del CSI-F dirigida a la Alcaldía solicita que se dé traslado de la propuesta de Protocolo para la Prevención del Acoso Laboral en el Ayuntamiento de Monforte del Cid, anexa al escrito, al Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Monforte del Cid para su estudio y aprobación en su caso, a los representantes sindicales y a los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales.

ESPERANZA CIUDADANA DE MONFORTE DEL CID PRESENTA UNA MOCIÓN PARA APROBAR UN REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

9-12-2016.

Nota de Prensa.

ESPERANZA CIUDADANA PRESENTA UNA MOCIÓN PARA APROBAR UN REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

El pasado 5 de diciembre, el Partido Esperanza Ciudadana presentó en el Registro del Ayuntamiento de Monforte del Cid una propuesta de moción dirigida a los Portavoces de los Grupos Municipales, acompañada de una propuesta de Reglamento, con el fin de que el Ayuntamiento de Monforte del Cid apruebe un Reglamento de Participación Ciudadana.

Con esta iniciativa se trata de convertir las apelaciones constantes a la participación de los vecinos en los asuntos públicos en una realidad, dotándoles de un cauce legal para lograrlo. La Constitución declara el derecho de los ciudadanos a participar también de manera directa en la gestión de los asuntos públicos, y es por ello que el Ayuntamiento de Monforte del Cid puede comprometerse mediante la aprobación de esta propuesta con la profundización de la democracia, complementando la democracia representativa con la democracia participativa directa.

El Reglamento de Participación propuesto por Esperanza Ciudadana ofrece al vecino, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones y sus preocupaciones en todos los ámbitos de actuación del municipio. Para lograrlo se reglamentan e institucionalizan los Consejos de Participación Ciudadana y se crean las Asambleas de Barrio y del Municipio.

Los Portavoces de  Esperanza Ciudadana confían en que, a pesar de carecer de representación en el Pleno, alguno de los Grupos Municipales presentes tenga la sensibilidad democrática suficiente como para hacerse eco de esta propuesta y llevarla al Pleno para dotar a los monfortinos de un instrumento de participación realmente avanzado.

La segunda gran estafa electoral del Partido Popular.

Cuando compras un artículo en “El Corte Inglés” si no quedas satisfecho te devuelven tu dinero y lo hacen hasta pasados 60 días de la adquisición. Sin llegar a tanto, la norma general es que si compras un producto y éste no se corresponde con las características o propiedades anunciadas tienes derecho a la devolución del dinero. Una compraventa comercial, en definitiva, no es más que un contrato en el que cada parte debe cumplir sus obligaciones: una pagar el precio y la otra entregar el producto adquirido. Sin embargo, esta simple regla no funciona en la política. Te ofertan un programa electoral y lo compras con el voto. Pero una vez pagado el precio, si te he visto no me acuerdo. No te devuelven el voto en caso de engaño. No han pasado ni 60 días desde que el Partido Popular formó gobierno y, a la primera ocasión, ya ha incumplido de forma flagrante una de las principales ofertas de su programa electoral de junio de 2016: "Dar prioridad a la reducción de la carga tributaria que enfrentan los ciudadanos y atender desde el ámbito fiscal sus necesidades e inquietudes". Primer compromiso: "Rebajaremos la carga fiscal de los ciudadanos, asegurando que los beneficios de la recuperación económica llegan a todos los hogares". El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 2 de diciembre todo un paquete de medidas fiscales para aumentar la recaudación fiscal en más de 5.000 millones de euros en 2017.

Incumplir el programa electoral en materia tributaria es exactamente lo primero que hizo el Partido Popular tras formar gobierno en 2011 y lo vuelve a hacer en 2016. Entonces la excusa fue que la herencia recibida del Gobierno de Zapatero era peor de lo que los datos oficiales decían. Ahora parece que ni la necesidad de ajustar el déficit público a los compromisos con Europa se utiliza como excusa, sino que incluso el Sr. Montoro con toda la desfachatez del mundo afirmó tras el Consejo de Ministros que no había ningún incumplimiento electoral, que no era cierto que se hubiesen comprometido a disminuir la presión fiscal a los contribuyentes españoles. Hay que tener mucha cara dura, además, para justificar la creación del nuevo impuesto sobre las bebidas azucaradas con la preocupación por la salud de los ciudadanos. ¿Para cuándo entonces un impuesto especial sobre la panceta, la chistorra o la mayonesa? ¡Venga ya, Cristóbal, a otro perro con ese hueso!

El Gobierno del Partido Popular solo usa una vía para ajustar las cuentas y es aumentar la carga tributaria sobre los contribuyentes aún a costa de tirar a la basura su propio programa electoral, sus principios políticos y su credibilidad. En lugar de gastar menos de lo que se ingresa, la política fiscal del Partido Popular, con el aplauso de la izquierda y el asombroso silencio de casi todos los medios de comunicación, consiste en intentar recaudar más a costa de los contribuyentes e, incluso, de aumentar el gasto público elevando el techo del déficit de las comunidades autónomas, verdaderos sumideros por los que se escapa el dinero público.

Lo cierto es que ningún partido parlamentario está dispuesto a meter la tijera para acabar con el despilfarro y gastar menos. No se trata de recortar en servicios públicos esenciales ni en prestaciones sociales. Se trata de una parte en alanzar una mayor eficiencia en el gasto público que indiscutiblemente mermada por la propia idiosincrasia del sistema autonómico. Y se trata fundamentalmente de recortar toda una estructura pública que a todas luces no podemos mantener con los ingresos actuales. Nadie está dispuesto en este parlamento, ni por supuesto en el gobierno, a meter mano de una vez al despilfarro de las Comunidades Autónomas con cientos de empresas públicas, con miles de asesores políticos, con decenas de televisiones públicas sin casi audiencia, con embajadas propias por medio mundo, con instituciones duplicadas con las del Estado, con competencias duplicadas, con una diarrea legislativa que dificulta extraordinariamente la fluidez de un mercado único, etc.

Y nadie está dispuesto en este parlamento, ni por supuesto en el gobierno, a meter mano al despilfarro y a la mala gestión del propio Estado e incluso de las propias Cortes cuyos privilegios parlamentarios siguen constituyendo un escandaloso ejemplo de falta de ejemplaridad y de solidaridad social.

El Gobierno del Partido Popular ha vuelto a mentir y a engañar a sus votantes, a los incondicionales y a los de la nariz tapada. No pueden ahora esconderse tras la excusa de la necesidad del consenso y de llegar a pactos porque del mismo modo que se aprestan a acordar cómo y cuánto más van a exprimir al contribuyente podrían hacerlo para decidir cómo y cuánto gastar menos de nuestro dinero. Para este viaje no hacían falta estas alforjas. Y para hacer una política socialdemócrata mejor que la hagan sus inventores.

Santiago de Munck Loyola

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