13-05-2015
NOTA DE PRENSA
Santiago de Munck Loyola,
candidato a la Alcaldía de Alicante por la Coalición Esperanza Ciudadana –
Juntos por Alicante, ha presentado un conjunto de medidas que la Coalición
propone para regenerar la vida política municipal en el Ayuntamiento de
Alicante. Para el candidato de la Coalición “es
imprescindible pasar página dejando atrás le negra imagen que la gestión del PP
ha dejado y recuperar el prestigio de la institución municipal. Nuestra ciudad
merece un Ayuntamiento limpio, transparente y fuera de toda sospecha de corrupción”.
Para la Coalición Esperanza
Ciudadana – Juntos por Alicante es necesaria una nueva política basada en la
ejemplaridad y la transparencia y propone un Plan para la Regeneración en el
que, entre otras, figuran las siguientes medidas:
-
Un rígido control sobre las incompatibilidades
de los ediles.
-
La dedicación exclusiva supondrá la aplicación
del principio de una persona, un cargo, una sola retribución pública.
-
Publicidad absoluta de la declaración de bienes
e intereses de los miembros de la Corporación.
-
Eliminación de los asesores y cargos de
confianza de los partidos políticos.
-
Eliminación de las subvenciones a los grupos
municipales (partidos políticos).
-
Eliminación de los criterios subjetivos en los
pliegos de licitación de los contratos municipales.
-
Utilización preferente del sistema de subasta en
los contratos municipales.
-
Creación de un registro público de proveedores
municipales estableciendo criterios de acceso que garanticen la objetividad y
profesionalidad de los licitadores.
-
Creación de una unidad de compras y suministros
independiente de la toma de decisiones políticas.
-
Máxima publicidad y difusión de los
procedimientos de contratación y de sus adjudicaciones.
-
Suprimir el voto decisorio de los políticos en
las mesas de contratación.
-
Presencia de la oposición en todas las mesas de
contratación.
-
Presidencia de la oposición de los órganos de
fiscalización de las cuentas municipales.
-
Creación de Comisiones de Investigación.
-
La revisión de los contratos de la última
legislatura y, en su caso, el inicio de los procedimientos de rescisión a que
hubiere lugar.