La llave de la caja común.

Salvador Illa, el candidato más votado en las últimas elecciones catalanas, es ya, a pesar del numerito circense de “cocomocho”, el nuevo Presidente de la Generalidad catalana gracias a un pacto cerrado por los socialistas con los independentistas de ERC. Un pacto que los socialistas no han hecho publico y, ni siquiera, lo han sometido a debate dentro del PSOE. Lo que conocemos principalmente es través de los independentistas de ERC que sí lo han sometido a debate y aprobación entre sus militantes. Parece que algunos aspectos de ese pacto incluyen el control de la televisión autonómica por parte de ERC, 2500 medidas para terminar de erradicar al español de Cataluña y, lo que más se está debatiendo, la cesión de la llave de la caja común fiscal a la Generalidad catalana, es decir, la desaparición de la caja común y la ruptura de la unidad fiscal y tributaria en España. Y no es un asunto menor. Ya hace meses la Portavoz de Junts en el Congreso lo decía claro, querían la independencia fiscal para conseguir la independencia total y eso solo podía conseguir haciéndose con la llave de la caja común. Es evidente que sin independencia fiscal no hay viabilidad para una independencia política.

Ni el Presidente de Gobierno, el Sr. Sánchez, ni su Ministra palmera de Hacienda, la Sra. Montero, han tenido la decencia de explicar este acuerdo. Solo el Presidente ha salido a la palestra para contar que le parece un acuerdo magnifico, que esta encantado con el acuerdo (y consigo mismo) y que le parece un paso adelante hacia la federalización. ¿Federalización? Pero ¿sabe realmente de lo que habla? En primer lugar, la federalización no es un objetivo contemplado en nuestra Constitución. En segundo lugar, ningún estado federal del mundo, repito ninguno, ha renunciado en parte de su territorio a sus competencias fiscales. Y, en tercer lugar, hasta Suiza que es una Confederación dispone de una agencia fiscal que recauda y gestiona el 30% de los impuestos en los cuatro cantones que la componen. Hay que maliciarse que conociendo  al personaje lo que para él es magnífico va a ser una calamidad para toda España.

Lo mas escandaloso de este pacto es que una medida de tan gran calado, que va a afectar a la economía de todos los españoles no se consulte al conjunto de la ciudadanía, al pueblo soberano, mediante un referéndum. No se trata de una medida votada en el programa socialista de las últimas elecciones generales, algo que podría otorgarle cierta legitimidad, se trata de una medida urdida en los despachos para la compra de voluntades políticas: tú me das tus votos para hacerme Presidente y yo te regalo la llave de la caja fiscal. Tampoco es una medida debatida en el seno del Partido Socialista, como sí han hecho sus socios independentistas.

Pero claro, para Pedro Sánchez, Illa y el resto de su equipo eso es suficiente. Podemos estar tranquilos todos los españoles. 3.397 independentistas de ERC han decidido que el pacto con los socialistas es magnífico. Eso ya es algo importante porque los 3.397 miembros de ERC constituyen la “crème de la crème” de la intelectualidad catalana. Un grupo de intelectuales, defensores de los planteamientos históricos del Institut Nova Història. Sí, estos señores que afirman sin rubor alguno que los catalanes son genéticamente superiores al resto de los españoles, que Cristóbal Colon, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci, Américo Vespucio, Hernán Cortes, Bartolomé de las Casas, Santa Teresa de Ávila, Shakespeare, Beethoven, El Cid, Erasmo de Rotterdam, Juan Sebastián Elcano, Francisco Pizarro eran catalanes de pura cepa y que América fue descubierta, conquistada y evangelizada por catalanes, son los únicos que han podido debatir y votar sobre la presunta bondad de este magnífico acuerdo. Podemos estar más que tranquilos, como tranquilos están Pedro Sánchez y sus seguidores. Con que ellos decidan sobre nuestros impuestos ya deberíamos tener bastante.

Veremos a ver cómo se las apañan para sacarnos al resto de los españoles los más de13.000 millones de euros que la Agencia Tributaria Catalana nos va a robar a todos. Eso sí, la caja de las pensiones no la quieren. Se las seguiremos pagando también los demás. ¡Pedrito, has hecho un pan con unas hostias! 

Fdo. Santiago de Munck Loyola

BULOS NO, HECHOS.

“No hay caso”, “todo son bulos” se harta a repetir la ministra Portavoz del Gobierno. Sin rastro de poseer conocimiento jurídico alguno, pero dotada de poderes adivinatorios no se cansa de repetir la misma cantinela una y otra vez. Su respeto a las decisiones judiciales es tan evidente como su escasez de materia gris. Y junto a ella, todos los demás miembros del gobierno y del partido gubernamental. Lo tienen fácil, el argumentario diario que reciben por las mañanas se limita a las frases “no hay caso” y “todo es un bulo” a la que se les permite añadir algún improperio contra el juez Peinado.

Pero sí, sí hay caso judicial. Y lo hay porque como consecuencia de varias denuncias, un juez ha abierto diligencias previas para tratar de determinar si los hechos denunciados son o no constitutivos de delito. No sabemos aún si hay o no delito o delitos, para saberlo has que esperar a conocer el resultado de las diligencias que tiene que practicar el juzgado. La prudencia de cualquier persona medianamente inteligente impide asegurar o no su existencia, pero eso no impide que determinados hechos y conductas se investiguen judicialmente y a eso se le llama un caso judicial.

Y hay quien se empeña en repetir machaconamente que todo son “bulos”, noticias falsas propaladas con algún fin. Pues que mejor que examinar algunos de esos supuestos “bulos”, de esas supuestas noticias falsas para poder hacerse una idea de quién miente y quién no. Dice el Presidente del Gobierno en su primera epístola que su mujer es una “excelente profesional”. Nadie lo discute, pero todos nos preguntamos ¿de qué es profesional? ¿En qué profesión ha destacado por su excelencia? Puede que ayudase eficazmente a su padre en la gestión de sus saunas gays, pero de ahí a hablar de “excelencia profesional” hay un verdadero abismo. No es un bulo, sino algo contrastado e indiscutible, que Dª Begoña Gómez carece de estudios universitarios como tampoco es un bulo que dirige , ni más ni menos, que toda una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid impartiendo cursos a licenciados universitarios. Salvando las distancias y con todo respeto no puedo imaginarme a Arguiñano dirigiendo una cátedra de física cuántica. Pues eso.

No es un bulo, que para conseguir dirigir esta Cátedra Dª Begoña Gómez convocó al rector de la Universidad Complutense a una reunión en sus oficinas profesionales, cuya existencia se desconoce, sino en el mismo Palacio de la Moncloa y no una sino, al menos, dos veces. Palacio al que convocaba a otros directivos de empresas cuyo patrocinio buscaba para su excelente actividad profesional. Tampoco es una noticia falsa el hecho de que varias empresas, por encargo de la complutense, hiciesen un software para la cátedra de Begoña y que esta lo registrase a su propio nombre, ni el hecho de que cargase facturas, sin competencia para ello, a la Universidad Complutense razón por la cual esta Universidad ha pedido al Juzgado que sea juzgada por apropiación indebida. 

No son un bulo tampoco el hecho de que su amigo y “socio” Barrabés se hiciese con contratos públicos por un importe cercano a los 20 millones de euros o que su amigo Víctor Aldama, del grupo Globalia, empresa matriz de Air Europa,  y el ejecutivo de Air Europa, Sr. Hidalgo, se hiciesen con un rescate exprés para su aerolínea de 475 millones de euros y un préstamo de 140 millones avalados por el ICO. Dada la relación de estos dos últimos personajes con Koldo García, no habría estado de más una selección algo más exquisita de los contactos “profesionales” de Dª Begoña Gómez. Y, la verdad, andar escribiendo cartas de recomendación en favor de empresas en procedimientos públicos en los que la intervención de su marido o de los subordinados de su marido es determinante, no parece muy higiénico.

Todos los anteriores hechos son ciertos. No se trata de rumores, ni de bulos. Puede que no sean delito porque para declararlos como tal los jueces deben hilar muy fino, pero nadie con un mínimo de objetividad puede negar que huelen muy mal, que apestan. Como dijo recientemente en el Congreso de los diputados Aitor Esteban, refiriéndose a las actividades “profesionales” de Dª Begoña Gómez, “lo que nadie puede dudar es de que hay cosas que no se pueden hacer”. Y retrocediendo 2000 años conviene recordar a Marco Tulio Cicerón (106-43 a. C.), uno de los más destacados oradores, políticos, filósofos y escritores de la antigua Roma, “Meos tam suspicione quam crimine iudico carere oportere”, lo que en roman paladino significa “que el juez debe estar libre tanto de sospecha como de culpa” o lo que es lo mismo “La esposa no sólo debe ser honrada, sino también parecerlo” .

Santiago de Munck Loyola

No podemos seguir igual.

 

Hablar de inmigración ilegal no siempre es fácil. Es un tema muy complejo susceptible de generar fuertes enfrentamientos ideológicos y partidistas. Sin embargo, no es posible mirar hacia otro lado y evitar así posicionarse en medio de un contexto tan polarizado. Y la realidad que estamos viviendo con especial intensidad informativa en estos días merece algunas reflexiones para tratar de centrar el debate.

El constante tráfico de pateras hacia las Islas Canarias ha puesto a su población en una situación límite: las administraciones de las islas están desde hace meses desbordadas y ya no tienen capacidad para acoger y tratar a los inmigrantes que llegan. Y especial preocupación despiertan los más de 6.000 menores no acompañados para los que no hay ni alojamientos, ni personal suficiente para ser atendidos.

Hay que puntualizar algunas cosas a la hora de analizar la situación. En primer lugar, la vigilancia de las fronteras es una competencia exclusiva del Gobierno de España, no de las autonomías, como lo es también la política sobre inmigración. Es evidente que en ninguno de los dos aspectos el Gobierno lo esta haciendo bien. Las pateras, fletadas por las mafias que trafican con seres humanos, siguen burlando la vigilancia y llegando a nuestras costas. Y los acuerdos que el Gobierno cierra con los países emisores de inmigrantes son papel mojado a pesar de las ayudas económicas que estos reciben de España. Nadie rinde cuentas.

Resulta llamativo que el Gobierno desprecie la propuesta de la oposición de que la Armada se incorpore a las tareas de vigilancia fronteriza diciendo que la Armada no está para eso y a renglón seguido el Presidente Sánchez pida ayuda a la OTAN, nada menos, para defender nuestras fronteras marítimas. A ello hay que añadir que nuestras fronteras son las fronteras de la Unión Europea, que son la puerta de entrada al espacio europeo comunitario, y que, por tanto, su violación y las consecuencias derivadas de ello son un problema en el que la Unión tiene algo que decir.

La pésima gestión gubernamental de esta crisis migratoria no debería servir de excusa a nadie para intentar obtener réditos electorales. Pero no ha habido que esperar a la búsqueda de una solución para los 6.000 menores no acompañados concentrados en Canarias, ha bastado el reparto de solo 400 para que tanto el Gobierno de España como Vox se hayan puesto “estupendos”, cada cual en su estilo. El Gobierno, de una parte, se ha ocupado de afear a los gobiernos regionales del PP su relación con Vox, que no quiere a ninguno de esos menores en la península, y a presionar al PP para que acepte modificar la Ley de extranjería, de modo que el reparto de menores sea de obligada aceptación por los gobiernos autónomos. 

En su delirante maniqueísmo los socialistas y la ultraizquierda insultan y vituperan al PP, pero callan como pu… ante la posición de la ultraderecha racista catalana de Junts que exige, como Vox, que Cataluña quede al margen del reparto de menores inmigrantes. O sea que como el Gobierno de Izquierdas no cuenta en este asunto con el voto ni de Junts, ni de ERC, sus socios parlamentarios, trata de forzar a la oposición para que le preste los suyos. Todo ello sin una palabra, ni un mal gesto hacia la xenofobia de los independentistas catalanes. ¡Muy coherente!

De otra parte, Vox, alegando que acoger a estos menores es tanto como respaldar la inmigración ilegal ha roto sus acuerdos de Gobierno con el PP en cinco autonomías, al no ceder este partido a su chantaje. Pero acoger a estos menores no acompañados no es apoyar la inmigración ilegal por mucho que se empeñen. Es, ante todo, un acto humanitario, un acto de caridad en términos cristianos si le gusta más a Vox. Es un acto de solidaridad con la población canaria y es un acto de responsabilidad ante la irresponsabilidad del Gobierno de España. Es cierto que no es la solución a los graves problemas que la inmigración masiva ilegal plantea que requiere, ante el fracaso de las políticas actuales, nuevas medidas basadas en un planteamiento global diferente.

Cada uno de estos menores viene costando a las administraciones publicas una media de 6.000 € al mes y es evidente que debe ser el Estado el que asuma íntegramente este coste y que lo comparta con la Unión Europea. España va a tener que pagar, de momento, 432 millones de euros el próximo año solo para atender a los 6.000 menores retenidos en las Islas Canarias. Y lo primero que tenemos que plantearnos es si podemos sostener continuamente este gasto junto con todos los demás gastos que la inmigración ilegal nos genera.

Pero, dejando al margen el problema económico, el hecho evidente es que las políticas sobre inmigración seguidas hasta ahora conllevan un evidente efecto llamada que, lejos de desincentivar los flujos migratorios ilegales, los promueven. Las legalizaciones masivas de inmigrantes ilegales y las ayudas y subsidios generosamente distribuidos son un reclamo muy atractivo. Los inmigrantes y las mafias que trafican con ellos saben perfectamente que una vez en suelo español difícilmente serán deportados a sus países de origen y que recibirán toda clase de ayudas a costa de los contribuyentes españoles. Ese y no otro es el mensaje que reciben, porque esa es nuestra política de inmigración. Si todo aquel que entra ilegalmente en España fuera inmediatamente devuelto a su país, otro gallo cantaría.

Por todo ello, es evidente que hay que plantear una nueva política sobre inmigración y que esa política debe sustentarse sobre principios y fines claros y compartidos por la mayor parte de las fuerzas políticas: nuestras fronteras deben respetarse y el que entre en nuestro país ilegalmente debe salir de él inmediatamente; la inmigración debe ser legal y debe estar limitada a la capacidad de oferta laboral existente y hay que priorizar la inmigración que sea compatible culturalmente con la nuestra porque el continuo crecimiento de guetos no integrables nos conducirá a los enfrentamientos sociales. Los intereses nacionales, los de los españoles deben ser prioritarios a la hora de establecer las políticas sobre inmigración.

No cabe ninguna duda de que estos menores deben ser atendidos y en la medida que sea posible devueltos a sus gobiernos y a sus familias. Es en sus países de origen donde nuestros servicios diplomáticos y de cooperación deben ser reforzados con un enorme esfuerzo humano y presupuestario. España no puede seguir lanzando el mensaje de que pueden seguir arriesgando la vida para llegar a nuestras costas porque el premio merece la pena. Lo que tienen que saber es que ya no habrá premio alguno.

Santiago de Munck Loyola

La derecha ha ganado, digan lo que digan.

Pues sí, la derecha ha ganado en España las elecciones europeas. Y sí, también lo ha hecho en Europa. Cualquiera pensaría lo contrario escuchando a los dirigentes socialistas y a sus voceros en todos los medios de comunicación. Los hechos y las cifras no hacen otra cosa que dejarles en el más absoluto ridículo porque no admiten discusión. Su sobreactuación es vergonzosa, pero se compadece mucho con su falta de talante democrático al no felicitar al ganador, algo ya habitual.

El Partido Popular ha sido el más votado aventajando al segundo, el PSOE, en 700.000 votos, o lo que es lo mismo un 4% más de los votos. Es el partido que más aumenta su representación, 9 diputados, mientras que el PSOE pierde uno. El primero sube un 14 % respecto a 2019 y el segundo baja un 3%. No obstante lo anterior y pese a la evidencia, los socialistas tratan de engañar con todo descaro a los ciudadanos fingiendo una victoria que solo existe en sus deseos oníricos. Eso sí, además presumen de haber contenido a la “ultraderecha”. Sí, a la ultraderecha que han convertido, con el concurso de los “comunicadores” paniaguados, en la bestia negra de la democracia. Los mismos que, utilizando su propio sistema de localización política, pactan con la “ultraizquierda”, ya sea ésta con genes terroristas o sin ellos. No tienen escrúpulos. Estoy esperando a que uno solo de los comunicadores o tertulianos políticos “progres” nos cuente ¿por qué es muy mala, malísima la llamada ultraderecha y por qué es buena, buenísima, la ultraizquierda? O ¿dónde empieza el territorio de la una y la otra? Es como el bulo, convertido en dogma oficial, de que los comunistas siempre han luchado por la libertad. ¡Já! “¿Libertad? ¿Para qué?” decía Lenin. Los comunistas siempre han luchado por derribar, incluso a la fuerza, los regímenes democráticos para sustituirlos por dictaduras del proletariado. Solo en los años 70 iniciaron un cambio estratégico aceptando el pluripartidismo y la democracia parlamentaria de la mano del italiano Enrico Berlinguer y el francés Georges Marchais, a los que se sumaría Santiago Carrillo. La caída del muro de Berlín terminaría por desinflar  y fraccionar a los partidos comunistas, apareciendo multitud de corrientes políticas de carácter sectorial.

Hoy el eje político derecha-izquierda aparece más confuso que hace unas décadas porque la aceptación formal de las libertades públicas es aparentemente compartida por casi todos los partidos políticos. Un criterio racional sería situar en los extremos solo a aquellos partidos cuyo objetivo sea acabar con el actual sistema de libertades públicas y, por ende, con los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pretender modificar la estructura territorial del Estado a través de las urnas no es una señal de extremismo o de carácter “ultra”, como no lo es pretender sustituir la monarquía por un sistema republicano; regular y restringir la inmigración tampoco lo es, ni lo es discrepar de la ideología de género o combatir la supuesta emergencia climática. Son ultras, extremistas, los que pretenden acabar con la libertad de asociación, con los partidos políticos, los que quieren imponer la censura a los medios de comunicación o los que pretenden imponer un pensamiento único medioambiental, histórico o sobre las políticas llamadas de “género”. Pero la izquierda política, anclada en prácticas totalitarias, tiende a situar en el extremo ultra a todo aquel que discuta sus dogmas. Y ya está bien. No podemos seguir tragando con su continua expedición de carnés democráticos.

En estas elecciones europeas no han ganado los “ultras” o la extrema derecha, no. En Europa y en España han avanzado los partidos de centro derecha y los conservadores. Han avanzado los partidos que mejor han sintonizado con unas legítimas aspiraciones ciudadanas de cambios profundos en las políticas europeas sobre inmigración, de modificaciones radicales en las políticas agrarias y medioambientales, de recortes en un modelo europeo excesivamente burocratizado dirigido por élites muy alejadas de los problemas de las calles; aspiraciones que incluyen la voluntad y el deseo de conservar los valores identitarios y culturales de cada país europeo, valores cada vez más cuestionados y acosados por una indolente tolerancia ante su suplantación por modelos ajenos a nuestra cultura. Y han perdido los partidos que se habían presentado como valedores de un “muro” contra todas esas aspiraciones ciudadanas. Si los socialistas españoles y la izquierda en general están convencidos de que “han ganado” porque se han convertido en un dique de contención de lo que llaman extrema derecha, mejor, porque seguirán insistiendo en los mismos errores que les han conducido a su derrota.

No son las estrategias del Partido Popular de Núñez Feijóo las que han favorecido la emergencia de Alvise Pérez con 800.000 votos y 3 escaños en Europa. Y no se puede minusvalorar la importancia de este hecho despachándolo con un par de ocurrencias de argumentario para tontos en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Hay 800.000 mil españoles que han mostrado su radical rechazo con su voto a las políticas del gobierno que se traducen en una corrupción que llega hasta a las más altas esferas del poder, que campa a sus anchas con bastante impunidad, políticas permisivas con la inmigración ilegal y con el tráfico de personas, políticas impotentes para poner freno a la delincuencia sexual, a la proliferación de las manadas; políticas que propician el colapso de la justicia por falta de medios, la entrada y salida de los delincuentes de las comisarías,  el destino de millones de euros sin control para mantener a los inmigrantes ilegales, la imposición de una Agenda 2030 con consecuencias fatales para nuestra agricultura, nuestra industria e, incluso, nuestras libertades, etc. Son españoles que están hartos de la situación provocada por el Gobierno y no encuentran solución en las alternativas de los partidos clásicos, pero que han encontrado, pese al infame bloqueo informativo, a Alvise Pérez.

Algo ha empezado a cambiar y es hora de que nuestra sociedad despierte. Es hora de que nuestros dirigentes políticos tomen buena nota, de que no se recreen en la autocomplacencia y de que se pongan manos a la obra.

Fdo. Santiago de Munck Loyola

 

Mi voto protesta para las elecciones europeas.

Se supone que las campañas electorales sirven para que los partidos políticos que participan en unas elecciones transmitan a los votantes sus propuestas, para que presenten sus programas, sus compromisos para cumplir en el caso de que obtengan el respaldo suficiente de los electores. Se supone también que sirven para que los votantes puedan conocer mejor a los candidatos que participan en el proceso electoral. Bien es cierto que los compromisos y programas electorales ya no sirven de gran cosa. Han sido devaluados a la categoría de billetes falsos. No hay más que recordar las promesas en materia fiscal del PP en 2011 que desembocaron en la mayor presión fiscal de la historia (solo superada ahora por el PSOE) o las promesas más recientes de Pedro Sánchez de, primero, traer a Puigdemont a la cárcel y, después, de que nunca aprobaría una amnistía por inconstitucional. 

Hoy, un candidato puede tranquilamente prometer lo que le dé la gana porque conoce la falta de memoria de una gran parte del electorado. Las campañas electorales ya no sirven para cumplir con su principal objetivo. De una parte, porque el ambiente prelectoral es permanente y el ambiente político solo cambia por su intensidad y por la agudización de la polarización política. De otra, porque en estas campañas se habla de todo menos de lo que realmente se va a dilucidar en función del resultado. De hecho, en poco se nota ahora mismo que estamos en una campaña electoral para elegir a los miembros del Parlamento Europeo. Poco o nada nos han transmitido la inmensa mayoría de los candidatos sobre qué y para qué quieren representarnos en Europa. Poco o nada se ha dicho sobre la PAC y su reforma, sobre la homogeneización fiscal, sobre las políticas comunitarias en inmigración, sobre la posición europea, comunitaria, sobre conflictos tan relevantes como el de Ucrania u Oriente Medio, sobre la supuesta emergencia climática o sobre la infumable Agenda 2030.

Dado que no nos explican sus proyectos para Europa, nos han colado de lleno en una campaña nacional, en una votación casi plebiscitaria en la que se pretende aprobar o condenar al actual gobierno o, en su caso, a la oposición. La polarización a la que nos ha conducido Pedro Sánchez y sus satélites se traduce en la construcción de “un muro” para aislar a todos los que no sean de los suyos, entre los cuales me encuentro. Y así las cosas, lo más sensato para cualquiera que no crea en “los muros” es combatir a quienes los construyen lo que, traducido en términos electorales, es votar contra “los muros”, contra sus constructores. Deseo unos gobernantes que gobiernen para todos, no contra la mitad de la población, no solo para los suyos.

Durante la campaña solo he acudido a un pequeño acto electoral, al organizado por Alvise Pérez de “Se acabó la fiesta” en Alicante. Y me ha valido las críticas de algún conocido defensor de “los Muros”. Me preguntó ¿qué hacía una persona inteligente como yo (sic) en este acto? Me revienta que, desde su pretendida superioridad moral, algunas personas se vean en la obligación de decirte dónde debes ir y dónde no. En su arrogante actitud totalitaria se permiten el lujo de aleccionarte, por tu bien, de lo que debes o no escuchar. Y las cosas, para los que creemos en la libertad, no son así. Alvise Pérez es el único candidato al que he escuchado propuestas diferentes que parten de una profunda crítica a los peores vicios de la partitocracia. Lo inteligente es escuchar, comparar y analizar con espíritu crítico a todos. Si los defensores del “muro” lo practicasen quizás se harían un gran favor. Pero es pedir peras al olmo. Les basta con repetir las consignas sobre el fango, la ultraderecha y demás eslóganes para militantes sin capacidad de autocrítica. Es cierto que Alvise Pérez busca la inmunidad parlamentaria para poder seguir con su tarea de denuncia de la corrupción de políticos de todos los colores ¿Y qué? También la buscó Puigdemont y la consiguió y ahora los del “muro” prácticamente le adoran.

En todo caso, Alvise con sus cientos de miles de seguidores tiene asegurado su escaño en Europa. Por eso, en mi caso, voy a votar al Partido Popular. No porque me convenzan sus propuestas, lo voy a hacer porque, a pesar de sus tremendos errores en Baleares incumpliendo sus promesas en materia lingüística o subvencionando a entidades independentistas, es la opción que más puede doler a los defensores del “muro”. Voy a votar al Partido Popular porque es la opción con más capacidad para echar al actual gobierno, un gobierno al que la corrupción asfixia, un gobierno que atenta contra la independencia judicial y que amenaza las libertades, un gobierno que se ha constituido gracias al incumplimiento flagrante y desvergonzado de su compromiso electoral de no aprobar una amnistía para los golpistas y malversadores catalanes. Por una vez, voy a ejercer mi voto en forma de protesta sin otro objetivo que Pedro Sánchez, su mujer, su hermano y su cuadrilla de Koldos y Armengoles se vayan a su casa tras rendir cuentas ante la justicia.

Santiago de Munck Loyola