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viernes, 26 de octubre de 2018

El impuestazo al diésel y el timo fiscal.



Dice la Wikipedia que una mentira piadosa es la afirmación falsa proferida con intención benevolente. Puede tener como objetivo el tratar de hacer más digerible una verdad tratando de causar el menor daño posible. Y recuerda que Platón ya se refería a este tipo de mentira en la República. “En política, la mentira noble es asociada con la falsedad de los gobernantes destinada a preservar la armonía social”. Habría que objetar que en política ninguna mentira puede ser calificada de “noble”, por muy elevada que sea su finalidad, porque el político, en democracia, solo tiene un aval que sustente su legitimidad y ese aval es el valor de su palabra, su credibilidad.

Estamos comprobando estos días, con ocasión de la presentación a la opinión pública del proyecto de presupuestos para el año 2019 del gobierno del PSOE, que tanto los socialistas, como sus socios podemitas, han elevado la mal llamada “mentira noble” a la categoría de norma permanente de conducta. La cascada de afirmaciones y rectificaciones inmediatas, de cifras y correcciones posteriores es alucinante e impropia de un gobierno de un estado moderno.

A la hora de explicar el proyecto de presupuestos empezaron por contarnos la mentira global y envolvente: que no supondrían un aumento de la presión fiscal para quienes menos tienen, que sólo habría más impuestos para los ricos y las grandes empresas. Socialistas y podemitas desplegaron todos sus encantos dialécticos para cantar las supuestas bondades presupuestarias. Sin embargo, a medida que estas cuentas empezaron a ser analizadas con detenimiento en los medios de comunicación la cruda verdad empezó a hacerse evidente: todos vamos a pagar más impuestos, no solo los más ricos o las multinacionales.

Comenzaron vendiendo el paquete con un reclamo bonito: la subida del salario mínimo hasta los 900 euros. ¿Quién se atrevería a decir que no a esa propuesta? Pero claro, enseguida se supo que esa subida salarial que beneficiaría a unos 500.000 contratados conllevaba un incremento de las cotizaciones, en muchos casos inasumibles, a más de tres millones de autónomos. Pablo Iglesias salió en tromba en un primer momento para llamar mentirosos a quienes aseguraban tal subida. Y después ha rectificado, sin retractarse, afirmando que él no había pactado esa subida con el PSOE. Ahora sabemos, además, que el proyecto de presupuestos prevé que los asalariados paguen más de 1.000 millones de euros el año que viene con otra subida del 10 % de las cotizaciones a la seguridad social.

Ahora bien, donde se llevan la palma es en el impuestazo al diésel. Aquí el timo fiscal es de libro. Se trata de una gran mentira de principio a fin que envuelta en “la lucha contra el cambio climático”, la limpieza del aire de las ciudades y cuantos adornos ecologistas se quieran esgrimir no es nada más que un estacazo fiscal con un afán exclusivamente recaudatoria que van a pagar quienes menos tienen. Hoy los nuevos motores diésel no contaminan más que los de gasolina, emiten menos CO2 que éstos y cada vez dispersan menos partículas contaminantes. Nada más llegar al gobierno la nueva ministra anunció que los días del diésel estaban contados. Las consecuencias de aquel anuncio y de su plasmación en el proyecto de presupuestos socialpodemita ya son visibles con la pérdida de puestos de trabajo en el sector del automóvil. No cabe más irresponsabilidad. Si hace años los gobiernos animaban a los consumidores a adquirir vehículos diésel, ahora nos animan a lo contrario sin grandes explicaciones que lo justifique. Decir que este proyecto de presupuesto no va a suponer más carga fiscal para los que menos tienen se desmonta sólo con el impuestazo al diésel. No hace falta ser un lumbreras para percatarse que quienes se mueven o nos movemos con un diésel lo hacemos porque es más económico y porque no podemos adquirir otro tipo de vehículo. 

¿Y las justificaciones medioambientales? Pues que son otra gran mentira. En primer lugar porque si fueren ciertas no habría lugar a excepciones: el diésel contamina igual o más si en vez de un particular lo usa una máquina de tren que entra hasta el centro de las ciudades, la maquinaria agrícola, la de obras, los camiones, las furgonetas, los taxis o las calderas de calefacción. Y siendo así, el impuesto debería ser igual para todo usuario independientemente de la actividad en la que se use y no más alto sólo para los particulares que no pueden permitirse un cambio de vehículo. Y, en segundo lugar, porque según el proyecto publicado tan solo el 30% de lo que se recaude con el impuestazo al diésel se va a destinar a fines medioambientales. El 70 % restante irá a otros nuevos gastos entre los que sin duda se encuentran los más de 2.200 millones de euros prometidos a los independentistas catalanes a cambio de su voto.

Estas pinceladas sirven para evidenciar que la innoble mentira se ha instalado cómodamente en la política diaria. Pero cuando las mentiras son tan burdas, tan flagrantes y evidentes resulta difícil no pensar que estos dirigentes políticos nos toman por tontos, por descerebrados sin capacidad crítica dispuestos a tragarnos cualquier sandez parida en los gabinetes políticos de comunicación. Si no hay más remedio que volver a apretarse el cinturón porque estos señores han decidido recortarnos la cartera, que sea al menos con la verdad por delante. Seguro que dolerá menos.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 24 de octubre de 2018

Penalizar la apología del franquismo. ¿Y después?



El gobierno del PSOE ha anunciado ayer que pretende penalizar lo que llama "apología del franquismo" y vete a saber lo que querrá incluir bajo ese concepto. Dice el diccionario de la RAE que apología es un “discurso de palabra o por escrito, en defensa o alabanza de alguien o algo”. Es decir que lo que pretende el gobierno del PSOE, evidentemente con el apoyo de comunistas, populistas, republicanos independentistas, separatistas vascos, etc. es tipificar como delito cualquier discurso de palabra o por escrito, en defensa o alabanza del franquismo. Y, sinceramente, no hace falta ser franquista para repudiar esta pretensión totalitaria del PSOE y de sus compañeros de cama.

Esta pretensión tiene todo el aspecto de ser un intento de acabar con el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Ni más, ni menos. Y, una vez más, la izquierda deja entrever su auténtico talante en torno a las libertades básicas y a los derechos humanos. La doble vara de medir de esta izquierda y la consiguiente aplicación de la “ley del embudo” es permanente. Son maniqueos hasta la médula y hacen gala de una hipocresía sin límites. Desde la restauración de la democracia gracias al Rey designado por Franco, a los jóvenes políticos franquistas y a los políticos de izquierdas “colaboracionistas” (espero que no se tilde esta afirmación de apología del franquismo) se han venido repitiendo una y otra vez, en todas las instituciones del Estado, condenas políticas del franquismo. Pero no hemos escuchado nunca a ningún partido de izquierdas pedir perdón o condenar el golpe de estado que dieron en 1934 o los brutales asesinatos de civiles en la retaguardia por razón de su ideología o religión.

Se han empeñado en reescribir la historia, tal y como también hizo el franquismo. Es verdad que hacía falta un reconocimiento público a los españoles que murieron por defender sus creencias, a todos los ciudadanos que murieron en la guerra e injustamente fueron sometidos al olvido. Pero la malparida Ley sobre la Memoria Histórica no se sustentó sobre la reconciliación y la concordia para lograr justicia y reconocimiento para los olvidados, sino desde la revancha y el odio. Borrar el recuerdo del pasado para alcanzar el reconocimiento de los injustamente olvidados no es el mejor camino. La historia es la que es, los crímenes fueron compartidos y las víctimas fueron todas. En aquella España nadie o casi nadie combatieron por las libertades de los ciudadanos. Y constituye un verdadero sarcasmo escuchar una y otra vez que aquel PSOE o los comunistas lucharon por la libertad.

Hace pocos días el nazi Joaquín Torra, el presidente del Parlamento catalán, Rogelio Torrent y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, rindieron homenaje al expresidente de la Generalidad, Luis Companys, responsable del asesinato de cerca de 9.000 personas en Cataluña durante la guerra civil y condenado a muerte y fusilado en 1940. Y no pasa nada. Aquí se puede hacer apología y rendir homenajes a golpistas como Largo Caballero o Indalecio Prieto y a comunistas como Carrillo o la Pasionaria y no pasa absolutamente nada. Llevan décadas construyendo una nueva verdad oficial que venga a sustituir a la establecida por el régimen de Franco.

A nadie con un mínimo de objetividad se le escapa que si en estos últimos 40 años un gobernante de centro-derecha hubiese propuesto penalizar la apología del comunismo o del marxismo-leninismo las calles ya habrían ardido. Y sí, digo del comunismo, una ideología en cuyo nombre se han cometido los más atroces crímenes contra la humanidad: 20 millones de muertos en la Unión Soviética, 65 millones en la República Popular China, 1 millón en Vietnam, 2 millones en Corea del Norte, 2 millones en Camboya, 1 millón en los regímenes comunistas de Europa oriental, 150.000 en Latinoamérica, 1,7 millones en África, 1,5 millones en Afganistán, 10.000 muertes provocadas por «el movimiento comunista internacional y partidos comunistas no situados en el poder» y entre 38.000 y 85.000 en España (represión en la zona republicana durante la Guerra Civil Española).

Nótese que de acuerdo con la actual redacción del artículo 510 del código penal que quiere reformar el gobierno de Pedro Sánchez, que presentó una moción de censura para convocar elecciones y que o piensa convocar, ya está penalizado enaltecer los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, como lo está enaltecer a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias. 

Y, sin embargo, vemos cómo a diario se enaltece, se dedican calles, estatuas y se rinden homenajes a los autores de delitos contra las personas y contra grupos cometidos, por ejemplo, por razones ideológicas o religiosas. Es un ejercicio demagógico pretender concretar la penalización del enaltecimiento una determinada ideología o doctrina política.

Antes de proponer y abordar un reforma de este artículo del Código Penal no estaría de más que nuestros políticos repasasen y reflexionasen sobre el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” y el Artículo 20.1. de la Constitución de 1978: “Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”.

Es posible que detrás de esta pretensión y de tantas otras iniciativas “guerracivilistas” exista un objetivo simplemente estratégico, una finalidad electoral. El resultado de todo ello a corto plazo es una polarización social que puede ser rentable para algunos de forma inmediata. Pero deberían saber que esta estrategia es peligrosa, que es jugar con fuego y que reabrir viejas heridas puede ser terriblemente perjudicial.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 8 de agosto de 2018

Alejandro Morant.



Hace unos días, Alejandro Morant del Partido Popular, Vicepresidente de la Diputación de Alicante y Alcalde de Bussot escribió en su muro de Facebook: “En unos años nos arrepentiremos. Solución: eliminación de ayudas y privilegios, endurecimiento de las leyes, nacer aquí no te hace español, más autoridad a jueces y policías como en Estados Unidos, poner en marcha un  plan de deportaciones masivas y cerrar las fronteras. Esto no es inmigración es una invasión silenciosa que acabará con el mundo occidental convirtiéndolo al islam. Tiempo al tiempo”. Acto seguido, la izquierda política y mediática, los pancatalanistas del Botánico, junto con la dirección provincial sorayista del PP, capitaneada por el liberticida José Ciscar y los pasteleros de Ciudadanos, se le tiraron al cuello. Todos a una en patética competición de descalificaciones y gruesos tópicos: que si extrema derecha, que si racismo, que si xenofobia,… Y todo por opinar en una página personal de una red social sobre un grave problema que nos preocupa a todos los españoles y ante el que la clase política no ofrece soluciones creíbles. No, Alejandro Morant, no ha opinado en nombre del Partido Popular, ni lo ha hecho en nombre de sus vecinos de Bussot, ni en el nombre de la Diputación de Alicante.

Pero no importa. Aquí todo vale si no te sometes al dictado de lo políticamente correcto, al dictado de la hipocresía política y de la ausencia de principios claros. Y lo verdaderamente llamativo es que la opinión expresada por Alejandro Morant haya servido a la cúpula provincial para incoarle un expediente disciplinario. Es evidente que esta opinión particular no es la postura oficial del Partido Popular sobre la inmigración porque, lo cierto, es que nadie sabe a ciencia cierta cuál es. Ésa es principalmente una de las causas de la desafección de tantos millones de votantes del PP: su permanente indefinición en asuntos capitales como las autonomías, la cuestión catalana, la inmigración o el derecho a la vida. Pero volviendo al asunto, incoar un expediente disciplinario a un militante del PP por expresar opiniones personales significa una vuelta a las peores tácticas caciquiles del Presidente provincial, Sr. Ciscar, acostumbrado desde hace años a expulsar del partido a todo aquel que se atreviese a opinar públicamente en contra del criterio “oficial”. Hace 5 años sin ir más lejos el Sr. Ciscar expulsaba sin ninguna garantía jurídica y ante el cómplice silencio de la mayoría de afiliados  a los militantes que pedían públicamente la regeneración del partido o denunciaban casos de corrupción. Ahora expedienta a Alejandro Morant. ¿Por qué? ¿Por decir lo que mucha gente piensa? ¿Por agradar a la patulea pancatalanista? ¿Para saldar cuentas por la derrota de los sorayistas entre los que él mismo se encuentra? Lo único que ha conseguido, hasta el momento, es echar más leña al fuego.

Alejandro Morant es un hombre de principios, que dice las cosas claras y cuyas opiniones pueden ser o no compartidas, pero que, en todo caso, merecen en caso de discrepancia un debate sosegado y constructivo, no un linchamiento público.

Los políticos están para liderar a la sociedad, no para acariciarle los oídos en pos de un voto. Deben expresar claramente sus posiciones y ofrecer soluciones a los problemas por muy complicados y sensibles que sean. Pero, ante todo, se deben a los ciudadanos españoles, al interés general, no al de una sociedad más o menos amplia sin perfiles concretos, sino al interés de la sociedad española, al conjunto de hombre y mujeres, titulares de derechos y obligaciones y depositarios de un legado cultural e histórico secular, que con su esfuerzo diario nos permiten a todos sostener al Estado y a los políticos.

Defender los intereses de la sociedad española implica necesariamente abordar el problema de la inmigración desde la perspectiva de los que es mejor para los españoles. Y éso no es ni racismo, ni xenofobia, es lealtad con el pueblo soberano y es, visto lo visto, puro sentido común. España no puede acoger a todo aquel que quiera venir aquí porque nuestros recursos son más que limitados. España no puede confundir a los inmigrantes con los refugiados porque la diferenciación entre unos y otros está bien delimitada por el derecho internacional. España tiene que regular el problema de la inmigración en el ámbito de una política común de la Unión Europea siempre que ésta no sea incompatible con los intereses generales y siempre que nuestra identidad cultural no sea puesta en peligro. Los ciudadanos necesitamos pronunciamientos claros y propuestas concretas sobre la base de datos reales y contrastados, no sobre simples eslóganes y demagogias hace tiempo obsoletas.

Santiago de Munck Loyola

sábado, 14 de julio de 2018

LA FISCALÍA CITÓ A DECLARAR COMO INVESTIGADO AL SECRETARIO ACCIDENTAL DE MONFORTE DEL CID JOSÉ FERNANDO MULLOR ORTIZ.


COMUNICADO.

Noticia publicada por el Diario Información. Mayo 2018.

"El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha condenado a una promotora a devolver 400.000 euros al Ayuntamiento de Hondón de las Nieves por un largo litigio basado en la no tramitación de un Proyecto de Actuación Integrada (PAI) en el término municipal. 


El promotor pretendía responsabilizar al Consistorio del retraso en la tramitación del expediente y reclamaba 340.000 euros en concepto de gastos. “Sin embargo ahora el fiscal ha visto indicios de un supuesto delito en el responsable de la promotora, en connivencia con el anterior secretario municipal (José Fernando Mullor Ortiz) y en relación al anterior PGOU que fue rechazado, y ha citado a ambos en el juzgado de Novelda”, según ha explicado el concejal de Urbanismo, el socialista Victurià Gonzálvez".
La Alcaldesa junto al Sr. José Fernando Mullor Ortiz.


El PAR de Monforte del Cid seguirá publicando próximamente más información sobre este asunto.