Esperanza Ciudadana solicita por segunda vez a la Generalidad Valenciana la declaración de Bien de Interés Cultural para la Romería de la Santa faz.

NOTA DE PRENSA.

21-4-2017.

Hace ya casi dos años, el Presidente del Partido Esperanza Ciudadana, Santiago de Munck Loyola,  presentó por registro ante la Generalidad Valenciana una solicitud para incoar el expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural a la Romería de la Santa Faz. Hasta el día de hoy, la Generalidad Valenciana no se ha dignado ni tan siquiera a contestar una iniciativa tan importante para la ciudad y Provincia de Alicante. Tal y como se señalaba en aquella solicitud “esta extraordinaria expresión cultural y religiosa alicantina merece la protección de la Generalidad Valenciana a través de su declaración como Bien de Interés Cultural inmaterial” y se recordaba que esta solicitud ya había sido formulada en el año 2002 por el Pleno del Ayuntamiento alicantino.

Ante el evidente desprecio hacia los alicantinos que implica la falta de respuesta del gobierno autonómico y ante la supervivencia de la necesidad de proteger y promover esta expresión cultural y religiosa netamente alicantina, el Partido Esperanza Ciudadana ha vuelto a presentar hoy una nueva solicitud para que sea incoado este expediente y finalmente la Romería de la Santa Faz reciba el tratamiento y la protección que se merece.

La pestilente lluvia fina.

Hace ahora 20 años que el entonces Presidente del Gobierno José María Aznar usaba el símil de la “lluvia fina” para defender el balance de su primer año de gobierno. La teoría de Aznar era que gestionar bien acaba calando en la sociedad y, a pesar de las encuestas por entonces adversas, lo cierto es que parece que la “”luvia fina” terminó calando y en el año 2000 logró la primera mayoría absoluta del centro derecha.


Mucho ha cambiado el panorama político desde entonces y lo cierto es que desde hace una década la “lluvia fina” de la corrupción ha ido calando entre los votantes hasta el punto de situarla en un lugar preeminente entre sus preocupaciones. Es indudable que los casos de corrupción afectan a todos los partidos como lo es también el hecho de que poderosos medios de comunicación solo resaltan los que afectan al Partido Popular, pero ello no puede servir de excusa para eludir las propias responsabilidades, para hacer una profunda autocrítica y poner todos los medios posibles para sanear una estructura partidista absolutamente carcomida.

Es cuando menos llamativo que, si uno se fija en la evolución ideológica del Partido Popular, existe una curiosa proporción: a menos definición ideológica más corrupción. Recuerdo perfectamente un acto con Rodolfo Martín Villa en Rivas. Decía “tenemos que construir un gran partido y por ello hemos de abrir las puertas. No debemos preguntar a los se incorporan de dónde vienen, sino a dónde quieren ir”. Muy bonito y generoso, pero poco realista porque, al final, resultaba que tampoco importaba el destino de los nuevos, lo que importaba es ser más, crecer. Y ese crecimiento rápido produjo un progresivo desarme ideológico y un abandono paulatino de los principios. El eclecticismo ideológico vino acompañado de la relajación ética. Y los resultados están más que a la vista. Los militantes fueron perdiendo peso y desde arriba se prefirió conformar cuadros y candidatos por cooptación que durante años han nutrido los cargos públicos.


En partido en el que los candidatos no son propuestos por las bases y que después de elegidos no existen mecanismos de control por las mismas es evidente que cuando salen ranas la responsabilidad de su designación recae en los superiores que los auparon al puesto y que a ello hay que añadir, cuando menos, otra responsabilidad por negligencia “in vigilando”. No puede ser casualidad la existencia de tanto batracio en cargos públicos, algo ha venido fallando y seguirá fallando, porque pocas medidas se han articulado para evitarlo. Y lo cierto es que las ranas se sienten a gusto y se multiplican con facilidad en ambientes húmedos, con la lluvia fina y persistente.


Quizás lo más doloroso de esta situación sea la profunda vergüenza, asco y decepción que deben sentir los militantes populares y los millones de votantes que cada día que se asoman a los medios de comunicación se mojan con una nueva dosis de fina y pestilente lluvia.

Durante los últimos años el Partido Popular ha optado por el pragmatismo ideológico y el eclecticismo ético con unas consecuencias desastrosas, no sólo para su supervivencia política sino para el conjunto de los españoles. Desaprovechó su mayoría absoluta para realizar profundas reformas, no económicas, sino políticas y desaprovechó su último congreso para asumir sus errores, para aprobar mecanismos que democratizaran profundamente su estructura y para cerrar el paso de forma tajante a cualquier atisbo de corrupción. Pero era lógico ¿cómo se iba a pedir a quienes por acción u omisión eran responsables de la actual situación que dieran un paso atrás y saldasen así su deuda con los militantes y votantes? Un pequeño lavado de cara y punto, no hubo más.


De aquellos polvos vienen estos lodos. El crecimiento de fuerzas populistas que ponen en peligro la estabilidad constitucional no es casual. Son un auténtico peligro para las libertades y tampoco son trigo limpio, pero ahí están, al acecho. Pero el miedo que generan es el contrapeso para que el Partido Popular se sostenga como mal menor, como la cesta del voto del miedo. Triste consuelo.


Mucho hay que cambiar y rápido. Todo parece señalar que de seguir así las cosas la lluvia fina de la corrupción terminará calando hasta en el votante más acérrimo y leal. Puede que el Sr. Rajoy se lo pueda permitir, pero España no.

Santiago de Munck Loyola

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El atraco eléctrico.

Parece ser que hay dos verdades incuestionables respecto al recibo de la luz: que es uno de los más caros de Europa y que prácticamente la mitad de los consumidores no entiende la factura eléctrica. Puede que no entender la factura de la luz no sea en el fondo tan malo como parece. Dicen que ojos que no ven corazón que no siente. Y permanecer en la ignorancia de lo que en el fondo estamos pagando con cada factura de la luz puede ayudarnos a no enfurecer con lo que a todas luces es un auténtico atraco al consumidor.

Voy a poner un ejemplo que me afecta. Se trata de las facturas de una vivienda en la que no se ha consumido electricidad durante el último año por estar cerrada. La lógica y el sentido común apuntarían a que uno tendría que pagar sólo el consumo habido y el alquiler del equipo (supongo que el contador). Si el consumo ha sido 0 y el alquiler asciende a 1,34 € por mes estaríamos hablando de una facturación anual de 16,08 + IVA. Pues no, aquí ni la lógica ni el sentido común funcionan. La facturación de esta vivienda con un consumo de 0 KWh  asciende en el último año a 348,24 euros. ¿Es posible? Pues sí, todo por obra y gracia de estos políticos  cuya mayor aspiración parece ser sentarse en el consejo de administración de una compañía eléctrica al acabar su mandato.

Nada que objetar a las explicaciones contenidas en las facturas, pero una cosa es que los conceptos de facturación estén bien explicados y otra muy distinta es que sean comprensibles. Veamos. El mayor bloque de facturación que asciende a 245,88 euros al año se denomina costes regulados y comprende tres conceptos distintos:
Los incentivos a energías renovables, cogeneración y residuos...92,52 €/año.
Costes de redes de transporte y distribución…94,20 €/año.
Otros costes regulados (incluida la anualidad del déficit)…59,16 €/año.

Los incentivos a la producción de electricidad a partir de renovables, cogeneración y residuos ascendieron al cierre del año a 6.587 millones de euros que pagamos los consumidores en nuestra factura. Producir energía es un negocio reservado, sobre todo, a grandes empresas. Papá Estado decidió que había que incentivar la producción de energía eléctrica con sistemas medioambientalmente sostenibles y hasta ahí perfecto. Lo que ya no parece tan perfecto es que esos incentivos los tengamos que pagar los sufridos consumidores, consumamos o no energía. ¿Por qué tenemos que subvencionar usted y yo a Endesa, Iberdrola, Gas Natural, E-on, etc.? ¿No ganan suficiente? ¿No sería más claro y limpio que los incentivos los promueva el Estado directamente con la política fiscal? Y ¿por qué hay que subvencionar la producción de energías renovables y no, por ejemplo, la producción de la agricultura ecológica?

El segundo concepto incluido en los costes regulados son los costes de redes de transporte y distribución. La red de transporte que traslada la electricidad desde donde se genera hasta los puntos de consumo pertenece mayoritariamente a Red Eléctrica de España, empresa con un 20% de capital del Estado. La red de distribución suministra la electricidad hasta los  contadores de los hogares, comercios o industrias. Las grandes empresas eléctricas son las propietarias de casi toda la red de distribución. ¿No sería más claro y limpio incluir estos costes en el precio del Kilovatio que contratamos? Cuando adquirimos cualquier otro producto tiene un precio final al que solo se añade el IVA, no nos cobran a parte el coste de su transporte. Pero es que, además, ¿Por qué alguien que no consume energía debe pagar los costes de redes de transporte y distribución? ¿De qué transporte y distribución estamos hablando cuando el consumo es 0? ¿De la nada? No, nos dirán es que usted paga por la posibilidad de consumir usando esas redes aunque no lo haya hecho. Es como si a cualquier ciudadano le cobrasen el impuesto sobre circulación de vehículos aunque no tenga uno. ¡Haberlo tenido!

Y el tercer gran concepto, otros costes regulados, es el cajón de sastre donde cabe todo, entre otras cosas, los pagos por anualidades del déficit de actividades reguladas, la retribución específica para sistemas no peninsulares (para compensar el sobrecoste que supone generar electricidad en las Islas Baleares, Canarias y Ceuta y Melilla),  los costes de pagos por capacidad (se retribuye que estén disponibles algunas centrales), la moratoria nuclear y la tasa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

El segundo bloque de facturación corresponde al coste de producción de electricidad y el margen de comercialización que en este caso 25,80 euros al año. Pero, vamos a ver, si no he consumido electricidad ¿por qué tengo que pagar el coste de producir la energía que no consumo? Cuando uno paga un café en el bar ¿tiene que pagar un suplemento por el coste de producción de los cafés que no se ha tomado? Absurdo.

Y el tercer bloque de la factura corresponde al IVA. En este caso de consumo cero el IVA asciende a 60,48 euros al año. Y el colmo es que se tenga que pagar el IVA sobre peajes y tasas lo que constituye una clara fiscalidad doble, tributar sobre lo tributado simultáneamente.

En resumidas cuentas, las facturas de una vivienda sin consumo eléctrico se componen en un 96% de impuestos, tasas y peajes. Los consumidores nos vemos obligados a contratar un bien esencial como la electricidad en un oligopolio del que el Estado se beneficia y beneficia a las grandes empresas. Todo vale con tal de sostener un sistema tremendamente injusto y todo se envuelve en una complejidad destinada a esquilmar al consumidor. En muchos casos se traslada al mercado y al consumidor los costes de decisiones políticas o económicas cuya plasmación y desarrollo debería hacerse a través de la política fiscal y de los presupuestos generales del Estado. La electricidad es un bien esencial. Las compañías eléctricas son empresas fabricantes cuyo éxito no debe depender de la intervención estatal, sino del libre juego de la oferta y la demanda en un mercado libre, no intervenido y francamente oscuro. Si esto no es un atraco que venga Dios y lo vea.

Santiago de Munck Loyola

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IU y PSOE DE MONFORTE DEL CID AVALAN EL TRANSFUGUISMO.

Los hechos.

Martes 4-4-2017. Diario Información:

Ciudadanos expulsa a sus dos concejales de Monforte por gobernar con EU y PSOE. María Teresa de las Nieves y José Carlos Martínez tienen hasta el viernes para recurrir la decisión de la dirección nacional del partido. “…En todo caso, si finalmente no prospera el recurso que tienen previsto enviar al Comité de Garantías de C’s antes del viernes, ninguno de los dos concejales tiene intención de renunciar a sus actas. No descartan en convertirse en concejales no adscritos y seguir en el Ayuntamiento”.

Miércoles 5-4-2017. Diario Información:

EU y PSOE mantendrán en el gobierno a los dos ediles de Cs aunque sean expulsados. La alcaldesa María Dolores Berenguer elogia la gestión de ambos y les muestra su apoyo tras criticar la decisión adoptada por el partido de Rivera. María Dolores Berenguer, de EU, como el primer teniente alcalde Vicente García, del PSOE, han querido mostrarles públicamente su apoyo sea cual sea la decisión que adopte Ciudadanos. 

Es decir, los mantendrán en el ejecutivo local si finalmente son expulsados y deciden mantener sus actas de concejal en el grupo (POR CIERTO, ES ILEGAL QUE LOS NO ADSCRITOS SE CONSTITUYEN EN GRUPO MUNICIPAL) de No Adscritos. Algo que, en principio, es lo que han anunciado que piensan hacer.

Definición:

“ACUERDO SOBRE UN CÓDIGO DE CONDUCTA POLÍTICA EN RELACIÓN CON EL TRANSFUGUISMO EN LAS CORPORACIONES LOCALES”.

ACUERDOS.

Primero.- A los efectos del presente Acuerdo, se entiende por tránsfugas a los representantes locales que, traicionando a sus compañeros de lista y/o de grupo -manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los presentó en las correspondientes elecciones locales-, o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, o habiendo sido expulsados de éstas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local, o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad.

Medidas a adoptar según el pacto firmado por PSOE e IU.

Tercero.- En consecuencia, los concejales tránsfugas no adscritos:

a) no podrán ejercer los derechos atribuidos por la regulación aplicable a los grupos políticos en el desarrollo de las sesiones plenarias, sin perjuicio de los derechos que constitucionalmente le corresponden como concejal.

b) no podrán mejorar su situación anterior al abandono del grupo municipal de origen en cuanto a su participación en las Comisiones, de tal manera que un nuevo reparto proporcional en la composición de las Comisiones ni puede perjudicar al grupo político que sufrió su disminución de efectivos por razón de transfuguismo, ni beneficiar al concejal no adscrito más de lo que suponía su situación anterior.

No existe, pues, un derecho del concejal no adscrito a participar en todas las Comisiones plenarias, y el grupo municipal que sufre merma por la acción del tránsfuga no deberá ver reducida su participación en las mismas, sin que, como en el apartado anterior, implique vulneración alguna de los derechos individuales del concejal.

c) no podrán participar en la Junta de Portavoces, pues la referida Junta sólo puede ser constituida por los portavoces de los grupos políticos municipales.

d) En cuanto a las asignaciones, medios económicos y materiales que se conceden a los grupos políticos, en modo alguno son reconocibles en favor del concejal no adscrito; toda asignación por concepto de grupo político no es aplicable bajo ningún concepto al concejal tránsfuga no adscrito, ni en su importe fijo, ni en su componente variable por razón del número de concejales.

Asimismo, el grupo político perjudicado o disminuido en su composición no deberá sufrir merma institucional alguna en los medios y asignaciones que como tal grupo le correspondiesen con anterioridad. Por tanto, no se asignará al concejal no adscrito otras ventajas económicas y materiales por el hecho de tener tal condición. La condición de concejal no adscrito no es equiparable en ningún caso al grupo político por cuanto comporta una violación de la Ley reguladora de las bases del régimen Local.

Igualmente, los Partidos Políticos se comprometen a no aceptar en sus equipos de Gobierno municipal a miembros de la Corporación que se hayan convertido en tránsfugas con respecto a sus grupos de procedencia, y rechazan la posibilidad de que por parte del Alcalde se efectúe cualquier nombramiento político que implique atribuciones de gobierno o delegación genérica o especial de las mismas, con los consiguientes derechos políticos y económicos, en favor de los tránsfugas.

Finalmente, se comprometen a no nombrar a los concejales tránsfugas representantes del Ayuntamiento en Entidades Empresariales o Financieras, Fundaciones, Cajas y demás Entidades de las que el Ayuntamiento forme parte.

Cuarto.- Suscrito este Acuerdo, los supuestos de incumplimiento o desobediencia por alguno de los grupos locales integrantes de los partidos firmantes, habrán de ser explícitamente rechazados. Para ello los partidos políticos firmantes asumen la obligación de, mediante la aplicación de sus propios Estatutos, incoar los correspondientes expedientes disciplinarios y expulsar de la organización al concejal tránsfuga, o a aquéllos que violenten el citado compromiso instrumentalizando o apoyándose, en su provecho, en los concejales tránsfugas.

A la vista de lo anterior, algunos podrán desarrollar toda clase de juegos florales y dialécticos para justificarse, pero la realidad es tozuda: todo parece indicar que se ciernen negros y sucios nubarrones sobre el horizonte de la ética política en Monforte del Cid.

Santiago de Munck Loyola

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Gobierno y oposición tiran con pólvora del rey.

Tras asistir la semana pasada a uno de los espectáculos parlamentarios más bochornosos de los últimos tiempos, la no convalidación en el pleno del Congreso del real decreto ley que regula la liberalización de los estibadores  que había aprobado el consejo de ministros del 24 de febrero, hoy se han reanudado las conversaciones en la mesa de negociación entre sindicatos, patronal y Gobierno.

Y sí, lo de la semana pasada fue un espectáculo bochornoso por parte de todos los partidos. De una parte un Gobierno débil que lleva a convalidar al Congreso un decreto con dos años de retraso. Un decreto que debía y podía haber aprobado cuando gozaba de mayoría absoluta para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014 y que obligaba a España a liberalizar el sector portuario para acabar con una legislación que impide que las empresas estibadoras puedan contratar libremente a sus trabajadores, permitiendo, además, la entrada de estibadores de la Unión Europea en el mercado español.

De otra parte, una oposición que rechaza la convalidación de un decreto sin más objetivo que dar una patada al gobierno, pero en el trasero de todos los españoles. Lo que hicieron las llamadas fuerzas de progreso o del cambio fue, ni más ni menos, que apoyar a un monopolio laboral, a una casta privilegiada y bastante machista, por cierto, que se empeña en mantener unos privilegios económicos y sociales impensables para el resto de los trabajadores españoles. El rechazo al decreto supuso apostar por la continuidad de un sistema de contratación cerrado a la libertad de contratación y de circulación de trabajadores de la UE, así como apoyar la consiguiente falta de competitividad de nuestros puertos cuyos costes de carga y descarga son los más elevados de Europa. Y todo ello a costa del bolsillo del contribuyente. Y para guinda del pastel, la abstención de Ciudadanos que a pesar de haber comprometido con anterioridad su apoyo a la convalidación del decreto finalmente optó por no mojarse para evitar salpicarse en una derrota parlamentaria y, todo ello, a pesar de que seguramente este partido no comulga con actual sistema portuario.

Pero si bochornoso fue el espectáculo parlamentario con esa demostración plenaria de falta de patriotismo y de absoluto desprecio por el interés general, menos edificante es comprobar la ligereza con la que nuestros políticos manejan el dinero de todos los contribuyentes. A unos les importa muy poco que España deba pagar 134.000 euros diarios de multa por no liberalizar el sector de los estibadores portuarios y a otros parece que les importa también muy poco el agravio comparativo y el desprecio al contribuyente que conlleva realizar ofertas increíbles a la casta de los estibadores con tal de que no hagan huelga y paralicen los puertos españoles. Todos disparan con pólvora del rey. Y los demás a pagar.

Es moralmente inaceptable que el Gobierno, y con él la oposición, negocie y ofrezca a este colectivo auténticos privilegios absolutamente inalcanzables para el resto de los ciudadanos españoles:  Un plan de prejubilaciones voluntarias al para los trabajadores que tengan al menos 50 años de edad, que se retirarán con el 70% del sueldo medio que hayan percibido por todos los conceptos de retribución en los seis meses anteriores a su baja (hay que recordar que el sueldo medio en este colectivo supera los 65.000 euros anuales) o la garantía de mantenimiento del empleo del colectivo de 6.150 estibadores.

Que los estibadores luchen por el mantenimiento de su privilegiada situación es comprensible y lógico. Pero no lo es que nuestra clase política ofrezca mantener, en contra de la legislación europea, una situación de privilegio que no está al alcance del resto de los ciudadanos y que cargue su coste precisamente sobre ellos. Gobierno y oposición merecen un rotundo suspenso por su actuación irresponsable en la gestión de este conflicto.

Santiago de Munck Loyola

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