A lo largo de los años como Jefe de la Oposición tuve la oportunidad de constatar repetidas veces los pocos escrúpulos del Gobierno Local a la hora de administrar el dinero de los vecinos. Y a la vista de algunas noticias recientes sobre el otorgamiento de contratos a familiares directos está claro que IU y PSOE siguen fieles a sus hábitos y costumbres.
A la hora de gastar el dinero público ambas formaciones políticas no han dudado nunca en fomentar el clientelismo, adjudicando contratos a los que se identificasen ideológicamente afines, en forzar la Ley, fragmentando contratos para eludir la pública concurrencia, en practicar el oscurantismo, tardando más de un año en comunicar a la oposición las empresas adjudicatarias de los contratos o negándose a proporcionar la información en soporte informático, y en usar el dinero público para fines partidistas o para favorecer a amigos con contratos fraudulentos como el de la compra del proyecto del Centro Rivas Plaza en casi 50 millones de Pesetas.
En el año 2002, hicimos un estudio sobre contratos del 2000 que ascendían a un importe de 2.724.106.357 Ptas. De ese estudio salió, por ejemplo, que el Gobierno Municipal solo había llevado a la Mesa de contratación y al Pleno el 28,5 % del total incoado, que de las 1440 facturas analizadas, 580 carecían de expediente de contratación, que el procedimiento usado impedía conocer las empresas adjudicatarias hasta entre tres meses y año y medio después, que el Gobierno Municipal utilizaba el procedimiento de concurso urgente en el 42,6% del total adjudicado o que el 95,5% del total de contratos se realizaba por el procedimiento de contratos menores y de contratación negociada sin publicidad.
Pero es que, además, el Gobierno Municipal no tenía ningún escrúpulo en usar el dinero público para financiar actividades de partido pagando, por ejemplo, autobuses para ir a manifestaciones o para pagar el sueldo de un periodista que usaba su tiempo laboral en el Ayuntamiento en redactar escritos ofensivos para los representantes de la oposición y para un tercio de los propios vecinos.
Todo apunta a que el oscurantismo, la falta de escrúpulos y el clientelismo siguen vigentes en la hacienda pública ripense. Y no estaría de más que la oposición incremente su vigilancia para que esas sucias prácticas sean desterradas.
miércoles, 28 de julio de 2010
martes, 27 de julio de 2010
RIVAS. LA IZQUIERDA “TOLERANTE”.
Rivas-Vaciamadrid es un municipio sociológicamente escorado a la izquierda, bastante más que la media nacional. Quizás se deba a sus orígenes vinculados a las cooperativas de UGT y CCOO pero lo cierto es que el voto de la izquierda en el municipio no ha bajado nunca del 61 % en elecciones generales, ni del 66 % en convocatorias municipales. Por el contrario, el mejor resultado electoral del Partido Popular se produjo en las generales el año 2000 rebasando a penas el 36 % y en 1995 en las municipales logrando poco más del 30%. Este hecho refleja claramente la composición sociológica del municipio y se pone de manifiesto en multitud de facetas de la vida cotidiana. Los medios de comunicación local, las asociaciones empresariales, deportivas, la mayoría de las AMPAS, culturales, etc. están en manos de activistas de izquierdas, con la particularidad de que si se analiza la composición de los directivos del tejido asociativo se descubre toda una red de duplicidades y de vinculaciones partidistas.
Por ello, si en la actualidad la militancia en el Partido Popular es difícil en un contexto como éste, no hay que hacer mucho esfuerzo para imaginar como era hace diez o 20 años. Mucho peor. Baste señalar que el voto de la izquierda representaba hace 20 años el 80 % del total.
La tolerancia, el respeto a la diversidad y a la pluralidad no han sido nunca los puntos fuertes de la izquierda ripense en general. Hacer pública la militancia en el PP era muy comprometido para muchas personas. Recuerdo que pocos meses antes de ser proclamado candidato a la alcaldía por el PP en 1991 se me acercó un vecino y me preguntó si me iba a presentar de candidato. Le dije que no lo sabía aún y me respondió con mucha acritud “que sepas que si lo haces no pienso votarte”. Su actitud me sorprendió, vivía en mi calle dos puertas más adelante y nunca habíamos hablado de política. Pocas semanas después realizamos el primer buzoneo de propaganda del PP. A los pocos días apareció en mi buzón uno de los folletos en los que habían escrito “no recibo propaganda de fachas, hijos de puta y sinvergüenzas”. Sospechando que podía tratarse de mi vecino le dejé en su buzón un folleto del PP que ni se había repartido, ni se iba a repartir en Rivas. Al día siguiente estaba en mi buzón con otra colección de insultos. Estaba claro que no me había equivocado. El afiliado o el simpatizante del PP no quería, por regla general, que se supiese. Y si se trataba de un comerciante, menos aún. El miedo a ser señalado era tal que para completar la candidatura municipal de 1991 hubo que acudir a amigos y familiares pues la mayoría de los propios afiliados no querían aparecer en las papeletas.En las campañas electorales había que aguantar toda clase de insultos, desprecios, lanzamientos de globos con agua e, incluso, algún que otro “calvo” que alguna “señora” de izquierdas nos obsequió en Covibar. En la precampaña y campaña de 1995 las ruedas de mi coche fueron pinchadas en 6 ocasiones y en dos más rajaron las cuatro ruedas. En las municipales de 1999 los demócratas de izquierdas me rociaron el coche con un líquido corrosivo dejándolo listo para ser pintado de nuevo. Y desde el año 2000 ya no pude recibir correspondencia en mi domicilio porque alguien me habría las cartas y las volvía a meter en el buzón, por lo que a partir de entonces tenía que ir a recoger mi correspondencia en las oficinas de correos. Los carteles y pancartas del PP duraban menos que un razonamiento de Zapatero. Una noche, en 1999, nos encontramos al secretario de organización del PSOE, Fernando Carro, a las 12 de la noche arrancando los carteles del PP en una parada de autobús. Y le hicimos unas preciosas fotos inmortalizando su entrega a la democracia y a la tolerancia. Siendo esta la actitud de los adultos, no hay que hacer mucho esfuerzo para imaginar la de los niños y jóvenes, aunque cuesta asimilarlo. Todavía recuerdo con asombro cómo unos diez niños de entre 5 y 8 años, asomados a la valla del Colegio Público La Escuela gritaban “hijos de puta, hijos de puta” al paso de un vehiculo publicitario del PP en 2003, bajo la mirada complaciente de sus cuidadores o profesores.
A ello hay que añadir las agresiones a la sede del PP. Empezaron el mismo día de su inauguración cuando varias decenas de personas en Covibar trataron de reventar el acto de inauguración aunque, hay que decirlo, terminaron tomándose un vino y comiéndose el jamón que les ofrecimos. Más adelante la sede fue obsequiada con pedradas en 1996, el día de las generales, silicona en la cerradura en varias ocasiones, intento de quemar la puerta de acceso, excrementos en el buzón, etc. Un claro ejemplo del ambiente en el municipio fueron las pintadas aparecidas en algunas paradas de autobuses en Covibar cuando ETA asesinó a Gregorio Ordoñez, ponía “ETA, sigue matando cerdos”.
Del trato dispensado a la gente del PP durante la época de la guerra de Irak y de las traiciones de algún compañero, hoy concejal del PP, hablaré otro día por no extenderme más.
Aunque todo lo anterior son hechos ciertos, compartidos y sufridos por muchos compañeros, también es verdad que he hecho y aún mantengo buena amistad con muchas personas de izquierdas del municipio cuyas actitudes de respeto y tolerancia han sido siempre ejemplares.
Pero llama la atención el hecho de que las actitudes intolerantes, el sectarismo más rancio y el linchamiento político y moral del adversario siempre provenía de quienes se pasaban el día dando lecciones de democracia y siempre con la pasividad complaciente de los miembros del gobierno municipal que jamás condenaron ninguna agresión a las libertades públicas.
Fdo. Santiago de Munck Loyola.
domingo, 25 de julio de 2010
La incineradora y la hipocresía de IU.
A finales de los 80, el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Barranco (PSOE) con el apoyo de IU, acordó, a propuesta del concejal socialista Tinas, construir una incineradora en Valdemingómez a unos 5 Km. de Rivas-Vaciamadrid. Se trataba en realidad de una planta de tratamiento y separación de residuos sólidos urbanos en la que una vez seleccionados los materiales reciclables, se fabricaba compost con los residuos orgánicos y se incineraban los materiales no reutilizables para generar energía eléctrica. Sin embargo, el 1989 se produjo un cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid como consecuencia de una moción de censura y la alcaldía fue ocupada por el CDS con el apoyo del PP. En 1991, Álvarez del Manzano alcanzó la Alcaldía y Esperanza Aguirre fue nombrada concejala de medio ambiente.
Una vez desalojada del poder, la izquierda renegó de su propuesta y convirtió el proyecto de la incineradora en una propuesta maldita que había que suprimir a cualquier precio. La súbita conversión de la izquierda al ecologismo fue especialmente significativa en Rivas donde la bandera contra la incineradora se izó con especial virulencia. Durante años se desataron feroces campañas contra el proyecto, se bombardeó permanentemente a la población asustándola con toda clase de males que produciría la incineradora e identificando permanentemente al PP con la incineradora. La izquierda ripense no escatimó medios para trasladar el mensaje de que incineradora era igual a contaminación, cáncer, muerte y PP. Entre 1991 y 1995 se sucedieron los escritos, manifiestos y movilizaciones. El mensaje era No a la incineradora, No al PP. El Ayuntamiento, gobernado por IU y PSOE llegó a emplear fondos públicos para fletar autobuses para llevar a los niños según salían de clase (sin la autorización de sus padres, por supuesto) a manifestaciones en Madrid. En alarde de ausencia absoluta de ética y moral, en algún colegio se llegó a organizar representaciones teatrales para explicar los efectos perversos de la incineración: al escenario subían niños vestidos de negro que representaban a las dioxinas y los furanos y en el traje figuraban dos letras, PP. A la entrada del municipio se plantaron decenas de cruces blancas. Parecía un cementerio de guerra. Por cierto, una noche, varios afiliados del PP fuimos a las cruces y sobre cada una de ellas fuimos poniendo nombres: Roldán, Vera, Barrionuevo, Felipe González, Filesa, etc. A los pocos días las cruces desaparecieron.
Dada la situación permanente de crispación organicé una reunión entre Esperanza Aguirre y varios miembros de la Plataforma Anti Incineradora. En esa reunión, el Ayuntamiento de Madrid propuso:
1.- Que el Ayuntamiento de Rivas nombrara inspectores técnicos para vigilar permanentemente el funcionamiento de la planta con cargo al presupuesto de Madrid.
2.- Que la energía eléctrica que produjese la Planta fuera para Rivas, para los vecinos, rebajando sus recibos por consumo eléctrico.
3.- Que los puestos de trabajo que generase fueran para los vecinos de Rivas.
4.- Crear una barrera vegetal de varios kilómetros cuadrados entre la Planta y Rivas.
Todas las propuestas fueron rechazadas de plano. Eso sí, algunos familiares de dirigentes de IU terminaron trabajando misteriosamente en la Planta.
Era tal el clima de crispación y odio generado por la izquierda de Rivas que el día que se inauguró la primera sede del PP en la localidad varias decenas de vecinos trataron de impedir la inauguración, en un claro ejemplo de sus convicciones democráticas.
En medio de ese ambiente llegaron las elecciones municipales de 1995 y pese a todo lo anterior el Partido Popular pasó de 2 a 6 concejales, los mismos que IU, y se quedó a tan solo 89 votos de ser el partido más votado de la localidad.
Fausto Fernández fue elegido, con los únicos votos de sus concejales, Alcalde y decidió intentar prescindir de sus antiguos socios, el PSOE. A los pocos meses, llegó la primera prueba de fuego, la aprobación del presupuesto municipal para 1996. Fausto Fernández y su primo, Pepe Masa, actual Alcalde, negociaron conmigo, con el PP, esos presupuestos y para conseguir la abstención de PP pactaron una serie de enmiendas y aceptaron, sorprendentemente, la propuesta del PP de que el Ayuntamiento no incluyera en sus partidas ni un duro para financiar actividades contra la incineradora. Y esos presupuestos se aprobaron con 6 votos a favor (IU), 6 abstenciones (PP) y 5 votos en contra (PSOE).
Esa fue la más clara demostración sobre la sinceridad y convencimiento de los dirigentes de IU sobre la supuesta maldad de la incineradora. O no se creían lo que durante años habían venido diciendo sobre la incineradora o vendieron la salud de los ripenses por un plato de lentejas.
Santiago de Munck Loyola
CARTA ABIERTA A LA TRANSFUGA Dª MARTA IRAOLA, MADRE DE LEIRE PAJIN.
(CARTA REMITIDA AL DIARIO INFORMACIÓN).
Señora Iraola:
En los últimos días ha sido noticia su intención de abandonar la vida política tras las municipales del año que viene, lo que ha sido interpretado en algunos medios de comunicación como un movimiento para proteger a su hija, Dª Leire Pajín, fallida augur de acontecimientos planetarios. Como ciudadano de la provincia de Alicante me dirijo a usted para expresarle mi opinión sobre este asunto.
Usted ocupa ahora un puesto de responsabilidad en el gobierno municipal de Benidorm gracias a un caso de transfuguismo político y usted misma es ahora una tránsfuga política.
El concepto de democracia es inseparable de la idea del respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Si hay algo que une a un vulgar golpista bananero y a un tránsfuga es su más absoluto desprecio a la voluntad del pueblo. El primero pisotea la democracia, la voluntad del pueblo, mediante el empleo ilegítimo de la fuerza. El segundo, el tránsfuga, pisotea la democracia, la voluntad del pueblo, mediante el uso forzado de la Ley. El golpista obtiene el poder de forma ilegal e ilegítima. El tránsfuga lo hace de forma legal pero ilegítima.
Usted ha llegado al poder en Benidorm de forma legal, pero ilegítima. Lo ha hecho valiéndose de un tránsfuga y convirtiéndose igualmente en tránsfuga. Lo cierto es que los ciudadanos de Benidorm en 2007 decidieron en las urnas que gobernase el Partido Popular y que la oposición la conformase el PSOE. Esa fue y es la voluntad popular. Y usted, junto con sus compañeros de Grupo, decidió ignorar el mandato de las urnas y escupir sobre la esencia de la democracia. Usted, junto a sus compañeros, ha decidido secuestrar doblemente la voluntad ciudadana: de una parte, ha dejado a Benidorm sin el gobierno municipal que los ciudadanos decidieron y, por otra, ha dejado al PSOE sin grupo municipal, también en contra de lo que el pueblo soberano decidió. Y eso es sencillamente repugnante. No puede haber nada más bajo en política. Gracias a este totalitario ataque a las libertades públicas usted y sus compañeros ocupan de forma ilegítima un gobierno municipal y perciben sustanciosos sueldos pagados por aquellos a los que ustedes han secuestrado su voto. No hay, ni puede haber justificación alguna para atentar así contra la democracia. Y no nos cuente que detrás de todo hay un móvil generoso y altruista a favor del pueblo de Benidorm, porque es evidente que gratis no están ocupando sus sillones consistoriales. Y hoy, afortunadamente, la voluntad popular no necesita de salvadores iluminados.
Sus actos, señora Iraola, demuestran sin ningún género de dudas que sus convicciones democráticas son muy escasas o inexistentes. Y es de suponer, a la vista del silencio cómplice de su hija, que esas convicciones han debido ser compartidas en su ambiente familiar lo cual es muy preocupante para la salud democrática de nuestro país habida cuenta los relevantes, numerosos y bien retribuidos puestos que ocupa su hija. Hoy por hoy y con este escándalo mayúsculo sobre la mesa, causan risa y desprecio cada una de las declaraciones de su hija pontificando e impartiendo clases de ética a diestro y siniestro (más bien a diestro). ¡Qué desfachatez!
Por ello, si de verdad desea “protegerla” presente ya su dimisión, devuelva su acta de concejal a su legítimo propietario, el PSOE, devuelva a la hacienda municipal las retribuciones que de forma ilegítima ha percibido e intente convencer a sus conmilitones para que hagan lo mismo a fin de que la democracia vuelva a Benidorm y sea así respetada la voluntad popular.
Atentamente.
Santiago de Munck Loyola
DNI 3251224j
Señora Iraola:
En los últimos días ha sido noticia su intención de abandonar la vida política tras las municipales del año que viene, lo que ha sido interpretado en algunos medios de comunicación como un movimiento para proteger a su hija, Dª Leire Pajín, fallida augur de acontecimientos planetarios. Como ciudadano de la provincia de Alicante me dirijo a usted para expresarle mi opinión sobre este asunto.
Usted ocupa ahora un puesto de responsabilidad en el gobierno municipal de Benidorm gracias a un caso de transfuguismo político y usted misma es ahora una tránsfuga política.
El concepto de democracia es inseparable de la idea del respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Si hay algo que une a un vulgar golpista bananero y a un tránsfuga es su más absoluto desprecio a la voluntad del pueblo. El primero pisotea la democracia, la voluntad del pueblo, mediante el empleo ilegítimo de la fuerza. El segundo, el tránsfuga, pisotea la democracia, la voluntad del pueblo, mediante el uso forzado de la Ley. El golpista obtiene el poder de forma ilegal e ilegítima. El tránsfuga lo hace de forma legal pero ilegítima.
Usted ha llegado al poder en Benidorm de forma legal, pero ilegítima. Lo ha hecho valiéndose de un tránsfuga y convirtiéndose igualmente en tránsfuga. Lo cierto es que los ciudadanos de Benidorm en 2007 decidieron en las urnas que gobernase el Partido Popular y que la oposición la conformase el PSOE. Esa fue y es la voluntad popular. Y usted, junto con sus compañeros de Grupo, decidió ignorar el mandato de las urnas y escupir sobre la esencia de la democracia. Usted, junto a sus compañeros, ha decidido secuestrar doblemente la voluntad ciudadana: de una parte, ha dejado a Benidorm sin el gobierno municipal que los ciudadanos decidieron y, por otra, ha dejado al PSOE sin grupo municipal, también en contra de lo que el pueblo soberano decidió. Y eso es sencillamente repugnante. No puede haber nada más bajo en política. Gracias a este totalitario ataque a las libertades públicas usted y sus compañeros ocupan de forma ilegítima un gobierno municipal y perciben sustanciosos sueldos pagados por aquellos a los que ustedes han secuestrado su voto. No hay, ni puede haber justificación alguna para atentar así contra la democracia. Y no nos cuente que detrás de todo hay un móvil generoso y altruista a favor del pueblo de Benidorm, porque es evidente que gratis no están ocupando sus sillones consistoriales. Y hoy, afortunadamente, la voluntad popular no necesita de salvadores iluminados.
Sus actos, señora Iraola, demuestran sin ningún género de dudas que sus convicciones democráticas son muy escasas o inexistentes. Y es de suponer, a la vista del silencio cómplice de su hija, que esas convicciones han debido ser compartidas en su ambiente familiar lo cual es muy preocupante para la salud democrática de nuestro país habida cuenta los relevantes, numerosos y bien retribuidos puestos que ocupa su hija. Hoy por hoy y con este escándalo mayúsculo sobre la mesa, causan risa y desprecio cada una de las declaraciones de su hija pontificando e impartiendo clases de ética a diestro y siniestro (más bien a diestro). ¡Qué desfachatez!
Por ello, si de verdad desea “protegerla” presente ya su dimisión, devuelva su acta de concejal a su legítimo propietario, el PSOE, devuelva a la hacienda municipal las retribuciones que de forma ilegítima ha percibido e intente convencer a sus conmilitones para que hagan lo mismo a fin de que la democracia vuelva a Benidorm y sea así respetada la voluntad popular.
Atentamente.
Santiago de Munck Loyola
DNI 3251224j
martes, 6 de julio de 2010
CARTA AL DIRECTOR DE "EL MUNDO", PUBLICADA EL 6-7-2010.
Estimado Sr. Director:
En noviembre de 2002, fui designado candidato a la Alcaldía de Rivas-Vaciamadrid por el Partido Popular. En plena precampaña, El Mundo, en su suplemento madrileño M-2 de 17 de marzo de 2003, publicó el siguiente titular:
Denuncian por acoso al candidato del PP.
Rivas-Vaciamadrid. La ex concejala del Partido Popular Ana María Martín presenta hoy una querella criminal contra Santiago de Munck por un presunto delito de acoso moral e injurias graves.
El revuelo causado por este titular fue inmediato. Mucha gente, que no leyó la noticia completa, se quedó con la palabra acoso y la asoció automáticamente al acoso sexual. Con ello, mi nombre quedó en entredicho y mi vida familiar y profesional quedó seriamente afectada.
Lo cierto es que la querella había sido interpuesta por presuntos delitos de “injurias con publicidad y contra la integridad moral” contra el Partido Popular y contra su Presidente por la tránsfuga Ana Martín Bermúdez.
La querella tenía tan poco fundamento que fue archivada por auto de 31 de julio de 2003 (Diligencias Previas 544/03) del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Arganda del Rey.
Recurrido este auto por la querellante, el archivo fue confirmado por la Audiencia Provincial, Sección Decimoquinta, Rollo T-355/2003, auto de 18 de diciembre de 2003, que me fue notificado oficialmente el 22 de febrero de 2005.
Sin embargo al no recoger El Mundo el desenlace final de la primera noticia, lo que hoy en día aparece asociado a mi nombre en cualquier buscador de Internet es que fui “denunciado por acoso” con las consiguientes connotaciones peyorativas y no la realidad, es decir, que nunca existió tal cosa y que fui objeto de una falsa denuncia. Esta situación ha vuelto a ser aprovechada por algún desaprensivo para perjudicarme en mi nuevo ámbito profesional a pesar de los años transcurridos.
Agradeciéndole de antemano su atención y esperando que esta aclaración sirva para despejar cualquier duda, reciba un cordial saludo.
Fdo. Santiago de Munck Loyola
Ex-Portavoz del Partido Popular
de Rivas-Vaciamadrid.
A/a Sr. D. Pedro J. Ramírez. Director de El Mundo.
viernes, 2 de julio de 2010
EL “RIVAS CENTRO”, MONUMENTO A LA CORRUPCIÓN DE IZQUIERDA UNIDA.
Puede que algún lector se sorprenda por el título de este artículo, sobre todo si conoce el centro comercial Rivas Centro, situado en la llamada manzana institucional, y desconoce la historia de la gestación de este lugar. El edificio que hoy se levanta con este nombre tiene poco que ver con el proyecto que, en su día, compró el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid por la nada despreciable cifra de casi 300.000.- €. Es decir, que el Alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Fausto Fernández, y el concejal de Hacienda de entonces, su primo, Pepe Masa pagaron a la empresa de un amiguete casi 50 millones de Ptas. Por un proyecto que nunca se ejecutó. Todo ello, con la complicidad silenciosa de los medios locales de comunicación que conocieron el asunto a través de las denuncias de la oposición.
La historia de esta sucia historia es larga y es la siguiente:
1º.- En 1998, un grupo de comerciantes locales constituyó la sociedad Rivas – Plaza. Dicha sociedad tenía por objeto la promoción y comercialización de un Centro de Ocio y comercial sobre el solar municipal situado junto a la Tenencia de Alcaldía, como una alternativa para aminorar el impacto comercial que la apertura de una gran superficie como Continente estaba causando.
2º.- Dicho Grupo de Comerciantes locales organizó diversos actos con el fin de promocionar la propuesta y convencer a los Grupos Políticos de la bondad de la misma al objeto de que el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid procediese a la recalificación de dicho solar y después a su venta, tal y como se puede comprobar en las publicaciones de diversos medios de comunicación locales de dichas fechas. Así, en mayo de 1998 presentaron sus propuestas a los dirigentes municipales del Partido Popular.
3º.- En el año 2000, se celebró una reunión entre los promotores de Rivas – Plaza, el Alcalde D. Fausto Fernández y el Concejal de Hacienda y Coordinador de IU, D. José Masa con objeto de analizar las posibilidades de desarrollo de la referida manzana. Por parte de Rivas-Plaza estaban presentes entre otros D. Miguel Barragán y D. Francisco Díaz. En dicha reunión, las autoridades municipales manifestaron a los comerciantes, según es público por los testimonios de los mismos, que si querían tener posibilidades de ser adjudicatarios del suelo en el futuro, debían asociarse al proyecto empresarial de la sociedad Centro de Ocio Comercial La Plaza de Rivas SA. liderado por D. Alberto Landáburu, amigo, como es público y notorio, de D. José Masa y de D. Fausto Fernández.,
4º.- Pocas semanas después, se celebró un almuerzo en el Restaurante el Palacio del Negralejo entre el Alcalde de Rivas-Vaciamadrid, D. Fausto Fernández y los empresarios D. Jesús Ávila y D. Francisco Díaz. En dicho almuerzo, el Alcalde comunicó a los empresarios que si los comerciantes locales querían tener opción a suelo en el concurso debían ir de la mano de D. Alberto Landáburu. Del mismo modo, se celebró otro almuerzo en el mismo restaurante entre D. José Masa Díaz, Concejal de hacienda y Coordinador de IU y varios empresarios entre los que estaban D. José Ignacio Escudero y D. Rodrigo Hervas. En dicho almuerzo el primero indicó a los empresarios que D. Alberto Landáburu era su “hombre de confianza en el proyecto” y que los comerciantes locales debían asociarse a él para obtener suelo en un futuro concurso.
5º.- Poco después, los comerciantes de Rivas-Plaza, se asociaron a la entidad Centro de Ocio y Comercial la Plaza de Rivas, cuyo socio mayoritario e impulsor es D. Alberto Landáburu, pasando a ostentar el 10 % del capital de dicha sociedad. Los administradores de esta sociedad pasaron a ser los siguientes:
PRESIDENTE: DIAZ CASADO FRANCISCO
CONSEJERO DELEGADO: DEL CASTILLO DOMINGO JUAN MANUEL
CONSEJERO: BARRAGAN SANCHEZ MIGUEL ANGEL
CONSEJERO: PUERTA GONZALEZ ANTONIO
CONSEJERO: LANDABURU BUGLIOLO FERNANDO LUIS
6º.- El 27 de junio de 2000, el Pleno de la Corporación aprobó, con el voto negativo del Grupo Popular, el pliego de condiciones económico – administrativo que habrían de regir la enajenación de la Parcela de la Plaza de la Constitución, (B.O.C.A.M. de 7 de julio de 2000), para la construcción de un centro de Ocio y Comercial. Dicha aprobación fue objeto de cinco alegaciones presentadas el 12 de julio de 2000 por el Concejal Popular José María García Gómez.
7º.- El Pleno del Ayuntamiento de 25 de julio de 2000 acordó rechazar las alegaciones del Grupo Popular al referido pliego de condiciones.
8º.- El 16 de agosto de 2000, el concejal popular José María García Gómez solicitó al Gobierno Municipal que, a su vez, solicitase un dictamen sobre este asunto al Consejo Municipal Económico y Social al que el propio Gobierno Municipal había ignorado pese a las disposiciones legales sobre el mismo.
9º.- El 11 de octubre de 2000, se constituyó el tribunal evaluador de las ofertas del concurso para la enajenación del referido solar.
10º.- El Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de 11 de diciembre de 2000, acordó por unanimidad adjudicar el solar a la UTE. Centro Ocio Comercial La Plaza de Rivas SA y Corporación Inversora de Parques SL, otorgándole el improrrogable plazo de quince días naturales para el depósito de la fianza definitiva contados a partir del recibí de la notificación de la adjudicación. Esta adjudicación contó con la opinión desfavorable del Interventor Municipal, D. Vicente Rodrigo, que así lo manifestó en privado.
11º.- La entidad adjudicataria que había depositado como licitante una fianza provisional de 20 millones de Ptas. debía depositar la fianza definitiva por importe de 104.400.000 de Ptas. antes del 23 de enero de 2001.
12º.- La entidad adjudicataria dejó vencer el plazo correspondiente sin depositar la fianza definitiva y sin que el Gobierno Municipal le requiriese formalmente a ello, ni tomase decisión alguna oficial al respecto.
El 8 de febrero de 2001, se celebró Junta de Portavoces del ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. En la misma, el Portavoz Popular Santiago de Munck preguntó al Gobierno Municipal si el adjudicatario había depositado la fianza definitiva en el plazo legal. El Portavoz de IU y Concejal de Hacienda manifestó que no la habían depositado. A preguntas del Portavoz Popular, el Secretario Municipal manifestó que se trataba de un incumplimiento de “plazo fatal”.
13º.- El 15 de febrero de 2001, a las 11 de la mañana, se celebró la Comisión Informativa de Política Territorial y en ella el Gobierno Municipal manifestó su intención de, no obstante haberse producido un incumplimiento de plazo fatal para el depósito de la fianza definitiva, proceder a la prórroga ilegal de dicho plazo.
Terminada la Comisión, el Portavoz del Grupo Popular solicitó por escrito una certificación sobre el incumplimiento del plazo para el depósito de la fianza definitiva lo que motivó entonces que el Alcalde dictase un decreto urgente procediendo a anular la adjudicación a la empresa Centro de Ocio Comercial La Plaza de Rivas, SA.
14º.- El Pleno del Ayuntamiento de 19 de febrero acordó ratificar el decreto de alcaldía anulando la adjudicación referida.
15º.- El 26 de febrero de 2001, el Grupo Popular solicitó por escrito el acta literal de las reuniones de la Junta de Portavoces y de dicha Comisión Informativa sin que se le entregase nunca.
16º.- Con posterioridad, la Junta de Portavoces fue reunida a instancias del Alcalde. En ella, el Alcalde sugirió la posibilidad de que el Ayuntamiento comprase el proyecto arquitectónico de la empresa La Plaza de Rivas, que había resultado ganador, ya que su diseño había sido aprobado por todos los Grupos Municipales, imputando su coste y su obligatoria ejecución a quien resultase nuevo adjudicatario del solar. El Portavoz Popular, al igual que la Portavoz del Grupo Mixto, manifestó su conformidad con la compra siempre que el precio fuese razonable y estuviese avalada por todos los informes técnicos necesarios.
17º.- El 13 de junio de 2001, el Gobierno Municipal incoó el expediente nº 407/01, por importe de 52.994.368 Ptas. para la compra negociada y sin publicidad del proyecto. Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 29 de junio de 2001, se compró el proyecto a la empresa Centro de Ocio Comercial La Plaza de Rivas por un importe de 48.382.208 de Ptas. Para formalizar este acuerdo, la Comisión de Gobierno hubo de ser convocada dos veces ya que el Concejal socialista, D. José Montoya, se ausentó de la primera, alegando indisposición médica, al no estar de acuerdo con la referida compra.
18º.- El 1 de agosto de 2001, el Grupo Popular emitió nota de prensa expresando su disconformidad por lo desorbitado del precio abonado por el proyecto y solicitó el examen del expediente completo. El Portavoz Popular, Santiago de Munck fue autorizado a examinar dicho expediente el 21 de marzo de 2002, bajo vigilancia del Vicesecretario Municipal y con prohibición expresa de Alcaldía para hacer fotocopias del mismo. Del examen del expediente se extrajeron los siguientes datos:
Primero.- En el expediente se justifica el precio de compra sobre la base del valor de las facturas que la empresa Centro de Ocio Comercial La Plaza de Rivas SA ha abonado para la elaboración del proyecto arquitectónico. El expediente incluye 7 facturas presuntamente abonadas a sus propios proveedores por la empresa La Plaza de Rivas SA por un importe total de 34.244.400 Ptas.;
Segundo.- De las 7 facturas incluidas, dos por importes de 3.248.000 Ptas. son rechazadas por los servicios técnicos municipales por corresponder a asuntos carentes de interés para el Ayuntamiento, tales como el Presupuesto de obra o los estatutos de la Comunidad de propietarios;
Tercero.- Las 5 facturas restantes, las que sirven de justificación al precio pagado ascienden a 30.996.400 Ptas. siendo el precio total pagado por el proyecto de 48.382.208 Ptas. y no apareciendo en el expediente ninguna otra factura más;
Cuarto.- La factura correspondiente al anteproyecto arquitectónico corresponde a la empresa EMOSA y su importe es de 11.600.000 Ptas.;
Quinto.- De las 7 facturas presuntamente abonadas a sus proveedores por la empresa Centro de Ocio Comercial La Plaza de Rivas SA, seis corresponden a empresas vinculadas al representante de Centro de Ocio Comercial La Plaza de Rivas SA, Sr. D. Alberto Landáburu, (4 facturas de la empresa FEROLAND y 2 de la empresa ALBA FORO);
Sexto.- Del mismo modo que el Ayuntamiento rechaza, aparentemente, adquirir los estatutos de la Comunidad de propietarios o el presupuesto de obra por carecer de interés, parece que adquiere o paga al menos los estudios de mercado, la memoria o los estudios y análisis de viabilidad económica presuntamente abonados por la empresa Centro de Ocio Comercial La Plaza de Rivas SA a sus proveedores y que, evidentemente, carecen también de interés para este Ayuntamiento y para el actual adjudicatario que, como es lógico, realizará sus propios estudios y que sólo debe limitarse al desarrollo del proyecto arquitectónico asumido y comprado por la Corporación.
Según parece desprenderse de esta documentación, el Gobierno Municipal ha establecido el precio de compra en función de los gastos que la empresa Centro de Ocio Comercial La Plaza de Rivas SA había incurrido para poder presentarse al concurso y no en función del valor real del proyecto arquitectónico que era lo demandado por la Junta de Portavoces.
18º.- De todo lo anterior parece deducirse que la actuación del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid se vio fuertemente condicionada por las relaciones de amistad de los dirigentes de IU, especialmente la del coordinador de esta organización y concejal de hacienda, D. José Masa, con D. Alberto Landáburu. Consiguientemente, la hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid se ha visto perjudicada con la compra de un proyecto cuyo precio es a todas luces excesivo y que sólo puede ser explicado por la existencia de dichas relaciones de amistad.
Sólo la existencia de estas relaciones de amistad y su utilización en la esfera de la administración municipal pueden explicar:
a) Que los dirigentes de IU y cargos públicos del Ayuntamiento aconsejaran a los comerciantes de Rivas Plaza la necesidad de su asociación con el proyecto empresarial vinculado al Sr. Landáburu con el fin de poder obtener posibilidades de ser adjudicatarios en un futuro concurso.
b) Que el coordinador de IU y concejal de Hacienda dejase vencer el plazo definitivo para el depósito de la fianza definitiva de la adjudicación, 104.400.000 de ptas. sin emitir consciente y deliberadamente un solo documento oficial evidenciando el incumplimiento de las obligaciones del adjudicatario, ni resolver la adjudicación, ni promover acto administrativo alguno tendente a reponer a la administración municipal en sus derechos.
c) Que el Gobierno Municipal manifestase en la Comisión Informativa de Urbanismo su intención de proceder a una prórroga ilegal de un plazo que tenía la peculiaridad de ser “fatal” y que, por tanto, era improrrogable.
d) Que el Alcalde y el Concejal de Hacienda dejasen transcurrir de forma consciente y premeditada más de 22 días sin denunciar el incumplimiento del depósito de los 104.400.000 de Ptas. y que no procediesen a la anulación de la adjudicación hasta después del escrito solicitando certificaciones presentado por el Grupo Popular el día 15 de febrero de 2001.
e) Que la Comisión de Gobierno comprase por más de 48 millones de Ptas. un proyecto arquitectónico cuyo valor no excede (de acuerdo a los honorarios tipo aplicables al mismo) de los 12 millones de Ptas. al adjudicatario fallido, la UTE liderada por el Sr. Landáburu, y que para ello hayan admitido como costes de valoración facturas emitidas por las propias empresas vinculadas al Sr. Landáburu como presuntas proveedoras de la UTE adjudicataria. Que esta compra se realiza en grave perjuicio del ayuntamiento al adquirir a un precio excesivo elementos carentes de utilidad para el desarrollo del proyecto arquitectónico por parte de la nueva adjudicataria que ha de desarrollarlo.
Después de todo este sucio manejo y despilfarro del dinero de los contribuyentes, están los hechos para evidenciar lo más grave: el Centro Comercial que hoy en día se levanta en esa Manzana Institucional no es el proyecto arquitectónico comprado por casi 50 millones de Ptas.
Alguien sacó 50 millones de Ptas. de la caja municipal para comprarle a un amiguete un proyecto arquitectónico inútil. ¿Por qué no se ejecutó el proyecto comprado? ¿Abonó su coste, los casi 50 millones de Ptas. el nuevo adjudicatario del Centro? A que no lo hizo.
Esta es una parte de la realidad de Rivas-Vaciamadrid de los últimos años. Supongo que a poca gente le importa la verdad o no quiere ver la realidad, pero siempre me ha intrigado el vergonzoso y cómplice silencio de mucha gente de los medios de comunicación locales que parece honesta.
Santiago de Munck Loyola.
viernes, 18 de junio de 2010
LA BANCA SIEMPRE GANA.
A finales de 2008, el Gobierno decidió crear un fondo para ayudar a las entidades financieras por valor de 30.000 millones de euros ampliable hasta los 50.000 millones, con la particularidad de que los nombres de los bancos o cajas que acudieran al mismo permanecerían en el anonimato, al menos, durante un determinado tiempo. Es decir que, con cargo a los contribuyentes se decidió ayudar secretamente a los bancos cuya gran mayoría había obtenido en los tiempos de bonanza económica unos beneficios espectaculares repartidos entre sus accionistas.
Mientras tanto y según los datos últimos publicados por el Consejo General del Poder Judicial las ejecuciones hipotecarias se han disparado de forma espectacular en los últimos años. Los datos son los siguientes:
Año 2006: 17.622 ejecuciones hipotecarias.
Año 2007: 25.943 ejecuciones hipotecarias.
Año 2008: 58.686 ejecuciones hipotecarias.
Año 2009: 93.319 ejecuciones hipotecarias.
Queda claro que las subastas se han disparado desde que la crisis económica y financiera empezó. Y es el desempleo la causa fundamental y principal de los impagos hipotecarios. Además, conviene señalar, que cada expediente judicial puede tener más de un inmueble embargado ya que muchas hipotecas están concedidas globalmente por más de un inmueble, pero se tramitan judicialmente en un único expediente.
Lo que resulta evidente es que cada día 255 familias españolas pierden, al menos, su vivienda habitual y que en la mayoría de los casos son los bancos quienes se están quedando con la mayor parte de las viviendas, atesorando un stock de viviendas de difícil salida.
Pero es que, además, se da la circunstancia de que en muchos casos los propietarios que han perdido la vivienda resulta que aún siguen debiendo dinero a los bancos quienes, como nunca pierden, no utilizan las tasaciones que en su día usaron para conceder el préstamo, sino que hacen una nueva tasación siempre muy por debajo de la anterior. Así, por ejemplo si la tasación de la vivienda en el 2004 fue de 200.000.- €, la hipoteca concedida de 160.000.- € y el propietario adeuda al día de hoy 140.000.- €, el banco vuelve a tasar la vivienda por 130.000.- €, se queda con la casa y el ex propietario aún le debe 10.000.- € además de haber perdido la casa. Y todo ello con la Ley en la mano y, por supuesto con el beneplácito de Gobierno y oposición que no han legislado prácticamente nada para proteger a los ciudadanos.
¿Es tan difícil que la clase política se de cuenta del drama que supone para miles de familias perder la casa por no tener trabajo y, por tanto, una remuneración con la que hacer frente a los pagos hipotecarios? ¿Hay tanta distancia entre representantes y representados como para que los primeros sean insensibles ante la situación de los segundos?
La diferencia de tratamiento por parte de los políticos entre los problemas de la banca y los problemas de los ciudadanos es más que evidente. Le faltó tiempo al Gobierno para crear un fondo de ayuda a la banca a finales de 2008 y a la oposición para aplaudirlo, pero el problema de los contribuyentes, con cuyo dinero por cierto se creó ese fondo, que no pueden pagar su hipoteca por estar en el paro y que pierden su casa no ha encontrado una respuesta ni tan rápida, ni tan eficaz.
No debería ser muy difícil legislar sobre el tema y proteger circunstancialmente a los ciudadanos en estos tiempos tan difíciles. No debería ser muy difícil establecer medidas para, por una parte, impedir que los bancos ejecuten las hipotecas con nuevas tasaciones inferiores a las que sustentaron la concesión del préstamo en su día. Los bancos son sólo negocios, empresas en un mercado libre, y, por tanto, deben asumir los mismos riesgos que todo empresario. Unas veces se pierde, otras se gana. Y, si el bien ejecutado, vale ahora menos que cuando fue tasado inicialmente debe tocarles perder. Ni más, ni menos. Y, por otra, establecer moratorias y/o minoraciones en las amortizaciones hipotecarias en función de la situación de desempleo y de las percepciones que tenga el prestatario.
No es mucho pedir. Tan sólo que nuestros políticos tengan la misma sensibilidad con los contribuyentes de a pié que la que han tenido con los bancos. Al final, desgraciadamente, va a resultar que, como en EEUU, la diferencia entre socialistas y populares solo estriba en los segundos que tardan en doblar el espinazo para besar la mano de la Banca.
Santiago de Munck Loyola.
Mientras tanto y según los datos últimos publicados por el Consejo General del Poder Judicial las ejecuciones hipotecarias se han disparado de forma espectacular en los últimos años. Los datos son los siguientes:
Año 2006: 17.622 ejecuciones hipotecarias.
Año 2007: 25.943 ejecuciones hipotecarias.
Año 2008: 58.686 ejecuciones hipotecarias.
Año 2009: 93.319 ejecuciones hipotecarias.
Queda claro que las subastas se han disparado desde que la crisis económica y financiera empezó. Y es el desempleo la causa fundamental y principal de los impagos hipotecarios. Además, conviene señalar, que cada expediente judicial puede tener más de un inmueble embargado ya que muchas hipotecas están concedidas globalmente por más de un inmueble, pero se tramitan judicialmente en un único expediente.
Lo que resulta evidente es que cada día 255 familias españolas pierden, al menos, su vivienda habitual y que en la mayoría de los casos son los bancos quienes se están quedando con la mayor parte de las viviendas, atesorando un stock de viviendas de difícil salida.
Pero es que, además, se da la circunstancia de que en muchos casos los propietarios que han perdido la vivienda resulta que aún siguen debiendo dinero a los bancos quienes, como nunca pierden, no utilizan las tasaciones que en su día usaron para conceder el préstamo, sino que hacen una nueva tasación siempre muy por debajo de la anterior. Así, por ejemplo si la tasación de la vivienda en el 2004 fue de 200.000.- €, la hipoteca concedida de 160.000.- € y el propietario adeuda al día de hoy 140.000.- €, el banco vuelve a tasar la vivienda por 130.000.- €, se queda con la casa y el ex propietario aún le debe 10.000.- € además de haber perdido la casa. Y todo ello con la Ley en la mano y, por supuesto con el beneplácito de Gobierno y oposición que no han legislado prácticamente nada para proteger a los ciudadanos.
¿Es tan difícil que la clase política se de cuenta del drama que supone para miles de familias perder la casa por no tener trabajo y, por tanto, una remuneración con la que hacer frente a los pagos hipotecarios? ¿Hay tanta distancia entre representantes y representados como para que los primeros sean insensibles ante la situación de los segundos?
La diferencia de tratamiento por parte de los políticos entre los problemas de la banca y los problemas de los ciudadanos es más que evidente. Le faltó tiempo al Gobierno para crear un fondo de ayuda a la banca a finales de 2008 y a la oposición para aplaudirlo, pero el problema de los contribuyentes, con cuyo dinero por cierto se creó ese fondo, que no pueden pagar su hipoteca por estar en el paro y que pierden su casa no ha encontrado una respuesta ni tan rápida, ni tan eficaz.
No debería ser muy difícil legislar sobre el tema y proteger circunstancialmente a los ciudadanos en estos tiempos tan difíciles. No debería ser muy difícil establecer medidas para, por una parte, impedir que los bancos ejecuten las hipotecas con nuevas tasaciones inferiores a las que sustentaron la concesión del préstamo en su día. Los bancos son sólo negocios, empresas en un mercado libre, y, por tanto, deben asumir los mismos riesgos que todo empresario. Unas veces se pierde, otras se gana. Y, si el bien ejecutado, vale ahora menos que cuando fue tasado inicialmente debe tocarles perder. Ni más, ni menos. Y, por otra, establecer moratorias y/o minoraciones en las amortizaciones hipotecarias en función de la situación de desempleo y de las percepciones que tenga el prestatario.
No es mucho pedir. Tan sólo que nuestros políticos tengan la misma sensibilidad con los contribuyentes de a pié que la que han tenido con los bancos. Al final, desgraciadamente, va a resultar que, como en EEUU, la diferencia entre socialistas y populares solo estriba en los segundos que tardan en doblar el espinazo para besar la mano de la Banca.
Santiago de Munck Loyola.
jueves, 17 de junio de 2010
AYUNTAMIENTOS: DEUDA Y FINANCIACIÓN.
Una de las consecuencias lógicas del progreso y bienestar en nuestra sociedad ha sido el progresivo aumento de las competencias y servicios que prestan los Ayuntamientos, las administraciones más cercanas a los ciudadanos. Y no se trata tan sólo de un aumento cuantitativo de los servicios que se prestan, sino también de un aumento cualitativo de los mismos. Los ciudadanos, en su condición de vecinos, exigen a sus ayuntamientos unos niveles cada vez mayores de calidad en cuanto a los equipamientos públicos y las prestaciones municipales. Por otra parte, en no pocas ocasiones el incremento de las prestaciones viene impuesto por imperativo legal, por el desarrollo de leyes de carácter estatal o autonómico.
Este incremento de prestaciones públicas municipales no ha venido acompañado por una reforma legislativa que garantice la necesaria financiación de las mismas. El modelo de financiación municipal hace años que se ha quedado obsoleto y sigue siendo una de las asignaturas pendientes de nuestro esquema institucional que ningún Gobierno ha conseguido, hasta ahora, aprobar.
El aumento de los gastos municipales ha venido siendo financiado por parte de las Corporaciones Locales fundamentalmente a través de dos vías: el urbanismo y la deuda. Estas dos vías han permitido durante los años de bonanza económica ampliar los servicios municipales y consolidar unas prestaciones en muchos casos de un alto nivel de calidad. Sin embargo, la financiación a través de ingresos vinculados al urbanismo ha provocado dos grandes problemas sociales. De una parte, una espiral inflacionista en torno al suelo y, consecuentemente, en torno a la vivienda. De otra, un incremento de los casos de corrupción cuya causa principal puede encontrarse en los altos niveles de arbitrariedad y subjetividad en los procesos recalificatorios de suelo. Es más que evidente que las continuas y, en ocasiones, frustradas reformas sobre la legislación del suelo en los últimos años no han frenado esta situación. Por otra parte, el recurso a la deuda bancaria para la financiación de nuevas infraestructuras ha venido funcionado medianamente bien mientras los ingresos ordinarios vinculados sobre todo a la construcción han venido fluyendo con regularidad, pero cuando la crisis los ha hechos disminuir considerablemente la deuda se ha convertido en una pesada carga en la mayoría de los casos.
Mientras que no se produzca la necesaria reforma legislativa que asegure, de una parte, la financiación regular de los servicios municipales a través de las aportaciones estatales y, de otra, la necesaria limitación de dichos servicios para impedir su proliferación desmesurada, los Ayuntamientos no tienen otra solución que utilizar y exprimir al máximo los recursos legales existentes con el fin de equilibrar los ingresos con los gastos. En este sentido, hay algunas prácticas que deberían ponerse en marcha, aunque ello pueda, en algunos casos, ser impopular:
- Plasmar en la tributación municipal con toda su intensidad el principio constitucional de progresividad fiscal. A más ingresos, mayor tributación. Con ello, quiero resaltar algo que debería ser evidente. Hoy más que nunca no puede aplicarse, por una cuestión de elemental solidaridad, el criterio de “café para todos”. En una situación de crisis no resulta justo que todos los vecinos usuarios de prestaciones o servicios públicos paguen lo mismo o nada por el uso de las los mismos. ¿Por qué han de financiar con sus impuestos todos los vecinos unas clases de informática a alguien que acude a la escuela municipal conduciendo un BMW último modelo? ¿O las clases de música al hijo de un alto directivo? No es de recibo que mientras con el dinero de todos se financian o subvencionan actividades a todo el mundo sin distinción de sus niveles de renta luego no haya dinero para atender a los más necesitados. No tiene lógica que un ayuntamiento subvencione clases de yoga mientras que hay vecinos que pasan hambre. Por tanto, lo lógico es que los Ayuntamientos establezcan distintas tarifas en sus precios públicos y en las tasas en función de los niveles de renta de los usuarios.
- Por otra parte, hay que señalar que la Ley exige que los precios públicos nunca sean inferiores al coste del servicio prestado y esto rara vez se cumple por lo que el déficit originado en la prestación de servicios municipales vuelve a recaer sobre el conjunto de los vecinos. Y esto vale también en otros casos pero con un resultado final diferente. Basta examinar el caso de las Tasas para los residuos sólidos. En la mayoría de los Ayuntamientos se vincula esta Tasa con el inmueble, independientemente del número de personas que residen en él y, por tanto, del volumen de residuos que generan. En otros países se aplica el principio de quien contamina, paga. Y paga según contamine. Por ello, esta Tasa se suele pagar por persona empadronada en una vivienda ya que se sabe perfectamente cuál es la media de Kgs de residuos diarios generados por individuo. Pagar la Tasa de residuos por vivienda, independientemente de que en la misma viva una persona o cinco es injusto, antieconómico y posiblemente ilegal.
- A todo ello hay que añadir una desmesurada voracidad de las administraciones municipales por asumir y prestar servicios que ya se prestan por parte del sector privado incurriendo siempre en una competencia desleal con dicho sector, que, por otra parte, es contribuyente municipal. ¿Qué pintan los Ayuntamientos, por ejemplo, organizando siempre de forma deficitaria (ya que nunca se cobra el coste real a los usuarios) cursos de inglés en las Universidades Populares o Centros Municipales cuando en la misma localidad hay empresas privadas que lo hacen? No vale la explicación de que así se da la oportunidad a todo el mundo para acceder a dichos cursos. Es mucho más barato el “cheque escolar” para el que no pueda acceder a una academia o institución privada. Y esto vale para multitud de servicios prestados por el Ayuntamiento. Por ello, resulta imprescindible una limitación a las actividades de las corporaciones locales o, al menos, un poco de sentido común.
Hay aún más medidas que es posible abordar para mejorar la situación de las corporaciones locales, pero todas requieren una decidida voluntad política que, hoy por hoy, parece muy lejos de las miras de la mayoría de nuestros gobernantes.
Santiago de Munck Loyola.
Este incremento de prestaciones públicas municipales no ha venido acompañado por una reforma legislativa que garantice la necesaria financiación de las mismas. El modelo de financiación municipal hace años que se ha quedado obsoleto y sigue siendo una de las asignaturas pendientes de nuestro esquema institucional que ningún Gobierno ha conseguido, hasta ahora, aprobar.
El aumento de los gastos municipales ha venido siendo financiado por parte de las Corporaciones Locales fundamentalmente a través de dos vías: el urbanismo y la deuda. Estas dos vías han permitido durante los años de bonanza económica ampliar los servicios municipales y consolidar unas prestaciones en muchos casos de un alto nivel de calidad. Sin embargo, la financiación a través de ingresos vinculados al urbanismo ha provocado dos grandes problemas sociales. De una parte, una espiral inflacionista en torno al suelo y, consecuentemente, en torno a la vivienda. De otra, un incremento de los casos de corrupción cuya causa principal puede encontrarse en los altos niveles de arbitrariedad y subjetividad en los procesos recalificatorios de suelo. Es más que evidente que las continuas y, en ocasiones, frustradas reformas sobre la legislación del suelo en los últimos años no han frenado esta situación. Por otra parte, el recurso a la deuda bancaria para la financiación de nuevas infraestructuras ha venido funcionado medianamente bien mientras los ingresos ordinarios vinculados sobre todo a la construcción han venido fluyendo con regularidad, pero cuando la crisis los ha hechos disminuir considerablemente la deuda se ha convertido en una pesada carga en la mayoría de los casos.
Mientras que no se produzca la necesaria reforma legislativa que asegure, de una parte, la financiación regular de los servicios municipales a través de las aportaciones estatales y, de otra, la necesaria limitación de dichos servicios para impedir su proliferación desmesurada, los Ayuntamientos no tienen otra solución que utilizar y exprimir al máximo los recursos legales existentes con el fin de equilibrar los ingresos con los gastos. En este sentido, hay algunas prácticas que deberían ponerse en marcha, aunque ello pueda, en algunos casos, ser impopular:
- Plasmar en la tributación municipal con toda su intensidad el principio constitucional de progresividad fiscal. A más ingresos, mayor tributación. Con ello, quiero resaltar algo que debería ser evidente. Hoy más que nunca no puede aplicarse, por una cuestión de elemental solidaridad, el criterio de “café para todos”. En una situación de crisis no resulta justo que todos los vecinos usuarios de prestaciones o servicios públicos paguen lo mismo o nada por el uso de las los mismos. ¿Por qué han de financiar con sus impuestos todos los vecinos unas clases de informática a alguien que acude a la escuela municipal conduciendo un BMW último modelo? ¿O las clases de música al hijo de un alto directivo? No es de recibo que mientras con el dinero de todos se financian o subvencionan actividades a todo el mundo sin distinción de sus niveles de renta luego no haya dinero para atender a los más necesitados. No tiene lógica que un ayuntamiento subvencione clases de yoga mientras que hay vecinos que pasan hambre. Por tanto, lo lógico es que los Ayuntamientos establezcan distintas tarifas en sus precios públicos y en las tasas en función de los niveles de renta de los usuarios.
- Por otra parte, hay que señalar que la Ley exige que los precios públicos nunca sean inferiores al coste del servicio prestado y esto rara vez se cumple por lo que el déficit originado en la prestación de servicios municipales vuelve a recaer sobre el conjunto de los vecinos. Y esto vale también en otros casos pero con un resultado final diferente. Basta examinar el caso de las Tasas para los residuos sólidos. En la mayoría de los Ayuntamientos se vincula esta Tasa con el inmueble, independientemente del número de personas que residen en él y, por tanto, del volumen de residuos que generan. En otros países se aplica el principio de quien contamina, paga. Y paga según contamine. Por ello, esta Tasa se suele pagar por persona empadronada en una vivienda ya que se sabe perfectamente cuál es la media de Kgs de residuos diarios generados por individuo. Pagar la Tasa de residuos por vivienda, independientemente de que en la misma viva una persona o cinco es injusto, antieconómico y posiblemente ilegal.
- A todo ello hay que añadir una desmesurada voracidad de las administraciones municipales por asumir y prestar servicios que ya se prestan por parte del sector privado incurriendo siempre en una competencia desleal con dicho sector, que, por otra parte, es contribuyente municipal. ¿Qué pintan los Ayuntamientos, por ejemplo, organizando siempre de forma deficitaria (ya que nunca se cobra el coste real a los usuarios) cursos de inglés en las Universidades Populares o Centros Municipales cuando en la misma localidad hay empresas privadas que lo hacen? No vale la explicación de que así se da la oportunidad a todo el mundo para acceder a dichos cursos. Es mucho más barato el “cheque escolar” para el que no pueda acceder a una academia o institución privada. Y esto vale para multitud de servicios prestados por el Ayuntamiento. Por ello, resulta imprescindible una limitación a las actividades de las corporaciones locales o, al menos, un poco de sentido común.
Hay aún más medidas que es posible abordar para mejorar la situación de las corporaciones locales, pero todas requieren una decidida voluntad política que, hoy por hoy, parece muy lejos de las miras de la mayoría de nuestros gobernantes.
Santiago de Munck Loyola.
viernes, 11 de junio de 2010
PUES PARECE QUE QUIZÁS NO ESTÉN TAN CLARO LA REBAJA DE SUELDO…..
(RECIBIDO). La Jurisprudencia del T.S. desvirtúa el R.D.-Ley 8-2010-Decretazo del Gobierno.
Parece ser que la Sentencia del Tribunal Supremo, de 29/05/1995, adoptada en el Recurso de Casación nº 1311/1992, en su Fundamento Jurídico 4ºalude a otras dos Sentencias anteriores del mismo Alto Tribunal, del año 1.989, -Jurisprudencia Consolidada-, y a la que se remitió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la recientísima Sentencia de éste último de fecha 25/02/10,Rec. 360/2007. Ver Fundamento Jurídico 2º- de ésta última.
En suma, el Alto Tribunal dice en el F. J. 4º de la citada Sentencia, que los Poderes Públicos, -en este caso el Gobierno mediante Real Decreto Ley, que deberá ser aprobado por el Congreso, la norma debe tener rango de Ley-, pueden cambiar la estructura de las retribuciones como mejor le parezca, pero debe mantener el montante consolidado de las citadas retribuciones, mediante la técnica de los complementos absorbibles por futuros aumentos. Es decir, que se pueden congelar, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, pero no pueden disminuir el montante consolidado de las retribuciones, pues ahí sí que opera el concepto de derechos adquiridos, como avala la mencionada Sentencia del Tribunal Supremo.
Conviene hacerlo circular, porque el citado R. D.-Ley 8/2010, en lo que afecta a la bajada de las retribuciones de los funcionarios, huele a inconstitucionalidad; de momento, está en contra de los pronunciamientos reseñados del Tribunal Supremo en esta materia, que constituyen Jurisprudencia.
Parece ser que la Sentencia del Tribunal Supremo, de 29/05/1995, adoptada en el Recurso de Casación nº 1311/1992, en su Fundamento Jurídico 4ºalude a otras dos Sentencias anteriores del mismo Alto Tribunal, del año 1.989, -Jurisprudencia Consolidada-, y a la que se remitió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la recientísima Sentencia de éste último de fecha 25/02/10,Rec. 360/2007. Ver Fundamento Jurídico 2º- de ésta última.
En suma, el Alto Tribunal dice en el F. J. 4º de la citada Sentencia, que los Poderes Públicos, -en este caso el Gobierno mediante Real Decreto Ley, que deberá ser aprobado por el Congreso
Conviene hacerlo circular, porque el citado R. D.-Ley 8/2010, en lo que afecta a la bajada de las retribuciones de los funcionarios, huele a inconstitucionalidad; de momento, está en contra de los pronunciamientos reseñados del Tribunal Supremo en esta materia, que constituyen Jurisprudencia.
martes, 8 de junio de 2010
RIVAS. HACE 20 AÑOS.
Era octubre de 1989. Había elecciones generales el día 29 de ese mes. Llevaba cuatro años viviendo en Rivas-Vaciamadrid. No existía el Partido Popular en la localidad. En las elecciones municipales de 1987, el Partido Popular había presentado una candidatura “paraca”, encabezada por Antonio Beteta, y no había representación municipal. Años después, el candidato Beteta me dijo: “chico, qué pueblo, no nos votó ni el cura”. En ese mes de octubre, me acerqué a Génova y me llevé carteles electorales. Durante la campaña, por la noche, mi hijo pequeño y yo salíamos a pegarlos y tengo que confesar que con mucha cautela, no en balde había habido ya incidentes entre militantes socialistas y comunistas en Covibar a cuenta de los espacios para pegarlos. Pocos días después conseguí que en Génova me hicieran mil sobres y fotocopias de una carta en la que invitaba a los vecinos a ponerse en contacto con una lista de correos para organizar el Partido Popular en el municipio. Para ayudarme a buzonear esas cartas tuvieron que venir familiares de Madrid.
Y así nació el Partido en Rivas-Vaciamadrid. A la carta respondieron unos cuantos vecinos que formaron el germen inicial de la organización a la que, poco a poco, se fueron uniendo más vecinos. Recuerdo con especial afecto a Gabriel, Eugenio, Antonio, Alfredo, Pepe, Luciano,Roberto, etc. Con ellos y unos cuantos más se formó la gestora inicial del Partido, en la que fui elegido Presidente y Gabriel Secretario General. Y nos pusimos a trabajar para intentar consolidar el Partido. Las reuniones las hacíamos semanalmente en nuestras casas. Recuerdo especialmente las que realizábamos en el sótano de Antonio que les confería una especial sensación de clandestinidad.
Y llegamos a las elecciones municipales de 1991. En aquella ocasión el Partido Popular alcanzó por primera vez representación municipal, dos concejales. Todo un logro considerando el ambiente francamente hostil en muchas zonas del municipio y la implantación del Grupo Independiente cuyo electorado se solapaba con el Partido Popular.
Lo cierto es que fue una aventura política hermosa. Es mucha la gente que he tenido la oportunidad de conocer en los años transcurridos desde entonces y son muchas las anécdotas que puedo contar (y lo haré próximamente), anécdotas de todo tipo, políticas, personales, etc. algunas de las cuales más de uno preferiría no recordar. Es verdad que la política municipal es la actividad política más gratificante por la cercanía e inmediatez con los vecinos, pero también es la que más “heridas” deja por la misma razón.
Sin embargo, merece la pena.
EL "SUELDAZO" DE LOS FUNCIONARIOS.
Cuadro sobre los incrementos de IPC y los sueldos de los funcionarios. Está claro por qué van a bajar el 5% de media ell sueldo ¿no? ¡¡Porque cobran mucho!!
AÑO I.P.C. INCREMENTO PÉRDIDA SALARIAL
1982 14,00% 8,00% -6,00%
1983 12,20% 9,00% -3,20%
1984 11,90% 6,50% -5,40%
1985 8,20% 6,50% -1,70%
1986 8,30% 7,20% -1,10%
1987 4,60% 5,00% 0,40%
1988 5,80% 4,00% -1,80%
1989 6,90% 4,00% -2,90%
1990 6,50% 6,00% -0,50%
1991 5,50% 7,22% 1,72%
1992 5,30% 6,10% 0,80%
1993 4,90% 1,80% -3,10%
1994 4,30% 0,00% -4,30%
1995 4,30% 3,50% -0,80%
1996 3,50% 3,50% 0,00%
1997 2,10% 0,00% -2,10%
1998 2,10% 2,10% 0,00%
1999 2,40% 1,80% -0,60%
2000 4,00% 2,00% -2,00%
2001 3,10% 2,00% -1,10%
2002 4,00% 2,00% -2,00%
2003 2,60% 2,00% -0,60%
2004 3,20% 2,00% -1,20%
2005 3,70% 2,00% -1,70%
2006 2,70% 2,00% -0,70%
2007 4,20% 2,00% -2,20%
TOTAL 25 140,30% 98,22% -42,08%
Conclusión: en 25 años han perdido más de un 40% de poder adquisitivo. Es decir, que para un sueldo actual de 1.100-1.200 euros (muchos funcionarios cobran esto) debería ganar entre 1.550-1.700 euros. En cambio ahora ese sueldo se quedará entre 1.045 y 1.140 euros. Y ya no hablemos de las pensiones que es para llorar.
AÑO I.P.C. INCREMENTO PÉRDIDA SALARIAL
1982 14,00% 8,00% -6,00%
1983 12,20% 9,00% -3,20%
1984 11,90% 6,50% -5,40%
1985 8,20% 6,50% -1,70%
1986 8,30% 7,20% -1,10%
1987 4,60% 5,00% 0,40%
1988 5,80% 4,00% -1,80%
1989 6,90% 4,00% -2,90%
1990 6,50% 6,00% -0,50%
1991 5,50% 7,22% 1,72%
1992 5,30% 6,10% 0,80%
1993 4,90% 1,80% -3,10%
1994 4,30% 0,00% -4,30%
1995 4,30% 3,50% -0,80%
1996 3,50% 3,50% 0,00%
1997 2,10% 0,00% -2,10%
1998 2,10% 2,10% 0,00%
1999 2,40% 1,80% -0,60%
2000 4,00% 2,00% -2,00%
2001 3,10% 2,00% -1,10%
2002 4,00% 2,00% -2,00%
2003 2,60% 2,00% -0,60%
2004 3,20% 2,00% -1,20%
2005 3,70% 2,00% -1,70%
2006 2,70% 2,00% -0,70%
2007 4,20% 2,00% -2,20%
TOTAL 25 140,30% 98,22% -42,08%
Conclusión: en 25 años han perdido más de un 40% de poder adquisitivo. Es decir, que para un sueldo actual de 1.100-1.200 euros (muchos funcionarios cobran esto) debería ganar entre 1.550-1.700 euros. En cambio ahora ese sueldo se quedará entre 1.045 y 1.140 euros. Y ya no hablemos de las pensiones que es para llorar.
lunes, 7 de junio de 2010
LA SENTENCIA SOBRE EL SECTOR UBZ-1, WALAIG.
La sentencia del TSJ de Valencia de 26 de abril de 2010, notificada el 24 de mayo del mismo año, confirma la anulación del PAI del Sector UBZ-1 Walaig, dando así la razón a SEPES. Esta sentencia se fundamenta en la presunta vulneración por parte del Ayuntamiento de Monforte del Cid del principio de publicidad en el trámite de publicación de dicho PAI, exigido por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El art. 78 del citado Real Decreto Legislativo señala la necesidad de publicar en el BOE, además de en otros diarios, la licitación de los contratos.
El Tribunal entiende que la naturaleza del PAI es la de un contrato de obras y para ello se basa en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, sentencias de 5-2-2008, 27-2-2008, 9-12-2009, 27-1-2009 y 6-6-2007, por lo que consecuentemente entiende que había de publicarse la licitación en el BOE con el fin de garantizar la publicidad y la libertad de concurrencia. Sin embargo, según señalan los arts. 7.2 y 8 del Real Decreto Legislativo 2/2000, los contratos especiales se rigen por su regulación específica y la Ley Urbanística Valenciana, Ley 16/2005, de 30 de diciembre, conceptúa a los Programas de Actuación Integrada como contratos de naturaleza administrativa especial y dispone que han de publicarse únicamente en el DOGV y en el Diario de las Comunidades Europeas, requisitos cumplidos por el Ayuntamiento y que garantizan igualmente la publicidad y libre concurrencia. No hay por tanto, discrepancia entre el ordenamiento estatal y la legislación urbanística valenciana como pretende el sentenciador. Al contrario, en este caso lo que sí hay un error grave de apreciación por parte de la sala sentenciadora. En efecto, la Sala fundamenta su sentencia en la reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo que cita a lo largo de la misma, sin embargo, todas las sentencias citadas recaen sobre recursos interpuestos antes de la entrada en vigor de la LUV, es decir, se refieren a procedimientos desarrollados con la LRAU, Ley Reguladora de la Actividad Urbanística.
Es evidente que la Jurisprudencia citada fundamenta sus sentencias en la propia naturaleza de los PAIs tal y como venían regulados en la LRAU. En efecto, la naturaleza de dichos contratos era la propia de un contrato de obras pues el agente urbanizador seleccionado ejecutaba las obras de urbanización. Sin embargo, esta naturaleza fue modificada sustancialmente con la nueva regulación de los PAIs y de la figura del urbanizador que efectúa la LUV. En esta Ley se distingue claramente al agente urbanizador del empresario constructor que es seleccionado mediante procedimiento público también (aquí si es necesaria la publicación en el BOE) para ejecutar las obras de urbanización. Por tanto, con la entrada en vigor de la LUV aparecen dos fases en el desarrollo de un PAI. De una parte, la selección del agente urbanizador que no puede por imperativo legal ejecutar la obra pública y que, por tanto, su contrato tiene claramente la condición de contrato especial y, de otra, la selección del empresario constructor que es el encargado de ejecutar la obra pública y cuyo contrato sí que es asimilable a la del contrato de obras.
Por tanto, nos encontramos ante una sentencia fundamentada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a procedimientos desarrollados durante la vigencia de la LRAU y aplicada sin sutilezas jurídicas sobre un procedimiento, el PAI del Sector UBZ-1, desarrollado al amparo y conforme a las prescripciones de una Ley diferente, la LUV. Esta cuestión es básica y fundamental y abre necesariamente la vía ante el Tribunal Supremo para un Recurso de Casación en Interés de Ley.
El Tribunal entiende que la naturaleza del PAI es la de un contrato de obras y para ello se basa en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, sentencias de 5-2-2008, 27-2-2008, 9-12-2009, 27-1-2009 y 6-6-2007, por lo que consecuentemente entiende que había de publicarse la licitación en el BOE con el fin de garantizar la publicidad y la libertad de concurrencia. Sin embargo, según señalan los arts. 7.2 y 8 del Real Decreto Legislativo 2/2000, los contratos especiales se rigen por su regulación específica y la Ley Urbanística Valenciana, Ley 16/2005, de 30 de diciembre, conceptúa a los Programas de Actuación Integrada como contratos de naturaleza administrativa especial y dispone que han de publicarse únicamente en el DOGV y en el Diario de las Comunidades Europeas, requisitos cumplidos por el Ayuntamiento y que garantizan igualmente la publicidad y libre concurrencia. No hay por tanto, discrepancia entre el ordenamiento estatal y la legislación urbanística valenciana como pretende el sentenciador. Al contrario, en este caso lo que sí hay un error grave de apreciación por parte de la sala sentenciadora. En efecto, la Sala fundamenta su sentencia en la reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo que cita a lo largo de la misma, sin embargo, todas las sentencias citadas recaen sobre recursos interpuestos antes de la entrada en vigor de la LUV, es decir, se refieren a procedimientos desarrollados con la LRAU, Ley Reguladora de la Actividad Urbanística.
Es evidente que la Jurisprudencia citada fundamenta sus sentencias en la propia naturaleza de los PAIs tal y como venían regulados en la LRAU. En efecto, la naturaleza de dichos contratos era la propia de un contrato de obras pues el agente urbanizador seleccionado ejecutaba las obras de urbanización. Sin embargo, esta naturaleza fue modificada sustancialmente con la nueva regulación de los PAIs y de la figura del urbanizador que efectúa la LUV. En esta Ley se distingue claramente al agente urbanizador del empresario constructor que es seleccionado mediante procedimiento público también (aquí si es necesaria la publicación en el BOE) para ejecutar las obras de urbanización. Por tanto, con la entrada en vigor de la LUV aparecen dos fases en el desarrollo de un PAI. De una parte, la selección del agente urbanizador que no puede por imperativo legal ejecutar la obra pública y que, por tanto, su contrato tiene claramente la condición de contrato especial y, de otra, la selección del empresario constructor que es el encargado de ejecutar la obra pública y cuyo contrato sí que es asimilable a la del contrato de obras.
Por tanto, nos encontramos ante una sentencia fundamentada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a procedimientos desarrollados durante la vigencia de la LRAU y aplicada sin sutilezas jurídicas sobre un procedimiento, el PAI del Sector UBZ-1, desarrollado al amparo y conforme a las prescripciones de una Ley diferente, la LUV. Esta cuestión es básica y fundamental y abre necesariamente la vía ante el Tribunal Supremo para un Recurso de Casación en Interés de Ley.
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