El vómito de Estrasburgo.

Hoy ha sido un día triste y amargo no sólo para las víctimas del terrorismo, sino para todas las personas decentes de España. El fallo del Tribunal de Estrasburgo derogando la Doctrina Parot puede que sea el culmen de las más sofisticadas técnicas y elaboraciones intelectuales jurídicas en torno a la retroactividad o no en la aplicación de los beneficios penitenciarios a algunos sanguinarios delincuentes, pero es, sin lugar a dudas, una auténtica bazofia en cuanto a la defensa de la dignidad y la justicia de las víctimas y de sus derechos fundamentales que, digo yo, alguno tendrán también. La exquisita sensibilidad de tan altos magistrados hacia los derechos humanos de esta auténtica hija de puta, Inés del Río, contrasta con la burla y desprecio que este fallo supone para los 24 asesinados por ella y para los derechos humanos de sus familiares. Los jueces de Estrasburgo, entre los que se encuentra el Sr. López Guerra por designación de Zapatero y que ha votado a favor de este inmundo fallo, vienen a decir que, al final y en virtud de sus exquisitas disquisiciones, en España ha sido muy barato asesinar, que da lo mismo asesinar a 1 que a 24 ciudadanos y que esta tipeja ha pagado su deuda con la sociedad con un precio de menos de un año de cárcel por vida arrebatada.

Y como era de esperar, los de Sortu, legalizados por una también vomitiva sentencia de otra cuadrilla de magistrados (éstos nuestros, de la casa), tan contentos. Ningún regalo mejor para la rama política de la mafia etarra que está cómodamente instalada en las instituciones democráticas, sostenida con nuestros impuestos, gracias a la política del Sr. Zapatero. Nunca he llegado a comprender qué es lo que les debía el Sr. Zapatero para plegarse tanto a sus exigencias. Y la derogación de la Doctrina Parot parece que fue objeto de negociación entre el Gobierno socialista y la banda etarra, según se publicó en las actas incautadas a los terroristas. Pero no, no están solos los filoetarras en su alegría, están acompañados por la honda satisfacción que por el fallo han expresado los cabecillas comunistas de IU, por la incomprensible comprensión de algunos dirigentes socialistas y por la indisimulada “recogida de nueces” de los nacionalistas del PNV.

Siempre se ha subrayado como uno de los grandes hitos de la civilización humana la creación del derecho penal, la superación de la venganza privada ante los crímenes y la entrega de la satisfacción de los daños y de las ofensas a un ente superior, al estado como único depositario del monopolio de la justicia y, por tanto, de la imposición de penas con el doble fin de castigar al culpable y de satisfacer a la víctima. Si el Estado no es capaz de articular los mecanismos legales necesarios para hacer justicia, para satisfacer a las víctimas y castigar al delincuente ¿qué puede entonces garantizar la paz social? ¿Cómo podrán las víctimas satisfacer su derecho a la Justicia?

Defensa de los derechos humanos, sí, por supuesto, pero en primer lugar los derechos humanos de las víctimas, no de los verdugos. Y los primeros derechos humanos que han sido vulnerados y además de forma irremediable son los de las víctimas, los derechos humanos de centenares de españoles asesinados de forma cobarde y rastrera por una banda de cobardes y fanáticos, jaleados y aplaudidos por muchos otros desaprensivos durante décadas. Nadie podrá devolver a la vida a tanta víctima inocente, nada podrá consolar su sus familias y amigos por tanto dolor sin sentido pero carece de la más mínima lógica que los verdugos paguen tan bajo precio por tanto daño. No tiene sentido alguno que salgan a la calle asesinos que no se han arrepentido, que no han colaborado en el esclarecimiento de decenas de asesinatos, que se jactan de su inmundo pasado y que no pierden ocasión para seguir causando humillación y dolor a las familias de las víctimas. Si algo es evidente es que la reinserción social ha cosechado un clamoroso fracaso con la mayoría de esos delincuentes. Y junto a la cuadrilla de terroristas veremos, desgraciadamente, cómo se irán excarcelando a muchos otros delincuentes culpables de crímenes horrendos. Estrasburgo ha dejado indefensa y humillada a la gente de bien.

Y si no queda más remedio que acatar esta decisión, que, al menos, el Gobierno y la Justicia pongan en juego todos los mecanismos disponibles y todos los recursos legales para entorpecer al máximo la salida de las cárceles de esta escoria, que se persiga de forma implacable cualquier homenaje o exaltación de la excarcelación de la misma, que paguen hasta el último céntimo de las indemnizaciones a las víctimas y, puestos a ello, que los Ayuntamientos con un mínimo de dignidad empiecen a declarar personas non gratas a los magistrados coautores de esta indigna sentencia.

Santiago de Munck Loyola

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Esperanza ciudadana también para Alicante.

El jueves pasado se produjo un evento político de la máxima trascendencia y que influirá, sin lugar a dudas, en el desarrollo del panorama político de los próximos años. Se trata de la presentación de la plataforma Movimiento Ciudadano, impulsada fundamentalmente por Albert Rivera, Antonio Asunción y Juan Carlos Girauta, que dio a conocer su Manifiesto en el que se proponen profundas reformas para España. Se trata, según manifestaron, de devolver el protagonismo a los ciudadanos frente al inmovilismo de los grandes partidos políticos y de acabar de una vez con las tradicionales divisiones entre “las dos Españas” o con las “luchas identitarias” y territoriales.

Movimiento Ciudadano ha hecho público un Manifiesto e invita a todos los ciudadanos a firmarlo (http://movciudadano.es/).  En dicho documento se expresa el deseo de cambios para lograr que "España sea lo que quieren los españoles". Se señala que las graves crisis que atravesamos no pueden ser solucionadas mediante actitudes inmovilistas seguidas por unos partidos incapaces de abrirse a la sociedad y al ciudadano que exige, cada día más, el protagonismo que le pertenece. No es posible abordar la solución de los problemas que afectan al conjunto de la sociedad si los actores que han de abordarlos no solucionan previamente sus propios problemas, es decir, si los partidos políticos no se regeneran, algo que desde estas mismas líneas se ha venido sosteniendo con insistencia. Hace falta más democracia para resolver los problemas que afectan a la democracia. 

Así en el Manifiesto se señala que “son objetivos urgentes: democratizar los partidos políticos, abrirlos a la sociedad, someterlos al principio del mérito, hacerlos transparentes e implacables con la corrupción, generalizar el mecanismo de las elecciones primarias; conseguir un sistema de representación que devuelva el poder a los ciudadanos, pudiendo los representados escoger a partidos y también, directamente, a sus representantes a través de listas abiertas, de acuerdo con una ley electoral justa y proporcional; asegurar una efectiva división de poderes, alejando a los partidos del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de los órganos reguladores y de supervisión del sector financiero y de los medios de comunicación; reformar las administraciones públicas poniéndolas realmente al servicio de los ciudadanos y las empresas, asegurando los servicios públicos esenciales y suprimiendo burocracias y duplicidades”. Propuestas todas ellas formuladas desde hace tiempo desde el Foro Esperanza Popular – Movimiento de Bases y que han merecido el rechazo y el castigo del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, sin ir más lejos.

En su presentación, Albert Rivera, señaló que ante la situación de crisis y de desconfianza hacia los políticos y las políticas inmovilistas, es necesario pasar a la ilusión y a la acción cuidando de la Constitución y el Estado de bienestar. Es cierto que en este acto de presentación, los intervinientes expresaron que la Plataforma no es un partido político, pero tampoco descartaron que pueda llegar a serlo en un futuro no muy lejano.

No son pocos los ciudadanos que en toda España se sienten huérfanos, políticamente hablando, ante la ausencia de un partido político que enarbole sin complejos su españolidad y, consecuentemente, una política integradora, su compromiso regenerador de la propia democracia y de sus agentes políticos y su defensa del protagonismo del ciudadano y del Estado de Bienestar. Y esa orfandad se constata perfectamente en todas y cada una de las encuestas que se van publicando. La fidelidad electoral hacia los dos grandes se va derrumbando y la que se mantiene no lo es tanto por convicción, como por temor al adversario o por voto útil. Y Alicante no es una excepción. Hoy más que nunca, ante una izquierda fragmentada, rota, enfrentada, sin proyectos ni liderazgos y un centro derecha salpicado por la corrupción, anquilosado en los resortes del poder, sin renovación interna, impermeable a las demandas de mayor participación democrática y enemigo declarado de cualquier movimiento regenerador, Alicante necesita  un movimiento cargado de ilusión, de proyectos renovadores nacidos de la ciudadanía, capaz de sumar fuerzas e ideas para devolver a nuestra ciudad la dignidad, el impulso, el esplendor y el brillo que entre unos y otros le han arrebatado.

Santiago de Munck Loyola

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La contabilidad oculta del PP de Alicante.

Parece que lo que  hasta ahora era un insistente rumor se empieza a confirmar: la Agencia Tributaria, es decir el propio Ministerio de Hacienda, considera en dos informes remitidos al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana se financió irregularmente y cometió fraude en el pago del IVA, como colaborador, durante los años 2007 y 2008, por servicios realizados y no facturados por la sociedad de la trama Gürtel Orange Market. Según estos informes, insisto, del Ministerio de Hacienda, el dinero negro con el que se financiaron sobre todo actos electorales del PPCV asciende a 2.960.000 euros en 2007 y a 405.450 euros en 2008. Y, por tanto, el fraude en el pago de IVA cometido por Orange Market, con la necesaria colaboración del PPCV, en 2007 fue de 473.000 euros, es decir, un delito fiscal. Y el fraude en 2008 fue de 64.800 euros y, por tanto, una infracción administrativa.

No estamos hablando de especulaciones, de rumores o de infundadas acusaciones de la desnortada oposición, sino de informes elaborados por los inspectores de la Agencia Tributaria, del propio Ministerio de Hacienda. Tanto el Secretario General del PPCV, Serafin Castellano, como la Alcaldesa de Valencia se han limitado a señalar que las cuentas del PP están auditadas. ¡Faltaría más! Están auditadas las cuentas que se declaran, pero no, evidentemente, las que no se declaran, las que se ocultan, como ocurre en el caso de cualquier doble contabilidad. Por su parte, el Presidente de la Generalitat Valenciana y máximo responsable del PPCV, Alberto Fabra, negó rotundamente ayer que el Partido Popular en su comunidad funcione con una contabilidad B, añadiendo que “no tenemos nada que esconder”.

Pues bien, hay que hacer dos precisiones, puede ser que ahora no se funcione en el PPCV con una contabilidad B, pero eso no significa que en el pasado, tal y como informa la Agencia Tributaria, haya sido así. Y la segunda precisión se refiere a la afirmación de que “no tenemos nada que esconder”. O el Presidente Fabra miente o está equivocado porque alguien le está engañando. En Alicante sí que tienen algo que esconder y los Sres. Ciscar, J.J. Zaplana y Julio de España lo esconden. Y lo esconden a los propios afiliados del Partido Popular y a quienes legalmente tienen que fiscalizar las cuentas del Partido Popular de Alicante.

Es un hecho reconocido, que además ha obligado a Génova a intervenir directamente que en la Provincia de Alicante, que el Partido Popular en muchos pueblos ha eludido el control del Tribunal de Cuentas creando asociaciones fantasmas a través de las cuales canalizaba sus gastos e ingresos. Esta situación que se arrastraba desde hace años ha sido también consentida por la actual Dirección Provincial de Alicante y buena prueba de ello es que no ha adoptado ni una sola sanción, ni una sola medida contra los responsables de estas prácticas ilegales y contrarias a los Estatutos del Partido Popular.

Por el contrario, lo que sí ha hecho el Secretario Provincial J.J. Zaplana es impulsar la expulsión de los afiliados que promovemos la honradez y la regeneración en el Partido Popular y que desde el pasado mes de marzo le comunicamos reiteradamente por escrito la existencia de posibles irregularidades en las cuentas de la campaña electoral de 2007 del PP de la ciudad de Alicante, de posibles deudas electorales impagadas, del incumplimiento de las normas presupuestarias recogidas en los Estatutos del PP y nuestro deseo, al amparo de lo establecido en la legislación vigente, de proceder al examen de la contabilidad del partido local. La negativa de los dirigentes provinciales a rendir cuentas ante los afiliados es, además de ilegal, cuando menos sospechosa y, desde luego, contradice sin lugar a dudas la afirmación del Presidente Fabra de que no hay nada que esconder. Pues bien, Sr. Fabra, en Alicante todo indica que sí hay algo que esconder y que, de hecho, el Sr. Zaplana y demás dirigentes provinciales y locales lo esconden. Y si estos dirigentes creen que expulsando del partido a los que hemos pedido ver las cuentas se ha acabado el problema, se equivocan. Más afiliados van a pedir lo mismo: examinar las cuentas del PP, de las campañas electorales y poder así o bien despejar sus dudas o confirmarlas. Van a tener que expulsar a muchos más para poder seguir ocultando la contabilidad. Para que luego digan que no hace falta ninguna regeneración democrática.

Santiago de Munck Loyola

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Hoy, sin comentarios.

Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Hoy no escribiré sobre tanta indignidad y miseria política como la que deambula en las altas esferas provinciales del Partido Popular de Alicante y en el Comité de supuestos Derechos y Garantías del PPCV, reservándome para los próximos días.

Santiago de Munck Loyola

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Lo que Fabra quiere y lo que en Alicante hacen algunos.

“Quiero un PPCV digno, honesto, honrado y que mire a los ojos a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana”, manifestó ayer en Biar el Presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Alberto Fabra, en un almuerzo de trabajo con más de 150 alcaldes, portavoces y militantes del PP de la comarca del Alto Vinalopó. Y un servidor también quiere lo mismo al igual que la inmensa mayoría de los militantes populares. Pero por quererlo y decirlo en público, ya que dentro del PP no hay foro alguno para ello, me quieren poner en la calle. No cabe ninguna duda de las intenciones y de los deseos del Presidente Fabra, son auténticos. Pero algo chirría en la maquinaria popular, algo no funciona e impide que la voluntad política, la dirección política de su líder se corresponda con los hechos, con la realidad de un partido que al menos en la Provincia de Alicante ni siquiera puede mirar a los ojos de sus propios militantes.

Mientras el Presidente Fabra lleva tiempo marcando una línea muy concreta da la sensación de que la dirección popular alicantina va por otro camino. Mal se compadecen las declaraciones del Presidente Fabra con el estilo chulesco y prepotente y las actuaciones de parte de la dirección provincial de Alicante. Hay varias hipótesis para intentar explicar esta incoherencia: o el Presidente Fabra está muy mal informado sobre la trayectoria popular en nuestra Provincia o su liderazgo es tan débil que no puede imponer sus objetivos políticos o que pasa olímpicamente de lo que aquí ocurre.

Resulta incompatible la voluntad del Presidente Fabra con el hecho de que el Secretario Provincial José Juan Zaplana, que por cierto estaba sentado a su lado en la mesa en Biar, participase en la mesa presidencial de las cenas de homenaje a cargos públicos imputados por la Justicia o que impulse la expulsión de los afiliados que pedimos democracia interna, que ni está ni se la espera, en el PP de la ciudad de Alicante, que reclamamos una regeneración democrática y que exigimos ejemplaridad a nuestros políticos. Resulta incoherente que el Presidente Fabra diga que quiere un PPCV digno, honesto y honrado mientras que el instructor de las expulsiones el inefable, D. Felipe del Baño, nos dice por escrito a través del Comité de Derechos y garantías del PPCV que no podemos pedir públicamente democracia interna, honradez o regeneración porque hacerlo es tanto como acusar al PP de todo lo contrario. Suena raro el deseo expresado por el Presidente Regional cuando se constata que durante muchos años el Partido Popular de Alicante, vulnerando los propios Estatutos del PP, ha consentido la existencia de asociaciones fantasmas en muchos municipios que gestionaban de forma paralela los fondos del PP con el fin de eludir el control del Tribunal de Cuentas y que ese hecho no se haya saldado con la apertura de ni un solo expediente disciplinario. Es contradictorio ese deseo con el hecho de que alguno de los máximos responsables provinciales siga en su puesto después de ir explicando a algunos afiliados cómo se monta una contabilidad paralela o con el hecho de que las direcciones local y provincial de Alicante se nieguen a informar a los afiliados de las cuentas del partido, vulnerando con ello la propia Ley de Partidos Políticos.

No se puede mirar a los ojos de los ciudadanos o de los militantes cuando en 2011 la dirección Provincial de Alicante, según los medios de comunicación, se gastó más de 35.000 euros en comidas y no se dan explicaciones, ni nadie asume responsabilidades. No se puede mirar ni tan siquiera a los ojos de los militantes o de los afiliados cuando los órganos directivos provinciales se saltan los Estatutos del Partido, cuando los órganos regionales encargados de hacerlos cumplir no se molestan ni tan siquiera en dar acuse de recibo de las denuncias interpuestas por los afiliados o cuando siguen tratando a los afiliados de la ciudad de Alicante como simples vasallos, obligados a pagar su cuota, a trabajar por el partido cuando así se les requiera mientras se les niega el derecho a decidir si quieren o no tener una Junta Local propia. No es posible sostener un discurso como éste mientras se consiente, se ampara o se ignora unos modos de proceder impropios de una organización política moderna, dialogante, participativa y democrática.

Hay muchas formas de hacer política pero, como ocurre en la vida diaria, las que se sustentan sólo en palabras y no en los hechos tienen un corto recorrido. Se acercan unas importantes elecciones y toca, como no, acordarse de los votantes y de los militantes. Ahora algunos se acuerdan de que los afiliados están para algo más que para pagar las cuotas. Hay que movilizar al partido dicen, o sea a los militantes de base, a los mismos que en la ciudad de Alicante, por ejemplo, llevan años y años ignorando. Cuando hay que decidir cosas importantes no, ya toman ellos las decisiones aunque carezcan de mandato congresual para ello, como cuando se “cepillaron” al PP de la ciudad de Alicante (no olvidemos que a la Provincial le viene de perlas el dinero de las cuotas de la ciudad para costear la sede de los provinciales). Por cierto, ¿pedirán ahora a los afiliados a los que no dejaron votar en las elecciones internas por no poder pagar la cuota que ejerzan de apoderados e interventores en las europeas?

Somos muchos los que deseamos un PPCV digno, honesto, honrado y que mire a los ojos a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana y a los propios militantes populares. Somos muchos los que compartimos ese deseo pero también nos damos cuenta de que hay quienes, quizá compartiendo el mismo deseo, lo arrincona y no están dispuestos a asumir la más mínima crítica interna e impiden con ello el imprescindible movimiento regenerador que necesita el PPCV. Son los advenedizos, los mercenarios de partido, los vividores de la política los menos interesados en que la renovación y el aire fresco inunden la organización. Son pocos, sí, pero tan estratégicamente situados que terminarán por frustrar cualquier esperanza que pueda impulsar el Presidente Fabra. Y en Alicante lo están consiguiendo.

Santiago de Munck Loyola

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Demanda contra el Comité Ejecutivo Provincial de Alicante por incumplimiento de los Estatutos del PP.

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA QUE POR TURNO CORRESPONDA DE ALICANTE

Doña XXXXXXXXXXXXX, Procuradora de los Tribunales, actuando en nombre y representación de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme acredito con las pertinentes escrituras de poder que debidamente bastanteadas acompaño, ante el juzgado de primera instancia de Alicante comparezco y DIGO:

            Que por mediación del presente escrito y en la citada representación que ostento vengo a formular DEMANDA DE JUCIO ORDINARIO contra el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante sobre la base a de los siguientes   

HECHOS.

Primero.- Mis mandantes en su condición de afiliados del Partido Popular de Alicante tuvieron conocimiento a través de los medios de comunicación que, con fecha 11 de octubre de 2012, el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante acordó “sustituir” la Junta Local de Alicante por un número indeterminado de Distritos y nombrar una Gestora, tal y como recogieron e interpretaron todos los medios de comunicación (documento 1.-) sin que, en ningún momento, desde la Dirección Provincial se matizase o rectificasen las informaciones publicadas. Dicha decisión del Comité se tomó sin haber sido incluida en el Orden del Día y hasta el día de hoy no ha sido notificada a los afiliados.

Segundo.- Con fecha 19 de octubre de 2012, este acuerdo fue objeto de impugnación por varios afiliados ante el Comité Ejecutivo Provincial y el Presidente Provincial (documento 2.-) por considerarlo una vulneración de los Estatutos Nacionales del Partido Popular (Artículos 20.3 y 21.5) que facultan al Comité Ejecutivo Provincial para crear distritos pero no para “sustituir”, es decir, suprimir una Junta Local.

Tercero.- Con fecha 13 de diciembre de 2012, fue solicitado mediante escrito la entrega de diversa documentación, entre otra el Orden del Día del Comité Ejecutivo Provincial de 11 de octubre de 2012 y la transcripción literal del acuerdo impugnado, a fin de iniciar acciones judiciales de tutela de los derechos políticos de los afiliados (documento 3.-).

Cuarto.- Mediante escrito de fecha 17 de diciembre de 2012, el Secretario General Provincial (documento 4.-), ejerciendo funciones para las que estatutariamente no está facultado, acordó desestimar la impugnación presentada y negarse a entregar la documentación requerida.

Quinto.- Con fecha 19 de enero fue presentado recurso contra este acuerdo de supresión de la Junta local de Alicante ante el Comité Regional de Derechos y Garantías del PPCV (documento 5.-) que nunca ha sido respondido.

Sexto.- En el mes de marzo se presentó escrito de impugnación contra el citado acuerdo ante el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PPCV sin haber obtenido respuesta alguna.

Séptimo.- El 29 de julio, según apareció publicado en el Diario Información (documento 6.-), “la ejecutiva aprobó ayer la división de la ciudad en cinco agrupaciones, a los que los militantes se adscribirán por su código postal. Para septiembre se aprobará el reglamento y se pondrá la fecha de las asambleas. Posteriormente, se elegirá un coordinador de la ciudad”.

            A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

a)  Jurídico-Procesales.

 I.- JURISDICCION.

La impugnación judicial de las sanciones partidarias ha de canalizarse ante la jurisdicción civil al ser un tipo de controversias entre particulares, y deducirse de lo dispuesto en el art. 9.2 LOPJ y por aplicación supletoria de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación (art. 40) en virtud del juego de las Disposiciones Finales Primera y Segunda de esta última ley.

II.- COMPETENCIA TERRITORIAL.- Es competente para conocer de ellas el Juzgado de Primera Instancia de Alicante.

III.- CAPACIDAD.-  El demandante tiene plena capacidad para ejercitar las acciones que en la demanda se contienen por hallarse en el pleno uso de sus derechos civiles

IV.- LEGITIMACION ACTIVA.- Los demandantes se encuentran legitimados activamente por ser afiliados del Partido Popular, como se acredita con las copias de los carnets de afiliados (documento 7.-).

V.- LEGITIMACION PASIVA.- Debe dirigirse esta demanda contra el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante, que es la entidad que ha adoptado los acuerdos impugnados.

VI.- REPRESENTACION Y POSTULACION.- Los demandantes intervienen a través de Procurador y asistidos de Letrado.

VII.- PROCEDIMIENTO.- El Procedimiento por el que se ha de seguir la  presente demanda es el ordinario.

FUNDAMENTOS JURÍDICO MATERIALES

Primero.- El Artículo 8 d) de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, otorga a los afiliados a los mismos el derecho a impugnar los acuerdos de los órganos del partido que estimen contrarios a la Ley o a los estatutos.

Segundo.- Tanto el acuerdo del Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante de fecha 11 de octubre de 2012, como el acuerdo de 29 de julio de 2013, relativos a la sustitución de la Junta Local de Alicante por Juntas de Distrito no han sido notificados a los afiliados del Partido Popular pertenecientes a dicha Junta Local vulnerando el Artículo 8.2 c) de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos que señala entre los derechos de los afiliados de un partido político “a ser informados acerca de la composición de los órganos directivos y de administración o sobre las decisiones adoptadas por los órganos directivos, sobre las actividades realizadas y sobre la situación económica” y vulnerando el Artículo 6º f) de los Estatutos Nacionales del Partido Popular que determina que es un derecho de los afiliados “ser informado sobre las actividades del Partido”.

Tercero.- A la falta de notificación a los afiliados de acuerdos tan relevantes hay que señalar la negativa expresa del Secretario Provincial del Partido Popular de Alicante a librar certificaciones de los acuerdos adoptados o copias de las actas de las sesiones de los órganos que los han adoptado, tal y como se refleja en su escrito de fecha 17 de diciembre de 2012. En dicho escrito además transcribe parcialmente el acuerdo impugnado: “Alicante, respecto de la cual el Presidente propone el acuerdo, que es aprobado por unanimidad, de sustituir el actual sistema organizativo de Junta Local, por el de Juntas de Distrito,…”  Y en el mismo escrito añade de forma contradictora que “ni se ha disuelto la actual Junta Local, ni se ha nombrado ninguna Gestora”. El acuerdo transcrito parcialmente habla de sustituir la actual organización de Junta Local (es decir, Presidente Local, Secretario Local, ambos órganos unipersonales, Junta Directiva Local, Comité Ejecutivo Local, etc.) por Juntas de Distrito. Sustituir significa “poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa” por lo que es evidente que al ser sustituida por Juntas de Distrito deja de existir la Junta Local de Alicante. Es metafísicamente imposible sustituir una cosa por otra y que sobrevivan las dos simultáneamente. Constituye una evidente contradicción mantener que “no se ha disuelto la Junta Local” de Alicante y buena prueba de ello, de la falsedad de esta afirmación, es que de seguir existiendo dicha Junta deberían haberse convocado las elecciones internas a la misma de conformidad con lo establecido en las normas internas del Partido Popular, algo que no se ha hecho. Otra cosa muy distinta sería que la actual estructura organizativa de la Junta Local de Alicante hubiese sido complementada o potenciada (por utilizar el mismo verbo empleado en el mandato contenido en el Artículo 19 de los Estatutos Nacionales del Partido Popular) con la creación de Juntas de Distrito. Pero no es esto lo que, al parecer, señala este acuerdo, ni el adoptado el 29 de julio de 2013 que, profundiza en la vulneración estatutaria del acuerdo de 11 de octubre de 2012, señalando, al parecer, la creación de cinco distritos y la posterior elección de un “coordinador de la ciudad de Alicante”, figura que no aparece en los Estatutos del Partido Popular y destinada inequívocamente a suplir la existencia de un Presidente de la Junta Local de Alicante, elegido por todos los afiliados de la ciudad, y a eludir finalmente un proceso democrático interno en el conjunto del Partido Popular de la Ciudad de Alicante.

Cuarto.- El Secretario Provincial del Partido Popular de Alicante ha vulnerado, además, el Artículo 14.1 d)  de los Estatutos Nacionales del Partido Popular al “suplantar o atribuirse cargos o funciones de cualquier clase o naturaleza que no le corresponda” al desestimar “per se” la impugnación ante el Comité Ejecutivo Provincial del acuerdo de 11 de octubre de 2012 ya que entre sus competencias recogidas en el Artículo 36 del Reglamento Provincial del Partido Popular de Alicante no figura la resolución de los recursos o impugnaciones de los acuerdos. Se adjunta numerado como documento 8.- Copia de los estatutos del partido.

Quinto.- La democratización interna de los partidos políticos es un requisito ineludible para un correcto funcionamiento del sistema político y no sólo porque lo diga el art. 6 de la Constitución, sino porque, en caso contrario, se corre el riesgo de que el ciudadano se desencante definitivamente del instrumento «partido» y no tengamos modelos alternativos, al menos, en sentido democrático, para estructurar democráticamente los órganos de poder político del Estado. De aquí la necesidad de seguir profundizando en la democratización interna de los partidos y en la plena vigencia en el interior de los mismos de los derechos constitucionales de sus afiliados, ya que constituyen el momento inicial del proceso de participación política democrática. La exigencia constitucional de un funcionamiento interno democrático y la financiación pública de los partidos debe conllevar la plena vigencia en el interior de los partidos políticos de los derechos fundamentales que componen el Estado democrático en España, es decir, de todos aquellos derechos y libertades del Título I que puedan ejercerse en el seno de un partido por directa imposición del art. 6 de la Constitución y no condicionados a su mero reflejo en la Ley que desarrolle el artículo constitucional o en los Estatutos del partido. En este sentido, la LO de partidos políticos de 2002 supone sólo un avance mínimo con respecto a la legislación anterior y un desarrollo muy limitado de lo dispuesto en la Constitución. Sigue faltando un desarrollo más detallado de aspectos centrales de la democracia interna como puede ser la forma de elección de los órganos ejecutivos del partido. En cuanto a los derechos de los afiliados, se propugna el reconocimiento de la plena vigencia de los derechos fundamentales en el interior de los partidos, especialmente en el plano procedimental, los consagrados en los artículos 24 y 25 de la Constitución.

A tenor de lo que se plasma en las Sentencias del Tribunal Constitucional 10/1983 y 75/1985, debemos poner de relieve que la Constitución establece, con respecto a los partidos políticos, la exigencia de que su estructura interna y su funcionamiento deben ser democráticos, y, además que deben respetar en su vida interna unos principios estructurales y funcionales mínimos, y dentro de estos parámetros jurisprudenciales es cuando se podrá solicitar el amparo judicial oportuno, y, en este aspecto, la iniciación de la presente contienda judicial por la parte, ahora, recurrente, tiene la suficiente base legal, y, entonces, en esgrimir el artículo 22 de la Constitución, en su aspecto de la llamada libertad positiva de asociación, que tiene plena vigencia» (STS de 21 de septiembre de 1996; en el mismo sentido, SSTS de 12 de mayo de 1998 y de 14 de enero de 2000).

En  su virtud,

SUPLICO 

Que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, tenga por formulada demanda de procedimiento ordinario contra el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante, y por impugnados los acuerdos adoptados referenciados, a fin de que,  previos los trámites de ley que fueren oportunos, se dicte en su día sentencia por la que se resuelva:

Primero.- Anular los acuerdos del Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante por los que se aprueba la sustitución de la Junta Local de Alicante por Juntas de Distrito y la división de la ciudad de Alicante en cinco distritos por suponer una vulneración de lo dispuesto en los Artículos 20.3 y 21.5 de los Estatutos Nacionales del Partido Popular y por crear un órgano unipersonal, la figura de un “coordinador” de la ciudad de Alicante, no prevista en los Estatutos del Partido Popular.

Segundo.- Que sea declarada contraria a derecho la negativa efectuada por el Secretario Provincial del Partido Popular de Alicante en su escrito de 17 de diciembre de 2012 a entregar las actas o certificaciones de los órganos colegiados, obligando al Partido Popular de la Provincia de Alicante a entregar toda la documentación solicitada.

Tercero.- Que sea condenado la demandada a las costas devengadas en el presente proceso.

PRIMER OTROSI DIGO.- Que se proceda a suspender cautelarmente la convocatoria de elecciones internas a las Juntas de Distrito hasta que se haya dilucidado su legalidad y la de la supresión de la Junta Local de la ciudad de Alicante, ya que de no ajustarse a derecho deberían ser convocadas primero las elecciones de esta última de conformidad a las normas internas del Partido Popular y su celebración constituiría un fraude electoral y una vulneración de los derechos de los afiliados de la ciudad de Alicante de imposible reparación. La medida de suspensión cautelar debe exigirse sobre la base de que la celebración de las meritadas elecciones puede dar lugar a la consolidación de perjuicios de difícil reparación y, por el contrario, no genera tal conflicto el aplazamiento de las mismas.

AL JUZGADO SUPLICO.- Que tenga por formulada la anterior manifestación a los efectos oportunos y, en su consecuencia proceda a acordar la suspensión cautelar del acuerdo impugnado.

Es justicia que pido en Alicante a veinte de septiembre de 2013.

Alicante marginada en los Presupuestos Generales del Estado 2014.

Leer las declaraciones contradictorias de la mayor parte de los políticos de la Provincia de uno y otro color en torno al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año que viene resulta, cuando menos, decepcionante. Parece mentira que unas mismas cifras puedan ser interpretadas de tan diferente y opuesta manera. Es verdad que gracias a la endogamia partidista y la peculiar forma de designar a nuestros  cargos públicos impera la mediocridad y cierta falta preparación, pero a la vista está que estos defectos no se suplen con la honradez intelectual y el debido respeto a la inteligencia de los ciudadanos. Al explicar los presupuestos y su posicionamiento respecto a los mismos, la mayor parte de los dirigentes alicantinos se limitan a reproducir los argumentarios de sus partidos políticos, a repetir viejos y manidos tópicos y a ignorar el trasfondo de unas cifras que no cubren desde hace muchos años las necesidades de los ciudadanos de Alicante ni de la Comunidad Valenciana.

Los presupuestos de las Administraciones Públicas son la expresión numérica de las políticas que sus gestores pretenden aplicar. Son la expresión cifrada de las prioridades políticas de los responsables de dichas administraciones y, por tanto, constituyen la ley anual más importante de las mismas. Los responsables políticos tienen la obligación moral y política de explicarlos a los ciudadanos y de hacerlo con honradez y transparencia, sin usar trampas contables ni prejuicios ideológicos. Es mucho mejor anunciar una verdad dura pero inevitable que engañar con falsas perspectivas que a la postre sólo sirven parar ahondar en la desconfianza ciudadana.

Y al conocer las cifras que corresponden a nuestra Provincia sólo un insensato o un irresponsable puede mostrar satisfacción, porque lo único evidente es que la provincia de Alicante, al igual que el resto de la Comunidad Valenciana, no sale bien parada del proyecto de PGE para el año 2014. Para poder llegar a esta conclusión no vale usar como referencia alguno de los presupuestos de los ejercicios anteriores en el que la inversión estatal creció notablemente como consecuencia de la inclusión de una infraestructura cara como el AVE ni vale para rebatirla usar como referencia la inversión por km. cuadrado de carretera (a menos carreteras con poca inversión podrá parecer que crece notablemente la misma). Para llegar a la conclusión de que estos presupuestos no son buenos para nuestra Provincia basta recordar algunas cifras: que somos la cuarta provincia española con más población, que somos la quinta provincia que más aporta al PIB y que desde hace muchos años recibimos por ciudadano muy por debajo de la media nacional. Y esto también vale respecto a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana. Desde el año 2000, los distintos Gobiernos de España han dejado de invertir en la Provincia de Alicante más de 6.500 millones de euros en infraestructuras que le hubieran correspondido en función de su peso en el conjunto nacional. Así, en el año 2014 los alicantinos recibiremos para infraestructuras 95 euros menos por habitante que la media nacional. Estará o no justificado, será o no inevitable dada la actual situación económica, pero ése es el dato cierto que no se puede maquillar ni hablando de “términos homogéneos” ni de disquisiciones sobre Kilómetros cuadrados de carreteras.

Y si hablamos de rentas o de pensionistas hay otros datos incontestables: los presupuestos de 2014, si no se remedia, será los presupuestos que consolidarán la pérdida de poder adquisitivo de 400.000 pensionistas y de 79.000 empleados públicos de la Provincia de Alicante. Es decir, casi medio millón de ciudadanos alicantinos perderán poder adquisitivo gracias a estos presupuestos.

Bien harían nuestros representantes políticos en hablar claro y decir la verdad sobre estos presupuestos. Limitarse a decir que son presupuestos serios (como si alguien conociese algún presupuesto alegre), rigurosos y consecuentes no pasa de ser un tópico de manual. Dígannos mejor la verdad, que esto es lo que hay, que no hay más para repartir, que son tiempos difíciles y que nos siguen discriminando, que tenemos que seguir sacrificándonos para pagar los platos rotos por unos y por otros, que no los critican, aunque tampoco les satisfagan, para no perder su sitio en las listas electorales,… Pero, no nos sigan tomando por tontos, por favor. Tengan al menos ese rasgo de honestidad intelectual porque de lo contrario habrá que pensar que a buena parte de nuestra clase política, si tanto le gusta estos presupuestos, le falta energía, inconformismo y ambición para luchar por nuestra Provincia, que se conforman con lo que hay y que no aspiran a más, a mucho más, para sus conciudadanos.

Alicante vuelve a ser discriminada presupuestariamente. ¿Qué habrá que hacer para acabar con esta injusticia? ¿Habrá que empezar a hablar aquí también del derecho a decidir? ¿Habrá que empezar a promover una autonomía uniprovincial para conseguir lo que año tras año se nos niega? Aquí sí que hay ya una deuda histórica. Las cifras cantan.

Santiago de Munck Loyola

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Demandado el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante por presunta vulneración de los Estatutos del PP.

2-X-2013

NOTA DE PRENSA.

Demandado el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante por presunta vulneración de los Estatutos del PP.

Ante la absoluta falta de talante dialogante de la dirección provincial del PP de Alicante, varios afiliados del Partido Popular de Alicante y miembros de la Asociación Foro Esperanza Popular – Movimiento de Bases han presentado hoy en los juzgados de Alicante una demanda contra el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante por haber adoptado acuerdos presumiblemente contrarios a los Estatutos Nacionales del Partido Popular.

Los demandantes, acogiéndose a la tutela judicial de los derechos políticos recogida en la Ley de Partidos políticos, entienden que la decisión de suprimir la Junta Local de la Ciudad de Alicante es contraria a los Estatutos del Partido Popular al igual que la decisión de nombrar “un coordinador” de la ciudad, figura no prevista tampoco en el ordenamiento interno de la formación Popular. Igualmente, la demanda pretende que se declare contraria a derecho la actuación del Secretario Provincial, José Juan Zaplana, que por escrito se negó a entregar las actas y demás documentación solicitada sobre los acuerdos adoptados por el Comité Ejecutivo provincial de Alicante y que se suspenda de forma cautelar la celebración de elecciones internas a las nuevas Juntas de Distrito del PP de Alicante. En concreto, los demandantes solicitan del Juzgado lo siguiente:

“Primero.- Anular los acuerdos del Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante por los que se aprueba la sustitución de la Junta Local de Alicante por Juntas de Distrito y la división de la ciudad de Alicante en cinco distritos por suponer una vulneración de lo dispuesto en los Artículos 20.3 y 21.5 de los Estatutos Nacionales del Partido Popular y por crear un órgano unipersonal, la figura de un “coordinador” de la ciudad de Alicante, no prevista en los Estatutos del Partido Popular.

Segundo.- Que sea declarada contraria a derecho la negativa a entregar las actas o certificaciones de los órganos colegiados efectuada por el Secretario Provincial del Partido Popular de Alicante en su escrito de 17 de diciembre de 2012, obligando al Partido Popular de la Provincia de Alicante a entregar toda la documentación solicitada.

Tercero.- Que sea condenado la demandada a las costas devengadas en el presente proceso.

PRIMER OTROSI DIGO.- Que se proceda a suspender cautelarmente la convocatoria de elecciones internas a las Juntas de Distrito hasta que se haya dilucidado su legalidad y la de la supresión de la Junta Local de la ciudad de Alicante, ya que de no ajustarse a derecho deberían ser convocadas primero las elecciones de esta última de conformidad a las normas internas del Partido Popular y su celebración constituiría un fraude electoral y una vulneración de los derechos de los afiliados de la ciudad de Alicante de imposible reparación. La medida de suspensión cautelar debe exigirse sobre la base de que la celebración de las meritadas elecciones puede dar lugar a la consolidación de perjuicios de difícil reparación y, por el contrario, no genera tal conflicto el aplazamiento de las mismas.

AL JUZGADO SUPLICO.- Que tenga por formulada la anterior manifestación a los efectos oportunos y, en su consecuencia proceda a acordar la suspensión cautelar del acuerdo impugnado.”

En los próximos días, está previsto que más afiliados de la ciudad de Alicante y de otras localidades se sumen a esta actuación judicial.

D. Felipe del Baño, de cazador a cazado.

¡Vaya, vaya, vaya! Parece que empiezan a encajar las piezas. Parece que se empieza a comprender las razones que se escondían tras el furibundo alegato del Diputado Felipe del Baño, instructor del expediente de expulsión del PP de un servidor y de Antonio Sobrino, en su inefable escrito contra los que pedíamos regeneración democrática, democracia interna y más honradez en el Partido Popular de la ciudad de Alicante. El inquisidor – instructor, se puso manos a la obra presto a ejecutar las instrucciones del Secretario Provincial de Alicante, José Juan Zaplana, para echar del partido a los defensores de la regeneración democrática y lo hizo con un escrito plagado de perlas. En él, D. Felipe del Baño, llegaba a decir que resultaba inadmisible reivindicar la regeneración dentro del partido porque eso era dar a entender que todo el partido era corrupto. Pocas semanas después, D. Felipe, se despellejaba las manos aplaudiendo a la Vicepresidenta del Gobierno que acababa de insistir en la necesidad de promover la regeneración democrática en los partidos políticos, incluido el Partido Popular. En dicho escrito, D. Felipe llegaba incluso a afirmar, en el colmo del cinismo o de la ignorancia, que las críticas que realizábamos serían admisibles si las hiciésemos en los cauces internos de participación del partido, obviando un dato importante en su poder: que hace más de diez años que los afiliados de la ciudad de Alicante no han sido convocado a ninguna reunión, ni a ningún acto de participación y debate en el partido por la sencilla razón de que no existen dichos cauces. Y otra perla interpretativa de D. Felipe era que es intolerable y motivo de expulsión afirmar que en el PP de la ciudad de Alicante no hay democracia interna. Para él y para los demás miembros del Comité de Derechos y Garantías del PPCV ocho años sin elecciones internas en la ciudad de Alicante vulnerando los Estatutos del PP que las establecen cada tres años es un ejemplo de democracia interna y el que diga lo contrario a la calle.

Pues bien, ahora resulta que el brazo ejecutor de D. J.J. Zaplana, D. Felipe del Baño, ha sido pillado con las manos en la masa. Según publica el 28 de septiembre de 2013 el Diario Levante (http://www.levante-emv.com/comarcas/2013/09/28/edil-pp-san-antonio-dice/1036666.html), D. Felipe del Baño, tras la denuncia de una Asociación, ha reconocido en el Pleno del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber, Valencia, donde el Diputado popular simultanéa un puesto de concejal con su escaño en las Cortes Valencianas, que en 2010 realizó una contratación a una empresa, Vivers Centre Verd SAU, por importe de 52.000.- € a dedo y sin expediente de contratación alguno. Y, a continuación, el Sr. Del Baño, vulnerando los Estatutos del Partido Popular, votó en contra de la moción del Grupo Popular que proponía la creación de una Comisión de Investigación para aclarar este sucio asunto. Es posible que D. Felipe del Baño, pese a que al parecer es abogado, ignorase la existencia de procedimientos legales para realizar las contrataciones en las administraciones públicas o que conociendo dichos procedimientos decidiese pasárselos por el arco del triunfo, pero todo el mundo sabe que eso está muy feo, que lo del “dedito” es una práctica sospechosa y muy censurable y que, aún habiéndolo hecho, no se pueden dejar pasar tres años sin regularizar la situación formalizando el correspondiente expediente para que la empresa contratada pudiese cobrar el trabajo digitalmente encargado. Y lo de votar contra la moción del Grupo Popular no sólo está feo, sino que además constituye un mal ejemplo cuando quien lo hace es miembro del Comité de Derechos y Garantías del PPCV y, por tanto, ostenta la responsabilidad de hacer cumplir los Estatutos del Partido. Es de suponer que alguien que forma parte de ese Comité conoce especialmente los Estatutos y que recordará el Artículo 13 que dice: Infracciones muy graves.

1.- Cometen infracción muy grave quienes incurran en alguno de los siguientes supuestos:

e) La desobediencia a las instrucciones o directrices que emanen de los órganos de gobierno y representación del Partido, así como de los Grupos Institucionales del mismo.

No hace falta ser un lince para saber que el Grupo Popular del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber es un Grupo Institucional y que votar en contra de una moción de este Grupo, siendo miembro del mismo, es incurrir en infracción muy grave.

¿Qué ocurrirá ahora? ¿Dimitirá D. Felipe como miembro del Comité de Derechos y Garantías del PPCV por haber vulnerado los Estatutos del PP? ¿Le instruirán el pertinente expediente disciplinario por la misma razón? ¿Dimitirá como concejal y diputado tras reconocer públicamente que ha vulnerado la Ley sobre contrataciones de las administraciones públicas? Después de leer lo que escribió sobre la regeneración democrática y verle después aplaudir a la Vicepresidente del Gobierno, es casi seguro que no. Sería como pedir peras al olmo. Como puede observarse una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo. ¿Y todavía hay alguien que dude de la necesidad de impulsar medidas regeneradoras en los partidos políticos?

Santiago de Munck Loyola

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A cuenta de la regia intervención quirúrgica.

Parece que, para algunos, en España no hay ahora asunto más importante que opinar sobre dónde se opera el Rey, si en un hospital público o privado, si con médicos que trabajan aquí o traídos de fuera. Y lo que más sobresale en este artificial e insustancial debate es la actitud profundamente mezquina de muchos dirigentes de la izquierda española. Mezquindad y, en algunos casos, miseria moral como se puso de manifiesto en el grave accidente de tráfico que sufrió y que casi le cuesta la vida a la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Porque hay que ser muy miserable para pedir que se saque de un hospital público y sea trasladada a otro privado a una persona que está en coma y luchando por salvar la vida. No hay otro calificativo para describir a quienes quisieron hacer electoralismo y política sectaria con la vida y la recuperación de la Sra. Cifuentes quien tenía todo el derecho del mundo a ser tratada en el centro hospitalario que quisiera, como cualquier otro ciudadano.

Ahora le toca el turno al Jefe del Estado. Es evidente que cualquiera que fuese la decisión que el Rey hubiese adoptado para tratar la dolencia que le afecta habría sido aprovechada por los mezquinos de turno para lanzar toda clase de críticas y de descalificaciones. Todo parece indicar que el Rey no ha tomado la decisión personalmente, sino que lo ha hecho consultando con su familia, sus médicos y sus colaboradores inmediatos valorando todas las posibilidades y opciones e inclinándose por lo que ha entendido mejor para la recuperación de la salud del Monarca. En estos asuntos no hay improvisación que valga y sólo puede prevalecer finalmente, o solo debería prevalecer, el interés de la salud del paciente.

Pero, no, parece que algunos tienen la imperiosa necesidad de “montar el pollo” por lo que sea y se han puesto manos a la obra. Si el Rey hubiese optado finalmente por someterse a esta nueva operación en un hospital público estarían despotricando porque lo haría saltándose las listas de espera o porque su presencia en cualquiera de los hospitales públicos supondría enormes molestias para el resto de los pacientes ingresados en el mismo, molestias derivadas de las imprescindibles medidas de seguridad en el recinto hospitalario o molestias ocasionadas por la inevitable presencia de todos los medios de comunicación, vehículos, reporteros y demás personal que colapsarían las proximidades al centro público elegido. Y lo más probable es que hubiesen aprovechado los miserables de turno para montar otra escenita en las proximidades exigiendo que le operasen en un centro privado.

Como finalmente la decisión de la Casa Real ha sido que el Monarca sea intervenido en un centro privado también alzan su voz, unos protestando sin matices por la elección y otros haciendo públicas sus preferencias, como si alguien les hubiese preguntado por sus gustos, por la decisión contraria, es decir, diciendo que les hubiera gustado más que el Rey fuese intervenido en un Hospital público. Eso sí, como siempre con las dos varas de medir, porque más de uno, aunque no lo diga, está siendo tratado para algunas dolencias o ha sido tratado en la sanidad privada aunque ahora diga que prefiere que el Rey sea intervenido en la sanidad pública.

En fin, que algunos no pierden la oportunidad para intentar sacar tajada electoral incluso sobre las operaciones reales. Y mientras tanto, el Gobierno y, por supuesto, el Partido Popular tomando decisiones “muy oportunas” manifiesta que no tiene pensado de momento proceder a regular, a legislar sobre las funciones del príncipe de Asturias. Al parecer, según un peculiar criterio de oportunidad política, resulta irrelevante que el Jefe del Estado vaya a estar alejado de sus funciones durante una larga temporada para decidir si conviene o no regular las funciones del heredero de la Corona que necesariamente habrá de sustituir en muchas ocasiones al Rey. Incluso parece que es irrelevante que durante algunas horas, como ocurrió ayer, el Jefe del Estado estuviera inconsciente durante una intervención quirúrgica y simultáneamente el Presidente del Gobierno estuviese ausente de España viajando hacia la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. No hay nada que regular, el heredero de la Corona desarrolla funciones representativas de la Jefatura del Estado, sin soporte jurídico alguno. Curioso.

Santiago de Munck Loyola