Los ciudadanos pasmados y ellos a lo suyo.

Tanto asesor para nuestros políticos, tanto dinero público empleado en marketing político,  en técnicas de comunicación y en imagen para que luego algunos de nuestros dirigentes desconcierten e indignen al personal con sus declaraciones o sus actitudes públicas. El pasado domingo, en un acto político del PPCV celebrado en Alicante el Presidente del Partido y de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, dejó de piedra a más de uno de los asistentes (que no obstante aplaudirían de forma entusiasta como es habitual en este tipo de actos) y a los ciudadanos de la calle cuando manifestó su respaldo a la plurimputada alcaldesa de Alicante Sonia Castedo. “Estás fantástica, a punto, y ahí estaremos todos ayudándote”. Sorpresa y aplausos entre los asistentes. Más de uno de los actuales concejales que trabajan bajo cuerda para ocupar el sillón de la alcaldesa se quedó helado. ¿Y qué hay de la línea roja de Fabra? ¿Dónde queda esa línea discontinua según la cual los imputados deberían irse a casa? Al día siguiente todos los medios de comunicación y los comentaristas políticos atónitos también. ¿Qué ha pasado? ¿Ya no hay línea roja? 

Y se monta tal revuelo que el Presidente Fabra se ve obligado a salir a la palestra para rectificar y para aclarar que su apoyo era de carácter personal y que se refería sólo al embarazo de la alcaldesa. ¡Acabáramos! Alguien, alguno de esos múltiples asesores con los que cuenta el Presidente Fabra y que costeamos los contribuyentes debería haberle advertido que se trataba de un mitin, de una reunión política y no de un encuentro entre amiguetes, ni de una charla del curso del parto sin dolor por lo que debía medir muy bien sus palabras. Claro que, cuando todo un Presidente de la Generalitat ve normal que su amiga cargue la factura del “arreglo del cocido” al presupuesto público, es normal que pasen estas cosas.

Pero, claro, en el PPCV siempre hay “tiralevitas” dispuestos a apoyar cualquier tontería por grande que sea  que diga el jefe y a buscar cualquier argumento que la refuerce. Es ése el caso de la Presidenta de la Diputación alicantina, Luisa Pastor, que se apresuró a hacer unas declaraciones antes de que se produjera la rectificación del jefazo. Y, así, con el pie cambiado dijo al día siguiente del “apoyo comunitario al embarazo de la alcaldesa” que no hay ningún inconveniente en que Sonia Castedo vuelva a encabezar la candidatura del PP porque sólo está imputada por cuatro graves delitos y que no está condenada. 

Semejante “perogrullada” cae por su peso. Evidentemente, ningún imputado es, de momento, culpable de nada. Pero cuando se traza una línea roja, no se sabe muy bien siguiendo qué criterio y se fija en el momento de la imputación, se hace, se supone,  por una exigencia pública de ejemplaridad, aunque no lo sepa la Sra. Pastor. Tampoco Luis Bárcenas ha sido condenado por nada y se sospecha que, pese a su valía financiera, la Sra. Pastor no desea incorporarle en la próxima candidatura del PP de su pueblo ni ofrecerle cargo alguno en la Diputación. ¿O sí?

Y por si fuera poca la ligereza con la que algunos políticos se toman la necesidad de practicar la ejemplaridad y de combatir la corrupción, ayer mismo fuentes próximas al Gobierno de España y al Ministro De Guindos, experto fichando socialistas chaqueteros para altos puestos del Gobierno, hacen saber que no hay ninguna prisa por promover la sustitución de la socialista Magdalena Álvarez, vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, imputada en el caso de los ERES andaluces, el mayor caso de corrupción de la historia, y para la que la Juez Mercedes Alaya acaba de imponer una fianza civil de 29.568.129 euros. Sospecha la Juez que la ex ministra de Zapatero fue la ideóloga (algo difícil conociendo al personaje) del procedimiento de subvenciones que dio lugar al latrocinio del dinero de los ERES en la Junta de Andalucía. Que los socialistas sigan calladitos y que, por supuesto, no pidan la dimisión de sus imputados es absolutamente normal. Pero que haga lo mismo el Gobierno y el partido que lo sustenta ya no lo es tanto. Parece que ajuicio de nuestro Gobierno y, en especial, del Sr. De Guindos este asunto no afecta a la imagen de España. Total, que la vicepresidenta del banco europeo que maneja miles de millones destinados a inversiones esté procesada por un caso de corrupción tan escandaloso como éste carece de importancia. Es más, con no poco cinismo algunos argumentan que se trata de un asunto que nada tiene que ver, por ser anterior en el tiempo, con su trabajo en dicho banco como si en ese banco o en la Junta andaluza no se manejasen fondos públicos y que estas cosas hay que tratarlas con más delicadeza que la que los socialistas suelen emplear en asuntos de corrupción mucho menos relevantes. Casi nada.

Hay quien ve algo más en esta tibieza gubernamental y “pepera” frente a la ejemplaridad  que una simple falta de principios y apunta al hecho de que España es el principal cliente del Banco Europeo de Inversiones, que en 2013 concedió al país préstamos por valor de 10.656 millones de euros. España tiene 76.000 millones de euros de préstamos vivos y espera que este año este Banco nos preste otros 10.000 millones, por lo que, algunos entienden que es bueno que esta señora siga en su puesto en el que, por cierto, cobra 23.000 euros al mes.

Ni principios, ni gestos, ni gaitas. El euro es el euro. Unos no saben por dónde se andan entre tanto asesor, tana línea roja incumplida y tantos casos de corrupción y otros saben demasiado bien por dónde transitan aunque huela a cloaca. Y mientras tanto, los ciudadanos pasmados ante tanta incompetencia y tanto espectáculo bochornoso.

Santiago de Munck Loyola

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¡Cuánta porquería!

A veces ciertas noticias que son importantes pasan bastante desapercibidas en medio de la vorágine informativa en la que los ciudadanos nos vemos inmersos. Estos últimos días por ejemplo hemos presenciado, una vez más, el funcionamiento implacable de la digitocracia de los grandes partidos. Por la banda derecha, el divino dedo de Mariano Rajoy ha ungido a su preferido para presidir el PP andaluz, Juan Manuel Moreno, un señor que por lo visto, como tantos otros, ha ido maquillando conveniente su curriculum vitae y por la banda izquierda, Pérez Rubalcaba, con mismo mecanismo digital ha designado a Elena Valenciano, muy aficionada a hacer novillos cuando era europarlamentaria, para encabezar la candidatura socialista a Estrasburgo ya que con los años es posible que haya superado su adición a cobrar sin trabajarse el escaño. Estamos asistiendo igualmente al cruce de acusaciones entre gobierno y oposición en torno a la tragedia de los inmigrantes ilegales africanos fallecidos cuando intentaban entrar a nado en territorio español y a la más que miserable utilización partidista de los muertos por parte del PSOE aunque esta repugnante técnica socialista no es nada nueva. Y también es objetos de portadas la falta de escrúpulos éticos y morales de los socialistas navarros dispuestos a auparse en el Gobierno Foral gracias a los votos de los herederos de ETA. Nada nuevo bajo el sol, en realidad.

Pero entro estas noticias y algunas otras, está pasando bastante desapercibida la noticia del creciente malestar de muchos dirigentes populares de la Comunidad Valenciana por la actuación de Alberto Fabra al frente de la Generalidad Valenciana. Según informan varios medios de comunicación, entre ellos el confidencial.com, el malestar viene motivado por el nombramiento de Esther Pastor como Secretaria Autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales. ¿Y quién es esta señora cuyo nombramiento tanto molesta a algunos? Pues según dichos medios es la pareja sentimental de Alberto Fabra, su colaboradora cuando era Alcalde de Castellón y después Directora General de la Generalidad. No se trata de una afiliada del Partido Popular y, según parece, sus méritos profesionales para alcanzar tan alto cargo radican en su especial relación con el Presidente Fabra y la confianza que en ella tiene ante su falta de liderazgo y de colaboradores leales en el seno del PPCV. Estas cosas suelen ocurrir cuando se hereda una organización política, cuando el liderazgo político es inexistente y cuando la mediocridad política es encubierta por los cantos de sirena de toda una panda de aduladores y oportunistas tan prestos al aplauso como a la puñalada trapera.

Los asuntos sentimentales de nuestros políticos siempre se han mantenido bastante lejos de los focos periodísticos e incluso han sido analizados con bastante benevolencia por la mayoría de la opinión pública. Pero cuando el político, como en este caso ha hecho el Sr. Fabra, confunde su dormitorio con los despachos oficiales y utiliza la administración pública para colocar a su “amiga” la cosa cambia. Alberto Fabra ha roto la frontera entre lo público y lo privado y, por tanto, puede y debe someterse a la crítica de la opinión pública. De todos es sabido que cuando Fabra habla de líneas rojas carece de credibilidad porque las aplica según le conviene y lo ha demostrado claramente en Alicante al consentir que los Sres. Ciscar y JJ Zaplana retorciesen los Estatutos del PP para inventarse un Consejo de Dirección en el que poder situar a la Alcaldesa imputada Sonia Castedo y así saltarse la famosa e inexistente línea roja fabriana. Por cierto, vaya “pasada” de fotos de nuestra Alcaldesa y de su amigote Enrique Ortiz  publicadas por La Sexta. ¡Qué manera de arrastrar por los suelos la dignidad de nuestra ciudad!

El nombramiento de Esther Pastor es impresentable, indigno y humillante para la inmensa mayoría de los militantes populares. No vamos a hablar ya de señas de identidad de un partido como el Popular cuyos valores no encuentran mucho acomodo en determinado tipo de conductas personales sino de principios y valores éticos básicos e irrenunciables en la actuación de cualquier representante político y en el uso que se pueda o no hacer de los bienes y recursos públicos. No son pocos los dirigentes populares en nuestra comunidad que confundieron la hacienda pública con su bolsillo particular como podemos ver en las crónicas de los tribunales que ahora los ciudadanos tenemos que asistir estupefactos a la confusión del colchón con el despacho. No es de extrañar pues que Alberto Fabra, en su condición de Presidente del PPCV, tolere o promueva la expulsión de los militantes populares que reclaman ejemplaridad o la regeneración democrática del partido, tal y como han ejecutado los Sres. Ciscar y JJ Zaplana, dos personajes cuya palabra vale lo que un duro falso. Una vez más, la falta de democracia interna del PPCV está en la raíz de estos escandalosos y repugnantes comportamientos. El nepotismo, la corrupción, el oportunismo, el despilfarro y la ausencia de ejemplaridad están a la orden del día y ni los ciudadanos de esta Comunidad ni los militantes populares se merecen tanta porquería.

Santiago de Munck Loyola

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Largas vacaciones para sus señorías.

Los ciudadanos de la Comunidad Valenciana podemos dormir tranquilos: la tranquilidad, el sosiego y el descanso de nuestros representantes, nuestros diputados en las Cortes Valencianas está más que asegurado. Podemos tener la seguridad casi absoluta de que sus señorías no se van a estresar en las Cortes y que, por tanto, estarán en plena forma, tras sus prolongadas vacaciones, para abordar sin nervios los innumerables problemas que nos aquejan merced a la incompetencia y a los incumplimientos electorales de quienes nos gobiernan. Y es que en esta nuestra Comunidad somos punteros como le gusta decir al Presidente Fabra: somos punteros en el número de diputados del PP imputados, somos punteros en los casos de corrupción a lo largo y ancho de nuestra geografía, somos punteros en despilfarro y deuda pública y somos punteros también, por algo será, en vacaciones parlamentarias para sus señorías. Todo es poco para nuestros representantes gracias a cuyos desvelos estamos como estamos.

Las Cortes Valencianas iniciaron sus vacaciones de Navidad el 19 de diciembre cuando se aprobaron los presupuestos para 2014. El parto presupuestario debió ser duro, sin epidural ni nada, a pelo y por eso sus señorías no van a reanudar su trabajo parlamentario hasta la semana que viene que  en la que se reanudará la actividad. Pero, que nadie se llame a engaño, la incorporación al trabajo parlamentario requiere calma y tranquilidad, no sea que alguien pueda de nuevo estresarse, y se hará con un Pleno en el que ni el Presidente Fabra va a comparecer, que para eso ya debatió con la oposición el 28 de noviembre y no hay por qué abusar, ni se van a debatir los problemas más importantes que agobian a los ciudadanos de la Comunidad.

Hay que ser comprensivos y entender que nuestros parlamentarios autonómicos necesitan reposo y sosiego para debatir, estudiar y aportar soluciones a los problemas de los ciudadanos. Mens sana in corpore sano. Ya lo decían los romanos y el cuerpo de sus señorías debe estar en forma. Total, si uno se cree, ya hay que ser incauto, los discursos del Sr. Fabra, del Sr. Ciscar, de la Sra. Castedo o los cuentos chinos del Sr. Cotino la cosa no está tan mal, no es para tanto y no hay que ser catastrofista. Vamos, que lo están arreglando todo. Además, mantener las Cortes Valencianas sólo nos va a costar este año a los ciudadanos de la comunidad 23.300.000.- €, eso sí, siempre que no haya desviaciones presupuestarias, algo demasiado frecuente en las prácticas políticas del PPCV. ¿Y qué son 23 milloncitos al lado del aeropuerto de Castellón, de la Ciudad de las Artes, de las facturas de Calatrava o de lo que se debe a Alicante? Una minucia. Todo es poco para una casta política insaciable que con su ejemplo nos invita a los ciudadanos a movilizarnos para concederle unas vacaciones muchísimo más largas.

Pero en medio de tanta mediocridad siempre se eleva un faro de excelencia y brillantez intelectual y para ejemplo ahí tenemos al Portavoz del PPCV en las Cortes Valencianas, Jorge Bellver, que a propósito de la dedicación de los diputados a su actividad parlamentaria ha querido iluminarnos con su sabiduría (aunque alguno se atrevería a calificarlo de mentecato contemporáneo) afirmando que los ciudadanos esperan de sus representantes que trabajen, pero que participen de la vida de estas fiestas. ¡Claro! Para eso les pagamos para que trabajen, aunque sea un poquito, y para que estén de fiesta.

Lamentablemente, no es posible ignorar que lo que subyace tras esta situación es una profunda falta de respeto a los ciudadanos y a su esfuerzo diario, así como un absoluto desprecio a la esencia de lo democracia. Los foros parlamentarios son el núcleo donde se articulan las reglas de juego de la democracia y ésta se caracteriza por el debate, el diálogo, la negociación, el control de las minorías a las mayorías, etc. Un parlamento anestesiado, un parlamento en el que se elude el debate y el control, un parlamento que en medio de una brutal crisis se reúne con cuentagotas es el síntoma más claro y evidente de una democracia enferma. Y una democracia no enferma por casualidad sino por las acciones y omisiones de los políticos que tienen la obligación y la responsabilidad de velar por su salud. Todo ello es una prueba más de que la regeneración democrática, de que la revitalización de nuestra democracia es imprescindible y de que el mayor enemigo de la misma son los políticos y los partidos que se empeñan en negarlo.

Santiago de Munck Loyola

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El fiestorro de parte de la clase dirigente.

Si hay una práctica verdaderamente extendida en nuestro país se trata de las llamadas comidas de trabajo o de negocios. Muchas veces da la sensación de que no se termina de traspasar el umbral de la relevancia empresarial o política, en su caso, si no se celebran estos encuentros gastronómicos. Todo empresario o político que se precie ha de tener en su agenda un importante número de citas semanales para desarrollar esta peculiar forma de abordar asuntos que se suponen serios e importantes. A más ágapes, más relevancia social del comensal. Al margen de las dudas que cada cual pueda albergar sobre la eficacia y la conveniencia de estos eventos gastronómicos para la conclusión de operaciones mercantiles, lo cierto es que no son pocas las que terminan por frustrarse o por concluirse al calor de los manteles de los restaurantes. No son pocos los empresarios que utilizan estas comidas para agasajar e intentar impresionar a sus invitados o, simplemente, para conocerles un poco mejor en un ambiente diferente al estrictamente profesional. Cada empresario es muy libre de emplear su dinero como mejor le parezca y si considera conveniente hacerlo en nutrir a su invitado y posible socio comercial está en su derecho. Se trata de una inversión más que podrá o no terminar por reflejándose de forma positiva en su cuenta de resultados.

Esta costumbre de las comidas de trabajo o de negocios se ha introducido sin ninguna dificultad en el ámbito de la vida pública, en el de las administraciones, de los partidos políticos o los sindicatos. Lo cierto es que su celebración tiene más difícil justificación en muchos casos. Cuando se realizan con ocasión de la concertación de contratos entre particulares y las administraciones, procedimientos perfectamente reglados, no tiene ningún sentido que políticos o técnicos participen en las mismas con los empresarios “contratandos” o contratados. Pero no son éstas las únicas que se celebran. Hay muchas otras en las que entre los comensales no hay ni va a haber ningún vínculo económico, sino que se trata de encuentros entre políticos o entre éstos y otros sectores sociales encaminados a la negociación y a la consecución de acuerdos con repercusiones públicas.

Y nada habría que objetar a esta práctica en la vida pública si no fuera por un detalle sustancial que se produce cuando las facturas de estos encuentros gastronómicos las terminan pagando los contribuyentes. El dinero del contribuyente no está para pagar comidas en restaurantes, la mayor parte de ellas innecesarias, a gente que, además, recibe un sueldo público más que suficiente para atender a sus necesidades básicas, incluidas las comidas. La clase política y sindical está sostenida económicamente por los presupuestos públicos. Les pagamos para trabajar por la sociedad y no por comer por ella en restaurantes de lujo.

A lo largo de los últimos años se ha producido un tremendo relajamiento de los principios éticos y del concepto del servicio público que ha llevado a que no pocos de los miembros de la clase dirigente lo confundan con servirse de lo público. Hace pocos meses era noticia la cafetería-restaurante del mismo Congreso de Diputados en la que, al igual que en otras cámaras legislativas autonómicas, los contribuyentes subvencionamos a sus señorías hasta los cubatas que se atizan en nombre de la Patria. 

El pasado mes de julio se hacía pública parte de la contabilidad del PP y en la misma figuraban gastos escandalosos que no han sido desmentidos. El PP que como los demás partidos se sostiene gracias al dinero público gastó en la Provincia de Castellón parte de ese dinero en “lencería y tabaco para reuniones” y en la Provincia de Alicante sus dirigentes gastaron en 2011 más de 35.000 € en comidas de trabajo, síntoma evidente de la existencia o de mucho trabajo o de mucha hambre o de mucha cara dura. Ahora se comprende por qué no dejan votar en las elecciones internas a los afiliados que no pagan su cuota.

Y en estos días veraniegos estamos conociendo el no va más del “fiestorro” permanente de la clase dirigente de nuestro país, en su vertiente político-sindical. Al escandalazo de los cerca de 1.000 millones de euros que la Junta de Andalucía ha dilapidado en el caso de los EREs falsos, se suman ahora algunas revelaciones sobre el uso de fondos europeos de formación a los parados que ponen de manifiesto la catadura moral del socialismo español en su vertiente sindical. Más de 12.000 euros gastados en marisco, tapitas y alcohol en la Feria de Sevilla en la caseta de UGT a cuenta de los contribuyentes y todo ello, como no, disfrazado con la manipulación de facturas bajo el concepto de comidas de trabajo de la negociación colectiva. ¡Hombre! Hay que reconocer que bajo los efectos etílicos de una buena cogorza de fino se debe negociar con más soltura. Y cuando no se trata de comilonas, se encubren otros gastos como los correspondientes a movilizaciones para la huelga bajo otros conceptos pero siempre malversando fondos públicos destinados a la formación de los desempleados andaluces.

Es evidente que aquí no funcionan con eficacia los controles sobre el uso del dinero público. Las supuestas comidas de trabajo se han convertido en un auténtico coladero en unas ocasiones para encubrir las facturas de encuentros gastronómicos particulares y en otras para colar juergas de unos desaprensivos que usan el dinero público como si fuera suyo o como si no fuera de nadie. Y todo ello en un país donde la desnutrición infantil y las enfermedades asociadas a la misma han hecho aparición en no pocas localidades.

Dado que confiar en el buen juicio de la clase dirigente, honrada en su mayor parte, no evitará que se sigan produciendo semejantes abusos mucho más sencillo y práctico sería confiar en el sentido común y que cada uno se pague de su bolsillo lo que coma. Con dinero público, ni una comilona de trabajo más.

Santiago de Munck Loyola

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Con AVE y con foto por los pelos.

Tal y como vaticinaban muchos comentaristas en los diferentes medios de comunicación, el trato protocolario que ha recibido hoy la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, con ocasión de los actos de inauguración del nuevo AVE a Alicante, ha sido objeto de un detallado seguimiento y análisis. Todos los medios de comunicación, casi sin excepción, han coincidido en varias cosas: que la Alcaldesa de Alicante ha sido relegada en el protocolo oficial, que Mariano Rajoy la ha eludido cuanto ha podido y que la Alcaldesa ha conseguido finalmente “salir” en la foto, aunque fuera a costa de la Bellea del Foc y del Presidente de las Hogueras de San Juan. Incluso a última hora, la Presidenta de Castilla la Mancha y Secretaria General del Partido Popular, Mª Dolores de Cospedal, ha tenido que acudir a los medios para aclarar que ella no ha tratado de evitar a la Alcaldesa de Alicante durante la ceremonia. ¡Cómo habrá sido la cosa para tener que realizar esta aclaración!

Al ver las imágenes y leer las diferentes crónicas sobre este importante día para Alicante, como vecino, tengo cierta sensación de malestar y de vergüenza. Malestar porque cuando alguien evita a la Alcaldesa de nuestra ciudad porque está imputada por tres graves delitos o cuando se la margina en los actos protocolarios, con diferentes excusas, pero se la margina al fin y al cabo, a quien se está evitando o marginando es a la representante de todos los vecinos de Alicante, a la máxima autoridad de la ciudad de Alicante. Vergüenza por los intentos, aparentemente desesperados, de la máxima autoridad municipal por arrancar una foto con quienes no tienen muchas ganas de fotografiarse con ella.

Da la sensación de que hace tiempo que la dignidad política ha desaparecido de nuestro entorno próximo. Cuando se leen las transcripciones de las grabaciones de las conversaciones de toda una Alcaldesa con un proveedor municipal se siente bochorno por el tono cutre que se emplea. Cuando se leen determinadas declaraciones judiciales en las que se reconoce abiertamente que se usa el más alto cargo de la ciudad para pedir empleo para los amigos y conocidos, se siente bochorno. Cuando se conocen las informaciones sobre cómo se realizan determinadas adjudicaciones y a quien en una ciudad como la nuestra, se siente bochorno. Y cuando se ven determinadas escenas como las de hoy se siente también bochorno y vuelve la pregunta ¿dónde está la dignidad inherente al desempeño de un cargo político representativo?

Es francamente difícil entender la situación porque quienes deberían haber tomado determinadas decisiones no lo han hecho o lo han hecho de forma bastante tibia. Y ello sólo contribuye a aumentar el desconcierto de los ciudadanos. Es bastante difícil comprender que alguien que esté imputado no pueda ostentar ningún cargo interno en el PPCV, tal y como ha establecido el Presidente Fabra, y simultáneamente no exista inconveniente alguno para que siga perteneciendo al Grupo Popular en las Cortes Valencianas o en su Ayuntamiento. Es difícil de entender que el Secretario Provincial del Partido Popular de Alicante presida una cena de homenaje a la Alcaldesa organizada tras su imputación y el Presidente Nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, evite saludarla o fotografiarse con ella. Tiene poca lógica que los cargos de designación directa que resultan imputados sean cesados fulminantemente y que los cargos electos igualmente imputados no reciban la petición pública de dimisión, aunque dicha petición resulte inútil en la mayoría de las ocasiones. Era imprescindible trazar una línea roja como hizo el Presidente Fabra, pero resulta bastante desconcertante que esa línea roja sea discontinua. No es sencillo el problema, hay muchas variables a tener en cuenta, pero es imprescindible un criterio único y muy claro.

No es difícil lograr hoy en día que un cargo público sea imputado y, en muchas ocasiones, la imputación se ha convertido en un estigma y en un instrumento de la lucha partidista. Hay quienes tratan de ganar en los tribunales lo que no ganan en las urnas. Sin embargo, establecer un criterio en función de las circunstancias de cada caso parece bastante complicado. Habría que atender a la gravedad de las acusaciones, el origen de las mismas o a los indicios incriminatorias existentes lo que terminaría por promover unos juicios paralelos inaceptables. Más fácil parece el caso de los cargos públicos procesados porque en esos casos, el juez ya aprecia indicios racionales de criminalidad. Y no se trata de vulnerar, como algunos argumentan, la presunción de inocencia. Al día de hoy el Sr. Blesa es inocente de cualquier delito y, sin embargo, está en la cárcel de forma preventiva sin vulnerar su derecho a la presunción de inocencia.

Sin embargo y a pesar de las dificultades que entraña establecer un criterio claro y ejemplarizante, lo cierto es que cuando el egoísmo o la falta de altura de miras de los imputados dañan gravemente a la imagen de las instituciones a las que representan y a los partidos que los han aupado a esas responsabilidades, no queda más remedio que tomar una decisión que signifique públicamente que no se comparte su situación y que no se les protege. Y más vale una vez colorado que ciento amarillo.

Santiago de Munck Loyola

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Sobre imputados y procesados.

Hace pocos días, Alfonso Rus, Presidente Provincial del PP de valencia, a propósito de la sesión de control en Las Cortes Valenciana que se convirtió casi en un monográfico sobre el diputado Rafael Blasco,  defendió, por un lado, la presunción de inocencia del parlamentario imputado en el “caso Cooperación” y, por otro, dejó caer que no era libre en el PP para decir lo que piensa al respecto. Así, manifestó que discrepa de los planteamientos del Presidente Regional con su doctrina sobre los imputados y dejo que “Creo en la presunción de inocencia y hasta que el juez no diga lo contrario creo que las personas son inocentes”.

Por su parte, hoy lunes, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha señalado que es "fundamental" una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el consenso de todos los partidos, para establecer que ninguna persona con "indicios" de haber cometido "delitos pueda estar presente en ninguna institución". Según Fabra esta reforma debe garantizar que "esa necesaria tranquilidad pueda estar presente en la sociedad" ya que ha constatado "la desafección" que produce entre la ciudadanía con respecto a los políticos los casos de corrupción. Ha insistido en que manteniendo el derecho a la presunción de inocencia trata de establecer "una línea roja" en que la que "los imputados no tengan responsabilidades" en el partido. Y ha insistido en que "el tema de las imputaciones y de los procesados" debe abordarse "a nivel nacional".

Se mire por donde se mire, lo cierto es que pocas herencias más envenenadas habrá que la recibida por el Presidente Fabra. De una parte, una administración autonómica sumamente endeudada a la que la crisis ha cogido con los “deberes” sin hacer o mal hechos. De otra, un partido fracturado por viejas rencillas personalistas, aún hoy soterradas, y un pavoroso panorama de escándalos de corrupción repartidos entre distintas administraciones y empresas públicas que culminan en un grupo parlamentario con nueve miembros imputados y algunos incluso procesados. Es cierto que el Presidente Fabra está intentando abordar de forma directa ambos frentes, el de la administración regional y el del partido, pero no es menos cierto que estos esfuerzos no están encontrando el suficiente eco y el reconocimiento público por parte de la mayoría de los electores, tal y como señalan las encuestas.

No es un tema fácil de abordar el de los políticos imputados o procesados en casos de corrupción. Simplificar en exceso las soluciones supondría con seguridad un error y una injusticia. Ambos líderes, Rus y Fabra, abordan el problema principalmente desde una perspectiva jurídica. De una parte. Es indudable, de acuerdo con nuestro estado de derecho, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y, en sentido estricto, no le falta razón al Presidente Rus cuando afirma que hasta que no exista una sentencia firme es preciso sostener la presunción de inocencia. Pero, la aplicación de este principio equivaldría a sostener que hasta que no se agote el último recurso procesal no se podría exigir la renuncia, no ya de un imputado o procesado, sino de un condenado en primera instancia. Cabría objetar que incluso el delincuente sorprendido in fraganti es inocente hasta que no haya sentencia firme, aunque se le haya encontrado junto al cadáver y con el cuchillo en la mano.

De otra parte, el Presidente Fabra aboga por una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, consensuada entre todos los partidos, para delimitar el momento en que el imputado o procesado en un caso de corrupción debería abandonar sus responsabilidades institucionales. Nuevamente, se trata de una consideración de índole jurídica cuya resolución no se vislumbra, hoy por hoy, muy cercana y, menos aún, con un amplio respaldo parlamentario.

Sin embargo, no se trata de ofrecer hoy una respuesta jurídica porque lo que hay delante es un problema esencialmente político, no jurídico. La desafección que los ciudadanos muestran ante la clase política a causa de los casos de corrupción es un problema de carácter esencialmente político, no jurídico, y por ello requiere, en primer lugar, respuestas políticas. Y respuesta política es la que el Presidente Fabra ha venido sosteniendo, aunque de forma insuficiente, a este problema político al plantear el trazado de una “línea roja” en virtud de la cual un imputado no puede ostentar responsabilidades orgánicas dentro del Partido Popular. Sin embargo, esta respuesta política, que en si misma ya es positiva, parece insuficiente a la hora de “visualizar” ante los ciudadanos la persecución de conductas reprochables. No hace falta ninguna reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal para reforzar esa línea roja y ganar credibilidad. Se puede hacer excluyendo del los Grupos Populares municipales o de las Cortes a aquellos cargos públicos que estén imputados o procesados. No es fácil, pero hoy en día parece los más ejemplarizante que con las normas existentes en la mano se puede hacer. Si alguien por su situación procesal no es digno de ocupar un cargo orgánico del PP tampoco debería permanecer en un Grupo Municipal del PP. Eso sería lo coherente. Y hay que destacar que se hace un flaco favor a la política del Presidente Fabra hechos como condicionar la democracia interna del propio partido, es decir, los derechos de miles de militantes, a la situación judicial de personas concretas como ocurre en la ciudad de Alicante. Eso es dinamitar las líneas rojas.

Santiago de Munck Loyola

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COMUNICADO DEL FORO ESPERANZA POPULAR.

Plaza de Gabriel Miró 14. Alicante.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acaba de citar como imputado por tres nuevos delitos, falsedad documental, fraude fiscal y cohecho, al ex Alcalde de Alicante y Diputado Regional de la Provincia de Alicante por el Partido Popular, Luis Díaz Alperi. Esta nueva imputación viene a sumarse a la existente en el caso Brugal por tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y cohecho.

Ante este hecho, el Foro Esperanza Popular desea manifestar lo siguiente:

1º La acumulación de políticos imputados en distintas causas relacionadas con la corrupción está provocando un creciente rechazo de los ciudadanos hacia la clase política, los partidos y las instituciones, tal y como reflejan los más recientes sondeos.

2º Este rechazo se ve reforzado por la aparente pasividad de la cúpula de los partidos ante dichos casos que no adoptan medidas efectivas que refuercen la imprescindible ejemplaridad de los cargos públicos y que restauren la confianza ciudadana.

3º Hoy ya no son suficientes las habituales y huecas manifestaciones retóricas. Señalar que los escaños son de los imputados y que no se les puede obligar a dimitir constituye una obviedad innecesaria y una cortina de humo para esconder la posibilidad de aplicar medidas ejemplarizantes.

4º Ante estas situaciones y dejando a salvo la presunción de inocencia, los partidos políticos sí pueden, al menos, apartar de sus grupos institucionales (parlamentarios o municipales) a los cargos públicos imputados que voluntariamente no quieran abandonar sus funciones hasta que exista una resolución judicial.

Por todo lo anterior, solicitamos a la Dirección Regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana que adopte las medidas necesarias para excluir del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes Valencianas a D. Luis Díaz Alperi y a los demás diputados que se encuentren en similares circunstancias, tal y como se ha hecho en otras cámaras regionales.

En Alicante, a 17 de abril de 2013.

La imputación de la Infanta, una cortina de humo.

La decisión del juez Castro de imputar a la Infanta Cristina ha provocado un infantil regocijo y algarabía en buena parte de la izquierda, de muchos comentaristas políticos y de amplios sectores de la población. Poco importa para ello que, al parecer, el auto de imputación dictado por su señoría peque de incoherencia e inconsistencia jurídica y que se base más en escasos indicios incriminatorias que en hechos relevantes. Buena parte de la opinión pública se alegra y se ensaña con la Infanta tal y como antes hizo con su esposo, el Sr. Urdangarin. Sin freno alguno y sin medir las negativas consecuencias de ello se cargan las tintas sobre ambos personajes como si los hechos que se les imputan y las responsabilidades que de ellos pudieran derivarse sólo les correspondieran a ellos. Parece como si el Sr. Urdangarín y su socio, con la complacencia, colaboración o complicidad de la Infanta Cristina hubiesen asaltado las cajas de las administraciones públicas y se hubiesen llevado el dinero. Y no es así, ni mucho menos.

A un servidor, que no es precisamente un fervoroso partidario de esta Monarquía tan poco ejemplar, sobre todo por la conducta frívola, indiscreta e irresponsable de su máximo representante, el Rey, este ensañamiento callejero de la Infanta y de su marido le parece más una cortina de humo y un espectáculo bien aderezado por los medios de comunicación que sólo sirve para alejar el punto de mira de quienes son los auténticos responsables del mal uso que se haya podido dar al dinero público. No cabe ninguna duda que el Sr. Urdangarin, con la colaboración de su ex socio y antiguo amigo, ha sido un pájaro de cuidado, un fresco y ambicioso que sabía que usando adecuadamente su relación familiar se le podían abrir muchas puertas para ganar dinero a espuertas. Pero tan cierto como lo anterior es que ni el Sr. Urdangarin, ni su socio, han asaltado ninguna caja fuerte, ni han forzado a nadie a realizar negocios con ellos. Muy posiblemente se dedicaron a vender humo, a vender a precios desorbitados servicios que no lo valían o a facturar prestaciones que no se realizaron. Ellos pusieron precio a su humo y, lo peor, es que hubo quien lo compró y lo pagó con el dinero de los contribuyentes. Son precisamente los que compraron el humo del Sr. Urdangarín y quienes lo pagaron tirando del cajón público los verdaderos responsables de este escándalo. Son los que por mandato de las urnas tenían la obligación política, legal y ética de usar ese dinero público con la “diligencia de un buen padre de familia” y no lo hicieron. Compraron a lo tonto, a cualquier precio y sin comprobar la mercancía, todo por una buena foto. Son, ni más ni menos, los políticos que firmaron estos contratos y convenios con las Fundaciones o empresas del Sr. Urdangarín y los técnicos que debían haber fiscalizado esos gastos. ¿Y dónde están en los telediarios? ¿Dónde están los nombres de los políticos y de los técnicos responsables de velar por el dinero de los contribuyentes? ¿Por qué no los persigue la prensa?

Ni el Sr. Urdangarin, ni su socio, ni la Infanta Cristina pudieron tener acceso a un solo céntimo público por si mismos, necesitaron que determinados políticos pagasen esas cantidades millonarias que ahora hemos conocido. Y, sin embargo, todos los focos están puestos en los primeros; la mayoría de la gente sólo carga sobre ellos las tintas al igual que la inmensa mayoría de los medios de comunicación. Ni a la Infanta ni a su marido los hemos elegido los ciudadanos, están donde están por su parentesco, pero a quienes sí hemos elegido, a los que hemos votado es a los responsables políticos que debían gestionar escrupulosamente nuestro dinero y no lo han hecho y debería ser, por tanto, a quienes con mayor firmeza denunciásemos y exigiésemos las responsabilidades a que hubiese lugar. Y, sin embargo, hasta ahora están saliendo de “rositas” ya que casi nadie se fija en ellos. Si se dejaron engañar o si sabían que compraban a precio de oro lo que no lo valía, estos políticos y técnicos deberían irse a la calle y pagar con su patrimonio el agujero que por irresponsabilidad o ignorancia han dejado en las arcas públicas. Sólo así se hará justicia de verdad en este escándalo que tanto daño está haciendo a la imagen internacional de España.

Santiago de Munck Loyola

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La ejemplaridad pública.

Una de las características de nuestra sociedad es la gran velocidad con que se producen cambios en las corrientes de opinión. La rápida transmisión de noticias y la libre circulación de opiniones son facilitadas por los medios de comunicación y, en especial, por las redes sociales. Ello debería obligar a los partidos políticos a permanecer muy atentos y perfectamente conectados a los movimientos de opinión en la sociedad, a ser mucho más permeables a los problemas, a las necesidades y a las posibles soluciones que los ciudadanos demandan. En este sentido, parece que el Partido Popular quiere, o al menos así lo manifiesta, debatir con los ciudadanos cuestiones que diariamente están en la agenda de la actualidad social. El pasado 23 de marzo se celebró en Ciudad Real un primer debate sobre la situación del desempleo juvenil y sobre las propuestas de futuro que plantea el Gobierno, con la participación de la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, junto con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El próximo debate o foro, dedicado a la “ejemplaridad pública” se celebrará en Madrid y es probable que cuente con la presencia del Ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria. Siendo loable esta iniciativa y siempre que su formato sea auténticamente participativo y no se trate de un acto más de propaganda, parece francamente insuficiente. Un partido político con más de 700.000 afiliados en toda España, como el Partido Popular, cuenta ya con una estructura social muy amplia, con una red de personas extendida prácticamente por toda España que, además, penetra en todas las capas sociales. Su propia estructura territorial y social permitiría sintonizar mucho mejor con las corrientes sociales si sus afiliados fuesen tenidos en cuenta y fuesen llamados a participar en estos mismos debates desarrollándolos en cada sede local. Los afiliados populares no son personas aisladas de la sociedad y de los problemas que la aquejan, todo lo contrario. Son ciudadanos comprometidos políticamente que padecen exactamente lo mismo que la gente de su entorno y, por tanto, podrían, si hubiese voluntad política para ello, servir como una excelente correa de transmisión entre la sociedad y el partido.

Dicho lo anterior, la elección del tema de debate, la ejemplaridad pública, es muy acertada y da para mucho en estos tiempos tan difíciles y convulsos. Es precisamente la ausencia de ejemplaridad pública la que condiciona, como se ha visto recientemente en la última encuesta del CIS, la valoración negativa que los ciudadanos tienen sobre la clase política, sobre los partidos políticos y la corrupción. Hoy desde la Casa Real hasta el poder judicial, pasando por los partidos políticos, la patronal o los sindicatos, casi todas las instituciones u organizaciones públicas o sociales están tocadas. Es justo en los tiempos de crisis, en los momentos en que los problemas más agobian al ciudadano cuando éste vuelve sus ojos hacia quienes deberían aportar soluciones a su situación, en muchos casos dramática, y lo que ve no es que le guste precisamente. En muchos casos, quienes deberían liderar la sociedad, quienes tendrían que predicar con el ejemplo, quienes deberían aportar soluciones a los problemas de la sociedad no lo hacen o están inmersos en escándalos o en actitudes poco edificantes.

Y la falta de ejemplaridad no se manifiesta únicamente en la existencia de numerosos casos de corrupción que a diario llenan las portadas de los periódicos, sino también en un conjunto de actitudes y comportamientos en el uso de los mecanismos que la Ley otorga y que evidencia la existencia de dos mundos paralelos, dos realidades muy distintas: la oficial y la de la calle. No resulta ejemplar que en una época de crisis, de recortes y sacrificios que se imponen y se exigen a los ciudadanos, no exista un correlato en el mundo oficial o no, como mínimo, en la misma proporción. No es ejemplar que mientras suben los impuestos a los ciudadanos, los parlamentarios gocen de privilegios fiscales, como tampoco lo es que mientras se agravan las condiciones para la percepción de una pensión los parlamentarios sigan gozando de unos privilegios para ello fuera de toda lógica. No es ejemplar precisamente nombrar y mantener como Secretario de Estado de la Seguridad Social a alguien que durante años ha mentido sobre su curriculum atribuyéndose falsamente la condición de médico o nombrar y mantener a una Secretaria de Estado de Investigación a alguien que ha luchado por impedir en las elecciones la victoria de quien un mes después la nombra. En una sociedad donde millones de ciudadanos desempleados han agotado ya cualquier ayuda pública y no hay dinero para más, no sólo no es ejemplar sino profundamente inmoral que se sigan manteniendo retribuciones públicas en administraciones, empresas públicas o bancos nacionalizados de 100.000, 500.000 ó 900.000 euros anuales. No es ejemplar ni edificante que se nombren asesores con fabulosos sueldos a gente sin experiencia ni formación o que se las promocione a escaños en los parlamentos autonómicos o en el nacional por el simple hecho de ser parientes de alguien. Tampoco lo es que las candidaturas se hagan a dedo, sin contar con los militantes de los partidos, y se usen para colocar a gente que nunca a puesto un pie, ni lo va a poner, en la Provincia por la que resultan elegidos. No es algo que mueva a la alabanza el hecho de que los contribuyentes tengamos que pagar los gastos en viaje oficiales de una amiga del Rey o que le tengamos que acondicionar una mansión cerca de la Zarzuela. Como tampoco sirve de buen ejemplo que el máximo representante del poder judicial manifieste que tener que volar en clase turista supone un descrédito para la institución que preside mientras miles de españoles pasan hambre. No resulta ejemplar mantener a toda costa un modelo de estado insostenible mientras se recorta en prestaciones sociales esenciales. No constituye un buen ejemplo mantener en las administraciones públicas muchos más asesores y cargos de confianza que cargos electos o mantener en sus puestos a diputados que se duermen en las sesiones parlamentarias, que se dedican a estudiar francés en las mismas, a hacerse la manicura o jugar con sus iPad mientras que se habla de los problemas de los ciudadanos.

Hay, como se puede ver, un amplio surtido de actitudes y comportamientos que, sin tocar la esfera penal, no son precisamente ejemplares y cuyo mantenimiento entorpece cada vez más la relación de confianza que debería existir entre los ciudadanos y sus representantes, entre gobernantes y gobernados. Las situaciones de crisis convierten la crítica ciudadana en mayores niveles de exigencia hacia los gobernantes y ello debería servir para que la clase política, lejos de esconderse en justificaciones, reflexionase y abandonase muchas prácticas que la alejan del aprecio y consideración de los ciudadanos. Parece que con un solo día de debate sobre la ejemplaridad pública no van a tener bastante.

Santiago de Munck Loyola

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Inauguración del local del Foro Esperanza Popular.

Intervención de Santiago de Munck:

Buenas noches:

Gracias a todos los que os habéis animado a participar en este sencillo acto y gracias también a los que con vuestro desinteresado trabajo y vuestras aportaciones lo habéis hecho posible.

Con la inauguración y puesta en marcha de este local culminamos un largo proceso iniciado hace muchos meses en las redes sociales. El Foro Esperanza Popular no es ya sólo un lugar de encuentro virtual en Internet, sino un espacio físico y concreto en el centro de nuestra ciudad, un lugar en el que nos podemos dar cita los vecinos, los votantes y los “populares” para hablar, para debatir y para proponer soluciones a los problemas de nuestra ciudad.

Por primera vez en muchos años, los vecinos, los votantes, los simpatizantes y los afiliados populares tenemos un lugar de encuentro. Ya veis. No era tan difícil. Hoy es una realidad que demuestra que cuando hay voluntad política, que cuando se cree de verdad en la participación de la gente en la política se puede conseguir.

Y como también podéis apreciar, es un local sencillo y austero, sin moquetas ni lujos, pero que tiene mucho más valor político y moral que cualquier otro porque ha surgido desde abajo, desde la militancia, desde la voluntad de regenerar la desprestigiada política desde y por la calle.

“Esperanza Popular” no es, pese a lo que puedan decir, ni un nuevo partido político, ni una nueva familia o corriente dentro del Partido Popular. ¡Bastantes hay ya!  “Familias”, “sensibilidades”, “clanes”… las llaman de muchas maneras. Sabemos que existen en el PP de la ciudad de Alicante. Son las que lo han destrozado. Son las que lo controlan y las que impiden, año, tras año, que los afiliados puedan ejercer sus derechos de participación dentro del mismo. Son las que ha decidido por su cuenta que la Junta Local de Alicante deje de existir y en su lugar aparezcan la Junta de Benalúa o la Junta de la Albufereta privando con ello al Partido Popular de una única voz en la ciudad frente a los socialistas. “Esperanza Popular” es un foro de debate y reflexión para impulsar valores y principios básicos dentro del Partido Popular y en la política de la ciudad, valores como la libertad, la participación, la eficacia, la honradez, la austeridad y la ejemplaridad de los cargos públicos, el diálogo y la cercanía los problemas del ciudadano. Y si alguien encuentra en ello motivo para echarnos de nuestra casa que actúe en consecuencia. Quedará perfectamente retratado.

Hoy, habréis podido leer la noticia de que en la Dirección Provincial del PP tienen intención de expedientarnos por este acto de apertura del local. Hace unos días recibí esta carta amenazadora del Secretario Provincial requiriéndome para que no inaugurásemos una oficina electoral porque según él “estaríamos anticipándonos a un proceso electoral interno con actos que dañarían la imagen del Partido” y eso era vulnerar los Estatutos del Partido Popular. Pues bien, le obedecimos. Este local no es una oficina electoral. Sin embargo, la semana pasada pudimos leer en el Diario Información el siguiente titular: El PP pide apoyo a Castedo para apuntalar la nueva estructura del partido en Alicante. La cúpula provincial popular reúne a la alcaldesa y a los principales ediles para garantizar su respaldo el proceso  interno en la capital. Nadie desmintió la noticia. Y yo me pregunto ¿quién se está anticipando a un proceso electoral interno para “apuntalarlo”? ¿Reunirse con imputados para “apuntalar” o amañar una elecciones internas no es dañar la imagen del Partido? Una vez más ¿sólo los afiliados de base estamos obligados a cumplir los Estatutos y la Dirección Provincial no? Pues, expediente por expediente, si nos lo abren pediremos que abran otro paralelo a los que se anticipan a las elecciones internas para “apuntalarlas”. Por cierto, de paso, a ver si el Comité Regional de Derechos y Garantías resuelve antes la impugnación que hicimos sobre la supresión de la Junta Local de la Ciudad de Alicante.

Queridos amigos, quienes compartimos los valores y principios que antes he mencionado no somos el enemigo, ni el adversario de quienes rigen el Partido Provincial. Se equivocan. Si en vez de mirarse el ombligo y de vigilar sus privilegios mirasen de verdad a su alrededor lo comprobarían perfectamente. Antes de que estallase el montaje de Bárcenas, las encuestas señalaban que la intención de voto del Partido Popular en la Comunidad Valenciana había caído más 15 puntos, un 50 % más que a nivel nacional, y que en concreto, de celebrarse elecciones municipales en Alicante, el PP perdería la mayoría absoluta en el Ayuntamiento. Y eso significa que algo se está haciendo especialmente mal aquí. No puede justificarse apelando al desgaste de las necesarias medidas del Gobierno de España porque la pérdida de votos es muy superior aquí. Y ante esta grave situación sólo hay dos caminos:

El primero, intentar silenciar cualquier voz crítica interna y cualquier iniciativa regeneradora que propugne la extirpación de lo que se está haciendo mal con el silencio, la sumisión y la complicidad de las bases.

El segundo, rebelarse contra la pasividad, contra el cómodo estatus político de la organización y promover el debate, el análisis y la participación para encontrar entre todos soluciones que nos hagan acreedores otra vez de la confianza ciudadana. Yo apuesto por el segundo camino.

Y lo hago, al igual que los demás compañeros de “Esperanza Popular” porque me siento muy orgulloso de los principios y valores del Partido Popular, aunque en ocasiones, sienta una absoluta vergüenza por las noticias escandalosas que protagonizan algunos compañeros. Quiero a mi partido y por eso quiero que cambie lo que se esté haciendo mal.

Y lo hago también porque quiero a esta hermosa y acogedora ciudad que es mi hogar desde hace diez años y que se merece todos los esfuerzos necesarios para ofrecerle lo mejor y no los vergonzosos titulares que casi a diario manchan su nombre.

Queridos amigos, en política, como en la vida, hay que luchar, trabajar y apostar por lo que uno quiere de verdad. Es cierto que el éxito no depende sólo de uno mismo y que, a veces, la vida es injusta, pero solo se gana cuando se arriesga. Ánimo y a seguir trabajando. Gracias a todos una vez más.

Santiago de Munck Loyola

La clase política, la tercera preocupación de los españoles.

Durante las últimas semanas, la corrupción se ha situado en el primer plano de la agenda política y en titular permanente de los diferentes medios de comunicación. Este protagonismo, sin duda merecido, contrasta mucho con las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos según la última encuesta del CIS: el paro en primer lugar, la situación económica en segundo y la clase política en tercer lugar. A mucha distancia se sitúa la corrupción como principal preocupación para un 5 % de los ciudadanos. Es comprensible y saludable que los medios de comunicación conviertan a los diferentes casos de corrupción en titulares de sus portadas, pero no lo es tanto que los principales dirigentes de los partidos políticos, salvo excepciones, sigan el mismo camino. La corrupción no es un fenómeno exclusivo de los partidos políticos, sino que existe en muy diferentes ámbitos de la actividad económica y social. La corrupción es, además, un problema que forma parte inseparable de la tercera preocupación de los españoles: el comportamiento de la clase política. El desapego y el hartazgo de muchos ciudadanos de la política y de los políticos no se debe únicamente por los casos de corrupción existentes, sino por actitudes y comportamientos de una parte de la clase política. Hay un desprestigio generalizado de la política y, por ello, la actuación de la clase política se ha convertido en la tercera preocupación de los españoles.

Proponer a estas alturas medidas concretas para luchar contra la corrupción no solamente es insuficiente, sino que, además, demuestra cierta ceguera o falta de perspectiva a la hora de abordar el problema de fondo. Es aplicar un tratamiento a sólo una parte del problema que es mucho mayor según percibe una buena parte de la población. El catálogo de medidas que recientemente ha propuesto el líder de la oposición, Pérez Rubalcaba, son, además de oportunistas, poco sinceras y bastante ineficaces porque no entran en el fondo del problema. Estamos viendo casos de corrupción imputables a la codicia de determinadas personas y casos de corrupción que responden a la necesidad de aplacar las insaciables maquinarias de los partidos políticos. Para los primeros, el mejor antídoto es la modificación de la Ley que rige las contrataciones de las administraciones públicas acabando con los criterios subjetivos de adjudicación existentes que permiten el uso de la discrecionalidad de políticos o técnicos. Para los segundos, además de lo anterior, es preciso reformar profundamente la ley de financiación de los partidos políticos para establecer una clara y pública contabilidad de los mismos, para acabar con las donaciones anónima y que todos podamos saber quién financia a quién y para eliminar cualquier subvención para los mismos. Los partidos deberían ser capaces de funcionar con las cuotas de sus afiliados y con las donaciones públicas recibidas y consecuentemente ajustar sus maquinarias y sus gastos a su propia capacidad de financiación. A lo mejor así, tendrían que volver a apelar al trabajo desinteresado de su militancia, al voluntariado y, con ello, se verían obligados a sustentarse en la democracia interna y en la participación de las bases.

Ha habido también quien en estos días ha ido más lejos en el problema que afecta a la imagen de la clase política, como Esperanza Aguirre. La Presidenta de los populares madrileños ha venido haciendo públicas algunas reflexiones que sí permiten aportar parte de las soluciones que habrían de impulsarse sino queremos que el sistema político se colapse. Algunas de estas ideas son interesantes y merecen ser desarrolladas. Ha hablado sobre la necesidad de que quien vaya a ocupar un cargo público haya cotizado previamente a la seguridad social, es decir, que sepa lo que es ganarse la vida por su cuenta, sin el paraguas del partido. Y tiene mucha razón. Todos conocemos a muchos cargos públicos, alcaldesa, concejales o diputados, que nunca han trabajado salvo en la política, que no saben lo que significa ganarse la vida en esta sociedad tan competitiva. No son políticos profesionales, algunos ni siquiera han sido capaces de terminar sus estudios, sino que son profesionales de la política. Sus méritos suelen ser la docilidad, el amiguismo o el parentesco. Empiezan con 23 ó 25 años a asesorar a un Ministro, como si supieran algo, y terminan sentándose en un escaño o dirigiendo un Ayuntamiento. Ahora bien, daña a la credibilidad de la propuesta cuando se formula teniendo a su lado al sonriente ex alcalde de Alcalá de Henares y diputado autonómico jugador de iPad en sesiones plenarias, Bartolomé González, que desde que tenía poco más de 20 años ha vivido siempre de la política.

Otra de las reflexiones lanzada por Esperanza Aguirre se refiere a la necesidad de implantar las listas abiertas para que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes con más libertad y no mediante listas impuestas por los partidos. Sin embargo, de llevarse a cabo esta propuesta sin más no se cumpliría el objetivo deseado. Hoy tenemos listas abiertas en el senado y, sin embargo, los votantes señalamos con una cruz a unos candidatos impuestos por las cúpulas de los partidos políticos sin contar con la voluntad de sus propios militantes. Parece incongruente proponer más libertad al votante a la hora de elegir y no hacerlo en el ámbito interno de los propios partidos políticos. Una organización política con cientos de miles de afiliados a los que no deja pronunciarse sobre quiénes han de representarles en las instituciones públicas padece evidentemente de un déficit democrático. Sin abrir los cauces internos de participación previamente resulta insuficiente plantear las listas abiertas. Y lo mismo vales en cuanto al sistema vigente en la mayoría de los partidos para autoorganizarse: los procedimientos internos electorales van de arriba abajo y no a la inversa. Se eligen primero a los líderes nacionales, éstos después influyen para que resulten elegidos los regionales de su agrado y así hasta los locales. Con ello, todo el proceso electoral interno queda viciado.

Hay más cuestiones sobre las que se podría seguir hablando y que afectan a la mala imagen de la clase política: los privilegios fiscales, los beneficios en materia de pensiones, la falta de transparencia en sus gastos, el abuso de las instituciones públicas para la colocación de amigos o familiares, la falta de ejemplaridad de muchos, etc. Falta, en definitiva, un análisis más profundo sobre las causas que originan el desapego ciudadano hacia los políticos y la política en general. Hoy, más que nunca, cuando los problemas agobian a los ciudadanos volvemos nuestras miradas hacia quienes tienen en su mano la solución de nuestros problemas y, en muchas ocasiones, nos sentimos huérfanos porque percibimos que estamos en dos mundos, en dos realidades diferentes. Lo malo es que si no se corrigen a fondo esas causas, esos dos mundos terminarán por colisionar.

Santiago de Munck Loyola