La "fiesta" sigue... en las cárceles.

504 habitaciones individuales y 51 habitaciones dobles, todas ellas equipadas con televisores de plasma de última generación, edificios anexos para talleres formativos, módulo deportivo cultural con gimnasio, polideportivo, vestuarios, piscina climatizada, frontón, biblioteca, sala de audiovisuales con 36 ordenadores, aulas, despachos, auditorio, restaurante, enfermería… Un moderno centro con un equipamiento interior superior a los 3 millones de euros. No, no se trata de un nuevo complejo hotelero, ni de un resort de lujo. Se trata de la nueva prisión, recientemente inaugurada en la Loma de Santa Lucía, Pamplona, diseñada y ejecutada por el Gobierno de ZP. Es tan sólo un ejemplo más de cómo se ha venido empleando nuestro dinero, el de los contribuyentes, en las distintas inversiones públicas. Ahora resulta que la piscina climatizada de este centro no va a funcionar porque cuesta más de 50.000 euros anuales su mantenimiento. ¿Y nadie da la cara? ¿Quién fue el político que tomó la decisión de despilfarrar el dinero de esta manera? Deberíamos tener derecho a saberlo. Que nuestras prisiones tengan unas condiciones dignas no lo discute nadie pero de ahí a que se conviertan en centros de lujo existe un abismo. ¿Cuántos españoles tenemos acceso a una piscina climatizada gratis todo el año? ¿Sólo los pudientes y los delincuentes?

Al conocer la noticia me ha venido a la memoria el viejo chiste sobre un político al que el periodista le pregunta por qué invertía tan poco en escuelas y tanto dinero en prisiones. El político respondió: a la escuela sé que nunca volveré, pero a una prisión…Está visto que a veces la realidad supera la ficción.

Pues bien, puestos a ahorrar y a generar ingresos para el Estado aquí va una propuesta: conviertan este centro penitenciario en un hotel temático y verán como funciona. Seguro que, aunque sea por morbo, hay mucha gente dispuesta a pagar por alojarse en este centro de lujo. Y más si se repiten espectáculos de “striptease” como el organizado en la cárcel de Picassent en el año 2009. Es que lo cuentas fuera de España y no se lo creen.

Y a propósito de nuestro sistema penitenciario conviene poner sobre la mesa algunos datos, sobre todo, considerando esta época de recortes en todos los terrenos. Hoy hay en España más de 75.000 reclusos. La población reclusa se ha disparado un 70% en España en la última década, un crecimiento debido sobre todo en el gran aumento del número de presos extranjeros. De estos 75.000 presos cerca del 40 %, es decir, 30.000 reclusos no son españoles, son extranjeros. Es cuando menos significativo que siendo el 11,5 % el porcentaje de los extranjeros en España, el porcentaje de la población reclusa extranjera alcance casi el 40 % del total. El coste diario medio que supone para las arcas públicas el mantenimiento de cada preso es de 60 euros. Echando cuentas, el coste anual del mantenimiento de la población reclusa es de 1.642.500.000 euros, de los que 657 millones de euros corresponden a los presos extranjeros. ¡Casi nada!

El sindicato de los trabajadores de prisiones, Acaip, viene denunciando desde hace tiempo que nuestras prisiones están más que desbordadas y el sistema próximo al colapso. Siendo así, resulta bastante incomprensible que el anterior Gobierno optase por construir nuevos centros penitenciarios con presupuestos muy elevados en vez de ampliar el número de centros a construir haciéndolos más baratos, es decir, con menos lujos.

Pues bien en este período de restricciones y recortes en el que incluso a nuestros militares se les va a empezar a cobrar una pequeña cantidad por el rancho del cuartel no parece lógico dejar las cosas tal cual. No basta con que no se ponga en marcha una piscina climatizada, no. A lo mejor se debería ir pensando en adoptar otras medidas que alivien esta carga presupuestaria que se nos impone a todos los ciudadanos. ¿No sería lógico que los presos que tienen recursos económicos suficientes pagasen los gastos que su estancia en prisión origina? Por ejemplo, el Sr. Correa, del caso Gürtel, ¿no debería pagar los 65.700 euros que nos ha costado a todos su paso por prisión? Y Julián Muñoz ¿no debería pagar los 54.750 euros que nos ha costado a todos? La lista y la cuenta de delincuentes que podrían pagar sin dificultad su estancia en la cárcel puede ser interminable.

Igualmente podría reformarse la ley para que los extranjeros condenados, excepto los reos por delitos contra las personas, fueran expulsados de España y repatriados a su lugar de origen por el doble de tiempo de la condena que se les hubiese impuesto. Sería mucho menos gravoso para todos los contribuyentes.

Tenemos muchos problemas económicos y la política penitenciaria es también uno más de ellos. Con el “buenismo”, la complacencia y la benevolencia se está cometiendo un enorme agravio para con el resto de los ciudadanos cumplidores de la Ley y sostenedores del sistema. Algo habrá que hacer y, seguramente, en una dirección muy distinta a la seguida hasta ahora.

Santiago de Munck Loyola

Facturas informativas políticas.

Poco a poco se ha ido extendiendo la costumbre en determinados servicios públicos básicos entregar al usuario una factura informativa en la que se detallan los costes en los que la administración ha incurrido por el servicio prestado. Dicho de otro modo, se le entrega al usuario una factura con lo que se supone que debería haber pagado si no estuviese protegido por el sistema. En la Comunidad Valenciana, uno va al Centro de Salud a recoger las recetas que le ha prescrito el médico, en el caso por ejemplo de los enfermos crónicos, y junto a las mismas se le entrega amablemente la factura informativa con el importe total de las medicinas. En el caso de la Comunidad Andaluza te entregan, por ejemplo, la factura informativa del tratamiento o de la estancia hospitalaria en su caso. Parece que en la Comunidad de Madrid también se están emitiendo este tipo de documentos.

Nos dicen los responsables políticos que esto se hace con el fin de sensibilizar y concienciar a los ciudadanos del valor que tienen los servicios que se nos prestan desde las administraciones públicas. Se desconoce de dónde ha surgido la idea de que los ciudadanos no estamos sensibilizados, ni valoramos los servicios públicos que nosotros mismos pagamos, pero, en fin, doctores tiene la Iglesia, y si los expertos en estas cuestiones creen que es una buena iniciativa y que es necesaria pues adelante. Sin embargo, hay quien sostiene que esta iniciativa persigue en el fondo hacer que el ciudadano se sienta algo culpable por generar tanto gasto poniéndose enfermo y que así se desincentive de forma subconsciente el uso de los servicios públicos.

Hace pocos meses, a propósito de estas iniciativas, las redes sociales se “incendiaron” con una contrapropuesta original: entregar a cada político una factura informativa del gasto que origina cada vez que usa el coche oficial, o la tarjeta Visa o realiza un viaje con cargo a los presupuestos públicos. Sin embargo parece que esta propuesta peca de cierta ingenuidad. Por una parte, los políticos saben perfectamente lo que cuesta cada una de sus actuaciones porque son ellos mismos los que las presupuestan y las aprueban, por lo que la efectividad de esta propuesta resultaría muy limitada. Además, a ello hay que añadir que los gastos en los que incurren los políticos los abonamos nosotros, los contribuyentes, y consiguientemente deberían ser los pagadores los que tuvieran conocimiento detallado de esas facturas informativas.

Factura Informativa imaginaria del Congreso.

Es casi seguro que si se publicaran facturas informativas, en cada uno de los niveles de las diferentes administraciones, detallando los gastos de los políticos sí que se produciría un efecto desincentivador. Nada teme más un político que la transparencia y la publicidad en los gastos que él mismo origina. Si se publicasen mensualmente en los municipios las facturas informativas de los gastos que los alcaldes y concejales realizan en comidas, en desplazamientos, atenciones protocolarias o en móviles, por ejemplo, seguro que se produciría de forma inmediata un brusco descenso en sus cuantías. Imagínese el lector que el Congreso de los Diputados, en su página Web, publicase mensualmente los nombres de los diputados y las cantidades abonadas por sus viajes privados. Seguro que al mes siguiente pocos diputados volverían a aparecer en la siguiente factura informativa. No existe complicación alguna para hacerlo. Tan sólo se necesita voluntad de transparencia.

Nadie debería poner objeción alguna a que los pagadores, los contribuyentes, recibieran o pudieran tener acceso a esas facturas informativas. Ya que tenemos que pagar de todos modos, sepamos al menos por qué, cuánto y a quién. No es mucho pedir ¿no? Bueno, tratándose de nuestra clase política es sencillamente pedir peras al olmo.

Santiago de Munck Loyola

¿Un ERE para la clase política?

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha vuelto a abrir una polémica al lanzar la idea de reducir a la mitad el número de diputados autonómicos de la Comunidad de Madrid. Lo cierto es que la propuesta de Aguirre ha pillado a casi todo el mundo de la clase política con el paso cambiado. Mientras que se debate sobre si hay que recortar o no empleados públicos o prestaciones sociales, la Presidenta madrileña pone encima de la mesa una medida de ahorro, un recorte, que toca directamente a la casta política. Las reacciones han sido muy variadas. La dirección socialista ha mirado hacia otro lado sin atreverse a pronunciarse. Es decir, los mismos que sugerían la posibilidad de eliminar las Diputaciones Provinciales para ahorrar, ahora que prácticamente han perdido el control de la mayoría de las mismas, no se pronuncian con claridad sobre un recorte que supondría, con toda seguridad, un importante ahorro para las cuentas públicas. Ha habido quien, con tan pocas luces como mucha demagogia, se ha apresurado a descalificar la propuesta alegando que Esperanza Aguirre lo que pretende es recortar la democracia. Hay que ser majadero. La calidad de la democracia no se mide por el número de diputados en un hemiciclo. Eso lo sabe cualquiera, pero puestos a decir estupideces algunos parecen dispuestos a competir por el primer premio. Y en el campo del Partido Popular, la propuesta ha sido recibida de diferentes maneras: Rajoy no la ve mal en principio; el Presidente Balear está dispuesto a desarrollarla, Soraya Sáez de Santamaría la ve aceptable pero no para su aplicación en el ámbito de las Cortes Generales y muchos otros dirigentes guardan un sospechoso silencio.

En nuestra Comunidad ya ha habido pronunciamientos al respecto desde el Partido Popular y no muy favorables en principio. Hay quien ase ha opuesto argumentando que una disminución del número de Diputados en las Cortes Valencianas supondría un perjuicio para las minorías que verían muy reducida su representación parlamentaria, Sin embargo, esta argumento es fácilmente rebatible: si lo que preocupa es de verdad la proporcionalidad, basta con reformar el criterio de reparto de escaños e implantar un sistema proporcional puro como desde hace tiempo vienen reclamando los grupos minoritarios. Sin embargo, esta posibilidad no es aceptada ni compartida por los dos grandes grupos mayoritarios, el popular y el socialista, por lo que es fácilmente deducible que se trata de una simple excusa y no de un sincero deseo de favorecer la proporcionalidad en las Cortes Valencianas.

Por otra parte, José Císcar, próximo Presidente Provincial del Partido Popular de Alicante, sí o sí, ha rechazado la propuesta de Aguirre asegurando que la reducción de diputados "no es una circunstancia equiparable a la Comunitat", ya que Madrid "es una comunidad autónoma uniprovincial y tiene 129 diputados", mientras en las Corts "hay que dar representación a tres provincias". Sinceramente sorprende que se utilicen argumentos como éstos tan poco solventes, desde una perspectiva política e intelectual, para rechazar de plano esta propuesta. Nada tiene que ver que Madrid sea una Comunidad Uniprovincial con la pluriprovincialidad de la Comunidad Valenciana a la hora de establecer el número de diputadas. Se equivoca de plano el Sr. Císcar al afirmar que en las Cortes valencianas haya que dar representación a tres Provincias. Las Cortes no están para representar a las Provincias, no estamos ante una cámara territorial. Las Cortes están para representar a los ciudadanos del conjunto de territorios que componen la Comunidad Valenciana. Son los ciudadanos los que están representados en las Cortes, o deberían estarlo, de acuerdo con las leyes, el estatuto de Autonomía y los principios elementales de la representación democrática. Y puestos a compararse con Madrid, los electores madrileños cuentan con un diputado por cada 36.075 electores. Los electores de la Comunidad Valenciana con un diputado por cada 36.000 electores. Y si se toma como referencia el número de habitantes, los madrileños cuentan con un Diputado por cada 50.300 habitantes, mientras que en la Comunidad Valenciana contamos con un diputado por cada 52.300 habitantes. Como puede observarse las diferencias en la representatividad de cada diputado es muy similar en ambas comunidades. Que al Sr. Císcar y a los demás miembros de la cúpula popular no les guste la propuesta de recortar el número de diputados y por tanto el gasto que representan puede ser perfectamente comprensible, pero deberían explicarse las verdaderas razones de ese rechazo sin usar argumentos falaces tratando de confundir a los ciudadanos. Con la verdad por delante se va más lejos.

Es un hecho cierto que sobran diputados en muchas partes. Aquí tenemos diputados que no tienen tiempo material para dedicarse a su escaño y a las tareas que de verdad ello conlleva, porque están simultaneando su labor parlamentaria con otras tareas. Van a las Cortes, votan, cobran y punto. ¿Se puede reducir el número de Diputados aquí como en Madrid? Pues claro. Nadie ignora que el procedimiento es complejo, pero puede hacerse si hay voluntad política de hacerlo. El problema de fondo no está en las dificultades legales, ni en las discusiones de si con ello se gana o se pierde representatividad o calidad democrática. Si la Constitución se pudo cambiar hace tan sólo unos meses es evidente que lo mismo se puede hacer con los Estatutos de Autonomía. ¿Que se quiere más representatividad? Óptese entonces por un sistema electoral proporcional puro. ¿Que se quiere más calidad democrática? Establézcanse rigurosas incompatibilidades y que los diputados no puedan simultanear su escaño con otros cargos o con tareas privadas. ¿Que se quiere que los diputados sean más representativos? Elíjanse listas abiertas y dejen que los afiliados de los partidos puedan opinar en la confección de las listas electorales. Y si no se hace así, que no nos cuenten películas, ni usen excusas de mal pagador.

Parece más bien que el problema de fondo se encuentra, una vez más, en la negativa de los partidos políticos de aplicarse los recortes que diariamente nos imponen a los ciudadanos y que en este caso supondría la pérdida de la mitad de los escaños que, se reconozca o no, sirven de moneda de cambio interna en los habituales repartos internos de poder. Un servidor, desde luego, se apunta a este primer ERE para la clase política.

Santiago de Munck Loyola

Los jetas siguen malgastando nuestro dinero.

Lo que ha estado ocurriendo en nuestro país en los últimos años y lo que sigue ocurriendo es alucinante. La crisis, los recortes y los apuros económicos están haciendo aflorar noticias diferentes sobre el uso del dinero público, sobre el uso de nuestro dinero por parte de la clase política que evidencian la extensión y magnitud de la desfachatez y la cara dura de muchísima gente. Habría que hablar de, más que de servidores públicos, de aprovechados públicos. En un país en el que tenemos serias dificultades para pagar los medicamentos, a los pequeños proveedores, a los parados, resulta que hay una buena parte de la clase dirigente absolutamente indigna que se aprovecha de nuestro dinero para pegarse una buena vida. En muchos casos se trata de perfectos incompetentes que en una empresa privada no durarían ni dos días y que, desde luego, nunca ganarían lo que ganan en el ámbito público. Pero ahí están por obra y gracia de las burocracias endogámicas de los partidos políticos.

No hace mucho, una ex ministra socialista, haciendo gala de una ignorancia y una jeta sin parangón, nos decía que “el dinero público no es de nadie”. No, claro, el dinero público es de todos y por tanto debería ser usado como si tuvieran que rendir cuenta de su uso a todos. Pero, no, en esta cultura de la fiesta permanente, de la orgía financiera, de la especulación y el despilfarro valía todo. Ahora que no hay un euro, relucen con más fuerza los casos de abusos que antes eran el pan nuestro de cada día.

El tema de estos días son los gastos en viajes difícilmente justificables desde un punto de vista político y ético del Sr. Dívar. Dicen algunos que el Sr. Dívar ha podido emplear 13.000 euros públicos en desplazamientos privados. El lo niega y aporta sus pruebas. Algunos diputados quieren que comparezca en el Congreso. La mayoría parlamentaria se niega a ello. La minoría, por boca de la Portavoz socialista, dice que el Sr. Dívar debe comparecer en el Congreso porque es la sede de la soberanía y que si no lo hace pedirán su dimisión. Olvida dicha Portavoz que la soberanía popular se expresa mediante las decisiones de la mayoría parlamentaria. Pero, claro, no se pueden pedir peras al Olmo.

Por su parte, un periodista pseudo progre, el Sr. Calleja, dispuesto a arremeter contra el Sr. Dívar, cueste lo que cueste, llega a insinuar, cobardemente por supuesto, que dichos gastos se han ocasionado como consecuencia de que el Sr. Dívar se “esta zumbando” a otro señor. Hay que ser miserable. Tan progre y tan miserable que tiene que destapar su homofobia para justificar su exigencia de la rendición de cuentas del Sr. Dívar. Tan miserable como gratuito este ataque.

A esta cacería inmisericorde se ha sumado una vocal del Consejo general, la Sra. Inmaculada Montalbán que se ha visto obligada a visitar con cargo a nuestro dinero Colombia, Brasil, Panamá, Nicaragua, Argentina y Marruecos en los últimos años. ¡Pobrecita!

Los 13.000 euros presuntamente malgastados en este asunto son una minúscula gota de agua en la pocilga política del despilfarro. Hemos sabido estos días que el defensor del pueblo de Cataluña se ha pegado 60 viajes por el mundo en tres años a costa de los contribuyentes. El pobre ha tenido que recorrer el planeta para ejercer sus innecesarias y duplicadas funciones de defensor del pueblo catalán. Claro que en este caso habrá que andarse con pies de plomo con las críticas porque enseguida te pueden tachar de anticatalán. Tanto sacrificio viajero, tanta abnegación turística a favor de los derechos del pueblo catalán me tiene profundamente conmovido. Deberían sustituir la estatua de Colón por la del Sr. Ribó. Quedaría la mar de mono y expresivo con su dedito señalando los destinos de sus expediciones turísticas.

No hace mucho, siendo Presidente el Sr. Zapatero, ya se organizaron diferentes polémicas por la costumbre del Sr. Zapatero de usar los medios públicos, un avión especial, para que su mujer y sus hijas fuesen a Londres de compras y por la de usar dicho avión para actos de su partido Político cada vez que acudía a los mítines. Este hábito contrastaba mucho con la actitud de la reina de España que se desplazaba por aquellas fechas, también a Londres y a otras ciudades, en líneas aéreas regulares de bajo coste.

En los años 90, el entonces Alcalde de Elche, se hizo nacionalmente famoso por su propensión a ejercer su alcaldía por diferentes países del mundo. Se ganó el apodo del Marco Polo Ilicitano. Es evidente que su ejemplo caló profundamente en la clase política, que creó escuela y que ahora nuestro país está saturado de nuevos Marcos Polos dispuestos a sacrificarse por todos nosotros y con nuestro dinero por todo el globo terráqueo. Y ya está bien ¿no? ¿Por qué tenemos que pagar los viajes a todos estos señores? ¿Por qué tienen que desarrollar su trabajo fuera de sus despachos? Incluso ¿por qué puñetas tenemos que pagar a diputados y senadores sus viajes privados? Me gustaría conocer la razón, me gustaría que alguien diera una explicación. Han despilfarrado nuestro dinero en obras y equipamientos inútiles y carísimos, han gastado nuestro dinero a manos llenas en proyectos faraónicos que ni siquiera se pueden mantener para gloria de los egos de políticos incompetentes e incapaces. Y se han gastado y se siguen gastando nuestro dinero en darse una buena vida que la inmensa mayoría de ciudadanos no podemos. ¿Hasta cuando?

Santiago de Munck Loyola

Una marea creciente.

En el día de hoy, el Portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Alicante, Fernando LLopis ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha subrayado el incremento de la mendicidad en las calles de Alicante y ha sugerido diferentes vías de actuación para atajar algunas de sus consecuencias. Ha mencionado la necesidad de que los servicios sociales y otras instituciones apoyen a las personas más necesitadas para que puedan acceder a recursos básicos de subsistencia y de que se actúe contra las mafias que al parecer recaudan dinero explotando a algunos mendigos. El activo Portavoz de UPyD (qué vitalidad política la suya si se compara con la otros grupos municipales) ha centrado buena parte de su mensaje, o al menos así lo han destacado algunos medios de comunicación, en la mala imagen que la mendicidad causa en una ciudad turística como la nuestra y en la necesidad, por tanto, de que la Policía aplique las normas existentes para erradicarla.

Es cierto que la mendicidad se ha multiplicado en los últimos años como consecuencia de la profunda crisis que vivimos, pero la mendicidad no es el problema, sino que es un síntoma y un reflejo del problema de fondo que no es otro que la enorme extensión de la pobreza en nuestra ciudad al igual que en tantas ciudades españolas. La crisis ha hecho mella, ha golpeado muy duramente en nuestra ciudad y se refleja en muchos otros aspectos, no sólo en la proliferación de la mendicidad.

No hace mucho, en un centro comercial cercano, una familia, el matrimonio y dos hijos pequeños, entraron por la mañana. Mientras la madre con los niños se dirigía al interior del establecimiento, el padre, muy azorado, se acercó a una de las cajeras y le dijo: “Disculpe señorita, mis hijos ayer no comieron nada, no tengo nada. Vamos a coger algo para que desayunen y no podemos pagarlo. Si quiere llame a la Policía”. Duro, pero real. Un reflejo de cómo están las cosas. ¿Qué hacer entonces?

La realidad de la calle, la que en muchas ocasiones no se quiere o no se puede ver desde los despachos es mucho más dura y grave que lo que pueda suponer la imagen de la mendicidad. Para hacerse una idea del contexto en el que nos movemos, el contexto del que surge la mendicidad hay que considerar algunos datos. En mayo, el número de parados en la Provincia de Alicante se situó en 223.591 personas, lo que significa 17.275 personas en desempleo más en relación al mismo periodo del año anterior. De estos 223.591 desempleados, solo están cobrando prestaciones 118.367 personas y de ellas más de 70.000 subsisten con una prestación asistencial que no llega ni a los 500 euros al mes. Los parados de la ciudad de Alicante superan los 36.000 y casi la mitad de ellos no percibe ningún subsidio.

Recientemente, el obispo de Orihuela-Alicante, Rafael Palmero, afirmó que unos 40.000 alicantinos se encontraban en una situación de extrema pobreza y que 360.000 más se hallaban en el umbral de la pobreza relativa. Los comedores sociales de la Iglesia están desbordados y la capacidad asistencial de su voluntariado al límite.

Según un comunicado de la Cruz Roja de Alicante, esta entidad atendió en el primer trimestre de 2012 a 1.490 personas sin hogar a través de diferentes proyectos. En la provincia de Alicante, se han puesto en marcha proyectos como el de Unidades Móviles de Emergencia Social (UMES) para la asistencia de personas que viven en las calles.

Café, comida, abrigo, materiales de aseo e higiene, atención sanitaria y escucha son algunas de las labores que prestan los voluntarios. En los primeros meses del año se han atendido a 1.004 personas sin hogar por ola de frío en 17 localidades de la provincia. A lo largo del año pasado casi 5.000 familias fueron desahuciadas de sus viviendas en la Provincia de Alicante y para este año esa cifra va a ser ampliamente superada.

Si estos datos no reflejan por si solos una situación de auténtica emergencia social que va mucho más allá de los daños que a la imagen de la ciudad la práctica de la mendicidad puede provocar, es que no es posible sintonizar con la clase política. Estamos ante una situación social excepcional que exige medidas excepcionales por parte de todas las administraciones y una auténtica movilización solidaria de la sociedad.

En este contexto social sorprende que algunos se irriten (y no se imagina el lector hasta qué punto) cuando se critica la existencia en el Ayuntamiento de más asesores y cargos de confianza que de concejales, o se cuestiona que los ediles cobren hasta 1.500 euros por asistir a Consejos de Administración de las Empresa Públicas o se dude la necesidad de gastar más de 500 euros diarios en la reposición de plantas ornamentales, por citar algunos ejemplos. Pero, en fin, la sensibilidad social es muy variable.

La mendicidad no es el problema. La mendicidad es un reflejo más, y no el único, del problema de fondo, la creciente pobreza de miles de familias de nuestro entorno. Y no deberíamos olvidar que en estas circunstancias no hay diques que nos mantengan a salvo de esta marea creciente.

Santiago de Munck Loyola

Una de viajes.

Lo del Presidente del Consejo General del Poder Judicial canta y mucho. Y además, por si fuera poco, canta desafinando. Uno no puede terminar de creerse la versión que da el Sr. Dívar sobre sus gastos y la supuesta escrupulosidad con que diferencia sus gastos privados de los públicos. En primer lugar resulta extremadamente raro que deba desplazarse tan a menudo a Marbella por razones reservadas derivadas del ejercicio de su cargo. Es de suponer que la máxima autoridad del poder judicial no debería necesitar desplazarse personalmente para poder mantener entrevistas secretas originadas por asuntos relativos a su cargo ¿O acaso la máxima autoridad del poder judicial no puede citar en su despacho para que comparezca en el mismo a su o sus interlocutores cuando se trata de reuniones de trabajo?

En segundo lugar llama poderosamente la atención que estas entrevistas de trabajo con su secreto interlocutor deban incluir forzosamente ágapes costeados por el bolsillo de los contribuyentes. Es cierto que la práctica de mezclar mantel y trabajo se encuentra muy extendida en nuestro país, pero lo es más bien en ámbitos empresariales y, en ocasiones, suele ir seguida, sobre todo cuando se trata de concertar grandes negocios, de visitas a ciertos lugares poco recomendables.

En tercer lugar, resulta cuando menos extraño que algunos de sus desplazamientos costeados con los fondos públicos, y siempre a Marbella, con ocasión de actos públicos hayan ido seguidos de tres días de reposo, en días laborables, junto a las agradables playas marbellíes.

Ciertamente estos gastos abonados por los contribuyentes cantan y mucho. La desafinada partitura mezcla asuntos privados con públicos, gastos estrictamente privados abonados al parecer por el interesado junto con otros pagados por los contribuyentes, desplazamientos por razón del cargo junto con días de descanso personal, etc. y como no podía ser de otra forma el resultado final es confuso, sospechoso y chirriante. Esto terminará seguramente mal y parece poco razonable impedir que el asunto pueda disponer de luz y taquígrafos en el Congreso de los Diputados. Se está hablando del uso que un cargo público está haciendo del dinero de los contribuyentes y tenemos todo el derecho del mundo a que se sepa qué se hace con nuestro dinero.

Claro que este asunto debe ser puesto en su verdadero contexto y que no es otro que el de un abuso permanente del dinero público que nuestra clase política administra o debería administrar con la diligencia de un “buen padre de familia”. Sin entrar a valorar si nuestros políticos ganan o no mucho en relación a lo que ganan en otros países de nuestro entorno y en relación al contexto económico actual, lo cierto es que la clase política no hace un uso ejemplar y austero del dinero con que se dota a si misma. Hay que subrayar en primer lugar que a nadie se le obliga a aceptar un cargo público con un determinado sueldo. Es voluntario y el que se mete en ello ya sabe a lo que se somete. En segundo lugar, los sueldos son lo que son y resulta inadmisible de todo punto que se utilicen toda clase triquiñuelas para engordarlos bajo el nombre de dietas, complementos, ayudas o cualquier otro subterfugio como son teléfonos móviles, ordenadores portátiles, viajes gratis, coches oficiales, etc.

Es llamativo que, tanto los diputados que piden la investigación sobre el presunto pago con fondos públicos de viajes privados del Sr. Dívar como los diputados que se oponen a que se investigue, son los mismos que pagan sus desplazamientos públicos y privados con cargo a fondos públicos. Durante el año 2011, el Congreso de los Diputados pagó a dos empresas (Iberia y Renfe) más de 7.200.000 euros por los viajes de sus señorías sin importar ni distinguir si se trataba de viajes públicos o privados. Parece que sus señorías no tienen bastante con su sueldo de diputados ni con sus dietas y complementos de diversa índole y los pobres tienen que viajar gratis total con cargo al bolsillo de los ciudadanos. Hay que tener mucha cara y muy dura para que ellos se rasguen las vestiduras sobre quién ha pagado o no los viajes privados del Sr. Dívar. Que nos indignemos los contribuyentes y que queramos saber quién ha pagado finalmente esos supuestos viajes es lo normal, pero que lo hagan unos parlamentarios cuyos viajes privados se pagan con fondos públicos tiene lo suyo. Como también sería normal que el Congreso de los Diputados hiciera pública la lista de los diputados que cargan sus viajes privados a la cuenta del Congreso y la cuantía que ha supuesto esta práctica legal, pero inmoral, en dicha cuenta. Un servidor, al menos, lo quiere saber para así evaluar la catadura moral de sus señorías.

Santiago de Munck Loyola

De mal en peor.

La cosa está mal, muy mal. La cosa está mucho peor de lo que nos dijeron, bastante peor de lo vemos y muy lejos de mejorar en poco tiempo. La cosa nos es otra que esta inmensa crisis económica, social y moral que está arrasando todo lo que toca. Ahora se constata que nadie, salvo que estuviese bien “colocado”, pudo vislumbrar el más mínimo y tierno brote verde porque ya había empezado a galopar por la pradera española el caballo del Atila del Siglo XXI. Esos insaciables mercados, con su desconocida prima hasta no hace mucho, no tienen bastante con todo lo que se han llevado por delante y cada día exigen más y más.

La situación parece que supera por momentos al Gobierno que, si tenía un Plan, debía ser gemelo del Programa Electoral, es decir, papel mojado por rebosantes orines de unos pañales que nadie se ocupó de cambiar durante años. La ahora oposición, que sí que debía saber lo que se cocía, tampoco sabe qué pieza bailar. En su seno, unos se pronuncian por la yenka y otros por el vals mientras los micrófonos indiscretos les pillan con las manos en la masa, bueno, mejor dicho, con la lengua en movimiento.

Un Programa Electoral no es un simple catálogo de promesas con el fin de captar votos. Un Programa Electoral es ante todo un Plan de Gobierno, una declaración de intenciones sobre lo que se va a hacer si se ganan unas elecciones. Un Programa Electoral, como cualquier plan o programa mínimamente serio, sólo puede ser diseñado desde un riguroso análisis de la realidad, de una evaluación concienzuda de dónde y cómo se está. Una vez establecida la foto del momento se establecen los objetivos, las metas a las que se quiere llegar si se gobierna y los caminos que se van a utilizar para alcanzarlas. Nos dicen ahora que la realidad con que se han encontrado es mucho peor de la que se esperaban o de la que conocían o que el Gobierno anterior les engañó en las cifras y que, por tanto, no se puede cumplir el programa electoral. Claro que entonces uno se pregunta ¿a qué se dedicaba la oposición entonces? ¿Cómo es posible que la oposición desconociese hasta tal punto la realidad que ahora no pueda cumplir ni por aproximación su programa electoral, su Plan de Gobierno? La oposición está para controlar al Gobierno de turno y para presentar alternativas. Pero ¿qué clase de control realizó durante los últimos años? Es evidente que si la oposición hubiese realizado bien su trabajo, si hubiese controlado de forma exhaustiva al Gobierno habría podido hacer un análisis certero de la situación, habría presentado un Programa Electoral adecuado a la realidad existente y no se habría llevado tantas sorpresas como parece que se está llevando. Vale, la oposición se equivocó y los españoles votamos mayoritariamente un programa electoral poco “adecuado” para sortear esta pesadilla de herencia de ZP. Pero ¿y los principios? Porque si algo debería quedar, algo por debajo de medidas programáticas concretas, es el conjunto de principios ideológicos de un partido político. No cuadra que, aparcadas ciertas promesas, se adopten medidas de emergencia absolutamente contrarias a las que se suponen inspiraban el programa. Antes nos decían: para recaudar más hay que bajar los impuestos, así se crea riqueza, se emprenden nuevas actividades, se crea trabajo y, finalmente, al haber más contribuyentes se recauda más. Ahora parece que eso ya no vale: ahora para recaudar más subo todos los impuestos y punto. ¿Y para éso se cambia de Gobierno?

La cosa está mal, muy mal. Es verdad. Y hasta tal punto está mal que nuestros socios europeos nos dicen ahora que no son suficientes todos los recortes, reformas y sacrificios adoptados en tiempo record en los últimos meses. Nos dicen que tenemos que sacrificarnos más. Es decir, que tenemos que gastar mucho menos para que dediquemos el dinero ahorrado con ello a seguir pagando los intereses de la creciente deuda pública. Cada euro que retiramos de la sanidad, de la educación, de las prestaciones sociales, de las infraestructuras se va a pagar deuda e intereses. Y nos dicen que tenemos que retirar más euros. Para empeorar las cosas algunas Cajas y Bancos están empezando a exhibir sus vergüenzas, tan complacientemente escondidas durante los últimos años. Muchas de esas entidades son las que han dejado ya sin casa a 300.000 familias españolas y ahora necesitan del dinero de todos, incluido el poco que puedan tener esas 300.000 familias, para ser rescatadas. ¡Perfecto! Menos euros para los ciudadanos.

No nos engañemos, si las cosas siguen así, pronto nos van a anunciar más subidas de impuestos que recortarán el consumo y generarán más paro, más recortes en prestaciones públicas, menos derechos sociales y una larga batería de medidas para contentar a Europa y a los mercados, prima incluida. Estamos ante una auténtica situación de emergencia social a punto del colapso del sistema. Y, mientras tanto, ni Gobierno, ni oposición son capaces de aparcar diferencias para subrayar puntos de encuentro. Mientras tanto se ha aparcado uno de los principales problemas que tenemos: que nos guste o no, no podemos seguir costeando este Estado de las autonomías tan caro y tan ineficiente, digan lo que digan. Mientras tanto nuestra clase política sigue sin ser austera, sin dar ejemplo, sin sacrificarse como nos exige a los demás que lo hagamos. Nuestra clase política sigue disfrutando de privilegios fiscales, de un sistema de pensiones privilegiado, de ingresos múltiples, de prebendas inadmisibles. No es de recibo que los diputados y senadores viajen gratis en desplazamientos privados y que sólo el Congreso pagase en 2011 más de 7 millones de euros a Renfe e Iberia. No es de recibo que siga disfrutando de más de 22.000 coches oficiales o que por cada cargo electo haya 1,5 asesores, como en el Ayuntamiento de Alicante. No, no es de recibo. Los sacrificios deben ser para todos y la ejemplaridad debe ser primordial.

Tanto el Estado del Bienestar como la sociedad del Bienestar se están escapando por el sumidero aunque no así el bienestar de la clase política que no parece dispuesta a “apearse” del burro ni a reconocer que nuestros males tienen su origen en sus decisiones y omisiones.

Santiago de Munck Loyola

1 de mayo: curiosidades varias.

El 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, día reivindicativo por excelencia, día de descanso y final de puente para la mayoría, menos para los madrileños, concluye a estas horas salpicado de variadas y curiosas noticias. Los sindicatos han salido a la calle y cumplido su ritual con menos éxito de participación del que sería lógico esperar. Claro que no han salido solos, sino acompañados por los dirigentes del PSOE que estos días andan animando al personal a salir a las calles para protestar contra las medidas del nuevo gobierno. Han decidido asumir el papel del médico despedido por incompetente que se opone a cualquier nuevo tratamiento de su sucesor mientras el paciente agoniza. O el del perro del hortelano. En fin, en todo caso, no parece la compañía más recomendable para legitimar las denuncias y protestas que la situación puede exigir.

Hoy se han producido algunas declaraciones y reacciones pintorescas. Ya se sabe que los micrófonos y un auditorio entregado pueden impulsar a algunos a cometer excesos verbales, se crecen, se crecen y sueltan la perla. El Sr. Cándido Méndez de UGT lo ha bordado. Ha acusado al Gobierno del Partido Popular de cruzar el charco (más bien los dos charcos: el Atlántico y el Pacífico) y de importar la legislación laboral china. Y se ha quedado tan fresco. Ya sabemos cómo se las gastan en la República Popular China, pero se le ha olvidado mencionar que allí gobiernan los comunistas. También hoy, la Sra. Valenciano, ha acusado al Gobierno del Partido Popular de no dialogar con nadie y le ha requerido para que hable y negocie sus medidas con todos. ¿En qué quedamos? ¿No había que organizar no hace mucho “un cordón sanitario” contra el Partido Popular? ¿No ha sido esa la consigna socialista durante dos legislaturas?

Pero el día ha dado mucho más de si. Hemos sabido que en España hay 4.000 empresas públicas y que el 90 % de ellas son insolventes con una deuda de 56.000 millones de euros. Vamos, que si fuesen privadas hace tiempo que estarían todas cerradas, pero, claro, ¿dónde colocarían entonces los partidos a todos sus conmilitones? Por su parte, el Presidente Boliviano, Evo Morales, ese pozo sin fondo de sabiduría que afirma que los homosexuales europeos lo son por comer pollo, ha decidido emular a su vecina argentina, la viuda por excelencia, y ha nacionalizado una filial de Red Eléctrica española, causando un nuevo disgusto a nuestro Gobierno. También hemos conocido dos propuestas o medidas gubernamentales que suponen un nuevo “palo” para la mayor parte de las economías domésticas: de una parte los funcionarios enfermos dejarán de cobrar el 100 % de sus haberes y, de otra, es posible que haya que empezar a pagar un peaje por usar las autovías que se supone que están más que pagadas y amortizadas. ¿Se aplicarán estos recortes a sus señorías cuando caigan enfermas o seguirán con sus privilegios sociales y fiscales? Los 36 vehículos oficiales del Congreso de los Diputados (pobres Diputados que no ganan lo bastante para comprarse un coche) ¿pagarán también peajes? Hoy también los medios de comunicación se hacen eco del lanzamiento en España del nuevo modelo de la firma automovilística Tata. Un chollo, por 113 € al mes y sin entrada, un coche. Mira por donde ya saben dónde pueden acudir sus señorías para motorizarse a cargo de su propio bolsillo y no de las arcas públicas.

Este día ha traído más novedades. El Sr. Urdangarin quiere pactar con la fiscalía. Se declara culpable, paga 3,7 millones de euros y ni hay juicio, ni cárcel. ¡Hombre! No está mal la idea. Claro que como su suegro, el terror de Dumbo, dijo no hace mucho éso de que la Justicia es igual para todos, de prosperar esta idea cualquier mangante pillado con las manos en la masa lo tendría fácil: se declara culpable, devuelve lo robado y a correr.

Por su parte, los Ministerios siguen con sus Planes de austeridad. En el del Sr. De Guindos se gastan casi 700.000 € para que los altos cargos aprendan inglés. Digo yo que para manejar la contabilidad nacional no debería ser imprescindible el inglés y que si de lo que se trata es de algo relacionado con nuestra proyección exterior, para eso está el Ministerio de Asuntos Exteriores que por cierto, practicando esa austeridad, acaba de repartir 290.000 euritos a las fundaciones de los Partidos Políticos. Todos han pillado cacho, ninguno ha protestado. Una recomendación, Sr. De Guindos, compre fascículos de inglés, son más baratitos. Y, si no, haga como con los funcionarios enfermos: el alto cargo que no aprenda inglés por su cuenta no cobrará su sueldo íntegro. Así no sólo se ahorrará esa pasta en cursos, sino que además pagará menos sueldos. Ya sabe, leña al mono hasta que hable inglés o chino, si hace caso al Sr. Méndez.

En fin, un día bastante completo e interesante. Un panorama cuando menos curioso de esta España oficial que nos toca vivir. Menos mal que la real, la de la calle es mucho más sana y sensata.

Santiago de Munck Loyola

A vueltas con los recortes y la organización del estado.

Las nuevas medidas que está adoptando el Gobierno con el fin de reducir el gasto público están desatando muy variadas reacciones en distintos sectores sociales y propiciando críticas en los diferentes agentes sociales y políticos. Parece que, tal y como están las cosas, no hay dinero suficiente para poder seguir manteniendo intocables las prestaciones públicas. Si no hay dinero no queda más remedio que gastar menos y tratar de ingresar más. Es evidente que durante los últimos años, nuestras administraciones públicas han gastado más de lo que ingresaban, es decir, han ido acumulando, año tras año, déficits. Esos desfases entre los ingresos y los gastos se fueron cubriendo con préstamos, es decir, nuestras distintas administraciones se fueron endeudando y ahora, en medio de una crisis internacional, no sólo seguimos gastando más de lo que ingresamos, sino que además tenemos que pagar los intereses de las deudas acumuladas en los últimos años. Estos intereses anuales que hay que pagar se elevan a más 29.000 millones de euros anuales. Para hacerse una idea de lo que esta cifra significa basta considerar que los salarios de un año de los funcionarios suponen menos de esa cantidad.

Por tanto, parece razonable pensar que hay que acabar con el déficit para impedir que siga creciendo la cantidad anual que los intereses suponen. De no hacerlo pronto, los 29.000 millones de euros seguirán creciendo y llegará un momento en que sea de todo punto imposible pagarlos, colapsando el sistema. Es un poco absurdo pensar que no es tan importante reducir el déficit público, pero un debate muy distinto es cómo hacerlo, dónde priorizar la reducción de los gastos y cómo articular el imprescindible incremento de ingresos públicos.

En el amplio debate generado estos días, distintos dirigentes políticos han puesto en cuestión el modelo de funcionamiento de las Comunidades Autónomas, responsables en gran parte del déficit de las cuentas públicas. De una parte, Esperanza Aguirre ha manifestado que si es conveniente para el interés nacional, la Comunidad de Madrid está dispuesta a devolver las competencias de Sanidad y Educación al Estado y transferir otras competencias a los Municipios.

De otra, José Bono ha criticado duramente el gasto que supone el mantenimiento de 17 parlamentos autonómicos, 17 defensores del pueblo, 17 tribunales de cuentas, decenas de canales de televisión autonómicos. Ante estas declaraciones, responsables de los dos grandes partidos se han apresurado a manifestar su satisfacción por la evolución del estado de las autonomías y su pleno respaldo al diseño constitucional del mismo. Por su parte, algunos politólogos también han manifestado en distintos medios de comunicación la irreversibilidad del estado autonómico.

De todo ello, se desprende una sensación de miedo a formular públicamente críticas que puedan cuestionar la actual organización territorial del estado. Se cierran los ojos ante las evidencias:

-          El estado de las autonomías es un modelo caro que, hoy por hoy, es difícil de sostener. Si no hay dinero para mantener las actuales prestaciones sanitarias o educativas ¿por qué hay que mantener un modelo de estado caro y plagado de duplicidades e ineficiencias? ¿Por qué la prioridad en la reducción del gasto público no aborda en primer lugar la corrección de una de las principales causas del déficit público?

-          El funcionamiento actual del estado de las autonomías incumple sistemáticamente el Art. 138.2 de la C.E. “Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales” y el Art. 139.1 “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.” Basta con comparar los distintos Estatutos de Autonomía o palpar la realidad de la calle para comprobarlo.

-          Las autonomías han generado una inflación legislativa sin precedentes en los países occidentales que supone una verdadera losa para la libre circulación en el territorio nacional de los flujos económicos y sociales que sustentan el progreso de una sociedad.

-          La devolución de competencias al Estado no es imposible y, si con ella se gana eficiencia en algunas materias, es, además, necesaria. El proceso autonómico no es como algunos pretenden constitucionalmente irreversible porque la propia constitución de las CCAA no es obligatoria, sino opcional, a tenor de la redacción del Art. 143 de la propia C.E.

En todo caso, tan constitucional es propugnar la reforma de la propia Constitución para reclamar, por ejemplo, la República como para reivindicar la reforma de la estructura territorial del estado si se considera que ello puede favorecer el interés general y el bienestar de los ciudadanos. Por tanto, no son muy comprensibles esos recelos instalados en amplios sectores de la clase política y ese cierre de filas ante cualquier propuesta de racionalización de nuestras instituciones y del gasto público generado por las mismas.

Meter la tijera en el gasto público hay que meterla, pero es mucho más sensato, aunque sea más costoso políticamente, hacerlo por las raíces de los problemas. La saturación de plantas en una jardinera pequeña puede terminar por matar a la mayoría.

Santiago de Munck Loyola

Ayuntamiento de Alicante, así no.

En muchas ocasiones, la publicación de determinadas noticias, no desmentidas por los interesados, relativas al uso que se hace de las instituciones públicas por parte de algunos responsables políticos causa estupor, indignación y vergüenza, sobre todo, a quienes con su voto los han colocado allí. Parece que algunos gobernantes, una vez aupados en los puestos de responsabilidad, pasan olímpicamente de sus compromisos públicos, de los programas electorales, de los militantes de los partidos sin cuyo esfuerzo ellos no habrían llegado jamás a la “poltrona” e incluso de la opinión pública. Usan los recursos de las administraciones bajo su responsabilidad como si se tratara de recursos privados, como si, en lugar de estar gestionando y gobernando un ente público, estuviesen regentando un negocio privado, su propia empresa.

En los últimos tiempos los medios de comunicación se han venido haciendo eco del elevado número de personal de confianza, ayudantes o asesores, que en muchas administraciones se está creando. Gobierno, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos se han convertido en un auténtico nicho para toda clase de personas de confianza de los políticos. Normalmente, la existencia de estos puestos estaba pensada para la contratación, por razón de sus especiales conocimientos, de determinados profesionales que, sin pertenecer al cuerpo de funcionarios, pasaban a prestar sus servicios en una administración pública para asesorar en determinadas materias a un cargo electo o a desempeñar funciones de la máxima confianza. Sólo determinados cargos de especial relevancia podían nombrar algunos especialistas como ayuda en el desempeño de sus tareas. Sin embargo, con el tiempo, esta posibilidad se ha ido generalizando y extendiendo hasta llegar a la actual situación en la que nos podemos encontrar hasta alcaldes de pequeños pueblos con asesores a su cargo. Ahora, ya no se trata de que se haya generalizado esta práctica, sino que se está abusando de ella como un medio para “colocar” a compañeros de partido, a amigos y a familiares. Es decir, que la realidad presente es el abuso de los medios públicos, del dinero de los contribuyentes para colocar en las administraciones a personas que ni siquiera reúnen la titulación necesaria que deberían poseer para percibir las retribuciones que perciben si se tratase de funcionarios. El anterior Presidente del Gobierno contaba con cerca de 600 asesores o personal de confianza que cobraban el equivalente a una titulación del Grupo A1 y algunos de ellos no habían terminado el bachillerato.

Sin ir muy lejos, el Ayuntamiento de Alicante es un claro ejemplo del abuso sobre los recursos públicos. Ya en este diario se publicaron datos asombrosos que evidencian una mala práctica en los nombramientos del personal de confianza. Es muy llamativo que la Alcaldesa nombre como asesora, como personal de confianza, a la “niñera” familiar, D.ª Julia Castelló (http://www.diarioinformacion.com/alicante/2012/01/12/alcaldesa-enrique-ortiz-olvidate-julia-he-contratado/1210737.html ). Para cualquiera es evidente que el Ayuntamiento y los puestos de este tipo no están para resolver las dificultades laborales de las amistades, lo haga quien lo haga.

Hoy, sin ir más lejos, otro diario se hace eco de ciertas prácticas que, de ser ciertas, suponen un verdadero varapalo para quienes propugnamos un modo diferente de hacer política desde el Partido Popular (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/29/alicante/1330541432.html). Es inadmisible que el Ayuntamiento sea utilizado como una agencia de colocación para amigos y familiares. No es que resulte ya poco estético, sino que tampoco es ético. 47 cargos de confianza en una Corporación de 29 concejales, más de 1,4 millones de euros anuales, es escandaloso. Y que el Grupo Municipal Popular, con 18 concejales, cuente con 37 asesores y administrativos (personal de confianza) es sencillamente incomprensible y no sólo por los tiempos de escasez y crisis que vivimos, sino por lo que supone sobre la capacidad de los ediles electos y sobre el nivel de confianza que parece merecerles el funcionariado de la casa. ¿No hay personal administrativo funcionarial suficiente para atender el trabajo de los concejales que hay que traerlo de fuera? ¿Es tal la preparación de los ediles que necesitan tanto asesoramiento? Evidentemente la explicación hay que buscarla en la falta de sensibilidad social y en la extendida creencia de que la administración es un cortijo del que gobierna. No es posible predicar la necesidad de austeridad en la gestión, no es posible pedir sacrificios a los vecinos porque estamos en crisis y al mismo tiempo colocar a familiares y amigos a costa del erario público y, en muchos casos, sin contar con la preparación técnica que se exigiría a un empleado público para acceder a puestos similares.Las Administraciones Públicas requieren estabilidad institucional y, por ello, sería bueno que entre todos los Grupos Municipales se pactase el número máximo de puestos de confianza, las áreas a las que adscribirlos y el perfil académico y profesional exigible. Normas claras, aceptadas por todos, con incompatibilidades concretas y retribuciones transparentes. No es tan difícil.

Alguien tiene que hacer un verdadero ejercicio de autocrítica y corregir de forma inmediata una situación que produce bochorno a muchos votantes populares. No es esto lo que queremos, no. Existe otra forma de hacer política, de servir a los ciudadanos que es incompatible con la idea de servirse de los ciudadanos.

Santiago de Munck Loyola

Lujos públicos o camas de hospitales.

Estaba cantado: ni brotes verdes ni cumplimiento del déficit. La Sra. Salgado se ha lucido. Ni como Ministra de Economía, ni como intérprete de la realidad, ni como adivina acertó. Con esos antecedentes uno se lo debería pensar mucho antes de contratar sus servicios profesionales en esa consultoría que acaba de montar saltándose, por cierto, la Ley de Incompatibilidades. Lo cierto es que España no cumplió en 2011 con sus compromisos sobre el déficit y éste ha terminado situándose en el 8,51 %.

Esto significa que para cumplir con el objetivo pactado con la Unión Europea de un déficit del 4,4 % en el año 2012 hay que hacer recortes en las cuentas públicas por valor de 41.000 millones de euros, que se dice pronto. Como ya el nuevo Gobierno realizó ajustes en diciembre del año pasado son 25.000 millones adicionales los que han de recortarse en el gasto público para el año 2012. ¿De dónde sacar estos 25.000 millones de euros? Difícil papeleta.

Si el Gobierno opta por volver a aumentar la presión fiscal incumpliendo sus promesas electorales, el consumo volverá a caer y, con ello, no se hará otra cosa que aumentar el paro y a más paro, más prestaciones sociales y, por tanto, más gasto público. Además, la inmensa mayoría de las familias españolas ya están hasta el cuello, ya no pueden apretarse más el cinturón por lo que no parece que una mayor presión fiscal sirva a medio plazo para mejorar las cuentas públicas. Por tanto, parece que la única opción razonable es la de seguir por la vía de los recortes, de la reducción del gasto público y ahí es donde empiezan los problemas. Hay al menos tres áreas vitales en las que las tijeras de los recortes no deberían entrar: la sanidad, la educación y los servicios sociales. Deberían ser tres pilares intocables para cualquier gobierno salvo que no se asuma que hacerlo es dinamitar la cohesión y la paz social.

Es evidente que para la clase política las prioridades y las necesidades no son las mismas que para la inmensa mayoría de los ciudadanos corrientes y que, por tanto, su percepción sobre lo que puede ser o no prescindible es muy diferente a la del común de los mortales. Sin embargo, o la clase política realiza un esfuerzo por situarse en el lugar de los ciudadanos o éstos terminaremos por poner a la clase política donde no puedan seguir dañando a quienes les sostenemos.

Priorizar los recortes es difícil, a nadie se le escapa, pero hay algunos ejemplos de por dónde se puede ir metiendo la tijera. Las televisiones públicas, las dependientes de comunidades autónomas y ayuntamientos, son un buen ejemplo de áreas perfectamente prescindibles. Su reducción o desaparición no mermarían la calidad de vida de los ciudadanos. En 2011, las televisiones públicas costaron más de 2.000 millones de euros a los contribuyentes y arrastran, además, una deuda superior a los 1.500 millones de euros. Hay Comunidades Autónomas que cuentan con más de 4 canales públicos y simultáneamente están recortando prestaciones sanitarias ¿es lógico? Sin ir muy lejos, Canal 9, cuenta con más empleados que Tele 5, Antena 3 y la Sexta juntas y su nivel de audiencia es mínimo. ¿Tiene sentido mantener a este mastodonte mientras no se paga a los farmacéuticos? ¿Se puede vivir sin canales autonómicos? Sí, sin duda.

Otro caso de áreas públicas prescindibles son las seudo embajadas de las Comunidades Autónomas, esas mini oficinas que, prescindiendo de las competencias exclusivas del estado en materia de representación diplomática, han ido abriendo las CCAA en diferentes ciudades del mundo y que nos cuestan cerca de 200 millones de euros anuales. Hay más de 200 de estos chiringuitos por el mundo e incluso la Generalitat Valenciana cuenta con 23 de ellos mientras tiene dificultades para pagar la calefacción de algún instituto. ¿Es lógico?

Un último ejemplo de un campo en el que poder meter la tijera es el de los asesores y cargos de confianza de los políticos. No, no es el chocolate del loro como piensan algunos. Estamos hablando de varios miles de puestos creados, en la mayoría de las ocasiones, para repescar a políticos rechazados por las urnas, para colocar a compañeros de partido o simplemente a familiares. Que un Ayuntamiento como el de Alicante, con 29 concejales, cuente con cerca de 80 asesores políticos es una vergüenza y una burla a los contribuyentes. ¿Qué ocurre? ¿Qué los concejales electos son unas verdaderas nulidades y necesitan estar asesorados para hacer su trabajo? Porque si es así más vale que se vayan a su casa y dejen a personas más competentes sus tareas. Pero no, no es esa la razón, sino el abuso de los medios públicos para la satisfacción de intereses partidistas o particulares.

Recortar parece que hay que hacerlo, áreas prescindibles para hacerlo sin perjudicar a los ciudadanos también existen. Ahora toca sentido común y decencia.

Santiago de Munck Loyola