Recortes para todos o para nadie: por una Ley sobre Retribuciones Públicas.

Uno corre el riesgo de que le llamen pesado por insistir, desde estas páginas, en la necesidad de que el Gobierno tome ciertas medidas para ayudar a salir de la crisis, pero la coincidencia en la publicación de algunas noticias no deja otra alternativa. Es el caso de la propuesta desde aquí formulada de aprobar una Ley sobre Retribuciones Públicas. Es cierto que una Ley como ésta sólo constituiría una gota en el inmenso vaso de la crisis y del gasto público, pero sería, sin ninguna duda, una Ley ejemplarizante y absolutamente solidaria con unos ciudadanos hartos de recortes y cada vez más distanciados de los únicos culpables de la situación actual, la clase política española sin distinción de siglas o colores. Y no hay más que echar un vistazo a la calle estos días para comprobar ese distanciamiento. Que una gran parte de la sociedad no se movilice puede que sea porque no se identifique con los convocantes o con los métodos elegidos para manifestar la repulsa por esta situación, pero el “cabreo” está ahí.

El pasado mes de agosto, el Ministro de Economía, el inefable De Guindos, declaraba que existía poco margen para más recortes. Hoy, hemos desayunado con la noticia de que 3.000.000 de españoles van a perder, por tercer año consecutivo, parte de su poder adquisitivo porque el Gobierno vuelve a congelar los salarios de los empleados públicos, espoleando con ello la caída del consumo y generando con ello más paro y gasto social. Es decir, que lo que se ahorra con la congelación se lo va a tener que gastar en prestaciones sociales. Es lo que se dice “desnudar a un santo para vestir a otro”.

Y ayer, sin ir más lejos, se hicieron públicos los salarios del presidente y del vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, y que alcanzaron en el último ejercicio los 149.325 euros al año cada uno, el doble de lo que se le asigna al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Los otros dos consejeros que tuvieron una remuneración anual completa, Luis Pedroche, destituido como director de la Agencia Tributaria en 2008, y Ana Isabel Fernández, persona vinculada al antiguo presidente y al PSOE, se metieron al bolsillo 129.604 euros cada uno. Por su parte, los 21 directivos del regulador que trabajaron todo el año cobraron una nómina media de 132.300 euros.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es un organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Economía y Competitividad, fundado en 1988, encargado de la supervisión de los mercados de valores en España. Es decir, que los jefes de los directivos de este organismo público son el Ministro de Economía y el Presidente del Gobierno. ¿Tiene alguna lógica que los empleados ganen el doble que los Jefes? ¿Ocurre algo similar en el ámbito de la empresa privada? ¿Es lógico o decente que se recorte el sueldo a un empleado público mileurista mientras que estos “servidores públicos” gozan de semejantes salarios? Habría quien lo vea bien alegando que desempeñan puestos de gran responsabilidad. ¡Ya! ¿Y no tiene más responsabilidad el Presidente del Gobierno? ¿Y un cirujano de la Seguridad Social?

Pues bien, al igual que estos señores de la CNMV hay en España miles de Directivos con retribuciones pagadas por los contribuyentes que superan en mucho las del Jefe de todos, las del Presidente del Gobierno. Esta situación ni es lógica, ni es decente. Aquí tiene el Sr. De Guindos un excelente margen para recortes, aunque en muchos casos tenga que recortar a sus amigos.

¿Y cómo puede hacerlo? Pues aquí tiene una propuesta: aprobando una Ley sobre Retribuciones con origen en Fondos Públicos. Tendría que ser una Ley de ámbito estatal. Una Ley aplicable a todas las administraciones públicas, a las empresas públicas y a las empresas privadas y entidades financieras que se beneficien de cualquier ayuda pública directa o indirecta sea cual sea su forma. Se trataría de una Ley que estableciese en los casos citados los límites salariales a percibir bajo cualquier forma y cuyo tope se estableciese en función de la retribución del Presidente del Gobierno. Con ella podría impedirse que un Alcalde o un Presidente de una Comunidad Autónoma cobre más que el Presidente del Gobierno, se podría impedir que los directivos de entidades financieras que reciben ayudas públicas, dinero de los contribuyentes, sigan cobrando los sueldos astronómicos que están percibiendo. Y al que no le interese que se vaya al sector privado que siempre habrá candidatos a sucederle y seguramente con más méritos si en lugar de las afinidades políticas o las amistades se usa el mérito profesional y la capacidad para realizar tales nombramientos. Ya está bien de exprimir al contribuyente mientras algunos se van de rositas con el dinero de todos, el que nos detraen de las nóminas y los impuestos. Si no hay ejemplaridad, habrá que pensar en romper la baraja.

Santiago de Munck Loyola

Las retribuciones con dinero público: ni justas, ni equitativas.

La grave crisis que atraviesa nuestra Nación genera incesantes noticias a diario. La prima de riesgo, la Bolsa, los recortes, los rescates, el desempleo o los desahucios se han convertido en los protagonistas informativos y en una fuente de preocupación permanente para los españoles. Esta impresionante crisis o recesión, que hace dos años era tan sólo una desaceleración para los socialistas y sindicatos, se está llevando todo por delante y está obligando al Gobierno Popular a hacer recortes y auténticas podas, aunque prefieran hablar de ajustes. Por cierto, si hay una característica que une a la clase política, sea del color que sea, es su afición a pervertir el lenguaje, a utilizar eufemismos para suavizar sus acciones e hipérboles para definir las del adversario.

Ayer, el Diario ABC ofrecía en sus páginas una entrevista realizada al Presidente Rajoy. Preguntado sobre los sacrificios impuestos a los ciudadanos, el Presidente manifestaba que “estamos intentando ser justos y equitativos a la hora de repartir los esfuerzos”. Reflexionando sobre ello y sobre la realidad que los ciudadanos sentimos en nuestras vidas diarias, se puede pensar que el Gobierno efectivamente lo está intentando, pero sin conseguirlo. Lo cierto es que los esfuerzos y sacrificios no se están distribuyendo de una forma justa y equitativa y hay muchos ejemplos que pueden ilustrar esta afirmación. La justicia y la equidad de las medidas adoptadas, de los recortes que se están produciendo, no están a la altura del programa y de los principios ideológicos del Partido que sustenta al Gobierno, ni por supuesto, de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Hace tan sólo ocho meses, en el mes de enero, en otra entrevista al Presidente Rajoy afirmó que había optado por incrementar el IRPF porque era más justo y equitativo, quien más tenía debía contribuir más, que incrementar el IVA, que supondría un aumento indiscriminado de la imposición, igual para ricos que pobres al no considerar el nivel de renta. Y ¿ahora qué? ¿En qué quedamos?

A ninguno nos gusta que nos suban los impuestos o que nos recorten el sueldo año tras año, como en el caso de los empleados públicos, pero nos gusta aún menos cuando constatamos que las cargas que se nos imponen para salir de esta crisis no se distribuyen con justicia y equidad. Y voy a referirme a un aspecto que ya he mencionado en varias ocasiones en estas páginas pero que ilustra, como pocos, la posibilidad real de redistribuir mejor y de forma más justa las cargas de la crisis. Me refiero al uso del dinero público, del dinero de los contribuyentes, a la hora de pagar salarios.

Buena parte de nuestro dinero recaudado por las administraciones públicas se destina a pagar el sueldo de los empleados públicos (políticos y asimilados, funcionarios, funcionarios de empleo, laborales, etc.) y otra buena parte de ese dinero se destina a empresas privadas a través de ayudas o subvenciones, en las que como es lógico se pagan sueldos. En cualquier caso, se trata de dinero público que se destina al pago de retribuciones. Pues bien, tratándose de dinero público no tiene mucho sentido que en España, en medio además de esta situación económica que impone criterios de austeridad, no exista una norma que regule y unifique las tablas salariales que puedan aplicarse. Nos encontramos con una curiosa situación: el máximo jefe del dinero público, el Presidente del Gobierno, gana en muchos casos menos que muchos de sus subordinados. Una situación impensable en el ámbito de la empresa privada. Los reinos de taifas salariales son una realidad en España.

Por una parte, los Presupuestos Generales del Estado fijan anualmente los topes retributivos de los empleados públicos pero de esta limitación se escapan todos los cargos políticos (nacionales, autonómicos y locales) de modo que muchos Alcaldes y Presidentes autonómicos ganan hasta un 50 % o más que el Presidente del Gobierno. Por otra parte, los directivos de las empresas públicas y algunos empleados, como los de RTVE con contratos superiores a los 150.000 € anuales, también se escapan de las tablas salariales fijadas en los Presupuestos del Estado. Hay directivos de ADIF y de otros entes públicos que triplican el salario del Presidente del Gobierno, del “Jefe” de la “empresa”. Por último, nos encontramos que empresas privadas o semi-privadas que subsisten gracias a las ayudas o subvenciones públicas, es decir, al dinero de los contribuyentes abonan retribuciones de 500.000 € anuales como en el caso de las entidades financieras que reciben ayudas públicas. No tiene lógica, ni sentido común esta situación. Si para percibir subvenciones o determinadas ayudas públicas una empresa privada tuviese que ajustar las retribuciones de su personal a los baremos públicos el panorama cambiaría radicalmente. Es inaceptable, por ejemplo, que una empresa que acude a un ERE y concierta jubilaciones anticipadas que tienen un elevado coste para las arcas públicas, no sólo siga repartiendo beneficios entre sus accionistas, sino que además mantenga retribuciones multimillonarias entre sus directivos.

Hay quien justifica esta situación sosteniendo que estas retribuciones son necesarias en el sector público para captar a los mejores gestores que, en caso contrario, podrían marcharse al sector privado. Pues bien, este argumento no es válido. Primero, porque todos sabemos que la mayoría de los directivos de empresas públicas no llegan al puesto por ser los mejores en su ramo, sino porque son poseedores de un carnet político y tienen un buen padrino. Y en el ámbito público los méritos y la capacidad se miden conforme a la Ley. Otros justifican esos sueldos por la “enorme responsabilidad” que su desempeño conlleva. Ya. Y el funcionario “cirujano” en cuyas manos ponemos nuestra vida ¿no tiene una enorme responsabilidad?  Y el funcionario “profesor” en cuyas manos ponemos la educación de nuestros hijos ¿no tiene también una enorme responsabilidad? Pues seguramente tienen una responsabilidad mucho mayor que la de esos directivos y cargos públicos y, sin embargo, su sueldo está perfectamente regulado y limitado año tras año. Y lo que es peor, perfectamente recortado (o ajustado) año tras año también. Que un directivo de una Caja de Ahorros arruinada pueda cobrar 500.000 euros anuales apelando a la responsabilidad que ello conlleva mientras que un médico no pase de 50 ó 60.000 euros al año, no tiene nombre.

Por ello, cuando se constata que a los empleados públicos, gobierne quien gobierne, es a los primeros a los que se les pide e imponen sacrificios, porque su salario lo pagamos todos, mientras que a los directivos de empresas y entes públicos y a los de empresas privadas y entidades financieras fracasadas no sólo no se les exige lo mismo sino que, además, se les mantiene en un plano salarial privilegiado, aunque su sueldo también lo paguemos todos, surge la indignación y la exigencia de una política de austeridad más justa y más equitativa.

Hace falta ya una Ley sobre retribuciones con fondos públicos. Una Ley que afecte a todos cuantos perciban un salario con origen directo o indirecto en la hacienda pública, sea en el sector público o en el sector privado Un Ley que establezca unas tablas salariales como las que se aplican a los empleados públicos y que impida que, con cargo al dinero de los contribuyentes, nadie cobre un euro más que el Presidente del Gobierno. Así, cuando se habla de justicia y equidad en el reparto de las cargas de la crisis no habría tanto hueco para la incredulidad y el escepticismo.

Santiago de Munck Loyola

¡Peligro, cretinos sueltos!

A mediodía, mientras regresaba del trabajo, venía escuchando la radio y en los informativos locales relataban las movilizaciones promovidas por los sindicatos de Alicante que esta mañana, con muy poco seguimiento ciudadano, se han producido en algunos puntos de nuestra ciudad. Entrevistaban a los líderes sindicales y uno de ellos afirmaba que  "queremos que sea un final de verano muy caliente con un encuentro en Madrid para decir que las políticas de recortes nos llevan a la ruina social y nos llevan a los de siempre" y continuaba afirmando con una rotundidad absoluta que “el Gobierno del PP quiere acabar con todo, con el Estado del Bienestar y que va a arruinar al país”. Por último, para rematar sus palabras señalaba que su sindicato quiere que las medidas económicas que está adoptando el Gobierno sean sometidas a un referéndum "para que la ciudadanía pueda opinar sobre lo que está haciendo el Gobierno", "seguimos en pie de guerra y no vamos a dejar que arruinen el país y nos lleven a la pobreza como están haciendo".

Los líderes sindicales, en perfecta sintonía con el Partido Socialista, vienen repitiendo de forma machacona el mismo estribillo: “quieren acabar con todo, van a arruinar al país”. Y cada vez que repiten esta frase mienten y lo saben. Y si no lo saben deberían dedicarse a otra cosa.

Éste, como cualquier Gobierno, podrá adoptar medidas más o menos acertadas o equivocarse. Pero afirmar sin más que un gobierno quiere acabar con el estado de bienestar o con las prestaciones sociales que perciben los ciudadanos que mayoritariamente le votan es una estupidez y una simpleza impropia de quienes aspiran a ejercer cierto tipo de liderazgo y de quienes se arrogan una representación no otorgada por las urnas. Realizar tales afirmaciones es, sobre todo, atribuir intenciones a otros que no se corresponden con la realidad de la voluntad política de quienes se ven obligados a adoptar determinadas decisiones por muy impopulares que sean. Y proclamar tales asertos es, en definitiva, tomar por tontos al conjunto de los ciudadanos cuya capacidad de análisis y sentido común suele estar muy por encima de la media de la clase política y sindical. No es de recibo que tanto algunos políticos, como algunos sindicalitas, falten continuamente al respeto a la inteligencia de los ciudadanos repitiendo como cretinos consignas y proclamas dictadas por las cúpulas de sus organizaciones.

Y faltan a la verdad y mienten quienes afirman que este Gobierno y el partido que lo sustenta vaya a arruinar a “este país”, a España, por la sencilla razón de que es imposible: “este país”, España, ya estaba arruinado cuando el Gobierno del Partido Popular se constituyó en diciembre pasado. Este Gobierno está administrando una impresionante ruina económica y la miseria dejada por el anterior Gobierno cuya nefasta gestión fue avalada y apoyada con el cómplice silencio de los sindicatos que hoy se apresuran a mentir, una vez más, a la ciudadanía. Podrá cometer errores este Gobierno a la hora de gestionar la ruina heredada y desde estas páginas así se denuncia en muchas ocasiones y dichos errores podrán, seguramente, entorpecer la recuperación económica de la nación o supondrán, a veces, un injusto reparto de los costes de la crisis, pero de ahí a afirmar que va a arruinar lo que ya estaba arruinado existe un verdadero abismo.

Y el colmo del cinismo de algunos dirigentes sindicales se pone de manifiesto cuando piden que sean sometidas a referéndum las medidas económicas que el Gobierno se está viendo obligado a adoptar y para justificar tal pretensión alegan que estas medidas no estaban recogidas en el programa electoral que los ciudadanos españoles respaldaron mayoritariamente hace unos meses. Lo primero que cabe plantearse es ¿por qué los sindicatos no pidieron un referéndum similar cuando el Gobierno socialista adoptó medidas económicas y recortes que no había incluido en su programa electoral? ¿Por qué un referéndum ahora y no hace dos años cuando, por ejemplo, se bajó el sueldo a los empleados públicos? Y puestos a reclamar un referéndum ¿por qué no pedir que se nos pregunte a los ciudadanos si queremos seguir subvencionado a los sindicatos y a los partidos políticos?

Hay muchos políticos y sindicalistas en nuestra Nación cuya labor es ejemplar, que se merecen el reconocimiento social sin ninguna duda. Pero desgraciadamente su esencial papel se ve eclipsado por tanto cretino que anda suelto y cuyo afán de protagonismo diario rebasa con amplitud los límites del respeto a la inteligencia de los ciudadanos.

Santiago de Munck Loyola

Los irresponsables socialistas.

Dice sin vergüenza alguna, la diputada socialista Elena Valenciano que ellos, los socialistas, no son responsables de la situación actual. Recuerda esta señora al valiente capitán del Costa Concordia, Francesco Schettino que no admite ninguna responsabilidad en la catástrofe y que se cree una "víctima del sistema". Del mismo modo que el inefable Schettino se cayó accidentalmente en el bote salvavidas, la Sra. Valenciano y sus conmilitones han caído accidentalmente en el bote de la amnesia y piensa que con negar responsabilidades puede engañar, una vez más, al conjunto de los ciudadanos. Pero buena prueba de que los ciudadanos no comparten bote con los socialistas es que, a pesar del tremendo y rápido desgaste del Partido Popular, los socialistas, con discurso duro o blando, siguen muy por debajo de los primeros en los sondeos sobre intención de voto.

La clase política y sindical de nuestro país sigue enfrascada en pugnas pueriles que no ayudan en absoluto a transmitir una imagen sólida de España en los mercados internacionales, agravando así las dificultades de financiación y consecuentemente a promover la necesidad de más reducciones de gasto público para hacer frente a esa financiación.

Aquí nadie sume responsabilidades: ni partidos políticos, ni sindicatos, ni empresarios. Parece que los únicos responsables de la dramática situación económica y social que vivimos somos los ciudadanos a los que se nos imponen todas las cargas posibles para intentar salir del agujero. Y hay que hablar claro: las responsabilidades son compartidas. Todos son responsables, culpables, de que estemos como estamos: desde los amnésicos socialistas hasta los populares pasando por los pasivos sindicatos durante años y los empresarios especuladores o la banca española. Todos: unos porque gobernaban el Estado, otros las Comunidades o Ayuntamientos, unos porque permanecían complacientes ante el despilfarro mientras les llenaban los bolsillos con subvenciones millonarias y otros porque asentaron su riqueza en el pelotazo y la especulación. Son responsables los que el año pasado gastaron más de 90.000 millones de euros sobre lo que ingresaron en el Estado y que ahora hay que pagar con intereses al 7 %. Son responsables los que gestionaron comunidades autónomas como la Valenciana dejando su solvencia al nivel del bono basura. Son responsables los que gestionaron Ayuntamientos como el de Rivas, gobernado por IU, que ha rebajado un 30 % las nóminas de sus empleados en el pasado mes de junio. Son responsables los que gobiernan una Comunidad Autónoma que mantiene “embajadas” por todo el mundo o varios canales de TV mientras recorta a sus ciudadanos los servicios médicos. Son responsables los que se han llenado los bolsillos con subvenciones millonarias: partidos, sindicatos, empresarios o artistas.

Aquí la responsabilidad es compartida y tiene graduaciones, cómo no, pero compartida al fin y al cabo. Y va siendo hora de que haya un mínimo gesto de honestidad en la clase dirigente española asumiendo públicamente esa responsabilidad y pidiendo perdón a los ciudadanos por el daño causado.

En un estado de emergencia nacional como el que nos encontramos sería estimulante para todos que, en lugar de “escurrir el bulto”, en vez de criticar sin aportar soluciones alternativas se escuchase un discurso crítico, pero constructivo; sería positivo para la marcha del país que la demagogia cediera el paso al discurso inteligente. Pero, claro, pedir un mínimo de grandeza a esta clase dirigente, política, económica, sindical, social y cultural, es como pedir peras al olmo, salvo contadas excepciones.

Por mucho que uno esté en desacuerdo con determinadas medidas del Gobierno, por mucho que a uno personalmente le afecten, escuchar a algunos líderes sindicales hablar de “estado de guerra” produce náuseas. Escuchar simplezas sindicales como decir que “el PP quiere arruinar al país” da auténtica pena, primero por constatar que cualquier descerebrado puede dirigir un sindicato y, segundo, al comprender el nulo respeto de muchos sindicalistas a la inteligencia de los ciudadanos. Nadie, en su sano juicio, quiere arruinar al país. El país está arruinado y mientras se arruinaba los sindicatos miraban hacia otro lado. No son estos discursos los que España necesita ahora. No es ésta la imagen que España necesita proyectar al exterior. La insolvencia social, la fractura, el enfrentamiento y la agitación también se paga en los mercados que tienen que financiarnos. Puede que buena parte de la clase dirigente interese la tensión y la crispación porque con ello se neutralizarán los efectos económicos positivos que cualquier ajuste pueda producir. Más tensión, igual a más prima de riesgo, igual a más ajustes, igual a más tensión… hasta el rescate.

Claro que hay motivos para protestar. A nadie le gusta que le suban los impuestos o que le quiten el 7 % del sueldo, como tampoco gustó cuando el recorte socialista hace dos años fue del 5 % con la dócil resistencia sindical. Pero estos líderes sindicales son ahora los menos legitimados para hacer llamamientos a la protesta. Con un servidor, tan afectado como cualquiera por los recortes, que no cuenten porque un servidor no cuenta ni con los indecentes ni con los irresponsables.

Santiago de Munck Loyola

Conjunción de "puteados" y "reconversores".

Estos días de junio se han dado a conocer dos propuestas que, desde perspectivas radicalmente opuestas,  coinciden fundamentalmente en poner de manifiesto el agotamiento casi agónico de nuestro actual sistema político o, al menos, de su expresión diaria. Esta conjunción, que no planetaria al estilo Pajin sino más modestamente local, no es otra cosa que la constatación y expresión de un sentimiento de hastío y de rechazo cada vez más extendido en nuestra sociedad. Todos los indicadores sociológicos que las encuestas vienen reiterando una y otra vez señalan un distanciamiento cada vez mayor de los ciudadanos hacia las instituciones y, especial, hacia quienes las gestionan. Este estado de ánimo se irá traduciendo en sucesivas propuestas encaminadas todas a plasmar en medidas concretas  de carácter político y social un profundo cambio. Las dificultades y sacrificios que esta prolongada crisis está imponiendo a millones de españoles hacen que se empiece a cuestionar un sistema que junto a grandes aciertos del pasado no está siendo ahora capaz de ofrecer salidas dignas a tantos millones proyectos vitales frustrados. Los ciudadanos constatamos la existencia de dos mundos paralelos en nuestra sociedad: el mundo del desempleo, de la desesperanza, de la pobreza, de los sacrificios, de los recortes, de la precariedad laboral, de los desahucios, de la marginación social, de la ausencia de horizontes y, de otro, el mundo de los privilegios, de la corrupción, del amiguismo, del derroche, de los rescates a los bancos desahuciadores, de las oligarquías políticas, de la justicia injusta y de la interesada e incuestionable adhesión al sistema. El mundo de la calle frente al mundo de la moqueta. Dos mundos diferentes pero que podrán terminar por colisionar. Y la reflexión más generalizada es que estamos donde estamos por culpa de la clase política, olvidando, cómo no, que ella ha actuado como lo ha hecho porque los ciudadanos, encantados con las burbujas, se lo hemos consentido.

Hace unos días era Julio Anguita el que se ofrecía a liderar un movimiento que sirviese de catalizador de ese estado de ánimo generalizado que refleja descontento, que busca responsabilidades y que exige soluciones. Anguita ha hecho público un manifiesto, “somos mayoría”, en el que realiza un llamamiento a los ciudadanos para organizarse en torno a un programa básico. Según ha declarado el ex líder de IU su objetivo es organizar "grupo de presión, un grupo de presión democrático, formado por esa inmensa mayoría que tiene más cosas en común que diferencias. Quiero una sólida formación de ciudadanos que coincida en manifestarse, elaborar, en aprender y en echar la fuerza de su poder en el juego político y social. Así, como suena ¿Para qué? Para cambiar lo que hay". Propone diez medidas básicas que pasan desde el salario mínimo de 1.000 €, la pensión mínima de 1.000 €, la nacionalización de la banca o la vuelta a la peseta. Son propuestas concretas que, desde una adecuación estricta al marco constitucional, no constituirían aparentemente ningún tipo de “revolución social”. Lo cierto es que, con una considerable carga ideológica de fondo, se pretende articular un sencillo decálogo, al menos aparentemente, que pueda resultar atractivo para una gran parte de los ciudadanos. Sin embargo, un análisis más profundo de estas propuestas revela una vuelta a orígenes lejanos y a tácticas en las que los comunistas siempre han sabido llevar la delantera a las demás fuerzas políticas.

En otro rincón del escenario político, un grupo de políticos, académicos y empresarios ha puesto en marcha una iniciativa cuyo objetivo es la reconversión del sistema político. Alejo Vidal-Quadras, Santiago Abascal, Adolfo Prego de Oliver, José Luis González Quirós, José Antonio Ortega Lara, Carlos Rodríguez Braun, Amando de Miguel, Luis Alberto Cuenca, Gustavo Bueno, Arcadi Espada, Ramón Parada, Fernando Savater y César Alonso de los Ríos, entre otros, han dirigido una carta al Presidente del Gobierno en la que le instan a llegar a acuerdos con el principal partido de la oposición para lograr la reconversión del Estado. Denuncian, sin ningún tipo de piedad, que el sistema salido de la Constitución del 78 "ha degenerado en una partitocracia ineficaz, clientelar y corrupta". Propugnan un pacto de Estado que abarque reformas de la estructura económica, del sistema educativo, de los órganos constitucionales, de la organización y competencias de los diferentes niveles administrativos que componen el estado, de la participación y representación política de los ciudadanos y de la posición de España en las instancias comunitarias. No les falta razón en las reformas que propugnan, aunque dichas reformas podrían tener un alcance muy diferente en función de la perspectiva que las impulsara. Pero tan loable iniciativa está llamada al fracaso desde el primer momento en que ha sido formulada, si se da por válida su descripción del sistema de partidos. Si se parte de la idea de que el sistema salido de la Constitución del 78 "ha degenerado en una “partitocracia ineficaz, clientelar y corrupta", constituye un brindis al sol, un baldío esfuerzo solicitar a los dos grupos mayoritarios, es decir, a los dos partidos que más se benefician o que más culpables son de esa partitocracia, que lleguen a un pacto para reformar o reconvertir el sistema en contra de sus propios intereses.

Parece muy difícil que tanto el PP como el PSOE generen una profunda reflexión interna que les permita analizar la realidad y llegar a conclusiones similares a las de los firmantes del manifiesto. Sería tanto como pedirles que se hicieran el harakiri. Como mucho y con algo de optimismo, puede que la realidad les impulse a corregir y a reformar algunas deficiencias, las más escandalosas, del sistema, porque como decía Adolfo Suárez sólo se reforma lo que se quiere conservar.

Santiago de Munck Loyola

De mal en peor.

La cosa está mal, muy mal. La cosa está mucho peor de lo que nos dijeron, bastante peor de lo vemos y muy lejos de mejorar en poco tiempo. La cosa nos es otra que esta inmensa crisis económica, social y moral que está arrasando todo lo que toca. Ahora se constata que nadie, salvo que estuviese bien “colocado”, pudo vislumbrar el más mínimo y tierno brote verde porque ya había empezado a galopar por la pradera española el caballo del Atila del Siglo XXI. Esos insaciables mercados, con su desconocida prima hasta no hace mucho, no tienen bastante con todo lo que se han llevado por delante y cada día exigen más y más.

La situación parece que supera por momentos al Gobierno que, si tenía un Plan, debía ser gemelo del Programa Electoral, es decir, papel mojado por rebosantes orines de unos pañales que nadie se ocupó de cambiar durante años. La ahora oposición, que sí que debía saber lo que se cocía, tampoco sabe qué pieza bailar. En su seno, unos se pronuncian por la yenka y otros por el vals mientras los micrófonos indiscretos les pillan con las manos en la masa, bueno, mejor dicho, con la lengua en movimiento.

Un Programa Electoral no es un simple catálogo de promesas con el fin de captar votos. Un Programa Electoral es ante todo un Plan de Gobierno, una declaración de intenciones sobre lo que se va a hacer si se ganan unas elecciones. Un Programa Electoral, como cualquier plan o programa mínimamente serio, sólo puede ser diseñado desde un riguroso análisis de la realidad, de una evaluación concienzuda de dónde y cómo se está. Una vez establecida la foto del momento se establecen los objetivos, las metas a las que se quiere llegar si se gobierna y los caminos que se van a utilizar para alcanzarlas. Nos dicen ahora que la realidad con que se han encontrado es mucho peor de la que se esperaban o de la que conocían o que el Gobierno anterior les engañó en las cifras y que, por tanto, no se puede cumplir el programa electoral. Claro que entonces uno se pregunta ¿a qué se dedicaba la oposición entonces? ¿Cómo es posible que la oposición desconociese hasta tal punto la realidad que ahora no pueda cumplir ni por aproximación su programa electoral, su Plan de Gobierno? La oposición está para controlar al Gobierno de turno y para presentar alternativas. Pero ¿qué clase de control realizó durante los últimos años? Es evidente que si la oposición hubiese realizado bien su trabajo, si hubiese controlado de forma exhaustiva al Gobierno habría podido hacer un análisis certero de la situación, habría presentado un Programa Electoral adecuado a la realidad existente y no se habría llevado tantas sorpresas como parece que se está llevando. Vale, la oposición se equivocó y los españoles votamos mayoritariamente un programa electoral poco “adecuado” para sortear esta pesadilla de herencia de ZP. Pero ¿y los principios? Porque si algo debería quedar, algo por debajo de medidas programáticas concretas, es el conjunto de principios ideológicos de un partido político. No cuadra que, aparcadas ciertas promesas, se adopten medidas de emergencia absolutamente contrarias a las que se suponen inspiraban el programa. Antes nos decían: para recaudar más hay que bajar los impuestos, así se crea riqueza, se emprenden nuevas actividades, se crea trabajo y, finalmente, al haber más contribuyentes se recauda más. Ahora parece que eso ya no vale: ahora para recaudar más subo todos los impuestos y punto. ¿Y para éso se cambia de Gobierno?

La cosa está mal, muy mal. Es verdad. Y hasta tal punto está mal que nuestros socios europeos nos dicen ahora que no son suficientes todos los recortes, reformas y sacrificios adoptados en tiempo record en los últimos meses. Nos dicen que tenemos que sacrificarnos más. Es decir, que tenemos que gastar mucho menos para que dediquemos el dinero ahorrado con ello a seguir pagando los intereses de la creciente deuda pública. Cada euro que retiramos de la sanidad, de la educación, de las prestaciones sociales, de las infraestructuras se va a pagar deuda e intereses. Y nos dicen que tenemos que retirar más euros. Para empeorar las cosas algunas Cajas y Bancos están empezando a exhibir sus vergüenzas, tan complacientemente escondidas durante los últimos años. Muchas de esas entidades son las que han dejado ya sin casa a 300.000 familias españolas y ahora necesitan del dinero de todos, incluido el poco que puedan tener esas 300.000 familias, para ser rescatadas. ¡Perfecto! Menos euros para los ciudadanos.

No nos engañemos, si las cosas siguen así, pronto nos van a anunciar más subidas de impuestos que recortarán el consumo y generarán más paro, más recortes en prestaciones públicas, menos derechos sociales y una larga batería de medidas para contentar a Europa y a los mercados, prima incluida. Estamos ante una auténtica situación de emergencia social a punto del colapso del sistema. Y, mientras tanto, ni Gobierno, ni oposición son capaces de aparcar diferencias para subrayar puntos de encuentro. Mientras tanto se ha aparcado uno de los principales problemas que tenemos: que nos guste o no, no podemos seguir costeando este Estado de las autonomías tan caro y tan ineficiente, digan lo que digan. Mientras tanto nuestra clase política sigue sin ser austera, sin dar ejemplo, sin sacrificarse como nos exige a los demás que lo hagamos. Nuestra clase política sigue disfrutando de privilegios fiscales, de un sistema de pensiones privilegiado, de ingresos múltiples, de prebendas inadmisibles. No es de recibo que los diputados y senadores viajen gratis en desplazamientos privados y que sólo el Congreso pagase en 2011 más de 7 millones de euros a Renfe e Iberia. No es de recibo que siga disfrutando de más de 22.000 coches oficiales o que por cada cargo electo haya 1,5 asesores, como en el Ayuntamiento de Alicante. No, no es de recibo. Los sacrificios deben ser para todos y la ejemplaridad debe ser primordial.

Tanto el Estado del Bienestar como la sociedad del Bienestar se están escapando por el sumidero aunque no así el bienestar de la clase política que no parece dispuesta a “apearse” del burro ni a reconocer que nuestros males tienen su origen en sus decisiones y omisiones.

Santiago de Munck Loyola

Harto.

Uno empieza a estar más que harto de aprovechados, incompetentes, inútiles, espabilados, caraduras, soplagaitas, inmorales, lameculos, arrebatacapas, majaderos, ineptos, mangantes, chorizos, pedigüeños, gorrones, rastreros, bellacos, parásitos, vividores, arribistas, chaqueteros, tránsfugas, tramposos, truhanes, embaucadores, charlatanes, farsantes, desertores, mezquinos, innobles, inoperantes, mentirosos, troleros, mendaces, hipócritas, falsos, inefectivos, insensatos, descarados, simples, memos, mostrencos, metepatas, sectarios, intolerantes, fanáticos, dogmáticos, jetas, sinvergüenzas, frescos, canallas, miserables, informales, ruines, peseteros, infames y abyectos que, metidos a políticos, a banqueros o a sindicalistas, o a todo a la vez, han arruinado a España; que nos engañaron cuando nos contaban que todo iba bien y que la crisis estaba lejos; que no supieron, no pudieron o no quisieron ver que se avecinaba un desastre mientras dilapidaban el dinero de todos los españoles; que no supieron, no pudieron o no quisieron ver la realidad y nos hicieron promesas que no pueden cumplir; que se pusieron a dirigir el Banco de España y dejaron que los bancos se arruinasen sin vigilarlos como debían; que se instalaron en las Cajas de Ahorro, se pusieron sustanciosos sueldos e indemnizaciones millonarias y las dejaron como unos zorros, en bancarrota; que no han sabido encontrar aún una solución para las más de 60.000 familias al año que pierden su casa por no poder hacer frente a sus hipotecas y que “pierden el culo” para encontrar una solución para tapar los agujeros de la banca con el dinero de todos; que nos suben los impuestos mientras en sus escaños gozan de beneficios fiscales propios de una isla caribeña; que nos hacen cotizar 35 años para poder cobrar una pensión de jubilación mientras que con sólo siete años ellos la cobran; que nos suben las tarifas del metro, de los autobuses y del tren mientras usan el mayor parque de vehículos oficiales de Europa; que recortan las prestaciones sanitarias mientras mantienen seudo embajadas por todo el mundo; que organizan pitadas a los símbolos de todos los españoles mientras exigen respeto para los suyos propios; que recortan o congelan el sueldo de los empleados públicos mientras que ellos pueden cobrar de varias administraciones públicas disfrazándolo de sueldos, dietas, complementos o pagos en especie; que construyen aeropuertos en los que no aterrizan ni los aviones de papel; que construyen puertos en los que no hay barcos; que construyen autopistas que no van a ningún lado o que no usa nadie; que nos hacen pagar la electricidad más cara de Europa para subvencionar a las poderosas empresas eléctricas; que pagan a arquitectos más de 15.000 millones de las antiguas pesetas por sus faraónicos proyectos; que permiten que casi dos millones de españoles no tenga ningún ingreso mientras reparten cientos de millones de euros a los sindicatos, al las patronales y a sus partidos políticos; que organizan huelgas políticas, desangrando aún más al país, cuando durante años han sido cómplices del mayor despilfarro económico de nuestra historia reciente; que cobran pensiones vitalicias millonarias mientras la gente llena los comedores sociales de la Iglesia; que gozan de impunidad ante la desastrosa gestión que han realizado; que indultan a banqueros mientras se mete en la cárcel por décadas a ladrones de poca monta; que dictan sentencias con inusitada rapidez para que los amigos del Rey no tengan que pagar las consecuencias penales de sus delitos; que corrompen hasta el lenguaje y politizan hasta la sopa; que consienten que unos españoles tengan más o menos derechos que otros según el territorio donde vivan; que consienten que los españoles no puedan estudiar en español en muchas zonas de España; que permiten que los etarras en Venezuela puedan votar por correo mientras los exiliados por culpa de ETA no pueden hacerlo; que quieren que la Iglesia pague unos impuestos que ellos mismos no pagan; que hacen de la confrontación ideológica su modus vivendi; que usan los muertos por terrorismo, por la violencia machista o por cualquier causa para la generación de réditos electorales; que justifican con cortesana pleitesía los errores de un Rey que se lo pasa pipa mientras su pueblo las pasa canutas; que necesitan, ante su propia ineptitud, rodearse de miles de asesores y cargos de confianza;

que utilizan las administraciones públicas como agencia de colocación para familiares, amiguetes y compañeros de partido o como instrumento para la generación de sucios y espurios negocios; que no creen en la división de poderes, ni en la independencia judicial, sino en el reparto de cuotas politizando siempre la Justicia que ya no es ciega, sino estrábica; que, en definitiva, carecen, salvo algunas excepciones, de la más mínima autoridad política y moral para pedirle a los españoles ni un sacrificio más.

La mayor parte de esta clase política y sindical no es ejemplar, no es capaz de arrimar el hombro tal y como nos lo pide a los demás. Uno ya está harto. Es lo que hay. Y el que se dé por aludido ya sabe: el que se pica… Y perdón por el desahogo.

Santiago de Munck Loyola

Yo no haré huelga.

Sólo quedaba que anunciaran el día de la Huelga General y hoy, los sindicatos mayoritarios, lo han hecho: será el próximo viernes 29 de marzo. ¡Qué mejor que empezar las vacaciones de Semana Santa con una huelga general, sobre todo, para los escolares! Nada nuevo bajo el sol, salvo la fecha. Estaba cantado que al Gobierno del PP le montasen una huelga general los sindicatos con ésta o con cualquier otra reforma laboral. No hay que olvidar que los sindicatos españoles no tienen buen perder y que “los suyos” perdieron las elecciones generales el pasado 20 de noviembre, por tanto, todos a la calle y a presionar al gobierno.

Los líderes sindicales acusan al Gobierno de ser el responsable de la huelga “por sus formas y por su imprudencia” al abordar una reforma laboral sin el consenso de los sindicatos. Todos hemos visto cómo los sindicatos y patronos se han estado reuniendo durante meses sin alcanzar un acuerdo que poner encima de la mesa del Gobierno a pesar de la gravísima situación económica del país. El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha manifestado hoy que la convocatoria de la huelga es una respuesta a “la reforma laboral más regresiva de la historia de la democracia en España”. Uno pensaba que la mayor regresión posible en materia laboral es quedarse sin trabajo, en la p. calle, con muchos derechos laborales y sindicales bajo el brazo, pero sin un puñetero euro en el bolsillo con el que pagar la hipoteca, pero no, parece que desde la óptica sindical no es así y que, por éso, ante cinco millones de parados, sin perspectiva en el horizonte próximo de encontrar un trabajo, es más que razonable que los sindicatos españoles ni siquiera se planteasen montar una huelga general al anterior gobierno que con tanta dedicación les venía inyectando suculentas subvenciones.

Un servidor no va a hacer huelga el próximo 29 de marzo por muchas razones. En primer lugar porque no creo en unos sindicatos vinculados ideológicamente a ciertos partidos que son los que acaban de perder las elecciones generales y entre los que está el partido responsable en gran parte del desastre socio económico de España. Es tal la afinidad entre esos sindicatos y esos partidos que la legítima defensa de los derechos de los trabajadores se confunde con la defensa de postulados partidistas. En segundo lugar, porque no me siento representado por unos sindicatos que, en el terreno más cercano, en mi ámbito profesional, no lo hacen bien. Algunos de mis representantes sindicales tienen una actuación vergonzosa. No todos, es verdad, pero sí una pequeña parte de ellos cuya forma de proceder no se cuestiona. Hay algunos representantes sindicales, mis representantes, que se toman invariablemente las 15 horas mensuales preferentemente los lunes o viernes, que para actividades sindicales les pertenecen por ley, y que se niegan sistemáticamente a decirnos a los trabajadores, a aquellos a quienes se suponen nos representan, dónde están, o a qué dedican esas horas. Porque una cosa es cierta, ni asisten a las mesas de negociación convocadas los días que ellos disponen de las horas sindicales, dejándonos sin representación, ni es posible encontrarlos para demandarles su ayuda sindical. Todo ello con la bendición de sus superiores de la UGT comarcal de la Comarca del Vinalopó. Así que, si no puedo confiar en mis representantes sindicales directos ¿cómo lo voy a hacer con la cúpula del rolex?

Y, en tercer lugar, no voy a hacer huelga el día 29 porque España no está para “bromas”. Un seguimiento de la huelga general de un 70 % de media supondría un coste de unos 2.200 millones de euros según los estudios publicados. Puede que a los sindicatos convocantes no les parezca significativa esa cantidad o que simplemente no les importe, pero a mí sí me importa. Con la situación que vivimos es un auténtico despilfarro que nuestra sociedad no se puede permitir.

Por todo ello, el día 9 de marzo iré a trabajar y, por cierto, sin necesidad de que ningún piquete “informativo” vaya a coaccionarme, perdón, a informarme de las razones por las que hay que hacer huelga. Las conozco, no las comparto y en uso de mi libertad actúo en consecuencia.

Santiago de Munck Loyola

Sierra Nevada: una estación bajo mínimos.

Hace seis años empecé a esquiar. Como mis hijos son unos incondicionales de la montaña y del esquí, decidimos pasar las Navidades en la estación de “La Molina”. Junto a Pablo, Luz y Marcos, mis nietos, me inscribí en un curso de iniciación al esquí. Pasamos mucho frío, me torcí un tobillo, pero disfruté de la montaña, del aire libre y del deporte como hacía mucho tiempo. Y me enganché. Y lo hice de tal forma que cada quince días nos íbamos a Sierra Nevada a esquiar. Allí, tras algunas clases particulares, empecé a disfrutar de las pistas rojas y después de las negras. Si algo tiene de especial la estación de Sierra Nevada es el sol. Un sol fuerte, limpio y deslumbrante que hace olvidar el intenso frío que, en ocasiones, podría desalentar la práctica del esquí. Y cuando el mal tiempo impide esquiar se puede disfrutar, en poco tiempo, de los tesoros y la belleza de una ciudad como Granada, de un paseo por las playas de Motril o por los encalados pueblos de la Sierra.

Cuando empezamos a frecuentar la Estación de Sierra Nevada, hace cinco años, muchos fines de semana o en Navidades estaba colapsada. Era muy difícil encontrar un hueco para aparcar en sus calles o una mesa para comer en la plaza de Pradollano. En muchas ocasiones había que esperar más de una hora para poder coger el telecabina para poder subir a las pistas y una vez arriba la mayor parte de los remontes se encontraban colapsados con esperas medias superiores a los veinte minutos. En los restaurantes de las pistas siempre había mucha gente y nadie se libraba de guardar cola durante bastante tiempo para poder tomar un simple café.

Ahora, el panorama es muy distinto. Desde hace casi dos años, no hay problemas de aparcamiento, no hay colas ni para tomar los telecabinas, ni para comprar los forfaits, ni para conseguir una mesa para comer. La crisis se ve, se palpa. El esquí es un deporte caro, eso es evidente y la crisis se lo está llevando por delante.

Sin embargo, llama mucho la atención la falta de capacidad de adaptación de los responsables de la Estación para afrontar una situación económica tan difícil como la que estamos viviendo. La Estación de Sierra Nevada es, casi con seguridad, la estación más cara de España. Dada su ubicación es, fuera de Andalucía,  el destino más cercano para los esquiadores de Alicante y Murcia. Pero, en las actuales circunstancias, son cada vez más los deportistas de estas provincias que optan por destinos más lejanos. ¿La razón? Los exagerados precios de Sierra Nevada. Parece que los responsables de la Estación, amarrados a la ventaja de su ubicación, no están dispuestos a mejorar sus tarifas para competir con otras ofertas más atractivas. ¿El resultado? La Estación medio vacía. Prefieren mantener unos precios altos aún a costa de perder usuarios. Puede que las cuentas les salgan, a pesar de esta pérdida de usuarios, rentables, pero a quienes no beneficia es a hosteleros y comerciantes de la zona.

Al día de hoy es fácil encontrar ofertas de esquí en Andorra, Pirineos y Alpes franceses que incluyen alojamiento, desayuno y forfait para seis días por menos de 190 euros, mientras que en Sierra Nevada sólo el forfait de seis días cuesta ya 230 euros. Súmese a esa cantidad el alojamiento y desayuno y será muy fácil deducir la falta absoluta de competitividad de Sierra Nevada. Por tres horas más de viaje no son pocos los que se animan a ir a Andorra donde, además, se puede disfrutar de muchos más kilómetros esquiables. Precios altos y pocos usuarios podrán salvar la cuenta de resultados de Cetursa, empresa explotadora de la estación, pero no así la de los cientos de comerciantes y hosteleros del lugar. Están matando la gallina de los huevos de oro como en tantos otros sectores turísticos de nuestro país. Y, lo peor de todo, es que lo está haciendo una sociedad pública dependiente de la Junta de Andalucía. La Estación de Sierra Nevada está mal gestionada, se mire por donde se mire, y no hay más que hablar con los residentes para comprobarlo.

Santiago de Munck Loyola

Ellos despilfarran, nosotros lo pagamos.

“El dinero público no es de nadie”  dijo hace unos años la inefable ministra de Zapatero, Carmen Calvo, y aunque parezca mentira semejante estupidez parece que es compartida, aunque nunca lo admitirían, por una buena parte de la clase política española, a la luz de los resultados y la forma en que lo manejan. El despilfarro del dinero público, del dinero de todos, estos últimos años ha sido evidente y generalizado, a pesar de que el exministro Sebastián sólo lo admitiese como una excepción en algunos casos de los Planes E. La realidad es muy distinta a lo que la clase política está dispuesta admitir y la responsabilidad en estos despilfarros está muy repartida entre todos los colores de las formaciones políticas, aunque algunos son más responsables que otros por la sencilla razón de que han tenido la oportunidad de manejar más y mayores presupuestos públicos.

Hace tan sólo dos días Antena 3 emitió un programa en el que se daba cuenta de algunos de los despilfarros en obras públicas más escandalosos de estos últimos años: aeropuertos cerrados, aeropuertos con 9 pasajeros al día, autopistas sin vehículos, trenes ruinosos, estaciones para el AVE sin usar o completamente infrautilizadas, gigantescos complejos culturales inacabados y ruinosos y un largo etcétera de obras públicas sin sentido. En los últimos diez años, nuestros gobernantes han dilapidado más de 15.000 millones de euros en este tipo de obras que carecen de rentabilidad económica y social y que constituyen un pesado lastre pues al coste de su construcción hay ahora que sumar los gastos de mantenimiento.

Un pozo sin fondo al que las arcas públicas deben seguir suministrando millones de euros para que dichas obras se mantengan en pie, aunque nadie las utilice.

Los famosos Planes E no sirvieron al objetivo principal para el que fueron diseñados: reactivar la economía y crear empleo. Su puesta en marcha significó para muchas corporaciones locales la oportunidad de dotarse de infraestructuras necesarias pero que, ahora, en tiempos de crisis, hay que mantener lo que supone un incremento de los gastos corrientes de dichas corporaciones precisamente cuando los ingresos corrientes han caído en picado.

El error de aquellos Planes fue rápidamente imitado por muchas Comunidades Autónomas. Nada menos que 5.000 millones de euros destinó la Junta de Andalucía a su particular Plan E y 2.500 millones de euros destinó la Generalitat Valenciana al suyo, el Plan Confianza. Ahora recogemos lo sembrado: muchas obras del Plan Confianza están paralizadas por la sencilla razón de que la Generalitat Valenciana no paga a los promotores de las obras aprobadas. Y no son pocas las empresas las que están en situación de quiebra por culpa de los impagos de las administraciones públicas.

Da la sensación de que como “el dinero no es de nadie” se ha venido gastando sin el cuidado y la responsabilidad que cualquier persona normal pone cuando se trata de su propio dinero. ¿Se han hecho estudios de viabilidad para todas estas inversiones? ¿O se decide construir, por ejemplo, un aeropuerto sin los estudios económicos que avalen y justifiquen la inversión? ¿No deberíamos conocer el nombre de la empresa o de los técnicos que informaron favorablemente para la construcción de un aeropuerto en Huesca que cuenta con sólo 9 pasajeros al día? Y si se decidió en su día acometer estas millonarias inversiones sin los pertinentes estudios de viabilidad ¿no deberían incurrir en algún tipo de responsabilidad los políticos que adoptaron tales decisiones? Habrá quien sostenga que esa responsabilidad se determina en las urnas. Pero no, no basta. Además de la responsabilidad política hay una responsabilidad económica que debería ser depurada.

No conviene olvidar que el montante de estas inversiones ruinosas es muy superior, sin sumar el coste de su mantenimiento actual, a los recortes que el Gobierno de la Nació se vio obligado a adoptar el pasado 31 de diciembre. La clase política nos sube los impuestos porque ha despilfarrado, así de sencillo. Sin estos despilfarros no sería necesario ni subir los impuestos, ni congelar salarios a los funcionarios, ni recortar en educación, sanidad, defensa, … Y, hablando de recortes, llama la atención que haya dirigentes políticos que prefieran recortar en la sanidad de sus ciudadanos antes que suprimir seudo embajadas en el extranjero o antes de eliminar canales de TV ruinosos. Pero eso es harina de otro costal que habrá que analizar en otra ocasión.

Santiago de Munck Loyola

La política económica del Gobierno: ¿Más de lo mismo?

Las recientes medidas económicas de carácter urgente adoptadas por el Gobierno de Rajoy han producido desconcierto más entre los propios que entre los extraños. En efecto, entre el importante paquete de medidas iniciales el Gobierno ha aprobado un incremento “temporal” de determinados impuestos. Reducción del gasto con la aprobación de algunos recortes presupuestarios e incremento de la recaudación con el visto bueno a determinados incrementos impositivos constituyen las dos principales bazas para atajar el déficit existente que, según parecen haber descubierto, es mayor del que venía anunciando el Gobierno socialista saliente.

Llama la atención, en primer lugar, que en un exceso de cortesía política, evidentemente inmerecida, los portavoces del nuevo Gobierno hayan hablado de la existencia de un traspaso de poderes ejemplar. ¿Dónde está la ejemplaridad? ¿En que los ministros cesantes no se han atrincherado tras las mesas de los despachos ministeriales? Si ejemplar es mentir sobre el déficit del Estado a los ministros entrantes, que venga Dios y lo vea. Hablar de un traspaso ejemplar en estas condiciones es, desde luego, engañar a la opinión pública y lo cortés no quita lo valiente. El Gobierno saliente se ha ido mintiendo una vez más. Así de claro y así de poco ejemplar.

En segundo lugar, las medidas adoptadas, por mucho que se alegue la existencia de un déficit superior al previsto o al anunciado por el Gobierno saliente, desconciertan profundamente a quienes desde hace años venimos sosteniendo la existencia de una política económica diferente. Los recortes presupuestarios son absolutamente necesarios y los inicialmente adoptados por el Gobierno son, con seguridad, la punta del iceberg, pero son, en todo caso, claramente insuficientes y, en algunos casos, tienen un carácter más bien simbólico. Hay mucho más campo donde meter la tijera y, según parece, en el segundo paquete de medidas adoptadas por el Gobierno, se ha avanzado algo más en esa dirección.

Sin embargo, lo que chirría desde una perspectiva liberal conservadora es el incremento de la fiscalidad. Recortes y aumento de impuestos eran, al parecer, las dos únicas técnicas usadas hasta ahora por el anterior gobierno para reducir el déficit y de su carácter socialdemócrata nadie duda. Y las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy parecen señalar que el Gobierno ha apostado por profundizar en esa línea de carácter socialdemócrata rompiendo así con una trayectoria y unas perspectivas que configuraban una auténtica alternativa económica.

La reducción del déficit exige recortar gastos y aumentar los ingresos. En el recorte de gastos queda mucho campo por explorar. A título de ejemplo, recortar las subvenciones a partidos, sindicatos y patronal en un 20 % es claramente insuficiente. ¿Por qué no el cien por cien? ¿Tiene lógica alguna aumentar los impuestos para poder seguir pagando el 80 % restante? ¿Y el gigantesco parque móvil? ¿Y las televisiones públicas deficitarias? ¿Y los salarios de sus Señorías, los móviles, las dietas, los viajes,…? ¿Por qué no se minoran las transferencias a las Comunidades Autónomas en proporción al coste de los servicios públicos duplicados con los del Estado?

En cuanto al ámbito del incremento de ingresos, un incremento “temporal” de los impuestos conllevará irremediablemente a una nueva reducción del consumo. Con menos dinero en el bolsillo, los ciudadanos reduciremos nuestro consumo y a menos consumo, menos actividad productiva y, por tanto, más desempleo. Es de cajón. La denostada curva de Laffer demostró su efectividad en los Gobiernos de Aznar: la recaudación tributaria del Estado se incrementó con menores tipos impositivos. No tiene, por tanto, mucha lógica ni coherencia alguna con los antecedentes el anunciado incremento de impuestos. El aumento de ingresos puede lograrse ampliando las medidas anunciadas de lucha contra el fraude fiscal. Centrarse como se ha anunciado en el control de los pagos en efectivo constituye el “chocolate del loro” en la persecución del fraude fiscal. Según los técnicos de hacienda la puesta en marcha de otras medidas podría hacer incrementar la recaudación en más de 30.000 millones de euros. Puede también lograrse un aumento de ingresos con la venta de activos de las administraciones públicas, del Estado, tales como participaciones en sociedades, empresa pública y bienes inmuebles. Y, desde luego, se produciría un incremento de la recaudación de ingresos con una bajada de impuestos que reactivara el bajo consumo existente, incentivara la inversión y generase la creación de puestos de trabajo: a más empleados, más contribuyentes, más consumo y más recaudación.

Es de suponer, a falta de explicaciones públicas, que el incremento “temporal” de impuestos obedece a la imperiosa necesidad de obtener liquidez con la que reducir drásticamente el déficit y contentar, de paso, a los mercados y a la Señora Merkel y que, se ha acudido a esta incoherente medida porque no era posible apostar por su reducción como motor de la reactivación económica a medio plazo. En todo caso, conviene recordarlo, no se trata de medidas programáticas anunciadas previamente y suponen un cierto continuismo que podrá de momento aliviar algo las maltrechas arcas públicas, pero que a medio plazo no servirá para generar empleo, que es o debería ser la principal prioridad del Gobierno.

Santiago de Munck Loyola

¡A votar, por fin!

Y llegó el día esperado, el día de las votaciones. Casi 36 millones de españoles tienen hoy la oportunidad de decidir qué rumbo ha de seguir España durante los próximos años: el de la continuidad o el del cambio. Termina con ello una tediosa y aburrida campaña electoral en la que los partidos políticos, digan lo que digan, no han escatimado en gastos para atraer el voto de los electores y en la que hemos asistido, incluso, a la resurrección escénica de verdaderos cadáveres políticos vinculados a la etapa más negra del terrorismo de estado. Y concluye también una no menos pesada precampaña de varios meses originada por la insólita decisión del Presidente Zapatero de anunciar la convocatoria de elecciones con tantos meses de antelación, es decir, haciendo una vez más las cosas mal para ser coherente con su trayectoria gubernamental.

Con casi total seguridad, la jornada electoral transcurrirá con normalidad y tranquilidad, excepción hecha quizás de las habituales anécdotas que puedan producirse y de las que protagonizarán algunos “indignados” que según parece se personarán en las mesas electorales para solicitar que se certifique que no votan, Se trata de un disparate más, surgido de no se sabe qué mente preclara, que no se sostiene y que resulta de imposible cumplimiento por parte de los responsables de las mesas electorales. Si uno de estos “indignados” se presentase en una mesa electoral, por ejemplo, a las 13 horas solicitando tal certificado sería imposible emitirlo pues nada le impediría volver a las 18 horas y votar, con lo que el certificado sería falso. Tampoco podrían personarse después de la hora de cierre de las votaciones porque los colegios deben cerrarse y, por tanto, deberían permanecer dentro de los mismos para que una vez finalizado el escrutinio pudiese emitirse semejante e inútil certificado. Es lamentable que con esta iniciativa se pretenda cuestionar y dificultar el derecho más básico y elemental de los ciudadanos en una democracia, el de poder elegir a sus representantes. Está claro de qué lado de la democracia se sitúan algunos, no todos, de los integrantes de este movimiento que ya está dando, como era de esperar, síntomas evidentes de agotamiento.

En todo caso, hoy, sean cuales sean los resultados electorales se cierra una etapa y se abre una nueva. Se cierra la etapa del peor Presidente de Gobierno de la Democracia, del más incompetente e insolvente de los jefes de ejecutivo de esta etapa democrática. Un Presidente que llegó a serlo porque se produjo el peor atentado terrorista de la historia española. Un Presidente que deja la peor herencia que nunca un gobernante legó a su sucesor: unas arcas públicas en bancarrota, España al borde del rescate europeo, 5.000.000 de parados, los derechos sociales recortados, la imagen de España desprestigiada por el mundo,…

Y se abre, por tanto, un nuevo período de ilusión y de esperanza, aunque también de más esfuerzos y sacrificios por parte de todos para intentar desprenderse de la herencia de Zapatero y sus colaboradores. Porque, no puede ni debe olvidarse, que son corresponsables de esta situación todos los partidos que con sus votos han sostenido a los minoritarios gobiernos de Zapatero y que hoy intentan aparecer ante los electores como grupos absolutamente desvinculados de esta herencia. Y no, sin ellos, esta herencia no sería la que es.

Ojala la jornada transcurra en paz, con alegría y con tranquilidad y mañana podamos todos levantarnos con un nuevo y mejor horizonte.

Santiago de Munck Loyola