Compromís se disfraza pero se le ve el plumero.

Se acaba de presentar la candidatura autonómica por la provincia de Alicante de Compromís encabezada por Aitana Mas. Y como seguramente no podía ser de otra forma, a la vista de las expectativas de voto de la formación pancatalanista que desde el Gobierno de la Generalidad Valenciana ha continuado durante estos últimos años con la vieja tradición de ningunear, discriminar y despreciar a nuestra provincia, ha realizado un canto al alicantinismo. Sí, tal cual.

Sin despeinarse, la candidata de Compromís ha señalado que “hay romper del todo con los centralismos”. Se le ha olvidado añadir que con todos menos con el valenciano porque esa proclama no se compadece en absoluto con las pretensiones de su partido de vaciar de competencias a la Diputación de Alicante que es exactamente lo que ha venido haciendo Compromís con sus socios del Botánico. Pero no sólo queda ahí la súbita conversión de Compromís al alicantinismo sino que ha dado un paso más al afirmar que “Alicante debe dejar de ser el sur de la Comunidad para, entre otras cosas, hablar de tú a tú a Madrid”. Para quedarse de piedra. O la Sra. Mas no tiene ni puñetera idea del partido en el que milita o su nivel de cinismo político supera todos los límites imaginables. Debería ser un poco más respetuosa con la memoria y la inteligencia de los alicantinos.

La candidata Aitana Mas debería recordar que el consejero de Educación de la Generalidad Valenciana, Vicente Marzà, que milita en su mismo partido, Compromís, es defensor de los llamados Países Catalanes y que para él “los Países Catalanes son una realidad más allá de lo que pinta el Estado...no solo cultural sino políticamente, y deberían serlo en un futuro todavía más”  y la Costa Blanca no es otra cosa que las playas del sur de los países catalanes.  Marzà, ha puesto en marcha la inmersión lingüística en valenciano les guste o no a la mayoría de los alicantinos. Vicente Marzà, compañero de la Sra. Aitana Mas, pertenece a la entidad Escuela Valenciana, entidad subvencionada por la Generalidad de Cataluña y galardonada por su defensa del catalán. 

Y la candidata Aitana Mas también tiene como compañero de partido al Consejero de Transparencia Manuel Alcaraz para quien “un País Valenciano aislado es una utopía y sería una traición a su propia esencia. Si el País Valenciano quiere salvaguardar su personalidad ha de ser preservándose fiel a su catalanidad básica”. Defiende la “catalanidad” de Alicante y califica a España de “superestructura coercitiva”. La Sra. Candidata de Compromís debería explicar a los votantes alicantinos cómo se puede conciliar su pretendida conversión a los intereses de nuestra Provincia con los del pan catalanismo de su partido.

Pero es que, además, como suele ocurrir con todo recién converso, va más lejos de lo deseable en su nuevo discurso. Se equivoca Sra. Aitana o su subconsciente le traiciona. Si entendemos por “Madrid” al Gobierno de España, sólo otro Gobierno de un Estado puede hablarle de “tú a tú”. O la Sra. Aitana quiere ahora la República Independiente de Alicante o ignora profundamente los principios  de relaciones interadministrativas. Ni la Generalidad Valenciana ni la República Independiente de su Casa pueden hablar de tú a tú al Gobierno de España, a nuestro Gobierno.

Lo que de verdad necesita la Provincia de Alicante es tener voz propia ante el Gobierno de España, voz propia desde la posición constitucional que la Constitución española otorga a las Comunidades Autónoma, voz propia que sólo puede conseguirse a través de la constitución de una Comunidad Autónoma Uniprovincial. Ése es el único camino posible con la Constitución en la mano y todo lo que no sea pasar por ahí significará que Valencia, pese a los juegos florales y retóricos de los neo-conversos, seguirá hablando en nombre de todos los alicantinos.

Santiago de Munck Loyola

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28 de abril: doble cita electoral, doble oportunidad para Alicante.

Apurando los plazos al máximo e imponiendo su voluntad a la mitad de su gobierno regional, el Presidente de la Generalidad Valenciana, Ximo Puig, ha decidido adelantar las elecciones autonómicas para que coincidan con las elecciones generales del 28 de abril. Detrás de esta inusitada decisión, se intuye, no el interés general de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, sino el más puro interés partidista. Se trata en resumen de que el PSPV pueda ir a rebufo de las encuestas más o menos favorables al PSOE y evitar así un hipotético progresivo descenso en la intención de voto a las socialistas que podría tener lugar en mayo. En definitiva, Ximo Puig ha optado por el 28 de abril en previsión de que en mayo los resultados electorales pudieran ser aún peores para su candidatura. Y, de paso, ha pillado con el pie cambiado a sus socios de Gobierno de Compromís que temen que su discurso quede diluido en el fragor de un debate de ámbito nacional.

El debate territorial va a ser sin duda un importante elemento de la agenda electoral durante las próximas semanas. Algo tan serio como una nueva posible aplicación del Artículo 155 va a depender de la mayoría que se forme en el senado hasta ahora en manos del PP. En muchas provincias, bastará un puñado de votos para que tres de los cuatro senadores asignados a la misma caigan de un lado o de otro. Es evidente que cuantos más senadores obtenga el PSOE más se alejará esa posibilidad de volver a aplicar si fuera necesario el Artículo 155 pues está condenado inevitablemente a volver a pactar, si los números así lo imponen en el Congreso, con los podemitas, separatistas y filoetarras para reeditar un nuevo gobierno sanchista.

Y si el debate territorial es importante lo es aún más para los ciudadanos que vivimos en la Provincia de Alicante. La inmensa mayoría de los partidos de nuestra provincia no han asumido que el actual modelo, que el actual estatus de nuestra provincia en la Comunidad Valenciana es la causa de la mayoría de los problemas sociales y económicos que padecemos. Una provincia como la nuestra que lleva décadas, desde que fue incorporada a la Comunidad Valenciana, siendo discriminada y ninguneada no puede seguir igual, debe reivindicar su importancia, su singularidad y su derecho a la igualdad.

No se trata de un problema de derechas o de izquierdas, se trata de un problema de todos los alicantinos que ven año tras año cómo los presupuestos de la Generalidad Valenciana la ningunean y cómo los presupuestos del Estado la relegan en beneficio de Valencia. Tampoco se trata de un problema sólo económico, sino también de un problema de identidad: Alicante no es Valencia, ni una extensión de los inexistentes Países Catalanes. Alicante es una provincia española, orgullosa de serlo, donde el español no puede ser perseguido ni menospreciado, es una provincia plural en la que no se deben seguir tolerando imposiciones ajenas a la cultura de la mayoría. Alicante es una provincia con un potencial territorial y humano de primer orden que no puede seguir siendo reprimido desde Valencia e ignorado desde Madrid.

Es un hecho evidente que nuestro sistema territorial, el sistema autonómico, tiene muchos defectos: es caro, tiene duplicidades innecesarias, quiebra en ocasiones la igualdad entre los españoles,… No se trata sólo del problema catalán, hay más. Demolerlo y recentralizar todo no es la solución. Hay otras vías que pueden y deben ser usadas si queremos preservar la convivencia entre todos los españoles. Las autonomías pueden y deben ser reformadas para garantizar a todos los españoles la igualdad de derechos y obligaciones y a la vez las mayores cotas de bienestar social posibles. Por ello, frente al inmovilismo o conformismo de unos y el antiautonomismo radical de otros hay una tercera vía que pasa necesariamente por la asunción racional y desapasionada de la necesidad imperiosa de promover su reforma.

Y en el caso concreto de nuestra Provincia hay que asumir, y ninguno de los grandes partidos lo ha hecho,  que su actual estatus en la Comunidad Valenciana constituye un fracaso histórico. La Generalidad Valenciana ha hecho con Alicante exactamente lo contrario de lo que se supone debería hacer un gobierno multiprovincial: tras más de tres décadas ha logrado ensanchar la diferencia de renta entre alicantinos y valencianos en perjuicio de los primeros. Ante esta evidencia hay que plantear soluciones que inevitablemente deberán pasar por un cambio de las relaciones entre la Provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana. No hay otra salida. Por ello, el 28 de abril, nos brinda una doble oportunidad para decir en Valencia y en Madrid que las cosas no pueden seguir igual, que Alicante no quiere seguir así.

Santiago de Munck Loyola

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La Constitución, el independentismo y Alicante (tercera parte).

Hay que repetirlo porque se trata de un hecho incontestable que, sin embargo, no es percibido por mucha gente: el balance de la pertenencia de la Provincia de Alicante a la Comunidad Valenciana es negativo. Las cifras no engañan. Hoy la provincia de Alicante es más pobre respecto a la Provincia de Valencia que hace 36 años por lo que sin ningún género de dudas se puede afirmar que la Generalidad Valenciana es, como administración pública, un fracaso. Y mientras los ciudadanos de Alicante no tengamos conciencia de ello seguiremos condenados a padecer una administración regional centralista y discriminatoria.

Pero es que, además, a esta sumisión de Alicante a los intereses socioeconómicos de la Generalidad hay que añadir ahora una peculiar situación política que está poniendo en riesgo la propia identidad libre y plural de la sociedad alicantina. La Generalidad Valenciana está presidida por un socialista, el Sr. Puig, que carece de un proyecto político propio y gobierna de la mano de otros grupos de izquierdas cuyas señas de identidad son pancatalanistas. Es el eterno problema del PSOE allí donde no alcanza la mayoría suficiente para gobernar, que se vende a cualquier grupo político por muy antiespañol que sea.

La Generalidad Valenciana, con el Pacto del Botánico, está desarrollando políticas impregnadas de pancatalanismo, contrarias a la identidad propia valenciana y más aún alicantina y de carácter excluyente. No hay más que repasar las hemerotecas para comprobar el origen ideológico de muchos altos cargos del Gobierno de la Generalidad que consideran a la Comunidad Valenciana como parte integrante de los imaginarios países catalanes y a la Provincia de Alicante como las playas del sur de Cataluña. Paso a paso, la Generalidad Valenciana está sembrando las semillas del odio hacia lo español, desde la lengua, pasando por las tradiciones hasta los símbolos, en un calco perfecto del proceso que se inició hace décadas en Cataluña y cuyas funestas consecuencias estamos viviendo estos meses. La nueva televisión autonómica ya está en manos de filoindependentistas catalanes, y la inmersión lingüística ya está en marcha para barrer la lengua materna de la mayoría de los alicantinos, el español. Todo está ya inventado. Usan la lengua y la educación como elementos de segregación y de neutralización ideológica, no es nada nuevo.

Ante todo ello, la discriminación económica permanente de nuestra provincia que se plasma en una deuda histórica de la Generalidad de más de 1200 millones de euros, la progresiva catalanización de las instituciones autonómicas y los permanentes y progresivos ataques a la escasa autonomía de la Diputación Provincial junto con una evidente voluntad de diluir las señas de identidad propias de nuestra Provincia es necesario ofrecer una respuesta, una solución para frenar este proceso. ¿Realmente queremos que dentro de unos años ningún alicantino pueda optar a un empleo público si no sabe el catalán? ¿Estamos dispuestos a que dentro de unos años los sanitarios tengan que marcharse por no saber catalán como está ocurriendo ahora mismo en las Baleares? ¿Queremos que se impida a los padres elegir el idioma en el que quieren que estudien sus hijos? ¿Nos resignamos sin más a que desde Valencia se señale cuándo deben abrir o no los centros comerciales de nuestra Provincia? ¿Nos conformamos con que se siga invirtiendo más en Valencia y Castellón que en Alicante? La respuesta es clara. Si no estamos dispuestos a todo ello, si creemos en la singularidad de Alicante, en sus propias señas de identidad, en su historia singular, en su pluralidad social, en su capacidad de gestión y en su absoluta lealtad e identificación con España es imprescindible reivindicar sus derechos y, llegado el caso, su autonomía en el marco de la Constitución.

Y no, no se trata de crear un nuevo monstruo autonómico. Se trata de transformar a la Diputación Provincial en gobierno autonómico, democratizándola, dotándola de aquellas competencias autonómicas que sirvan de verdad al progreso de nuestra tierra y devolviendo al Estado competencias cuya gestión quiebran la igualdad entre los españoles, como la sanidad, la educación o la justicia. Dos serían las consecuencias prácticas inmediatas: que los alicantinos tendríamos que sostener una administración menos y que el poder de decisión en muchos ámbitos se quedaría en Alicante.

Es un reto muy difícil, quizás un ideal de difícil consecución, pero el simple crecimiento y expansión de esta propuesta y su materialización en poder político servirá, sin duda, de acicate para que la voz de Alicante sea tenida en cuenta y para que sus justas reivindicaciones no sigan cayendo en saco roto. Si no nos respetan que al menos nos teman.

Santiago de Munck Loyola

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La Constitución, el independentismo y Alicante (segunda parte).

Todos somos conscientes de que el problema territorial exige un pacto de Estado y una reforma de la Constitución. Sin embargo no existe el más mínimo consenso entre las principales fuerzas políticas sobre la dirección que ha de tomar dicha reforma constitucional y es evidente que no existe más que una alternativa con dos opciones contrapuestas: o se profundiza en la descentralización, que es tanto como persistir en la causa de los problemas territoriales actuales, o se opta por reforzar las competencias del Estado, lo que temporalmente puede soliviantar a los nacionalistas/independentistas. Buena parte de la izquierda se inclina por la primera opción resumida en más autonomía o federalismo, suponiendo erróneamente que con ella se contentarán los nacionalistas/independentistas. Nada más alejado de la realidad, su hipotética aceptación sólo tendría un carácter temporal e instrumental para disponer de más medios públicos para acabar precisamente con la unidad de España. En el espectro político de la derecha la opción del refuerzo de las competencias del Estado cuenta con dos variantes: la de quienes directamente pretenden acabar con el Estado de las autonomías y la de quienes prefieren reformarlo de modo que el Estado vuelva a asumir determinadas competencias para garantizar una igualdad básica entre todos los españoles.

Sea como fuere, lo cierto es que mientras no se establezca un consenso básico sobre la orientación que ha de tomar la reforma del modelo territorial es imposible que a corto o medio plazo pueda producirse una reforma de la Constitución y del propio estado de las autonomías. Sin embargo, es posible reconducirlo, racionalizarlo y hacerlo más solidario y eficiente sin tener que esperar a que la actual clase política acuerde su reforma constitucional. Hoy, una gran parte de los ciudadanos está insatisfecha con el funcionamiento de las autonomías porque son caras, ineficientes en muchos aspectos, complican la vida económica y social de los ciudadanos y duplican innecesariamente servicios públicos. Son la clase política y la partitocracia los más interesados en su mantenimiento en sus actuales términos, no los ciudadanos. Lo que en un principio se vendió como una descentralización administrativa se ha convertido en una descentralización política y en una fragmentación de la soberanía nacional que lejos de cohesionar a la sociedad española la ha dividido.

Necesitamos un estado moderno, eficiente, capaz de garantizar los mismos servicios públicos para todos los españoles con independencia del territorio en el que residan porque los derechos no son de los territorios, son de las personas. Necesitamos un estado que no levante barreras internas al mercado ni a las personas y que, al mismo tiempo, avance hacia la armonización de derechos y obligaciones con nuestros socios europeos. Y, desgraciadamente, las autonomías, en manos de políticos mediocres, han avanzado en la dirección contraria levantando toda clase de muros que obstaculizan el funcionamiento del mercado interior y la cohesión y movilidad social. El centro del debate no puede seguir siendo más o menos competencias o descentralización para las autonomías, sino que en la sociedad de las comunicaciones y de la informática debería centrarse en la búsqueda y el establecimiento de mayores cuotas de decisión de los ciudadanos sin el filtro de una clase política cuyos intereses parecen alejarse cada día más de los intereses del pueblo al que pretenden representar, aunque el desarrollo de esta idea no es ahora el objeto de estos artículos.

En este contexto y mientras siga vigente el actual modelo territorial, una provincia como Alicante no puede seguir sometida por inercia o por sentimentalismo a un estatus autonómico que claramente le perjudica. El balance de la pertenencia de Alicante a la Comunidad Valenciana, tras 36 años de autonomía, es francamente negativo. Las cifras y los datos están ahí para comprobarlo. Hoy la provincia de Alicante es más pobre respecto a la Provincia de Valencia que hace 36 años. Y este dato solo tiene una interpretación: la Comunidad Valenciana, como ente político y administrativo territorial, ha fracasado porque no ha logrado la convergencia económica y social de sus territorios, de las tres provincias que la integran, sino que ha ensanchado la brecha entre Alicante, que ahora es más pobre, y las otras dos provincias. Se trata de un problema que es imprescindible reconocer como tal y, en consecuencia, proponer soluciones al mismo. Es muy curioso, pero cuando la izquierda está en la oposición alza la voz denunciando que nuestra provincia está discriminada por la Generalidad Valenciana y cuando es la derecha la que se encuentra en la oposición denuncia exactamente lo mismo. 36 años de fracaso autonómico en nuestra provincia han sido más que suficientes como para que nuestra clase política provincial hubiera puesto ya sobre la mesa algo más que lamentos y denuncias, para que hubiera aportado soluciones. Pero no ha sido así. Los disfrazados de alicantinistas en la oposición en cuanto tocan poder en Valencia se olvidan de su tierra y de su gente. Y cuando llegan a Madrid no digamos.

Santiago de Munck Loyola

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La Constitución, el independentismo y Alicante (Primera parte).

Este año se cumplirá el 40 aniversario de la aprobación de la Constitución española. Se puede y se harán toda clase de valoraciones sobre su desarrollo, su eficacia o su aplicación. Pero quizás, ante el problema catalán, hay un hecho incontestable: tras cuarenta años de desarrollo del estado autonómico, diseñado en principio para satisfacer las aspiraciones territoriales, hoy hay más independentistas en Cataluña que hace 40 años, hoy existe más riesgo de ruptura de la unidad de España que hace 40 años. La Constitución de 1978 no ha servido para solucionar la tensión centro-periferia sino que la ha agravado. Y lo ha hecho en calidad y en cantidad, los nacionalistas se han convertido en independentistas y su número se ha multiplicado exponencialmente. Cada transferencia competencial sólo ha servido para alimentar el independentismo. Se equivocan quienes tratan de explicar el crecimiento del independentismo por una supuesta falta de diálogo del Gobierno de la Nación o por las supuestas afrentas sufridas por la sentencia del Tribunal Constitucional anulando algunos artículos del Estatuto de Autonomía cuyo alcance ignora la inmensa mayoría de los votantes independentistas. Durante 40 años, los nacionalistas han elaborado y difundido un discurso basado en el victimismo, han logrado solaparse con Cataluña de modo que, al final, cualquier crítica a un político nacionalista, por muy torpe o corrupto que fuera, la vendían como un insulto a Cataluña.

La Constitución de 1978 ha sido y es el abono para el crecimiento del independentismo. Cada competencia transferida a la autonomía catalana se ha convertido en un hachazo más para derribar el tronco de la soberanía del pueblo español. Los nacionalistas del 78 siempre fueron independentistas. No querían la autonomía para buscar y asentar éso que algunos denominan un nuevo “encaje” de Cataluña con el resto de España, sino para alcanzar a largo plazo la independencia y, para ello, necesitaban los instrumentos económicos, legales y, sobre todo, educativos que el Estado de las autonomías les podía transferir. Durante 40 años los independentistas han construido un relato histórico falseado que han inoculado al conjunto de la sociedad catalana sin que se produjera una réplica o reacción por parte del conjunto de la sociedad española ni, por supuesto, de la clase política más interesada en la utilización partidista y coyuntural de los instrumentos del Estado. El denominado “oasis” catalán ha sido una realidad consentida por el conjunto de la sociedad española, por su clase política y económica y especialmente por los medios de comunicación. Y las consecuencias están ahí.

Hoy tenemos un gran problema como Nación. Un problema que ha crecido y se ha agravado gracias a la Constitución de 1978 y al diseño y desarrollo dela estructura del Estado establecida en la misma. Hoy, los españoles no poseen los mismos derechos y obligaciones con independencia del territorio en el que vivan. Hoy, podemos constatar que mientras los Estados de la Unión Europea han caminado hacia la armonización de sus legislaciones nuestra Constitución ha seguido exactamente el camino contrario. No es posible resolver el gran problema que tenemos como Nación sin reconocer y señalar claramente su origen. Ni el federalismo, ni alcanzar cotas más altas de autonomía van a solucionar el problema sino todo lo contrario. El federalismo porque es lo último que desean los independentistas ya que supondría la igualdad competencial para todas las regiones. Más autonomía tampoco porque el margen de cesiones es prácticamente inexistente y está demostrado que solo sirve para alimentar al monstruo.

Mientras tanto, mientras se mantiene el actual estado autonómico, el monstruo independentista no sólo se mantiene en Cataluña, sino que se está expandiendo a los territorios limítrofes que forman parte de esa ensoñación que constituyen los llamados Países Catalanes. Parte de Aragón, la Comunidad Balear y la Comunidad Valenciana están ahora mismo cultivando y abonando con los recursos proporcionados por el estado autonómico al engendro independentista y expansionista catalán.

Es un hecho, una realidad incontestable que requiere una acción política firme y decidida. Los que vivimos en la Provincia de Alicante estamos ya sufriendo esta situación, pero podemos intentar revertirla si, en vez de mirar hacia otro lado, somos capaces de usar los instrumentos que el estado autonómico tiene a nuestra disposición pero justamente en la dirección contraria a la que los independentistas han venido siguiendo. No es imposible. Se puede hacer y se debe hacer.

Fdo. Santiago de Munck Loyola

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Entrevista en Ramblalibre.com

Santiago de Munck: “La Generalidad valenciana tiene una deuda histórica con Alicante”.

28/08/2017 Comunidad Valenciana.


Santiago de Munck. /Foto: ramblalibre.com.


Josep Sansano.


Santiago de Munck enarbola con decisión la bandera del alicantinismo que el próximo mes se plasmará en el nuevo Partido Alicantino Regionalista que someterá a debate proponer que Alicante se salga de la Comunidad Valenciana y se constituya en autonomía uniprovincial. Santiago de Munck denuncia el centralismo valenciano, acusa al actual gobierno valenciano de pancatalanismo y afirma que la Generalidad valenciana tiene una deuda histórica -“cuantificable”– con Alicante. La polémica está servida:


El partido Esperanza Popular cambia de nombre por Partido Alicantino Regionalista. ¿Cuál es el motivo? Esperanza Popular sugiere una relación histórica con el PP y Partido Alicantino Regionalista una nueva etapa con relación más directa con el alicantinismo.


No es exactamente así. El Partido Esperanza Ciudadana nace a partir de una asociación, Esperanza Popular constituida, entre otros, por miembros de una candidatura regeneracionista que se había organizado para concurrir a las elecciones a la Presidencia Local del PP de Alicante y cuya celebración fue impedida por el Sr. Ciscar al trocear en 5 distritos al PP y colocar a dedo al frente de ellos a Sonia Castedo. El Partido Esperanza Ciudadana se ha nutrido de muchos afiliados y antiguos votantes del PP cansados de la corrupción y de la falta de democracia interna y su ideario se sustenta principalmente en la regeneración democrática y en la defensa de los intereses de la provincia de Alicante, tanto frente a la Generalidad Valenciana como frente al Estado. Ahora vamos a dar un paso más. Ante la histórica discriminación de nuestra provincia no bastan los lamentos ni las reivindicaciones periódicas. Hay que ofrecer una solución, una alternativa y ésta sólo puede pasar por el reconocimiento del carácter plural, español y singular de la Provincia de Alicante mediante su constitución como Comunidad Uniprovincial.


¿Cuál es el balance de estos cuarenta años de autonomía de la Comunidad Valenciana? ¿Ha beneficiado o perjudicado a Alicante?


Sólo un dato basta para ofrecer la respuesta: hoy los alicantinos somos más pobres respecto a los valencianos que hace 40 años. La diferencia entre la renta media alicantina y la valenciana se ha agrandado en este período. Por tanto, una Comunidad Autónoma que no es capaz de cohesionar socialmente los distintos territorios que la componen es un fracaso. Alicante es la provincia de la Comunidad Valenciana que menos recibe de la Generalidad por habitante y ésto ha sido así con el PP y ahora con la izquierda. Durante estos casi cuarenta años se ha generado un Deuda Histórica de la Generalidad Valenciana con la Provincia de Alicante, de la que nadie habla, de varios miles de millones de euros que corresponde a la diferencia entre lo que ha percibido anualmente por habitante nuestra Provincia y lo que debería haber percibido. Esa deuda es real, perfectamente cuantificable y hay que reclamarla a la Generalidad Valenciana.


¿Puede hablarse de un centralismo valenciano?


Por supuesto. Es más, yo diría que los políticos alicantinos, por muy reivindicativos que se muestren aquí, en cuanto ocupan un cargo en Valencia empiezan a padecer el síndrome de Estocolmo. Y ello es en gran parte a que no deben su cargo a los votantes alicantinos, sino al dedazo de sus partidos y, por tanto, su lealtad está con la mano que les da de comer, no con Alicante. Desde hace décadas las grandes inversiones estatales y autonómicas en comunicaciones marítimas y terrestres se concentran en Valencia y en Valencia se concentran los servicios administrativos de la Generalidad Valenciana. Dos ejemplos pueden ilustrar lo anterior, en la provincia de Alicante no hay un sólo funcionario, ni una ventanilla, de la Dirección General de Patrimonio de la Generalidad Valenciana y, de otra parte, lo recientemente ocurrido con la Agencia Valenciana de Innovación.


El Partido Alicantino Regionalista va a plantear y debatir proponer que Alicante sea autonomía uniprovincial. Hubo, un precedente, Segovia, que se quedó a las puertas…


Ésa es nuestra propuesta porque estamos convencidos de que es lo mejor para los alicantinos y más ahora ante el pancatalanismo del que hace gala el Gobierno de la Generalidad y ante su deseo de acabar con la escasa autonomía provincial de la que gozan las Diputaciones. Nuestra provincia tiene entidad suficiente por población, por PIB, por su singularidad y por su capacidad emprendedora como para tomar sus propias decisiones, en determinadas materias, sin tener que depender de Valencia. Constituir la autonomía provincial implica eliminar el peso de una administración pública de las espaldas de los ciudadanos, asumir solo las competencias que se consideren imprescindibles para el progreso de la provincia devolviendo al Estado el resto y acercar el poder político a los alicantinos. Significa menos burocracia, menos gasto, más democracia y tener voz propia, sin el filtro de los intereses de Valencia, ante el Estado. Implica, en definitiva, fortalecer la cohesión nacional al mismo tiempo que se fortalece nuestra Provincia.


Una vez dentro de la autonomía, ¿cómo puede legalmente articularse esa propuesta? ¿cuáles serían los pasos jurídicos?


Hay que tener en cuenta de que no existen antecedentes de una propuesta como ésta y por tanto pueden plantearse interpretaciones contrapuestas sobre el procedimiento para lograr la autonomía para nuestra Provincia. En todo caso, una vez lograda de acuerdo al Título VIII de la Constitución, una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación y por los Diputados y Senadores debería elaborar el proyecto de Estatuto y elevarlo a las Cortes Generales para su tramitación como ley. Proponemos que la Diputación Provincial pase a ser la administración autonómica y gestione las competencias que el Estatuto le asigne y proponemos igualmente que se devuelvan al Estado todas aquellas competencias que puedan suponer una quiebra del principio de igualdad entre los españoles y todas las que no sirvan directamente al progreso y desarrollo de nuestra Provincia. Es un error pensar que acumular competencias por el simple hecho de que otras autonomías las tienen es bueno para los ciudadanos. Lo que es apetitoso para la clase política no tiene por qué serlo para el ciudadano. Queremos una autonomía eficiente que sirva realmente al progreso de la Provincia, al bienestar de los alicantinos, al refuerzo de su propia identidad y a la cohesión nacional. Más Alicante es más España.

 

http://ramblalibre.com/2017/08/28/santiago-de-munck-mas-alicante-es-mas-espana 

Y otra patada a Alicante ¿Hasta cuándo?

No hay día que pase sin que la Provincia de Alicante reciba una patada a modo de desprecio político o de discriminación presupuestaria por parte de la Generalidad Valenciana. La última es la propia Generalidad quien se ha hecho cargo de publicitarla, sin rubor alguno, a través de una nota de prensa difundida el 20 de agosto de 2017 titulada “Turisme (sic) difunde entre periodistas de Estados Unidos la oferta turística de la Comunitat Valenciana”. En esta nota de prensa, la Generalidad Valenciana cuenta que ha organizado un viaje de prensa para “dos periodistas estadounidenses con el objetivo de promocionar y difundir la oferta turística de la Comunitat Valenciana. De este modo, entre el 18 y el 25 de agosto, periodistas de la revista digital "Healthyaging.net" visitarán diferentes localidades de la provincia de Valencia y Castellón donde la gastronomía tendrá una especial relevancia”.

Añade dicha nota de prensa que la directora general de Turismo, la alicantina Raquel Huete, destaca que con este tipo de acciones "fomentamos la promoción de los destinos turísticos de la Comunitat Valenciana entre los potenciales turistas norteamericanos a través de los medios de comunicación" y que es "una oportunidad exponencial para mostrar al mercado norteamericano que la Comunitat Valenciana está a la vanguardia en el campo de la restauración...” 

Queda bien claro ¿no? La Generalidad Valenciana y la alicantina Raquel Huete (Directora General de Turismo) no hablan de promocionar el turismo en una parte de la Comunidad Valenciana (Valencia y Castellón), sino en toda pero excluyen a la Provincia de Alicante, verdadero motor del turismo en la Comunidad. Este Gobierno autonómico, multipartito, de izquierdas y pancatalanista, ignora y desprecia a la Provincia de Alicante con más intensidad de lo que ya hacía el Partido Popular. Bofetada tras bofetada, patada tras patada, presupuesto tras presupuesto es evidente que la Provincia de Alicante no puede seguir así, que debe rebelarse. La Deuda Histórica generada por tanta discriminación de la Generalidad hacia Alicante es enorme, miles de millones de euros nos adeudan porque en equidad se deberían haber invertido en nuestra Provincia y, sin embargo, se han quedado en Valencia y Castellón.

La Generalidad Valenciana constituye un fracaso institucional para los ciudadanos de Alicante que lo sufren directamente en su nivel de bienestar porque la Generalidad Valenciana no ha sabido cohesionar socialmente a la población de las tres provincias que la componen, todo lo contrario. Hoy los ciudadanos de la Provincia de Alicante son más pobres respecto a los valencianos que hace 35 años, se ha agrandado la brecha entre la renta media del alicantino respecto a la del valenciano porque las políticas de la Generalidad no han propiciado la convergencia de rentas entre sus diferentes territorios. Al contrario, siendo Alicante la 5ª provincia con el Producto Interior Bruto más alto de España, los alicantinos tenemos una renta media inferior a la renta media nacional. Y éso se lo debemos a que la Generalidad Valenciana no ha invertido en nuestra Provincia lo que debía y a que ha venido influyendo para el desvío de las inversiones del propio Estado hacia el norte de la Comunidad Valenciana.

Y por si no tuviéramos suficiente los habitantes de esta Provincia con la marginación presupuestaria practicada durante décadas por la izquierda y la derecha no enfrentamos ahora a otro ataque directo a las libertades de los alicantinos y a su personalidad histórica plural y diferenciada. Es el ataque de los pancatalanistas instalados en el Gobierno de la Generalidad que con la colaboración de los socialistas atentan contra el idioma mayoritario de la provincia, contra el derecho de igualdad de los ciudadanos y contra la libertad de educación. Es el primer y decisivo paso en ese aberrante proceso de construcción de los Países Catalanes tan querido para la Vicepresidente Oltra y sus conmilitones.

No es hora de seguir lamentándose, no es tiempo ya de quejas y reclamaciones. Es hora de tomar conciencia de la realidad, de decir ¡Basta! y de actuar, de formular propuestas y acciones políticas concretas que salvaguarden la identidad de nuestra provincia y el derecho de los alicantinos a ser tratados con justicia y a decidir su propio futuro en los cauces de la Constitución Española.

Santiago de Munck Loyola.

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Alicante: de mal en peor.

No hay peor ciego que el que no quiere ver y eso es precisamente lo que le ocurre a muchos de nuestros conciudadanos de la Provincia de Alicante. Hay quien se empeña en no querer ver la realidad bien porque le da miedo, porque no le gusta o porque está más cómodo con sus propias fantasías.

Cada vez aparecen más voces de la sociedad civil que se suman a la denuncia del maltrato presupuestario que nuestra provincia viene sufriendo desde hace décadas por parte del Estado y, sobre todo, de la Generalidad Valenciana quien, en vez de cohesionar la población de su territorio, ha ido ensanchando la brecha de desigualdad entre sus habitantes en función de la provincia de que se trate. Los alicantinos siempre vienen recibiendo menos de lo que les corresponde y eso hace que, año tras año, la diferencia entre alicantinos y valencianos sea mayor, en perjuicio de los primeros. Pero con los políticos alicantinos no pasa lo mismo que con otros sectores de la vida alicantina. Han venido usando y usan esta anómala situación como arma arrojadiza pero han sido y son incapaces de ofrecer una respuesta política que suponga el fin de la misma. El Partido Popular tras gobernar 20 años la Generalidad Valenciana carece de legitimidad moral para denunciar una discriminación que él mismo ha practicado. Alzan ahora alguna tímida voz denunciando una discriminación que persiste con el tripartito de izquierdas, pero lo hacen sin mucha convicción y escasa credibilidad. Y lo mismo pasa con los políticos alicantinos de izquierdas. Son sus correligionarios los que ahora en la Generalidad Valenciana practican esa tradicional discriminación hacia nuestra Provincia y sus antiguas reivindicaciones provinciales han sido olvidadas.

Por si esto no fuera suficiente, desde hace año y medio hay que sumar al agravio comparativo un sistemático ataque a la propia identidad de nuestra Provincia y a las libertades básicas de los ciudadanos desarrollado desde el gobierno de izquierdas de la Generalidad Valenciana. El tripartito de Valencia no ejerce un gobierno de y para los alicantinos, ni siquiera para los valencianos o castellonenses. La Generalidad Valenciana se ha convertido en un apéndice de los proyectos pancatalanistas dispuesto a facilitar el desarrollo de una ficción política como lo es la fantasía de “los países catalanes”. Nada es casual. 

El tripartito está desarrollando todo un plan sistemático destinado a catalanizar a la Comunidad Valenciana. Los ataques continuos a la libertad en la educación, la política en medios de comunicación, los continuos ataques a la Diputación provincial, la importación de un proyecto de comarcalización ajeno a la tradición política alicantina, la progresiva imposición del catalán en las administraciones públicas, la persecución del uso del español, la imposición del catalán en la educación, los recortes a la libertad de elección de la lengua vehicular, las desaforadas subvenciones a entidades procatalanistas, separatistas e impulsoras de la ruptura de la unidad de España son solo un pequeño ejemplo, quizás el más visible, de este proceso de inmersión social al que someten a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Y no queda más remedio que preguntarse ¿qué pinta la Provincia de Alicante en medio de todo esto? ¿Qué hace Alicante en una Comunidad Autónoma que además de perjudicarle económicamente pretende ahora borrar su propia identidad histórica?

Alicante no es Valencia y mucho menos Cataluña. Alicante tiene identidad propia, personalidad única y diferente. La Provincia de Alicante tiene entidad política propia, anterior a la artificial Generalidad Valenciana y capacidad económica, social y cultural suficientes para ejercer su propia autonomía. ¿Qué ventaja obtienen los alicantinos del hecho de que las decisiones sobre la educación, la sanidad, el turismo o la política territorial se decidan en Valencia y no en Alicante? Ninguna.

Alicante, la quinta provincia española en población, con casi dos millones de habitantes censados, suma tanta población como las autonomías de Cantabria, La Rioja, Murcia y Navarra juntas. Y, sin embargo, está condenada a ser una provincia de segunda dentro de una autonomía sin tradición histórica que ni es leal con los alicantinos ni con el proyecto común que es España.

Es hora de abrir los ojos, de reconocer la realidad y de ofrecer soluciones antes de que sea demasiado tarde. Y una solución posible es que la Provincia de Alicante se separe de la Generalidad Valenciana y se constituya en Comunidad Autónoma uniprovincial. No se trata de una propuesta sencilla, pero jurídicamente es posible, económicamente es razonable, políticamente es deseable y socialmente necesaria. No hay otra fórmula para defender la identidad y personalidad propia de nuestra Provincia. No hay otra vía para reducir el enorme peso de la burocracia administrativa que costeamos los ciudadanos. No hay otro medio para que las decisiones que afectan a nuestra Provincia se tomen en Alicante y no en Valencia. No hay, en definitiva, otra posibilidad para evitar que Alicante sea incorporada a un proyecto político independentista y para impedir la importación de una fractura social que desde hace décadas crece en las provincias catalanas. Si se quiere, se puede.

Santiago de Munck Loyola

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A las urnas.

Hoy 3 de mayo de 2016, con la firma del Rey Felipe VI del decreto de disolución de las Cortes Generales y de convocatoria de elecciones generales a celebrar el próximo 26 de junio se cierra una corta, pero intensa etapa política, que ha puesto de manifiesto tanto la incapacidad de los partidos políticos tradicionales como de los nuevos para sacrificar sus intereses partidistas en beneficio del interés general, la falta de cultura de diálogo y de pacto de esta clase política y la supervivencia de los peores vicios de la partitocracia rápidamente asimilados por los nuevos partidos.

Empieza la cuenta atrás para que los ciudadanos podamos volver a votar y decidir cómo queremos que sea nuestro nuevo Parlamento y, por tanto, el próximo Gobierno. Hay opiniones para todos los gustos, aunque la mayoría se decanta por unos resultados parecidos a los del pasado mes de diciembre. Hay una gran sensación de decepción y de frustración ciudadana por la demostración de incapacidad de nuestros políticos, pero es difícil que ello se traduzca en un gran cambio en los resultados electorales del próximo 26 de junio. Los programas y los candidatos se van a mover muy poco por lo que no van influir gran cosa en la decisión de los votantes. Y tampoco es muy probable que vaya a ser determinante la constatación de la mezquindad e incapacidad de esta clase política por mucho que una gran parte de la opinión pública las censure. Probablemente pesarán más en la decisión del voto ciudadano el miedo a los resultados de posibles pactos, ensayados ya en estos meses, reforzando el sentido del voto del 20 de diciembre o el tedio con el consiguiente peligro de un aumento de la abstención.

Los partidos culpables de que haya que repetir las elecciones andan ahora proponiendo reducir los gastos electorales, como queriéndose hacer perdonar su culpa. Propuesta que parece razonable si no fuera porque siempre incumplen los topes previstos. Pero en todo caso se trata de una propuesta que a los pequeños partidos, como Esperanza Ciudadana, no nos afecta. Los pequeños partidos que vamos a concurrir a esta cita electoral nos encontramos con muchas dificultades para poder hacerlo. De una parte una injusta Ley Electoral que nos obliga a emplear muchos esfuerzos en reunir los avales necesarios para poder presentar candidaturas quebrando con ello el principio de igualdad. De otra, una nula repercusión de nuestras propuestas en los medios de comunicación que, sin cortarse un pelo, te dicen de antemano que o pagas publicidad o informativamente no existes por muy interesentes o novedosas que sean tus propuestas.

En Esperanza Ciudadana hemos decidido intentar participar nuevamente en estas elecciones generales. Nos lo impidieron con toda clase de tretas y argucias legales el pasado 20 de diciembre, pero en esta ocasión no van a poder impedirlo. Y vamos a participar con especial intensidad porque estamos convencidos de que Alicante, más que nunca, necesita tener voz propia en el Parlamento, una voz independiente que no se someta a intereses ajenos a los de nuestra Provincia. Frente a la permanente discriminación presupuestaria de Madrid y de Valencia, frente a la agresión a las libertades básicas ejercida desde el tripartito valenciano, frente a la falta de regeneración de la vida política y frente al catalanismo excluyente impulsado por la propia Generalidad Valenciana, Esperanza Ciudadana se va a presentar a las elecciones como un proyecto español, alicantino, de progreso y de libertad.

Somos conscientes de las enormes dificultades existentes no solo para trasladar nuestras propuestas a la sociedad alicantina, sino nuestra propia existencia. Y somos igualmente conscientes del peso del voto del miedo y del voto útil que hará que mucha gente vote con la nariz tapada con tal de alejar el peligro de un gobierno frentepopulista, pero estamos más que convencidos de que pocas cosas puede haber más satisfactorias y gratificantes en política que poder votar con el corazón en absoluta libertad.

Santiago de Munck Loyola

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Alicante no es Valencia y mucho menos Cataluña.

Desde hace décadas, gobernando la izquierda o la derecha en el Estado o en la Generalidad valenciana, lo cierto, y así lo indican todos los datos económicos, es que la Provincia de Alicante ha sido discriminada en todos los presupuestos, recibiendo menos de lo que le correspondía por su población y sus necesidades. La Provincia de Alicante ha venido siendo tratada como una provincia de segunda clase y ello ha sido especialmente significativo en el ámbito de las competencias de la Generalidad Valenciana. En los últimos 20 años la diferencia entre la renta media de los alicantinos y los valencianos se ha agrandado en perjuicio de los primeros. Hoy los alicantinos son más pobres respecto a los valencianos que hace 20 años. Es evidente que si una institución regional como la Generalidad Valenciana no logra disminuir las diferencias del nivel de vida entre los habitantes de sus territorios, sino que, al contrario, las agranda, es una institución fracasada. Sin ir muy lejos, hace tan sólo unos días el Consejo de la Generalidad redujo a la mitad el presupuesto del programa de Desarrollo Rural LEADER para la agricultura destinado a la provincia de Alicante, un tijeretazo de tres millones de euros menos para nuestra provincia.

A esta intolerable discriminación a la que incomprensiblemente están acostumbrados los políticos alicantinos hay que añadir ahora dos nuevas políticas de la Generalidad que ponen en peligro la propia identidad de la Provincia de Alicante. El tripartito que gobierna la Generalidad Valenciana compuesto por un partido socialista anémico e ideológicamente desnortado, por los “nacionalistas” de Compromis y los populistas-podemitas de València en Comú ha puesto en marcha, al amparo del extraño Pacto del Botánico, dos procesos claramente perjudiciales para nuestra Provincia que se suman a la discriminación económica de siempre.

De una parte, el tripartito de Valencia ha iniciado un procedimiento de centralización política para despojar de competencias a las Diputaciones Provinciales en determinadas áreas como se ha visto recientemente en el ámbito de la política turística, uno de los motores de nuestra provincia. Con ello, ponen claramente de manifiesto su aversión a todo lo que suene descentralización y alejan de los alicantinos la capacidad de toma de decisiones en sectores claves para nuestra provincia. Quieren y lo están haciendo que determinadas decisiones se tomen en Valencia y no en Alicante excusándose en la necesidad de coordinar ciertas políticas. Si eso fuera cierto, si tan importante es coordinar las políticas sobre turismo, por ejemplo, ¿Por qué no transfieren las competencias sobre turismo al Estado?

De otra parte, la nueva política de la Generalidad que pone en peligro la propia identidad de la Provincia de Alicante viene marcada por el sesgo catalanista que mantiene la propia composición del tripartito y al que no son ajenas algunas decisiones. Este sesgo catalanista no es sólo debido a Compromís o a la versión valenciana de Podemos, sino al propio PSPV con el presidente Puig al frente, responsable en última instancia del gobierno tripartito. Él es quien ha nombrado consejero de Educación a Vicente Marzà defensor de los llamados Países Catalanes y para quien “los Países Catalanes son una realidad más allá de lo que pinta el Estado...no solo cultural sino políticamente, y deberían serlo en un futuro todavía más” o para quien la Costa Blanca no es otra cosa que las playas del sur de los países catalanes.  Marzà, de la mano de los socialistas, está poniendo en marcha la inmersión lingüística en valenciano de modo que en el próximo curso alcanzará al 65% de las nuevas líneas. No es posible obviar que Vicente Marzà pertenece a la entidad Escuela Valenciana, una entidad subvencionada por la Generalidad de Cataluña, galardonada por su defensa del catalán y por su apoyo al referéndum independentista de Mas. Al tiempo que impulsan la inmersión lingüística eliminan los conciertos con la enseñanza privada sin ser capaces tan siquiera de ofertar las correspondientes plazas públicas.

Y tenemos el caso del Consejero de Transparencia Manuel Alcaraz para quien “un País Valenciano aislado es una utopía y sería una traición a su propia esencia. Si el País Valenciano quiere salvaguardar su personalidad ha de ser preservándose fiel a su catalanidad básica”. Defiende la “catalanidad” de Valencia y califica a España de “superestructura coercitiva”. No hay que olvidar además que este tripartito que también gobierna la Diputación de Valencia otorgó recientemente una subvención de 17.000 euros a la “Institució per al Foment de les Arts, Les Ciències i la Cultura”, ACPV,  una entidad supuestamente cultural que promueve en la Comunidad Valenciana las tesis de los “países catalanes”.

Este es el contexto en el que el progreso, el bienestar y la propia identidad cultural de nuestra Provincia se hacen insostenibles. El PP ni está ni se le espera salvo voces aisladas. Es hora de plantar cara, de reclamar instrumentos legales de gobierno que defiendan el derecho y la capacidad de los alicantinos de decidir por si mismos en aquellas cuestiones que constitucionalmente les pueden competer. Alicante no es Valencia y mucho menos Cataluña.

Santiago de Munck Loyola

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¿Comunidad Autónoma de Alicante? ¿Por qué no?

Cuando se menciona la posibilidad de que la Provincia de Alicante se constituya en Comunidad Autónoma uniprovincial no son pocos los que se rasgan las vestiduras y se oponen a esa idea sin ofrecer argumentos de peso para descartarla. Pero lo más preocupante es que, al mismo tiempo, son incapaces de presentar alternativas para acabar con una realidad que es una situación injusta y discriminatoria para los ciudadanos de la Provincia de Alicante. Plantear que nuestra provincia se constituya como Comunidad Autónoma no es un acto de victimismo frente a esa discriminación política, social y económica que, gobierne quien gobierne, se practica desde Valencia y desde Madrid, sino que es el ejercicio de un derecho constitucional para la plena autonomía de la gestión de los intereses de los alicantinos. La autonomía uniprovincial no tiene por qué suponer la ruptura de vínculos culturales o históricos con la Comunidad Valenciana, pero sí que puede suponer la recuperación y potenciación de similares vínculos existentes con otras comunidades vecinas que han sido hasta ahora ignorados desde Valencia.

La propuesta de una Comunidad Autónoma uniprovincial para Alicante tiene su sustento en los propios principios que inspiran la organización territorial del Estado en nuestra Constitución. La descentralización, la autonomía en la gestión, el acercamiento de los centros de toma de decisiones al ciudadano, la justicia distributiva y la solidaridad territorial son principios constitucionales cuyo ejercicio no puede estar constreñido a un modelo concreto que a lo largo de su corta existencia ha demostrado, y las estadísticas están ahí para demostrarlo, que es claramente perjudicial para los intereses de los ciudadanos de nuestra Provincia. Esos mismos principios constitucionales son los que avalan y fundamentan la legitimidad de la pretensión de constituir una nueva Comunidad Autónoma por y para la Provincia de Alicante. ¿Por qué no pueden los alicantinos gestionar sus propios intereses en el marco constitucional sin tener que pasar por Valencia?

¡Menudo lío! Pensarán algunos. Otros dirán que lo que sobran son autonomías. Y realmente lo que sobran son competencias duplicadas o triplicadas, lo que sobra es el despilfarro de los recursos públicos, lo que sobra es la sustitución del centralismo de Madrid por el de Valencia. En estos días venimos escuchando cómo algunos partidos pactan la desaparición de la Diputaciones Provinciales, una de las administraciones más cercanas a los ciudadanos, lo que en el fondo no es otra cosa que una involución política, una recentralización de carácter regional. Esa desaparición de las Diputaciones sería la puntilla para la defensa de los intereses de nuestra Provincia.

Imaginemos que Alicante se transforma en Comunidad Autónoma. Los ciudadanos de nuestra Provincia soportaríamos el peso de una administración menos sobre nuestras cabezas. La Diputación pasaría a ser el Gobierno Autónomo y absorbería determinadas competencias que hoy están en manos de la Generalidad Valenciana y podría devolver al Estado aquellas competencias cuyo coste sea excesivamente gravoso para los ciudadanos o que supongan un riesgo de quiebra del principio de igualdad entre todos los españoles. Las decisiones  que nos afectan y que son de competencia autonómica no se tomarían en Valencia, sino en Alicante. La cercanía política al ciudadano y la descentralización administrativa serían mucho mayores de lo que son hoy en día. La racionalización de la distribución de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas, las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos no puede ni debe pasar por una nueva recentralización en favor de las Comunidades Autónomas sino por dos ejes básicos: una nueva redistribución de competencias que favorezca el principio de igualdad de derechos y obligaciones de los españoles y un fortalecimiento de las administraciones más cercanas al ciudadano.

España no puede seguir soportando por mucho tiempo un modelo territorial caro y disgregador como el actual. La propuesta de constitución de una Comunidad Autónoma para nuestra Provincia responde, aunque a algunos no les parezca, a la necesidad de dar solución a las necesidades de los alicantinos desde una estructura más eficiente, más cercana y más comprometida con la idea de una España moderna, fuerte y plural. La quinta provincia española en población y en PIB tiene la entidad histórica y la capacidad suficientes para asumir esa propuesta. Sólo falta la voluntad de los alicantinos. Y no debemos olvidar que más Alicante es más España.

Santiago de Munck Loyola

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