Otro éxito del PP alicantino: La imagen corrupta de Alicante lastra las nuevas inversiones.

El Diario El Mundo, en su edición de Alicante, publica hoy un interesante artículo que viene a ratificar lo que desde estas páginas se ha venido denunciando desde hace tiempo. La ciudad de Alicante es hoy, desgraciadamente, un referente de corrupción que perjudica claramente su desarrollo. Los culpables de esta situación no sólo están en el Ayuntamiento de la ciudad, están en parte del tejido social y empresarial que ha sido complaciente, cuando no colaborador necesario, y, sobre todo, están entre los dirigentes provinciales del Partido Popular, los Sres. Císcar y José Juan Zaplana, Presidente y Secretario General de esta formación política. Ambos han consentido y amparado esta situación, han protegido a los responsables y han asfixiado cualquier iniciativa interna dentro de su partido para promover la honradez y la regeneración política del mismo. No se puede decir más claro.

Santiago de Munck Loyola.

La imagen corrupta de Alicante lastra las nuevas inversiones.

• Los empresarios admiten que la dudosa reputación por los corrupción que afectan a la alcaldesa y su Gobierno dificultan la llegada de inversiones y dañan la 'marca Alicante'.

• Su principal promesa electoral ha quedado en nada. Lo dijo inmediatamente después de una atronadora victoria en las elecciones de mayo de 2011. Su objetivo era atraer inversiones a Alicante que generaran puestos de trabajo. Casi tres años y medio después, el loable propósito de la alcaldesa Sonia Castedo se desvanece. Su complicada situación judicial (está imputada en dos procesos casos Brugal y Rabasa), la coyuntura económica marcada por la recesión y la falta de iniciativas de su equipo, han cortocircuitado el rimbombante anuncio del éxtasis electoral.

  Las inversiones que tenían que llegar a la ciudad brillan por su ausencia. Apenas han venido industrias, no se desarrollan nuevos proyectos hoteleros ni inmobiliarios, el palacio de Congresos, tantas veces prometido, duerme el sueño de los justos, y las grandes empresas nacionales de servicios no se molestan en pujar por contratos municipales porque se piensa que el pescado está vendido a los empresarios cercanos al poder local (a la contrata local más jugosa, la recogida de basuras -425 millones por 12 años- sólo se presentó una empresa el año pasado, la participada por Enrique Ortiz, FCC y Cespa; ninguna más).

  Castedo lo apostó todo a la Volvo, evento en el que nunca creyó el ayuntamiento, y a Ikea. Éste era el proyecto de un mandato. En principio, la multinacional mantiene que abrirá en 2016 (lo hará gracias a la tramitación exprés que supone la Actuación Territorial Estratégica validada por el Consell). La llegada del gigante del mueble supondría unos 600 empleos, entre directos e indirectos. A Ikea le sigue gustando Alicante, pero ya reconoce que precisamente no les entusiasman las conversaciones conocidas en los últimos meses y que ponen al descubierto un supuesto trato de favor de Castedo hacia Ortiz (dueño de los terrenos en los que se asentaría la tienda), unos diálogos que han manchado el proyecto y han llenado de sospechas el ansiado aterrizaje de la compañía.

  Esa permanente sombra de duda que hay en Alicante es lo que preocupa al empresariado, cuando la capital va estar en el escaparate mundial por la salida de la Volvo Ocean Race. Varios empresarios de la ciudad consultados por este diario (que prefieren guardar el anonimato) sostienen que hacer negocios en Alicante ahora mismo, con el ambiente de corrupción que se respira a raíz de los continuos escándalos judiciales, «es más que difícil». «Para atraer dinero e inversiones, no es bueno que los políticos de la ciudad salgan todos los días en los papeles entre acusaciones de corrupción», como comenta un conocido promotor inmobiliario con más de 40 años en el sector.

  «Damos una imagen de caciquismo, al estilo de los mejores años del PRI en México, dando la sensación que aquí, el cotarro lo controlan cuatro, sobre todo en el mercado del suelo, donde algunos juegan con las cartas marcadas», asegura de forma vehemente otro promotor alicantino, que destaca que todo lo que sucede en Alicante y que está relacionado con la corrupción que afecta a los políticos, sobre todo la que atañe a Castedo, se sabe y se conoce fuera de Alicante, tanto en el resto de España como en el extranjero: «Eso genera desconfianza e inseguridad jurídica en el fondo, la imagen de Alicante está muy dañada», añade este empresario alicantino.

  Según el presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro, «existe una desconfianza generalizada que merma de forma alarmante el consumo y las inversiones externas. Ya nadie se fía de nadie y eso no es bueno para los negocios». Otro constructor mantiene que «la imagen de Alicante está manchada, y eso hay que erradicarlo». Este empresario agrega que «el dinero busca rentabilidad y tranquilidad, y si tiene miedo o piensa que su marca puede ser asociada a la corrupción, se va a otro sitio, así de simple», enfatiza.

  Por todo ello, los empresarios consultados coinciden en una cosa: es prioritaria una regeneración que devuelva la confianza y la credibilidad en las instituciones, un paso obligado para atraer inversiones. Pocos se quieren acercar a lo que huela a corrupto. Este miércoles, la influyente Asociación de la Empresa Familiar, celebra en Elche su entrega de premios a compañías de la provincia. La entidad se ha ido a la localidad vecina para no invitar a Sonia Castedo, evitando así una foto incómoda. Así está Alicante.
• http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/09/28/5427d29cca47419a2b8b4575.html
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El Muy Histriónico Jordi Pujol.

Es difícil imaginar la que se habría organizado esta tarde en Cataluña si un político no nacionalista hubiese comparecido ante el Parlamento catalán y hubiese actuado como lo ha hecho Jordi Pujol. Como mínimo, los independentistas estarían a estas horas rasgándose las vestiduras y se habrían echado a las calles para clamar contra los ataques y las ofensas al pueblo de Cataluña representado por su Parlamento autonómico. Pero nada de eso ha ocurrido ni va a ocurrir porque el compareciente era de los suyos el ex “Muy Honorable” Jordi Pujol. Que en esta comparecencia Jordi Pujol se iba a envolver en la bandera catalana, como hizo en los años 80 con ocasión del caso Banca Catalana, ya lo imaginábamos porque es la estrategia recurrente y victimista de los independentistas; que iba a alegar móviles patrióticos para intentar justificar su evasión continuada de impuestos era perfectamente previsible; que no iba a responder a ninguna de las cuestiones que le planteasen sus señorías también era de esperar y que no iba despejar ninguna duda en torno a los millonarios negocios de sus hijos o en torno a la financiación de CiU entraba en todos los pronósticos.

Jordi Pujol iba al Parlamento catalán a hablar de su libro y sólo de su libro, es decir,  del supuesto legado paterno amasado no se sabe muy bien cómo hace décadas en torno a la importación de algodón, que él heredo y del que su propia hermana no tenía conocimiento al parecer y para el que durante 34 años no supo encontrar el momento adecuado para regularizarlo ante la hacienda pública. Y punto. Pero lo que pocos o nadie se esperaba es que, además de lo anterior, el Sr. Pujol se permitiese el lujo de despreciar, abroncar y descalificar al pueblo de Cataluña representado en ese Parlamento. Y lo ha hecho sin cortarse un pelo. Pujol ha acusado a los miembros del Parlamento catalán de mentir, de infantilismo, de falta de audacia y de frivolidad, entre otras cosas. E, incluso, en medio de la bronca o regañina que estaba soltando a los parlamentarios se ha permitido el lujo, tal y como ha sido interpretado por muchos, de amenazar al señalar que si se corta una rama se pueden cortar todas.

No ha faltado nada, salvo conocer la verdad, en la comparecencia de Pujol. A sus mentiras por omisión, a sus descalificaciones a los parlamentarios, a su bien pagado papel teatral de abnegado político enriquecido misteriosamente en pro de un proyecto independentista ha añadido, además, toda una loa a sus 23 años de gestión pública y de su partido. ¡Vamos, que se vio obligado a forrarse y a evadir impuestos, como mínimo, por su amor a Cataluña!

La teatral actuación del ex presidente catalán, forjador del independentismo y paradójicamente elegido español del Año en 1984 por el Diario ABC mientras se lo llevaba “crudo”, no habría sido posible sin la imprescindible colaboración de CiU y de Esquerra Republicana de Cataluña que, no sólo han preparado las condiciones escénicas de esta comparecencia sino que, además, la han reforzado con su actitud política a lo largo de la sesión parlamentaria. Resulta llamativo que ni el número uno de ERC, el Sr. Junqueras, ni la número dos de esta formación, Sra. Rovira, han querido estar presentes en la comparecencia de Pujol. No han querido dar la cara seguramente para no incomodar a su más que probable próximo socio de gobierno. Y de la intervención del representante de CiU para qué hablar: un rato de incienso para el compareciente, autodenominado “no corrupto”, y mucho rato de “estopa” para los demás grupos de la oposición que no son más que unos carroñeros, unos impertinentes y unos enemigos de Cataluña. Patético.

Visto lo visto parece que se ha desvanecido un espejismo que llevaba décadas flotando en la atmósfera política española y, desde luego, en los subvencionados medios de comunicación catalanes, el oasis catalán no existía. Y en su lugar está dibujándose la realidad que se asemeja más a una pestilente charca institucionalizada llena de sucios negocios, de comisiones, de evasiones de capital, de paraísos fiscales, de financiación ilegal de partidos, de escuchas telefónicas ilegales, de espías de opereta, de coches de lujo, de bolsas negras rebosantes de billetes, de amenazas y atentados contra los discrepantes y demás cosas que seguramente descubriremos si, rota una rama, empiezan a romperse las demás, mientras los concejales del PSC siguen haciendo el juego a los independentistas pronunciándose, municipio tras municipio, a favor de la consulta ilegal. Al tiempo.

Santiago de Munck Loyola

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La penúltima traición electoral del Partido Popular.

Si el votante de centro derecha podía albergar alguna duda sobre la lealtad del actual Partido Popular con su electorado, la reciente decisión de Mariano Rajoy de guardar en un cajón la reforma de la actual legislación sobre el aborto la habrá despejado del todo. Desde la victoria electoral de noviembre de 2011, el Partido Popular ha venido incumpliendo de forma sistemática, no sólo el programa electoral con el que concurrió a las elecciones, sino, lo que es más grave, los propios fundamentos ideológicos sobre los que se supone se asentaba esta formación política.

Desde un primer momento, el Gobierno de Mariano Rajoy, centró todos sus esfuerzos visibles en tratar de enderezar la situación económica heredada del anterior Gobierno y causada en gran parte por la irresponsable actuación de todas las administraciones públicas, incluidas las gobernadas por el propio Partido Popular. No hay más que ver cómo ha sido gestionada y gobernada la Generalidad Valenciana primero por Francisco Camps y después por Alberto Fabra, por ejemplo. Para afrontar la delicada y peligrosa situación económica que podía desembocar en la quiebra de España, el Gobierno del Partido Popular no tuvo problema alguno en ir en contra de sus promesas electorales sobre política fiscal o sobre la prestación de servicios públicos, por citar algunos casos, aplicando recetas que no pocos especialistas calificaron de socialdemócratas y que, desde luego, no tenían encaje ni en el programa electoral ni, por supuesto, en los pilares ideológicos propios de un partido de centro-derecha. La Política, pese a la mayoría absoluta otorgada por los votantes, quedaba marginada por la economía.

Tras los resultados de las elecciones europeas se encendieron numerosas alarmas en los despachos de la Calle Génova y tras consultar a los “gurús” de siempre (¿Para qué escuchar a las bases?) parece que la estrategia popular pasa por dos ejes diseñados exclusivamente en función de cálculos y expectativas electorales. Un eje político de bajo perfil consistente en lavarse la cara ligeramente vendiendo la inexistente intención de promover la regeneración democrática y en no “molestar” aparcando los compromisos más ideológicos como en el caso de la reforma de la Ley del aborto. Y un segundo eje consistente en tratar de beneficiarse de los efectos de la endeble recuperación económica promoviendo reformas fiscales tanto en el estado como en las autonomías que al final se traduzcan en algo más de dinero en el bolsillo de los ciudadanos que tienen la suerte de conservar su empleo.

A los anuncios fiscales de Cristóbal Montoro ayer se sumó el Presidente Alberto Fabra comunicando en las Cortes Valencianas una próxima rebaja en el tramo autonómico del IRPF y nuevos gastos de índole social. Aunque se esté por principios a favor de aligerar la presión fiscal para incentivar la economía no queda más remedio que plantearse dudas sobre la coherencia, la oportunidad y la responsabilidad de estos anuncios cuando se tiene en cuenta el continuo discurso sobre la infrafinanciación de nuestra Comunidad Autónoma, cuando se constata el incremento continuo del déficit y la deuda de la misma y cuando a diario cientos de miles de ciudadanos sufren en sus carnes los recortes sociales y los efectos de los impagos de la Generalidad Valenciana.

Un programa electoral es un contrato entre el gobernante y el votante. Y cuando se incumple sistemáticamente un programa electoral, primero alegando circunstancias sobrevenidas o ignoradas previamente, y después, alegando razones de simple oportunismo político, se está rompiendo dicho contrato y, por tanto, se está poniendo en cuestión uno de los fundamentos de todo gobierno democrático que no es otro que la legitimidad de ejercicio del poder. Es evidente que los dirigentes del Partido Popular han venido traicionando desde el primer día la confianza de los votantes que dieron su respaldo a un programa concreto y a un determinado perfil ideológico. No es de recibo que un partido con mayoría absoluta, tras casi tres años de gobierno, archive una reforma legislativa prometida en su programa mintiendo además a los ciudadanos al justificar que esta decisión responde al deseo de encontrar un punto de consenso con la oposición, algo por otra parte imposible. A los socialistas no les tembló el pulso en 2004 para derogar en un mes leyes del Partido Popular como la de Educación o proyectos como el del trasvase del Ebro. El Partido Popular podía y debía haber derogado en un mes la “Ley Aido” y haber restablecido la ley del 85, sobre la que existía más consenso social, hasta haber elaborado una nueva regulación. Pero no lo hicieron. No quisieron porque les faltó valor y decencia. De los estómagos agradecidos de los cargos públicos populares no se espera nada. El pesebre es el pesebre. Pero ¿volverán a callar los cientos de miles de afiliados del PP? Lo más probable es que sí.

Santiago de Munck Loyola

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José Ciscar y José Juan Zaplana deberían dimitir a la par que la Alcaldesa.

Poco o nada ha cambiado en la situación procesal de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, salvo el hecho que ha sido imputada en un nuevo caso, el asunto “Rabasa”, promovido por la acusación particular, Izquierda Unida. Poco o nada ha cambiado con respecto al año 2012 en su situación procesal porque su estatus sigue siendo el mismo, el de imputada. Al día de hoy ni está procesada por delito alguno ni, mucho menos, condenada. Y ya sabemos lo que en España significa estar imputado. Por cierto, hay que denunciar que el lento funcionamiento de la justicia que alarga durante años la instrucción de los casos y, con ello, las imputaciones constituye una burla a los derechos fundamentales y libertades públicas protegidos por la Constitución en el Artículo 24.

Y, de repente, como si una nueva imputación supusiera un cambio radical en el estatus judicial de la Alcaldesa se monta todo un espectáculo. Periódicos que durante años han omitido cualquier crítica o noticia adversa a la gestión de la Alcaldesa, ven la luz, se caen del caballo y empiezan a publicar noticias con todo lujo de detalles. Y en el PP se ponen muy nerviosos y empiezan a enseñar la puerta de salida a la Alcaldesa y a buscarle sustituto. ¿Tanto ha cambiado el asunto? Evidentemente no. Pero hay elecciones municipales dentro de 9 meses y el PP teme que los alicantinos le pasemos factura por haber convertido nuestra ciudad en un paradigma de la corrupción y del “chalaneo” político-empresarial. Y a esa circunstancia hay que añadir otra muy enraizada en lo más profundo de algunas personas. Los miserables suelen ser oportunistas. Suelen actuar como las aves carroñeras y se alimentan de los despojos. Dicho de otra forma, siempre hay gente dispuesta a hacer leña del árbol caído. Pero seamos serios. Muy poca gente y muy pocos medios de comunicación de Alicante que hoy andan despotricando se han atrevido en los últimos años a alzar su voz contra los abusos y la gestión de Sonia Castedo, Alcaldesa de Alicante. En el PP nadie, salvo dos personas y pagamos con la expulsión por ello, alzó la voz públicamente. Todos los concejales del PP, todos sin excepción desde Carlos Castillo hasta Luis Barcala, han permanecido callados como tumbas, han sido partícipes de una nefasta gestión municipal y han avalado con su presencia en el equipo de gobierno el desprestigio de nuestro Ayuntamiento. Y la dirección provincial del PP no sólo ha avalado estos años a la Alcaldesa sino que, además, conocida su primera imputación la promocionó concediéndole el mando sobre el desmembrado PP de la ciudad. No es posible olvidar que ante la corrupción no caben las medias tintas. O se denuncia o se transige y lo segundo, cuando se ostentan responsabilidades políticas, es complicidad.

Hay que decirlo alto y claro: si en 2012 Sonia Castedo podía, pese a estar imputada, seguir al frente de la Alcaldía y del PP con la bendición y protección de José Ciscar y de su mano derecha, José Juan Zaplana, hoy, en 2014, no debería existir ninguna razón objetiva para lo contrario. Y si ahora sus protectores, José Ciscar y José Juan Zaplana, han cambiado de criterio es que se equivocaron gravemente dañando a esta ciudad y si ahora entienden que la imputación no le permite seguir al frente del Ayuntamiento, son ellos dos los que también deben irse a casa, porque son ellos dos los responsables de que estando imputada haya permanecido durante dos años representando al PP y a los alicantinos en el Ayuntamiento. No lo harán con toda seguridad porque ambos personajes no se han distinguido nunca por su defensa de los valores y principios que deben animar el servicio a la ciudadanía, sino que se mueven por simples cálculos electoralistas.

Con todo, no hay que olvidar que Sonia Castedo goza de la presunción de inocencia y, al día de hoy, es inocente. Andar pidiendo su prisión preventiva es una majadería propia de ignorantes y de oportunistas sin escrúpulos. ¿Tendría que dimitir? Parece que sí. Tendría que haberlo hecho en 2012, porque está bajo sospecha judicial por múltiples causas, porque ha incumplido sistemáticamente el programa electoral por el que elegida y porque no ha representado a los alicantinos, tal y como evidencian las grabaciones difundidas, con la dignidad y altura que el cargo institucional y la representación de todos los alicantinos requería.

Santiago de Munck Loyola

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