Cataluña, la lección no aprendida.

 

Si hay algo que nos diferencia bastante de otras democracias es la forma en que nuestros políticos abordan los análisis poselectorales y la asunción de responsabilidades. Es cierto que las victorias suelen tener muchos padres y que las derrotas, salvo honrosas excepciones como la Albert Rivera, suelen ser huérfanas. Lo hemos podido comprobar una vez más esta semana, tras el terremoto electoral producido en el campo de los partidos nacionales de centro derecha en las elecciones autonómicas catalanas. El derrumbe de Ciudadanos que pasa de 36 a 6 escaños y la bajada del Partido Popular que pasa de los ya exiguos 4 escaños a 3 es posible que en el fondo obedezcan a las mismas causas. Es una obviedad señalar que ambas formaciones políticas no solo no han sabido ganarse la confianza y, por tanto, el voto de nuevos electores, sino que además la han perdido de una gran parte de los que en los últimos comicios se la otorgaron.

 

Por consiguiente, la primera obligación de los responsables políticos de ambas formaciones sería analizar con objetividad los resultados y averiguar por qué no son capaces de conectar con los votantes y ganarse su confianza. En el caso del Partido Popular se trata, además, de una exigencia ineludible si quiere seguir aspirando a liderar una alternativa al actual gobierno. Durante los últimos años, el PP se ha ido desconectando de su electorado tradicional y, por primera vez, una escisión del mismo está cuajando y está haciendo peligrar su posición dominante en el campo del centro derecha.

 

Es cierto que los casos de corrupción del pasado están pasando factura al PP, pero esa no puede ser la única causa de esta progresiva pérdida de confianza electoral. Ahí está el PSOE con una mochila de corrupción mucho más grande y pesada que la popular para demostrarlo.

 

Vivimos tiempos convulsos con una enorme crisis económica, sanitaria, social y política. Tiempos en los que los ciudadanos buscamos referentes claros, medidas concretas, mensajes con los que poder sentirse identificados. Y es evidente que los electores de centro derecha no han encontrado todo eso en la actuación del PP ni de Ciudadanos. Han cometido muchos errores antes y durante la campaña y todo parece indicar a la vista de la ausencia de autocrítica de que los van a seguir cometiendo. El PP ha cometido errores de bulto, impropios de una formación política experimentada. De una parte, ha apartado de la primera línea a personas como Cayetana Álvarez de Toledo con la que muchos votantes se sienten identificados por su claridad en las ideas y sus certeros análisis políticos. De otra, ha incorporado en las listas a personas cuya trayectoria política ha sido claramente nacionalista. Y, por último, su líder, el Sr. Casado, no ha tenido empacho alguno en poner distancias con la actuación policial durante el referéndum ilegal organizado por los golpistas independentistas. Una actuación policial que fue ampliamente aplaudida por la mayoría de votantes de centro derecha. ¿Y todo esto para qué? ¿Para agradar a los independentistas y a los socialistas? ¿Para parecer menos españolista? ¿Para aparentar una meliflua moderación frente a un golpe de estado?

 

Todo ello seguramente ha pesado más entre los votantes que el buen papel del candidato, Alejandro Fernández, que han buscado un referente más claro para resolver los principales problemas que aquejan a los catalanes. Subrayar las diferencias con los partidos afines ha sido una mala estrategia porque así se han difuminado las diferencias con los adversarios independentistas y con sus socios.

 

Los votantes del centro derecha de los tres partidos, Vox, PP y Ciudadanos, comparten muchas más preocupaciones, sentimientos, anhelos y soluciones que lo que aparentemente comparten los tres líderes de estas formaciones. Su estrategia de marcar territorio propio, de subrayar las diferencias entre ellos es suicida para quienes creemos en la libertad en todos sus ámbitos, en la igualdad de los españoles, en la unidad y la soberanía nacional, en nuestra identidad cultural y en la cohesión social. Y es, por supuesto, una bendición para la izquierda, para los separatistas y los violentos.

 

El PP no va a resolver sus problemas electorales ni se va a convertir en una alternativa creíble cambiando de sede o de nombre. Empezará a hacerlo cuando tras una autocrítica objetiva vuelva a recuperar de hecho y no sólo con palabras la conexión con las necesidades de sus posibles votantes, con los valores y principios de los mismos y sea capaz de hacerlo con claridad, con rotundidad, sin concesiones a lo políticamente correcto. El PP ha de entender que no tiene que agradar a los que sistemáticamente le combaten, sino a quienes le abandonan con mucho pesar.

 

Fdo. Santiago de Munck Loyola

 

 

La niñera que todos pagamos.

 

Para cualquier persona con un mínimo de sentido común y de la decencia, cualquiera que sea su ideología, conocer que la Ministra de Igualdad, Irene Montero, ha nombrado a la niñera de la familia como alto cargo de su Ministerio, costando a los contribuyentes la cifra de casi 52.000 euros anuales para que presuntamente siga cuidando de su niña Aitana, no puede sino mover a la indignación y a la rabia. Pero no queda ahí la cosa porque, pese al silencio de la mayoría de los medios de comunicación, la Sra. Ministra ha adaptado, con cargo a los contribuyentes, dependencias del Ministerio para hacer de guardería particular y también carga a la tesorería de dicho Ministerio los gastos de transporte de la presunta niñera y de su niña cuando realiza viajes oficiales.

Parece ser que, a los Señores del casoplón de Galapagar, ésos que criticaban a los Ministros del PP que vivían en chalés desconectados de la realidad social, los mismos que nunca abandonarían sus barrios para poder seguir saludando al quiosquero o al panadero, no pueden costearse una niñera con los 9.000 euros mensuales que ingresan en la caja familiar o, mejor dicho, en la caja del proyecto vital que les obligó a adquirir el palacete de Galapagar. No, parece que no les llega y por eso no tienen más remedio que hacer que todos los españoles les paguemos un alto cargo ministerial para que presuntamente haga de niñera por 51.946 euros anuales, los billetes de tren, los hoteles, los juguetes y la decoración infantil del Ministerio y, si me apuran, hasta los dodotis. 

 

Si todo ésto se confirma, no se puede tener más jeta ni ser más sinvergüenzas. Nadie discute que con su sueldo puedan comprarse un casoplón o un chaletazo, pueden hacer con su sueldo lo que les venga en gana, eso sí, con la misma libertad que tienen para decidir en qué se gastan su dinero los demás podemos subrayar su incoherencia con lo que antes de lograr los votos necesarios para llegar a donde han llegado proclamaban urbi et orbe, con la misma libertad podemos denunciar su hipocresía y su ausencia de principios éticos y hasta estéticos.

 

Pero dejando al margen que una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo, hay algo que a cualquier observador imparcial llama la atención. Es que se trata del uso del dinero del contribuyente en un Ministerio que se llama de Igualdad. ¿Igualdad en qué? ¿Igualdad para quién? No se puede desprestigiar ni manchar alegremente como se hace el concepto de igualdad. Igualdad real sería que todos los empleados públicos, empezando por los del Ministerio de Igualdad pudieran disponer de los mismos medios públicos que dispone la Sra. Montero para usos particulares. Igualdad sería que pudieran decorar y acondicionar, con cargo al presupuesto público, sus lugares de trabajo y poder llevar a sus bebés a esos lugares para tenerlos cerca y que fueran cuidados por personal nombrado a dedo y pagado por los contribuyentes para que se los cuidaran. Igualdad sería que cuando tuvieran que realizar un viaje de trabajo el estado abonase, como hace con la Sra. Montero, los gastos de viaje y estancia de sus bebés y sus niñeras públicas.

 

Se mire por donde se mire es todo un despropósito y un insulto a tantos y tantos trabajadores mileuristas que no pueden conciliar su vida laboral con la familiar. ¿Cuántas cajeras (y de ello algo sabrá la Sra. Ministra) pueden llevar a sus bebés a sus centros de trabajo con cargo a los contribuyentes? 

 

La ejemplaridad tiene que ser una línea roja en el ejercicio del servicio público. Parece que una casta ha sido sustituida por otra casta diferente, una casta hipócrita, miserable, mezquina, acomplejada y casposa que, por autoproclamarse de izquierdas, se cree ungida del derecho de barra libre en el uso de los bienes públicos en su propio provecho. Es realmente de juzgado de guardia.

 

Santiago de Munck Loyola.

 

El TSJ de la CV tumba por tercera vez la adjudicación del concurso para el suministro de agua potable y mantenimiento del saneamiento del Ayuntamiento de Monforte del Cid.

 

La Alcaldesa de Monforte del Cid consuma el pelotazo en favor de la empresa que contrató a su marido.

NOTA DE PRENSA

8-1-2021

 

El pasado 4 de enero, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Monforte del Cid acordó no admitir a trámite las alegaciones presentadas por el Partido Alicantino Regionalista en el trámite de información pública y aprobar definitivamente un Convenio de Colaboración que beneficia extraordinariamente a la empresa que ha contratado al marido de la alcaldesa. Un auténtico pelotazo urbanístico que asciende a varios millones de euros, a juicio de los dirigentes del PAR.

 

Mª Dolores Berenguer Bello, alcaldesa
de Monforte del Cid.

Según la propia documentación expuesta al público, la tramitación de este convenio se empezó a gestar semanas después de que el marido de la alcaldesa, exconcejal de IU en San Vicente del Raspeig, fuera contratado por la empresa UVASDOCE SL como analista de producción.

 

Teóricamente, el Convenio tiene por finalidad el acondicionamiento del vial de salida del sector UBZ-8 del plan general, el Polígono Industrial Las Norias, una obra pública cuya necesidad nadie pone en cuestión. Sin embargo, a pesar de que esta actuación podría ser perfectamente ejecutada por el Ayuntamiento en colaboración con la Agrupación de Interés Urbanístico Las Norias, urbanizadora del Polígono, sin el concurso de ninguna otra parte, ha contado por imposición municipal con la inclusión, como una parte más del Convenio, de la empresa UVASDOCE SL que posee más de 40.000 m2 de suelo rústico colindante con el Polígono Industrial. De acuerdo con el Convenio aprobado en el que el Ayuntamiento ha incluido innecesariamente a esta empresa, que no forma parte del la AIU ni del polígono industrial, esta mercantil abonará los 28.000 € presupuestados para ejecutar la conexión a la carretera y a cambio podrá conectarse a las infraestructuras municipales sin tener que pagar los 28 € por metro cuadrado de cargas de urbanización que pagaron los demás propietarios de suelo en el Polígono Industrial, lo que supone para el Ayuntamiento o para la AIU una pérdida superior a 1.230.000 euros.

 

Pero es que, además, de acuerdo con la documentación técnica publicada, la finalidad del citado convenio es, además de dotar de un nuevo acceso al Polígono que es absolutamente necesario, que una empresa situada en suelo rústico colindante al Polígono Industrial se conecte a todos los servicios propios de las parcelas urbanizadas regularizando así conexiones ilegales ya ejecutadas y consentidas por el Ayuntamiento y ejecute nuevas conexiones. Según un informe municipal, a pesar de que ya se han ejecutado obras de conexión sin licencia, el Ayuntamiento no ha abierto ningún expediente sancionador a dicha empresa, lo que confirma una vez más el trato de favor existente.

 

Se trata de un auténtico pelotazo urbanístico y de un descarado trato de favor a la empresa que ha contratado en plena pandemia al marido de la Alcaldesa de Monforte del Cid. Dicha empresa no sólo se ahorra 1.200.000 euros de costes de urbanización, sino que además verá incrementado el valor de su suelo porque, aunque seguirá siendo suelo rústico (con un precio medio de 4€/m2), tendrá todos los servicios propios de suelo urbano industrial (con un precio de 80€/m2) como es el precio del solar que hay enfrente de UVASDOCE SL dentro del Polígono. (40.000 m2 de suelo rústico a 4€ = 160.000 € / 40.000 m2 de suelo industrial a 80 € = 3.200.000 €)

 

El Partido Alicantino Regionalista ha manifestado su intención de iniciar las acciones legales pertinentes a fin de anular este convenio y exigir las responsabilidades a que hubiere lugar.

El Partido Alicantino Regionalista apoya que la ciudad de Alicante sea declarada “municipio de predominio lingüístico castellano”.

 27-12-2020

COMUNICADO.

El Partido Alicantino Regionalista apoya que la ciudad de Alicante sea declarada “municipio de predominio lingüístico castellano”.

Ante la iniciativa del partido Vox de una declaración institucional del pleno de Alicante para que se modifique la vigente Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano para que la ciudad deje de ser catalogada como zona de predominio lingüístico valenciano, el Partido Alicantino Regionalista manifiesta públicamente su apoyo y adhesión a dicha modificación.

Hoy más que nunca, en medio de las políticas desarrolladas por el Gobierno pancatalanista de la Generalidad de Valencia persiguiendo el uso del español para erradicarlo y sustituirlo artificialmente por el catalán y tras la reciente aprobación de la nueva Ley de Educación que ataca a la libertad de elección de los padres imponiendo el progresivo arrinconamiento de la educación en español, es fundamental garantizar la libertad y acabar con el fraude de Ley que supone declarar a la ciudad de Alicante como zona de predominio lingüístico valenciano, algo que es absolutamente falso. La defensa del patrimonio histórico lingüístico no puede sustentarse sobre las falacias, ni puede prosperar sobre la imposición que, como cualquier imposición, seguirá provocando el más absoluto rechazo contra el bien que se pretende proteger.

Podemos y “su” república, no la de todos.

Con toda seguridad a la mayoría de los españoles les preocupa ahora cómo van a poder afrontar el futuro económico, cómo se va a volver a crear empleo, cuándo vamos a salir de esta recesión, cuándo y cómo vamos a poder vacunarnos, con qué seguridad o qué se va a hacer para parar la invasión de inmigrantes ilegales. Muchos estarán muy preocupados por saber cuándo van a cobrar las ayudas o por conocer por qué no les aprueban el ingreso mínimo vital. Incluso los hay cuya preocupación es saber por qué estamos como estamos y quién o quienes son los responsables de este desastre. Pocos o muy pocos andan ahora preocupados por saber dónde va a pasar las Navidades el Rey Emérito cuando ellos mismos no saben ni cómo ni con quién van a poder pasar las suyas.

 

Todavía le esperan en las Residencias de ancianos.

Pero es evidente que la agenda de algunos políticos no pasa por los problemas reales de los ciudadanos a los que se supone deben servir. Erre que erre siguen empeñados en hablar de “su libro”, intentan a toda costa que su hoja de ruta se imponga en el debate público y tratan de hacernos creer, con el eco entusiasta de bastantes medios de comunicación, que ahora lo que toca es promover una República, su República. Ya asomaron la patita en medio de la muerte de miles de compatriotas promoviendo caceroladas contra la Monarquía, cuando lo que tocaba, en primer lugar, era llorar a los muertos, socorrer a las víctimas y fomentar la unidad de la Nación para hacer frente a la pandemia. Pero no, todo eso les importaba un rábano y ellos a lo suyo. 

 

El 19 de septiembre, en plena segunda ola del virus, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ante el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos señalaba como objetivo prioritario de su formación política en un futuro inmediato “trabajar para avanzar hacia un horizonte republicano que profundice en la democracia española. Trabajar y construir alianzas para avanzar hacia este horizonte republicano tiene que ser una de las tareas políticas fundamentales de Podemos en los próximos tiempos" y para ello acentuar los ataques a la Monarquía en beneficio de la República. Sí, tal cual. Lo de contribuir a la reconstrucción de España, luchar contra la pandemia, contra el desempleo o la recesión que lo hagan otros. Y siguiendo la estela de su jefe, Rafael Mayoral, Portavoz de Unidas Podemos, acaba de declarar lo siguiente: "No queremos legislar sobre la Corona, queremos urnas para que la gente decida sobre la forma de Estado".

 

Salvo que estos comunistas sean unos vulgares golpistas como sus socios y hermanos independentistas y pretendan elevar la presión a base de repetirse hasta la náusea y convocar un referéndum ilegal sobre la Monarquía, saben de sobra que urnas ya las hay para que la gente decida sobra la forma de estado. En vez de cacarear tanto y de hablar de cursis “horizontes republicanos” deberían ponerse manos a la obra y presentar al Parlamento su proyecto de reforma constitucional. Una vez presentada tendrán que conseguir 233 diputados que la voten a favor y 176 senadores. Una vez aprobada su propuesta republicana se deberá proceder a la disolución inmediata de las Cortes. Las nuevas Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado esta vez por mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado. Y, una vez hecho esto, su propuesta será sometida a referéndum para su ratificación por el pueblo español.

 

El problema es que saben de sobra que nunca van a conseguir 233 diputados dispuestos a dar el sí a su propuesta de república salvo que impulsen una reforma del sistema electoral al estilo venezolano, algo no descartable, y así puedan alcanzar esa cifra, por ello, están dispuestos, de momento, a calentar la calle, a enrarecer el debate político y a acentuar la crispación y la convivencia ciudadana. Y para conseguir “su república” todo les vale porque su modelo republicano hunde sus raíces en un modelo fracasado, fratricida, totalitario, excluyente y violento. Es indudable que el peor enemigo de la causa republicana (la causa de una República democrática, moderna e integradora) es Pablo Iglesias porque él y los suyos representan lo más putrefacto de la política y porque “su” república es otra y la confusión entre los dos modelos republicanos es letal para el segundo. Pero, cuidado, estos tipos no dan puntada sin hilo, así que más vale no perderles de vista, han empezado por comerse al PSOE y terminarán intentando comerse a todos los demás, vivos o muertos.

 

Santiago de Munck Loyola

“Por sus frutos los conoceréis”.

“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuidado con los profetas falsos; se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos; los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego”. Mateo 7,15-20. Este pasaje evangélico llega inevitablemente a la cabeza de cualquiera al observar los “frutos” de ciertos personajillos políticos como la alcaldesa de Monforte del Cid, una aprendiz de loba rapaz con piel de oveja, una resentida social que con el ejercicio de un cargo público ha dejado al descubierto gran parte de sus miserias. Sabio es el refranero español: Ni sirvas a quien sirvió, ni pidas a quien pidió. Hay mucho que contar sobre los actos, los hechos, los “frutos” de su nefasta y putrefacta gestión, pero hoy toca centrarse en un escandaloso caso que retrata perfectamente la catadura del personajillo. 

Los hechos, perfectamente documentados, son los siguientes:

- El 28-2-2019 y 2-4-2019 la empresa UVASDOCE SL presentó al Ayuntamiento de Monforte del Cid proyectos para conectar sus aguas residuales y pluviales a la red de alcantarillado municipal del Polígono “Las Norias” (Exp. 504/2019), solicitud que debió ser denegada por tratarse de una parcela rústica fuera del Polígono Industrial, aunque un informe del Ingeniero Municipal de fecha 1-10-2020 señala que hay que "regularizar" las conexiones de esta empresa a las redes municipales lo que da a entender equivale que la alcaldesa consintió ilegalmente esa conexión.

- A principios de la pandemia, el marido o pareja de la alcaldesa, Javier Martínez Serra, exconcejal de IU en San Vicente del Raspeig, desempleado desde que fue desalojado de las listas comunistas en mayo de 2019, con estudios sin terminar de Educador Social, fue empleado como analista de producción por la empresa UVASDOCE SL.

- El 24-5-2020 se firman por los técnicos contratados por el Ayuntamiento un Proyecto de Salida del Sector UBZ-8 (el Polígono Industrial Las Norias) a la Carretera CV-825, Estudio Básico de Seguridad y Salud (sin mención alguna a las normas contra el COVID-19), Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, Informe de gestión de residuos, Informe de Conrol de Calidad, Presupuesto de Ejecución, Presupuesto Base de licitación.

- El 6-7-2020 la Agrupación de Interés Urbanístico Las Norias, urbanizadora del Polígono, acordó aprobar un borrador de convenio enviado por el Ayuntamiento en virtud del cual, entre otras cosas, la Mercantil UVASDOCE SL podrá conectarse a las infraestructuras municipales sin pagar los 28 € por metro cuadrado que han pagado los demás propietarios a cambio de abonar los gastos de ejecución (cifrados en poco más de 28.00 €) del acceso del Polígono a la carretera CV-825, lo que supone para el Ayuntamiento una pérdida superior a los 900.000 euros.

- El 26 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local, sin un informe de Secretaría que avalase la decisión, acuerda aprobar el Convenio de colaboración para el acondicionamiento de vial de salida del sector UZI-1 (actual UBZ-8 del plan general), a la CV-825, entre el Ayuntamiento de Monforte del Cid, la Agrupación de Interés Urbanístico “Las Norias” del Sector UZI-1 y las mercantiles Isidro Abad, S.L y Uvasdoce, S.L. (Expediente 2656/2020).

- A pesar de que el marido o pareja de la alcaldesa Mª Dolores Berenguer Bello, es empleado (analista de producción) de la empresa Uvasdoce SL, empresa que obtendría unos enormes beneficios económicos en caso de prosperar este convenio al pasar a ser beneficiaria de todas las infraestructuras del Polígono Las Norias pagando una miseria, recibiendo así un evidente y descarado trato de favor, la alcaldesa no sólo no se abstuvo de intervenir en la tramitación de este expediente, sino que votó favorablemente el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de octubre de 2020.

“Por sus frutos los conoceréis”, sí, ¡Qué gran verdad! ¿Prevaricación? ¿Tráfico de influencias? ¿Nepotismo? ¿Amiguismo? Cada cual puede sacar sus conclusiones y los tribunales seguro que también lo harán. La secuencia de los hechos es clara y diáfana. Y resulta inevitable, conociendo los antecedentes del personajillo, sospechar que el olor a podrido fácilmente detectadle obedece a algo más que a una simple falta de higiene física. 

A los de la nueva casta se les llena la boca hablando de justicia social, de solidaridad, de trabajar por los desfavorecidos,… pero son lo que son por mucho disfraz que usen. Y si hay algo que queda meridianamente  claro es que nunca una mala persona puede velar por el interés general. Solo por el suyo y, como mucho, el de los suyos.

Santiago de Munck Loyola

El Partido Alicantino Regionalista (PAR) presenta alegaciones contra el convenio urbanístico que favorece a la empresa en la que trabaja el marido de la Alcaldesa.

NOTA DE PRENSA

23-11-2020

El Partido Alicantino Regionalista (PAR) presenta alegaciones contra el convenio urbanístico que favorece a la empresa en la que trabaja el marido de la Alcaldesa.

El Partido Alicantino Regionalista ha presentado hoy ante el registro municipal de Monforte del Cid tres alegaciones contra el borrador de convenio urbanístico a suscribir entre el Ayuntamiento de Monforte del Cid y varias empresas entre la que se encuentra innecesariamente la empresa para la que trabaja el marido de la Alcaldesa para dotar al Polígono Industrial Las Norias de un acceso a la carretera CV-85.

La primera alegación reitera la recusación a la Alcaldesa por incumplir su deber legal de abstención en este procedimiento. En efecto, pese a que la inexistencia de acceso del Polígono a la citada carretera es un problema antiguo para el que la alcaldesa no ha movido un dedo durante años, lo cierto es que tan solo semanas después de que su marido, Javier Martínez Serra, exconcejal de IU en San Vicente de Raspeig, fuera contratado por la empresa UVASDOCE SL como analista de producción, se iniciaron los trámites para aprobar este convenio. La participación de la Alcaldesa de Monforte del Cid, Mª Dolores Berenguer Bello, en el impulso y tramitación de este expediente vulnera lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que la obliga a abstenerse.  La intervención de la Alcaldesa claramente en favor de la empresa para la que trabaja su marido vicia de nulidad al convenio.

La segunda alegación se sustenta en que el convenio atenta al interés general y supone una pérdida de ingresos para el Ayuntamiento de más de 950.000 euros que sería lo que la empresa UVASDOCE SL debería abonar para tener pleno acceso a las infraestructuras del Polígono industrial.  La inclusión de la empresa para la que trabaja el marido o pareja de la Alcaldesa, UVASDOCE SL, es absolutamente innecesaria para lograr la finalidad perseguida por el Convenio que no es otra que dotar de un acceso al Polígono de las Norias a la Carretera CV-825 ya que es evidente que el Ayuntamiento cuenta por si solo con recursos suficientes para afrontar el coste de 28.267 € de la obra. Pero es que, además, el abono de los 28.627 € por parte de UVASDOCE SL previsto en el Convenio se hace a cambio de que dicha empresa pueda conectarse y beneficiarse de todas las infraestructuras del Polígono Industrial, según se reconoce en la Memoria suscrita por el Ingeniero Municipal Sr. Carratalá, infraestructuras cuyo coste mínimo para los propietarios del polígono ha sido de 28 € por cada metro de solar. Es decir, que gracias al Convenio promovido por la Alcaldesa la empresa para la que trabaja su marido o pareja, considerando que la parcela de UVASDOCE SL pueda rondar los 35.000 m2, se ahorrará cerca de 950.000 euros, cantidad que perderá el Ayuntamiento monfortino, amén de la revalorización que ello suponga. Todo un pelotazo.

La tercera alegación considera que el Convenio es un fraude de ley pues mediante el mismo se persigue, además del beneficio económico particular, que una empresa ubicada en suelo no urbanizable, suelo agrícola común según el PGOU, que cuenta con una DIC, pase a conectarse a las infraestructuras de un suelo urbano, industrial, eludiendo la legislación del suelo para la consecución de este fin. Es decir, estamos en presencia de un auténtico fraude de ley.

En definitiva, el PAR entiende que el convenio impulsado por la Alcaldesa comunista de Monforte del Cid es nulo, atenta contra el interés general y constituye un auténtico fraude de ley. Es un pelotazo urbanístico en toda regla absolutamente inadmisible y un agravio comparativo para todos los propietarios de suelo del Polígono Industrial que durante años han realizado enormes esfuerzos para construir esta infraestructura. Se trata de un escándalo por el que la Alcaldesa debe asumir responsabilidades y presentar su dimisión.

El Partido Alicantino Regionalista (PAR) recusa a la Alcaldesa de Monforte en la tramitación de un escandaloso convenio urbanístico que favorece a la empresa en que trabaja su propio marido.

 NOTA DE PRENSA

20-11-2020

 

El Partido Alicantino Regionalista (PAR) recusa a la Alcaldesa de Monforte en la tramitación de un escandaloso convenio urbanístico que favorece a la empresa en que trabaja su propio marido.

 

El 26 de octubre de 2020 la Junta de Gobierno Local aprobó inicialmente, con el voto favorable de la Alcaldesa comunista de Monforte del Cid, un Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Monforte del Cid, la Agrupación de Interés Urbanístico “Las Norias” del Sector UZI-1 y las mercantiles Isidro Abad, S.L y Uvasdoce, S.L. para acondicionar el vial de salida del Polígono Industrial Las Norias, sector UZI-1 (actual UBZ-8 del plan general), a la carretera CV- 825. Según este Convenio la mercantil Isidro Abad SL venderá al Ayuntamiento el suelo necesario para el nuevo acceso por 70.110 euros, cantidad que será abonada por la A.I.U Las Norias y el Ayuntamiento ejecutará las obras valoradas en 28.267,39 € que serán abonadas a su vez por la mercantil Uvasdoce S.L. 

 

Se da la circunstancia que UVASDOCE SL es una mercantil asentada en suelo rústico, fuera del ámbito del Polígono industrial, colindante al mismo, y que en virtud de este convenio podrá conectarse y beneficiarse de todas las infraestructuras construidas y costeadas por los propietarios de terrenos incluidos en el suelo industrial sin tener que abonar su parte proporcional de los costes de urbanización. Hay que tener en cuenta que dichos costes se cifran, al día de hoy, en torno a los 28 € por cada metro cuadrado de solar y si se tiene en cuenta que la parcela de UVASDOCE SL ronda los 35.000 m2 debería abonar al Ayuntamiento la cantidad de 980.000 € para poder beneficiarse de la urbanización del Polígono Industrial. Es decir, que de aprobarse definitivamente este convenio propuesto por la Alcaldesa de IU esta mercantil se ahorrará cerca de 950.000 euros, cantidad que perderá el Ayuntamiento monfortino, y revalorizará además sus terrenos.

 

Hay dos cuestiones especialmente escandalosas en este asunto. La primera es que la intervención de la inclusión de la mercantil UVASDOCE SL en un convenio para dotar el polígono industrial de una salida a la carretera CV-825 es absolutamente innecesaria, ya que el Ayuntamiento cuenta con recursos necesarios para costear los 28.267 € de la obra y que, según varios empresarios del polígono, habría sido asumido sin problemas por ellos mismos. Y la segunda es que la ausencia de salida a esta carretera era un problema que se arrastra desde hace años sin que el Ayuntamiento haya abordado la solución y que solo lo ha hecho un mes después de que el marido de la alcaldesa, Javier Martínez Serra, ex concejal de IU en San Vicente del Raspeig y con estudios en Educación Social, fuera contratado por la mercantil beneficiaria de este convenio como “analista de producción”.

 

Ante lo escandaloso de la situación y tras la publicación del edicto de exposición pública del Convenio, el PAR ha recusado, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a la alcaldesa de Monforte del Cid, Mª Dolores Berenguer Bello, en la tramitación de este expediente, así como en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de octubre de 2020,  presentará una alegación contra la aprobación del convenio por lesionar gravemente los intereses municipales y por constituir un auténtico pelotazo urbanístico que beneficia descaradamente a la empresa para la que trabaja su marido, sin descartar el inicio de otras acciones legales a que hubiere lugar.

 

Señora Ministra de Hacienda ¡Váyase a la mierda!

¿No está harto de que se rían de usted? ¿Acaso no está hasta las narices de que le tomen por imbécil? ¿No cree de verdad que muchos políticos se pasan tres pueblos cuando se dirigen a los ciudadanos? ¿No cree que nos faltan al respeto? Sinceramente, yo sí. Ya sé que en España nos hemos acostumbrado a que los políticos nos engañen con sus compromisos y promesas electorales. Hablar de elecciones es el pistoletazo de salida de una subasta de promesas que no se cumplirán, pero lo damos por amortizado. Enrique Tierno Galván dixit “los programas electorales están para incumplirlos”.

También nos hemos acostumbrado a que nos mientan sobre sus curricula vitae. Lo que en la Europa democrática, culta y avanzada es causa de dimisión cuando a uno le pillan con el carrito de los helados, o hasta en el Brasil de Bolsonaro, en nuestra querida España es, a lo sumo, motivo de algún titular periodístico. 

Desde Roldán, pasando por Pedro Sánchez, Susana Díaz, Patxi López, Toni Cantó, Ada Colau, Bernat Soria, Elena Valenciano, José Blanco, José Manuel Franco, Óscar puente, Ximo Puig, José Montilla, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Miguel Urbán, Pilar Rahola, Carlos Puigdemont, Tomás Burgos, Juan Manuel Moreno Bonilla, Joana Ortega, César Zafra, Javier Maroto, Javier Moragas y así hasta aburrirse existe una larga lista de mentirosos curriculares. Pues nada, que aquí no pasa nada. Mienten, engañan en su curriculum y siguen en sus puestos cobrando tan ricamente. Nadie dimite por ello, a diferencia de nuestros estirados y puritanos vecinos y socios europeos.

Nos dijeron en febrero que en España no habría más de “uno o dos casos” de coronavirus y llevamos un millón de contagiados y más de 55.000 muertos, pero no pasa nada. Un error lo tiene cualquiera y aquí no dimite nadie. Nos dijo el Sr. Sánchez hace tres meses que “habíamos vencido al virus”, que todos a disfrutar y él se fue de vacaciones y desde entonces tenemos otros 10.000 muertos, que se dice pronto. ¡Vale! Se han equivocado. Han confundido sus deseos con la realidad y no tenían la intención de engañarnos y de tomarnos por bobos.

 

Pero la gota que colma el vaso, el summum de la desfachatez y la desvergüenza, el escupitajo en nuestra cara lo acaba de protagonizar la Ministra de Hacienda, la “Portavoza” del Gobierno, ese piquito de oro a veces ininteligible que se llama María Jesús Montero. Hace un par de días la Ministra de Hacienda ha declarado "Hay un reglamento europeo el que impide que se puedan bajar de la venta el IVA de las mascarillas, no es una decisión del Gobierno de España". Reglamento europeo que por lo visto permite que en Portugal el IVA de las mascarillas se haya bajado al 6%, en Francia al 5,5% y en Holanda o Italia al 0% mientras que, en España, socialistas y Podemos, lo mantienen en el 21%, considerando por tanto a las mascarillas de las que depende nuestra salud como artículos de lujo.

Aquí solo hay dos explicaciones y una sola opción: o la Ministra de Hacienda desconoce las normas fiscales europeas, en cuyo caso debe dimitir ipso facto, o es una mentirosa sin vergüenza alguna, en cuyo caso también debe dimitir. No hay otra opción. 

Unas declaraciones públicas como ésta en otros países europeos serían auténticos terremotos políticos, serían un escandalo de primera magnitud que se saldaría, sin ninguna duda, o con la dimisión inmediata (cuando el mentiroso cazado conserva una pizca de decencia) o con el cese fulminante (cuando la pizca de decencia la conserva quien la nombró).

Pero aquí no pasa nada. Esta “ignoranta” fiscal de cuota de género o esta mentirosa compulsiva, elija el lector, ni dimite, ni es cesada, ni se va a disculpar por tomarnos a todos los ciudadanos por imbéciles, por escupirnos a la cara sus estulticias, por reírse de los españoles. 

Para ella, para los que la sostienen y para los que guardan su silencio cómplice vale todo en política y cuando digo todo, es todo. Y así nos va. ¡Señora Ministra váyase usted a la mierda!

 

Santiago de Munck Loyola

 

  

La Justicia y la anchluss socialpodemita.

Los españoles nos encontramos en medio de una guerra política en torno a la renovación nada menos que del órgano de gobierno del tercer poder del estado, el poder judicial. Lo cierto es que nos hemos acostumbrado a situaciones que si las analizamos bien nos harían caer en la cuenta de lo anormal y poco democrático que resulta el hecho de que la clase política, encuadrada en los otros dos poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo, pugne por el control del tercer poder, el judicial, el poder que, entre otras cosas, debe controlar la legalidad de las actuaciones de los miembros del legislativo y el ejecutivo.

No le faltaba razón a Alfonso Guerra, allá por el año 1985, cuando afirmó que con la reforma socialista de la Ley Orgánica del Poder Judicial Montesquieu había muerto en España y con él la división de poderes, división esencial para caracterizar a un estado como democrático o no.

 

Lo cierto es que la poca calidad democrática de nuestro estado en este aspecto no es sólo responsabilidad de los socialistas, sino también, del Partido Popular que, una vez alcanzado el Gobierno con dos mayorías absolutas, se olvidó por completo de sus compromisos regeneradores para despolitizar a la justicia y prefirió seguir pasteleando con los socialistas el nombramiento de los miembros del Gobierno de la Judicatura, el Consejo General del Poder Judicial.

 

Para entender mejor la situación presente, conviene echar un vistazo a lo que la Constitución dice sobre la composición del Consejo General del Poder Judicial y cómo los políticos han ido interpretando la misma a través de su desarrollo mediante la Ley Orgánica correspondiente. El Artículo 122 de la Constitución dice: 

 

2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, … 

 

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

 

Hay que resaltar dos cuestiones importantes. Primera, que la Constitución no remite a una Ley Orgánica el procedimiento de selección de los miembros del Consejo. Segunda, que la Constitución sólo especifica que de los 20 miembros que lo componen, el Congreso designará a cuatro y el Senado a otros cuatro y que los doce restantes se designarán entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica. Es evidente que la distinción establecida entre los 12 elegidos entre Jueces y magistrados y los 8 elegidos por las Cortes implica que la elección parlamentaria no es de los 20 miembros. Y así se interpretó en el Artículo 7 de la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial: “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte Vocales nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establece la presente Ley; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegido en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre Abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”. Por tanto, inicialmente, 12 de los 20 miembros eran elegidos por y entre los propios jueces. Sin embargo, este sistema cambió con la reforma socialista de la Ley Orgánica en 1985, modificada por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, en la que se estableció en el Artículo 567 que “2. Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez Vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial, conforme a lo previsto en el Capítulo II del presente Título”, pasando, por tanto, la constitución del tercer poder del estado a depender de la voluntad del legislativo y, por ende, del ejecutivo. El Tribunal Constitucional avaló esta interpretación retorcida de la Constitución con el pretexto de que así se favorecía una mayor democratización de la justicia al favorecer la representatividad de las mayorías sociales, como si el Consejo General del Poder Judicial tuviera que ser una representación en miniatura del parlamento y no el gobierno de la judicatura.

 

La exigencia de que la elección de los miembros del Consejo fuera hecha por tres quintos de las cámaras obligaba a que, al menos, se produjese un consenso entre los dos partidos mayoritarios. ¿En qué punto nos encontramos ahora? Pues que el Gobierno exige al PP que negocie la lista de vocales que han de votar las cámaras parlamentarias. El PP se niega a negociar con los dos partidos que conforman el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, porque el segundo es un partido imputado y el Gobierno, en respuesta, amenaza con reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar la mayoría cualificada de tres quintos y convertirla, a la polaca, en mayoría absoluta. Y tanto el Gobierno como todo su coro de loritos periodistas se dedican a repetir que el PP actúa de forma irresponsable y en contra de la Constitución porque la renovación del CGPJ es obligatoria y lleva dos años de retraso.

 

Ya está bien de mentiras. En este asunto, como en muchos otros, la responsabilidad es compartida entre unos y otros. Si hay alguien actuando en contra de la Constitución hay que concluir que no sólo es el PP, sino todos, empezando por el Presidente del Gobierno. Y ello es así porque el ni el Gobierno, ni su Presidente pintan nada en el proceso de elección de los vocales del CGPJ. El poder ejecutivo no puede ni debe intervenir, y menos aún plantear exigencias, en una votación y un procedimiento que depende exclusivamente del poder legislativo. Por muy chuleta que sea el Sr. Sánchez y por muy matón de billar que sea su vicepresidente no pueden exigir a la oposición que se siente a negociar en los términos que a ellos les parezca conveniente. Nadie puede obligar al PP a sentarse a negociar con Unidas Podemos, con Bildu o con ERC. Y la razón por la que el poder ejecutivo carece de legitimidad para intervenir en el proceso deriva no sólo del sentido común, sino de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial vigente que en su Artículo 568.1 señala, como es lógico, que “Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo”. 

Si se trata de una decisión del poder legislativo es lógico que sean los presidentes de las cámaras quienes adopten las medidas necesarias para alcanzar la renovación del CGPL que en este caso pasan por la necesaria negociación entre grupos parlamentarios para alcanzar los consensos necesarios para llegar a los tres quintos de cada cámara. 

 

Es posible que sea mucho pedir a este Gobierno que trate de respetar la división de poderes, que trate de asumir que su poder y su competencia es limitado y delimitado por la Ley tanto en su espíritu como en sus formas, pero hay que seguir pidiéndoselo todos los días, así como al ejército de sumisos comentaristas y periodistas que lo jalean. Aquí no hay más incumplidor de la Constitución que un Gobierno con ansias de “espacio vital” que invade las competencias del poder legislativo para someter y conformar a su imagen y semejanza al poder judicial.

 

Santiago de Munck Loyola

La república dinamitada.

Una parte del Gobierno de España, la parte comunista-podemita, ha decidido dedicar buena parte de sus esfuerzos no a combatir las gravísimas consecuencias de la pandemia, sino a cuestionar y a atacar a la Jefatura del Estado, al Rey, al que acusan, entre otras cosas, de mantener un comportamiento no neutral y de actuar contra el gobierno, es decir, que, según ellos, una institución carente de legitimidad porque nadie ha votado al Rey, la Corona, está socavando a otra, el gobierno, que cuenta con la legitimidad de las urnas. A esta afirmación habría que responder que el Rey sí cuenta con la legitimidad de origen en el Artículo 57 de la Constitución votada mayoritariamente por los españoles y con la legitimidad de ejercicio, la que se deriva del impecable ejercicio de sus funciones constitucionales por parte de Felipe VI, mientras que al gobierno actual no lo han elegido los ciudadanos, sino los parlamentarios incumpliendo los compromisos electorales del actual Presidente del Consejo de Ministros. Pero, en esta situación lo que primero llama la atención es la falta de liderazgo del Presidente del Gobierno porque mientras él hace llamamientos continuos a la unidad para salir de la crisis, parte de su gobierno se dedica a fomentar la división y el enfrentamiento, nada menos que contra la Jefatura del Estado. Y no se trata de un hecho aislado. Todos recordamos que mientras los ciudadanos nos reuníamos en los balcones todas las noches para aplaudir a los sanitarios y demás servidores públicos que luchaban contra la pandemia durante el confinamiento, la primera iniciativa de la parte comunista-podemita del gobierno fue organizar una cacerolada contra el Jefe del Estado.

Vaya por delante que en la situación en la que nos encontramos como Nación, con la economía destruida y en recesión, con millones de desempleados, con más de 55.000 muertos y cientos de miles de contagiados y con tantos y tantos problemas que aquejan a millones de familias como consecuencia de la gestión que se ha hecho de la pandemia, no parece que sea muy oportuno abrir una crisis entre las instituciones del Estado, ni promover ahora un cambio de régimen pasando de una Monarquía a una República, salvo que de lo que se trate sea precisamente de extender una cortina de humo para eludir las responsabilidades que a los gestores de esta situación pudieran corresponderles. Es evidente que, siendo completamente inoportuna para los intereses de los ciudadanos, para quienes por otra parte la Monarquía no supone un problema según las encuestas, abrir esta polémica no debe serlo para la parte comunista-podemita del Gobierno. No abren la polémica por casualidad. La elección del momento y del contexto ha sido perfectamente calculada: lo han hecho con el Gobierno más débil de la democracia, bajo el liderazgo más espurio conocido y en medio de la más grave crisis económica y social de los últimos 80 años. Es decir, en medio de un contexto, según los politólogos, típicamente prerrevolucionario. Su error, sin embargo, es que tratan de aplicar recetas de manuales caducos en medio de una sociedad mucho más madura de lo que ellos suponen.

 

Y resulta especialmente llamativo que los argumentos de los comunistas y podemitas para defender sus ataques al Rey pasen por descalificar a los que le defienden y que dichos argumentos no sólo sean sostenidos por periodistas y comentaristas apesebrados en las televisiones públicas, sino también sean “comprados” por otros supuestamente independientes. Dice el Sr. Iglesias que la reacción de los constitucionalistas defendiendo al Rey en realidad le perjudican, que dañan a la Monarquía y eso favorece al objetivo republicano. Así se lo manifestó al Secretario General de los populares, Sr. Egea, en el Congreso, en la primera sesión de control al Gobierno, tras el veto a la presencia del Rey en Barcelona. O sea que según el líder podemita sus descalificaciones y críticas al Rey contribuyen a la causa republicana y la defensa y los elogios al Rey por parte de los constitucionalistas, también. Curioso ¿no? Pues bien, pocos días después, una periodista de RTVE, Mónica López, entrevistando a Cayetana Álvarez de Toledo le preguntó, asumiendo o transmitiendo la peregrina tesis del Sr. Iglesias, si no creía que la defensa del Rey que estaban realizando los dirigentes populares estaba perjudicando a la Monarquía. La perversa pregunta, como la calificó la Sra. Álvarez de Toledo, no tenía desperdicio. Y es que en el fondo del argumento podemita y de esta pregunta lo que subyace es una descalificación personal y política de los constitucionalistas: ustedes son tan indignos que cuando se posicionan en favor del Monarca o de la Monarquía la manchan.

 

No queda más remedio que preguntarse por qué tantos sesudos periodistas y comentaristas políticos que en diferentes medios de comunicación asumen el razonamiento podemita (que la defensa del Rey por parte de los constitucionalistas de las insidias de parte del Gobierno supone perjudicarle y dañar a la causa de la Monarquía) no son coherentes y aplican la lógica podemita a la inversa, es decir, que la defensa de la causa republicana y los ataques a la Monarquía por parte de sujetos como Pablo Iglesias perjudica a dicha causa y refuerza a la Monarquía. Es la misma y perversa lógica que comunistas y podemitas están usando. Una causa pierde su bondad en función de quién la enarbola. Por tanto, bien podría afirmarse que flaco favor hace a la causa republicana que su abanderado sea un trepa, un sujeto que ha traicionado todos y cada unos de sus “ideales” proclamados, que se ha convertido en pura casta, que ha renegado de las limitaciones salariales autoimpuestas, que ha huido de su querida Vallecas porque es un barrio incompatible con el desarrollo de un proyecto familiar, que se compra el mismo tipo de vivienda que criticaba antes a sus adversarios, que ha laminado a los críticos en su partido, que solo acepta el “jarabe democrático” para los demás, que se esconde tras los aforamientos que no hace mucho criticaba, que dirige un partido acusado de financiación ilegal, que se rodea de gente de confianza condenada por contratar trabajadores en negro, por usar sociedades para eludir impuestos, que recibe alegremente dinero de los homófobos iraníes o los narcopolíticos bolivarianos, que le gustaría azotar hasta sangrar a ciertas mujeres, que experimenta orgasmos cuando la policía es vapuleada por manifestantes, que quiere controlar al poder judicial y amordazar a la prensa independiente o que se encuentra más a gusto de la mano de los herederos de los asesinos etarras y de los independentistas y golpistas catalanes, es decir, de los enemigos de la existencia de España. 

 

En definitiva, para cualquier persona sensata, coherente y demócrata, la mera hipótesis de tener a un Pablo Iglesias como Jefe del Estado español constituye el mejor revulsivo para cuestionarse la idoneidad de un sistema republicano hoy en España. Pablo Iglesias y sus seguidores están dinamitando cualquier oportunidad republicana porque encarnan los peores valores para promover una convivencia pacífica. La Jefatura del Estado requiere la capacidad de transmitir al menos la voluntad de representar a todos los españoles, incluso a quienes odian a España, de conciliar posiciones y eso es algo que queda a años luz de quienes hoy en día promueven como objetivo prioritario, no una nueva República, sino la resurrección de un experimento fracasado en el pasado.

 

Santiago de Munck Loyola