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lunes, 10 de septiembre de 2018
miércoles, 8 de agosto de 2018
Alejandro Morant.
Hace unos días, Alejandro Morant
del Partido Popular, Vicepresidente de la Diputación de Alicante y Alcalde de
Bussot escribió en su muro de Facebook: “En
unos años nos arrepentiremos. Solución: eliminación de ayudas y privilegios,
endurecimiento de las leyes, nacer aquí no te hace español, más autoridad a
jueces y policías como en Estados Unidos, poner en marcha un plan de deportaciones masivas y cerrar las
fronteras. Esto no es inmigración es una invasión silenciosa que acabará con el
mundo occidental convirtiéndolo al islam. Tiempo al tiempo”. Acto seguido,
la izquierda política y mediática, los pancatalanistas del Botánico, junto con
la dirección provincial sorayista del PP, capitaneada por el liberticida José Ciscar
y los pasteleros de Ciudadanos, se le tiraron al cuello. Todos a una en
patética competición de descalificaciones y gruesos tópicos: que si extrema
derecha, que si racismo, que si xenofobia,… Y todo por opinar en una página
personal de una red social sobre un grave problema que nos preocupa a todos los
españoles y ante el que la clase política no ofrece soluciones creíbles. No,
Alejandro Morant, no ha opinado en nombre del Partido Popular, ni lo ha hecho
en nombre de sus vecinos de Bussot, ni en el nombre de la Diputación de
Alicante.
Pero no importa. Aquí todo vale
si no te sometes al dictado de lo políticamente correcto, al dictado de la
hipocresía política y de la ausencia de principios claros. Y lo verdaderamente
llamativo es que la opinión expresada por Alejandro Morant haya servido a la
cúpula provincial para incoarle un expediente disciplinario. Es evidente que
esta opinión particular no es la postura oficial del Partido Popular sobre la
inmigración porque, lo cierto, es que nadie sabe a ciencia cierta cuál es. Ésa es
principalmente una de las causas de la desafección de tantos millones de
votantes del PP: su permanente indefinición en asuntos capitales como las
autonomías, la cuestión catalana, la inmigración o el derecho a la vida. Pero
volviendo al asunto, incoar un expediente disciplinario a un militante del PP
por expresar opiniones personales significa una vuelta a las peores tácticas
caciquiles del Presidente provincial, Sr. Ciscar, acostumbrado desde hace años
a expulsar del partido a todo aquel que se atreviese a opinar públicamente en
contra del criterio “oficial”. Hace 5 años sin ir más lejos el Sr. Ciscar
expulsaba sin ninguna garantía jurídica y ante el cómplice silencio de la
mayoría de afiliados a los militantes
que pedían públicamente la regeneración del partido o denunciaban casos de
corrupción. Ahora expedienta a Alejandro Morant. ¿Por qué? ¿Por decir lo que
mucha gente piensa? ¿Por agradar a la patulea pancatalanista? ¿Para saldar
cuentas por la derrota de los sorayistas entre los que él mismo se encuentra?
Lo único que ha conseguido, hasta el momento, es echar más leña al fuego.
Alejandro Morant es un hombre de
principios, que dice las cosas claras y cuyas opiniones pueden ser o no
compartidas, pero que, en todo caso, merecen en caso de discrepancia un debate
sosegado y constructivo, no un linchamiento público.
Los políticos están para liderar
a la sociedad, no para acariciarle los oídos en pos de un voto. Deben expresar
claramente sus posiciones y ofrecer soluciones a los problemas por muy
complicados y sensibles que sean. Pero, ante todo, se deben a los ciudadanos
españoles, al interés general, no al de una sociedad más o menos amplia sin
perfiles concretos, sino al interés de la sociedad española, al conjunto de hombre
y mujeres, titulares de derechos y obligaciones y depositarios de un legado
cultural e histórico secular, que con su esfuerzo diario nos permiten a todos
sostener al Estado y a los políticos.
Defender los intereses de la
sociedad española implica necesariamente abordar el problema de la inmigración
desde la perspectiva de los que es mejor para los españoles. Y éso no es ni
racismo, ni xenofobia, es lealtad con el pueblo soberano y es, visto lo visto,
puro sentido común. España no puede acoger a todo aquel que quiera venir aquí
porque nuestros recursos son más que limitados. España no puede confundir a los
inmigrantes con los refugiados porque la diferenciación entre unos y otros está
bien delimitada por el derecho internacional. España tiene que regular el
problema de la inmigración en el ámbito de una política común de la Unión
Europea siempre que ésta no sea incompatible con los intereses generales y
siempre que nuestra identidad cultural no sea puesta en peligro. Los ciudadanos
necesitamos pronunciamientos claros y propuestas concretas sobre la base de
datos reales y contrastados, no sobre simples eslóganes y demagogias hace
tiempo obsoletas.
Santiago de Munck Loyola
sábado, 14 de julio de 2018
LA FISCALÍA CITÓ A DECLARAR COMO INVESTIGADO AL SECRETARIO ACCIDENTAL DE MONFORTE DEL CID JOSÉ FERNANDO MULLOR ORTIZ.
COMUNICADO.
Noticia publicada por el Diario Información. Mayo 2018.
"El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha condenado a una promotora a devolver 400.000 euros al Ayuntamiento de Hondón de las Nieves por un largo litigio basado en la no tramitación de un Proyecto de Actuación Integrada (PAI) en el término municipal.
El promotor pretendía responsabilizar al Consistorio del retraso en la tramitación del expediente y reclamaba 340.000 euros en concepto de gastos. “Sin embargo ahora el fiscal ha visto indicios de un supuesto delito en el responsable de la promotora, en connivencia con el anterior secretario municipal (José Fernando Mullor Ortiz) y en relación al anterior PGOU que fue rechazado, y ha citado a ambos en el juzgado de Novelda”, según ha explicado el concejal de Urbanismo, el socialista Victurià Gonzálvez".
La Alcaldesa junto al Sr. José Fernando Mullor Ortiz. |
El PAR de Monforte del Cid seguirá publicando próximamente más información sobre este asunto.
jueves, 12 de julio de 2018
EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE LA GENERALIDAD VALENCIANA CENSURA LA OPACIDAD DEL TRIPARTITO DE MONFORTE DEL CID.
NOTA DE PRENSA.
11-7-2018
El 14 de junio de 2018 la
Comisión Ejecutiva del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana dictó una Resolución
estimando la reclamación del Presidente del Partido Alicantino Regionalista
frente al Ayuntamiento de Monforte del Cid.
Según esta Resolución se constata
que el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Monforte del Cid “adolece de importantes carencias en materia
de información pública”. Estas importantes carencias son:
- Opacidad en relación a las subvenciones y ayudas públicas.
- Ausencia de información sobre los contratos menores y procedimientos abiertos.
- Falta de publicidad de los convenios suscritos por el Ayuntamiento.
- Inexistencia de cualquier información sobre los presupuestos (únicamente aparecen modificaciones presupuestarias del 2015).
- Inexistencia de información sobre el patrimonio municipal.
Por todo ello, el Consejo ha
instado al Gobierno Municipal de Monforte del Cid para que en un plazo máximo
de tres meses cumpla con las exigencias de la Ley en materia de publicidad
activa recogidas en la Ley 2/2015 de Transparencia, Buen Gobierno y Participación
Ciudadana de la Comunidad Valenciana.
Añadir leyenda |
Con ello, el Consejo de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana da
la razón al Partido Alicantino Regionalista-Esperanza Ciudadana de Monforte del
Cid que en numerosas ocasiones ha venido denunciando la falta de transparencia
y el oscurantismo del Gobierno tripartito presidido por la alcaldesa comunista,
Mª Dolores Berenguer, sobre todo en materia de contrataciones públicas, ámbito
en el que la práctica de las contrataciones a dedo es la norma habitual.
El PAR se felicita por esta
resolución porque evidencia las continuas falsedades de la Alcaldesa en los
Plenos presentándose ante los vecinos como la “campeona” de la transparencia y
porque consecuentemente impone un obligado cambio en la política del tripartito
ya que la transparencia es el único camino para desterrar el amiguismo y para
garantizar que cualquier candidato a licitar con el Ayuntamiento tenga
oportunidad de hacerlo sin tener que ir mendigando información por los
despachos.
lunes, 2 de julio de 2018
Al Sr. Sánchez, adalid del expolio fiscal.
Sr. Sánchez:
Acaba de hacer pública su
intención de subir los impuestos en España para “mejorar el Estado del Bienestar” y se pregunta "¿Queremos tener un sistema fiscal de
tercera para tener un Estado de bienestar de primera?, no es posible".
Y uno no tiene más remedio que preguntarle a usted, para empezar, si cuando se
presentó a las elecciones generales como candidato a la Presidencia del
Gobierno y las perdió ¿Había prometido en su programa electoral subir los
impuestos o lo contrario? Desde luego, lo que es patente, por reciente es que
en sus intervenciones en el Congreso de los Diputados en la moción de censura
no hizo la más mínima referencia a subir los impuestos de forma indiscriminada
al conjunto de los ciudadanos.
Mire Sr. Sánchez es de manual: un
incremento de la presión fiscal en un momento como el actual de recuperación
económica y de precaria creación de empleo va a suponer un frenazo para la
economía: a menos dinero disponible en la iniciativa privada, menos inversión,
menos creación de empleo, menos recaudación fiscal y más gasto social. La
calidad de un sistema fiscal, si es de primera, de segunda o de tercera, no se
mide por la cantidad bruta de recaudación, sino por otros parámetros como son
la eficiencia de la administración para recaudar, esto es lo que se gasta
hacienda para recaudar el dinero de los ciudadanos (y es evidente que en el
caso del IRPF la relación gasto ingreso denota una gran ineficiencia) o la simplicidad
y equidad en las figuras impositivas. Un sistema fiscal en el que la clase
media soporta el 70% de la recaudación del IRPF no es de primera. Y fíjese en EEUU,
por ejemplo, el 1% de los contribuyentes más ricos aporta el 39% de la
recaudación del IRPF mientras que en España ese 1% sólo aporta el 19%.
Sr. Sánchez, al día de hoy, cada
trabajador español paga cerca del 65% de su salario en impuestos. Es decir, que de cada 100 euros ganados el
Estado se lleva 65 euros de los que 27 euros se dedican a pensiones, educación
y sanidad mientras que los 38 euros restantes se destinan a mantener el chiringuito.
Todos los españoles queremos un
Estado de Bienestar de primera, resulta obvio. Pero para mejorar nuestro estado
de Bienestar no es preciso esquilmar más a los contribuyentes y en especial a
la clase media con más impuestos. ¿No se ha planteado usted que, a lo mejor, lo
que tiene que hacer el Estado es gastar menos y gastar mejor? Porque resulta
evidente que existen muchos gastos públicos que no sólo no contribuyen a
mejorar la calidad del estado de Bienestar, sino que además lo ponen en peligro
de subsistencia.
A título de ejemplo lo que no
contribuye a mejorar el Estado de Bienestar y lo pone en peligro es:
- Mantener 17 administraciones autonómicas duplicando muchas competencias estatales, que rompen la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles, que padecen diarrea legislativa dificultando el crecimiento económico y la unidad de mercado.
- Sostener un sistema de privilegios de la clase política en materia tributaria y de seguridad social: pensiones privilegiadas, autoasignación de sueldos escandalosos, beneficios sociales.
- Extender las prestaciones sanitarias a extranjeros irregulares mientras se mantienen las listas de espera o mientras prestaciones básicas como la atención buco dental siga siendo claramente insuficiente.
- Oponerse como usted ha hecho a la existencia de una tarjeta sanitaria única y no 17.
- Pagar pensiones no contributivas a 100.000 extranjeros.
- El fraude de 3.000 millones de euros en los cursos de formación y los 1.200 millones de euros en el caso de los EREs, ambos responsabilidad de su Partido a los que hay que sumar varios cientos de millones de euros más de los casos de corrupción en los que el PP, Convergencia y Unió y otros partidos han estado implicados.
- Mantener a cerca 15.000 delincuentes extranjeros en prisión en vez de expulsar a la mayoría de ellos a sus países de origen.
- Facilitar ayudas económicas a inmigrantes ilegales que en ocasiones superan en cuantía a las ayudas que perciben los ciudadanos españoles.
- Destinar anualmente cientos de millones de euros a subvencionar a los partidos políticos, sindicatos y patronales.
Y la lista de hechos y problemas
que ponen en riesgo la permanencia del estado de bienestar puede ser muy larga.
Así que no nos venga con cuentos, Sr. Sánchez. Para mejorar el estado de
bienestar y para garantizar su existencia no hace falta que nos cobre más
impuestos a los sufridos contribuyentes. Lo que hace falta es que la clase
política tenga el valor y la decencia de trabajar seriamente para corregir
todos los gastos y desequilibrios económicos, territoriales y sociales que
generan tal cantidad de gastos que hacen inviable el sostenimiento del propio
Estado. Simplezas las justas, Sr. Sánchez. No nos siga tomando por tontos.
Santiago de Munck Loyola
miércoles, 27 de junio de 2018
Más allá del Acuarius.
La decisión del Gobierno español
de acoger en Valencia al barco Acuarius con 630 inmigrantes tras la negativa de
los demás países europeos a hacerlo ha desatado la polémica en las redes
sociales. Durante muchos días se han difundido muchas noticias al respecto
algunas falsas y otras ciertas que evidencian que esta decisión no ha sido indiferente
para la mayoría de los ciudadanos. No se trata de una cuestión baladí. Al
contrario, sus implicaciones y consecuencias son muy complejas y, ante todo, es
preciso analizarlas con la máxima objetividad y desde los principios y valores
de cada cual.
El caso del Acuarius hay que
enmarcarlo en el ámbito de la excepcionalidad, pero su tratamiento mediático
por parte del Gobierno de España y de otras administraciones públicas deja
mucho que desear.
En primer lugar porque es indudable, como han
reflejado las cifras del último fin de semana, que ha provocado un efecto
llamada, casi 1000 inmigrantes ilegales más en 48 horas. En segundo lugar, porque el Gobierno de Pedro
Sánchez se precipitó y expresó su intención de otorgar a estos inmigrantes del
Aquarius el estatus de “refugiados”, lo que implica que éstos no sean enviados
a los Centros de Internamiento, ni devueltos a sus países de origen y además
tendrán acceso a otra serie de derechos recogidos en la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados.
Tras esa precipitación
publicitaria resulta que al día de hoy aún no se sabe cuántos de los 630 inmigrantes
del Aquarius recibirán tal condición, sobre todo después de que la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) avisase al Gobierno de que no hay
precedente de una concesión masiva como la que pretendía y subrayan que deben
ser analizadas individualmente las necesidades de cada persona y las
circunstancias de su país de origen. Según la Agencia de la ONU para los
Refugiados aquellos rescatados del Aquarius que reciban el estatus de
“refugiados” podrán ser receptores de un empleo remunerado, una vivienda o de
libertad de circulación, entre otras cosas. Sin embargo, las personas que salen
de su país por pobreza o por motivos económicos no pueden ser considerados
refugiados, tan sólo inmigrantes. Y es que, además, los países de origen de
estos inmigrantes son Afganistán, Argelia, Camerún, Chad, Eritrea, Etiopía,
Gambia, Ghana, Guinea (Conakry), Guinea Bissau, Costa de Marfil, Mali,
Marruecos, Níger, Nigeria, Pakistán, Senegal, Sierra Leona, Sudán (Norte),
Bangladesh, RD Congo, Liberia, Somalia, Sudán del Sur, Togo y Comoras, algunos
de los cuales hacen muy difícil la posibilidad de conceder el estatus de
refugiado. Y a mayor abundamiento hay que recordar que al día de hoy el
Gobierno tiene pendiente de resolver 40.000 solicitudes de “refugiados”.
La llegada de inmigrantes
ilegales sea en la modalidad de pateras o de barcos fletados por ONG’s debe ser
considerada y resuelta en el ámbito de una política global sobre inmigración
coordinada a ser posible con la Unión Europea y subrayo lo de “a ser posible”
porque ante todo hay que defender los derechos de los ciudadanos españoles que
son en última instancia quienes soportarán los costes y los beneficios y
perjuicios de cualquier política inmigratoria.
No se trata de abanderar la
solidaridad o el aislamiento como únicos
criterios para diseñar y establecer la política de inmigración, porque existen
una serie de consideraciones a tener en cuenta:
- - Los derechos y los intereses de los ciudadanos
españoles deben primar ante todo.
- - Los españoles tenemos derecho a preservar
nuestra identidad cultural. Existen líneas rojas que sectores de inmigrantes no
están dispuestos a respetar (primacía de la legislación civil sobre las normas
religiosas, igualdad de derechos entre hombres y mujeres, libertad de culto,
etc.) y que, por tanto, no son integrables. La multiculturalidad es un fracaso
tan evidente como la Alianza de Civilizaciones.
- - La escasez de recursos públicos que exige
priorizar su destino en primer lugar hacia los contribuyentes y, en segundo
lugar, hacia los españoles en general. Papá Estado no puede simultáneamente
gastar 1.100 millones de euros en extender la asistencia sanitaria gratuita de
forma universal, revalorizar las pensiones según el IPC, subir las pensiones
mínimas hasta el SMI, pagar pensiones no contributivas a 150.000 extranjeros,
garantizar vivienda pública para los españoles y a la vez para extranjeros,
mantener a 25.000 delincuentes extranjeros en las prisiones sin quebrar la
hacienda pública al mismo tiempo.
- - La ingente cantidad de recursos públicos
destinados a atender a la inmigración ilegal deben ser invertidos en los países
de origen de los inmigrantes.
- - Muchas ONG’s han convertido las ayudas públicas
en un tremendo negocio. Y aquellas que se dedican a recoger barcos de
inmigrantes están haciendo el juego a las mafias de traficantes. Es evidente
que los inmigrantes deben ser rescatados pero una vez salvadas sus vidas, en
lugar de ser traídos a Europa, deberían ser devueltos al puerto de origen. La
Unión Europea debería abrir centros de acogida en los países-puertos de salida.
La inmigración ilegal constituye
un auténtico problema para los países occidentales. Es un hecho indiscutible. Y
no podemos olvidar que en su progresivo incremento influyen no sólo los
conflictos armados en los países de origen y la pobreza, sino también y sobre
todo la existencia de mafias de tráfico humano que la incentivan y alientan de
forma incesante.
Sé que discrepar de lo políticamente
correcto acarrea inevitablemente ser tachado de racista o de xenófobo. Pero no
es así, de lo que se trata es de controlar y regular una inmigración que, hoy
por hoy, es necesaria para el desarrollo de muchos países occidentales.
Compartir nuestros recursos con los inmigrantes legales es beneficioso para
ambas partes, pero los países de acogida, los ciudadanos españoles en nuestro caso
tenemos derecho a priorizar a aquella inmigración que por razones culturales,
históricas, sociales o religiosas garantice una integración real y no el
desarrollo de guetos que pongan en riesgo nuestra identidad cultural y
religiosa.
Santiago de Munck Loyola
viernes, 15 de junio de 2018
EL TRIPARTITO AUMENTA EN 3 AÑOS UN 220% EL GASTO EN ASESORÍAS Y TRABAJOS TÉCNICOS EXTERNOS.
NOTA DE PRENSA.
15 DE JUNIO DE 2018.
El presupuesto del Ayuntamiento de
Monforte del Cid para el ejercicio 2018 aprobado en junio, es decir, a mitad de
ejercicio a pesar de contar con mayoría absoluta en el pleno, ha puesto de
manifiesto la indudable incompetencia de la Alcaldesa y Concejala de Hacienda
para cumplir un año más con los plazos legales presupuestarios. Pero es que
además un examen pormenorizado de algunas previsiones de gastos evidencia un
retroceso en la transparencia y, sobre todo, en el mantenimiento del carácter
público de algunos servicios municipales esenciales.
El tripartito (comunistas + socialistas
+ tránsfugas de Ciudadanos) está externalizando servicios administrativos
derivando funciones públicas a empresas privadas. Comparando las partidas
incluidas en el capítulo 2 con las del último presupuesto aprobado por el PP en
2015 se aprecia un incremento de las mismas de un 220 %.
-
En el año 2015 el capítulo 2 (gastos corrientes)
la cuantía destinada a contenciosos, asesorías y trabajos externos fue de
87.900 euros.
-
En 2018 esta cuantía se eleva a 193.901,80
euros.
Esto significa una
externalización de servicios públicos entre los cabe destacar: una asesoría de
medio ambiente por importe de 29.101,80 € anuales, estudios y trabajos para la
propia Administración General por 50.000 € al año, otra asesoría jurídica para
urbanismo por 40.000 € o la partida de estudios y trabajos para urbanismo por 20.000
€.
En definitiva, el tripartito está
derivando funciones públicas administrativas a empresas privadas contratadas a
dedo y sin criterios objetivos, vaciando de funciones a la administración
general.
viernes, 1 de junio de 2018
De Guatemala a Guatepeor.
Termina una semana de vértigo
político. En tan sólo siete días hemos pasado del aplauso de los populares
festejando la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado con la ayuda
de Ciudadanos y el PNV, al aplauso de despedida de los mismos diputados a su
jefe, al Presidente Rajoy que deja de serlo al triunfar la moción de censura
presentada por el exdiputado socialista Pedro Sánchez. Mañana, sábado 2 de
junio, a las 11 horas Pedro Sánchez tomará posesión en la Zarzuela ante el Jefe
del Estado.
Se cierra una semana de vértigo
político que se inició al hacerse pública la Sentencia de la Sección Segunda de
lo Penal de la Audiencia Nacional. Esta sentencia considera acreditado que
entre 1999 y 2005 entre las empresas de Correa y el Partido Popular de
Majadahonda y de Pozuelo de Alarcón se tejió “un auténtico y eficaz sistema de
corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la
contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y
continua relación con influyentes militantes de dicho partido”. El tribunal ve
probado que el PP se benefició, sin ser
consciente de su procedencia delictiva, de 111.186 euros para la campaña de
las municipales de 2003 en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y de 133.628 euros en la
campaña de Majadahonda. Y esta sentencia que prueba hechos delictivos por un
importe total de 244.814 euros cometidos antes de ser Mariano Rajoy Presidente
del PP es la que ha conseguido unir a la mayoría de la oposición para echar a
Rajoy y desalojar al PP del gobierno de España. Es evidente que se trata de
fantasmas del pasado que han aparecido ahora y han terminado por tumbar a
Mariano Rajoy. Es muy posible que Rajoy esté pagando los platos rotos por
otros, pero suya es la culpa por no haber actuado con contundencia contra la
corrupción, por haber mirado a veces hacia otro lado y, sobre todo, por no
haber puesto en marcha los mecanismos necesarios para regenerar al Partido
Popular y para democratizarlo de abajo a arriba. Y lo peor para el PP está por
venir. De aquí a las próximas elecciones municipales y autonómicas van a seguir
apareciendo más fantasmas del pasado a través de diferentes sentencias.
Al votante de centro derecha no
puede servirle de consuelo o justificación que los socialistas estén peor en
materia de corrupción con treinta procedimientos judiciales abiertos, con 4.000
millones de euros bajo sospecha y con casi 600 imputados. La política
informativa desarrollada por el PP durante años ha conseguido una mayoría de
medios de comunicación para los que un estornudo de un “pepero” se convierte en
una pandemia de ébola, mientras que una epidemia de ébola entre los “sociatas”
son simples casos de alergias individuales y, por tanto, no son noticia.
Ahora se abre una nueva etapa que
además está lastrada por los apoyos que ha recibido Sánchez para ganar la
moción de censura: los populistas y comunistas de Unidos Podemos, los
separatistas y golpistas de ERC, los golpistas y racistas del PDeCat, los
nacionalistas del PNV, los pancatalanistas de Compromís y el brazo político de
los terroristas de ETA. Sánchez ha aceptado gustoso el apoyo de todos, no ha
hecho ascos a ningún apoyo por muy repugnante que fuera con tal de llegar a la
Presidencia del Gobierno. Como es normal no se sabe exactamente a cambio de
qué, excepto en el caso del PNV, aunque en otros casos podemos intuirlo. Pero
ahora viene lo más difícil: gobernar con 84 diputados socialistas, cumplir los
acuerdos a los que haya podido llegar y “torear” en un senado con mayoría
absoluta del PP. Y ahí es por donde va a tener que empezar. Sánchez ha
prometido al PNV gobernar con los presupuestos del PP, vetados por él mismo y
el PSOE hace siete días, aprobados la semana pasada en el Congreso y que aún
han de ser aprobados en el Senado donde cinco de los partidos que le han
apoyado en la moción de censura, Podemos, PDeCAT, EH Bildu, ERC y Compromís,
han registrado este mismo viernes sus vetos al proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2018.
Santiago de Munck Loyola
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lunes, 14 de mayo de 2018
UN IMBÉCIL SUPREMACISTA AL FRENTE DE LA GENERALIDAD CATALANA.
El nuevo Presidente de la
Generalidad de Cataluña y vicario de Puigdemont Joaquín Torra es el autor del deleznable
siguiente texto:
“En Espanya (…) mestizaje que se reconoce por unos caracteres
morfológicos externos (cabellos más oscuros y rizados y color de la piel más
oscuro y que es debido a mayor poder pigmentario y no al sol), además el ángulo
anterior mandibular es inferior al del catalán.
Se puede considerar al espanyol como un elemento de la raza blanca en franca
evolución hacia el componente racial africano-semítico (árabe). El coeficiente
de inteligencia de un espanyol y un catalán según las estadísticas publicadas
por el Ministerio de Educación y Ciencia espanyol da una clara ventaja a los
catalanes.
La progresiva degradación racial
espanyola puede contagiarse a los catalanes debido a la fuerte inmigración,
los frutos se pueden ver si observamos la diferencia caracteriológica entre el
hombre del campo, no contaminado por el linaje espanyol, y el de las ciudades.
El carácter trabajador y europeo
del catalán es un factor anímico bien contrario al gandul y pro-africano
espanyol.
Por todo esto tenemos que considerar que la configuración racial catalana es más puramente blanca que la
espanyola y por tanto el catalán es superior al espanyol en el aspecto racial“.
Traducido del original en catalán
y archivado en la UAB 1982.
¿Parece increíble, verdad? Pues
es cierto. Alguien que es capaz de escribir semejante basura es un auténtico
miserable además de un majadero, por “molt honorable” que sea. Estas lindezas y
muchas otras a través de tuits son las que este impresentable dedica a los
españoles. Pero, cuidado, esto es mucho más serio de lo que a primera vista
pudiera parecer.
El nuevo Presidente de la
Generalidad de Cataluña es un racista de primer orden. Su pensamiento político
y ético, si es que se le puede calificar de tal, entronca perfectamente con los
nacionalcatalanistas de finales del S. XIX, Valentín Almirall, Gener y Babot o
Joaquín Lluhí i Rissech y con los nazis Alfred Rosenberg o Adolf Hitler.
Todos parten de un falseamiento
constante de la historia, del pasado, de las leyendas construyendo un relato
que les permita establecer la existencia de una raza superior, la catalana en
el caso de los primeros, la raza aria en el caso de los segundos. Estas
supuestas razas superiores han sido, según esta gente, las promotoras y
generadoras de diferentes culturas desde la egipcia hasta la griega. Y tanto
los racistas catalanes, como el propio Joaquín Torra, como los racistas arios,
los nazis, alertan del peligro que supone para la supervivencia de su raza
superior la contaminación que se produce con las mezclas raciales que, según
ellos, conlleva un inevitable resultado degenerador. Racistas catalanes y
racistas nazis comparten además la necesidad de la existencia de un “espacio
vital” para la prosperidad de sus razas, la necesidad de un espacio vital que
inevitablemente otorga por el hecho de servir a una raza superior al derecho a
anexionarse los territorios limítrofes que ellos consideren imprescindibles
para preservar su superioridad racial.
El Lebensraum del Tercer Reich traducido
según Adolf Hitler en el derecho moral de
los alemanes de adquirir territorios ajenos gracias a los cuales se espera
atender al crecimiento de la población.
Y, en el caso del Sr. Torra y sus
correligionarios el derecho de los catalanes a constituir los “Països Catalans”
anexionándose los territorios vecinos.
Es evidente que el paralelismo
entre los nazis y los separatistas catalanes es indudable. Nada puede ser más
vil y abyecto que creer en la superioridad de unos seres humanos sobre otros en
función del color de la piel o de unas supuestas ventajas genéticas. La
experiencia histórica es muy aleccionadora: quienes se creen superiores en
virtud de su raza, se creen con el derecho moral a adoptar cualquier decisión
que sirva a la preservación de la misma incluyendo la eliminación física de quienes
puedan ponerla en peligro.
¿Puede alguien hoy imaginarse que
en Alemania fuera legal que un sujeto con las ideas de Joaquín Torra pudiera
presentarse a unas elecciones, que fuera elegido y que pudiera alcanzar la
Presidencia de un Estado federal? Creo que no.
¡Ojo! El peligro está ahí. Los
supremacistas nazis o catalanes son iguales. Que nadie se engañe. Un
supremacista sólo ansía la supervivencia de su raza sobre las demás y no
vacilará en usar cualquier medio para conseguirlo.
Santiago de Munck Loyola
lunes, 7 de mayo de 2018
Ni un paso más atrás.
Si hay un bien de incalculable
valor que poseemos los ciudadanos españoles, ése es precisamente el idioma
español. Es la segunda lengua del mundo por el número de personas que la hablan
como lengua materna tras el chino mandarín, la hablan 572 millones de personas y
puede ser considerada la tercera lengua del mundo por el total de hablantes
tras el chino y el inglés. El español es la tercera lengua más usada en la
comunicación internacional después del inglés y del francés, siendo la tercera lengua
más utilizada para la producción de información en los medios de comunicación
y también la tercera lengua con más usuarios de Internet, tras el chino y el
inglés.
Sin embargo, en España no sólo no cuidamos debidamente este tesoro
especialmente maltratado en muchos medios de comunicación, sino que además en
muchas Comunidades Autónomas determinados políticos han convertido al español
en una pieza de caza a abatir.
A lo largo de las últimas
décadas, los independentistas, los enemigos de la nación española, han ido
construyendo un relato falso de la historia y presentan día a día una visión
igualmente distorsionada del presente para inculcar en el imaginario colectivo la
singularidad comunitaria, el victimismo y, consecuentemente, la necesidad de la
independencia. Han sido décadas en las que, de una parte, el control de la
educación, cedido por el Estado, ha sido determinante para moldear a las nuevas
generaciones y, de otra, el control de los medios de comunicación regados con
ingentes recursos públicos ha servido para difundir un mensaje permanente al
servicio de su causa.
Y en este contexto el uso del
idioma ha sido clave para construir un relato sectario y una nueva realidad
acomodada a los objetivos políticos separatistas. La progresión en la
existencia de unos más que discutibles conflictos lingüísticos ha sido
perfectamente diseñada siguiendo una lógica y progresiva estrategia de
reivindicación, confrontación y, finalmente, de exclusión del español como
lengua común de todos los ciudadanos. Mientras
que el uso de los idiomas como instrumento de confrontación ha sido perfectamente
instrumentalizado por los separatistas, las demás fuerzas políticas y la
mayoría de la población han ido cediendo posiciones en aras de una malentendida
corrección política e incluso de supuesto progresismo. Lo que ocurre en España
en torno al español es inconcebible en ninguno de los países de nuestro
entorno. Nadie en su sano juicio admitiría que en Francia, en Italia, en
Portugal o en Alemania no se pueda estudiar en la lengua materna, que el
estado, a través de las autonomías, imponga en los estudios el uso vehicular un
idioma regional. Si le cuentas a un británico que hay territorios españoles en
los que un médico no puede pertenecer a la sanidad pública si no habla catalán
no saldrá de su asombro. Paso a paso, territorio a territorio, los separatistas
avanzan. Primero Cataluña, Galicia, País Vasco, Navarra, luego las Baleares y
ahora le toca a la Comunidad Valenciana.
Por todo ello, hoy más que nunca
es necesario proteger el español y es necesario hacerlo no sólo frente a los
separatistas que pretenden arrinconarlo, sino también frente a quienes por
dejadez o por sumisión se pliegan a los dictados de los primeros. Y esa defensa
pasa no sólo por exigir el derecho a elegirlo como lengua vehicular en
cualquier parte de España o por impugnar las imposiciones legales que priman
las lenguas regionales en el acceso a la función pública, sino también por
combatir hasta los más pequeños detalles como puede ser la rotulación de las
vías públicas e, incluso, el correcto uso del español por parte de los medios
de comunicación. Nos hemos llegado a acostumbrar a que en el uso del español se
incluyan palabras en catalán o valenciano no sólo en lo referente a los
topónimos, sino también en la denominación de las instituciones. Los políticos
podrán legislar que el nombre oficial de Guipúzcoa es ahora Gipuzkoa o el de
Lérida Lleida, pero cuando uno se expresa en español seguirán siendo Guipúzcoa
y Lérida. Del mismo modo, el Síndic de Greuges es el Síndico de Agravios, el
Conseller es el Consejero y la Generalitat, la Generalidad. Y no puede servir
de excusa el que las denominaciones oficiales sean en valenciano. Igual de
ridículo debería ser que un periódico titule que la “Queen Isabel sale de
London” a que titule que “La Consellera de Sanidad de la Generalitat desoye al
Síndic de Greuges”. Es hora de levantar la cabeza, de abandonar complejos y de
reivindicar el valor de nuestra lengua común.
Santiago de Munck Loyola
domingo, 29 de abril de 2018
EL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA DENUNCIA ANTE EL SÍNDIC LA NEGATIVA DE LA GENERALIDAD VALENCIANA A TRAMITAR LA DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL INMATERIAL DE LA ROMERIA DE SANTA FAZ.
26-4-2018
NOTA DE PRENSA
EL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA
DENUNCIA ANTE EL SÍNDIC LA NEGATIVA DE LA GENERALIDAD VALENCIANA A TRAMITAR LA
DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL INMATERIAL DE LA ROMERIA DE SANTA FAZ.
El Presidente del Partido Alicantino Regionalista – Esperanza Ciudadana, Santiago de Munck Loyola, ha presentado una queja ante el Síndic de Greuges de la Generalidad Valenciana, que ha sido admitida a trámite, denunciando la reiterada negativa de la Generalidad Valenciana tanto en 2015 como en 2017 a tramitar la declaración de Bien de Interés Cultural inmaterial para
En abril de
2015, el partido Esperanza Ciudadana promovió la apertura de un expediente para
que esta expresión cultural alicantina que tiene un especial
arraigo y sentimiento, donde lo religioso y lo cívico calan en la
ciudadanía, fuera protegida y preservada, como es su obligación legal, por la
Generalidad Valenciana. La Generalidad Valenciana ni se molestó, incumpliendo
de forma flagrante la Ley, en responder a dicha solicitud.
En abril de
2017 se reiteró dicha solicitud con idéntico resultado poniendo una vez más en
evidencia la discriminación hacia la provincia de Alicante y la ausencia de
sensibilidad por parte del Gobierno Valenciano hacia las expresiones
culturales, cívicas y religiosas netamente alicantinas.
Hay que señalar que ya se incoó un expediente administrativo a tal fin en el año 2002 sin que el mismo llegase a buen término y que dicho expediente fue solicitado por el Pleno del Ayuntamiento de Alicante de 9 de abril de 2002 al aprobar por unanimidad solicitar a la Generalidad Valenciana la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial a la Romería de la Santa Faz a partir del informe elaborado a instancias municipales por el Cronista Oficial de la Ciudad de Alicante D. Enrique Cutillas quien hizo entrega del mismo el 6 de junio de 2001.
domingo, 15 de abril de 2018
Pocos libres de pecado.
El presunto Master de Cristina de
Cristina Cifuentes y el escándalo mediático perfectamente orquestado en torno
al mismo están sirviendo para destapar, aunque sea con desigual intensidad,
otros asuntos aún más escandalosos. No es santo de mi devoción Cristina
Cifuentes y si ha mentido en torno a las condiciones en que obtuvo el master de
marras debe dimitir porque el político no solo ha de contar con la legitimidad
de origen que otorgan las urnas, sino también con la legitimidad de ejercicio
que se mantiene, entre otras cosas, con el valor de su palabra, el principal
referente ético en la política democrática. Pero dicho esto, es evidente que el
tratamiento mediático aplicado a Cristina Cifuentes y las repercusiones
políticas partidistas son absolutamente desproporcionadas si se comparan con
las que se aplican en los casos de muchos otros políticos.
Durante los últimos días se ha
desatado un auténtico frenesí para cambiar el curriculum vitae de muchos
políticos españoles y se han vuelto a destapar numerosos casos que ya fueron
noticia, sin consecuencias, en el pasado. Es una epidemia que afecta a buena
parte de la casta política. Padecemos una clase política bastante mediocre,
unos dirigentes políticos acomplejados, incapaces de presentarse ante la
sociedad tal cual son, con las virtudes, méritos o defectos que les adornan o
ensombrecen.
Son depredadores, parásitos del presupuesto público que para
acceder el mismo necesitan mimetizarse con el entorno, disfrazarse con títulos
o méritos inexistentes que les faciliten el acceso a la casta y, en
consecuencia, al botín. Se empieza mintiendo con la titulación, diciendo que
eres por ejemplo ingeniero industrial y se termina por robar la hucha de los
huérfanos de la Guardia Civil.
Políticos de todos los colores han vestido su
desnudez curricular con falsos méritos: Carlos Puigdemont, Pilar Rahola, Ada Colau,
Joana Ortega, Guerrero, Oriol Junqueras, Leyre Pajín, Gregorio Rojo, Celestino
Corbacho, José Montilla, Elena Valenciano, Paxti López, Trinidad Jiménez,
Bernat Soria, Pepe Blanco, José Luis Corcuera, Javier Rojo, José Manuel Franco
(y éste encima firma la moción de censura contra Cifuentes), Toni Cantó, Juan
Merlo de Podemos, Javier Viondi de IU, Arsenio Fernández de Mesa, Tomás Burgos,
Juan Manuel Moreno, Joaquín Ramírez, ex presidente del PP de Málaga, Gema Igual,
alcaldesa de Santander y así una interminable lista.
Parece que en unas
estructuras partidistas como las que padecemos la capacidad y el mérito solo se
miden por la apariencia, por la “titulitis” y no por una acreditada trayectoria
de trabajo, de dedicación, de despliegue vital de principios éticos y
políticos. Las cúpulas de la casta olvidan que los conocimientos no se
acreditan sólo por titulaciones específicas y que la experiencia vital no se
puede sustituir por la capacidad genuflexa de los individuos.
El caso Cifuentes ha puesto de
manifiesto no sólo la proclividad de una gran parte de los dirigentes políticos
de nuestro país a mentir sin rubor alguno dado que les sale gratis, no solo la
doble vara de medir, la hipocresía, el sectarismo y la manipulación de muchos
medios de comunicación dispuestos a linchar solo y exclusivamente a quienes no
se sitúan en su órbita ideológica, sino también de los partidos políticos
dispuestos a mociones de censura como en este caso mientras sostienen a
gobiernos y partidos responsables de tramas corruptas como las desarrolladas en
Andalucía donde se ha llevado a cabo el
mayor caso de latrocinio de dinero público.
Por último y no menos importante,
el caso Cifuentes ha destapado un auténtico chiringuito universitario, y no es
el único existente, en una universidad pública. No es de extrañar que ninguna
universidad española se encuentre entre las 200 mejores del mundo. Padecemos un
sistema público universitario en el que al amparo de una supuesta autonomía
universitaria y de una consentida promoción endogámica han florecido toda clase
de cutres negocios, tráficos de influencias y politiqueos partidistas,
relegando a un segundo plano la excelencia, el saber y la investigación en
claro perjuicio de los alumnos.
Cifuentes debería dimitir si se
confirma que ha mentido a los ciudadanos sobre cómo obtuvo su master, pero con
ella deberían dimitir todos los políticos que han igualmente mentido en el
curriculum vitae. Son inadmisibles esas falsedades, sobre todo, porque ponen de
manifiesto que todo les vale con tal de tener acceso al dinero público.
Santiago de Munck Loyola
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