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viernes, 1 de junio de 2018

De Guatemala a Guatepeor.



Termina una semana de vértigo político. En tan sólo siete días hemos pasado del aplauso de los populares festejando la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado con la ayuda de Ciudadanos y el PNV, al aplauso de despedida de los mismos diputados a su jefe, al Presidente Rajoy que deja de serlo al triunfar la moción de censura presentada por el exdiputado socialista Pedro Sánchez. Mañana, sábado 2 de junio, a las 11 horas Pedro Sánchez tomará posesión en la Zarzuela ante el Jefe del Estado.

Se cierra una semana de vértigo político que se inició al hacerse pública la Sentencia de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional. Esta sentencia considera acreditado que entre 1999 y 2005 entre las empresas de Correa y el Partido Popular de Majadahonda y de Pozuelo de Alarcón se tejió “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido”. El tribunal ve probado que el PP se benefició, sin ser consciente de su procedencia delictiva, de 111.186 euros para la campaña de las municipales de 2003 en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y de 133.628 euros en la campaña de Majadahonda. Y esta sentencia que prueba hechos delictivos por un importe total de 244.814 euros cometidos antes de ser Mariano Rajoy Presidente del PP es la que ha conseguido unir a la mayoría de la oposición para echar a Rajoy y desalojar al PP del gobierno de España. Es evidente que se trata de fantasmas del pasado que han aparecido ahora y han terminado por tumbar a Mariano Rajoy. Es muy posible que Rajoy esté pagando los platos rotos por otros, pero suya es la culpa por no haber actuado con contundencia contra la corrupción, por haber mirado a veces hacia otro lado y, sobre todo, por no haber puesto en marcha los mecanismos necesarios para regenerar al Partido Popular y para democratizarlo de abajo a arriba. Y lo peor para el PP está por venir. De aquí a las próximas elecciones municipales y autonómicas van a seguir apareciendo más fantasmas del pasado a través de diferentes sentencias.

Al votante de centro derecha no puede servirle de consuelo o justificación que los socialistas estén peor en materia de corrupción con treinta procedimientos judiciales abiertos, con 4.000 millones de euros bajo sospecha y con casi 600 imputados. La política informativa desarrollada por el PP durante años ha conseguido una mayoría de medios de comunicación para los que un estornudo de un “pepero” se convierte en una pandemia de ébola, mientras que una epidemia de ébola entre los “sociatas” son simples casos de alergias individuales y, por tanto, no son noticia.

Ahora se abre una nueva etapa que además está lastrada por los apoyos que ha recibido Sánchez para ganar la moción de censura: los populistas y comunistas de Unidos Podemos, los separatistas y golpistas de ERC, los golpistas y racistas del PDeCat, los nacionalistas del PNV, los pancatalanistas de Compromís y el brazo político de los terroristas de ETA. Sánchez ha aceptado gustoso el apoyo de todos, no ha hecho ascos a ningún apoyo por muy repugnante que fuera con tal de llegar a la Presidencia del Gobierno. Como es normal no se sabe exactamente a cambio de qué, excepto en el caso del PNV, aunque en otros casos podemos intuirlo. Pero ahora viene lo más difícil: gobernar con 84 diputados socialistas, cumplir los acuerdos a los que haya podido llegar y “torear” en un senado con mayoría absoluta del PP. Y ahí es por donde va a tener que empezar. Sánchez ha prometido al PNV gobernar con los presupuestos del PP, vetados por él mismo y el PSOE hace siete días, aprobados la semana pasada en el Congreso y que aún han de ser aprobados en el Senado donde cinco de los partidos que le han apoyado en la moción de censura, Podemos, PDeCAT, EH Bildu, ERC y Compromís, han registrado este mismo viernes sus vetos al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Sánchez ha logrado la Presidencia del Gobierno de España sin haber ganado unas elecciones generales, habiendo cosechado los peores resultados del PSOE desde la restauración de la democracia en España, sin presentar a las Cortes un programa de gobierno alternativo y sin haber construido una nueva mayoría parlamentaria de gobierno. En estas circunstancias y en una lógica democrática sólo tiene una salida política decente: dar la palabra al pueblo español para que decida. Unas elecciones generales anticipadas son imperativas para cualquier demócrata.

Santiago de Munck Loyola


lunes, 14 de mayo de 2018

UN IMBÉCIL SUPREMACISTA AL FRENTE DE LA GENERALIDAD CATALANA.



El nuevo Presidente de la Generalidad de Cataluña y vicario de Puigdemont  Joaquín Torra es el autor del deleznable siguiente texto:

“En Espanya (…) mestizaje que se reconoce por unos caracteres morfológicos externos (cabellos más oscuros y rizados y color de la piel más oscuro y que es debido a mayor poder pigmentario y no al sol), además el ángulo anterior mandibular es inferior al del catalán.
Se puede considerar al espanyol  como un elemento de la raza blanca en franca evolución hacia el componente racial africano-semítico (árabe). El coeficiente de inteligencia de un espanyol y un catalán según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Educación y Ciencia espanyol da una clara ventaja a los catalanes.
La progresiva degradación racial espanyola puede contagiarse a los catalanes debido a la fuerte inmigración, los frutos se pueden ver si observamos la diferencia caracteriológica entre el hombre del campo, no contaminado por el linaje espanyol, y el de las ciudades.
El carácter trabajador y europeo del catalán es un factor anímico bien contrario al gandul y pro-africano espanyol.
Por todo esto tenemos que considerar que la configuración racial catalana es más puramente blanca que la espanyola y por tanto el catalán es superior al espanyol en el aspecto racial“.
Traducido del original en catalán y archivado en la UAB 1982.

¿Parece increíble, verdad? Pues es cierto. Alguien que es capaz de escribir semejante basura es un auténtico miserable además de un majadero, por “molt honorable” que sea. Estas lindezas y muchas otras a través de tuits son las que este impresentable dedica a los españoles. Pero, cuidado, esto es mucho más serio de lo que a primera vista pudiera parecer.

El nuevo Presidente de la Generalidad de Cataluña es un racista de primer orden. Su pensamiento político y ético, si es que se le puede calificar de tal, entronca perfectamente con los nacionalcatalanistas de finales del S. XIX, Valentín Almirall, Gener y Babot o Joaquín Lluhí i Rissech y con los nazis Alfred Rosenberg o Adolf Hitler.

Todos parten de un falseamiento constante de la historia, del pasado, de las leyendas construyendo un relato que les permita establecer la existencia de una raza superior, la catalana en el caso de los primeros, la raza aria en el caso de los segundos. Estas supuestas razas superiores han sido, según esta gente, las promotoras y generadoras de diferentes culturas desde la egipcia hasta la griega. Y tanto los racistas catalanes, como el propio Joaquín Torra, como los racistas arios, los nazis, alertan del peligro que supone para la supervivencia de su raza superior la contaminación que se produce con las mezclas raciales que, según ellos, conlleva un inevitable resultado degenerador. Racistas catalanes y racistas nazis comparten además la necesidad de la existencia de un “espacio vital” para la prosperidad de sus razas, la necesidad de un espacio vital que inevitablemente otorga por el hecho de servir a una raza superior al derecho a anexionarse los territorios limítrofes que ellos consideren imprescindibles para preservar su superioridad racial. 

El Lebensraum del Tercer Reich traducido según Adolf Hitler  en el derecho moral de los alemanes de adquirir territorios ajenos gracias a los cuales se espera atender al crecimiento de la población. 

Y, en el caso del Sr. Torra y sus correligionarios el derecho de los catalanes a constituir los “Països Catalans” anexionándose los territorios vecinos.

Es evidente que el paralelismo entre los nazis y los separatistas catalanes es indudable. Nada puede ser más vil y abyecto que creer en la superioridad de unos seres humanos sobre otros en función del color de la piel o de unas supuestas ventajas genéticas. La experiencia histórica es muy aleccionadora: quienes se creen superiores en virtud de su raza, se creen con el derecho moral a adoptar cualquier decisión que sirva a la preservación de la misma incluyendo la eliminación física de quienes puedan ponerla en peligro.

¿Puede alguien hoy imaginarse que en Alemania fuera legal que un sujeto con las ideas de Joaquín Torra pudiera presentarse a unas elecciones, que fuera elegido y que pudiera alcanzar la Presidencia de un Estado federal? Creo que no.

¡Ojo! El peligro está ahí. Los supremacistas nazis o catalanes son iguales. Que nadie se engañe. Un supremacista sólo ansía la supervivencia de su raza sobre las demás y no vacilará en usar cualquier medio para conseguirlo.

Santiago de Munck Loyola


lunes, 7 de mayo de 2018

Ni un paso más atrás.


Si hay un bien de incalculable valor que poseemos los ciudadanos españoles, ése es precisamente el idioma español. Es la segunda lengua del mundo por el número de personas que la hablan como lengua materna tras el chino mandarín, la hablan 572 millones de personas y puede ser considerada la tercera lengua del mundo por el total de hablantes tras el chino y el inglés. El español es la tercera lengua más usada en la comunicación internacional después del inglés y del francés, siendo la tercera lengua más utilizada para la producción de información en los medios de comunicación​ y también la tercera lengua con más usuarios de Internet, tras el chino y el inglés. 

Sin embargo, en España no sólo no cuidamos debidamente este tesoro especialmente maltratado en muchos medios de comunicación, sino que además en muchas Comunidades Autónomas determinados políticos han convertido al español en una pieza de caza a abatir.

A lo largo de las últimas décadas, los independentistas, los enemigos de la nación española, han ido construyendo un relato falso de la historia y presentan día a día una visión igualmente distorsionada del presente para inculcar en el imaginario colectivo la singularidad comunitaria, el victimismo y, consecuentemente, la necesidad de la independencia. Han sido décadas en las que, de una parte, el control de la educación, cedido por el Estado, ha sido determinante para moldear a las nuevas generaciones y, de otra, el control de los medios de comunicación regados con ingentes recursos públicos ha servido para difundir un mensaje permanente al servicio de su causa.

Y en este contexto el uso del idioma ha sido clave para construir un relato sectario y una nueva realidad acomodada a los objetivos políticos separatistas. La progresión en la existencia de unos más que discutibles conflictos lingüísticos ha sido perfectamente diseñada siguiendo una lógica y progresiva estrategia de reivindicación, confrontación y, finalmente, de exclusión del español como lengua común de todos los ciudadanos.  Mientras que el uso de los idiomas como instrumento de confrontación ha sido perfectamente instrumentalizado por los separatistas, las demás fuerzas políticas y la mayoría de la población han ido cediendo posiciones en aras de una malentendida corrección política e incluso de supuesto progresismo. Lo que ocurre en España en torno al español es inconcebible en ninguno de los países de nuestro entorno. Nadie en su sano juicio admitiría que en Francia, en Italia, en Portugal o en Alemania no se pueda estudiar en la lengua materna, que el estado, a través de las autonomías, imponga en los estudios el uso vehicular un idioma regional. Si le cuentas a un británico que hay territorios españoles en los que un médico no puede pertenecer a la sanidad pública si no habla catalán no saldrá de su asombro. Paso a paso, territorio a territorio, los separatistas avanzan. Primero Cataluña, Galicia, País Vasco, Navarra, luego las Baleares y ahora le toca a la Comunidad Valenciana.

Por todo ello, hoy más que nunca es necesario proteger el español y es necesario hacerlo no sólo frente a los separatistas que pretenden arrinconarlo, sino también frente a quienes por dejadez o por sumisión se pliegan a los dictados de los primeros. Y esa defensa pasa no sólo por exigir el derecho a elegirlo como lengua vehicular en cualquier parte de España o por impugnar las imposiciones legales que priman las lenguas regionales en el acceso a la función pública, sino también por combatir hasta los más pequeños detalles como puede ser la rotulación de las vías públicas e, incluso, el correcto uso del español por parte de los medios de comunicación. Nos hemos llegado a acostumbrar a que en el uso del español se incluyan palabras en catalán o valenciano no sólo en lo referente a los topónimos, sino también en la denominación de las instituciones. Los políticos podrán legislar que el nombre oficial de Guipúzcoa es ahora Gipuzkoa o el de Lérida Lleida, pero cuando uno se expresa en español seguirán siendo Guipúzcoa y Lérida. Del mismo modo, el Síndic de Greuges es el Síndico de Agravios, el Conseller es el Consejero y la Generalitat, la Generalidad. Y no puede servir de excusa el que las denominaciones oficiales sean en valenciano. Igual de ridículo debería ser que un periódico titule que la “Queen Isabel sale de London” a que titule que “La Consellera de Sanidad de la Generalitat desoye al Síndic de Greuges”. Es hora de levantar la cabeza, de abandonar complejos y de reivindicar el valor de nuestra lengua común.

Santiago de Munck Loyola


domingo, 29 de abril de 2018

EL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA DENUNCIA ANTE EL SÍNDIC LA NEGATIVA DE LA GENERALIDAD VALENCIANA A TRAMITAR LA DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL INMATERIAL DE LA ROMERIA DE SANTA FAZ.



26-4-2018
NOTA DE PRENSA

EL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA DENUNCIA ANTE EL SÍNDIC LA NEGATIVA DE LA GENERALIDAD VALENCIANA A TRAMITAR LA DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL INMATERIAL DE LA ROMERIA DE SANTA FAZ.

El Presidente del Partido Alicantino Regionalista – Esperanza Ciudadana, Santiago de Munck Loyola, ha presentado una queja ante el Síndic de Greuges de la Generalidad Valenciana, que ha sido admitida a trámite, denunciando la reiterada negativa de la Generalidad Valenciana tanto en 2015 como en 2017 a tramitar la declaración de Bien de Interés Cultural inmaterial para la Romería de la Santa Faz.

En abril de 2015, el partido Esperanza Ciudadana promovió la apertura de un expediente para que esta expresión cultural alicantina  que  tiene un especial arraigo y sentimiento,  donde lo religioso y lo cívico  calan en la ciudadanía, fuera protegida y preservada, como es su obligación legal, por la Generalidad Valenciana. La Generalidad Valenciana ni se molestó, incumpliendo de forma flagrante la Ley, en responder a dicha solicitud.

En abril de 2017 se reiteró dicha solicitud con idéntico resultado poniendo una vez más en evidencia la discriminación hacia la provincia de Alicante y la ausencia de sensibilidad por parte del Gobierno Valenciano hacia las expresiones culturales, cívicas y religiosas netamente alicantinas.

Hay que señalar que ya se incoó un expediente administrativo a tal fin en el año 2002 sin que el mismo llegase a buen término y que dicho expediente fue solicitado por el Pleno del Ayuntamiento de Alicante de 9 de abril de 2002 al aprobar por unanimidad solicitar a la Generalidad Valenciana la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial a la Romería de la Santa Faz a partir del informe elaborado a instancias municipales por el Cronista Oficial de la Ciudad de Alicante D. Enrique Cutillas quien hizo entrega del mismo el 6 de junio de 2001.

domingo, 15 de abril de 2018

Pocos libres de pecado.


El presunto Master de Cristina de Cristina Cifuentes y el escándalo mediático perfectamente orquestado en torno al mismo están sirviendo para destapar, aunque sea con desigual intensidad, otros asuntos aún más escandalosos. No es santo de mi devoción Cristina Cifuentes y si ha mentido en torno a las condiciones en que obtuvo el master de marras debe dimitir porque el político no solo ha de contar con la legitimidad de origen que otorgan las urnas, sino también con la legitimidad de ejercicio que se mantiene, entre otras cosas, con el valor de su palabra, el principal referente ético en la política democrática. Pero dicho esto, es evidente que el tratamiento mediático aplicado a Cristina Cifuentes y las repercusiones políticas partidistas son absolutamente desproporcionadas si se comparan con las que se aplican en los casos de muchos otros políticos.


Durante los últimos días se ha desatado un auténtico frenesí para cambiar el curriculum vitae de muchos políticos españoles y se han vuelto a destapar numerosos casos que ya fueron noticia, sin consecuencias, en el pasado. Es una epidemia que afecta a buena parte de la casta política. Padecemos una clase política bastante mediocre, unos dirigentes políticos acomplejados, incapaces de presentarse ante la sociedad tal cual son, con las virtudes, méritos o defectos que les adornan o ensombrecen. 

Son depredadores, parásitos del presupuesto público que para acceder el mismo necesitan mimetizarse con el entorno, disfrazarse con títulos o méritos inexistentes que les faciliten el acceso a la casta y, en consecuencia, al botín. Se empieza mintiendo con la titulación, diciendo que eres por ejemplo ingeniero industrial y se termina por robar la hucha de los huérfanos de la Guardia Civil. 

Políticos de todos los colores han vestido su desnudez curricular con falsos méritos: Carlos Puigdemont, Pilar Rahola, Ada Colau, Joana Ortega, Guerrero, Oriol Junqueras, Leyre Pajín, Gregorio Rojo, Celestino Corbacho, José Montilla, Elena Valenciano, Paxti López, Trinidad Jiménez, Bernat Soria, Pepe Blanco, José Luis Corcuera, Javier Rojo, José Manuel Franco (y éste encima firma la moción de censura contra Cifuentes), Toni Cantó, Juan Merlo de Podemos, Javier Viondi de IU, Arsenio Fernández de Mesa, Tomás Burgos, Juan Manuel Moreno, Joaquín Ramírez, ex presidente del PP de Málaga, Gema Igual, alcaldesa de Santander y así una interminable lista. 

Parece que en unas estructuras partidistas como las que padecemos la capacidad y el mérito solo se miden por la apariencia, por la “titulitis” y no por una acreditada trayectoria de trabajo, de dedicación, de despliegue vital de principios éticos y políticos. Las cúpulas de la casta olvidan que los conocimientos no se acreditan sólo por titulaciones específicas y que la experiencia vital no se puede sustituir por la capacidad genuflexa de los individuos.

El caso Cifuentes ha puesto de manifiesto no sólo la proclividad de una gran parte de los dirigentes políticos de nuestro país a mentir sin rubor alguno dado que les sale gratis, no solo la doble vara de medir, la hipocresía, el sectarismo y la manipulación de muchos medios de comunicación dispuestos a linchar solo y exclusivamente a quienes no se sitúan en su órbita ideológica, sino también de los partidos políticos dispuestos a mociones de censura como en este caso mientras sostienen a gobiernos y partidos responsables de tramas corruptas como las desarrolladas en  Andalucía donde se ha llevado a cabo el mayor caso de latrocinio de dinero público.

Por último y no menos importante, el caso Cifuentes ha destapado un auténtico chiringuito universitario, y no es el único existente, en una universidad pública. No es de extrañar que ninguna universidad española se encuentre entre las 200 mejores del mundo. Padecemos un sistema público universitario en el que al amparo de una supuesta autonomía universitaria y de una consentida promoción endogámica han florecido toda clase de cutres negocios, tráficos de influencias y politiqueos partidistas, relegando a un segundo plano la excelencia, el saber y la investigación en claro perjuicio de los alumnos.

Cifuentes debería dimitir si se confirma que ha mentido a los ciudadanos sobre cómo obtuvo su master, pero con ella deberían dimitir todos los políticos que han igualmente mentido en el curriculum vitae. Son inadmisibles esas falsedades, sobre todo, porque ponen de manifiesto que todo les vale con tal de tener acceso al dinero público.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 1 de marzo de 2018

La Constitución, el independentismo y Alicante (tercera parte).




Hay que repetirlo porque se trata de un hecho incontestable que, sin embargo, no es percibido por mucha gente: el balance de la pertenencia de la Provincia de Alicante a la Comunidad Valenciana es negativo. Las cifras no engañan. Hoy la provincia de Alicante es más pobre respecto a la Provincia de Valencia que hace 36 años por lo que sin ningún género de dudas se puede afirmar que la Generalidad Valenciana es, como administración pública, un fracaso. Y mientras los ciudadanos de Alicante no tengamos conciencia de ello seguiremos condenados a padecer una administración regional centralista y discriminatoria.

Pero es que, además, a esta sumisión de Alicante a los intereses socioeconómicos de la Generalidad hay que añadir ahora una peculiar situación política que está poniendo en riesgo la propia identidad libre y plural de la sociedad alicantina. La Generalidad Valenciana está presidida por un socialista, el Sr. Puig, que carece de un proyecto político propio y gobierna de la mano de otros grupos de izquierdas cuyas señas de identidad son pancatalanistas. Es el eterno problema del PSOE allí donde no alcanza la mayoría suficiente para gobernar, que se vende a cualquier grupo político por muy antiespañol que sea.

La Generalidad Valenciana, con el Pacto del Botánico, está desarrollando políticas impregnadas de pancatalanismo, contrarias a la identidad propia valenciana y más aún alicantina y de carácter excluyente. No hay más que repasar las hemerotecas para comprobar el origen ideológico de muchos altos cargos del Gobierno de la Generalidad que consideran a la Comunidad Valenciana como parte integrante de los imaginarios países catalanes y a la Provincia de Alicante como las playas del sur de Cataluña. Paso a paso, la Generalidad Valenciana está sembrando las semillas del odio hacia lo español, desde la lengua, pasando por las tradiciones hasta los símbolos, en un calco perfecto del proceso que se inició hace décadas en Cataluña y cuyas funestas consecuencias estamos viviendo estos meses. La nueva televisión autonómica ya está en manos de filoindependentistas catalanes, y la inmersión lingüística ya está en marcha para barrer la lengua materna de la mayoría de los alicantinos, el español. Todo está ya inventado. Usan la lengua y la educación como elementos de segregación y de neutralización ideológica, no es nada nuevo.

Ante todo ello, la discriminación económica permanente de nuestra provincia que se plasma en una deuda histórica de la Generalidad de más de 1200 millones de euros, la progresiva catalanización de las instituciones autonómicas y los permanentes y progresivos ataques a la escasa autonomía de la Diputación Provincial junto con una evidente voluntad de diluir las señas de identidad propias de nuestra Provincia es necesario ofrecer una respuesta, una solución para frenar este proceso. ¿Realmente queremos que dentro de unos años ningún alicantino pueda optar a un empleo público si no sabe el catalán? ¿Estamos dispuestos a que dentro de unos años los sanitarios tengan que marcharse por no saber catalán como está ocurriendo ahora mismo en las Baleares? ¿Queremos que se impida a los padres elegir el idioma en el que quieren que estudien sus hijos? ¿Nos resignamos sin más a que desde Valencia se señale cuándo deben abrir o no los centros comerciales de nuestra Provincia? ¿Nos conformamos con que se siga invirtiendo más en Valencia y Castellón que en Alicante? La respuesta es clara. Si no estamos dispuestos a todo ello, si creemos en la singularidad de Alicante, en sus propias señas de identidad, en su historia singular, en su pluralidad social, en su capacidad de gestión y en su absoluta lealtad e identificación con España es imprescindible reivindicar sus derechos y, llegado el caso, su autonomía en el marco de la Constitución.

Y no, no se trata de crear un nuevo monstruo autonómico. Se trata de transformar a la Diputación Provincial en gobierno autonómico, democratizándola, dotándola de aquellas competencias autonómicas que sirvan de verdad al progreso de nuestra tierra y devolviendo al Estado competencias cuya gestión quiebran la igualdad entre los españoles, como la sanidad, la educación o la justicia. Dos serían las consecuencias prácticas inmediatas: que los alicantinos tendríamos que sostener una administración menos y que el poder de decisión en muchos ámbitos se quedaría en Alicante.

Es un reto muy difícil, quizás un ideal de difícil consecución, pero el simple crecimiento y expansión de esta propuesta y su materialización en poder político servirá, sin duda, de acicate para que la voz de Alicante sea tenida en cuenta y para que sus justas reivindicaciones no sigan cayendo en saco roto. Si no nos respetan que al menos nos teman.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 15 de febrero de 2018

La reforma de la Ley electoral.

El pasado jueves 9 de febrero dirigentes de Ciudadanos y Podemos se reunieron con el fin de llegar a acuerdos sobre la reforma de la Ley Electoral. Ciudadanos plantea propuestas como la doble vuelta, las listas abiertas o el fin del voto rogado, que no exigen una reforma constitucional y a estas ideas Podemos añade sustituir la actual ley D'Hont de reparto de escaños por la fórmula Saint-Lagüe que se aplica, por ejemplo, en Alemania lo que, según ellos, garantizaría una mayor proporcionalidad en la representación parlamentaria porque dicen “garantiza el principio de una persona, un voto”.

Hay que empezar por señalar que el principio “una persona, un voto” ya está plenamente garantizado en nuestro sistema democrático y que, en todo caso, lo que habría que garantizar es que ese voto tuviese igual valor con independencia del territorio donde se emita. O dicho de otra forma que el objetivo consiste en que cada diputado electo represente al mismo número de votantes independientemente de la circunscripción por la que haya resultado elegido.

¿Qué señala al respecto nuestra Constitución? Por una parte la Constitución establece la aplicación del sistema proporcional para la asignación de escaños en el Congreso y el mayoritario en el Senado. El sistema electoral (proporcional o mayoritario) es el conjunto de reglas que traduce el número de votos en escaños. Cuando se opta por el sistema mayoritario el objetivo es disminuir la fragmentación parlamentaria y la búsqueda de bloques estables que garanticen la gobernabilidad. Cuando se opta por el sistema proporcional el objetivo principal es que la cámara refleje lo más fielmente posible la fragmentación o la pluralidad electoral. Dentro de los sistemas proporcionales o distributivos hay distintas variantes: la variante Hare-Niemeyer, la variante Hare-Andrae, la variante d’Hont, la Variante Sainte-Laguë, la variante Imperiali, etc. La Constitución no impone una variante proporcional concreta. Lo hace la Ley Electoral. El Artículo 68 de la Constitución señala que  El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.  La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional”.

Por su parte, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en su Artículo 162, determina que “1. El Congreso está formado por trescientos cincuenta Diputados. 2. A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados. Las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas cada una de ellas por un Diputado. 3. Los doscientos cuarenta y ocho Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población, conforme al siguiente procedimiento:
a) Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por doscientos cuarenta y ocho la cifra total de la población de derecho de las provincias peninsulares e insulares
b) Se adjudican a cada provincia tantos Diputados como resulten, en números enteros, de dividir la población de derecho provincial por la cuota de reparto.
c) Los Diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las provincias cuyo cociente, obtenido conforme al apartado anterior, tenga una fracción decimal mayor.”

En las propuestas de reforma electoral de los distintos partidos lo que subyace no es cómo se distribuye mejor el número de escaños en las Provincias de forma más justa, sino qué variante del sistema proporcional se elige en lugar del actual que les atribuya más escaños. Porque en realidad el primer problema que afecta a la representatividad de nuestro sistema es el número de escaños asignado a cada circunscripción, a cada distrito electoral, a cada Provincia. Al desarrollar la previsión constitucional que dispone que la ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción, la LOREG cumple asignando en su Artículo 162 a  cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados. Esta asignación inicial, que por imperativo constitucional no tiene en cuenta la población, es el punto de arranque de la desigualdad electoral: a más diputados iniciales por provincia peor representatividad. Por tanto, el punto de partida habría de ser rebajar de dos a un Diputado la representación mínima inicial, pasando de los actuales 248 escaños a distribuir con criterios poblacionales a 300 escaños.

Estos 300 escaños divididos entre 46.572.000 habitantes suponen un diputado por cada 155.240 personas.


Nombre
Población
Porcentaje
Nº Diputados
(2 mínimo por
Provincia) LOREG
PROPUESTA
(1 mínimo por Provincia).
1
Madrid 
 6 507 184
13,97 %
36
1+42=43
2
Barcelona
5 576 037
11,97
31
1+36=37
3
Valencia
2 540 707
5,46 %
16
1+16=17
4
Sevilla  
1 939 527
4,16 %
12
1+12=13
5
Alicante
1 825 332
3,92 %
12
1+12=13
6
Málaga
1 630 615
3,50 %
10
1+10=11
7
Murcia 
1 470 273
3,16 %
10
1+9=10
8
Cádiz    
1 239 435
2,66 %
8
1+8=9
9
Vizcaya
1 148 302
2,47 %
8
1+7=8
10
La Coruña
1 120 294
2,41 %
8
1+7=8
11
Baleares
1 115 999
2,40 %
8
1+7=8
12
Las Palmas
1 100 480
2,36 %
8
1+7=8
13
Asturias
1 034 960
2,22 %
8
1+7=8
14
S. Cruz de T. 
1 007 641
2,16 %
7
1+6=7
15
Zaragoza
953 486
2,05 %
7
1+6=7
16
Pontevedra
942 731
2,02 %
7
1+6=7
17
Granada
912 938
1,96 %
7
1+6=7
18
Tarragona
791 693
1,70 %
6
1+5=6
19
Córdoba
788 219
1,69 %
6
1+5=6
20
Gerona
755 716
1,62 %
6
1+5=6
21
Guipúzcoa
719 282
1,54 %
6
1+5=6
22
Almería
        706 672
1,52 %
6
1+5=6
23
Toledo 
686 841
1,47 %
6
1+4=5
24
Badajoz
         679 884
1,46 %
6
1+4=5
25
Jaén      
643 484
1,38 %
6
1+4=5
26
Navarra
643 234
1,38 %
5
1+4=5
27
Cantabria
580 295
1,25 %
5
1+4=5
28
Castellón
575 470
1,24 %
5
1+4=5
29
Valladolid
521 130
1,12 %
5
1+3=4
30
Huelva 
518 930
1,11 %
5
1+3=4
31
Ciudad Real
502 578
1,08 %
5
1+3=4
32
León     
468 316
1,01 %
5
1+3=4
33
Lérida   
432 384
0,93 %
4
1+3=4
34
Cáceres
         400 036
0,86 %
4
1+3=4
35
Albacete
390 032
0,84 %
4
1+3=4
36
Burgos 
358 171
0,77 %
4
1+2=3
37
Lugo     
333 634
0,72 %
4
1+2=3
38
Salamanca
333 603
0,72 %
4
1+2=3
39
Álava    
326 574
0,70 %
4
1+2=3
40
La Rioja
315 381
0,68 %
4
1+2=3
41
Orense 
311 680
0,67 %
4
1+2=3
42
Guadalajara
253 310
0,54 %
3
1+2=3
43
Huesca 
219 702
0,47 %
3
1+1=2
44
Cuenca
         198 718
0,43 %
3
1+1=2
45
Zamora
177 404
0,38 %
3
1+1=2
46
Palencia
163 390
0,35 %
3
1+1=2
47
Ávila     
160 700
0,35 %
3
1+1=2
48
Segovia
154 184
0,33 %
3
1+1=2
49
Teruel  
135 562
0,29 %
3
1+1=2
50
Soria     
   88 903
0,19 %
3
1+1=2
51
Melilla  
   86 120
0,18 %
1
1+1=2
52
Ceuta   
   84 959
0,18 %
1
1+1=2

Total
46 572 132
100 %
350
350

Con esta pequeña modificación de la LOREG mejoraría notablemente la representatividad de cada Diputado y disminuirían sensiblemente las actuales diferencias. Con la Ley actual en Madrid hay un Diputado por cada 180.755 habitantes, en Toledo por cada 114.634, en Orense por cada 77.920 y en Soria por cada 29.634 habitantes. Modificando la LOREG disponiendo que la asignación mínima provincial pase de dos diputados a uno, el resultado sería un Diputado en Madrid por cada 151.329 habitantes, en Toledo por cada 137.368, en Orense por cada 103.893 y en Soria por cada 44.451. Las diferencias siguen siendo notables, pero sin tocar la constitución, se reducirían y en la mayor parte de las Provincias la distribución sería mucho más justa.

La mejora de la representatividad de los ciudadanos debería ser el objetivo prioritario de los partidos y no, como han demostrado, la mejora de la representatividad de sus propias formaciones políticas. Y, una vez hecho esto, que se pongan de acuerdo para poner el acento en la proporcionalidad en la traducción del voto en escaños o en la gobernabilidad eligiendo al efecto la variante proporcional oportuna.

Santiago de Munck Loyola