EL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA DENUNCIA ANTE EL SÍNDIC LA NEGATIVA DE LA GENERALIDAD VALENCIANA A TRAMITAR LA DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL INMATERIAL DE LA ROMERIA DE SANTA FAZ.

26-4-2018

NOTA DE PRENSA

EL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA DENUNCIA ANTE EL SÍNDIC LA NEGATIVA DE LA GENERALIDAD VALENCIANA A TRAMITAR LA DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL INMATERIAL DE LA ROMERIA DE SANTA FAZ.

El Presidente del Partido Alicantino Regionalista – Esperanza Ciudadana, Santiago de Munck Loyola, ha presentado una queja ante el Síndic de Greuges de la Generalidad Valenciana, que ha sido admitida a trámite, denunciando la reiterada negativa de la Generalidad Valenciana tanto en 2015 como en 2017 a tramitar la declaración de Bien de Interés Cultural inmaterial para la Romería de la Santa Faz.

En abril de 2015, el partido Esperanza Ciudadana promovió la apertura de un expediente para que esta expresión cultural alicantina  que  tiene un especial arraigo y sentimiento,  donde lo religioso y lo cívico  calan en la ciudadanía, fuera protegida y preservada, como es su obligación legal, por la Generalidad Valenciana. La Generalidad Valenciana ni se molestó, incumpliendo de forma flagrante la Ley, en responder a dicha solicitud.

En abril de 2017 se reiteró dicha solicitud con idéntico resultado poniendo una vez más en evidencia la discriminación hacia la provincia de Alicante y la ausencia de sensibilidad por parte del Gobierno Valenciano hacia las expresiones culturales, cívicas y religiosas netamente alicantinas.

Hay que señalar que ya se incoó un expediente administrativo a tal fin en el año 2002 sin que el mismo llegase a buen término y que dicho expediente fue solicitado por el Pleno del Ayuntamiento de Alicante de 9 de abril de 2002 al aprobar por unanimidad solicitar a la Generalidad Valenciana la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial a la Romería de la Santa Faz a partir del informe elaborado a instancias municipales por el Cronista Oficial de la Ciudad de Alicante D. Enrique Cutillas quien hizo entrega del mismo el 6 de junio de 2001.

Pocos libres de pecado.

El presunto Master de Cristina de Cristina Cifuentes y el escándalo mediático perfectamente orquestado en torno al mismo están sirviendo para destapar, aunque sea con desigual intensidad, otros asuntos aún más escandalosos. No es santo de mi devoción Cristina Cifuentes y si ha mentido en torno a las condiciones en que obtuvo el master de marras debe dimitir porque el político no solo ha de contar con la legitimidad de origen que otorgan las urnas, sino también con la legitimidad de ejercicio que se mantiene, entre otras cosas, con el valor de su palabra, el principal referente ético en la política democrática. Pero dicho esto, es evidente que el tratamiento mediático aplicado a Cristina Cifuentes y las repercusiones políticas partidistas son absolutamente desproporcionadas si se comparan con las que se aplican en los casos de muchos otros políticos.

Durante los últimos días se ha desatado un auténtico frenesí para cambiar el curriculum vitae de muchos políticos españoles y se han vuelto a destapar numerosos casos que ya fueron noticia, sin consecuencias, en el pasado. Es una epidemia que afecta a buena parte de la casta política. Padecemos una clase política bastante mediocre, unos dirigentes políticos acomplejados, incapaces de presentarse ante la sociedad tal cual son, con las virtudes, méritos o defectos que les adornan o ensombrecen. 

Son depredadores, parásitos del presupuesto público que para acceder el mismo necesitan mimetizarse con el entorno, disfrazarse con títulos o méritos inexistentes que les faciliten el acceso a la casta y, en consecuencia, al botín. Se empieza mintiendo con la titulación, diciendo que eres por ejemplo ingeniero industrial y se termina por robar la hucha de los huérfanos de la Guardia Civil. 

Políticos de todos los colores han vestido su desnudez curricular con falsos méritos: Carlos Puigdemont, Pilar Rahola, Ada Colau, Joana Ortega, Guerrero, Oriol Junqueras, Leyre Pajín, Gregorio Rojo, Celestino Corbacho, José Montilla, Elena Valenciano, Paxti López, Trinidad Jiménez, Bernat Soria, Pepe Blanco, José Luis Corcuera, Javier Rojo, José Manuel Franco (y éste encima firma la moción de censura contra Cifuentes), Toni Cantó, Juan Merlo de Podemos, Javier Viondi de IU, Arsenio Fernández de Mesa, Tomás Burgos, Juan Manuel Moreno, Joaquín Ramírez, ex presidente del PP de Málaga, Gema Igual, alcaldesa de Santander y así una interminable lista. 

Parece que en unas estructuras partidistas como las que padecemos la capacidad y el mérito solo se miden por la apariencia, por la “titulitis” y no por una acreditada trayectoria de trabajo, de dedicación, de despliegue vital de principios éticos y políticos. Las cúpulas de la casta olvidan que los conocimientos no se acreditan sólo por titulaciones específicas y que la experiencia vital no se puede sustituir por la capacidad genuflexa de los individuos.

El caso Cifuentes ha puesto de manifiesto no sólo la proclividad de una gran parte de los dirigentes políticos de nuestro país a mentir sin rubor alguno dado que les sale gratis, no solo la doble vara de medir, la hipocresía, el sectarismo y la manipulación de muchos medios de comunicación dispuestos a linchar solo y exclusivamente a quienes no se sitúan en su órbita ideológica, sino también de los partidos políticos dispuestos a mociones de censura como en este caso mientras sostienen a gobiernos y partidos responsables de tramas corruptas como las desarrolladas en  Andalucía donde se ha llevado a cabo el mayor caso de latrocinio de dinero público.

Por último y no menos importante, el caso Cifuentes ha destapado un auténtico chiringuito universitario, y no es el único existente, en una universidad pública. No es de extrañar que ninguna universidad española se encuentre entre las 200 mejores del mundo. Padecemos un sistema público universitario en el que al amparo de una supuesta autonomía universitaria y de una consentida promoción endogámica han florecido toda clase de cutres negocios, tráficos de influencias y politiqueos partidistas, relegando a un segundo plano la excelencia, el saber y la investigación en claro perjuicio de los alumnos.

Cifuentes debería dimitir si se confirma que ha mentido a los ciudadanos sobre cómo obtuvo su master, pero con ella deberían dimitir todos los políticos que han igualmente mentido en el curriculum vitae. Son inadmisibles esas falsedades, sobre todo, porque ponen de manifiesto que todo les vale con tal de tener acceso al dinero público.

Santiago de Munck Loyola

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La Constitución, el independentismo y Alicante (tercera parte).

Hay que repetirlo porque se trata de un hecho incontestable que, sin embargo, no es percibido por mucha gente: el balance de la pertenencia de la Provincia de Alicante a la Comunidad Valenciana es negativo. Las cifras no engañan. Hoy la provincia de Alicante es más pobre respecto a la Provincia de Valencia que hace 36 años por lo que sin ningún género de dudas se puede afirmar que la Generalidad Valenciana es, como administración pública, un fracaso. Y mientras los ciudadanos de Alicante no tengamos conciencia de ello seguiremos condenados a padecer una administración regional centralista y discriminatoria.

Pero es que, además, a esta sumisión de Alicante a los intereses socioeconómicos de la Generalidad hay que añadir ahora una peculiar situación política que está poniendo en riesgo la propia identidad libre y plural de la sociedad alicantina. La Generalidad Valenciana está presidida por un socialista, el Sr. Puig, que carece de un proyecto político propio y gobierna de la mano de otros grupos de izquierdas cuyas señas de identidad son pancatalanistas. Es el eterno problema del PSOE allí donde no alcanza la mayoría suficiente para gobernar, que se vende a cualquier grupo político por muy antiespañol que sea.

La Generalidad Valenciana, con el Pacto del Botánico, está desarrollando políticas impregnadas de pancatalanismo, contrarias a la identidad propia valenciana y más aún alicantina y de carácter excluyente. No hay más que repasar las hemerotecas para comprobar el origen ideológico de muchos altos cargos del Gobierno de la Generalidad que consideran a la Comunidad Valenciana como parte integrante de los imaginarios países catalanes y a la Provincia de Alicante como las playas del sur de Cataluña. Paso a paso, la Generalidad Valenciana está sembrando las semillas del odio hacia lo español, desde la lengua, pasando por las tradiciones hasta los símbolos, en un calco perfecto del proceso que se inició hace décadas en Cataluña y cuyas funestas consecuencias estamos viviendo estos meses. La nueva televisión autonómica ya está en manos de filoindependentistas catalanes, y la inmersión lingüística ya está en marcha para barrer la lengua materna de la mayoría de los alicantinos, el español. Todo está ya inventado. Usan la lengua y la educación como elementos de segregación y de neutralización ideológica, no es nada nuevo.

Ante todo ello, la discriminación económica permanente de nuestra provincia que se plasma en una deuda histórica de la Generalidad de más de 1200 millones de euros, la progresiva catalanización de las instituciones autonómicas y los permanentes y progresivos ataques a la escasa autonomía de la Diputación Provincial junto con una evidente voluntad de diluir las señas de identidad propias de nuestra Provincia es necesario ofrecer una respuesta, una solución para frenar este proceso. ¿Realmente queremos que dentro de unos años ningún alicantino pueda optar a un empleo público si no sabe el catalán? ¿Estamos dispuestos a que dentro de unos años los sanitarios tengan que marcharse por no saber catalán como está ocurriendo ahora mismo en las Baleares? ¿Queremos que se impida a los padres elegir el idioma en el que quieren que estudien sus hijos? ¿Nos resignamos sin más a que desde Valencia se señale cuándo deben abrir o no los centros comerciales de nuestra Provincia? ¿Nos conformamos con que se siga invirtiendo más en Valencia y Castellón que en Alicante? La respuesta es clara. Si no estamos dispuestos a todo ello, si creemos en la singularidad de Alicante, en sus propias señas de identidad, en su historia singular, en su pluralidad social, en su capacidad de gestión y en su absoluta lealtad e identificación con España es imprescindible reivindicar sus derechos y, llegado el caso, su autonomía en el marco de la Constitución.

Y no, no se trata de crear un nuevo monstruo autonómico. Se trata de transformar a la Diputación Provincial en gobierno autonómico, democratizándola, dotándola de aquellas competencias autonómicas que sirvan de verdad al progreso de nuestra tierra y devolviendo al Estado competencias cuya gestión quiebran la igualdad entre los españoles, como la sanidad, la educación o la justicia. Dos serían las consecuencias prácticas inmediatas: que los alicantinos tendríamos que sostener una administración menos y que el poder de decisión en muchos ámbitos se quedaría en Alicante.

Es un reto muy difícil, quizás un ideal de difícil consecución, pero el simple crecimiento y expansión de esta propuesta y su materialización en poder político servirá, sin duda, de acicate para que la voz de Alicante sea tenida en cuenta y para que sus justas reivindicaciones no sigan cayendo en saco roto. Si no nos respetan que al menos nos teman.

Santiago de Munck Loyola

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La reforma de la Ley electoral.

El pasado jueves 9 de febrero dirigentes de Ciudadanos y Podemos se reunieron con el fin de llegar a acuerdos sobre la reforma de la Ley Electoral. Ciudadanos plantea propuestas como la doble vuelta, las listas abiertas o el fin del voto rogado, que no exigen una reforma constitucional y a estas ideas Podemos añade sustituir la actual ley D'Hont de reparto de escaños por la fórmula Saint-Lagüe que se aplica, por ejemplo, en Alemania lo que, según ellos, garantizaría una mayor proporcionalidad en la representación parlamentaria porque dicen “garantiza el principio de una persona, un voto”.

Hay que empezar por señalar que el principio “una persona, un voto” ya está plenamente garantizado en nuestro sistema democrático y que, en todo caso, lo que habría que garantizar es que ese voto tuviese igual valor con independencia del territorio donde se emita. O dicho de otra forma que el objetivo consiste en que cada diputado electo represente al mismo número de votantes independientemente de la circunscripción por la que haya resultado elegido.

¿Qué señala al respecto nuestra Constitución? Por una parte la Constitución establece la aplicación del sistema proporcional para la asignación de escaños en el Congreso y el mayoritario en el Senado. El sistema electoral (proporcional o mayoritario) es el conjunto de reglas que traduce el número de votos en escaños. Cuando se opta por el sistema mayoritario el objetivo es disminuir la fragmentación parlamentaria y la búsqueda de bloques estables que garanticen la gobernabilidad. Cuando se opta por el sistema proporcional el objetivo principal es que la cámara refleje lo más fielmente posible la fragmentación o la pluralidad electoral. Dentro de los sistemas proporcionales o distributivos hay distintas variantes: la variante Hare-Niemeyer, la variante Hare-Andrae, la variante d’Hont, la Variante Sainte-Laguë, la variante Imperiali, etc. La Constitución no impone una variante proporcional concreta. Lo hace la Ley Electoral. El Artículo 68 de la Constitución señala que  “El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.  La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional”.

Por su parte, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en su Artículo 162, determina que “1. El Congreso está formado por trescientos cincuenta Diputados. 2. A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados. Las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas cada una de ellas por un Diputado. 3. Los doscientos cuarenta y ocho Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población, conforme al siguiente procedimiento:

a) Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por doscientos cuarenta y ocho la cifra total de la población de derecho de las provincias peninsulares e insulares

b) Se adjudican a cada provincia tantos Diputados como resulten, en números enteros, de dividir la población de derecho provincial por la cuota de reparto.

c) Los Diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las provincias cuyo cociente, obtenido conforme al apartado anterior, tenga una fracción decimal mayor.”

En las propuestas de reforma electoral de los distintos partidos lo que subyace no es cómo se distribuye mejor el número de escaños en las Provincias de forma más justa, sino qué variante del sistema proporcional se elige en lugar del actual que les atribuya más escaños. Porque en realidad el primer problema que afecta a la representatividad de nuestro sistema es el número de escaños asignado a cada circunscripción, a cada distrito electoral, a cada Provincia. Al desarrollar la previsión constitucional que dispone que la ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción, la LOREG cumple asignando en su Artículo 162 a  cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados. Esta asignación inicial, que por imperativo constitucional no tiene en cuenta la población, es el punto de arranque de la desigualdad electoral: a más diputados iniciales por provincia peor representatividad. Por tanto, el punto de partida habría de ser rebajar de dos a un Diputado la representación mínima inicial, pasando de los actuales 248 escaños a distribuir con criterios poblacionales a 300 escaños.

Estos 300 escaños divididos entre 46.572.000 habitantes suponen un diputado por cada 155.240 personas.

	Nombre	Población	Porcentaje	Nº Diputados (2 mínimo por Provincia) LOREG	PROPUESTA (1 mínimo por Provincia).
1	Madrid	6 507 184	13,97 %	36	1+42=43
2	Barcelona	5 576 037	11,97	31	1+36=37
3	Valencia	2 540 707	5,46 %	16	1+16=17
4	Sevilla	1 939 527	4,16 %	12	1+12=13
5	Alicante	1 825 332	3,92 %	12	1+12=13
6	Málaga	1 630 615	3,50 %	10	1+10=11
7	Murcia	1 470 273	3,16 %	10	1+9=10
8	Cádiz	1 239 435	2,66 %	8	1+8=9
9	Vizcaya	1 148 302	2,47 %	8	1+7=8
10	La Coruña	1 120 294	2,41 %	8	1+7=8
11	Baleares	1 115 999	2,40 %	8	1+7=8
12	Las Palmas	1 100 480	2,36 %	8	1+7=8
13	Asturias	1 034 960	2,22 %	8	1+7=8
14	S. Cruz de T.	1 007 641	2,16 %	7	1+6=7
15	Zaragoza	953 486	2,05 %	7	1+6=7
16	Pontevedra	942 731	2,02 %	7	1+6=7
17	Granada	912 938	1,96 %	7	1+6=7
18	Tarragona	791 693	1,70 %	6	1+5=6
19	Córdoba	788 219	1,69 %	6	1+5=6
20	Gerona	755 716	1,62 %	6	1+5=6
21	Guipúzcoa	719 282	1,54 %	6	1+5=6
22	Almería	706 672	1,52 %	6	1+5=6
23	Toledo	686 841	1,47 %	6	1+4=5
24	Badajoz	679 884	1,46 %	6	1+4=5
25	Jaén	643 484	1,38 %	6	1+4=5
26	Navarra	643 234	1,38 %	5	1+4=5
27	Cantabria	580 295	1,25 %	5	1+4=5
28	Castellón	575 470	1,24 %	5	1+4=5
29	Valladolid	521 130	1,12 %	5	1+3=4
30	Huelva	518 930	1,11 %	5	1+3=4
31	Ciudad Real	502 578	1,08 %	5	1+3=4
32	León	468 316	1,01 %	5	1+3=4
33	Lérida	432 384	0,93 %	4	1+3=4
34	Cáceres	400 036	0,86 %	4	1+3=4
35	Albacete	390 032	0,84 %	4	1+3=4
36	Burgos	358 171	0,77 %	4	1+2=3
37	Lugo	333 634	0,72 %	4	1+2=3
38	Salamanca	333 603	0,72 %	4	1+2=3
39	Álava	326 574	0,70 %	4	1+2=3
40	La Rioja	315 381	0,68 %	4	1+2=3
41	Orense	311 680	0,67 %	4	1+2=3
42	Guadalajara	253 310	0,54 %	3	1+2=3
43	Huesca	219 702	0,47 %	3	1+1=2
44	Cuenca	198 718	0,43 %	3	1+1=2
45	Zamora	177 404	0,38 %	3	1+1=2
46	Palencia	163 390	0,35 %	3	1+1=2
47	Ávila	160 700	0,35 %	3	1+1=2
48	Segovia	154 184	0,33 %	3	1+1=2
49	Teruel	135 562	0,29 %	3	1+1=2
50	Soria	88 903	0,19 %	3	1+1=2
51	Melilla	86 120	0,18 %	1	1+1=2
52	Ceuta	84 959	0,18 %	1	1+1=2
	Total	46 572 132	100 %	350	350

Con esta pequeña modificación de la LOREG mejoraría notablemente la representatividad de cada Diputado y disminuirían sensiblemente las actuales diferencias. Con la Ley actual en Madrid hay un Diputado por cada 180.755 habitantes, en Toledo por cada 114.634, en Orense por cada 77.920 y en Soria por cada 29.634 habitantes. Modificando la LOREG disponiendo que la asignación mínima provincial pase de dos diputados a uno, el resultado sería un Diputado en Madrid por cada 151.329 habitantes, en Toledo por cada 137.368, en Orense por cada 103.893 y en Soria por cada 44.451. Las diferencias siguen siendo notables, pero sin tocar la constitución, se reducirían y en la mayor parte de las Provincias la distribución sería mucho más justa.

La mejora de la representatividad de los ciudadanos debería ser el objetivo prioritario de los partidos y no, como han demostrado, la mejora de la representatividad de sus propias formaciones políticas. Y, una vez hecho esto, que se pongan de acuerdo para poner el acento en la proporcionalidad en la traducción del voto en escaños o en la gobernabilidad eligiendo al efecto la variante proporcional oportuna.

Santiago de Munck Loyola

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