La indecencia política sobrevive en medio de la crisis.

Decididamente hay que rendirse a la evidencia, nuestra clase política, sea del color que sea, es muy especial. Sigue instalada en sus privilegios y pase lo que pase en el país no está dispuesta a modificar sus costumbres, ni siquiera por el “qué dirán”. Es evidente que no todos nuestros representantes políticos son iguales pero muy pocos se atreven a disentir y a expresarlo públicamente cuando se toman algunas decisiones, aunque no las compartan, no sea que por ello dejen de “salir en la foto”.

Mientras se habla de los recortes también en las becas Erasmus, del cierre de televisiones ruinosas, del cobro de medicamentos hasta en los hospitales, de la desnutrición de muchos niños en Cataluña, de los centenares de niños que acuden al colegio sin desayunar por falta de recursos o de la desaparición de cientos de plazas asistenciales, nuestros políticos siguen a lo suyo, como si no pasase nada y éso de apretarse el cinturón no fuera con ellos. Cuando se trata de dar ejemplo poco importa el color, coinciden en no darlo los que arruinaron al país y quienes para salvarlo están arruinando a las familias.

Ayer, sin ir más lejos, el Congreso de los Diputados escenificó como nunca lo anterior. Sus señorías dejaron claro que padecemos una casta política privilegiada, derrochadora e insolidaria. El Partido Popular, una vez más, rechazó la propuesta presentada por UPyD para suprimir en los Presupuestos Generales de 2014 la partida de 350.000 euros para los servicios de traducción de lenguas cooficiales en los Plenos del Senado. Para que nos entendamos, que el Partido Popular con el beneplácito de todos los grupos se opuso a dejar de gastar 350.000 euros en pinganillos para los caprichosos e inútiles senadores. ¿La excusa? Que como está así regulado en el Reglamento del Senado el Congreso tiene la obligación de dejar intacta esa partida. Vamos, que como el PSOE fue el autor de semejante despilfarro y estupidez, el PP que ahora tiene mayoría absoluta para poder cambiarlo no lo hace. ¿Puro seguidismo? ¿La habitual cobardía popular? ¿“Maricomplejines” en estado puro? ¿No estará pasando lo mismo con la hoja de ruta de Zapatero respecto al terrorismo? No cabe la más mínima duda de que más de un diputado popular o socialista no compartirá ese rechazo pero en éste, como en tantos otros asuntos, se callarán y acatarán lo que les manden a la hora de pulsar el botón de votaciones. Y tampoco cabe la más mínima duda de que los dirigentes populares saben perfectamente que decisiones como éstas molestan profundamente a sus votantes pero una vez más es evidente que la opinión de los mismos, hoy por hoy y dada la lejanía electoral, les importa un pimiento. Ellos a lo suyo.

Y es que tiene su miga que el sentido común, la lógica y la decencia política sigan ausentes de las instituciones. Tiene lo suyo empecinarse en mantener un guiño zapateril inútil y costoso a los independentistas que lo único que pretenden es la voladura de España a la que por negarle le niegan incluso el uso normal de su idioma, del idioma común hablado por más de 400 millones de personas, en una de las cámaras depositaria de la soberanía popular, el Senado. La Constitución no puede ser más clara. En su Artículo 3.1 señala que “el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Y que se sepa, el Senado es una institución del Estado, aunque no sepamos muy bien para qué sirve, no de las Comunidades Autónomas en las que, además del castellano, pueden ser cooficiales las demás lenguas propias. Y que se sepa también los senadores, aunque a algunos les pese, siguen siendo ciudadanos españoles y, por tanto, también tiene el deber de conocer la lengua castellana. Y si no la conocen pues a su casa, que ya está bien de burlas, desprecios y humillaciones hacia todo lo que sea español. Todos sabemos que todos los senadores hablan y entienden perfectamente el castellano, entonces ¿a qué viene lo del pinganillo, lo de tener que usar traductores para traducir una lengua que conocen sobradamente? ¿Por qué entonces hay que seguir tirando a la basura todos los años 350.000 euros? 

Las cuentas públicas no están para pagar los caprichos de nadie, por muy senadores que sean y ésto no es otra cosa que un capricho indecente que no tiene, además, ningún efecto político para buscar acercamientos hacia quienes sólo quieren alejarse. Lo de los pinganillos, se mire por donde se mire, no sólo es una payasada que provoca risas más allá de nuestras fronteras, sino que, además, es un auténtico insulto y desprecio hacia los sufridos ciudadanos que ven, día a día, cómo sus recursos disminuyen y sus dificultades crecen. ¿Qué clase de políticos tenemos que son capaces de tirar así 350.000 euros al año mientras hay miles de ciudadanos, a los que presuntamente representan, pasando hambre? Sencillamente no tienen vergüenza y se están burlando de los ciudadanos y de lo español. Perdóneme el lector, pero ¡que les den!

Santiago de Munck Loyola

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Adelantada la vista oral por la solicitud de suspensión cautelar de las elecciones del PP de Alicante.

11-11-2013

NOTA DE PRENSA.

Adelantada la vista judicial por la solicitud de suspensión cautelar de las elecciones del PP de Alicante.

El 9 de noviembre de 2013, a solicitud de los demandantes presentada el 4 de noviembre, el Juzgado de Instrucción nº 7 de Alicante ha dictado una resolución adelantando la vista oral para decidir sobre la solicitud de suspensión cautelar planteada por varios afiliados del Partido Popular en la demanda civil por incumplimientos de los Estatutos del Partido Popular por parte del Comité Ejecutivo Provincial. La vista oral se celebrará el próximo 22 de noviembre a las 12 horas.

Igualmente, el pasado viernes 8 de noviembre, otro afiliado presentó ante el Presidente Provincial de Alicante una impugnación contra el acuerdo de creación de un Consejo de Dirección de las Juntas de Distrito del PP de Alicante, por no estar prevista esta figura en los Estatutos del Partido Popular, y contra la convocatoria de las elecciones a las Juntas de Distrito al estar suscrita dicha convocatoria por D. Julio de España quien, según todas las informaciones publicadas, dejó de ser Presidente Local en octubre de 2012 al ser sustituida la Junta Local de Alicante por Juntas de Distrito. También se prevé que en caso de ausencia de pronunciamiento escrito de esta impugnación por parte del Presidente Provincial se acuda nuevamente a la vía judicial.

Al rescate de los valores traicionados.

El cierre de la RTVV es la constatación del fracaso, no de unas ideas ni de un proyecto político, sino de un determinado modo de hacer política que desde hace muchos años se ha ido instalando en buena parte de la clase política y, especialmente, de aquella que al acceder y perpetuarse en el poder olvida por qué y para qué está ahí. Y esa especial forma de hacer política consiste en olvidarse del objetivo fundamental de toda acción política, la vocación de servicio público de transformación del entorno de acuerdo con unos principios y programas, de acuerdo con una ética política concreta. Cualquier parecido entre la gestión del ente RTVV durante los últimos 18 años y los principios y programas del Partido Popular es pura coincidencia. Si esta gestión hubiese estado presidida por la austeridad, la eficacia, la ejemplaridad, la imparcialidad, la honradez o el respeto a las más elementales normas de transparencia democrática, conceptos todos ellos que se pueden leer y releer en infinidad de documentos y programas del Partido Popular, hoy la RTVV seguiría funcionando y lo estaría haciendo como un ente informativo de servicio público ejemplar. Pero no ha sido así y el resultado está a la vista, como lo está también en muchos otros ámbitos de la gestión pública en la Comunidad Valenciana. Es evidente que esa forma de hacer política que prescinde de los principios y los programas es la causa de tanto desacierto y de tantos errores que nadie asume como se hace en una democracia, dimitiendo.

No somos pocos los que, compartiendo esos principios y esos programas por los que, además, hemos trabajado durante años, nos sentimos profundamente desilusionados y avergonzados. Algunos hemos constatado que es imposible intentar desde dentro promover cambios que desde la regeneración permitan una recuperación de los valores y los principios en los que seguimos creyendo. Y también hemos llegado a la conclusión de que no podemos permanecer pasivos ante una situación política que nos produce rechazo. Ninguna organización política, por poderosa que sea, tiene el monopolio de las ideas y los valores en los que creemos. Cuando una bandera deja de representar nuestros valores y quienes la enarbolan son mercenarios de la política es mejor ir al rescate de esos valores y volverlos a situar en primera línea de la acción política.

Los ciudadanos que creemos en el valor de la persona, de la vida humana, de la libertad, de la unidad de España, de la igualdad de derechos y de obligaciones entre los ciudadanos de cualquier territorio; los ciudadanos que creemos que los derechos son de las personas y no de los territorios, que la economía debe estar al servicio de la política y no a la inversa, que la educación, la sanidad, las pensiones y la prestaciones sociales básicas han de estar garantizadas para todos y por igual con independencia de la región, que hay que promover vínculos de unión y no de separación; los ciudadanos que queremos que la clase política sea ejemplar, que no goce de los privilegios que hoy ostenta, que se regulen y limiten todos los sueldos públicos, que los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales vivan exclusivamente de las cuotas de sus afiliados y no de las subvenciones públicas, que se persiga la corrupción y que los corruptos no se beneficien de indultos; los ciudadanos que aspiramos a una paz con vencedores y vencidos, que exigimos más firmeza frente a los terroristas, que cumplan íntegramente sus condenas y que no se les beneficie con anómalas sentencias de Estrasburgo; los ciudadanos que creemos imprescindible una reforma fiscal que suponga el fin de la asfixia a la clase media, que queremos menos estado y más sociedad, menos impuestos y más crédito, menos recortes y mejor inversión pública; los ciudadanos que, en definitiva, creemos que hay una forma diferente de hacer política, una forma basada en la participación ciudadana, en la permeabilidad de los partidos a las corrientes de opinión, en la responsabilidad política del gestor frente a los administrados y en el respeto a los programas electorales y a los compromisos adquiridos, tenemos la obligación de ponernos en movimiento. Nada cambiará si no lo hacemos nosotros.

En nuestra Comunidad, el desencanto de los electores de centro y centro derecha ha ido propiciando la aparición de multitud de pequeños grupos y organizaciones de ámbito local o comarcal. Y al margen de la existencia de posibles personalismos, como algunos pretenden de forma maliciosa  justificar su aparición, lo cierto es que en la inmensa mayoría de estos grupos subyace una profunda sensación de decepción, de estafa política. Hoy por hoy, muchos electores de centro derecha, si tuvieran que votar, o bien se quedarían en casa o bien terminarían por votar, paradójicamente, a un partido de izquierdas como UPyD. Nada más absurdo. El rescate de los valores usurpados, abandonados o traicionados por algunos debería pasar necesariamente por un movimiento de convergencia y de coordinación de todos esos pequeños grupos y, además, con la generosidad política tan ausente en otro sitio.

Los ciudadanos en movimiento podemos rescatar esos valores y principios que los hechos han demostrado que no se aplican, que sólo son la tapadera de incompetentes y medradores de la política. No es tarea fácil, pero es ilusionante. Hay viento favorable y tenemos la ventaja de saber a qué puerto queremos llegar.

Santiago de Munck Loyola

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¡Pío, pío que nadie ha sido!

Lo que no puede ser, no puede ser y, además, es imposible. Si no hay dinero para sostener a la RTVV, es imposible sostenerla a no ser que se quite de otro sitio. Hay que reconocer que la dolorosa decisión de cerrar la RTVV y dejar en la calle a más de 1.700 personas que ha tomado el Presidente Fabra es valiente y, posiblemente, la única que se podía tomar tras conocer el varapalo judicial propinado por la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana. Podrá discutirse sobre la necesidad o la conveniencia de que las Comunidades Autónomas dispongan de medios de comunicación propios y, sobre todo, de que  en medio de esta profunda recesión dediquen ingentes recursos públicos al sostenimiento de unos medios de comunicación que, además, nunca han estado al servicio de los ciudadanos, sino de la casta política y de los intereses partidistas del gobierno de turno. Pero sobre lo que no debería caber duda alguna es sobre las prioridades que cualquier gobierno debería tener. Hay servicios públicos que son esenciales y otros que no lo son tanto. Y, por cierto, decenas de asesores, chófer y un cocinero no son esenciales.

Sin embargo, desde una perspectiva política llama mucho la atención la ausencia de la más mínima autocrítica en la comparecencia del Presidente Fabra y en las declaraciones de los principales dirigentes populares. Y llama mucho la atención igualmente que tras un hecho que implica la expresión de un auténtico y rotundo fracaso de gestión, ningún político asuma responsabilidad política alguna, que ningún político pague por su incompetencia y negligencia y que los platos rotos los paguen los de siempre, los empleados despedidos y el conjunto de la sociedad. Y para qué comentar las declaraciones de algunos dirigentes del PP que repiten como loros las consignas de los “argumentarios” oficiales. ¡Lástima de sueldos y de dinero desperdiciados en tanto descerebrado en tal altos cargos!

No queda más remedio que plantearse algunas preguntas para tratar de comprender cómo y por qué se ha llegado a esta situación. La RTVV ha sido cerrada por el Gobierno Autonómico tras conocer la sentencia del TSJ que anulaba el ERE planteado por la dirección del ente público. ¿Por qué el TSJ ha anulado el ERE? Pues la razón de fondo no es otra que la constatación de que el ERE, entre otras cosas, no se ajustaba a los procedimientos legales e implicaba, como denunció la fiscalía, una vulneración de derechos fundamentales. ¿Por qué se ha tenido que llegar a plantear un ERE? Porque la caída de ingresos de la Generalitat Valenciana no ha permitido seguir con lo que era una práctica habitual, con la transferencia continua de fondos públicos a lo que se había convertido en un pozo sin fondo y no quedaba más remedio que redimensionar la RTVV para tratar de frenar sus pérdidas constantes. ¿Por qué la RTVV era un ente ruinoso? Porque los políticos de nuestra Comunidad así lo han querido o consentido. Lejos de atender a los informes técnicos que desde hace diez años venían denunciando que la situación económica de la RTVV era peligrosa e insostenible a largo plazo, nuestros gobernantes no sólo se han dedicado mirar hacia otro lado, sino que, además, no han tenido ningún recato ni vergüenza para usarla como instrumento político al coste que fuera.

No está de más recordar que cuando el Partido Popular accedió en 1995 al Gobierno de la Comunidad Valenciana, heredó una RTVV con unos 600 empleados, con una deuda de 6 millones de euros y una audiencia del 14 %. Dieciocho años después, el gobierno del PPCV deja una RTVV con más de 1.700 empleados, con una deuda acumulada de más 1.200 millones de euros y una audiencia por debajo del 5%. El balance es demoledor y absolutamente vergonzoso. Las cifras cantan y resulta inadmisible que nadie asuma responsabilidad alguna. Entre todos la mataron y ella sola se murió, pensarán algunos. Puede, pero algunos la han matado mucho más que otros. Culpar a la intransigencia de los sindicatos en la negociación del ERE es una muestra de intolerable cinismo. Claro que los sindicatos, que durante años se han venido beneficiando de la “fiesta” del canal público, tendrán su parte de responsabilidad. No se puede ignorar tampoco que las televisiones privadas con mucho más audiencia funcionan con menos de un tercio de personal que la televisión valenciana. Nadie puede honradamente sostener que los más de 1.700 empleados de la RTVV eran necesarios por la sencilla razón de que no había “tajo” para todos. Hay responsabilidades, sin duda, en los sindicatos pero mucho más pequeñas de quienes recibieron la confianza de los ciudadanos para gestionar los bienes públicos como si fuesen propios, con honradez, con ejemplaridad y con eficacia. Y no cabe ninguna duda de que estas cualidades han brillado por su ausencia en la gestión del ente público. No es casualidad que cuatro directivos del mismo estén ahora mismo imputados en diversos casos de corrupción.

El PPCV debe unas disculpas a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y se las debe no sólo por no haber sabido gestionar la RTVV, entre otras cosas, sino también por no asumir sus responsabilidades políticas y por mentirles al no realizar la más mínima autocrítica. No es posible olvidar que el reconocimiento público de los errores, la autocrítica y la rectificación son ingredientes indispensables de la decencia política. Y deben también excusas a los ciudadanos todos esos profesionales que ahora se acuerdan de la ética profesional pero no lo hacían cuando se veían “obligados” a “desinformar” a cambio de sus sueldos.

Santiago de Munck Loyola

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Las elecciones internas del PP de la ciudad de Alicante.

El PPucherazo de Alicante.

Hace poco más de un año, el 12 de octubre de 2012, periódicos como Las Provincias, ABC, Información, El País, El Mundo o Crónica Digital se hicieron eco de las siguientes informaciones:

Que el 11 de octubre de 2012 el Comité Ejecutivo Provincial de Alicante acordaba disolver la Junta Local de Alicante y constituir una Comisión Gestora Constituyente, presidida por el secretario general provincial José Juan Zaplana, con Miguel Zaragoza, como vicepresidente y con los siguientes vocales: Nino Llorens, Asunción Sánchez Zaplana, Marta García Romeu, Pablo Sandoval, Mari Angeles Goitia, Arnaldo Martínez, Miguel Cabeza, Lola Peña, Vicente García, Vicente Cutanda, Juan Manuel Galbis, Vicente Buades, Diego Menor, José Parrón, Israel Cortés Francisco Sempere Buyolo, Tommy Duarte, Francisco Maestre, Manuel Maldonado y Juani Maciá.

Y que, habiendo quedado disuelta la Junta Local, su Presidente, Julio de España, pasaba a ser vocal por designación directa del presidente provincial, José Císcar, iniciativa que fue aprobada además por aclamación por los miembros del Comité Provincial..

Hay que recordar, además, que dichas informaciones no fueron enmendadas o rectificadas por ningún dirigente popular provincial por lo que todo parece indicar que eran ciertas. Y a este hecho hay que sumar que la veracidad de las mismas está ratificada por el testimonio de varios de los asistentes a aquel Comité Ejecutivo en el que se disolvió, ilegalmente como algunos denunciamos y por lo que terminamos siendo expulsados del PP, la Junta Local del Partido Popular de la Ciudad de Alicante

Pero ¡sorpresa! Los afiliados del Partido Popular de Alicante acaban de recibir la convocatoria para las elecciones de las Juntas de Distritos recientemente creadas. ¿Y quién firma la convocatoria? Pues nada menos que el “dimitido o “cesado” ex Presidente de la desaparecida Junta Local del PP de la ciudad de Alicante, D. Julio de España Moya y lo hace firmando para colmo como Presidente de la Junta Local de Alicante. Ni más, ni menos. Ilegalidad sobre ilegalidad, chapuza sobre chapuza. ¿No había cesado D. Julio de España en sus funciones de Presidente al disolver la Junta Local de Alicante? ¿No había sido sustituida la Junta Local de Alicante por una Comisión Gestora Constituyente? ¿En qué quedamos? ¿Se equivocaron todos los medios de comunicación? ¿O más bien se trata de que quien transmitió los acuerdos de aquel Comité mintió a los medios de comunicación? ¿No será que teníamos razón los que afirmábamos que el Comité Provincial carecía de competencias para sustituir una Junta Local por una gestora y que han rectificado sin reconocer su error? ¿Será ésa la razón por la que el Secretario Provincial José Juan Zaplana se negaba a entregar copia del acta de aquella sesión del Comité Provincial?

Sea como fuere es evidente que todo este proceso huele francamente mal, huele a podrido desde el primer día. Ya sabemos para qué se ha montado toda esta comedia, para eludir la regeneración del PP, para sortear la línea roja del Presidente Fabra y para que Alicante no cuente con un Partido Popular fuerte. La vulneración de los Estatutos del Partido Popular está siendo sistemática y está muy claro quiénes son los responsables. Alguien ha mentido y está mintiendo a los medios de comunicación y a los propios afiliados. Si D. Julio de España firma esta convocatoria electoral como Presidente de la Junta Local de Alicante, porque milagrosamente esta Junta sigue existiendo, también está infringiendo las normas del Partido Popular porque en ese caso determinan que deberían celebrarse elecciones a la propia Junta Local y después a las Juntas de Distrito. En el Partido Popular las elecciones internas se desarrollan de arriba abajo, es decir, primero se renuevan los órganos superiores y en último lugar los más pequeños. Y si, por el contrario, D. Julio de España ha firmado la convocatoria electoral como Presidente de una Junta Local inexistente podría estar incurriendo en algo mucho más grave, en un posible ilícito penal. No obstante, en cualquiera de los dos casos serán ahora los Tribunales los encargados de dilucidar la cuestión y de exigir las responsabilidades a que hubiere lugar.

Al hilo de todo esto se pueden plantear dos reflexiones. En primer lugar, la incomprensible actitud de muchos miembros del Comité Provincial que son plenamente conscientes de esta tremenda chapuza jurídica y electoral, y así lo manifiestan en privado, pero que permanecen callados y sumisos, quizás a la espera de alguna migaja de poder o quizás simplemente porque prefieren seguir instalados en la comodidad. Y no es eso lo que se espera de personas con conciencia, íntegras y con vocación política de auténtico servicio a unos valores y a una sociedad. Y, en segundo lugar, lo que supone para los ciudadanos en general el hecho de que quienes son capaces de cometer estas chapuzas jurídicas y tropelías antidemocráticas, y quienes con su sumisión y cómplice silencio las consienten, ostenten en muchos casos responsabilidades de gobierno en diferentes administraciones públicas. No es posible dejar de plantearse que si es así como gestionan su propia casa, qué no serán capaces de hacer cuando gestionen otras. ¡Qué peligro!

Santiago de Munck Loyola

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Rivas: La izquierdona sigue cabalgando (sin carnet).

Todo sigue igual e incluso peor. Con el paso del tiempo, los viejos hábitos, los vicios políticos y las conductas cuasifeudales de los señoritos de la izquierdona ripense no sólo no se suavizan, sino que se consolidan y acrecientan. El Ayuntamiento es suyo y la calle es suya. A su histórico sentido patrimonialista de las instituciones se ha sumado, con el paso del tiempo, una profunda confusión entre lo público y lo privado. La macedonia rojiverde ripense no admite objeción o enmienda. La “gauche divine” nunca se equivoca y ¡ay! de quien lo dude, lo lleva claro y si se trata del líder de la oposición será sometido a linchamiento plenario, como le acaba ocurrir, al actual portavoz popular por atreverse a pedir la dimisión de un concejal comunista sorprendido conduciendo el coche sin carnet que hace unos meses se le había retirado por conducir superando las tasas de alcohol permitidas.

D. José Manuel Castro Fernández, concejal de Izquierda Unida y secretario de organización del PCE ripense, fue multado hace unos meses por conducir mientras superaba la tasa de alcoholemia permitida. La sanción que se le impuso, además de la correspondiente multa económica, fue la retirada del carné de conducir. Hace unos días, fue sorprendido por la Policía Local circulando sin carnet, hecho por el que deberá comparecer en juicio el 4 de noviembre, ya que ello podría ser constitutivo de otro delito contra la seguridad vial (conducir ebrio ya lo es), previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal con penas de entre 12 y 24 meses de cárcel. Parece que no era la primera vez que conducía sin carnet según fuentes populares que aseguran que muchos vecinos denunciaron esta circunstancia en Internet “haciendo una campaña de denuncia en Twitter con el hashtag #PonleFreno”.

Pero, claro, estamos hablando de Rivas-Vaciamadrid y de la conducta de un dirigente de la izquierdona ripense. Si se tratase de otro municipio y de otra ideología no habría duda alguna del camino a seguir: la dimisión de interesado y, en caso de resistencia, un escrache, una marea burdeos o cualquier “manifa” al uso para poner de patitas en la calle al antisocial edil. Pues no, en Rivas no. Según el Portavoz de IU, Pedro del Cura, lo primer que hay que hacer es esperar a que se celebre el juicio, a que haya una condena y que ésta sea firme. O sea que eso de pedir la dimisión de cualquier político por hechos que están sub iudice solo se puede hacer cuando se trata de políticos de derechas. Ya sabe que la presunción de inocencia es relativa, sólo es aplicable cuando el sospechoso es de izquierdas y que en los demás casos es una tontería. ¿Responsabilidad política? Otra estupidez si el sospechoso es de izquierdas. En Rivas solo hay responsabilidad política si hay responsabilidad penal previa o, en su caso, si el acusado no es de los suyos. Y rizando el rizo, según los portavoces de la izquierdona ripense, conducir bajos los efectos del alcohol o sin carnet es un asunto privado que nada tiene que ver con la actividad política y, por tanto, no se deben exigir responsabilidades políticas. Claro, como no habremos caído en ello, la calle “es suya” también, ¿habrán privatizado las calles? ¿Poner en peligro los bienes y la integridad física de terceros es un asunto privado?

Así las cosas ¿qué era lo procedente? Pues lo de siempre en Rivas. Dar la vuelta a la tortilla y “linchar” políticamente a quien se atreve a afearles una conducta que en cualquier otro sitio sería inaceptable. Y es lo que hicieron en el Pleno del Ayuntamiento en el que se debatía la moción popular reprobando al edil comunista: centrar el debate en la poca ética de los populares por pedir la reprobación del concejal comunista, por no esperar a que hubiese una sentencia firme y por cuestionar una conducta “privada” de un cargo público comunista. Lo de siempre. No es la primera vez. Que, como consecuencia de las llamadas de los vecinos, se pilla a un médico de la izquierdona sustrayendo material médico a altas horas de la madrugada del centro de salud, no pasa nada, desaparece el informe policial y se lincha al portavoz del PP por cuestionar ese comportamiento. Que se vulnera la Ley de incompatibilidades y se otorgan contratos millonarios a la cónyuge de un ex cargo de confianza, no pasa nada, se lincha al portavoz del pp que lo denuncia. Que se procesa a un Concejal de IU por presuntos delitos de prevaricación y contra el Medio ambiente, no pasa nada, se impone la omertà y la subvencionada y dócil prensa local la acata.

Hay cosas que no cambian y tantos años de poder han ido perpetuando los peores hábitos políticos imaginables. La ejemplaridad, la transparencia, la austeridad y la democracia real son lejanos conceptos para una izquierdona convencida de estar en posesión de la verdad absoluta y destinada a impartir credenciales democráticas en su entorno. Si hay un sitio donde de verdad sea imprescindible una profunda regeneración democrática es en Rivas – Vaciamadrid porque el mal olor, lejos de extinguirse, se acrecienta año tras año.

Santiago de Munck Loyola

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Las "apuntaladas" elecciones del PP de la ciudad de Alicante.

Reproduzco aquí la información publicada el 31 de octubre de 2013 en el Diario El Mundo, edición de Alicante, en el que se pone de manifiesto lo que algunos veníamos vaticinando y denunciando: que las elecciones internas del PP de la ciudad de Alicante son un fraude político y democrático, un montaje para que en el fondo nada cambie, para que el partido en el ciudad siga controlado, es decir, muerto e inactivo, por la Alcaldesa, Sonia Castedo, y sus peones - concejales, bien directamente o a través de parientes. Una vez más, el nepotismo, el amiguismo y la sumisión servirán para que la regeneración democrática se una simple utopía. El Presidente Provincial, Ciscar, y su Secretario, Zaplana, han liquidado cualquier posibilidad de celebrar unas elecciones modélicas, limpias y transparente. No les interesa un Partido Popular en Alicante fuerte y renovado que pueda poner en evidencia sus sucios y caducos hábitos políticos. Al que sobra lo eliminan y punto.

Ciscar liquida la regeneración del PP.

La dirección provincial popular de Alicante acaba de convocar las elecciones internas a la Presidencia de las recientemente creadas cinco Juntas de Distrito de la ciudad de Alicante. Con ello se pretende culminar un proceso electoral desarrollado de espaldas a los afiliados e iniciado hace más de un año con la supresión ilegal de la Junta Local de la ciudad de Alicante que se ha saldado, entre otras cosas, con la expulsión de quienes lo hemos venido cuestionando. No se trata de un asunto menor, tras ese cambio de estructura organizativa del Partido Popular de la ciudad de Alicante se esconden importantes cuestiones de fondo que tienen que ver con la democracia interna y con la regeneración democrática de un partido profundamente necesitado de las mismas.

Los ilustres vecinos de Teulada y San Vicente, Sres. Ciscar y Zaplana respectivamente, decidieron que los afiliados de la ciudad de Alicante ni siquiera debían opinar sobre cómo se debía organizar el partido en la ciudad y acordaron suprimir la Junta Local de la ciudad, sustituirla por cinco Juntas de Distrito e inventarse un nuevo órgano, el Consejo de Dirección, coordinado por la Alcaldesa de Alicante. Es decir, que los afiliados alicantinos pasarían a ser afiliados de segunda comparados con los de las demás localidades de la Provincia. Y ¿por qué han retorcido de esta manera los propios Estatutos del PP creando este engendro? ¿Por qué este fraude político y electoral? Pues hay varias razones.

De todos es conocido que la Junta Local del PP no funcionaba desde hace muchos años y que la democracia interna brillaba por su ausencia como lo demuestra el hecho de que no se celebrasen elecciones internas desde hace 8 años o que los afiliados careciesen de cauces de participación. La inexistente organización local solo era unas siglas, un coto cerrado de reparto de puestos y prebendas entre grupos y “familias”. La nueva dirección provincial, en lugar de optar por abrir un proceso electoral limpio, abierto, transparente y participativo, optó por cortar el paso a cualquier alternativa interna regeneradora nacida de las bases con el fin de seguir controlando el dinero de los militantes alicantinos, de impedir que el PP alicantino pudiera resurgir fuerte y renovado haciendo sombra al provincial y, sobre todo, de controlar a la militancia para perpetuar los viejos hábitos. Pero, conseguidos estos objetivos, existe uno aún más importante y que tiene que ver con la famosa línea roja trazada por el Presidente Fabra según la cual ningún político imputado puede optar a cargos orgánicos del PP. Nada impide estatutariamente que Sonia Castedo, pese a estar imputada por diversos delitos, pudiera optar a presidir el PP de la ciudad. Hoy por hoy, ella goza de toda la presunción de inocencia y no tiene limitados sus derechos políticos. Lo impide una directriz, no una norma, del Presidente Fabra que pocos se atreven a cuestionar públicamente, pero que José Ciscar y su equipo han decidido sortear para conseguir que, sin ser elegida por los afiliados, Sonia Castedo se sitúe en la cúpula de los PP’s de la ciudad de Alicante.

Para lograrlo se han inventado un Consejo de Dirección de los cinco distritos que será coordinado casualmente por quien ostente la Alcaldía de Alicante, o sea, Sonia Castedo. Confunden así el partido con el Ayuntamiento, resucitando prácticas totalitarias, sacrifican los derechos políticos de los afiliados a la situación procesal de la Alcaldesa y propinan una sonora bofetada a las directrices del Presidente Fabra, a la democracia interna y a la imprescindible regeneración democrática de una organización cuyos sacrificados militantes no se merecen tanto desprecio y manipulación como la que están haciendo gala algunos dirigentes provinciales. Ahora se comprende que el Secretario Provincial presidiera una cena de homenaje a la Alcaldesa tras ser imputada, que se reuniera con ella para “apuntalar” el proceso electoral interno, que se haya perseguido a los militantes que han reivindicado más ejemplaridad, más honradez y más democracia y que el Presidente Provincial, José Ciscar, declarase el 1 de octubre que Sonia Castedo seguía siendo la mejor candidata popular a la Alcaldía de Alicante. Con dirigentes así, el PP alicantino no necesita adversarios. Algunos recogerán muy pronto lo que están sembrando y desgraciadamente lo veremos en las urnas.

Santiago de Munck Loyola

Presidente del Foro Esperanza Popular

– Movimiento de Bases de Alicante.

Las elecciones en el PP de Alicante en manos del Juez (El Mundo Alicante 30-10-2013).

Admitida a trámite la demanda por incumplimiento de Estatutos contra el Comité Ejecutivo Provincial del PP de Alicante.

29-X-2013

NOTA DE PRENSA.

El 25 de octubre de 2013, el Juzgado de Instrucción nº 7 de Alicante ha dictado un Decreto mediante el cual admite a trámite la demanda presentada por varios afiliados del Partido Popular de Alicante, miembros todos de la Asociación Foro Esperanza Popular – Movimiento de Bases, contra el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante por la adopción del acuerdo de supresión del la Junta Local del PP de la ciudad de Alicante y la creación de Juntas de Distrito vulnerando los Estatutos Nacionales del Partido Popular. Igualmente, en la demanda presentada, cuya documentación adjunta también ha sido admitida, los militantes populares solicitan del juzgado que anule dichos acuerdos, que declara contraria a derecho las actuaciones del Secretario Provincial usurpando funciones estatutarias y que se suspenda cautelarmente la celebración de elecciones internas hasta que no sea dilucidada la legalidad de las actuaciones del Comité Ejecutivo Popular.

A este respecto, Santiago de Munck, uno de los demandantes ha señalado que “resulta lamentable que ante las continuas vulneraciones de los derechos de los afiliados tutelados por la Ley de Partidos Políticos y por los propios Estatutos del PP, los afiliados tengan que acudir a la Justicia a causa de la pasividad, cuando no complicidad, de los órganos internos que deberían garantizar y tutelar esos derechos vulnerados por la Dirección Provincial de Alicante. Seguramente no será ésta la última demanda porque otras vulneraciones, como la negativa a de la Dirección Provincial a rendir y a mostrar la contabilidad a los afiliados o a librar certificaciones de los acuerdos que adopta también deberán ser depuradas ante la Justicia”.

Va siendo hora de decir ¡ya está bien!

Hoy nadie puede negar que el número de ciudadanos que considera a los políticos y a los partidos políticos como un problema sigue creciendo. La desafección ciudadana, la desconfianza hacia la clase política sigue creciendo día a día y lamentablemente se traducirá, lo veremos pronto, en un incremento de la abstención en la próxima convocatoria electoral. La profunda recesión a la que nos ha conducido la clase dirigente española y los numerosos casos de corrupción que inundan los titulares de los medios de comunicación se asocian inevitablemente con los políticos, con los partidos políticos y con las propias instituciones. Y del mismo modo que es peligroso e injusto generalizar estas percepciones y meter a todos en el mismo saco también puede ser muy peligroso ignorar estos síntomas, confiar en que una aún lejana recuperación económica borrará estos recuerdos y no atajar las causas de fondo que originan este malestar ciudadano. Nuestro sistema está enfermo y así lo indica la fiebre, la desafección ciudadana, que poco a poco va aumentando. Si el paciente no obtiene un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado es imposible prever hacia donde evolucionará.

Somos los ciudadanos, cada uno de nosotros, los responsables de hacer que las cosas cambien, de que la política recupere el noble sentido y la alta finalidad que le corresponde y de que, en consecuencia, nuestra sociedad recupere el vigor y la energía suficiente para ofrecer un futuro mejor a sus integrantes. Los ciudadanos no podemos quedarnos con la sensación de que todo da igual, de que no hay nada que hacer, de que todos son iguales y de que lo único que sirve es el “sálvese el que pueda”. La resignación, la sensación de impotencia o la indiferencia sólo sirven para que nada cambie, para avalar cualquier desmán, para que sigan los mismos, bajo unas siglas u otras, usurpando el noble concepto de la política y del servicio público como coartada de sus intereses particulares. La desafección y la desconfianza hacia esta clase dirigente política, económica o sindical no deben servir para alejarnos a los ciudadanos del objetivo de trabajar para transformar y mejorar nuestra sociedad, nuestro entorno más próximo. Todo lo contrario, podemos y debemos cambiar las cosas porque siempre hay alternativas, hay muchas y distintas maneras de hacer las cosas. En muchas ocasiones hemos escuchado de uno y otro lado que no había alternativas económicas, que solo había un camino para salir de una u otra crisis y la experiencia nos ha demostrado, una y otra vez, que era falso. Han terminado por convertir a la Política en la esclava de la economía y de tanto señalarnos con el dedo el PIB o la prima de riesgo no vemos la ruina de nuestro vecino o el deterioro de nuestro Centro de Salud. La macroeconomía ha eclipsado a la microeconomía y la contabilidad nacional a las personas.

Va siendo hora de que los ciudadanos, además de indignarnos, además de desconfiar de una clase dirigente que no ha sabido estar a la altura de las circunstancia y que no está dispuesta a perder sus privilegios, digamos ¡ya está bien! y actuemos. No bastan los lamentos, si queremos que las cosas cambien de verdad tenemos que actuar y hacerlo de la única forma posible en democracia, denunciando públicamente las injusticias, los abusos, los incumplimientos electorales y promoviendo y apoyando toda iniciativa encaminada a regenerar un sistema político que paulatinamente se ha ido alejando de los problemas de los ciudadanos y poniéndose al servicio de una casta endogámica que vive instalada en sus privilegios. Los ciudadanos debemos tener un papel protagonista auténtico que suponga algo más que el simple hecho de depositar una papeleta en la urna cada cuatro años y después, si te he visto no me acuerdo. Los ciudadanos debemos estar para algo más que para pagar impuestos sin que nadie responda del buen o mal uso que hagan de nuestro dinero. Los ciudadanos debemos estar para algo más que para tragarnos unas listas electorales cerradas y bloqueadas sin poder apartar de ellas a los enchufados, incompetentes o corruptos. Los ciudadanos debemos estar para algo más que para subvencionar a unos partidos políticos impermeables a la participación ciudadana y al diálogo social.

Hoy más que nunca el ciudadano no está sólo; podemos interactuar en las redes, movilizarnos y exigir y promover la transformación de un sistema que, a todas luces, no está sirviendo para mejorar la vida y solucionar los problemas que se acumulan. Lamentablemente hoy la política, en muchos lugares, está secuestrada por algunos profesionales de la política, que no por políticos profesionales, por vividores sin principios ni ideales que han encontrado en ella un lugar idóneo para sobrevivir pese a su incompetencia. Va siendo hora de decir ¡ya está bien! de recuperar principios, valores e ideales, de situarlos al frente de la actividad pública y de convertirlos en los motores de la transformación social.

Santiago de Munck Loyola.

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