La próxima Convención Política del PPCV.

El próximo fin de semana, el PPCV celebrará en Castellón una Convención Política con el fin de relanzar el impulso político del mismo. El Secretario General del PPCV, Serafín Castellano ha señalado que esta Convención “será la de las ideas y los proyectos para seguir avanzando por el futuro de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana”. Hay que señalar, en primer lugar, que la Convención Política es una reunión de cargos públicos del PPCV a la que no tienen derecho a participar los afiliados del mismo. De hecho, los afiliados conocemos de su celebración a través de los medios de comunicación y no por cartas o correos electrónicos del Partido.

Este hecho contrasta mucho con las declaraciones del Secretario general que ha indicado que “en la redacción de las tres ponencias el PPCV ha tenido muy presente la voz de los ciudadanos, de los militantes y simpatizantes, porque nosotros trabajamos pensando en nuestros ciudadanos y sus necesidades, de ahí que se hayan celebrado más de medio centenar de reuniones en las tres provincias en las que han participado alrededor de 500 personas para conocer sus inquietudes y reivindicaciones y poder reflejarlas en las ponencias”.

Supongo que alguien le ha debido endosar esta declaración porque es lo políticamente correcto y es lo que debería haberse producido para que la Convención fuera, de verdad, lo que tendría que haber sido: una actualización de los mensajes del PPCV y de sus políticas, una vez oídos los ciudadanos y los propios afiliados del partido. Pero no es así, esta afirmación no es correcta y la Convención y sus ponencias serán fruto, nada más, de los cargos públicos que hayan querido o podido participar y se convertirá en un altavoz propagandístico, no del estrecho contacto con la ciudadanía y las bases del partido, sino del aparato del partido y de sus mensajes precocinados. Más de 100.000 afiliados del PPCV han sido absolutamente marginados de esta Convención.

Ni los afiliados, ni los militantes, ni los simpatizantes del Partido Popular de Alicante, y mucho menos los ciudadanos en general, han tenido la oportunidad de conocer esas ponencias y, mucho menos, de debatirlas con nadie. Las más de medio centenar de reuniones que se han podido celebrar lo han sido, en Alicante al menos, a puerta cerrada y con la presencia exclusiva de cargos públicos. No se ha producido ninguna invitación ni ninguna convocatoria a los afiliados para preparar esta Convención.

Y, sinceramente, no es para presumir de participación en el proceso preparatorio de la Convención Política el hecho de que en estas reuniones previas hayan podido participar unas 500 personas, tal y como señala el Secretario General, si se tiene en cuenta que en la Comunidad Valenciana el Partido Popular cuenta con 2.958 concejales, con 29 parlamentarios nacionales y 55 autonómicos, además de varios centenares de cargos de confianza en la inmensa mayoría de las instituciones de la Comunidad. Quiere esto decir que ni el 17 % de los cargos electos del Partido Popular han participado en las reuniones preparatorias de la Convención. ¿No es preocupante? ¿Están muy ocupados? ¿No les interesa?

Una vez más algo falla. Puede que sea la comunicación, las estrategias, los objetivos o las convicciones políticas, no de quienes ostentan las máximas responsabilidades dentro del PPCV, sino de quienes apoltronados en su estructura burocrática se empeñan en mantener cerradas las ventanas evitando que el aire fresco inunde sus estancias políticas. Se ha perdido una gran ocasión para promover desde abajo, desde las bases, un auténtico revulsivo para reorientar una trayectoria política que, según todas las encuestas, cae progresivamente.

Santiago de Munck Loyola

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Esperanza Popular - Movimiento de Bases en Valencia.

Hoy 1 de junio de 2013 ha tenido lugar en Alboraya, Valencia, el acto de presentación regional de la Asociación Foro Esperanza Popular - Movimiento de Bases. Transcribo a continuación parte de mi intervención:

Buenos días a todos. Muchas gracias a nuestros queridos compañeros y amigos de Alboraya y de Valencia por vuestra hospitalidad. Hoy es una días muy especial para nuestra Asociación, el Foro Esperanza Popular – Movimiento de Bases, y lo es porque nos presentamos de forma pública ante la sociedad de nuestra Comunidad para explicar quienes somos y qué queremos.

Hay que empezar por explicar, una vez más, que no somos un partido político ni una corriente de opinión dentro de ningún partido político. Pero sí somos y queremos ser una corriente de opinión dentro de nuestra Comunidad y dentro de cada uno de los municipios en los que nos hemos constituido. Somos una Asociación de personas unidas por unos mismos principios ideológicos y comprometidas con un objetivo fundamental, la regeneración democrática de nuestra sociedad y de sus instituciones.

Cuando se habla de regeneración democrática se habla de volver a generar, de reformar todo aquello que, con el paso del tiempo, con el conformismo social o con las pasteleos de los partidos políticos, ha ido perdiendo la pureza, la fuerza y la capacidad para cumplir los objetivos que implican construir una sociedad más libre, más justa y más democrática.

Todos sabemos, y no hace falta más que escuchar cualquier conversación de café, que los ciudadanos están cada vez más hartos de la política, de la clase dirigente de nuestro país (Tanto la política, como la sindical o la económica) y de las instituciones y ello por una sencilla razón: porque no han sabido prevenir esta profunda crisis, ni resolverla con eficacia. Y, además, mientras se imponen tremendos sacrificios a la inmensa mayoría de los ciudadanos vemos cómo la clase dirigente española sigue anclada en sus privilegios y da una muestra de falta de ejemplaridad pasmosa. El último detalle, el escándalo de los gin tonics subvencionados del Congreso.

Hablar de regeneración democrática es hablar de reformas: de la despolitización de la justicia, de la reforma del estado y la reconducción de las autonomías, de la eliminación de las subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales, del establecimiento de códigos éticos que depuren la vida política de incompetentes y aprovechados, de reforma fiscal y de muchas otras medidas absolutamente necesarias.

Pero no hay ninguna regeneración democrática posible si no se empieza por regenerar a quienes deben impulsarla, es decir, a los partidos políticos. Los partidos políticos con el paso de los años se han convertido en unas máquinas burocráticas inmensas que sobreviven gracias a las subvenciones y no a las cuotas de sus afiliados. Unas máquinas cuyas estructuras funcionan normalmente de arriba abajo y las que el mandato constitucional sobre su funcionamiento interno sólo se cumple sobre el papel. La ausencia de democracia interna real es la que ha distanciado y distancia cada día más a las élites de los partidos de sus bases y, por tanto, de la opinión y necesidades sociales. Sin democracia interna real no puede haber una regeneración de los partidos y sin ésta no habrá una regeneración democrática de nuestras instituciones.

Todos los que estamos aquí conocemos multitud de casos en los que las direcciones regionales o provinciales han interferido en los procesos electorales de los municipios para favorecer, cuando no imponer, a candidatos afines, siempre dóciles y serviles. De ahí, la ausencia de liderazgos reales y de ahí que algunos tengan que contratar especialistas en liderazgo. Hace tan sólo unos días, hemos escuchado a la Secretaria General del PP, Mª Dolores de Cospedal, contestar a Alejo Vidal Cuadras que en el PP sí hay democracia interna, sobre todo, porque el Congreso Nacional del partido cuenta con casi 2.500 compromisarios, más que los demás. Pero todos sabemos que casi un tercio de esos compromisarios son natos, es decir, están ahí en virtud de su cargo que, por otra parte, se lo deben a sus superiores. Y los demás compromisarios ya sabemos cómo se eligen en muchas ocasiones, presionando desde arriba y condicionando las elecciones de los mismos. Y uno se pregunta ¿en una sociedad tecnológicamente avanzada en la que se puede pagar por Internet a Hacienda o hacer compras o votar en concursos qué necesidad tenemos de que nos representen unos compromisarios? ¿Por qué sólo ellos y nos los cientos de miles de afiliados tienen derecho a votar o a presentar enmiendas en los congresos del PP?

La ciudad de Alicante es un claro ejemplo de la falta de democracia interna en el Partido Popular. Allí, la Dirección Provincial acordó en octubre, sin consultar a los afiliados y tres meses después del Congreso provincial en el que se ocultó esta medida, vulnerar los Estatutos y suprimir la Junta Local sustituyéndola por un número indeterminado de distritos. Da igual que se utilicen los medios internos establecidos en los Estatutos para impugnar esta decisión. Pasan de contestar e incluso se niegan a certificar sus propias decisiones. Eso sí, el Secretario provincial que no tiene tiempo para cumplir su palabra y reunirse con los que impugnaron esa decisión sí que lo tiene para reunirse con los concejales imputados de Alicante para, según el periódico, “apuntar” las elecciones internas. Lo último que hemos conocido es que los militantes de la ciudad no tendrán derecho a voto hasta que no decidan los tribunales la suerte judicial de la Alcaldesa. ¿Alguien puede en serio y con un mínimo de decencia afirmar que eso es democracia interna?

Pero no quiero extenderme en este caso concreto. La democracia interna en los partidos y en especial en el Partido Popular es francamente mejorable. Hay muchas vías para hacerla más real. Los militantes populares y los votantes se merecen mucho más que ser llamados sólo cuando hay que rellenar mítines o cubrir mesas electorales. Sin el debate interno libre, sin el contraste y aportación de ideas y opiniones de todos cuantos siente, sin la capacidad de elegir a los dirigentes y a los candidatos no es posible hablar de democracia interna real. Y sin democracia interna en los partidos cualquier propuesta de regeneración democrática será un brindis al sol.

Somos una asociación y queremos ser una corriente de opinión en nuestro entorno, una voz crítica y exigente orientada a la construcción de una sociedad mejor, de una sociedad con más libertad, más transparencia, más democracia, más ejemplaridad de la clase política y más justa. L mayoría de nosotros hemos sacrificado mucho a favor de unas ideas y unos principios. No vamos a dejar que aprovechados y advenedizos destruyan ese trabajo. Vamos a seguir defendiendo la honradez de la vida política, la ejemplaridad, la austeridad, el fin de los privilegios de la casta política, la eficacia en la gestión y la democracia interna. Y si todo esto molesta a alguien que nos sigan expedientando que nosotros sabremos mejor de qué lado está.

Muchas gracias por vuestra atención.

Algo debería cambiar.

Cada día que pasa parece que se agrava la situación política de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su equipo de gobierno. Poco a poco se va extendiendo la idea, antes muy minoritaria, de que debería dimitir como consecuencia de su imputación por diversos delitos en los Tribunales de Justicia y del daño que esta circunstancia estaba ocasionando a la imagen de la ciudad y del Partido Popular. El pasado fin de semana, sin ir más lejos, durante el acto de celebración del primer año del Presidente Fabra al frente del PPCV, todos pudimos ver cómo distintos dirigentes populares hacían el vacío a Sonia Castedo, y con ello a los alicantinos a quienes como Alcaldesa nos representa, y rehuían cualquier fotografía junto a ella. Por otra parte, va cobrando fuerza el rumor de que en Génova están hartos de la situación y presionan para que dimita. Al parecer, hay quien no desea la foto de la Alcaldesa imputada junto al Príncipe de Asturias en el caso de que presida la inauguración del AVE hasta nuestra ciudad.

Las últimas noticias no han contribuido tampoco a aliviar la mala imagen del Gobierno Municipal y en ellas ha vuelto a ser protagonista el mismo “tronco” que aparece en los procesos judiciales abiertos. Las adjudicaciones municipales de contratos a empresas vinculadas al Sr. Ortiz por importe de 468 millones de euros, realizadas por vía extraordinaria y urgente sin justificación política ni legal alguna, han agravado la mala imagen no ya de Sonia Castedo que no participó en la Junta de Gobierno, sino del equipo de gobierno que ha venido comportándose de forma cómplice en unas formas y modos de actuar más que reprobables. 

Del mismo modo, la anulación por parte del TSJ del Plan Rabasa, en el que también es pieza clave el Sr. Ortiz y su venta de suelos a Ikea, por la existencia de graves defectos en su tramitación ha supuesto una mancha más en la imagen de la gestión Municipal. Si a ello sumamos las recientes informaciones de dos viajes a Portugal de la Sra. Alcaldesa y de su antecesor, Luis Díaz Alperi, en jet privado para negociar los precios de la venta de los suelos del Sr. Ortiz a Ikea, como si se tratase de agentes inmobiliarios, tenemos delante un panorama bastante desolador.

Este lamentable panorama político salpica fuertemente a la imagen del Partido Popular cuya pasividad, cuando no complicidad política, de cara a la opinión pública ha sido más que evidente. La dirección provincial, ante la imputación judicial de la alcaldesa y del vicealcalde, se ha limitado a recordar la obviedad de que las actas de los concejales eran personales y que no se les podía obligar a dimitir, pero es un hecho cierto que no ha querido, o no ha podido ejercer una facultad a través del resto de los concejales, de ordenar la exclusión de los imputados del Grupo Popular Municipal y no lo ha hecho, posiblemente, porque se habría encontrado con la negativa de la mayoría de los mismos quienes, a través de diferentes medios, ya habían expresado que estarían con la Alcaldesa hasta el final. A ello, hay que añadir dos datos relevantes para sopesar la actitud de la dirección provincial del PP ante esta grave situación. De una parte, el hecho de que el Secretario General Provincial José Juan Zaplana presidiera la cena de auto homenaje a Sonia Castedo que se organizó poco antes de Navidad y poco tiempo después de conocerse su imputación judicial. De otra, el hecho de que el Secretario Provincial se reuniera con los concejales imputados para “apuntalar” las elecciones internas del Partido Popular de la ciudad de Alicante, acabando con ello con la esperanza de unas elecciones internas limpias y democráticas, es decir, sin intervenciones superiores para predeterminar un resultado concreto. A este respecto hay que recordar que la democracia interna en el PP de la ciudad de Alicante no funciona, que la Dirección Provincial decidió en octubre pasado, de espaldas a los militantes, suprimir la Junta Local de la ciudad y crear una serie de distritos, que no se ha celebrado ningún proceso electoral interno, superando todos los plazos legales, y que según los medios de comunicación, algo no desmentido por la Dirección provincial, el derecho de voto de los miles de afiliados populares de la ciudad está condicionado al destino judicial de una sola persona, la Alcaldesa.

Aunque este análisis es compartido por muchos afiliados de la ciudad, la mayoría calla y consiente porque ya es sabido que el que se mueve no sale en la foto, pero por mucho que se siga escondiendo la cabeza en el agujero, la realidad es la que es y los hechos son lo que son. La ciudad de Alicante no se merece la imagen que se está trasladando de la institución municipal y los afiliados populares y los votantes tampoco se merecen el deterioro que este espectáculo político y judicial está ocasionando. Hay responsabilidades de muchos, ya sea por acción o por omisión, y desde una perspectiva política no están circunscritas a la esfera municipal, aunque lamentablemente y como suele ser habitual nadie dará la cara en el momento oportuno. Eso sí, matarán al mensajero.

Santiago de Munck Loyola

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Aznar y los votantes populares.

La entrevista que la semana pasada concedió José María Aznar a Antena 3 ha levantado muchas ampollas y ha obligado a muchos a “retratarse”. La irrupción de Aznar en el debate público no ha sido, pese a lo que muchos opinan, una novedad. El ex Presidente del Gobierno y Presidente de Honor del Partido Popular ha entrado en escena en muchas ocasiones a lo largo de los últimos diez años en el debate político y en la vida interna del Partido Popular. La novedad ha estado principalmente en el contendido de su intervención que no ha agradado lo más mínimo ni a la izquierda recalcitrante, obsesionada de forma enfermiza y patológica con José María Aznar, ni al Gobierno y miembros de la estructura burocrática del Partido Popular. ¡Curiosa coincidencia!

Al margen de los “dimes y diretes” o de las variopintas interpretaciones sobre los motivos de esta entrevista, llama mucho la atención algunos mensajes lanzados por Aznar así como la reacción de algunos “líderes” del PP. La verdad es que hablar de “líderes” en el caso de algunos dirigentes populares resulta irrisorio. Gente que debe su puesto al “dedazo” superior, a sus cualidades personales genuflexas y a su sumisión absoluta, incapaces de ganarse el puesto en una competición en las urnas podrá ser todo lo dirigentes que quieran, pero calificarles de “líderes”, en el amplio sentido de la palabra, resulta francamente ridículo. Pero, en fin, hecho este paréntesis, lo cierto es que algunos de estos presuntos líderes han hecho públicas sus sesudas reflexiones sobre la intervención de Aznar concluyendo, y lo que es peor, manifestando públicamente que el Sr. Aznar “tiene a los votantes, pero no tiene al partido”. ¿Se puede ser más memo políticamente hablando? ¿No se percatan de que reconocer que Aznar tiene a los votantes y no al partido significa que el partido ha abandonado a los votantes? Es más ¿qué es un partido sin votantes?

Aznar dijo muchas cosas con las que se identifican muchísimos militantes y votantes del Partido Popular. Eso es una evidencia que sólo pueden negar quienes permanecen aislados de la realidad social y de las bases del Partido Popular. Es probable que los cargos políticos institucionales, los que deben su puesto a la superioridad y no a las bases, crean que Aznar está equivocado o que compartiendo sus opiniones hagan gala de la tradicional cobardía que asegura su supervivencia política y por eso se nieguen a admitirlo, pero cualquiera que se moleste en hablar con los militantes y con muchos cargos públicos en privado escucharán siempre lo mismo: “no es esto, no es esto”.

Los políticos valen lo que vale su palabra. Los programas no están para incumplirlos, como decía el viejo profesor. Muchos, sobre todo los llamados de la vieja guardia, hemos aprendido y asimilado que un programa es un compromiso con el elector, un auténtico contrato por el que los políticos ofrecen propuestas a los votantes a cambio de su voto. Incumplido el programa, se rompe el contrato y quiebra la legitimidad del gobernante. Y cuando se obtiene una mayoría electoral tan importante como la que recibió el Partido Popular hace un año y medio es porque se recibe un mandato claro y expreso para aplicar un programa determinado con todas sus consecuencias, sin dilaciones y sin excusas. No es tan difícil entender, como tampoco es tan difícil explicar desde el primer día las dificultades que puedan ir apareciendo y que no estaban previstas.

Las declaraciones de Aznar han sido, a muy juicio, muy oportunas porque, además, han reflejado el sentir de muchos votantes y militantes populares profundamente desorientados. Se podrá estar o no en desacuerdo con los planteamientos concretos que se deslizaron en esa entrevista pero es indudable, para muchos, que España necesita un liderazgo más sólido, un proyecto claro que desde el cumplimiento del mandato de los votantes responda a los graves desafíos plateados tanto en el campo económico, como el social, el político y el institucional. Decir las cosas claras, abrir el debate sobre las políticas emprendidas o sobre su ritmo, recordar la responsabilidad del Partido Popular con sus votantes o impulsar reflexiones sobre las respuestas que hay que articular ante los grandes desafíos de España no puede, ni debe ser interpretado de forma beligerante, sino que debería llamar sobre todo a la reflexión y al cambio de rumbo y más en el caso de esos “líderes” que reconocen que se han quedado con las siglas pero no con el programa, con los principios o con los votantes, únicos destinatarios de la acción política de un partido político.

Santiago de Munck Loyola

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Sonia Castedo y la Kirchner.

Fotografía publicada por El Mundo.

El pasado viernes, en una entrevista radiofónica, la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, soltó una de sus perlas. “El Mundo arremete porque no pongo publicidad”, es decir, que según la Alcaldesa, el Diario El Mundo informa sobre muchos y variados aspectos de las dudosas actuaciones de la Alcaldesa de Alicante por la sencilla razón de que a dicho diario no se le da publicidad institucional. ¡Y se queda tan fresca! No sé si se trata de inconsciencia, de irresponsabilidad o de prepotencia, pero esta frase tiene mucho más calado de lo que a primera vista podría parecer.

En primer lugar, esta frase pone de manifiesto el papel que en la cabeza de la Alcaldesa deben tener los medios de comunicación. De una parte, entiende que los medios de comunicación solo informan sobre presuntas irregularidades si no reciben dinero del poder en forma de publicidad institucional. De otra, da a entender que los medios de comunicación que no investigan, ni informan con la profusión y el detalle con que lo hace el Diario El Mundo sobre las andanzas de la Sra. Alcaldesa y de su amiguete el Sr. Ortiz es porque están bien “untados” con publicidad del Ayuntamiento Alicantino. En mal lugar deja la Sra. Castedo a todos los medios de comunicación, pero en peor lugar queda ella misma por el bajo concepto que tiene de la libertad de expresión, de la libertad de información y del papel que la prensa debe tener en una sociedad democrática, adulta y libre.

En segundo lugar, cabe preguntarse ¿y por qué no pone publicidad institucional en el Diario El Mundo? ¿Por qué informan y critican las actuaciones de la Alcaldesa de Alicante? Es evidente que si la Sra. Alcaldesa entiende que este Diario arremete contra ella por no recibir publicidad del Ayuntamiento es porque ella, ante las primeras informaciones del mismo, decidió excluir al Diario El Mundo del reparto de la publicidad institucional del Ayuntamiento de Alicante. Pero la Sra. Castedo habla en primera persona, usa el “no pongo” publicidad como si se tratase de su publicidad personal y no la del Ayuntamiento de todos los alicantinos, los que leen y los que leen el Diario El Mundo. Ese uso de la primera persona significa claramente que se trata de una decisión de ella, personal, y denota un concepto patrimonialista de los bienes y del dinero público que no es suyo, sino que pertenece a todos los alicantinos debiendo ella administrarlo con rigor, con justicia y con equidad. Es decir, todo lo contrario de lo que viene haciendo: tú me criticas, pues ni un duro en publicidad. Conmigo o contra mí, pero paga el contribuyente.

En tercer lugar, no es la primera vez que un déspota o un ignorante de los más elementales principios democráticos, usa el dinero público a su capricho y antojo, castigando a los medios de comunicación desafectos dejándolos sin publicidad y premiando a los medios neutrales o afines. Esta conducta totalitaria ha venido siendo castigada y corregida por la Justicia en muchas ocasiones, tirando de las orejas a los políticos castigadores de la prensa. Debería saberlo la Sra. Alcaldesa y debería, aunque sea por aparentar que cree en la libertad de información, corregir su actitud. Y lo que es más importante, si cree que este Diario o cualquier otro miente, calumnia o difama con sus informaciones lo que debería hacer, y lo que hace cualquier persona inocente, es acudir a los Tribunales de Justicia, sea contra quien sea. Pero eso de ¡hala, te castigo sin publicidad! Es más propio de lejanos territorios y países y no de una ciudad y de una sociedad como la alicantina.

Puede que la Sra. Castedo haya encontrado su modelo en el comportamiento y en la actitud hacia la prensa libre que mantiene la viuda del Sr. Kirchner, Dª Cristina, que concentra el 80 % del presupuesto de publicidad institucional en los medios de comunicación “amigos”, pero de ser así peor le van a ir las cosas. ¡Quién sabe! A lo mejor es que, al final, detrás de algunas informaciones y críticas existe una confabulación judeo masónica y no nos habíamos enterado. Aunque todo parece indicar que la reacción ante las mismas obedece a una simple manifestación de despotismo sin ilustrar y sin lustre alguno.

Santiago de Munck Loyola

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La reforma educativa.

En los distintos informes que evalúan los resultados de los sistemas educativos de los diferentes países existe una coincidencia generalizada: los datos relativos a España no son buenos, ni mucho menos. Según la mayor parte de estos informes la situación del sistema educativo español es francamente mejorable. En los últimos diez años, hemos aumentado el número de personas que alcanzaron un título de bachiller o universitario, pero mas del 47% de la población entre 25 y 64 años sólo cuenta con la educación obligatoria o menos, lo que nos aleja mucho de la media de los países desarrollados. En cuanto a competencias de los alumnos, España ocupa el puesto 18 entre los 25 países comunitarios evaluados en PISA 2009 y el fracaso escolar afecta a 28 alumnos de cada 100. Otro dato preocupante es que un 24 por ciento de jóvenes de entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja. Contamos con el mayor índice de Europa de desempleo entre los jóvenes, el 25 % de la población activa, consecuencia directa de la peor formación de nuestros jóvenes respecto a los europeos, a menor formación más desempleo.

Y no se trata de que en España se invierta menos en educación que nuestros vecinos europeos. No, ahí no parece radicar el problema a pesar de las reiteradas mentiras de la izquierda. Según estos mismos informes, España invierte por alumno un 6% por encima de la media de la OCDE y un 7% por encima de la media de la Unión Europea. Nuestra ratio de alumnos por profesor es inferior a la media europea. Y nuestros alumnos “padecen” también más horas de clase que la mayor parte de los alumnos europeos. En resumen, en España gastamos más dinero en educación que nuestros vecinos, empleamos más recursos humanos que los demás, invertimos más tiempo lectivo que la media europea y obtenemos unos resultados pésimos que nos sitúan en el furgón de cola en cuanto a conocimientos y equidad del alumnado. No hay que ser un lince para deducir que esta situación es consecuencia directa de las leyes educativas que durante décadas ha venido imponiendo la izquierda española, partidos y sindicatos. Y tampoco hay que ser un genio para deducir que no es posible seguir sosteniendo este modelo educativo y que anclarse en el inmovilismo conduce directamente al suicidio educativo.

Si este es el panorama, la cerril actitud del PSOE y sus satélites empecinados en el “no se toca” solo puede ser comprendida desde el deseo y el objetivo de seguir primando el adoctrinamiento ideológico sobre cualquier otra consideración. La reforma avanzada por el Ministro Wert apunta hacia posibles soluciones a los graves problemas que la izquierda ha generado en nuestro sistema educativo, pero lo hace de forma tímida y sin llegar a cumplir todos los compromisos recogidos en el Programa Electoral del Partido Popular que obtuvo el respaldo mayoritario de la sociedad española hace año y medio.

Y como era de esperar al inmovilismo y conformismo de la izquierda española, radicalmente contraria a criterios de excelencia, de libertad o de competitividad, se suma la tragicómica oposición de los nacionalistas quienes llegan a calificar de “atentado” el hecho de que se habilite un sistema para que cualquier niño pueda estudiar en español en cualquier parte de España. Algo tan simple y tan elemental como eso, impensable en cualquier otro país de nuestro entorno, es rechazado visceralmente por estos antidemócratas separatistas que, una y otra vez, se niegan a cumplir las reiteradas decisiones judiciales amparando ese elemental derecho. Hoy los hechos demuestran que fue un error romper la unidad educativa en todo el territorio nacional al transferir las competencias educativas a las Comunidades Autónomas como lo fue también transferir competencias en sanidad o romper la unidad de mercado. El principio constitucional de igualdad entre los españoles quedó desvirtuado y en la práctica supone que los españoles gozamos de diferentes derechos en función del territorio de residencia haciendo que, progresivamente, vayamos perdiendo cohesión social frente a una Europa que avanza en la dirección contraria.

Eso sí, los socialistas se van a servir una vez más de las autonomías para tratar de frenar o paliar las reformas educativas del Partido Popular, respaldadas por la mayoría electoral, y así lo han anunciado en Andalucía, por ejemplo. O en Asturias donde los socialistas ya se han puesto manos a la obra y para mejorar la calidad de la educación ya han adoptado una importantísima medida que seguramente causará admiración en toda Europa: ya no habrá vacaciones de Navidad ni de Semana Santa, pasarán a llamarse vacaciones de diciembre o de invierno y vacaciones del 2º trimestre. Todo un acierto que a buen seguro redundará en el rendimiento académico de los alumnos.

Santiago de Munck Loyola

¡Bien por Esperanza!

No sé si Esperanza Aguirre está impulsando o no “una corriente de opinión” que algunos, sobre todo en la Comunidad Valenciana y en especial en Alicante, podrían considerar “contraria a los intereses del Partido”, pero lo cierto es que no somos pocos los militantes del Partido Popular los que nos sumamos a muchas de sus propuestas que, sin duda, podrían contribuir, de llevarse a cabo, a regenerar al Partido Popular y a combatir eso que algunos llaman la desafección de los ciudadanos hacia los partidos y la clase política y otros llamamos simplemente hartazgo. Hoy, sin ir más lejos, Esperanza Aguirre ha manifestado que "con elecciones internas para encontrar a los dirigentes, los militantes de base se sentirían mucho más involucrados en la vida del partido". Nada más sensato ni más lleno de sentido común que esa reflexión. Algunos lo han interpretado como una reivindicación de las primarias para el Partido Popular. Pero, primarias o no, unas elecciones internas libres, democráticas, sin tutelas ni fiscalizaciones superiores son un requisito esencial para que los militantes se involucren más a fondo con su partido.

Esta reflexión ha obtenido la respuesta inmediata de la Secretaria General: "En los congreso del PP hay libertad para presentarse”. Y no, no es así y lo debería saber. En los Congresos del PP, locales, provinciales, regionales o nacionales, junto a la “libertad y democracia interna teóricas” hay filtros y prácticas que limitan enormemente esa supuesta libertad. Muchas veces da la impresión que cuanto más alto se sube en las estructuras del Partido Popular más se desconoce lo que constituye la práctica y las costumbre de los aparatos del mismo. Los altos cargos, rodeados de aduladores y pelotas, terminan como el Rey de la leyenda, paseándose desnudos y sin reconocerlo, no sea que alguien les llame tontos.

La democracia interna y la participación de los militantes es mínima en el Partido Popular y eso lo sabe cualquiera, especialmente en la Provincia de Alicante como le debería constar a la Secretaria General aunque no tenga tiempo para contestar a los escritos de los militantes de la Provincia. Una cosa son los Estatutos, democráticos pero manifiestamente mejorables, y otra las prácticas que unos y otros se gastan. Y uno no habla de oídas, sino que lo ha vivido personalmente. Un servidor conoció de primera mano en 2008 el uso de algunos métodos repudiables para la obtención de avales para Rajoy por parte del Secretario General, Ricardo Costa, quien no tuvo inconveniente alguno en citar en Valencia a Alcaldes y Concejales para que firmaran ya los avales para el candidato, en una infantil y estúpida carrera a ver quién presentaba más avales, con la velada amenaza de que de no hacerlo podrían peligrar inversiones de la Generalitat o determinados trámites para sus respectivos municipios. Y hasta tal punto llegaron las cosas que muchos de los afectados se reunieron en la sede provincial con el entonces Presidente provincial para hacerle saber las presiones a las que estaban siendo sometidos. ¿Democracia interna?

Un servidor al igual que otros, cuando quiso ejercer su derecho y asistir como compromisario a un Congreso del PP, recibió la llamada del hoy Secretario General provincial, José Juan Zaplana, quien le comunicó que no podía presentarse para ir al congreso porque los puestos de la ciudad de Alicante ya estaban repartidos entre “las familias y sensibilidades” del partido en la ciudad y que, por tanto, su candidatura sobraba. ¿Libertad interna?

Y si hablamos de los congresos locales de la Provincia de Alicante podemos hacer un relato muy extenso de las “intervenciones” de la Dirección Provincial en los procesos electorales para influir de forma decisiva en la elección de Presidente locales afines, rompiendo la debida imparcialidad en toda elección democrática de los órganos superiores, como en el caso de Torrevieja donde se produjeron actuaciones poco ejemplares desde una perspectiva democrática. Y qué decir de Benidorm o de Elche.

El resultado de las intervenciones a favor de unos u otros candidatos en los procesos electorales internos por parte de los órganos superiores termina traduciéndose en rupturas del partido y en el establecimiento de liderazgos débiles y mediocres, aunque muy sumisos con la superioridad que parece ser lo único importante para algunos, haciendo con ello bueno aquello de que en el reino de los ciegos el tuerto es el rey. Y pare qué hablar de la designación de los componentes de las lista electorales a las instituciones públicas donde, por Estatutos, los militantes no tienen nada que decir ni proponer.

Para todo aquel que conozca mínimamente el funcionamiento de los partidos y el desorbitado poder de sus estructuras burocráticas resulta indudable que es preciso mejorar los niveles de democracia interna, de participación de la militancia y de apertura al cuerpo electoral. El problema estriba en que es algo tan asumido que el actual sistema interno es democráticamente aceptable que, incluso, los medios de comunicación a penas lo cuestionan. Hace tan sólo un par de días, un comentarista político en una emisora de radio comentaba sobre los posibles sucesores de un determinado presidente autonómico del Partido Popular. No se le pasó por la cabeza mencionar cual de los dos aspirantes podía contar con más apoyo entre los militantes del Partido Popular, sino que centró sus posibilidades sobre el apoyo que uno y otro recibían respectivamente de Mª Dolores de Cospedal y de Soraya Sáenz de Santamaría. Para el comentarista lo decisivo no era el respaldo de la militancia, sino el de los de arriba. La militancia, un cero a la izquierda.

Pues a esa reacción es a la que no nos queremos resignar quienes creemos en la democracia, en el incalculable valor de la militancia política. Los populares tenemos el sistema estatutario que tenemos, pero unos estatutos no son ni la Biblia ni las Leyes Fundamentales del Movimiento. Son mejorables y constituye una obligación moral y política trabajar por que así se haga. Más democracia interna, más participación y más libertad. Si esa es la “corriente de opinión” que impulsa Esperanza Aguirre, yo me sumo.

Santiago de Munck Loyola

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Sin financiación justa no puede haber un reparto justo del déficit.

Estos últimos días ha estado muy agitado el patio autonómico a cuenta del reparto del déficit. Y si esta agitación la ha producido el reparto del déficit resulta inimaginable lo que habría sido si el reparto fuera de un superávit. Habrían volado los cuchillos y las navajas. Cada Presidente autonómico y en especial los del PP que para eso son la mayoría ha intentado hacer valer sus razones y argumentos sobre cómo debería ser ese reparto: igual para todos, asimétrico, penalizando a los incumplidores, premiando a los más cumplidores, etc. Cada cual, en su visión de reino de taifa, se encuentra asistido de poderosas razones con las que sostener sus argumentos. Muchas de las ideas que se han expuesto parecen bastante razonables.

No les falta razón a quienes llevan años apretándose el cinturón y claman contra una posible benevolencia hacia los incumplidores. Para muchos, el hecho de que Cataluña pueda verse beneficiada con un mayor margen de déficit que el resto sin haber hecho los deberes como los demás y sin haber renunciado a gastos inútiles y disparatados constituye una afrenta, no para ellos, sino fundamentalmente para los ciudadanos de sus respectivas Comunidades Autónomas que sí han sufrido los rigores de toda clase de ajustes y recortes en nombre de la tan cacareada austeridad y estabilidad presupuestaria. Señalan que otorgar a Cataluña un mayor déficit que al resto de las comunidades autónomas es facilitar, además, el proyecto independentista a costa del bolsillo de los demás. Y no es que los ciudadanos de Cataluña no hayan sufrido en sus carnes también muchos recortes de mano de sus gobernantes separatistas sino que lo han hecho a costa de mantener seudo embajadas superfluas o un entramado televisivo público insostenible, pero muy rentable políticamente para los fines separatistas.

Hay quien, como el Presidente Fabra, reivindica el establecimiento de un déficit asimétrico, o sea, desigual, para entendernos, justificado por un hecho indiscutible como es la gran diferencia de financiación entre las distintas comunidades autónomas; un hecho que viene perjudicando especialmente a la Comunidad Valenciana que tan sólo entre 2011 y 2012 ha recibido 5.500 millones de euros menos de lo que habría recibido en el supuesto de contar con la misma cantidad por habitante, por ejemplo, que Cataluña. La Comunidad Valenciana ha sido la autonomía que menos ingresos públicos por habitante ha tenido en estos dos últimos años. Por cierto, algo parecido le pasa a la Provincia de Alicante en cuanto a las inversiones de la Generalitat en la misma que, al igual que con las inversiones estatales, está discriminada. No se puede pedir a quien recibe menos financiación que disminuya sus gastos en la misma medida que quienes perciben mucho más por cada habitante.

A nadie se le escapa que el tema de la financiación es un tema espinoso cuya solución se viene arrastrando desde hace muchos años. A la hora de pedir dinero, cada región encuentra siempre un motivo diferencial con el que justificar una demanda mayor que la de su vecino. Cuando no se trata de las peculiaridades geográficas, se trata de el PIB o si no de la población estacional, el nivel de desempleo o la existencia de lengua propia. Lo cierto es que hoy el principio constitucional de la igualdad entre los españoles está más lejos que nunca de ser una realidad. Los españoles, en función del territorio de residencia, cuentan con un mayor o menor catálogo de prestaciones públicas, una fiscalidad diferente y una aportación estatal también distinta. Es evidente que seguir avanzando en la misma dirección sin antes proceder de una vez a abordar con decisión y con la legitimidad que otorgan las urnas a una profunda revisión de nuestro modelo sólo puede servir para seguir incrementando los agravios comparativos entre los ciudadanos españoles. Establecer un determinado criterio del reparto del déficit sobre la base de un injusto sistema de financiación que hace que valga más un ciudadano residente en Navarra que otro en la Comunidad Valenciana es profundizar en la injusticia y en la fragmentación de la cohesión social.

En todo caso y sea cual sea la solución que finalmente se adopte en este asunto, bienvenido sea el debate público entre los dirigentes autonómicos y especialmente entre los populares. Pese a lo que algunos afirmen, el debate público es siempre enriquecedor y, como muy bien ha señalado alguno, unidad no es lo mismo que uniformidad. Es posible que “el apoyo al gobierno no sea negociable” entre los Presidentes autonómicos populares, pero lo que es indiscutible es que lo que no es, ni debe ser negociable es la lealtad a los ciudadanos y la defensa de sus derechos frente a cualquier tipo de injusticia discriminatoria. No le falta razón al Presidente Fabra pero en política, en muchas ocasiones, no basta con tener razón. Deberá tener cuidado con lo que dice no sea que alguien termine por acusarle de intentar crear una corriente de opinión contraria a los intereses del partido si éstos, además, no coinciden con los intereses del ciudadano.

Santiago de Munck Loyola

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Creciendo con esperanza.

Hoy, 15 de mayo de 2013, gente de más de 60 municipios de la Comunidad Valenciana hemos constituido una nueva Asociación, “Foro Esperanza Popular – Movimiento de Bases”. Militantes, ex militantes del PP y ciudadanos sin adscripción partidista nos hemos agrupado para impulsar algo tan demandado por los ciudadanos como la regeneración democrática. Para intentar explicarlo reproduzco mi intervención a continuación. Hemos dado un paso firme e importante para promover valores, principios y propuestas que deberían, en su mayoría, pertenecer al acervo ético de nuestra clase política.

“Buenas tardes a todos. Quiero empezar por agradecer especialmente el esfuerzo de quienes desde otras localidades y especialmente a nuestros compañeros de Valencia os habéis desplazado hasta aquí. Muchas gracias.

Hoy es un día especial para quienes creemos en la necesidad de una regeneración democrática de los partidos y de la política en general. Hoy, damos un paso más. Lo que empezó con iniciativas independientes en Valencia, Castellón y Alicante, tanto desde el Foro Movimiento de Bases del PPCV, como desde el Foro Esperanza Popular de Alicante, hoy se constituye como una nueva Asociación Regional, el Foro Esperanza Popular – Movimiento de Bases. Dos iniciativas nacidas en territorios distintos, pero coincidentes en los principios y en las propuestas en que dichos principios deben plasmarse. Dos iniciativas nacidas ante la constatación de la inexistencia de cauces de participación en las organizaciones políticas y de grandes déficits de democracia interna.

No somos un nuevo partido político como dicen algunos. Ni tampoco somos, ni queremos ser una corriente de opinión dentro del Partido Popular. Es cierto que la mayoría de los que hoy damos este paso somos afiliados, o lo hemos sido, del Partido Popular, y algunos desde mucho antes que algunos de nuestros actuales dirigentes, pero también forman parte de la Asociación ciudadanos sin filiación política que comparten nuestros principios, valores y propuestas.

Este Foro nace con el objetivo de promover la regeneración democrática de las instituciones y, por supuesto, de los partidos políticos que, con el paso de los años, se han ido convirtiendo en máquinas burocráticas electorales cada vez más alejadas de la voluntad de sus militantes y de los problemas de los ciudadanos. Queremos que los partidos políticos y en especial el nuestro, en el caso de los que pertenecemos al Partido Popular, vuelvan a ser lo que nuca debieron dejar de ser, cauces de participación y expresión de la voluntad de los ciudadanos.

Por ello, desde esta Asociación queremos promover la democracia interna, la participación, el debate interno, la libertad, la honradez y la eficacia en la gestión pública, la ejemplaridad y la transparencia. Conceptos e ideas que ninguna persona decente podría considerar contrarias a los intereses de un partido político y, menos aún, a los intereses del Partido Popular. Sin embargo, en demasiadas ocasiones, vemos como algunas personas confunden los intereses del partido con los personales o los intereses generales con los de su bolsillo.

Hoy, cuando el crédito de la clase política está más bajo que nunca, cuando se cuestiona el propio sistema democrático, es más necesario que nunca reivindicar el noble arte de la política y la vocación de servicio público. Pero para poder hacerlo con coherencia y con credibilidad es imprescindible exigir una profunda regeneración de todo aquello que sabemos que no funciona bien, es preciso denunciar comportamientos escasamente ejemplares y es necesario formular alternativas y nuevos modelos de participación.

Con esta vocación nace el Foro Esperanza Popular – Movimiento de Bases y lo hace desde más de 60 municipios de la Comunidad Valenciana en cada uno de los cuales se irá constituyendo un Foro Local, un lugar de encuentro, de reflexión, de debate y participación destinado a enriquecer el debate político y a promover nuevos modelos de acción política. No ignoramos las enormes dificultades de toda índole a las que nos enfrentamos, incluido cierto silencio mediático, pero estamos convencidos de que el esfuerzo merece la pena.”

Santiago de Munck Loyola

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Del cordón sanitario a “un pacto por favor”.

¡Cómo cambian los tiempos! Hace pocos años, ayer como quien dice, el Sr. Rubalcaba, junto a los demás miembros de su partido, era uno de los promotores de aquella estrategia antidemocrática llamada del “cordón sanitario” al PP o lo que es lo mismo, al “PP ni agua”. El PSOE promovió entonces un aislamiento político al Partido Popular a todos los niveles, promoviendo cualquier tipo de alianzas y pactos con cualquiera con tal de no acordar nada con el Partido Popular. De esta forma y durante dos legislaturas, el PSOE, con un respaldo electoral muy inferior al que obtuvo el Partido Popular en las últimas elecciones, tomó toda clase de decisiones e impulsó todo tipo de reformas legislativas sin sentarse a hablar con el Partido Popular, sin diálogos, ni consensos, que para eso estaba en vigor el llamado “cordón sanitario”. Sin acuerdos con el principal partido de la oposición y con un visible ánimo revanchista, los socialistas deshicieron todo lo que pudieron y a velocidades de vértigo: la reforma educativa, el Plan Hidrológico Nacional, la política antiterrorista, la política exterior renunciando al mayor peso obtenido para España en la Unión Europea, etc. Hasta la ley de aborto fue objeto de una importante reforma sin contar para nada con la oposición consiguiendo que España sea el único país del mundo en que las menores puedan abortar sin conocimiento ni autorización de sus padres.

Hoy, el panorama es muy distinto. El Sr. Rubalcaba y los suyos, además de seguir horadando su suelo electoral, por cierto con excelentes resultados, no dejan de ofrecer supuestos pactos y no paran de apelar al diálogo al Gobierno. Un diálogo que ellos nunca ofrecieron y un consenso que siempre negaron. Hoy cualquier reforma del nuevo gobierno es sistemáticamente descalificada, es tachada de contrarreforma al mismo tiempo que se ofrecen pactos. La experiencia demuestra cómo construye y cómo gestiona los pactos el PSOE y no hay más que recordar lo sucedido en torno al pacto antiterrorista.

La última generosa oferta del Sr. Rubalcaba versa sobre la política económica. Es verdad que el PSOE pide ahora muchas cosas que no quiso, pudo o supo hacer como se ha visto en el tema de la dación en pago pero, ahora, la nueva propuesta socialista introduce elementos tan novedosos como curiosos, algunos incluso fuera de la esfera del sentido común. El Sr. Rubalcaba acaba de presentar una serie de medidas para pactar con el Gobierno. Como era de esperar, los socialistas se decantan por seguir tirando del dinero público sin concretar de dónde piensan que se podrían obtener los recursos necesarios para ello sin subir los impuestos o sin incrementar el endeudamiento público, cuyos intereses nos están ahogando. El PSOE propone  créditos de hasta 30.000 euros por cada contrato indefinido de un desempleado, por ejemplo, o que las empresas de menos de 50 trabajadores que amplíen su plantilla con desempleados y la mantengan durante el tiempo de aplicación de los estímulos laborales, tengan una bonificación extraordinaria del 100 % de las cotizaciones sociales el primer año, el 75 % el segundo y el 50 % el tercero, aumentando así el desequilibrio de sus cuentas o la creación de un Fondo de Emergencia contra la Pobreza, con una dotación de hasta mil millones de euros para 2013, sin especificar de dónde se saca ese dinero.

La propuesta de pacto al Gobierno abarca la política de vivienda, control de precios, modelo fiscal, modelo de crecimiento y política industrial, reformas en el sector de la energía y de las profesiones reguladas, reforma de las administraciones públicas y una ley de transparencia pactada, como si no pudieran llegar a acuerdos en el trámite parlamentario de la que se está tramitando. Y tiene su miga que en cuanto a las pensiones, el PSOE advierta que no apoyará nuevas reformas sin el consenso de los integrantes del acuerdo tripartito que modificó el sistema en 2013, y aboga por mantener el pacto de Toledo, suscrito hace 20 años y que, afirma el documento, "es un activo intangible que debe ser preservado". Un activo intangible siempre y cuando que el que lo toque no sean ellos, se entiende.

Parece que ya ha quedado claro que esa ocurrencia de tocar el dinero del rescate bancario para otros fines diferentes a los que tenía asignado no tiene encaje legal en la Unión Europea y que la peregrina propuesta de dar dinero a las empresas a cambio de que no se produzcan despidos, se ha encargado el mismo Felipe González de tirarla por tierra.

Es evidente que los dirigentes socialistas siguen a lo suyo, en no reconocer los errores y las responsabilidades que nos han traído hasta aquí, en insistir en modelos y políticas económicas suicidas, en seguir profundizando en estrategias suicidas y en intentar hacer creer que tienen una alternativa cuando lo que en realidad proponen es una fotocopia de su pasado más reciente. Rubalcaba y los suyos van a conseguir hacer realidad de frase del recientemente fallecido Giulio Andreotti de que el “poder desgasta, sobre todo cuando no se tiene”.

Santiago de Munck Loyola

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El PP expedienta al militante que pidió honestidad a sus cargos.

El PP expedienta al militante que pidió honestidad a sus cargos.

Dice crear una corriente de opinión contraria al interés del Partido.

(Página 1, El Mundo, Edición Alicante, martes 7 de mayo de 2013).

El PP expedienta al militante alicantino que pidió apartar a los cargos imputados.

Le acusa de “creación de corrientes de opinión contraria a los intereses del partido”.

H. Fernández/Alicante.

El PP de la Comunidad Valenciana notificó el pasado viernes, con fecha 29 de abril, al líder de Esperanza Popular, el afiliado alicantino Santiago de Munck, la apertura de un expediente informativo por parte del Comité de Derechos y Garantías (órgano disciplinario regional) por “participar de forma activa en actos dirigidos a crear o inducir la creación de corrientes de opinión contrarias a los intereses del partido”. Se da la circunstancia de que de Munck es el único afiliado del PP de Alicante que se ha atrevido a pedir públicamente que los cargos públicos del partido cumplan con los principios de “austeridad, honestidad y eficacia en la gestión pública” y que se aparten “de su seno a cuantos vulneren dichos principios”. De Munck fue así de claro ante la triple imputación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su vicealcalde Andrés Llorens, entre otros cargos públicos de la ciudad y diputados de las Cortes Valencianas salpicados por supuesta corrupción.

El escrito, firmado por el instructor del caso y diputado Felipe del Baño, le da la oportunidad a De Munck de responder en un plazo de 15 días y ayer mismo el afiliado contestó que le es “imposible efectuar alegación alguna en mi defensa si no se me da traslado del expediente íntegro que sirve de base para la incoación del expediente informativo”. También se queja de que “estamos ante un claro supuesto de indefensión que sumado al previo anuncio” en un medio de comunicación provincial el 22 de febrero “retrataría perfectamente el modo de proceder del Comité de Derechos y garantías”.

De Munck además muestra su extrañeza con que se abra expediente “sin haber resuelto previamente el recurso que presenté por la vulneración por parte de la dirección local y de la provincial de Alicante de mis derechos políticos recogidos en los estatutos del partido, sin que se haya pronunciado tampoco sobre la apertura o no de expedientes informativos a los cargos del partido que han venido incumpliendo los estatutos del partido y de cuyas actuaciones he informado y sin que tampoco haya resuelto el Comité Nacional de Derechos y Garantías otro recurso que he presentado”.

De Munck, que es interventor (1) municipal de Monforte del Cid, se opuso desde el primer momento a la división de la Junta Local del PP de Alicante en distritos, una decisión tomada por el presidente provincial del PP de Alicante, José Ciscar, a su llegada al cargo. Para De Munck y los suyos esta decisión debía haberse votado en el seno del partido.

Fue entonces cuando, junto a otros compañeros del Partido agrupados bajo Esperanza Popular, redactó un manifiesto “por la regeneración interna del PP” que recogió cerca de 400 firmas y que elevó a Madrid, a la secretaría general del PP, María Dolores de Cospedal. Posteriormente De Munck y sus afines comenzaron a trabajar en la campaña interna del PP local de Alicante abriendo un foro público de discusión que en principio iba a ser oficina electoral. No obstante la provincial ha paralizado el proceso de los distritos. En este tiempo, la cúpula del PP alicantino envió información al comité disciplinario para que actuase contra el afiliado por todo lo anterior.

(1)   Se trata de un error. Es funcionario, pero no Interventor.

ORGANIZACIÓN.

Y los distritos, paralizados.

Mientras se incoa el expediente contra el afiliado Santiago de Munck, la dirección provincial ha ralentizado la implantación de los distritos de la junta Local del PP de Alicante a la espera del futuro judicial de la alcaldesa (una probable apertura de juicio oral por tres graves delitos en la trama “Brugal”) y en previsión de que ella utilizase este proceso para reivindicarse ante la militancia y si gana, ante los órganos superiores del partido cuando llegue la confección de listas electorales. El proceso se encuentra estancado en la redacción de un reglamento de funcionamiento.

(Página 5, El Mundo, Edición Alicante, martes 7 de mayo de 2013).