Hace
pocos días, el pasado domingo, el Diario El Mundo de Alicante, dedicando dos
páginas enteras a la situación política que se vive en el Ayuntamiento de
Alicante por la delicada situación procesal que atraviesa la Alcaldesa Sonia
Castedo, encabezaba su información bajo el siguiente titular “Concejales del PP piden a Císcar que
acelere la caída de Castedo para evitar el expolio de Alicante”. A
continuación subtitulaba esta información con dos frases: “Manifiestan al líder provincial del PP que si se retrasa, la mayoría
absoluta será irrecuperable” y que “la
alcaldesa no cuenta ya con ningún incondicional, según han sondeado los ediles
del PP”. No sé a los demás, pero a un servidor cuando lee lo de “evitar el
expolio de Alicante” se le ponen los pelos de punta.
Claro
que para informaciones y opiniones las hay tan variadas que uno no sabe con
cual quedarse. Sin ir más lejos, hace tan sólo un par de semanas, el 7 de enero
de 2013, se publicaban en el Diario Las Provincias las siguientes declaraciones
del concejal popular Luis Barcala: “Sonia
Castedo cuenta con el apoyo incondicional y sin fisuras de la totalidad del
equipo de gobierno”. Aquí pueden plantearse varias hipótesis: o bien el Sr.
Barcala no está entre los supuestos concejales que han ido a lamentarse ante el
Presidente Provincial o bien está entre ellos y se desdice de sus recientes
declaraciones o bien no se entera de nada. Hace tan sólo dos meses, el 16 de
noviembre de 2012, con la Alcaldesa ya imputada en los tribunales, se celebró
una cena de auto homenaje a Sonia Castedo y co-presidiendo dicha cena estaba el
mismísimo Secretario General de la Provincia de Alicante, José Juan Zaplana. Si
estas informaciones, declaraciones y gestos públicos pueden resultar
contradictorios y desorientar a los propios afiliados del Partido Popular que
se supone que algo deben conocer de estas idas y venidas, de estos malabares y
juegos de salón, qué no debe ocurrir en la mente de los ciudadanos alicantinos
que contemplan este espectáculo político. Pues lo menos que se debe de estar
produciendo en el ciudadano es una pérdida progresiva de la confianza que
depositaron en el Partido Popular hace casi dos años, ratificando con ello la
afirmación del Diario El Mundo de que de seguir así la mayoría absoluta será
irrecuperable.
Es
muy difícil explicar a los ciudadanos que el Partido Popular ha trazado una
línea roja respecto a los imputados y procesados que consiste en que, cuando
son imputados o procesados, no pueden ocupar puestos orgánicos en la estructura
del Partido Popular pero sí pueden seguir ocupando cargos públicos en
Ayuntamientos o en las Cortes Valencianas. Es cierto que el Partido Popular no
puede obligar a nadie a renunciar a su cargo público, a su acta de concejal o
de diputado, pero sí puede excluirlos de sus grupos municipales o del grupo parlamentario.
Esa exclusión sí que sería una muestra de coherencia política que con toda
seguridad supondría algo más de confianza y de credibilidad a las llamadas líneas
rojas. Y esa exclusión no supondría cuestionar la presunción de inocencia de
nadie o, en todo caso, supondría hacerlo en la misma medida que se hace cuando
se excluye a imputados y procesados de los puestos orgánicos del propio
partido. No hay fórmulas intermedias válidas y prueba de ello es que la actual
situación consentida y mantenida por los más altos responsables políticos del
Partido Popular está causando una profunda desconfianza entre los
electores y un daño constante a la
imagen e intereses del partido.
Y
si hay algo grave, además, en estas informaciones y en las polémicas que sobre
ello se mantienen es el silencio atronador de quienes deberían negar que se
esté produciendo o se vaya a producir un “expolio” de Alicante, algo difícil de
aceptar. Es una gravísima acusación que debería haber tenido ya una respuesta
pública por parte de la Dirección Provincial. Dicen que el que calla otorga y
en este caso el silencio es inaceptable.
Sea
o no cierta la petición de auxilio de algunos o de todos los concejales al
Presidente Císcar, no es posible olvidar que un concejal tiene ante todo una
enorme responsabilidad ante los votantes y es a ellos a quien se debe en primer
lugar, que esa responsabilidad hace a todos los concejales del gobierno
municipal partícipes de los éxitos y de los fracasos en la gestión municipal y
que en esa responsabilidad se incluye la de elegir a quien ha de ocupar la
Alcaldía y la de destituirlo, en su caso, con la aplicación de los mecanismos
legales existentes para ello. Pero no cabe echar balones fuera.
Santiago
de Munck Loyola