Se quiera o no reconocer hoy se ha
producido un agravamiento de la situación política de la Alcaldesa de Alicante,
Sonia Castedo, y de su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos, además, diputados
alicantinos en las Cortes Valencianas. El juez instructor del caso Brugal en el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana los ha citado como
imputados por su supuesta implicación en el caso Brugal, que investiga
supuestos amaños en el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante en favor
del empresario Enrique Ortiz. La Alcaldesa y su antecesor deberán declarar por
los supuestos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por
autoridad, tráfico de influencias y cohecho.
La imputación de los dos políticos
populares supone el ascenso de un peldaño más en la escalera judicial. Es
evidente que una imputación no supone lesión alguna del principio de presunción
de inocencia, pero es incuestionable que implica consecuencias en el ámbito de
la responsabilidad política. En todo caso, la imputación de ambos
parlamentarios autonómicos y, en especial, de la Alcaldesa es una losa más para
la imagen del Partido Popular de Alicante, para la agónica vida interna del
partido en la ciudad y para la errática política municipal del consistorio
alicantino.
Esta lamentable situación se añade a
otros hechos que en los últimos tiempos han propiciado una más que cuestionable
política municipal y que han puesto en entredicho la imagen y las políticas de
regeneración impulsadas por el Presidente Fabra.
Retrocediendo en el tiempo hay que
recordar la irresponsabilidad y la desmedida ambición que suponía ser candidata
simultáneamente a la Alcaldía de una ciudad tan importante como Alicante, que
requería una dedicación exclusiva, y a un escaño en las Cortes Valencianas. Y
los hechos han confirmado lo desafortunado de esa elección. Después de las
pasadas elecciones, los alicantinos supimos que no todos los concejales
mayoritariamente elegidos por los ciudadanos iban a ostentar responsabilidades.
La Alcaldesa usaba su cargo político para defenestrar a los compañeros no
adictos a esas rocambolescas “familias” que se habían organizado en el seno del
Partido Popular. Daba igual lo que los ciudadanos hubiesen votado.
Más tarde, en el mes de marzo, los
medios de comunicación se hicieron eco de la curiosa forma en que el
Ayuntamiento de Alicante entendía el objetivo de austeridad del Partido
Popular: 47 cargos de confianza en una Corporación de 29 concejales, más de 1,4
millones de euros anuales, algo escandaloso. Y para más abundamiento que el
Grupo Municipal Popular, con 18 concejales, contaba con 37 asesores y
administrativos (personal de confianza). Un poco más tarde otra vez los medios
de comunicación se hacían eco también de curiosos casos de nepotismo en el
Ayuntamiento de la ciudad. Un Diario nacional denunciaba que “Ortiz tiene en nómina al cuñado de Castedo
y a los hijos del técnico que le da contratos” y que “trabajaban para la empresa de limpieza de
la ciudad, la adjudicación más cara de
Alicante”. Igualmente
dicho Diario añadía: “Más
casos: dos hijas de Alperi, parientes de concejales y el marido de la portavoz” con el
siguiente subtítulo “el
PP evita reaccionar contra los brotes de nepotismo en Alicante”. La noticia denunciaba
que la empresa adjudicataria de la recogida de basuras y limpieza viaria,
Inusa, mantenía en plantilla al cuñado de la Alcaldesa de Alicante, Sonia
Castedo, y a los dos hijos del técnico encargado de contratar este servicio en
el año 2000, Víctor López,…los tres forman parte de los 600 empleados de Inusa
y cobran más de 24.000 euros al año. Más adelante, el periódico añadía que “la primera edil tampoco ha negado nunca que
se haya valido de sus influencias para emplear a gente… Castedo agregó
desafiante: lo he hecho porque forma parte de mi trabajo como Alcaldesa, y lo
voy a seguir haciendo”. Bajo el titular sobre las hijas de Alperi, el
redactor de la noticia detallaba además los casos relativos a contrataciones no
sólo de las hijas del exalcalde, sino también de la hija y de la sobrina del
Concejal Miguel Valor, en puestos de confianza, o el caso del marido de la
Portavoz Popular Marta García- Romeu.
El pasado mes de julio, un periódico
denunciaba que la Alcaldesa de Alicante cobraba un extra de 584 € mensuales por
liderar en las Cortes Valencianas la Comisión de Seguridad Nuclear a la que no
asistía. Y nadie desmintió esa noticia. Y, finalmente, el pasado mes de
septiembre se conoció el escrito del abogado defensor de la Alcaldesa tratando
de justificar el injustificable, baboso y esperpéntico tono de las
conversaciones entre toda una Sra. Alcaldesa y un empresario, entre Sonia
Castedo y Enrique Ortiz. Para ello el Sr. Letrado acudía nada menos que a la
semántica para intentar explicar, sin conseguirlo, que amañar un Plan General
no es lo mismo que apañarlo. Sobran los comentarios.
Llueve sobre mojado. No se trata de
un hecho aislado, sino de una forma de actuar, de una manera de hacer política
poco estética y bastante alejada de los principios éticos que postula el
Partido Popular. Sin prejuzgar culpabilidades, hoy no queda más remedio que
citar al Presidente Fabra quien el pasado mes de abril manifestó que era
necesario "aparcar" a las
personas imputadas de la dirección de los partidos políticos para "retomar la confianza de los ciudadanos
y marcar "una línea muy clara de lo que tiene que ser el servicio a los
ciudadanos, la transparencia y, sobre todo, la responsabilidad". Hoy,
los dos nuevos imputados tienen una ocasión de oro para demostrar o no su sintonía
con el Presidente de la Generalidad Valenciana.
Santiago de Munck Loyola