Buena la ha liado el
Presidente de la Generalidad catalana, el Sr. Mas, con su apuesta
independentista, que no “soberanista” (no existe en el Diccionario de la RAE)
por mucho que con esa denominación la intenten dulcificar periodistas y
políticos ignorantes. No es la primera ni la segunda vez que un dirigente
catalán apuesta por un Estado catalán. Ya lo hizo el 14 de abril de 1931 Francesc
Macià quien se dirigió a la multitud proclamando en nombre del pueblo de
Cataluña, "L'Estat Català, que amb
tota la cordialitat procurarem intergrar a la Federació de Repúbliques
Ibèriques”. Ya lo hizo de nuevo el 6 de octubre de 1934 Lluís Companys
quien proclamó el "l'Estat Català de
la República Federal Espanyola", proclamación que se saldó con 46
muertos y 3.000 encarcelados.
Es la vieja estrategia
de siempre: ante la incapacidad propia para solucionar los problemas se inventa
un enemigo exterior al que culpar de todos los males. El Sr. Mas y sus
conmilitones, incapaces de adoptar las medidas necesarias para resolver el
grave problema económico y social derivado del inmenso agujero heredado del
tripartito, han encontrado al culpable: el resto de los españoles que les
expoliamos fiscalmente y los hundimos en la miseria. No es nuevo. Llevan años
hablando de una supuesta balanza fiscal siempre desfavorable para Cataluña,
llevan años calentando el ambiente, fomentando un sentimiento antiespañol que
les servía para exigir cada vez más financiación. Poco importa que reputados
economistas demuestren la falacia de esa supuesta balanza fiscal desfavorable
para los catalanes: una mentira mil veces repetida termina por convertirse en
una verdad para quien no quiere analizar otras perspectivas. Argumentan que
como contribuyen a la caja común con más dinero que el resto de los españoles
tienen, no sólo derecho a recibir más, sino a separarse para gestionarlo ellos
solos. Declaraba hoy en un diario nacional el ex Presidente de las Cortes, Sr.
Bono, que cuando pagar más impuestos implica exigir más nos encontramos ante
una metástasis en el estado. De aceptarse esta tesis independentista y
trasladándola del ámbito de los territorios al de las clases sociales, habría
que deducir que quienes más impuestos pagan, más deben recibir del estado. Y éso
es algo que choca frontalmente con la solidaridad y la redistribución de la
riqueza, características esenciales de todo estado social y democrático de
derecho.
Y en este contexto
¿dónde está el límite? ¿Quién decide cual es el ámbito de decisión? ¿Quién es
el pueblo soberano? ¿El pueblo español? ¿El pueblo catalán? ¿El pueblo
barcelonés? Nos dicen que tras una manifestación de un millón de personas
pidiendo la independencia es el pueblo catalán el que ha hablado. ¿Y los seis
millones de catalanes que no se han manifestado? ¿No cuentan?
Hoy, no son pocos los
ciudadanos y los analistas políticos y económicos que coinciden en que nuestro
estado autonómico es en su formulación actual absolutamente inviable. La crisis
económica lo ha puesto de manifiesto de una forma desgarradora. Hasta no hace
mucho hemos venido cerrando los ojos ante una realidad evidente: el estado
autonómico estaba rompiendo la igualdad de derechos y de oportunidades de los
ciudadanos. El estado autonómico ha ido levantando poco a poco muchas barreras
entre los españoles: en educación, en sanidad, en el mercado, en el derecho de
propiedad, etc. Barreras que imperceptiblemente iban dificultando hasta la
movilidad de los ciudadanos. Lo que en la transición se nos vendió como un acercamiento
de la toma de decisiones hacia los administrados se ha ido convirtiendo en un
complejo laberinto legislativo, en un complicado entramado de instituciones más
al servicio de la clase política que de los intereses de los ciudadanos.
Empezamos a verlo gracias a la crisis y otros, desde fuera, también lo ven. En
un reciente artículo, Stefanie Claudia Müller, corresponsal alemana en Madrid y
economista, escribía: España … “no puede permitirse por más tiempo este
nivel de corrupción, y menos aún a 17 regiones funcionando como estados
independientes, con todos los organismos multiplicados por 17, desde 17
servicios meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50
canales de TV regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o 4.000 empresas
públicas que emplean a 520.000 personas, creadas específicamente para ocultar
deuda y colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización alguna. En
conjunto, unos 120.000 millones, equivalentes al 11,4% del PIB, se despilfarran
anualmente en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de transparencia.”
No parece pues que los
problemas sociales y económicos que pesan sobre el conjunto de los ciudadanos
puedan resolverse con más autonomía o con la independencia en el caso de
Cataluña. No podemos sostener el actual estado autonómico y eso lo ve y lo sabe
cualquiera. Es inviable económicamente y terminará por serlo social y
políticamente si no se aborda su reforma inmediata. Es evidente que los últimos
interesados en reformar la configuración del estado son los miembros de la
clase política, los partidos políticos que han encontrado en el actual estado
autonómico un inmenso coto en el que instalar y extender sus inmensas
maquinarias burocráticas y en el que realizar su insaciable afán ocupador. Nos proponen
ahora fórmulas federales cuando es evidente que a los nacionalistas no les
interesan porque supondrían una igualdad entre territorios inasumible para
ellos. Nos hablan de los derechos de los territorios y olvidan los derechos de
las personas. Nos levantan barreras territoriales cada vez más costosas
mientras que Europa transita por el camino contrario. Y mientras, los
ciudadanos seguimos pagando los delirios de grandeza de tanto iluminado y de
tanto cobarde.
Santiago de Munck
Loyola