"Nihil novum sub sole".

Nada nuevo bajo el sol. ¡Qué gran verdad! Basta con observar el agitado panorama mundial en torno al video que caricaturiza a Mahoma para comprobar la veracidad de este dicho. De ello puede dar buena cuenta el escritor británico Salman Rhusdie, autor entre otras de la obra Los versos satánicos y condenado a muerte por ello por el Imán Jomeini mediante una fatwa, un edicto religioso. La publicación de Los versos satánicos en 1988, provocó la ira inmediata en el mundo musulmán al entender que se trataba de forma irreverente a la figura del profeta Mahoma. Rápidamente países como la India, Sudáfrica, Pakistán, Arabia Saudita, Egipto, Somalia, Bangladés, Sudán,  Malasia, Indonesia y Catar prohibieron el libro el 5 de octubre, y Sudáfrica el 24 de noviembre. La violencia se desató en algunos países musulmanes y murieron decenas de personas. Editores o traductores fueron agredidos o asesinados en algunos países occidentales a manos de los musulmanes. Los iraníes ofrecieron una recompensa de tres millones de dólares por la cabeza del escritor británico quien durante muchos años ha tenido que vivir bajo protección policial.

En 2005 el periódico con mayor tirada de Dinamarca convocó a los dibujantes daneses a caricaturizar a Mahoma. Se recibieron en el periódico doce caricaturas algunas de las cuales vinculaban al Islam con el terrorismo y se publicaron. Los líderes musulmanes daneses y los embajadores de varios países musulmanes en Dinamarca intentaron, sin éxito, presionar al Primer Ministro danés para que interviniese. Éste se negó a ello alegando que se debía respetar la libertad de prensa y ofreciendo los musulmanes la vía judicial para que defendiesen sus posiciones. Un periódico noruego reprodujo las mismas caricaturas en solidaridad por los ataques a la libertad de expresión de sus colegas daneses. Periódicos franceses y alemanes actuaron igualmente. Y la histeria y la violencia volvieron a extenderse por la mayoría de los países musulmanes. Otra vez manifestaciones, asaltos y pillaje contra embajadas y empresas occidentales, muertos en distintos países,… El mismo y siniestro ritual que con Salman Rhusdie. Esta vez, algunos dirigentes occidentales empezaron a criticar la libertad de expresión y a tachar de imprudentes y de incitadores al odio religioso a los medios de comunicación que habían desencadenado esta espiral de violencia.

Ahora, 24 años después del inicio del calvario del escritor británico la historia se repite. El detonante en esta ocasión es un video de corta duración en que se ridiculiza, al parecer, a Mahoma. El panorama sigue exactamente igual: manifestaciones violentas de protesta en el mundo musulmán, violencia contra los intereses occidentales, asesinatos, etc. La respuesta de los musulmanes que en su inmensa mayoría no habrán podido tener acceso al video que sólo circula por Internet es la misma que en ocasiones anteriores. Y es evidente que esta respuesta obedece a la incitación  de sus líderes religiosos y políticos.

Hace pocas horas el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, ha pedido que no se abuse de la libertad de expresión, ya que es un derecho que no debería servir "para provocar y humillar los valores y las creencias" de otros pueblos. Quizá debería haber sido más preciso y decir en lugar de “otros pueblos”, del pueblo musulmán porque cuando se han hecho públicas obras supuestamente artísticas que ridiculizaban a Jesucristo o a los budistas de la ONU no ha salido el más mínimo comunicado. Por tanto, parece evidente que la reacción de este organismo y de muchos dirigentes occidentales que estos días están criticando con dureza a los autores de estas sátiras no obedece a un sincero convencimiento de la necesidad de defender las creencias religiosas del individuo o de los pueblos, sino al miedo y a la cobardía ante la violencia de los musulmanes.

Desde luego, sería mucho más gratificante para no poca gente escuchar de los líderes mundiales referencias a la carta de Derechos Humanos y en concreto de dos Artículos de la misma. El Artículo 18: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.” Y el Artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

Santiago de Munck Loyola

¿Apaños o amaños del PGOU de Alicante?

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española “apañar” puede significar:

1. Coger, especialmente con la mano.

2. Recoger, coger con la mano frutos, especialmente del suelo.

3. Tomar algo o apoderarse de ello capciosa e ilícitamente.

4. Acicalar, asear, ataviar.

5. Aderezar o condimentar la comida.

6. Remendar o componer lo que está roto.

7. Coloq. Poner solución o remedio a un asunto precariamente, con disimulo o por conveniencia.

8. Coloq. Abrigar, arropar.

9.  En Arg., Bol., Hond., Nic. y Perú. Encubrir, ocultar o proteger a alguien.

10. prnl. coloq. Darse maña para hacer algo.

 Según el diccionario de sinónimos “apañar” es:

1. Arreglar, componer, reparar, ajustar.

2. Amañar, falsear, preparar, engañar, robar, timar.

3. Componérselas, arreglárselas, manejarse, ingeniarse

Por otro lado, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española atribuye a la palabra “amañar” los siguientes significados:

1. Preparar o disponer algo con engaño o artificio.

2. Cantb. y Gal. Arreglar, componer.

3. Darse maña.

4. Adaptarse o acomodarse.

5. NO Arg., Col. y Ec. Unirse en concubinato.

6. Col. y Ven. Acostumbrarse, habituarse a la novedad de un ambiente o a una actividad.

Según también el Diccionario de sinónimos “amañar” es:

1. Apañar, arreglar, acomodar, amoldar, componer.

2. Distorsionar, falsear, falsificar, muñir, manipular

Vienen estas definiciones para tratar de ayudar al lector a entender el contenido del escrito del abogado defensor de la Alcaldesa Sonia Castedo a propósito de las investigaciones sobre el PGOU  de Alicante:

«Algunas conversaciones sin duda desafortunadas» con el empresario Enrique Ortiz. Esa expresión concentra el único ejercicio de autocrítica que destila el escrito de descargo que presentó el pasado mes de agosto la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ante el TSJ para pedir que no asumiera la investigación sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)

Esas conversaciones, sin embargo, son «deslavazadas», a juicio del abogado de la alcaldesa, y no tienen «base en hechos posteriores que acrediten que lo dicho se plasmó en alguna realidad». El letrado, Juan José Martínez Albert, se esfuerza en minimizar la trascendencia del contenido de las llamadas telefónicas entre su defendida y el dueño del Hércules, e incluso sugiere que esas palabras fueron tergiversadas por los investigadores al conferirles «un significado diametralmente opuesto a la intención misma de los comunicantes o a su sentido gramatical».

El abogado se detiene en la semántica para explicar que «apaño» no es lo mismo que «amaño», y que cuando Castedo le dijo a Ortiz que le había «apañado lo del APA 9 y también lo del Rico Pérez», se refería a que había solucionado dos problemas, la obligación de construir un vial y la reclamación de una parcela por parte del Colegio Nazaret, Ciudad de los Muchachos», respectivamente.     (http://www.lasprovincias.es/v/20120917/alicante/castedo-admite-conversaciones-desafortunadas-20120917.html)

Y que cada cual saque sus propias conclusiones.

Santiago de Munck Loyola

Se va Esperanza.

Hoy, seguramente, ha sido un gran día de alegría para la izquierda española y, en especial, para la izquierda madrileña. El motivo no puede ser otro que la inesperada dimisión de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Tal y como recuerdan ahora los comentaristas políticos, deja su cargo quien en diez ocasiones consecutivas y en convocatorias electorales de distinto tipo ha venido ganando a la izquierda de Madrid. Con cada una de sus victorias electorales, cada vez más amplias, Esperanza Aguirre acrecentó el odio exacerbado de sus oponentes políticos. Se marcha la senadora más votada, la primera Presidenta del Senado y la Primera Presidenta de la Comunidad de Madrid. Una auténtica avanzada de la presencia de la mujer en primera línea política, sin cuotas de por medio, sólo con trabajo, con entrega, con dedicación e inteligencia.

Hay quien intenta ver tras su dimisión algo más que los motivos personales que ella ha invocado para justificar su decisión. Se habla de diferencias con el Gobierno del Presidente Rajoy a propósito del caso Bolinaga o con el Ministro Montoro sobre la financiación de la Comunidad de Madrid pero no parece que estas discrepancias puedan ser suficientes para justificar una decisión personal de la envergadura que Esperanza Aguirre ha tomado. Sólo quien ha sufrido una enfermedad como la que ha padecido la Presidenta madrileña es capaz de comprender hasta qué punto su irrupción en la vida de una persona puede modificar la escala de valores por la que cada uno se rige o cambiar las prioridades vitales de un ser humano. Alguien como Esperanza Aguirre cuya trayectoria política se ha caracterizado siempre por la valentía verbal, por decir en cada momento lo que consideraba oportuno, sin mucho miramiento hacia lo políticamente correcto, no parece que se plantee abandonar el poder cuando está además en la cumbre del mismo por desencuentros concretos con sus compañeros de partido en el Gobierno. Todo lo contrario, parece que hay que conceder toda la veracidad del mundo a los motivos personales que ella ha esgrimido para justificar su decisión y uno tiene la sensación de que se trata de una decisión tomada hace mucho tiempo.

Desde el año 1991 hasta el año 2003, tuve el privilegio de poder colaborar con ella en diferentes tareas de partido. Compartimos mesa y mantel en varias ocasiones, recorrimos mercadillos, verbenas populares, visitamos obras, nos reunimos con empresarios y, en algunas ocasiones, mantuvimos diferencias sobre algunos asuntos políticos. Siempre se mostró clara e incluso vehemente a la hora de exponer sus convicciones pero se mostraba dispuesta a escuchar opiniones diferentes. Y sobre todo era y es una excelente compañera de partido, dispuesta a echar una mano cuando era necesario.

Se va de primera línea política una persona con una capacidad de liderazgo indiscutible y con unas profundas convicciones liberales, quizás demasiado liberales para un partido como el Popular que ha aglutinado diferentes corrientes ideológicas del centro y de la derecha española. Se va una Presidenta regional cuyo liderazgo ha trascendido el ámbito geográfico de la Comunidad de Madrid convirtiéndose en un referente ideológico para muchos votantes del centro derecha español que demandan a los demás líderes populares la misma claridad y el mismo rumbo que Esperanza Aguirre ha sabido imprimir al PP de Madrid. Y deja su puesto, sobre todo, una gestora política que deja a la Comunidad de Madrid con las mejores cifras económicas del conjunto de las regiones españolas.

Ojala que su retirada política sea sólo temporal porque el partido Popular no anda sobrado de líderes valientes, coherentes y convencidos, en cualquier circunstancia, de los postulados ideológicos que deben regir la actuación pública de sus cargos. Y si no es temporal, sino definitiva, que le vaya muy bien en su nueva trayectoria vital con su familia, que se lo ha ganado.

Santiago de Munck Loyola

La Diada, los sindicatos y los socialistas.

Es un hecho incuestionable que las interpretaciones y las lecturas que se hacen sobre las numerosas manifestaciones que se desarrollan en nuestra Nación dan para mucho. Siempre resulta llamativa la disparidad sobre las cifras de los asistentes a una manifestación. Como es lógico cada uno barre para su casa. Los convocantes no tienen ningún empacho en inflar el número de asistentes, aunque sea a costa de dinamitar las leyes físicas más elementales. De hacer caso a sus cifras habría que admitir que en España es físicamente posible que en un metro cuadrado puedan manifestarse sin problema alguno hasta 10 personas. En el otro extremo suele situarse el Gobierno de turno que siempre trata de rebajar, si así sirve a sus intereses políticos, el número de participantes en una convocatoria. ¿Y la prensa? Pues, como es lógico, también arrima el ascua a su sardina en función de su color político y de su sintonía con el gobernante de turno.

Hace pocos días, coincidiendo con la Diada de Cataluña, se celebró una manifestación independista en Barcelona. Fue, sin lugar a dudas, una manifestación impresionante. Cientos de miles de personas, entre 600.000 según la Delegación del Gobierno y 1.500.000 según los organizadores, se dieron cita para reclamar la independencia de esta región española. Niños, jóvenes, mayores de toda condición social se dieron cita en una convocatoria estimulada y apadrinada por el Gobierno autonómico. Cientos de autocares de todas las esquinas de Cataluña se dieron cita la capital y el resultado fue una enorme manifestación. No es un hecho menor, todo lo contrario. Es un signo inequívoco que no puede ser pasado por alto por las fuerzas políticas y que, a pesar de que seguramente hoy lo prioritario deba ser buscar soluciones para los millones de ciudadanos exhaustos por la crisis, debe ser anotado en la agenda de prioridades políticas de nuestra clase política.

Dicho lo anterior, seguramente habrá que poner también el debate y el análisis de lo ocurrido en sus justos términos. En primer lugar, porque si realmente se ha manifestado por la independencia de Cataluña un millón de catalanes lo cierto es que otros seis millones se han quedado en casa. Una abrumadora mayoría de catalanes no se ha sumado a este acto independentista celebrado en un día y en un clima festivo. Tras la manifestación, transportado quizás por una euforia propagandística, el Diputado de Esquerra Republicana Alfredo Bosch se despachaba así en el Congreso de los Diputados: "Yo les pido que… reaccionen a tiempo, que no se retrasen, que lean en los labios del pueblo lo que el pueblo sabio y libre les está exigiendo por igual aquí y en Barcelona… Si el pueblo pide independencia, díganlo, no es tan difícil, no hace falta buscar el enésimo eufemismo. De hecho es muy fácil y se quedarán muy descansados. In-de-pen-den-ci-a. No es difícil, pruébenlo. Les gustará. In-de-pen-den-ci-a. Lo dijeron millones de personas, lo pueden decir ustedes, no es difícil de pronunciar". Hombre, puestos así, Sr. Diputado se le podrían deletrear a usted muchas palabras para que aprenda algo, por ejemplo, de-ma-go-go. El pueblo no ha pedido independencia, no. Una parte de él, sí, pero no todo, ni siquiera la mayoría. El pueblo catalán, en su inmensa mayoría, se quedó en su casa en la Diada. Al igual que cuando se trató de aprobar el vigente Estatuto de Cataluña. El 52% de lo catalanes no votó, se quedó en su casa o en la playa. Y un dato más, Sr. Bosch, los catalanes votan más cuando se trata de las elecciones generales que cuando se trata de las autonómicas. ¿Por qué será? Por cierto, los señores de ERC y algunos otros cuando atribuyen a un grupo más o menos numeroso de manifestantes la “voluntad del pueblo” recuerdan con nitidez a Franco que hacía exactamente lo mismo cada vez que la Secretaría General del Movimiento le llenaba la Plaza de Oriente. Ni entonces, ni ahora el pueblo manifestaba su voluntad soberana. Hoy por hoy sólo es posible expresarla en las urnas.

A propósito de la manifestación independentista hay que resaltar el doble lenguaje, una vez más, de los socialistas. A la manifestación independentista acudieron muchos dirigentes del PSC y hoy se ha podido ver a los mismos aplaudir al Sr. Rubalcaba al afirmar en la Fiesta de la Rosa que el Sr. Mas tendría enfrente a los socialistas si optaba por el camino independentista. ¿En qué quedamos? ¿A qué juegan los socialistas?

Y para interpretaciones paranoicas sobre asistentes a manifestaciones las de hoy a propósito del nuevo fracaso cosechado por los sindicatos con las manifestaciones de ayer. Con la que está cayendo, con todos los recortes que se están imponiendo como consecuencia de la herencia socialista, con el descontento social existente y con el tremendo esfuerzo y movilización que han llevado a cabo los sindicatos, el número de participantes ayer en Madrid en la convocatoria sindical sólo puede ser considerado de fracaso. Y lo cierto es que no faltan motivos para protestar y manifestarse, pero cuando quien convoca son los cómplices del desastre económico heredado, jaleados por los autores del desaguisado, lo más normal es que muchos ciudadanos decidan quedarse en casa. Unos sindicatos incapaces de subsistir sin el dinero de los contribuyentes, unos sindicatos inmóviles mientras se rebasaban los cuatro millones de parados, unos sindicatos que hasta el último momento apoyaron al anterior Gobierno no es que tengan mucha legitimidad para abanderar el descontento social y, menos aún, enarbolando lemas tan estúpidos como el de que “quieren arruinar el país” o “quieren acabar con todo”. Simplezas las justas, por favor. 

Y una vez más, el Sr. Rubalcaba, se descuelga con una interpretación, no por peregrina menos peligrosa desde una perspectiva democrática, afirmando que, visto el “éxito” de la manifestación de ayer, el Gobierno ha perdido la mayoría social. Sinceramente, cuando la AVT o la Iglesia inundaron de manifestantes la Castellana no le oímos al Sr. Rubalcaba decir que su partido había perdido la mayoría social ¿a que no? Las únicas mayorías que valen para gobernar nuestra Nación son las parlamentarias, le guste o no al Sr. Rubalcaba y a los sindicatos. Y todo lo que no pase por ahí sólo es golpìsmo.

Santiago de Munck Loyola

La libertad de Bolinaga: una sentencia inacatable.

La decisión de la Audiencia Nacional de confirmar la libertad condicional del asesino y torturador Bolinaga será todo lo legal que se quiera, todo lo ajustada a derecho que se argumente, pero no por ello deja de molestar e indignar a las personas decentes. Es evidente que algo falla en nuestro sistema judicial y político cuando nuestra legalidad consagra que una persona condenada a más de 300 años de prisión por unos crímenes terribles e injustificables, en concreto por asesinar cobardemente y con ensañamiento a tres guardias civiles (y si descerrajar 18 tiros sobre una persona no es ensañamiento que venga Dios y lo vea) y por secuestrar y torturar a otra persona durante casi dos años estando dispuesto incluso a dejarla morir de hambre, puede salir de la cárcel y gozar de la libertad condicional por estar enferma sin haberse arrepentido, sin haber pedido perdón a las víctimas y animando a otros a practicar los mismos crímenes que a él le llevaron a prisión. Cuando eso es posible en nuestro sistema es que algo muy grave está mal. Cuando nuestro sistema de garantías legales favorece en la balanza el bienestar del asesino frente al dolor de las víctimas es que nuestro sistema está equivocado. Frente a la justicia con las víctimas, frente a la reparación del daño están prevaleciendo otras consideraciones que, siendo importantes, deberían tener una posición secundaria.

La inmensa mayoría de los dirigentes políticos se están apresurando a decir lo de siempre: que las sentencias hay que respetarlas y acatarlas aunque no las compartan. Es decir, lo que los cánones de lo “políticamente correcto” mandan. Es evidente que las sentencias deben ser cumplidas, no hay otra salida en un estado de derecho, pero una cosa es cumplir las sentencias cuando ya no cabe recurso alguno y otra muy distinta acatarlas. Según el diccionario de la Real Academia, acatar significa:

1. Tributar homenaje de sumisión y respeto.

2. Aceptar con sumisión una autoridad o unas normas legales, una orden, etc.

3. Mirar con atención.

4. Considerar bien algo.

Desde esta consideración, un servidor no acata la sentencia de la Audiencia Nacional que deja en libertad a este individuo. Ni respeto, ni acato semejante sentencia. Para ella todo el desprecio y desconsideración posible. Así de sencillo y de claro.

Sorprende que, entre las declaraciones de los políticos, alguno como José Ignacio Wert, Ministro de Educación afirme que "hay que ser capaces de identificar que la fortaleza del estado de derecho está en que desconoce entre sus principios el de la venganza y también contempla el de la humanidad". Se trata de una obviedad pero no exenta de cierta “maldad” para justificar una sentencia judicial nacida de una decisión política del Gobierno. Traer a colación el concepto de venganza es un dardo envenenado dirigido, sobre todo, a las víctimas quienes han encabezado la oposición a la concesión de la libertad condicional del asesino etarra. Reclamar que no se suelte a Bolinaga no es cuestión de venganza, sino de simple y elemental justicia porque fue por Justicia por lo que fue condenado a una pena de prisión que ahora no va a cumplir. Y la justicia deja de ser digna de tal nombre cuando no puede ni siquiera satisfacer la reparación del daño moral a las víctimas y, menos aún, cuando acrecienta su dolor y desamparo.

No puede olvidarse que si la Audiencia Nacional ha terminado dictando una sentencia concediendo la libertad condicional es porque el Director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, es decir, el Gobierno, decidió conceder el tercer grado a Bolinaga, requisito indispensable para que el Juez de Vigilancia Penitenciaria pudiese posteriormente conceder la libertad condicional. Sin tercer grado no podía haber libertad condicional. Y el Gobierno podía o no conceder el tercer grado. Tan legal era adoptar una decisión como la contraria. No estaba el Gobierno obligado a conceder el tercer grado. Nadie habría prevaricado si no se hubiese concedido, algo evidente a pesar de la simpleza y demostración de ignorancia del Ministro de Interior afirmando lo contrario. Pero lo hizo. El Gobierno atendiendo a razones humanitarias e ignorando a las víctimas decidió conceder el tercer grado y esa decisión ha desembocado en la sentencia de la Audiencia Nacional. No es descabellado, por tanto, afirmar que el Gobierno ha adoptado una decisión claramente política que supone una ruptura con toda una trayectoria en relación al terrorismo y a las víctimas y que, como es natural, levantará muchas sospechas sobre el fondo de tal decisión. El Gobierno y no los jueces es el que ha allanado el camino para la libertad condicional de Bolinaga. Acertado o no, el tiempo lo dirá.

Hoy no queda más que intentar solidarizarse y compartir el profundo dolor de los familiares de las víctimas de Bolinaga que por desgracia nunca volverán, para los que nunca hubo ni compasión, ni trato humanitario y cuya ausencia seguramente será hoy más dolorosa que ayer.

Santiago de Munck Loyola

Ryanair en la picota.

Es muy posible que, de confirmarse las intenciones del Ministerio de Fomento, las prácticas peligrosas de Ryanair, compañía aérea irlandesa presidida por ese personaje chulesco llamado Michael O’Leary, tengan los días contados en nuestro país. 1.201 incidentes en materia de seguridad aérea y de derechos de los pasajeros en sólo seis meses acumula la compañía del inefable personaje irlandés. Todo un récord según publica hoy el Diario El Mundo. Tres aterrizajes de emergencia en una sola tarde por no llevar suficiente combustible ponen de manifiesto que esta compañía parece que asimila bajos costes a baja seguridad. Y encima este chulito aéreo que la preside amenaza con dejar de volar en España si no se le retiran las multas que las autoridades españolas le han impuesto en los últimos años. ¿Qué se cree, que tiene patente de corso aéreo? Pues nada, que no vuele en España que seguramente habrá quienes rápidamente absorban ese 18 % de mercado que Ryanair copa actualmente.

Un servidor ha volado en varias ocasiones con dicha compañía y, la verdad, la experiencia es cada vez peor que la anterior. La primera vez tuvimos que pagar casi 150 € de suplemento por el equipaje. Éramos dos personas y llevábamos un solo equipaje que rebasaba los 15 kgs permitidos por pasajero, pero que no superaba los 30 Kgs que por separado podíamos haber llevado. Nadie nos avisó en la agencia de viajes que debíamos usar dos maletas, una por pasajero, y llevamos una sola maleta. No importó que entre los dos no superásemos el tope de peso permitido y tuvimos que pagar ese escandaloso suplemento, superior al precio de los billetes. En otra ocasión, pagué dos veces por el mismo trayecto ya que contraté directamente a través de la página web de la compañía. Dado que dicha página web es tediosa y compleja como pocas me equivoqué en la hora de los vuelos. Intenté rectificar pero no hubo manera. Una vez efectuada la compra telemática no hay marcha atrás y si hay el más mínimo error no es rectificable. No te devuelven el dinero aunque intentes rectificar inmediatamente. Todo un ejemplo de eficacia recaudatoria y de mal servicio al usuario. No hay más que entrar en la página web de Ryanair para constatar que es una página complicada y tercermundista y que su objetivo no es, precisamente, ofrecer un servicio de calidad, cómodo, atractivo e informativo al usuario.

La última experiencia con Ryanair, hace tan sólo un mes, no fue tampoco precisamente agradable. Viajábamos con un bebé de dos años que, por supuesto, pagaba su propio asiento como si fuese un adulto. Primero no había quien nos informase y menos a través de la página web si se podía llevar el carrito del bebé sin pagar algún astronómico suplemento por lo que tuvimos que optar por volar sin el carrito y comprar uno en destino evitando así cualquier “atraco” sorpresa. La segunda sorpresa en la puerta de embarque, en Barajas. Después de 20 minutos de espera nos dicen que han cambiado la puerta de embarque y no a la de al lado precisamente. A correr por los pasillos más de 500 metros hasta la nueva puerta de embarque. Nadie se disculpó ni explicó el repentino cambio. Tercera sorpresa: te sientas en el avión según el sistema “marica el último” (perdón por la expresión). Y cuando arrastras cuatro bolsas de mano y llevas a un bebé en brazos lo normal es que llegues el último o casi. No entendíamos por qué todo el mundo corría como posesos para llegar a la nueva puerta de embarque. Lo comprendimos cuando vimos el sistema de asignación de asientos. La familia desperdigada por el avión. El colmo es que pretendían que dejásemos al bebé sólo, en un asiento entre desconocidos y tuvimos que “plantarnos”. No obstante, no fue la tripulación la que resolvió el problema, sino un amable pasajero que cedió su sitio para que el bebé fuese sentado junto a su madre. Y la amabilidad de la tripulación brillaba por su ausencia, lo mismo que su dominio del español en un vuelo que partía de Madrid lleno de españoles. Y el colmo del bochorno fue observar las caras de los amables tripulantes mientras intentaban vender a los pasajeros los boletos de una rifa, una escena habitual en algunas líneas de autobuses allá por los años 60 hace tiempo desterrada en nuestro país y que, por cierto, reviví hace cuatro años en un largo viaje en autobús en Perú.

Supongo que experiencias con esta compañía las habrá para todos los gustos, pero las mías no han sido precisamente satisfactorias. Dicen que, a veces, lo barato termina costando mucho y es verdad. Cuando el ahorro se sustenta en la falta de amabilidad, en rifas aéreas, en clavadas inesperadas a los clientes, en escasa limpieza de los aviones o en otras técnicas más o menos aceptables, pase. Pero cuando lo que entra en juego es la seguridad de los pasajeros hay que cortar en seco. Y hace bien el Ministerio de Fomento si se pone manos a la obra y exige a ésta y a todas las compañías aéreas un riguroso cumplimiento de las normas existentes. Un servidor, por su parte, siempre que pueda evitará volver a volar con Ryanair, por simple sentido común.

Santiago de Munck Loyola

Quo vadis, Cospedal?

El lanzamiento de algunos “globos sondas” sobre reformas, como la posible reducción de concejales para generar ahorros en las arcas públicas o la reducción del número de parlamentarios autonómicos, responde, sin ninguna duda, al deseo de una parte de la clase política de atenuar la creciente indignación que la diferencia de la repercusión de los costes de la crisis tiene entre la clase política y el resto de los ciudadanos. El último “globo sonda” lo soltó ayer la Presidenta de Castilla- La Mancha, María Dolores de Cospedal, quien no sólo propuso reducir a la mitad el número de parlamentarios autonómicos, justo lo contrario de lo que ella promovió en su Comunidad, sino que además apostó por la supresión de los sueldos a los diputados “para que vivan de sus profesiones y no de la política”, según dijo.

Esta propuesta, relativamente novedosa, merece algunas consideraciones. En primer lugar, para valorar realmente el calado y la validez de la misma, no es posible ignorar la realidad política y personal de quien la formula.  María Dolores de Cospedal, hace poco más de un año, recibía dos retribuciones: como senadora unos 44.000 euros, y como Secretaria General del PP 167.864 euros. Además, percibía otros 3.560 euros del Ministerio de Justicia en concepto de trienios por su trabajo como abogada del Estado y otros 25.538 euros también del Senado como indemnización por gastos para el desempeño de su función. Es decir, un auténtico dineral con origen en las arcas públicas. Por tanto, que cada uno saque sus conclusiones.

Por otra parte, lo que plantea Mª Dolores de Cospedal es que algunos políticos, en este caso parlamentarios, no cobren por hacer su trabajo y para ello se apela a los precedentes de la transición. Así, los parlamentarios vivirían de su profesión habitual y su dedicación parlamentaria vendría a ser algo así como una segunda actividad o una afición justificada por su carácter vocacional. Sin embargo, con esta propuesta se corre el riesgo de devaluar el carácter de una parte de la actividad política, la que desarrollan precisamente los representantes de los votantes. Tan vocacional es dedicarse a la política como puede ser el ejercicio de la medicina y, sin embargo, a nadie se le ocurre plantear que los médicos trabajen gratis por el carácter vocacional de la medicina. Bien es cierto que para ser político, para ser parlamentario o alcalde, no se exige una formación o preparación específica como en el caso de otros profesionales. Resulta paradójico que en España para ser peón en un Ayuntamiento, por ejemplo, haya que tener graduado escolar y aprobar una oposición y que para ser Alcalde o Diputado no se exija nada, ninguna titulación, salvo ser elegido. El problema es que el poder de las urnas no confiere unos conocimientos mínimos y así nos va.

Por último, todo parece indicar que buena parte de la clase política está equivocada respecto a las causas que generan la indignación ciudadana y su alejamiento de los políticos. Lo que causa indignación es que la inmensa mayoría de los recortes que la crisis generada por parte de la clase política está suponiendo duros sacrificios a los ciudadanos mientras que los políticos siguen instalados en una situación privilegiada. La mayor parte de los ciudadanos no pedimos que los políticos no cobren por su trabajo, pero queremos que sólo cobren de él y no de diversas fuentes públicas simultáneas. No queremos que cobren sueldos, pensiones o indemnizaciones a la vez. Los ciudadanos, en su mayoría, no pedimos que los políticos trabajen de forma altruista pero sí exigimos que no gocen de privilegios inadmisibles: queremos que paguen el IRPF como todos, que coticen lo mismo que los demás para cobrar una pensión de jubilación, que sus retribuciones sean absolutamente transparentes y que no se encubran con pagos en especie, que sus salarios estén perfectamente regulados y tasados de forma uniforme en todo el territorio nacional y en todas las administraciones públicas. Queremos, en definitiva, que los políticos que nos gobiernan y representan tengan una conducta austera y ejemplar lo que implica que renuncien a todos sus privilegios y que sean los primeros en aplicarse los sacrificios y recortes que sufrimos los ciudadanos. En medio de esta crisis generada y mal gestionada por la clase política que un diputado o la Presidenta del Parlamento Catalán se descuelguen con afirmaciones como las que han hecho recientemente denunciando que tienen dificultades para llegar a fin de mes con sus sueldos, dietas y privilegios constituye una auténtica burla a los ciudadanos. No es de extrañar que digan tales estupideces quienes para llegar a tan altos puestos no han tenido que acreditar formación alguna. Se les nota.

Santiago de Munck Loyola

Las retribuciones con dinero público: ni justas, ni equitativas.

La grave crisis que atraviesa nuestra Nación genera incesantes noticias a diario. La prima de riesgo, la Bolsa, los recortes, los rescates, el desempleo o los desahucios se han convertido en los protagonistas informativos y en una fuente de preocupación permanente para los españoles. Esta impresionante crisis o recesión, que hace dos años era tan sólo una desaceleración para los socialistas y sindicatos, se está llevando todo por delante y está obligando al Gobierno Popular a hacer recortes y auténticas podas, aunque prefieran hablar de ajustes. Por cierto, si hay una característica que une a la clase política, sea del color que sea, es su afición a pervertir el lenguaje, a utilizar eufemismos para suavizar sus acciones e hipérboles para definir las del adversario.

Ayer, el Diario ABC ofrecía en sus páginas una entrevista realizada al Presidente Rajoy. Preguntado sobre los sacrificios impuestos a los ciudadanos, el Presidente manifestaba que “estamos intentando ser justos y equitativos a la hora de repartir los esfuerzos”. Reflexionando sobre ello y sobre la realidad que los ciudadanos sentimos en nuestras vidas diarias, se puede pensar que el Gobierno efectivamente lo está intentando, pero sin conseguirlo. Lo cierto es que los esfuerzos y sacrificios no se están distribuyendo de una forma justa y equitativa y hay muchos ejemplos que pueden ilustrar esta afirmación. La justicia y la equidad de las medidas adoptadas, de los recortes que se están produciendo, no están a la altura del programa y de los principios ideológicos del Partido que sustenta al Gobierno, ni por supuesto, de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Hace tan sólo ocho meses, en el mes de enero, en otra entrevista al Presidente Rajoy afirmó que había optado por incrementar el IRPF porque era más justo y equitativo, quien más tenía debía contribuir más, que incrementar el IVA, que supondría un aumento indiscriminado de la imposición, igual para ricos que pobres al no considerar el nivel de renta. Y ¿ahora qué? ¿En qué quedamos?

A ninguno nos gusta que nos suban los impuestos o que nos recorten el sueldo año tras año, como en el caso de los empleados públicos, pero nos gusta aún menos cuando constatamos que las cargas que se nos imponen para salir de esta crisis no se distribuyen con justicia y equidad. Y voy a referirme a un aspecto que ya he mencionado en varias ocasiones en estas páginas pero que ilustra, como pocos, la posibilidad real de redistribuir mejor y de forma más justa las cargas de la crisis. Me refiero al uso del dinero público, del dinero de los contribuyentes, a la hora de pagar salarios.

Buena parte de nuestro dinero recaudado por las administraciones públicas se destina a pagar el sueldo de los empleados públicos (políticos y asimilados, funcionarios, funcionarios de empleo, laborales, etc.) y otra buena parte de ese dinero se destina a empresas privadas a través de ayudas o subvenciones, en las que como es lógico se pagan sueldos. En cualquier caso, se trata de dinero público que se destina al pago de retribuciones. Pues bien, tratándose de dinero público no tiene mucho sentido que en España, en medio además de esta situación económica que impone criterios de austeridad, no exista una norma que regule y unifique las tablas salariales que puedan aplicarse. Nos encontramos con una curiosa situación: el máximo jefe del dinero público, el Presidente del Gobierno, gana en muchos casos menos que muchos de sus subordinados. Una situación impensable en el ámbito de la empresa privada. Los reinos de taifas salariales son una realidad en España.

Por una parte, los Presupuestos Generales del Estado fijan anualmente los topes retributivos de los empleados públicos pero de esta limitación se escapan todos los cargos políticos (nacionales, autonómicos y locales) de modo que muchos Alcaldes y Presidentes autonómicos ganan hasta un 50 % o más que el Presidente del Gobierno. Por otra parte, los directivos de las empresas públicas y algunos empleados, como los de RTVE con contratos superiores a los 150.000 € anuales, también se escapan de las tablas salariales fijadas en los Presupuestos del Estado. Hay directivos de ADIF y de otros entes públicos que triplican el salario del Presidente del Gobierno, del “Jefe” de la “empresa”. Por último, nos encontramos que empresas privadas o semi-privadas que subsisten gracias a las ayudas o subvenciones públicas, es decir, al dinero de los contribuyentes abonan retribuciones de 500.000 € anuales como en el caso de las entidades financieras que reciben ayudas públicas. No tiene lógica, ni sentido común esta situación. Si para percibir subvenciones o determinadas ayudas públicas una empresa privada tuviese que ajustar las retribuciones de su personal a los baremos públicos el panorama cambiaría radicalmente. Es inaceptable, por ejemplo, que una empresa que acude a un ERE y concierta jubilaciones anticipadas que tienen un elevado coste para las arcas públicas, no sólo siga repartiendo beneficios entre sus accionistas, sino que además mantenga retribuciones multimillonarias entre sus directivos.

Hay quien justifica esta situación sosteniendo que estas retribuciones son necesarias en el sector público para captar a los mejores gestores que, en caso contrario, podrían marcharse al sector privado. Pues bien, este argumento no es válido. Primero, porque todos sabemos que la mayoría de los directivos de empresas públicas no llegan al puesto por ser los mejores en su ramo, sino porque son poseedores de un carnet político y tienen un buen padrino. Y en el ámbito público los méritos y la capacidad se miden conforme a la Ley. Otros justifican esos sueldos por la “enorme responsabilidad” que su desempeño conlleva. Ya. Y el funcionario “cirujano” en cuyas manos ponemos nuestra vida ¿no tiene una enorme responsabilidad?  Y el funcionario “profesor” en cuyas manos ponemos la educación de nuestros hijos ¿no tiene también una enorme responsabilidad? Pues seguramente tienen una responsabilidad mucho mayor que la de esos directivos y cargos públicos y, sin embargo, su sueldo está perfectamente regulado y limitado año tras año. Y lo que es peor, perfectamente recortado (o ajustado) año tras año también. Que un directivo de una Caja de Ahorros arruinada pueda cobrar 500.000 euros anuales apelando a la responsabilidad que ello conlleva mientras que un médico no pase de 50 ó 60.000 euros al año, no tiene nombre.

Por ello, cuando se constata que a los empleados públicos, gobierne quien gobierne, es a los primeros a los que se les pide e imponen sacrificios, porque su salario lo pagamos todos, mientras que a los directivos de empresas y entes públicos y a los de empresas privadas y entidades financieras fracasadas no sólo no se les exige lo mismo sino que, además, se les mantiene en un plano salarial privilegiado, aunque su sueldo también lo paguemos todos, surge la indignación y la exigencia de una política de austeridad más justa y más equitativa.

Hace falta ya una Ley sobre retribuciones con fondos públicos. Una Ley que afecte a todos cuantos perciban un salario con origen directo o indirecto en la hacienda pública, sea en el sector público o en el sector privado Un Ley que establezca unas tablas salariales como las que se aplican a los empleados públicos y que impida que, con cargo al dinero de los contribuyentes, nadie cobre un euro más que el Presidente del Gobierno. Así, cuando se habla de justicia y equidad en el reparto de las cargas de la crisis no habría tanto hueco para la incredulidad y el escepticismo.

Santiago de Munck Loyola

¡Peligro, cretinos sueltos!

A mediodía, mientras regresaba del trabajo, venía escuchando la radio y en los informativos locales relataban las movilizaciones promovidas por los sindicatos de Alicante que esta mañana, con muy poco seguimiento ciudadano, se han producido en algunos puntos de nuestra ciudad. Entrevistaban a los líderes sindicales y uno de ellos afirmaba que  "queremos que sea un final de verano muy caliente con un encuentro en Madrid para decir que las políticas de recortes nos llevan a la ruina social y nos llevan a los de siempre" y continuaba afirmando con una rotundidad absoluta que “el Gobierno del PP quiere acabar con todo, con el Estado del Bienestar y que va a arruinar al país”. Por último, para rematar sus palabras señalaba que su sindicato quiere que las medidas económicas que está adoptando el Gobierno sean sometidas a un referéndum "para que la ciudadanía pueda opinar sobre lo que está haciendo el Gobierno", "seguimos en pie de guerra y no vamos a dejar que arruinen el país y nos lleven a la pobreza como están haciendo".

Los líderes sindicales, en perfecta sintonía con el Partido Socialista, vienen repitiendo de forma machacona el mismo estribillo: “quieren acabar con todo, van a arruinar al país”. Y cada vez que repiten esta frase mienten y lo saben. Y si no lo saben deberían dedicarse a otra cosa.

Éste, como cualquier Gobierno, podrá adoptar medidas más o menos acertadas o equivocarse. Pero afirmar sin más que un gobierno quiere acabar con el estado de bienestar o con las prestaciones sociales que perciben los ciudadanos que mayoritariamente le votan es una estupidez y una simpleza impropia de quienes aspiran a ejercer cierto tipo de liderazgo y de quienes se arrogan una representación no otorgada por las urnas. Realizar tales afirmaciones es, sobre todo, atribuir intenciones a otros que no se corresponden con la realidad de la voluntad política de quienes se ven obligados a adoptar determinadas decisiones por muy impopulares que sean. Y proclamar tales asertos es, en definitiva, tomar por tontos al conjunto de los ciudadanos cuya capacidad de análisis y sentido común suele estar muy por encima de la media de la clase política y sindical. No es de recibo que tanto algunos políticos, como algunos sindicalitas, falten continuamente al respeto a la inteligencia de los ciudadanos repitiendo como cretinos consignas y proclamas dictadas por las cúpulas de sus organizaciones.

Y faltan a la verdad y mienten quienes afirman que este Gobierno y el partido que lo sustenta vaya a arruinar a “este país”, a España, por la sencilla razón de que es imposible: “este país”, España, ya estaba arruinado cuando el Gobierno del Partido Popular se constituyó en diciembre pasado. Este Gobierno está administrando una impresionante ruina económica y la miseria dejada por el anterior Gobierno cuya nefasta gestión fue avalada y apoyada con el cómplice silencio de los sindicatos que hoy se apresuran a mentir, una vez más, a la ciudadanía. Podrá cometer errores este Gobierno a la hora de gestionar la ruina heredada y desde estas páginas así se denuncia en muchas ocasiones y dichos errores podrán, seguramente, entorpecer la recuperación económica de la nación o supondrán, a veces, un injusto reparto de los costes de la crisis, pero de ahí a afirmar que va a arruinar lo que ya estaba arruinado existe un verdadero abismo.

Y el colmo del cinismo de algunos dirigentes sindicales se pone de manifiesto cuando piden que sean sometidas a referéndum las medidas económicas que el Gobierno se está viendo obligado a adoptar y para justificar tal pretensión alegan que estas medidas no estaban recogidas en el programa electoral que los ciudadanos españoles respaldaron mayoritariamente hace unos meses. Lo primero que cabe plantearse es ¿por qué los sindicatos no pidieron un referéndum similar cuando el Gobierno socialista adoptó medidas económicas y recortes que no había incluido en su programa electoral? ¿Por qué un referéndum ahora y no hace dos años cuando, por ejemplo, se bajó el sueldo a los empleados públicos? Y puestos a reclamar un referéndum ¿por qué no pedir que se nos pregunte a los ciudadanos si queremos seguir subvencionado a los sindicatos y a los partidos políticos?

Hay muchos políticos y sindicalistas en nuestra Nación cuya labor es ejemplar, que se merecen el reconocimiento social sin ninguna duda. Pero desgraciadamente su esencial papel se ve eclipsado por tanto cretino que anda suelto y cuyo afán de protagonismo diario rebasa con amplitud los límites del respeto a la inteligencia de los ciudadanos.

Santiago de Munck Loyola

Los 63 Diputados necesitados de "dietas".

Esta es la relación de los Diputados que, teniendo una o varias viviendas en Madrid, cobran una "indemnización por alojamiento" de 1.823,26 euros al mes, libres de impuestos (fuente: libremercado.com). ¡Pobrecitos!

Sin comentarios.

Santiago de Munck Loyola

¡Pobres banqueros! Sólo 500.000 € anuales de sueldo.

Mucho se ha hablado y escrito estos últimos días primero sobre la continuidad de la prestación de 400 € y después sobre su alcance y requisitos para su percepción. El Sr. Floriano, Portavoz Popular, hacía públicas sus reflexiones sobre la conveniencia de su concesión a desempleados que se ven obligados a vivir con la familia sin tener en cuenta la capacidad económica de dicha familia. Otros dirigentes gubernamentales han insistido en la conveniencia  o en la necesidad de vincular esta prestación de subsistencia a la consecución de un empleo. En fin, que como no hay dinero público se está mirando con lupa los pormenores y detalles de esta prestación excepcional que, por regla general, constituye para muchos ciudadanos el último y escaso salvavidas en medio de esta desoladora crisis económica.

Hoy hemos conocido que el Ejecutivo va a aprovechar la nueva norma sobre reestructuración y liquidación de entidades financieras con problemas para recortar otra vez las retribuciones de los directivos de bancos que perciben dinero público. Ya en febrero el Gobierno fijó el límite para la retribución fija anual, por todos los conceptos, de los directivos y consejeros con funciones ejecutivas, en 600.000 €, cifra nada desdeñable. Ahora se pretende rebajar esta cantidad en 100.000 € anuales y establecer el tope salarial en 500.000 €.

Hay que reconocer que se trata del primer Gobierno que se atreve a recortar los sueldos de los directivos de las entidades financieras que perciben ayudas públicas y que las rebajas impuestas son notables, pero no queda más remedio que preguntarse si esto es suficiente y, sobre todo, se esta decisión se moralmente aceptable cuando se está hablando de retribuciones que provienen de ayudas públicas, del dinero público que sale del bolsillo de los contribuyentes.

Es evidente que hay dos varas de medir a la hora de regular el uso salarial del dinero público y contrasta enormemente la minuciosidad y la preocupación de algunos dirigentes políticos a la hora de abordar la concesión de una prestación de subsistencia como la de los 400 € con su silencio y magnanimidad a la hora de regular las retribuciones de los directivos financieros que perciben dinero público para sostener las entidades bancarias que dirigen.

Ya en otras ocasiones desde estas mismas páginas se han puesto de relieve las anomalías que se detectan en el uso salarial del dinero público en nuestro país. Mientras que no hay dinero público para pagar, por ejemplo, la extra de Navidad a los empleados públicos o para extender la prestación de 400 €, resulta que sí hay dinero público para pagar retribuciones como las que aquí se detallan:

- Presidente del Red Eléctrica Española: 429.000 € de retribución fija + 199.000 € de retribución variable.

- Consejeros de Red Eléctrica Española: 1 consejero con 899.000 euros al año, 5 consejeros con 182.000 euros al año,  3 consejeros con 153.000 euros al año, 1 consejero con 170.000 euros al año,  1 consejeros con 165.000 euros al año.

- ADIF: 11 directivos con una media de 140.000 euros anuales.

- FEVE: director general 96.196,58 euros.

- Zapatero cobra 6.383 euros del Consejo de Estado por acudir a un pleno mensual e ingresa otros 6.515 € al mes como ex Presidente.

- RTVE: Presidente 220.000 euros al año. Las presentadoras Ana Blanco, Pepa Bueno, Ana Pastor y María Casado tenían sueldos que oscilaban entre los 150.000 a los más de 200.000 euros brutos anuales en 2009.

- El alcalde de Sabadell, Manuel Bustos Garrido, cobra un sueldo público del Ayuntamiento de 81.576,04 euros brutos anuales.

- El presidente de la Diputación de La Coruña/A Coruña, Diego Calvo Pouso, del Partido Popular, tiene un sueldo de 71.593 euros brutos anuales.

- Trece directivos de la funeraria del Ayuntamiento de Madrid, 130.000 euros cada uno.

- El Alcalde de Leganés 103.000 euros anuales.

- Sueldo base de directivos de grandes empresas públicas, 105.000 euros anuales.

- Directivos de empresas públicas medianas un sueldo base máximo de 80.000 euros anuales.

- Y cuando entre en vigor la nueva reforma, los directivos de las entidades financieras intervenidas sólo podrán cobrar, los pobrecitos, 500.000 € al año. ¿Y no se cuestiona el Sr. Floriano que cobren 500.000 € al año sin considerar la renta familiar?

En una situación económica como la de nuestro país el destino retributivo del dinero público no puede tener tratamientos tan dispares ni tan injustos. El dinero usado para las anteriores retribuciones nace en todo o en gran parte de los contribuyentes y debería, por tanto, ser usado con criterios públicos y objetivos. Es preciso aplicar un principio claro y único: con dinero público, salarios públicos. Tanto en las empresas públicas, como en las empresas privadas que perciben ayudas públicas, las retribuciones no deberían establecerse siguiendo las mismas normas que rigen en la Administración Pública y, por tanto, no deberían superar las máximas retribuciones que se perciben en las administraciones públicas. Y al que no le convenga que deje el puesto que seguro que habrá alguien con, al menos, tanta preparación como la suya para desempeñarlo y dispuesto a hacerlo con un salario público.

El punto de partida es fácil de encontrar: nadie debería poder percibir en este país y en estas circunstancias un salario con origen en los fondos públicos superior al del Presidente del Gobierno. No es posible ni tolerable que los más débiles sigan siendo “los castigados” por la crisis. En vez de tanta “reforma” sectorial, de tanto parche legislativo, el Gobierno debería de una vez abordar una reforma global de los sistema retributivos cuando está por medio el dinero público y, para ello, debería elaborar una Ley sobre Retribuciones Públicas. Por simple lógica y elemental justicia. Que haya dinero público para pagar sueldos de 500.000 € anuales a los directivos de los bancos intervenidos y que no lo haya para abonar la paga extra de los empleados públicos o los 400 € no lo entiende nadie.

Santiago de Munck Loyola