Ryanair en la picota.

Es muy posible que, de confirmarse las intenciones del Ministerio de Fomento, las prácticas peligrosas de Ryanair, compañía aérea irlandesa presidida por ese personaje chulesco llamado Michael O’Leary, tengan los días contados en nuestro país. 1.201 incidentes en materia de seguridad aérea y de derechos de los pasajeros en sólo seis meses acumula la compañía del inefable personaje irlandés. Todo un récord según publica hoy el Diario El Mundo. Tres aterrizajes de emergencia en una sola tarde por no llevar suficiente combustible ponen de manifiesto que esta compañía parece que asimila bajos costes a baja seguridad. Y encima este chulito aéreo que la preside amenaza con dejar de volar en España si no se le retiran las multas que las autoridades españolas le han impuesto en los últimos años. ¿Qué se cree, que tiene patente de corso aéreo? Pues nada, que no vuele en España que seguramente habrá quienes rápidamente absorban ese 18 % de mercado que Ryanair copa actualmente.

Un servidor ha volado en varias ocasiones con dicha compañía y, la verdad, la experiencia es cada vez peor que la anterior. La primera vez tuvimos que pagar casi 150 € de suplemento por el equipaje. Éramos dos personas y llevábamos un solo equipaje que rebasaba los 15 kgs permitidos por pasajero, pero que no superaba los 30 Kgs que por separado podíamos haber llevado. Nadie nos avisó en la agencia de viajes que debíamos usar dos maletas, una por pasajero, y llevamos una sola maleta. No importó que entre los dos no superásemos el tope de peso permitido y tuvimos que pagar ese escandaloso suplemento, superior al precio de los billetes. En otra ocasión, pagué dos veces por el mismo trayecto ya que contraté directamente a través de la página web de la compañía. Dado que dicha página web es tediosa y compleja como pocas me equivoqué en la hora de los vuelos. Intenté rectificar pero no hubo manera. Una vez efectuada la compra telemática no hay marcha atrás y si hay el más mínimo error no es rectificable. No te devuelven el dinero aunque intentes rectificar inmediatamente. Todo un ejemplo de eficacia recaudatoria y de mal servicio al usuario. No hay más que entrar en la página web de Ryanair para constatar que es una página complicada y tercermundista y que su objetivo no es, precisamente, ofrecer un servicio de calidad, cómodo, atractivo e informativo al usuario.

La última experiencia con Ryanair, hace tan sólo un mes, no fue tampoco precisamente agradable. Viajábamos con un bebé de dos años que, por supuesto, pagaba su propio asiento como si fuese un adulto. Primero no había quien nos informase y menos a través de la página web si se podía llevar el carrito del bebé sin pagar algún astronómico suplemento por lo que tuvimos que optar por volar sin el carrito y comprar uno en destino evitando así cualquier “atraco” sorpresa. La segunda sorpresa en la puerta de embarque, en Barajas. Después de 20 minutos de espera nos dicen que han cambiado la puerta de embarque y no a la de al lado precisamente. A correr por los pasillos más de 500 metros hasta la nueva puerta de embarque. Nadie se disculpó ni explicó el repentino cambio. Tercera sorpresa: te sientas en el avión según el sistema “marica el último” (perdón por la expresión). Y cuando arrastras cuatro bolsas de mano y llevas a un bebé en brazos lo normal es que llegues el último o casi. No entendíamos por qué todo el mundo corría como posesos para llegar a la nueva puerta de embarque. Lo comprendimos cuando vimos el sistema de asignación de asientos. La familia desperdigada por el avión. El colmo es que pretendían que dejásemos al bebé sólo, en un asiento entre desconocidos y tuvimos que “plantarnos”. No obstante, no fue la tripulación la que resolvió el problema, sino un amable pasajero que cedió su sitio para que el bebé fuese sentado junto a su madre. Y la amabilidad de la tripulación brillaba por su ausencia, lo mismo que su dominio del español en un vuelo que partía de Madrid lleno de españoles. Y el colmo del bochorno fue observar las caras de los amables tripulantes mientras intentaban vender a los pasajeros los boletos de una rifa, una escena habitual en algunas líneas de autobuses allá por los años 60 hace tiempo desterrada en nuestro país y que, por cierto, reviví hace cuatro años en un largo viaje en autobús en Perú.

Supongo que experiencias con esta compañía las habrá para todos los gustos, pero las mías no han sido precisamente satisfactorias. Dicen que, a veces, lo barato termina costando mucho y es verdad. Cuando el ahorro se sustenta en la falta de amabilidad, en rifas aéreas, en clavadas inesperadas a los clientes, en escasa limpieza de los aviones o en otras técnicas más o menos aceptables, pase. Pero cuando lo que entra en juego es la seguridad de los pasajeros hay que cortar en seco. Y hace bien el Ministerio de Fomento si se pone manos a la obra y exige a ésta y a todas las compañías aéreas un riguroso cumplimiento de las normas existentes. Un servidor, por su parte, siempre que pueda evitará volver a volar con Ryanair, por simple sentido común.

Santiago de Munck Loyola

Quo vadis, Cospedal?

El lanzamiento de algunos “globos sondas” sobre reformas, como la posible reducción de concejales para generar ahorros en las arcas públicas o la reducción del número de parlamentarios autonómicos, responde, sin ninguna duda, al deseo de una parte de la clase política de atenuar la creciente indignación que la diferencia de la repercusión de los costes de la crisis tiene entre la clase política y el resto de los ciudadanos. El último “globo sonda” lo soltó ayer la Presidenta de Castilla- La Mancha, María Dolores de Cospedal, quien no sólo propuso reducir a la mitad el número de parlamentarios autonómicos, justo lo contrario de lo que ella promovió en su Comunidad, sino que además apostó por la supresión de los sueldos a los diputados “para que vivan de sus profesiones y no de la política”, según dijo.

Esta propuesta, relativamente novedosa, merece algunas consideraciones. En primer lugar, para valorar realmente el calado y la validez de la misma, no es posible ignorar la realidad política y personal de quien la formula.  María Dolores de Cospedal, hace poco más de un año, recibía dos retribuciones: como senadora unos 44.000 euros, y como Secretaria General del PP 167.864 euros. Además, percibía otros 3.560 euros del Ministerio de Justicia en concepto de trienios por su trabajo como abogada del Estado y otros 25.538 euros también del Senado como indemnización por gastos para el desempeño de su función. Es decir, un auténtico dineral con origen en las arcas públicas. Por tanto, que cada uno saque sus conclusiones.

Por otra parte, lo que plantea Mª Dolores de Cospedal es que algunos políticos, en este caso parlamentarios, no cobren por hacer su trabajo y para ello se apela a los precedentes de la transición. Así, los parlamentarios vivirían de su profesión habitual y su dedicación parlamentaria vendría a ser algo así como una segunda actividad o una afición justificada por su carácter vocacional. Sin embargo, con esta propuesta se corre el riesgo de devaluar el carácter de una parte de la actividad política, la que desarrollan precisamente los representantes de los votantes. Tan vocacional es dedicarse a la política como puede ser el ejercicio de la medicina y, sin embargo, a nadie se le ocurre plantear que los médicos trabajen gratis por el carácter vocacional de la medicina. Bien es cierto que para ser político, para ser parlamentario o alcalde, no se exige una formación o preparación específica como en el caso de otros profesionales. Resulta paradójico que en España para ser peón en un Ayuntamiento, por ejemplo, haya que tener graduado escolar y aprobar una oposición y que para ser Alcalde o Diputado no se exija nada, ninguna titulación, salvo ser elegido. El problema es que el poder de las urnas no confiere unos conocimientos mínimos y así nos va.

Por último, todo parece indicar que buena parte de la clase política está equivocada respecto a las causas que generan la indignación ciudadana y su alejamiento de los políticos. Lo que causa indignación es que la inmensa mayoría de los recortes que la crisis generada por parte de la clase política está suponiendo duros sacrificios a los ciudadanos mientras que los políticos siguen instalados en una situación privilegiada. La mayor parte de los ciudadanos no pedimos que los políticos no cobren por su trabajo, pero queremos que sólo cobren de él y no de diversas fuentes públicas simultáneas. No queremos que cobren sueldos, pensiones o indemnizaciones a la vez. Los ciudadanos, en su mayoría, no pedimos que los políticos trabajen de forma altruista pero sí exigimos que no gocen de privilegios inadmisibles: queremos que paguen el IRPF como todos, que coticen lo mismo que los demás para cobrar una pensión de jubilación, que sus retribuciones sean absolutamente transparentes y que no se encubran con pagos en especie, que sus salarios estén perfectamente regulados y tasados de forma uniforme en todo el territorio nacional y en todas las administraciones públicas. Queremos, en definitiva, que los políticos que nos gobiernan y representan tengan una conducta austera y ejemplar lo que implica que renuncien a todos sus privilegios y que sean los primeros en aplicarse los sacrificios y recortes que sufrimos los ciudadanos. En medio de esta crisis generada y mal gestionada por la clase política que un diputado o la Presidenta del Parlamento Catalán se descuelguen con afirmaciones como las que han hecho recientemente denunciando que tienen dificultades para llegar a fin de mes con sus sueldos, dietas y privilegios constituye una auténtica burla a los ciudadanos. No es de extrañar que digan tales estupideces quienes para llegar a tan altos puestos no han tenido que acreditar formación alguna. Se les nota.

Santiago de Munck Loyola

Las retribuciones con dinero público: ni justas, ni equitativas.

La grave crisis que atraviesa nuestra Nación genera incesantes noticias a diario. La prima de riesgo, la Bolsa, los recortes, los rescates, el desempleo o los desahucios se han convertido en los protagonistas informativos y en una fuente de preocupación permanente para los españoles. Esta impresionante crisis o recesión, que hace dos años era tan sólo una desaceleración para los socialistas y sindicatos, se está llevando todo por delante y está obligando al Gobierno Popular a hacer recortes y auténticas podas, aunque prefieran hablar de ajustes. Por cierto, si hay una característica que une a la clase política, sea del color que sea, es su afición a pervertir el lenguaje, a utilizar eufemismos para suavizar sus acciones e hipérboles para definir las del adversario.

Ayer, el Diario ABC ofrecía en sus páginas una entrevista realizada al Presidente Rajoy. Preguntado sobre los sacrificios impuestos a los ciudadanos, el Presidente manifestaba que “estamos intentando ser justos y equitativos a la hora de repartir los esfuerzos”. Reflexionando sobre ello y sobre la realidad que los ciudadanos sentimos en nuestras vidas diarias, se puede pensar que el Gobierno efectivamente lo está intentando, pero sin conseguirlo. Lo cierto es que los esfuerzos y sacrificios no se están distribuyendo de una forma justa y equitativa y hay muchos ejemplos que pueden ilustrar esta afirmación. La justicia y la equidad de las medidas adoptadas, de los recortes que se están produciendo, no están a la altura del programa y de los principios ideológicos del Partido que sustenta al Gobierno, ni por supuesto, de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Hace tan sólo ocho meses, en el mes de enero, en otra entrevista al Presidente Rajoy afirmó que había optado por incrementar el IRPF porque era más justo y equitativo, quien más tenía debía contribuir más, que incrementar el IVA, que supondría un aumento indiscriminado de la imposición, igual para ricos que pobres al no considerar el nivel de renta. Y ¿ahora qué? ¿En qué quedamos?

A ninguno nos gusta que nos suban los impuestos o que nos recorten el sueldo año tras año, como en el caso de los empleados públicos, pero nos gusta aún menos cuando constatamos que las cargas que se nos imponen para salir de esta crisis no se distribuyen con justicia y equidad. Y voy a referirme a un aspecto que ya he mencionado en varias ocasiones en estas páginas pero que ilustra, como pocos, la posibilidad real de redistribuir mejor y de forma más justa las cargas de la crisis. Me refiero al uso del dinero público, del dinero de los contribuyentes, a la hora de pagar salarios.

Buena parte de nuestro dinero recaudado por las administraciones públicas se destina a pagar el sueldo de los empleados públicos (políticos y asimilados, funcionarios, funcionarios de empleo, laborales, etc.) y otra buena parte de ese dinero se destina a empresas privadas a través de ayudas o subvenciones, en las que como es lógico se pagan sueldos. En cualquier caso, se trata de dinero público que se destina al pago de retribuciones. Pues bien, tratándose de dinero público no tiene mucho sentido que en España, en medio además de esta situación económica que impone criterios de austeridad, no exista una norma que regule y unifique las tablas salariales que puedan aplicarse. Nos encontramos con una curiosa situación: el máximo jefe del dinero público, el Presidente del Gobierno, gana en muchos casos menos que muchos de sus subordinados. Una situación impensable en el ámbito de la empresa privada. Los reinos de taifas salariales son una realidad en España.

Por una parte, los Presupuestos Generales del Estado fijan anualmente los topes retributivos de los empleados públicos pero de esta limitación se escapan todos los cargos políticos (nacionales, autonómicos y locales) de modo que muchos Alcaldes y Presidentes autonómicos ganan hasta un 50 % o más que el Presidente del Gobierno. Por otra parte, los directivos de las empresas públicas y algunos empleados, como los de RTVE con contratos superiores a los 150.000 € anuales, también se escapan de las tablas salariales fijadas en los Presupuestos del Estado. Hay directivos de ADIF y de otros entes públicos que triplican el salario del Presidente del Gobierno, del “Jefe” de la “empresa”. Por último, nos encontramos que empresas privadas o semi-privadas que subsisten gracias a las ayudas o subvenciones públicas, es decir, al dinero de los contribuyentes abonan retribuciones de 500.000 € anuales como en el caso de las entidades financieras que reciben ayudas públicas. No tiene lógica, ni sentido común esta situación. Si para percibir subvenciones o determinadas ayudas públicas una empresa privada tuviese que ajustar las retribuciones de su personal a los baremos públicos el panorama cambiaría radicalmente. Es inaceptable, por ejemplo, que una empresa que acude a un ERE y concierta jubilaciones anticipadas que tienen un elevado coste para las arcas públicas, no sólo siga repartiendo beneficios entre sus accionistas, sino que además mantenga retribuciones multimillonarias entre sus directivos.

Hay quien justifica esta situación sosteniendo que estas retribuciones son necesarias en el sector público para captar a los mejores gestores que, en caso contrario, podrían marcharse al sector privado. Pues bien, este argumento no es válido. Primero, porque todos sabemos que la mayoría de los directivos de empresas públicas no llegan al puesto por ser los mejores en su ramo, sino porque son poseedores de un carnet político y tienen un buen padrino. Y en el ámbito público los méritos y la capacidad se miden conforme a la Ley. Otros justifican esos sueldos por la “enorme responsabilidad” que su desempeño conlleva. Ya. Y el funcionario “cirujano” en cuyas manos ponemos nuestra vida ¿no tiene una enorme responsabilidad?  Y el funcionario “profesor” en cuyas manos ponemos la educación de nuestros hijos ¿no tiene también una enorme responsabilidad? Pues seguramente tienen una responsabilidad mucho mayor que la de esos directivos y cargos públicos y, sin embargo, su sueldo está perfectamente regulado y limitado año tras año. Y lo que es peor, perfectamente recortado (o ajustado) año tras año también. Que un directivo de una Caja de Ahorros arruinada pueda cobrar 500.000 euros anuales apelando a la responsabilidad que ello conlleva mientras que un médico no pase de 50 ó 60.000 euros al año, no tiene nombre.

Por ello, cuando se constata que a los empleados públicos, gobierne quien gobierne, es a los primeros a los que se les pide e imponen sacrificios, porque su salario lo pagamos todos, mientras que a los directivos de empresas y entes públicos y a los de empresas privadas y entidades financieras fracasadas no sólo no se les exige lo mismo sino que, además, se les mantiene en un plano salarial privilegiado, aunque su sueldo también lo paguemos todos, surge la indignación y la exigencia de una política de austeridad más justa y más equitativa.

Hace falta ya una Ley sobre retribuciones con fondos públicos. Una Ley que afecte a todos cuantos perciban un salario con origen directo o indirecto en la hacienda pública, sea en el sector público o en el sector privado Un Ley que establezca unas tablas salariales como las que se aplican a los empleados públicos y que impida que, con cargo al dinero de los contribuyentes, nadie cobre un euro más que el Presidente del Gobierno. Así, cuando se habla de justicia y equidad en el reparto de las cargas de la crisis no habría tanto hueco para la incredulidad y el escepticismo.

Santiago de Munck Loyola

¡Peligro, cretinos sueltos!

A mediodía, mientras regresaba del trabajo, venía escuchando la radio y en los informativos locales relataban las movilizaciones promovidas por los sindicatos de Alicante que esta mañana, con muy poco seguimiento ciudadano, se han producido en algunos puntos de nuestra ciudad. Entrevistaban a los líderes sindicales y uno de ellos afirmaba que  "queremos que sea un final de verano muy caliente con un encuentro en Madrid para decir que las políticas de recortes nos llevan a la ruina social y nos llevan a los de siempre" y continuaba afirmando con una rotundidad absoluta que “el Gobierno del PP quiere acabar con todo, con el Estado del Bienestar y que va a arruinar al país”. Por último, para rematar sus palabras señalaba que su sindicato quiere que las medidas económicas que está adoptando el Gobierno sean sometidas a un referéndum "para que la ciudadanía pueda opinar sobre lo que está haciendo el Gobierno", "seguimos en pie de guerra y no vamos a dejar que arruinen el país y nos lleven a la pobreza como están haciendo".

Los líderes sindicales, en perfecta sintonía con el Partido Socialista, vienen repitiendo de forma machacona el mismo estribillo: “quieren acabar con todo, van a arruinar al país”. Y cada vez que repiten esta frase mienten y lo saben. Y si no lo saben deberían dedicarse a otra cosa.

Éste, como cualquier Gobierno, podrá adoptar medidas más o menos acertadas o equivocarse. Pero afirmar sin más que un gobierno quiere acabar con el estado de bienestar o con las prestaciones sociales que perciben los ciudadanos que mayoritariamente le votan es una estupidez y una simpleza impropia de quienes aspiran a ejercer cierto tipo de liderazgo y de quienes se arrogan una representación no otorgada por las urnas. Realizar tales afirmaciones es, sobre todo, atribuir intenciones a otros que no se corresponden con la realidad de la voluntad política de quienes se ven obligados a adoptar determinadas decisiones por muy impopulares que sean. Y proclamar tales asertos es, en definitiva, tomar por tontos al conjunto de los ciudadanos cuya capacidad de análisis y sentido común suele estar muy por encima de la media de la clase política y sindical. No es de recibo que tanto algunos políticos, como algunos sindicalitas, falten continuamente al respeto a la inteligencia de los ciudadanos repitiendo como cretinos consignas y proclamas dictadas por las cúpulas de sus organizaciones.

Y faltan a la verdad y mienten quienes afirman que este Gobierno y el partido que lo sustenta vaya a arruinar a “este país”, a España, por la sencilla razón de que es imposible: “este país”, España, ya estaba arruinado cuando el Gobierno del Partido Popular se constituyó en diciembre pasado. Este Gobierno está administrando una impresionante ruina económica y la miseria dejada por el anterior Gobierno cuya nefasta gestión fue avalada y apoyada con el cómplice silencio de los sindicatos que hoy se apresuran a mentir, una vez más, a la ciudadanía. Podrá cometer errores este Gobierno a la hora de gestionar la ruina heredada y desde estas páginas así se denuncia en muchas ocasiones y dichos errores podrán, seguramente, entorpecer la recuperación económica de la nación o supondrán, a veces, un injusto reparto de los costes de la crisis, pero de ahí a afirmar que va a arruinar lo que ya estaba arruinado existe un verdadero abismo.

Y el colmo del cinismo de algunos dirigentes sindicales se pone de manifiesto cuando piden que sean sometidas a referéndum las medidas económicas que el Gobierno se está viendo obligado a adoptar y para justificar tal pretensión alegan que estas medidas no estaban recogidas en el programa electoral que los ciudadanos españoles respaldaron mayoritariamente hace unos meses. Lo primero que cabe plantearse es ¿por qué los sindicatos no pidieron un referéndum similar cuando el Gobierno socialista adoptó medidas económicas y recortes que no había incluido en su programa electoral? ¿Por qué un referéndum ahora y no hace dos años cuando, por ejemplo, se bajó el sueldo a los empleados públicos? Y puestos a reclamar un referéndum ¿por qué no pedir que se nos pregunte a los ciudadanos si queremos seguir subvencionado a los sindicatos y a los partidos políticos?

Hay muchos políticos y sindicalistas en nuestra Nación cuya labor es ejemplar, que se merecen el reconocimiento social sin ninguna duda. Pero desgraciadamente su esencial papel se ve eclipsado por tanto cretino que anda suelto y cuyo afán de protagonismo diario rebasa con amplitud los límites del respeto a la inteligencia de los ciudadanos.

Santiago de Munck Loyola

Los 63 Diputados necesitados de "dietas".

Esta es la relación de los Diputados que, teniendo una o varias viviendas en Madrid, cobran una "indemnización por alojamiento" de 1.823,26 euros al mes, libres de impuestos (fuente: libremercado.com). ¡Pobrecitos!

Sin comentarios.

Santiago de Munck Loyola

¡Pobres banqueros! Sólo 500.000 € anuales de sueldo.

Mucho se ha hablado y escrito estos últimos días primero sobre la continuidad de la prestación de 400 € y después sobre su alcance y requisitos para su percepción. El Sr. Floriano, Portavoz Popular, hacía públicas sus reflexiones sobre la conveniencia de su concesión a desempleados que se ven obligados a vivir con la familia sin tener en cuenta la capacidad económica de dicha familia. Otros dirigentes gubernamentales han insistido en la conveniencia  o en la necesidad de vincular esta prestación de subsistencia a la consecución de un empleo. En fin, que como no hay dinero público se está mirando con lupa los pormenores y detalles de esta prestación excepcional que, por regla general, constituye para muchos ciudadanos el último y escaso salvavidas en medio de esta desoladora crisis económica.

Hoy hemos conocido que el Ejecutivo va a aprovechar la nueva norma sobre reestructuración y liquidación de entidades financieras con problemas para recortar otra vez las retribuciones de los directivos de bancos que perciben dinero público. Ya en febrero el Gobierno fijó el límite para la retribución fija anual, por todos los conceptos, de los directivos y consejeros con funciones ejecutivas, en 600.000 €, cifra nada desdeñable. Ahora se pretende rebajar esta cantidad en 100.000 € anuales y establecer el tope salarial en 500.000 €.

Hay que reconocer que se trata del primer Gobierno que se atreve a recortar los sueldos de los directivos de las entidades financieras que perciben ayudas públicas y que las rebajas impuestas son notables, pero no queda más remedio que preguntarse si esto es suficiente y, sobre todo, se esta decisión se moralmente aceptable cuando se está hablando de retribuciones que provienen de ayudas públicas, del dinero público que sale del bolsillo de los contribuyentes.

Es evidente que hay dos varas de medir a la hora de regular el uso salarial del dinero público y contrasta enormemente la minuciosidad y la preocupación de algunos dirigentes políticos a la hora de abordar la concesión de una prestación de subsistencia como la de los 400 € con su silencio y magnanimidad a la hora de regular las retribuciones de los directivos financieros que perciben dinero público para sostener las entidades bancarias que dirigen.

Ya en otras ocasiones desde estas mismas páginas se han puesto de relieve las anomalías que se detectan en el uso salarial del dinero público en nuestro país. Mientras que no hay dinero público para pagar, por ejemplo, la extra de Navidad a los empleados públicos o para extender la prestación de 400 €, resulta que sí hay dinero público para pagar retribuciones como las que aquí se detallan:

- Presidente del Red Eléctrica Española: 429.000 € de retribución fija + 199.000 € de retribución variable.

- Consejeros de Red Eléctrica Española: 1 consejero con 899.000 euros al año, 5 consejeros con 182.000 euros al año,  3 consejeros con 153.000 euros al año, 1 consejero con 170.000 euros al año,  1 consejeros con 165.000 euros al año.

- ADIF: 11 directivos con una media de 140.000 euros anuales.

- FEVE: director general 96.196,58 euros.

- Zapatero cobra 6.383 euros del Consejo de Estado por acudir a un pleno mensual e ingresa otros 6.515 € al mes como ex Presidente.

- RTVE: Presidente 220.000 euros al año. Las presentadoras Ana Blanco, Pepa Bueno, Ana Pastor y María Casado tenían sueldos que oscilaban entre los 150.000 a los más de 200.000 euros brutos anuales en 2009.

- El alcalde de Sabadell, Manuel Bustos Garrido, cobra un sueldo público del Ayuntamiento de 81.576,04 euros brutos anuales.

- El presidente de la Diputación de La Coruña/A Coruña, Diego Calvo Pouso, del Partido Popular, tiene un sueldo de 71.593 euros brutos anuales.

- Trece directivos de la funeraria del Ayuntamiento de Madrid, 130.000 euros cada uno.

- El Alcalde de Leganés 103.000 euros anuales.

- Sueldo base de directivos de grandes empresas públicas, 105.000 euros anuales.

- Directivos de empresas públicas medianas un sueldo base máximo de 80.000 euros anuales.

- Y cuando entre en vigor la nueva reforma, los directivos de las entidades financieras intervenidas sólo podrán cobrar, los pobrecitos, 500.000 € al año. ¿Y no se cuestiona el Sr. Floriano que cobren 500.000 € al año sin considerar la renta familiar?

En una situación económica como la de nuestro país el destino retributivo del dinero público no puede tener tratamientos tan dispares ni tan injustos. El dinero usado para las anteriores retribuciones nace en todo o en gran parte de los contribuyentes y debería, por tanto, ser usado con criterios públicos y objetivos. Es preciso aplicar un principio claro y único: con dinero público, salarios públicos. Tanto en las empresas públicas, como en las empresas privadas que perciben ayudas públicas, las retribuciones no deberían establecerse siguiendo las mismas normas que rigen en la Administración Pública y, por tanto, no deberían superar las máximas retribuciones que se perciben en las administraciones públicas. Y al que no le convenga que deje el puesto que seguro que habrá alguien con, al menos, tanta preparación como la suya para desempeñarlo y dispuesto a hacerlo con un salario público.

El punto de partida es fácil de encontrar: nadie debería poder percibir en este país y en estas circunstancias un salario con origen en los fondos públicos superior al del Presidente del Gobierno. No es posible ni tolerable que los más débiles sigan siendo “los castigados” por la crisis. En vez de tanta “reforma” sectorial, de tanto parche legislativo, el Gobierno debería de una vez abordar una reforma global de los sistema retributivos cuando está por medio el dinero público y, para ello, debería elaborar una Ley sobre Retribuciones Públicas. Por simple lógica y elemental justicia. Que haya dinero público para pagar sueldos de 500.000 € anuales a los directivos de los bancos intervenidos y que no lo haya para abonar la paga extra de los empleados públicos o los 400 € no lo entiende nadie.

Santiago de Munck Loyola

El Gobierno con Bolinaga y no con las víctimas.

El pasado viernes, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias concedió el tercer grado al asesino, secuestrador y torturador etarra Jesús María Uribetxeberria Bolinaga. Con esta clasificación penitenciaria, Bolinaga podrá solicitar la libertad condicional al juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, que decidirá la semana que viene.

El Director General de Prisiones, Ángel Yuste, ha adoptado esta decisión después de que el parte médico del centro sanitario pronosticase que el etarra tiene un 90 por ciento de posibilidades de morir en el plazo de un año dado el cáncer que padece. El ministerio de Interior apela en un comunicado a “razones humanitarias”, pese a “la entidad de los delitos cometidos”, tres asesinatos (Mario Leal Baquero, Pedro Galnares Barreda y Antonio López Martínez Colmenero)  y dos sonados secuestros por los que el etarra nunca ha pedido perdón.

El Gobierno ha basado su decisión en lo dispuesto en el artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario que prevé la posibilidad de otorgar el tercer grado a un preso por razones humanitarias o por enfermedad grave. Es decir, nos encontramos ante una decisión del Gobierno absolutamente legal sustentada en el carácter discrecional de una norma: se puede otorgar el tercer grado en algunos casos, pero ello no significa que se deba otorgar. Tan legal habría sido otorgarlo como denegarlo y la opción entre ambas posibilidades depende de valoraciones subjetivas de las autoridades.

Con ello, la decisión de otorgar el tercer grado a este sujeto es, cuando menos, sorprendente y más si se tienen en cuenta las noticias hoy publicadas sobre el tratamiento que reciben otros delincuentes en la misma o peor situación que la del etarra. Según publica hoy el Diario el Mundo, entre los años 2005 y 2010, 799 presos enfermos de cáncer fallecieron en las prisiones españolas, es decir, que no se les concedió el mismo trato que a Bolinaga, no se les concedió el tercer grado y, por tanto, no pudieron acceder a la libertad condicional para terminar sus días fuera de prisión. Y si a este dato se suma además el hecho de que este asesino no se ha desvinculado de la banda terrorista, no ha pedido perdón a las víctimas, ni ha satisfecho sus responsabilidades civiles, tal y como exige la reforma del Código penal del año 2003, su probable puesta en libertad por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, constituiría una burla legal y una afrenta más a las víctimas.

Frente a las palabras de presunta firmeza del Ministro Interior parece que la realidad que se está abriendo paso no es otra que la de la claudicación y cesión frente a las presiones de los terroristas y, correlativamente, el olvido y la humillación a las víctimas del terrorismo. Es moralmente inaceptable que el denostado por tantos funcionarios de prisiones, el Director General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, con el beneplácito del Gobierno de España, haya adoptado una decisión legal, a la que no estaba obligado en modo alguno, que abre la puerta grande a la excarcelación de un terrorista no arrepentido, de un sanguinario asesino, de un implacable torturador como Bolinaga.  No es ésto lo que votaron los que eligieron al PP hace unos meses, ni mucho menos.

Si el Sr. Yuste o el Ministro de Interior fuesen capaces de explicar claramente por qué se le concede el tercer grado al Sr. Bolinaga y por qué no se concede a los demás delincuentes en situación similar, a lo mejor podría entenderse semejante decisión. Pero seguramente no lo harán porque la razón, como sospechan las víctimas, puede que sea inconfesable.

¿Por qué se esgrimen razones humanitarias en el caso de Bolinaga y no en el caso de los demás presos? ¿Por qué hay que ser compasivo con quien no lo fue con sus víctimas y con quien, además, no se ha arrepentido de los irreparables daños que ha causado? ¿Es más importante el bienestar de este tipejo que el de los demás presos con dolencias similares?

No concederle el tercer grado era también una decisión legal y, además, una decisión más justa, más ética y más comprensible para quienes detestamos la violencia y la historia de las ratas de la ETA y de sus cómplices. Hacer lo contrario se llama simplemente traición a las víctimas.

Santiago de Munck Loyola

Sánchez Gordillo: populismo chusquero.

La verdad es que el Alcalde Marinaleda y diputado autonómico andaluz por IU, el exfalangista y frustrado aspirante a Guardia Civil, Juan Manuel Sánchez Gordillo, está consiguiendo animar el aburrido panorama informativo estival. Este Robin Hood andaluz, político folclórico, de estética fusión entre palestino, bandolero serrano y progre años 70, ha logrado poner en el candelero una forma de hacer política populista y chusquera en la que todo vale.  Como político regional se estrenó en el Parlamento andaluz protagonizando una ridícula toma de posesión que levantó risas entre propios y extraños.

Hace unos días, en compañía de miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores asaltó dos supermercados, uno en Sevilla y otro en Cádiz, llevándose diez carros de la compra con alimentos sin pagar y empleando la fuerza contra algunos empleados de los mismos para destinarlos a un comedor social. Según el Sr. Sánchez Gordillo se trató de una expropiación forzosa.

Como consecuencia de esta acción, el sindicato Manos Limpias presentó el pasado día 10 de agosto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el Sr. Sánchez Gordillo, por su participación en el asalto a varios supermercados y posteriormente decidieron convertir dicha denuncia en querella y presentarla ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Hace dos días, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, manifestó que la Fiscalía debía tener en cuenta que los asaltos a los supermercados andaluces en los que está implicado el alcalde de Marinaleda son un "robo con violencia fundamentalmente hacia mujeres". A lo que el Sr. Sánchez Gordillo ha respondido pidiendo la dimisión de la Defensora del Pueblo por haber realizado estas manifestaciones.

La mamarrachada del Sr. Gordillo y de su sindicato ha recibido estos días algunas adhesiones y la última en sumarse a las manifestaciones de apoyo al líder jornalero ha sido la diputada valenciana de IU Marina Albiol que, junto a varias decenas de personas, ha presentado este viernes en el registro de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana un documento en el que se declaran cómplices del asalto a los supermercados andaluces. Según esta diputada, se trata de un gesto de solidaridad y asume esta chusca forma de hacer política animando, además, a realizar más asaltos a supermercados.

Y la cosa no va a quedar aquí, al parecer, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) se ha propuesto extender su lucha contra los recortes. Unos 700 miembros del SAT, con Sánchez Gordillo a la cabeza, iniciaron ayer una marcha a pie en la localidad de Jódar que desembocará mañana en un mitin en Jaén.

A todo esto, un vecino del Sr. Sánchez Gordillo, Mariano Pradas, portavoz del PSOE en Marinaleda, ha aprovechado estos días de notoriedad de su Alcalde para denunciar que el Sr. Sánchez Gordillo no quiere o no puede dar explicaciones sobre el destino de 226.000 euros aportados por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía para construir unas viviendas sociales.

Como puede comprobarse, se trata de todo un culebrón veraniego que no ha acabado ni mucho menos. Podría incluso verse con cierta simpatía las acciones del Sr. Sánchez Gordillo y de sus seguidores sino fuera por algunos aspectos y consideraciones cuando menos preocupantes. Asaltar supermercados para repartir comida entre los más necesitados parece, a primera vista, una acción irregular pero perdonable por su supuesto fin altruista. Pero las apariencias engañan. En primer lugar porque el uso de la fuerza y de la violencia contra los empleados no está justificado en modo alguno. Los testimonios y las imágenes no engañan: hubo violencia y eso no es admisible. Y lo saben los que se autoinculpan y, por ello, hablan de hurto y no de robo, no sea que su solidario gesto se les vuelva en contra. Mojarse, lo justo y nada más. En segundo lugar, el apoyo y justificación de estas acciones se sustenta en la imposición unilateral de unos determinados sujetos que, por móviles puramente partidistas, deciden qué es bueno y qué no lo es, quién es culpable y quién no de esta tremenda crisis, quién debe pagar y quién no los platos rotos y todo ello prescindiendo de la voluntad expresada en las urnas hace muy pocos meses. Cabe cuestionarse ¿por qué debe ser socialmente aceptable robar en supermercados y no en las farmacias? ¿son los alimentos más importantes que los medicamentos? Si se pueden “expropiar forzosamente” alimentos para los hambrientos ¿se puede expropiar por el mismo método viviendas para los que carecen de ella? Si uno no tiene ni para comer ¿podría expropiar por el mismo método el sueldo del Sr. Sánchez Gordillo? ¿Quién determina lo que es expropiable y lo que no? ¿El Sr. Sánchez Gordillo? ¿Izquierda Unida? ¿No utilizaban los mismos argumentos los GRAPOS cuando asaltaban bancos?

El Sr. Sánchez Gordillo y quienes alientan nuevas acciones como éstas no creen en el estado de Derecho, único marco racional de convivencia pacífica, y pretenden imponer sus reglas poniendo en peligro la convivencia ciudadana. Acciones como éstas, sean simbólicas o detonantes de similares iniciativas, no son necesarias para llamar la atención sobre la realidad de la pobreza que asola muchas zonas de nuestro país. Las situaciones de necesidad o de emergencia social están a nuestro alrededor por lo que nos encontramos ante supuestos gestos reivindicativos inútiles.

Mientras el Sr. Sánchez Gordillo y sus secuaces montan sus numeritos hay miles de españoles y decenas de organizaciones humanitarias desarrollando callada pero eficazmente una labor impagable en favor de los más necesitados. Sin ir más lejos, Caritas, esa organización católica que el Sr. Sánchez Gordillos y afines quieren que pague el IBI, da de comer diariamente a decenas de miles de personas, atiende a enfermos y cubre urgentes necesidades de miles de familias. Y lo hace sin robar a nadie, sin golpear a nadie, sin exhibirse mediáticamente. De su ejemplo, algo podría aprender el Sr. Sánchez Gordillo y demás camaradas comunistas si quieren sinceramente ayudar a los más necesitados.

Santiago de Munck Loyola

A favor de una huelga de hambre abertzale.

Los palmeros de los asesinos de la ETA andan revueltos estos días y sus iniciativas están siendo, una vez más, noticia. Ya se sabe que el mes de agosto suele ser un mes más bien flojo a nivel informativo y esa circunstancia la aprovechan los etarras y sus colaboradores para obtener réditos informativos. El esquizofrénico mundo de la ETA ha encontrado su “causa” veraniega en el estado de salud del torturador y asesino frustrado de Antonio Ortega Lara. Parece que dicho delincuente, Josu Uribetxeberría Bolinaga, se encuentra enfermo de cáncer y exige ser excarcelado al margen de los procedimientos legales establecidos. Y para reforzar su exigencia se ha declarado en huelga de hambre quizás estimulado por el recuerdo de las tres huelgas de hambre que pocos años atrás protagonizó, con foto trucada en el The Times incluida, su conmilitón, el sinvergüenza y asesino en serie, José Ignacio de Juana Chaos, autor de 25 asesinatos por los que sólo cumplió 18 años de cárcel.

Y cómo era de esperar (el guión lo suelen seguir estos tipejos) a la huelga del torturador de Ortega Lara se están sumando poco a poco y bajo distintas modalidades los demás presos de la banda criminal. De momento se han sumado más de 159 etarras incluido el Sr. Otegui (el hombre de paz de Zapatero) que siguiendo los dictados de la banda confirma, una vez más, que Batasuna – Bildu - Sortu y la ETA son la misma bazofia digan lo que digan algunos magistrados sin vergüenza del Tribunal Constitucional.. Eso sí, en esto de las huelgas de hambre los etarras son muy sibaritas, las hacen a la carta: unos la hacen de un día porque tampoco hay que excederse, otros la transforman en huelga de patio (no salen al patio de la prisión y que se fastidien los carceleros), otros hacen huelga de comida del centro penitenciario pero se comen los productos de la tierra recibidos seguramente gracias a subvenciones de administraciones públicas gobernadas por su compañeros, Otegui por su parte inicia la huelga tras meterse un generoso desayuno entre pecho y espalda, en fin, un amplio catálogo de variedades huelguísticas para salir en los medios. Ya se sabe que la valentía nunca ha sido el punto fuerte de estos “gudaris” del tiro por la espalda o la bomba a distancia y que, por tanto, una huelga de hambre como es debido es un riesgo innecesario y no apto para ellos.

En definitiva, el mundo etarra, el del interior de las prisiones y el exterior de las administraciones vascas por ellos controladas, pretende con esta farsa presionar al Gobierno de España para que excarcele a este tipejo eludiendo las normas que regulan dichas excarcelaciones y aducen de cara a la opinión pública unos motivos presuntamente humanitarios. Es decir quieren que se trate al secuestrador de Ortega Lara con una compasión que él jamás se planteó con su víctima a la que retuvo en unas condiciones francamente infrahumanas durante 532 días y a la que estaba dispuesto a asesinar de hambre. Hay que recordar que en el momento de su rescate, Ortega Lara había perdido 23 kilos, masa muscular y densidad ósea. Sufría de trastornos del sueño, estrés postraumático, ansiedad y depresión.

Pues nada, pelillos a la mar y a excarcelar al “pollo” este que es un valiente “gudari”. Pero para conseguirlo, los abertzales deberían presionar mejor al Gobierno. Deberían ponerse todos, presos y políticos etarras, en huelga de hambre y sed de verdad, sin concesiones y con dos coj… Hasta el final. Ni lonchitas de jamón a lo “Chaos”, ni zumitos, ni agua. Nada de nada. Desde Garitano hasta Josu Ternera, desde el primero hasta el último por favor. Todos en huelga absoluta y solidaria hasta el final. ¡Anímense por favor! Se lo agradeceremos todos.

Santiago de Munck Loyola

Hacia la regeneración del PP de la ciudad de Alicante.

Hace casi 15 días se celebró el XIII Congreso Provincial del Partido Popular de Alicante en el que se eligió a José Ciscar como Presidente y se ratificó el nuevo equipo que habrá de dirigir durante los próximos tres años la organización popular. Se notó tanto en la intervención del nuevo Presidente como en el tono de muchos intervinientes un esperanzador cambio de discurso, que además se plasmó en algunos cambios estatutarios, apelando por una parte a la participación de los militantes y por otra a la superación de diferencias internas que tanto daño han hecho a la unidad del Partido. La partitura congresual dibujaba una melodía de integración, de participación y de ejemplaridad en la gestión pública. Falta ahora ver cómo la nueva orquesta es capaza de interpretar con fidelidad y virtuosismo esta partitura o si con el tiempo desafina como la orquesta anterior.

Hace tan sólo tres días, José Císcar presidió su primera reunión de la nueva directiva alicantina y durante su intervención pidió a los altos cargos del partido una mayor proximidad a los ciudadanos, para que se sientan escuchados y atendidos por el PP. Tras la reunión, el nuevo Secretario General del PP, José Juan Zaplana, subrayó la necesidad y la importancia de la ejemplaridad de los cargos públicos, insistiendo con ello en una de las principales líneas argumentales del pasado Congreso provincial.

Se ha abierto, por tanto, una nueva etapa en el Partido Provincial que intenta, por una parte, superar la vieja y absurda división entre campistas y ripollistas (aunque algunos de estos últimos han sido sonora e injustamente marginados en el cónclave provincial) y, por otra, impulsar un nuevo estilo marcado por las ideas de participación y ejemplaridad. Por cierto que la única consecuencia positiva que puede sacarse de la superada contienda entre campistas y ripollistas es poder comprobar cuanto chaquetero anda suelto por la casa y que ruin y deshonesta puede llegar a ser la condición humana. Tan deshonesto es el chaquetero como quien le recompensa la traición.

Ahora, tras el Congreso Provincial se abrirá el período de renovación de las Juntas Locales con las consiguientes tensiones internas en cada localidad para hacerse con la Presidencia local. En una gran organización como la del Partido Popular siempre que se abren períodos electorales internos, “los de arriba” suelen caer en la tentación de intervenir en los procesos locales para tratar de “colocar” a los suyos y lo que debería ser una fiesta democrática en la que todos los militantes pueden optar a liderar o a colaborar con su organización local termina por convertirse en el paso de una “apisonadora” sobre la democracia interna. Habrá que confiar en que el talante y las palabras de los nuevos dirigentes provinciales se traduzcan en hechos y que, por tanto, la democracia interna brille esta vez con fuerza en todos los procesos electorales de las Juntas Locales alicantinas.

También, como no, los militantes de la ciudad de Alicante tendremos dentro de poco tiempo la oportunidad de elegir a nuestro Presidente Local y a nuestra Directiva Local. Y si hay una Junta Local donde tienen que cambiar las cosas en profundidad es en la ciudad de Alicante. Los militantes de la ciudad de Alicante no han tenido en los últimos nueve años, al menos, la ocasión de participar en reuniones sectoriales, ni en la elaboración de los programas electorales, ni tan siquiera en los procesos electorales para los Congresos del Partido. Ni una reunión para afiliados en nueve años, ni circulares informativas, nada de nada. Los militantes de la ciudad sólo han sido convocados para cubrir las mesas electorales como apoderados e interventores, para acudir a cenas del Partido o para rellenar los mítines y poco más. Y eso no puede seguir así.

Es muy probable que desde las “familias” y “clanes” que hasta ahora han venido controlando y estrangulando la vida interna del PP de la ciudad de Alicante se promueva una candidatura seudo oficial a la Presidencia, pero es casi seguro que no va a ser la única.

Poco a poco se han ido organizando reuniones de quienes aspiran a un PP local renovado, abierto, participativo y conectado con los barrios de la ciudad, de quienes aspiran a una organización local que sea algo más que una maquinaria electoral y de las mismas va a salir una candidatura a la Presidencia Local. Se está organizando una plataforma popular cuyo objetivo es la regeneración democrática del PP de la ciudad de Alicante y cuyos principales ejes de actuación pasan por dotar a la organización local de autonomía funcional, por promover la participación de los militantes, por implantar la ejemplaridad y la responsabilidad ante la organización local de los cargos públicos locales, por hacer presente al PP en todos los barrios y en todos los segmentos sociales, por servir de cauce de comunicación entre los ciudadanos y las instituciones y, en definitiva, por servir al conjunto de la sociedad alicantina.

Los aires de cambio del XIII Congreso Provincial tienen que llegar al PP de la ciudad de Alicante y no podrán hacerlo de la mano de quienes hasta ahora han consentido, han impulsado o se han aprovechado del actual estado semicomatoso de la organización local. Democracia interna, participación, debate, integración, pluralidad, ejemplaridad y responsabilidad son conceptos esenciales para el PP de la ciudad de Alicante.

Santiago de Munck Loyola

Ha muerto el Profesor Peces-Barba.

Hoy ha muerto D. Gregorio Peces-Barba que fue Presidente del Congreso de los Diputados, ponente constitucional y profesor universitario entre otras muchas cosas. Tuve la suerte de ser su alumno en el primer y en el último curso de Derecho, en la Universidad Complutense de Madrid. Entre los profesores de Derecho Natural que impartían esa disciplina destacaban dos nombres: Joaquín Ruiz Giménez y Gregorio Peces Barba. En 1977, la primera clase, el primer día en la Facultad de Derecho, a las ocho de la mañana, fue la suya. Entró en aquella inmensa aula, acompañado por sus ayudantes, con un puro encendido en la boca cuyo aroma, a tan tempranas horas, no era precisamente lo más estimulante.

Éramos cerca de 200 alumnos y nos fue preguntando uno a uno nuestro nombre y apellidos y la razón por la que habíamos decidido estudiar la carrera de Derecho. Cuando me llegó el turno respondí que me había matriculado en Derecho porque me interesaba la política y aquella respuesta le dio pie para esbozar la relación existente entre el Derecho y el poder. A lo largo de sus clases eran constantes las referencias que hacía a Norberto Bobbio o a Kelsen y subrayaba siempre el logro que en la evolución política supuso el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. Sus clases eran amenas, sabía explicar y desarrollar las materias y siempre tenía un talante dialogante. 

Ya en el último curso, volví a tenerle como profesor, en esta ocasión, de Filosofía del Derecho. Entonces ya era Presidente del Congreso de los Diputados y acudía a clase con la correspondiente escolta. Le gustaba conversar con los alumnos en la cafetería de la facultad pero en este último curso era más difícil poder acceder a él. Fue, sin duda, uno de los mejores profesores que tuve en la Facultad de Derecho.

Quizás por el hecho de haberle conocido y tratado en la Facultad, siempre he seguido su trayectoria política con sumo interés. Sin compartir muchos de sus posicionamientos políticos, su opinión en tantas y tantas cuestiones en las que ha terciado me ha merecido consideración y respeto. Quizás uno de los períodos más discutibles de su actividad política sea su labor como Comisionado para las Víctimas del Terrorismo que no cuajó en un entendimiento y una colaboración estrecha con la principal Asociación que las representa, lo que le valió agrias y duras críticas de una parte de los afectados y de determinados medios de comunicación.

Tuve la inmensa suerte de conocerle, de tenerle como profesor y lamento su pérdida. Se ha ido joven todavía Peces-Barba. Descanse en Paz y que Dios le reciba en su seno.

Santiago de Munck Loyola

La poca vergüenza de nuestra clase política.

Hace pocas horas, Esteban González Pons, vicesecretario de Estudios y Programas del PP, afirmaba que los ciudadanos entendían los sacrificios que la dura política de ajustes del Gobierno estaba imponiendo. Y añadía que “sólo un gobierno con sentido de la responsabilidad como el de Mariano Rajoy está en condiciones de pedir a los españoles los sacrificios que en estos momentos son necesarios para sacar a España de la crisis”. Por su parte, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert afirmaba el pasado 17 de julio que el conjunto de la sociedad tienen una comprensión "mucho más ajustada" de lo que a veces se cree, respecto a la necesidad de los ajustes y que el conjunto de la sociedad ha "entendido perfectamente e interiorizado perfectamente" la parte de responsabilidad que la propia sociedad comparte con sus dirigentes y que entiende la mayor parte de los sacrificios.

Se equivocan. Da la impresión de que la clase política vive en un mundo paralelo al del común de los mortales. Las encuestas están ahí, bien calentitas, y todas señalan que la mayoría de los ciudadanos, incluidos los votantes del PP, no comparten los duros sacrificios, los recortes que se están llevando a cabo y es evidente que si no los comparte es porque no los comprende, ni los entiende. Y ello es así, entre otras razones, porque es la propia clase política la que es vista como la causa de nuestros problemas.

No basta con que un Gobierno como el de Rajoy sea “muy responsable” para estar en condiciones de pedir sacrificios a los ciudadanos, ni mucho menos. El sentido de la responsabilidad no es un aval suficiente para decirle a los ciudadanos que hay que apretarse el cinturón y renunciar a muchas cosas para poder salir de la crisis. El único aval que puede esgrimir un Gobierno es la ejemplaridad. Si la clase política no es ejemplar, si no predica con el ejemplo no puede pedir ningún sacrificio a los ciudadanos. Y la ejemplaridad es aún más necesaria, si cabe, cuando además se reconoce que las medidas de ajuste, que los recortes, son un claro incumplimiento del Programa Electoral, de la palabra dada a los votantes tan sólo hace 7 meses.

Ni el Gobierno, ni la oposición son ejemplares y ésta es una afirmación difícilmente rebatible si se analizan las medidas adoptadas y los comportamientos de nuestra clase dirigente. Hace muy pocos días se ha hecho público que tanto el Presidente del Gobierno, como la Vicepresidenta, los Ministros Arias Cañete, Alberto Ruiz-Gallardón, Ana Mato, Pastor y Jorge Fernández, aunque todos tienen vivienda en la capital cobran del Congreso, además de su sueldo ministerial, 1.823 € mensuales para afrontar gastos de alojamiento y manutención. Ninguno de ellos cobra el sueldo de Diputado ya que la ley les prohíbe percibir dos retribuciones públicas, pero sí las dietas que no tienen carácter salarial y están exentas además de tributación. Un negocio redondo.

Y no son los únicos, otros 62 Diputados, entre los que se encuentra el líder de la Oposición, Pérez Rubalcaba, cobran la ayuda de 1.823 euros mensuales libres de impuestos pese a poseer una vivienda en Madrid. Los agraciados con tanta generosidad parlamentaria son de variado pelaje político: 34 diputados del PP, 25 del PSOE, uno de CiU y uno de Coalición Canaria.

Y con este panorama ¿uno tiene que comprender que le suban el IRPF mientras sus señorías tributan como mileuristas? Y con tanta desfachatez parlamentaria ¿uno tiene que comprender y aceptar que le eliminen una paga extra? ¿O que haya que pagar más por los medicamentos? ¿O que se recorten las prestaciones por desempleo? ¡Venga ya!

El caso de las dietas de los parlamentarios no es más que uno de los muchos ejemplos que e pueden poner sobre la mesa para afirmar que nuestra clase política no predica con el ejemplo, que no es ejemplar y que, por tanto, no está legitimada para pedir más sacrificios a los ciudadanos. Los contribuyentes sabemos que no hay dinero para todo, comprendemos que no hay recursos suficientes pero no podemos comprender, ni aceptar, que sí los haya para nuestra clase dirigente, sea política, sindical, económica o social. Nuestra clase política por desgracia, además de no ser ejemplar, no es en su gran mayoría decente, porque si lo fuese habría sido la primera en renunciar a tantos y tantos privilegios de los que disfruta a costa de nuestras espaldas.

Santiago de Munck Loyola