Los 63 Diputados necesitados de "dietas".

Esta es la relación de los Diputados que, teniendo una o varias viviendas en Madrid, cobran una "indemnización por alojamiento" de 1.823,26 euros al mes, libres de impuestos (fuente: libremercado.com). ¡Pobrecitos!

Sin comentarios.

Santiago de Munck Loyola

¡Pobres banqueros! Sólo 500.000 € anuales de sueldo.

Mucho se ha hablado y escrito estos últimos días primero sobre la continuidad de la prestación de 400 € y después sobre su alcance y requisitos para su percepción. El Sr. Floriano, Portavoz Popular, hacía públicas sus reflexiones sobre la conveniencia de su concesión a desempleados que se ven obligados a vivir con la familia sin tener en cuenta la capacidad económica de dicha familia. Otros dirigentes gubernamentales han insistido en la conveniencia  o en la necesidad de vincular esta prestación de subsistencia a la consecución de un empleo. En fin, que como no hay dinero público se está mirando con lupa los pormenores y detalles de esta prestación excepcional que, por regla general, constituye para muchos ciudadanos el último y escaso salvavidas en medio de esta desoladora crisis económica.

Hoy hemos conocido que el Ejecutivo va a aprovechar la nueva norma sobre reestructuración y liquidación de entidades financieras con problemas para recortar otra vez las retribuciones de los directivos de bancos que perciben dinero público. Ya en febrero el Gobierno fijó el límite para la retribución fija anual, por todos los conceptos, de los directivos y consejeros con funciones ejecutivas, en 600.000 €, cifra nada desdeñable. Ahora se pretende rebajar esta cantidad en 100.000 € anuales y establecer el tope salarial en 500.000 €.

Hay que reconocer que se trata del primer Gobierno que se atreve a recortar los sueldos de los directivos de las entidades financieras que perciben ayudas públicas y que las rebajas impuestas son notables, pero no queda más remedio que preguntarse si esto es suficiente y, sobre todo, se esta decisión se moralmente aceptable cuando se está hablando de retribuciones que provienen de ayudas públicas, del dinero público que sale del bolsillo de los contribuyentes.

Es evidente que hay dos varas de medir a la hora de regular el uso salarial del dinero público y contrasta enormemente la minuciosidad y la preocupación de algunos dirigentes políticos a la hora de abordar la concesión de una prestación de subsistencia como la de los 400 € con su silencio y magnanimidad a la hora de regular las retribuciones de los directivos financieros que perciben dinero público para sostener las entidades bancarias que dirigen.

Ya en otras ocasiones desde estas mismas páginas se han puesto de relieve las anomalías que se detectan en el uso salarial del dinero público en nuestro país. Mientras que no hay dinero público para pagar, por ejemplo, la extra de Navidad a los empleados públicos o para extender la prestación de 400 €, resulta que sí hay dinero público para pagar retribuciones como las que aquí se detallan:

- Presidente del Red Eléctrica Española: 429.000 € de retribución fija + 199.000 € de retribución variable.

- Consejeros de Red Eléctrica Española: 1 consejero con 899.000 euros al año, 5 consejeros con 182.000 euros al año,  3 consejeros con 153.000 euros al año, 1 consejero con 170.000 euros al año,  1 consejeros con 165.000 euros al año.

- ADIF: 11 directivos con una media de 140.000 euros anuales.

- FEVE: director general 96.196,58 euros.

- Zapatero cobra 6.383 euros del Consejo de Estado por acudir a un pleno mensual e ingresa otros 6.515 € al mes como ex Presidente.

- RTVE: Presidente 220.000 euros al año. Las presentadoras Ana Blanco, Pepa Bueno, Ana Pastor y María Casado tenían sueldos que oscilaban entre los 150.000 a los más de 200.000 euros brutos anuales en 2009.

- El alcalde de Sabadell, Manuel Bustos Garrido, cobra un sueldo público del Ayuntamiento de 81.576,04 euros brutos anuales.

- El presidente de la Diputación de La Coruña/A Coruña, Diego Calvo Pouso, del Partido Popular, tiene un sueldo de 71.593 euros brutos anuales.

- Trece directivos de la funeraria del Ayuntamiento de Madrid, 130.000 euros cada uno.

- El Alcalde de Leganés 103.000 euros anuales.

- Sueldo base de directivos de grandes empresas públicas, 105.000 euros anuales.

- Directivos de empresas públicas medianas un sueldo base máximo de 80.000 euros anuales.

- Y cuando entre en vigor la nueva reforma, los directivos de las entidades financieras intervenidas sólo podrán cobrar, los pobrecitos, 500.000 € al año. ¿Y no se cuestiona el Sr. Floriano que cobren 500.000 € al año sin considerar la renta familiar?

En una situación económica como la de nuestro país el destino retributivo del dinero público no puede tener tratamientos tan dispares ni tan injustos. El dinero usado para las anteriores retribuciones nace en todo o en gran parte de los contribuyentes y debería, por tanto, ser usado con criterios públicos y objetivos. Es preciso aplicar un principio claro y único: con dinero público, salarios públicos. Tanto en las empresas públicas, como en las empresas privadas que perciben ayudas públicas, las retribuciones no deberían establecerse siguiendo las mismas normas que rigen en la Administración Pública y, por tanto, no deberían superar las máximas retribuciones que se perciben en las administraciones públicas. Y al que no le convenga que deje el puesto que seguro que habrá alguien con, al menos, tanta preparación como la suya para desempeñarlo y dispuesto a hacerlo con un salario público.

El punto de partida es fácil de encontrar: nadie debería poder percibir en este país y en estas circunstancias un salario con origen en los fondos públicos superior al del Presidente del Gobierno. No es posible ni tolerable que los más débiles sigan siendo “los castigados” por la crisis. En vez de tanta “reforma” sectorial, de tanto parche legislativo, el Gobierno debería de una vez abordar una reforma global de los sistema retributivos cuando está por medio el dinero público y, para ello, debería elaborar una Ley sobre Retribuciones Públicas. Por simple lógica y elemental justicia. Que haya dinero público para pagar sueldos de 500.000 € anuales a los directivos de los bancos intervenidos y que no lo haya para abonar la paga extra de los empleados públicos o los 400 € no lo entiende nadie.

Santiago de Munck Loyola

El Gobierno con Bolinaga y no con las víctimas.

El pasado viernes, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias concedió el tercer grado al asesino, secuestrador y torturador etarra Jesús María Uribetxeberria Bolinaga. Con esta clasificación penitenciaria, Bolinaga podrá solicitar la libertad condicional al juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, que decidirá la semana que viene.

El Director General de Prisiones, Ángel Yuste, ha adoptado esta decisión después de que el parte médico del centro sanitario pronosticase que el etarra tiene un 90 por ciento de posibilidades de morir en el plazo de un año dado el cáncer que padece. El ministerio de Interior apela en un comunicado a “razones humanitarias”, pese a “la entidad de los delitos cometidos”, tres asesinatos (Mario Leal Baquero, Pedro Galnares Barreda y Antonio López Martínez Colmenero)  y dos sonados secuestros por los que el etarra nunca ha pedido perdón.

El Gobierno ha basado su decisión en lo dispuesto en el artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario que prevé la posibilidad de otorgar el tercer grado a un preso por razones humanitarias o por enfermedad grave. Es decir, nos encontramos ante una decisión del Gobierno absolutamente legal sustentada en el carácter discrecional de una norma: se puede otorgar el tercer grado en algunos casos, pero ello no significa que se deba otorgar. Tan legal habría sido otorgarlo como denegarlo y la opción entre ambas posibilidades depende de valoraciones subjetivas de las autoridades.

Con ello, la decisión de otorgar el tercer grado a este sujeto es, cuando menos, sorprendente y más si se tienen en cuenta las noticias hoy publicadas sobre el tratamiento que reciben otros delincuentes en la misma o peor situación que la del etarra. Según publica hoy el Diario el Mundo, entre los años 2005 y 2010, 799 presos enfermos de cáncer fallecieron en las prisiones españolas, es decir, que no se les concedió el mismo trato que a Bolinaga, no se les concedió el tercer grado y, por tanto, no pudieron acceder a la libertad condicional para terminar sus días fuera de prisión. Y si a este dato se suma además el hecho de que este asesino no se ha desvinculado de la banda terrorista, no ha pedido perdón a las víctimas, ni ha satisfecho sus responsabilidades civiles, tal y como exige la reforma del Código penal del año 2003, su probable puesta en libertad por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, constituiría una burla legal y una afrenta más a las víctimas.

Frente a las palabras de presunta firmeza del Ministro Interior parece que la realidad que se está abriendo paso no es otra que la de la claudicación y cesión frente a las presiones de los terroristas y, correlativamente, el olvido y la humillación a las víctimas del terrorismo. Es moralmente inaceptable que el denostado por tantos funcionarios de prisiones, el Director General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, con el beneplácito del Gobierno de España, haya adoptado una decisión legal, a la que no estaba obligado en modo alguno, que abre la puerta grande a la excarcelación de un terrorista no arrepentido, de un sanguinario asesino, de un implacable torturador como Bolinaga.  No es ésto lo que votaron los que eligieron al PP hace unos meses, ni mucho menos.

Si el Sr. Yuste o el Ministro de Interior fuesen capaces de explicar claramente por qué se le concede el tercer grado al Sr. Bolinaga y por qué no se concede a los demás delincuentes en situación similar, a lo mejor podría entenderse semejante decisión. Pero seguramente no lo harán porque la razón, como sospechan las víctimas, puede que sea inconfesable.

¿Por qué se esgrimen razones humanitarias en el caso de Bolinaga y no en el caso de los demás presos? ¿Por qué hay que ser compasivo con quien no lo fue con sus víctimas y con quien, además, no se ha arrepentido de los irreparables daños que ha causado? ¿Es más importante el bienestar de este tipejo que el de los demás presos con dolencias similares?

No concederle el tercer grado era también una decisión legal y, además, una decisión más justa, más ética y más comprensible para quienes detestamos la violencia y la historia de las ratas de la ETA y de sus cómplices. Hacer lo contrario se llama simplemente traición a las víctimas.

Santiago de Munck Loyola

Sánchez Gordillo: populismo chusquero.

La verdad es que el Alcalde Marinaleda y diputado autonómico andaluz por IU, el exfalangista y frustrado aspirante a Guardia Civil, Juan Manuel Sánchez Gordillo, está consiguiendo animar el aburrido panorama informativo estival. Este Robin Hood andaluz, político folclórico, de estética fusión entre palestino, bandolero serrano y progre años 70, ha logrado poner en el candelero una forma de hacer política populista y chusquera en la que todo vale.  Como político regional se estrenó en el Parlamento andaluz protagonizando una ridícula toma de posesión que levantó risas entre propios y extraños.

Hace unos días, en compañía de miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores asaltó dos supermercados, uno en Sevilla y otro en Cádiz, llevándose diez carros de la compra con alimentos sin pagar y empleando la fuerza contra algunos empleados de los mismos para destinarlos a un comedor social. Según el Sr. Sánchez Gordillo se trató de una expropiación forzosa.

Como consecuencia de esta acción, el sindicato Manos Limpias presentó el pasado día 10 de agosto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el Sr. Sánchez Gordillo, por su participación en el asalto a varios supermercados y posteriormente decidieron convertir dicha denuncia en querella y presentarla ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Hace dos días, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, manifestó que la Fiscalía debía tener en cuenta que los asaltos a los supermercados andaluces en los que está implicado el alcalde de Marinaleda son un "robo con violencia fundamentalmente hacia mujeres". A lo que el Sr. Sánchez Gordillo ha respondido pidiendo la dimisión de la Defensora del Pueblo por haber realizado estas manifestaciones.

La mamarrachada del Sr. Gordillo y de su sindicato ha recibido estos días algunas adhesiones y la última en sumarse a las manifestaciones de apoyo al líder jornalero ha sido la diputada valenciana de IU Marina Albiol que, junto a varias decenas de personas, ha presentado este viernes en el registro de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana un documento en el que se declaran cómplices del asalto a los supermercados andaluces. Según esta diputada, se trata de un gesto de solidaridad y asume esta chusca forma de hacer política animando, además, a realizar más asaltos a supermercados.

Y la cosa no va a quedar aquí, al parecer, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) se ha propuesto extender su lucha contra los recortes. Unos 700 miembros del SAT, con Sánchez Gordillo a la cabeza, iniciaron ayer una marcha a pie en la localidad de Jódar que desembocará mañana en un mitin en Jaén.

A todo esto, un vecino del Sr. Sánchez Gordillo, Mariano Pradas, portavoz del PSOE en Marinaleda, ha aprovechado estos días de notoriedad de su Alcalde para denunciar que el Sr. Sánchez Gordillo no quiere o no puede dar explicaciones sobre el destino de 226.000 euros aportados por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía para construir unas viviendas sociales.

Como puede comprobarse, se trata de todo un culebrón veraniego que no ha acabado ni mucho menos. Podría incluso verse con cierta simpatía las acciones del Sr. Sánchez Gordillo y de sus seguidores sino fuera por algunos aspectos y consideraciones cuando menos preocupantes. Asaltar supermercados para repartir comida entre los más necesitados parece, a primera vista, una acción irregular pero perdonable por su supuesto fin altruista. Pero las apariencias engañan. En primer lugar porque el uso de la fuerza y de la violencia contra los empleados no está justificado en modo alguno. Los testimonios y las imágenes no engañan: hubo violencia y eso no es admisible. Y lo saben los que se autoinculpan y, por ello, hablan de hurto y no de robo, no sea que su solidario gesto se les vuelva en contra. Mojarse, lo justo y nada más. En segundo lugar, el apoyo y justificación de estas acciones se sustenta en la imposición unilateral de unos determinados sujetos que, por móviles puramente partidistas, deciden qué es bueno y qué no lo es, quién es culpable y quién no de esta tremenda crisis, quién debe pagar y quién no los platos rotos y todo ello prescindiendo de la voluntad expresada en las urnas hace muy pocos meses. Cabe cuestionarse ¿por qué debe ser socialmente aceptable robar en supermercados y no en las farmacias? ¿son los alimentos más importantes que los medicamentos? Si se pueden “expropiar forzosamente” alimentos para los hambrientos ¿se puede expropiar por el mismo método viviendas para los que carecen de ella? Si uno no tiene ni para comer ¿podría expropiar por el mismo método el sueldo del Sr. Sánchez Gordillo? ¿Quién determina lo que es expropiable y lo que no? ¿El Sr. Sánchez Gordillo? ¿Izquierda Unida? ¿No utilizaban los mismos argumentos los GRAPOS cuando asaltaban bancos?

El Sr. Sánchez Gordillo y quienes alientan nuevas acciones como éstas no creen en el estado de Derecho, único marco racional de convivencia pacífica, y pretenden imponer sus reglas poniendo en peligro la convivencia ciudadana. Acciones como éstas, sean simbólicas o detonantes de similares iniciativas, no son necesarias para llamar la atención sobre la realidad de la pobreza que asola muchas zonas de nuestro país. Las situaciones de necesidad o de emergencia social están a nuestro alrededor por lo que nos encontramos ante supuestos gestos reivindicativos inútiles.

Mientras el Sr. Sánchez Gordillo y sus secuaces montan sus numeritos hay miles de españoles y decenas de organizaciones humanitarias desarrollando callada pero eficazmente una labor impagable en favor de los más necesitados. Sin ir más lejos, Caritas, esa organización católica que el Sr. Sánchez Gordillos y afines quieren que pague el IBI, da de comer diariamente a decenas de miles de personas, atiende a enfermos y cubre urgentes necesidades de miles de familias. Y lo hace sin robar a nadie, sin golpear a nadie, sin exhibirse mediáticamente. De su ejemplo, algo podría aprender el Sr. Sánchez Gordillo y demás camaradas comunistas si quieren sinceramente ayudar a los más necesitados.

Santiago de Munck Loyola

A favor de una huelga de hambre abertzale.

Los palmeros de los asesinos de la ETA andan revueltos estos días y sus iniciativas están siendo, una vez más, noticia. Ya se sabe que el mes de agosto suele ser un mes más bien flojo a nivel informativo y esa circunstancia la aprovechan los etarras y sus colaboradores para obtener réditos informativos. El esquizofrénico mundo de la ETA ha encontrado su “causa” veraniega en el estado de salud del torturador y asesino frustrado de Antonio Ortega Lara. Parece que dicho delincuente, Josu Uribetxeberría Bolinaga, se encuentra enfermo de cáncer y exige ser excarcelado al margen de los procedimientos legales establecidos. Y para reforzar su exigencia se ha declarado en huelga de hambre quizás estimulado por el recuerdo de las tres huelgas de hambre que pocos años atrás protagonizó, con foto trucada en el The Times incluida, su conmilitón, el sinvergüenza y asesino en serie, José Ignacio de Juana Chaos, autor de 25 asesinatos por los que sólo cumplió 18 años de cárcel.

Y cómo era de esperar (el guión lo suelen seguir estos tipejos) a la huelga del torturador de Ortega Lara se están sumando poco a poco y bajo distintas modalidades los demás presos de la banda criminal. De momento se han sumado más de 159 etarras incluido el Sr. Otegui (el hombre de paz de Zapatero) que siguiendo los dictados de la banda confirma, una vez más, que Batasuna – Bildu - Sortu y la ETA son la misma bazofia digan lo que digan algunos magistrados sin vergüenza del Tribunal Constitucional.. Eso sí, en esto de las huelgas de hambre los etarras son muy sibaritas, las hacen a la carta: unos la hacen de un día porque tampoco hay que excederse, otros la transforman en huelga de patio (no salen al patio de la prisión y que se fastidien los carceleros), otros hacen huelga de comida del centro penitenciario pero se comen los productos de la tierra recibidos seguramente gracias a subvenciones de administraciones públicas gobernadas por su compañeros, Otegui por su parte inicia la huelga tras meterse un generoso desayuno entre pecho y espalda, en fin, un amplio catálogo de variedades huelguísticas para salir en los medios. Ya se sabe que la valentía nunca ha sido el punto fuerte de estos “gudaris” del tiro por la espalda o la bomba a distancia y que, por tanto, una huelga de hambre como es debido es un riesgo innecesario y no apto para ellos.

En definitiva, el mundo etarra, el del interior de las prisiones y el exterior de las administraciones vascas por ellos controladas, pretende con esta farsa presionar al Gobierno de España para que excarcele a este tipejo eludiendo las normas que regulan dichas excarcelaciones y aducen de cara a la opinión pública unos motivos presuntamente humanitarios. Es decir quieren que se trate al secuestrador de Ortega Lara con una compasión que él jamás se planteó con su víctima a la que retuvo en unas condiciones francamente infrahumanas durante 532 días y a la que estaba dispuesto a asesinar de hambre. Hay que recordar que en el momento de su rescate, Ortega Lara había perdido 23 kilos, masa muscular y densidad ósea. Sufría de trastornos del sueño, estrés postraumático, ansiedad y depresión.

Pues nada, pelillos a la mar y a excarcelar al “pollo” este que es un valiente “gudari”. Pero para conseguirlo, los abertzales deberían presionar mejor al Gobierno. Deberían ponerse todos, presos y políticos etarras, en huelga de hambre y sed de verdad, sin concesiones y con dos coj… Hasta el final. Ni lonchitas de jamón a lo “Chaos”, ni zumitos, ni agua. Nada de nada. Desde Garitano hasta Josu Ternera, desde el primero hasta el último por favor. Todos en huelga absoluta y solidaria hasta el final. ¡Anímense por favor! Se lo agradeceremos todos.

Santiago de Munck Loyola

Hacia la regeneración del PP de la ciudad de Alicante.

Hace casi 15 días se celebró el XIII Congreso Provincial del Partido Popular de Alicante en el que se eligió a José Ciscar como Presidente y se ratificó el nuevo equipo que habrá de dirigir durante los próximos tres años la organización popular. Se notó tanto en la intervención del nuevo Presidente como en el tono de muchos intervinientes un esperanzador cambio de discurso, que además se plasmó en algunos cambios estatutarios, apelando por una parte a la participación de los militantes y por otra a la superación de diferencias internas que tanto daño han hecho a la unidad del Partido. La partitura congresual dibujaba una melodía de integración, de participación y de ejemplaridad en la gestión pública. Falta ahora ver cómo la nueva orquesta es capaza de interpretar con fidelidad y virtuosismo esta partitura o si con el tiempo desafina como la orquesta anterior.

Hace tan sólo tres días, José Císcar presidió su primera reunión de la nueva directiva alicantina y durante su intervención pidió a los altos cargos del partido una mayor proximidad a los ciudadanos, para que se sientan escuchados y atendidos por el PP. Tras la reunión, el nuevo Secretario General del PP, José Juan Zaplana, subrayó la necesidad y la importancia de la ejemplaridad de los cargos públicos, insistiendo con ello en una de las principales líneas argumentales del pasado Congreso provincial.

Se ha abierto, por tanto, una nueva etapa en el Partido Provincial que intenta, por una parte, superar la vieja y absurda división entre campistas y ripollistas (aunque algunos de estos últimos han sido sonora e injustamente marginados en el cónclave provincial) y, por otra, impulsar un nuevo estilo marcado por las ideas de participación y ejemplaridad. Por cierto que la única consecuencia positiva que puede sacarse de la superada contienda entre campistas y ripollistas es poder comprobar cuanto chaquetero anda suelto por la casa y que ruin y deshonesta puede llegar a ser la condición humana. Tan deshonesto es el chaquetero como quien le recompensa la traición.

Ahora, tras el Congreso Provincial se abrirá el período de renovación de las Juntas Locales con las consiguientes tensiones internas en cada localidad para hacerse con la Presidencia local. En una gran organización como la del Partido Popular siempre que se abren períodos electorales internos, “los de arriba” suelen caer en la tentación de intervenir en los procesos locales para tratar de “colocar” a los suyos y lo que debería ser una fiesta democrática en la que todos los militantes pueden optar a liderar o a colaborar con su organización local termina por convertirse en el paso de una “apisonadora” sobre la democracia interna. Habrá que confiar en que el talante y las palabras de los nuevos dirigentes provinciales se traduzcan en hechos y que, por tanto, la democracia interna brille esta vez con fuerza en todos los procesos electorales de las Juntas Locales alicantinas.

También, como no, los militantes de la ciudad de Alicante tendremos dentro de poco tiempo la oportunidad de elegir a nuestro Presidente Local y a nuestra Directiva Local. Y si hay una Junta Local donde tienen que cambiar las cosas en profundidad es en la ciudad de Alicante. Los militantes de la ciudad de Alicante no han tenido en los últimos nueve años, al menos, la ocasión de participar en reuniones sectoriales, ni en la elaboración de los programas electorales, ni tan siquiera en los procesos electorales para los Congresos del Partido. Ni una reunión para afiliados en nueve años, ni circulares informativas, nada de nada. Los militantes de la ciudad sólo han sido convocados para cubrir las mesas electorales como apoderados e interventores, para acudir a cenas del Partido o para rellenar los mítines y poco más. Y eso no puede seguir así.

Es muy probable que desde las “familias” y “clanes” que hasta ahora han venido controlando y estrangulando la vida interna del PP de la ciudad de Alicante se promueva una candidatura seudo oficial a la Presidencia, pero es casi seguro que no va a ser la única.

Poco a poco se han ido organizando reuniones de quienes aspiran a un PP local renovado, abierto, participativo y conectado con los barrios de la ciudad, de quienes aspiran a una organización local que sea algo más que una maquinaria electoral y de las mismas va a salir una candidatura a la Presidencia Local. Se está organizando una plataforma popular cuyo objetivo es la regeneración democrática del PP de la ciudad de Alicante y cuyos principales ejes de actuación pasan por dotar a la organización local de autonomía funcional, por promover la participación de los militantes, por implantar la ejemplaridad y la responsabilidad ante la organización local de los cargos públicos locales, por hacer presente al PP en todos los barrios y en todos los segmentos sociales, por servir de cauce de comunicación entre los ciudadanos y las instituciones y, en definitiva, por servir al conjunto de la sociedad alicantina.

Los aires de cambio del XIII Congreso Provincial tienen que llegar al PP de la ciudad de Alicante y no podrán hacerlo de la mano de quienes hasta ahora han consentido, han impulsado o se han aprovechado del actual estado semicomatoso de la organización local. Democracia interna, participación, debate, integración, pluralidad, ejemplaridad y responsabilidad son conceptos esenciales para el PP de la ciudad de Alicante.

Santiago de Munck Loyola

Ha muerto el Profesor Peces-Barba.

Hoy ha muerto D. Gregorio Peces-Barba que fue Presidente del Congreso de los Diputados, ponente constitucional y profesor universitario entre otras muchas cosas. Tuve la suerte de ser su alumno en el primer y en el último curso de Derecho, en la Universidad Complutense de Madrid. Entre los profesores de Derecho Natural que impartían esa disciplina destacaban dos nombres: Joaquín Ruiz Giménez y Gregorio Peces Barba. En 1977, la primera clase, el primer día en la Facultad de Derecho, a las ocho de la mañana, fue la suya. Entró en aquella inmensa aula, acompañado por sus ayudantes, con un puro encendido en la boca cuyo aroma, a tan tempranas horas, no era precisamente lo más estimulante.

Éramos cerca de 200 alumnos y nos fue preguntando uno a uno nuestro nombre y apellidos y la razón por la que habíamos decidido estudiar la carrera de Derecho. Cuando me llegó el turno respondí que me había matriculado en Derecho porque me interesaba la política y aquella respuesta le dio pie para esbozar la relación existente entre el Derecho y el poder. A lo largo de sus clases eran constantes las referencias que hacía a Norberto Bobbio o a Kelsen y subrayaba siempre el logro que en la evolución política supuso el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. Sus clases eran amenas, sabía explicar y desarrollar las materias y siempre tenía un talante dialogante. 

Ya en el último curso, volví a tenerle como profesor, en esta ocasión, de Filosofía del Derecho. Entonces ya era Presidente del Congreso de los Diputados y acudía a clase con la correspondiente escolta. Le gustaba conversar con los alumnos en la cafetería de la facultad pero en este último curso era más difícil poder acceder a él. Fue, sin duda, uno de los mejores profesores que tuve en la Facultad de Derecho.

Quizás por el hecho de haberle conocido y tratado en la Facultad, siempre he seguido su trayectoria política con sumo interés. Sin compartir muchos de sus posicionamientos políticos, su opinión en tantas y tantas cuestiones en las que ha terciado me ha merecido consideración y respeto. Quizás uno de los períodos más discutibles de su actividad política sea su labor como Comisionado para las Víctimas del Terrorismo que no cuajó en un entendimiento y una colaboración estrecha con la principal Asociación que las representa, lo que le valió agrias y duras críticas de una parte de los afectados y de determinados medios de comunicación.

Tuve la inmensa suerte de conocerle, de tenerle como profesor y lamento su pérdida. Se ha ido joven todavía Peces-Barba. Descanse en Paz y que Dios le reciba en su seno.

Santiago de Munck Loyola

La poca vergüenza de nuestra clase política.

Hace pocas horas, Esteban González Pons, vicesecretario de Estudios y Programas del PP, afirmaba que los ciudadanos entendían los sacrificios que la dura política de ajustes del Gobierno estaba imponiendo. Y añadía que “sólo un gobierno con sentido de la responsabilidad como el de Mariano Rajoy está en condiciones de pedir a los españoles los sacrificios que en estos momentos son necesarios para sacar a España de la crisis”. Por su parte, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert afirmaba el pasado 17 de julio que el conjunto de la sociedad tienen una comprensión "mucho más ajustada" de lo que a veces se cree, respecto a la necesidad de los ajustes y que el conjunto de la sociedad ha "entendido perfectamente e interiorizado perfectamente" la parte de responsabilidad que la propia sociedad comparte con sus dirigentes y que entiende la mayor parte de los sacrificios.

Se equivocan. Da la impresión de que la clase política vive en un mundo paralelo al del común de los mortales. Las encuestas están ahí, bien calentitas, y todas señalan que la mayoría de los ciudadanos, incluidos los votantes del PP, no comparten los duros sacrificios, los recortes que se están llevando a cabo y es evidente que si no los comparte es porque no los comprende, ni los entiende. Y ello es así, entre otras razones, porque es la propia clase política la que es vista como la causa de nuestros problemas.

No basta con que un Gobierno como el de Rajoy sea “muy responsable” para estar en condiciones de pedir sacrificios a los ciudadanos, ni mucho menos. El sentido de la responsabilidad no es un aval suficiente para decirle a los ciudadanos que hay que apretarse el cinturón y renunciar a muchas cosas para poder salir de la crisis. El único aval que puede esgrimir un Gobierno es la ejemplaridad. Si la clase política no es ejemplar, si no predica con el ejemplo no puede pedir ningún sacrificio a los ciudadanos. Y la ejemplaridad es aún más necesaria, si cabe, cuando además se reconoce que las medidas de ajuste, que los recortes, son un claro incumplimiento del Programa Electoral, de la palabra dada a los votantes tan sólo hace 7 meses.

Ni el Gobierno, ni la oposición son ejemplares y ésta es una afirmación difícilmente rebatible si se analizan las medidas adoptadas y los comportamientos de nuestra clase dirigente. Hace muy pocos días se ha hecho público que tanto el Presidente del Gobierno, como la Vicepresidenta, los Ministros Arias Cañete, Alberto Ruiz-Gallardón, Ana Mato, Pastor y Jorge Fernández, aunque todos tienen vivienda en la capital cobran del Congreso, además de su sueldo ministerial, 1.823 € mensuales para afrontar gastos de alojamiento y manutención. Ninguno de ellos cobra el sueldo de Diputado ya que la ley les prohíbe percibir dos retribuciones públicas, pero sí las dietas que no tienen carácter salarial y están exentas además de tributación. Un negocio redondo.

Y no son los únicos, otros 62 Diputados, entre los que se encuentra el líder de la Oposición, Pérez Rubalcaba, cobran la ayuda de 1.823 euros mensuales libres de impuestos pese a poseer una vivienda en Madrid. Los agraciados con tanta generosidad parlamentaria son de variado pelaje político: 34 diputados del PP, 25 del PSOE, uno de CiU y uno de Coalición Canaria.

Y con este panorama ¿uno tiene que comprender que le suban el IRPF mientras sus señorías tributan como mileuristas? Y con tanta desfachatez parlamentaria ¿uno tiene que comprender y aceptar que le eliminen una paga extra? ¿O que haya que pagar más por los medicamentos? ¿O que se recorten las prestaciones por desempleo? ¡Venga ya!

El caso de las dietas de los parlamentarios no es más que uno de los muchos ejemplos que e pueden poner sobre la mesa para afirmar que nuestra clase política no predica con el ejemplo, que no es ejemplar y que, por tanto, no está legitimada para pedir más sacrificios a los ciudadanos. Los contribuyentes sabemos que no hay dinero para todo, comprendemos que no hay recursos suficientes pero no podemos comprender, ni aceptar, que sí los haya para nuestra clase dirigente, sea política, sindical, económica o social. Nuestra clase política por desgracia, además de no ser ejemplar, no es en su gran mayoría decente, porque si lo fuese habría sido la primera en renunciar a tantos y tantos privilegios de los que disfruta a costa de nuestras espaldas.

Santiago de Munck Loyola

Las envenenadas propuestas de Urkullu.

No sabe nada, el Presidente del PNV, el Sr. Urkullu. Para que lo luego vayan diciendo que los nacionalistas no son solidarios con el resto de los ciudadanos de eso que ellos llaman “el Estado” y que otros llamamos España. Los nacionalistas vascos son muy solidarios con los maketos y con todos los que no tenemos la inmensa suerte de vivir en las tierras vascas, aunque no tengamos el RH como ellos. Prueba de ello, de su solidaridad y de su talante colaborador y constructivo, el presidente de los nacionalistas vascos ha formulado una serie de propuestas para combatir la crisis económica y los recortes con los que estamos siendo castigados un viernes sí y otro también. El Sr. Urkullu con el simple ánimo de aportar su granito de arena en la búsqueda de soluciones que alivien las cargas de las administraciones públicas ha hecho sus propuestas.

Y ¿qué han propuesto los nacionalistas para reducir el gasto público? Varias cosas, a saber: Reformar la Constitución española, esta Constitución que ellos no apoyaron ni apoyan, para eliminar el Senado y para suprimir las delegaciones del Gobierno de España en las comunidades autónomas. Así, según los nacionalistas vascos, se ahorrarían los gastos que supone que el Estado tenga presencia y coordine su administración en los territorios de las 17 comunidades autónomas y justifican esta propuesta por que existe una situación de “extrema gravedad” y hace falta, por tanto, “adelgazar la estructura del estado”. Así, en el País Vasco y en todas las Comunidades Autónomas el Estado (se supone que el central) no tendría presencia alguna. No explican los nacionalistas vascos qué pasaría entonces con las competencias estatales en las CCAA, quién las ejercería y las coordinaría, pero, viniendo de donde viene la propuesta, es de suponer que dichas competencias desaparecerían y serían absorbidas por las propias CCAA. ¿Para qué entonces tener un Estado central? No sabe nada, el Sr. Urkullu. La posibilidad de eliminar el Senado no es nueva y considerando su trayectoria seguramente sería mejor suprimirlo. Ahora bien, si los nacionalistas vascos se quieren “cargar” el Senado a lo mejor no tan buena idea. Habría que reconsiderarlo.

No acaban aquí las constructivas propuestas de los nacionalistas, Proponen también reducir drásticamente los presupuestos de dos Ministerios que ciertamente les incomodan: el de Defensa y el de Interior. No es casualidad que el PNV proponga recortar duramente los presupuestos de estos dos Ministerio. Desde hace tiempo, los nacionalistas vascos defienden la salida de los efectivos militares del País Vasco y una mínima presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Blanco y en botella: sin representación del Estado, sin Fuerzas Armadas en su territorio y con un mínimo de Policía en la frontera francesa ¿qué vendría después?

Puestos a ahorrar y a adelgazar la estructura de las administraciones públicas el Sr. Urkullu podría tener en cuenta que si desapareciese la Policía autónoma vasca y fuese sustituida por Policías Nacionales o Guardias Civiles se produciría sólo en gastos de personal un ahorro de 100 millones de euros anuales; si se redujese a la mitad el Parlamento Vasco ahorraría 17 millones de euros; si eliminasen los gastos de protocolo del Lehendakari ahorrarían 461.000 euros al año o si, por ejemplo, el Gobierno Vasco no desarrollase funciones en el exterior que le corresponden al Estado ahorraría más de 9 millones de euros año.

Puestos a recortar y a adelgazar la estructura de las administraciones públicas, la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, según todos los sondeos realizados recientemente, prefieren que se adelgace a las autonomías, a todas las autonomías. Claro que hablarle a un nacionalista de lo que opina la inmensa mayoría de los ciudadanos es perder el tiempo.

Santiago de Munck Loyola

Los irresponsables socialistas.

Dice sin vergüenza alguna, la diputada socialista Elena Valenciano que ellos, los socialistas, no son responsables de la situación actual. Recuerda esta señora al valiente capitán del Costa Concordia, Francesco Schettino que no admite ninguna responsabilidad en la catástrofe y que se cree una "víctima del sistema". Del mismo modo que el inefable Schettino se cayó accidentalmente en el bote salvavidas, la Sra. Valenciano y sus conmilitones han caído accidentalmente en el bote de la amnesia y piensa que con negar responsabilidades puede engañar, una vez más, al conjunto de los ciudadanos. Pero buena prueba de que los ciudadanos no comparten bote con los socialistas es que, a pesar del tremendo y rápido desgaste del Partido Popular, los socialistas, con discurso duro o blando, siguen muy por debajo de los primeros en los sondeos sobre intención de voto.

La clase política y sindical de nuestro país sigue enfrascada en pugnas pueriles que no ayudan en absoluto a transmitir una imagen sólida de España en los mercados internacionales, agravando así las dificultades de financiación y consecuentemente a promover la necesidad de más reducciones de gasto público para hacer frente a esa financiación.

Aquí nadie sume responsabilidades: ni partidos políticos, ni sindicatos, ni empresarios. Parece que los únicos responsables de la dramática situación económica y social que vivimos somos los ciudadanos a los que se nos imponen todas las cargas posibles para intentar salir del agujero. Y hay que hablar claro: las responsabilidades son compartidas. Todos son responsables, culpables, de que estemos como estamos: desde los amnésicos socialistas hasta los populares pasando por los pasivos sindicatos durante años y los empresarios especuladores o la banca española. Todos: unos porque gobernaban el Estado, otros las Comunidades o Ayuntamientos, unos porque permanecían complacientes ante el despilfarro mientras les llenaban los bolsillos con subvenciones millonarias y otros porque asentaron su riqueza en el pelotazo y la especulación. Son responsables los que el año pasado gastaron más de 90.000 millones de euros sobre lo que ingresaron en el Estado y que ahora hay que pagar con intereses al 7 %. Son responsables los que gestionaron comunidades autónomas como la Valenciana dejando su solvencia al nivel del bono basura. Son responsables los que gestionaron Ayuntamientos como el de Rivas, gobernado por IU, que ha rebajado un 30 % las nóminas de sus empleados en el pasado mes de junio. Son responsables los que gobiernan una Comunidad Autónoma que mantiene “embajadas” por todo el mundo o varios canales de TV mientras recorta a sus ciudadanos los servicios médicos. Son responsables los que se han llenado los bolsillos con subvenciones millonarias: partidos, sindicatos, empresarios o artistas.

Aquí la responsabilidad es compartida y tiene graduaciones, cómo no, pero compartida al fin y al cabo. Y va siendo hora de que haya un mínimo gesto de honestidad en la clase dirigente española asumiendo públicamente esa responsabilidad y pidiendo perdón a los ciudadanos por el daño causado.

En un estado de emergencia nacional como el que nos encontramos sería estimulante para todos que, en lugar de “escurrir el bulto”, en vez de criticar sin aportar soluciones alternativas se escuchase un discurso crítico, pero constructivo; sería positivo para la marcha del país que la demagogia cediera el paso al discurso inteligente. Pero, claro, pedir un mínimo de grandeza a esta clase dirigente, política, económica, sindical, social y cultural, es como pedir peras al olmo, salvo contadas excepciones.

Por mucho que uno esté en desacuerdo con determinadas medidas del Gobierno, por mucho que a uno personalmente le afecten, escuchar a algunos líderes sindicales hablar de “estado de guerra” produce náuseas. Escuchar simplezas sindicales como decir que “el PP quiere arruinar al país” da auténtica pena, primero por constatar que cualquier descerebrado puede dirigir un sindicato y, segundo, al comprender el nulo respeto de muchos sindicalistas a la inteligencia de los ciudadanos. Nadie, en su sano juicio, quiere arruinar al país. El país está arruinado y mientras se arruinaba los sindicatos miraban hacia otro lado. No son estos discursos los que España necesita ahora. No es ésta la imagen que España necesita proyectar al exterior. La insolvencia social, la fractura, el enfrentamiento y la agitación también se paga en los mercados que tienen que financiarnos. Puede que buena parte de la clase dirigente interese la tensión y la crispación porque con ello se neutralizarán los efectos económicos positivos que cualquier ajuste pueda producir. Más tensión, igual a más prima de riesgo, igual a más ajustes, igual a más tensión… hasta el rescate.

Claro que hay motivos para protestar. A nadie le gusta que le suban los impuestos o que le quiten el 7 % del sueldo, como tampoco gustó cuando el recorte socialista hace dos años fue del 5 % con la dócil resistencia sindical. Pero estos líderes sindicales son ahora los menos legitimados para hacer llamamientos a la protesta. Con un servidor, tan afectado como cualquiera por los recortes, que no cuenten porque un servidor no cuenta ni con los indecentes ni con los irresponsables.

Santiago de Munck Loyola

Y Andreita montó el pollo.

No sabemos si la Andreita hija de la mamá televisiva terminó por comerse el pollo. Lo que sí sabemos es que esta otra Andreita, hija del papá político, ha montado el pollo con su exabrupto parlamentario. Esta Andreita, un dechado de virtudes según su papá, llevada por el fervor del momento, soltó, nada menos que en la sede de la soberanía nacional, el ya famoso “que se jodan” y lo hizo en el preciso momento, ya es casualidad, en el que el Presidente del Gobierno acababa de anunciar un recorte a las prestaciones sociales de los parados. Y se montó el pollo, bueno, mejor dicho, lo montó ella solita. Andreita quiso hacer pública exhibición de sus excelentes modales parlamentarios y de la fina educación recibida. ¡Y vaya que lo hizo!

Ante la contundente reacción condenando su salida de tono, la interesada, Andreita, se ha apresurado a decir que la frase en cuestión, “que se jodan”, no iba dirigida a los parados, sino a la bancada socialista en respuesta a “la bronca” que montaban ante los sucesivos anuncios de recortes del Presidente Rajoy. Haciendo buen uso de la rica lengua española habrá quien piense que habría sido más correcto espetar un simple “joderos” si quería referirse a sus adversarios políticos, pero eso habría sido así si Andreita no gozase de un perfecta educación y si sus modales fuesen tabernarios. No, no es el caso, Andreita dijo “que se jodan” en lugar de “joderos” porque es muy fina y lo que en realidad estaba diciendo es “que se jodan ustedes” aunque se le olvidase la última palabra. Lo que pasa es que los socialistas y el común de los mortales han querido manipular sus palabras, aprovechando la sensibilidad existente sobre el drama del paro, y han hecho creer urbi et orbe que Andreita se estaba refiriendo con su memorable “que se jodan” a los parados.

Por culpa de esta manipulación sociata, la Diputada Andreita corre el riesgo de pasar a los anales de la historia parlamentaria como la autora de un extemporáneo “que se jodan” y que si ingente trabajo en la construcción legislativa moderna pase al olvido. ¿A que nadie se acuerda ahora de las brillantes intervenciones parlamentarias de Andreita? ¿A que todo el mundo se ha olvidado a estas alturas de las excelentes aportaciones de Andreita al corpus iuris patrio? Ah, ¡qué ingrata es la vida política! ¡Tanto trabajar y esforzarse por heredar un escaño y mira el resultado! Hablas de Andreita tomando un café y sólo se recuerda el “que se jodan” y al papá de Andreita.

Estas cosas pasan, que te aparezca una Andreita cualquiera con incontinencia verbal, porque el nepotismo (la desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos) funciona desde hace muchos años y sin ningún problema en el Partido Popular. Estas cosas pasan, que te aparezca una Andreita cualquiera que ponga en ridículo a todo un grupo parlamentario y a su propio partido, porque en el Partido Popular sus más de 700.000 afiliados no pueden opinar lo más mínimo sobre las candidaturas que el PP presenta en cualquier nivel.

Sólo la existencia del nepotismo puede explicar que Andreita fuera nombrada asesora parlamentaria del Secretario de Estado de Hacienda con 24 añitos. ¿Es normal eso? Sin hacer de menos a ningún joven ¿se puede creer alguien que con 24 años estaba en condiciones de asesorar nada menos que al Secretario de Estado de Hacienda? Claro, que todo tiene su explicación: en 1997, el Secretario de Estado de Hacienda era Juan Costa, afiliado del PP de Castellón, y el Presidente del PP de Castellón era Carlos Fabra, el papá de Andreita.

De ahí Andreita pasó a ser senadora autonómica con 31 años, de 2004 a 2008, y desde el 200 es Diputada en el Congreso por la Provincia de Castellón donde su papá, hasta hace nada, seguía siendo el Presidente Provincial del PP. ¿Alguien con dos dedos de frente puede creerse que Andreita está dónde está por méritos propios? ¿Alguien cree que si los militantes del PP pudiesen intervenir en la confección de las candidaturas habría Andreitas en los cargos públicos?

Andreita, diga lo que diga el Sr. Alonso o el papá de la misma, se ha pasado muchos pueblos. Andreita y muchos como ella sobran en el Congreso de los diputados. Andreita haría mucho menos daño a su partido y a las instituciones parlamentarias si se fuese a compartir foro con la mamá de la otra Andreita y, de paso, que le pregunte si finalmente se comió el pollo.

Santiago de Munck Loyola

¿Por qué se quita una paga a los empleados públicos?

A esta sencilla pregunta, el Gobierno nos responde diciendo que porque no hay dinero suficiente y hay que ahorrar. Y cuando uno observa las medidas recientemente adoptadas por el Gobierno constata que la respuesta es cierta, pero sólo en parte. Porque según parece no hay dinero suficiente para pagar a los empleados públicos la paga de Navidad, con lo que se está asestando un duro golpe no sólo a la economía de cientos de miles o de millones de hogares que contaban con ella para tapar agujeros o realizar pequeños extras, sino también al consumo de las próximas navidades, pero sí que hay dinero público suficiente para pagar algunos salarios como los siguientes:

•           Presidente del Red Eléctrica Española: 429.000 € de retribución fija + 199.000 € de retribución variable.

•           Consejeros de Red Eléctrica Española:

-           1 consejero con 899.000 euros al año.

-           5 consejeros con 182.000 euros al año.

-           3 consejeros con 153.000 euros al año.

-           1 consejero con 170.000 euros al año.

-           1 consejeros con 165.000 euros al año.

•           ADIF: 11 directivos con una media de 140.000 euros anuales.

BANKIA: en 2011 el consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, que se incorporó ya entrado el año, percibió 1,57 millones, aunque su salario anual es de 2,26 millones. El que fuera vicepresidente de la entidad hasta hace unas semanas, José Luis Olivas, contó en 2011 con un salario de 1,62 millones; la mitad aproximadamente procede de Bancaja. José Manuel Fernández Norniella, el cuarto consejero ejecutivo de Bankia, percibió este año una remuneración de 725.000 euros. Además de las retribuciones fijas, Rato, Verdú y Norniella tenían un salario variable que podría ascender a un máximo de 2,2 millones adicionales para los tres Entre los ejecutivos destacaba Ildefonso Sánchez Barcoj, con 1,28 millones; Pedro Vázquez, 400.000 euros; Miguel Crespo, 363.000; Luis Maldonado, 358.000 y Pilar Trucios, 310.000.

•           CatalunyaCaixa, entidad controlada por el Estado tras inyectarle 2.968 millones, Adolf Todó, el Presidente, cobra 1,55 millones. Además, tiene 3,46 millones en pensiones. El número dos de CatalunyaCaixa, Jaume Masana, obtuvo 866.000 euros y tiene una pensión de 637.000 euros. Andreu Plaza cobra 394.000 euros y Francisco José Tárrega, 365.000 euros. La retribución del resto de ejecutivos varía entre los 260.000 y 219.000 euros.

•           En NovaGalicia, que percibió 2.600 millones del FROB, el presidente José María Castellano cobró 884.790 euros mientras que el consejero delegado, César González-Bueno, 876.040 euros. El exdirectivo José Luis Pego percibió un total de 13,09 millones; Gregorio Gorriarán, 8,41 millones y Óscar Rodríguez, 1,35 millones.

•           En Banca Cívica, su presidente Antonio Pulido tuvo una remuneración de 903.660 euros más 300.000 de pensión. Enrique Goñi, copresidente, cobró mil euros menos en sueldo y la misma pensión.

•           En Banco BMN, liderado por Caja Murcia, su presidente cobra 456.000 euros, por debajo de otros colegas con menor tamaño. Tiene una pensión de 2,15 millones de Caja Murcia donde trabaja desde hace 30 años. Joaquín Cánovas, director general, tiene un sueldo de 395.000 euros. La entidad recibió 915 millones del Estado. Desde el pasado mes de febrero los salarios de los altos ejecutivos de entidades bancarias intervenidas “sólo” alcanzan los 300.000 euros anuales.

•           FEVE: director general 96.196,58 euros.

•           Zapatero cobra 6.383 euros del Consejo de Estado por acudir a un pleno mensual e ingresa otros 6.515 € como ex Presidente.

•           RTVE: Presidente 220.000 euros al año. Las presentadoras Ana Blanco, Pepa Bueno, Ana Pastor y María Casado tenían sueldos que oscilaban entre los 150.000 a los más de 200.000 euros brutos anuales en 2009.

•           El alcalde de Sabadell, Manuel Bustos Garrido, cobra un sueldo público del Ayuntamiento de 81.576,04 euros brutos anuales

•           El presidente de la Diputación de La Coruña/A Coruña, Diego Calvo Pouso, del Partido Popular, tiene un sueldo de 71.593 euros brutos anuales.

•           Trece directivos de la funeraria del Ayuntamiento de Madrid, 130.000 euros cada uno.

•           El Alcalde de Leganés 103.000 euros anuales.

•           Sueldo base de directivos de grandes empresas públicas, 105.000 euros anuales.

•           Directivos de empresas públicas medianas un sueldo base máximo de 80.000 euros anuales.

La lista de los salarios públicos multimillonarios para los que sí que hay dinero es interminable. He aquí la principal razón para que los empleados públicos no puedan cobrar la paga de Navidad. Nadie debería poder percibir en este país y en estas circunstancias un salario con origen en los fondos públicos superior al del Presidente del Gobierno. En vez de parches y de "castigar" a los más débiles lo que hace falta ya es una Ley sobre Retribuciones Públicas. Por simple lógica y elemental justicia.

Santiago de Munck Loyola