Eléctricas 1 - Consumidores 0.

Hay cosas que parece que no cambian gobierne quien gobierne. Son hábitos, costumbres o políticas que se heredan de un gobierno a otro sin que, en la mayoría de las ocasiones, los ciudadanos cuestionemos esos comportamientos. Parece que es indiferente el color político de los gobiernos, estatales, autonómicos o locales, porque determinadas cuestiones que afectan muy directamente a los ciudadanos no cambian. Una de ellas que es padecida por todos los hogares españoles es la cuestión de la electricidad, el coste de la energía eléctrica y la política gubernamental al respecto. La cultura de “la subvención” forma parte íntima del recibo de la luz que todos pagamos. Cunado se produce un cambio de Gobierno siempre se anuncian profundos cambios respecto a la política energética, pero en el fondo estos cambios son más estéticos que de fondo y su traducción práctica siempre es la misma: los ciudadanos pagamos más y más cada año por el precio de la energía.

Da la impresión que estos cambios cosméticos se diseñan y ejecutan siempre a favor de las poderosas empresas eléctricas en cuyos consejos de administración siempre terminan sentándose, casualmente, ex presidentes y ex ministros de los Gobiernos salientes.

El pasado mes de mayo los precios de la electricidad en Europa registraron caídas del 12% respecto al mes anterior y en España nos han subido en lo que va de año un 11% la tarifa de último recurso, un 7 % en abril y un 4% en julio. Los consumidores españoles pagamos la electricidad más cara de Europa tanto en términos absolutos como relativos. Los datos son los siguientes:

País                 SAB    SPH       P      HTR

Dinamarca      48307  5,51     12,65   2,294

Noruega          47221  5,39     15,63   2,900

Reino Unido    44495  5,08     13,65   2,687

Luxemburgo   43621  4,98     14,51   2,914

Holanda          40800  4,66     13,0     2,791

Irlanda            40462   4,62     15,84   3,429

Alemania        39364  4,49     14,06   3,129

Bélgica            37674  4,3       15,72   3,655

Austria            36673  4,19     14,42   3,444

Suecia            35084  4,01     13,76   3,436

Finlandia         34080  3,89     10,81   2,779

Francia           31368  3,58     9,94     2,776

Italia                24116  2,75     14,15   5,140

España           21402  2,44     15,97   6,537

Grecia            17859   2,04     10,01   4,910

Portugal          14892  1,7       10,15   5,970 

• SAB. Sueldo Anual Bruto.

• H. Número de horas del año, 8760.

• SPH. Sueldo Por Hora. [SAB/H].

• P. Precio en euros de 100kWh.

• HTR. Horas de Trabajo Relativas. [P/SPH]

Como puede apreciarse, los españoles con salario medio sensiblemente inferior al de nuestros vecinos pagamos la electricidad más cara. Parece ser que de cada 100 euros del recibo que pagamos sólo 44,1 € corresponden al coste de la generación y del transporte de la energía, mientras que los 55,9 € restantes son primas (subvenciones para las eléctricas), déficits anteriores e impuestos. En el año 2010 de cada 100 €, 22,2 € se dedicaron a pagar primas a las renovables. ¡Y que siga la fiesta!

Así pues, los españoles que tenemos sueldos bastante inferiores a los de nuestros vecinos pagamos la electricidad más cara de Europa porque, como somos muy rumbosos, nos dedicamos a subvenciones fuentes de energía que no son rentables económicamente y que no serían negocio sin esos 22,2 euros de cada 100 que nos cobran para sostenerlas. ¿Por qué estamos obligados los consumidores a subvencionar sistemas de generación eléctrica no rentables de empresas que reparten enormes dividendos gracias a nuestro dinero? ¿Quién nos lo ha preguntado? ¿En qué programa electoral se anunció tal medida? Hay quien lo justifica por la necesidad de cumplir acuerdos internacionales sobre reducción de emisiones contaminantes. Vale, muy bien. ¿Por qué entonces no se subvenciona en la misma proporción, por ejemplo, a quienes desarrollen sus tareas agrícolas con mulas de tiro en lugar de usar tractores? También se reducirían las emisiones contaminantes ¿no?

Y ya que estamos en la Unión Europea para lo bueno y para lo malo, en esta Unión mercantilista en que bienes y personas circulan con relativa facilidad ¿por qué no se liberaliza absolutamente el sector y se nos permite a los consumidores contratar el suministro eléctrico de nuestros hogares con empresas extranjeras cuyas tarifas son considerablemente inferiores? ¿No apuesta el Gobierno del PP por las reformas liberalizadoras? ¿A qué espera el Gobierno para apostar por el consumidor en lugar de hacerlo por las poderosas compañías eléctricas?

No somos un país rico con capacidad para subvencionar tecnologías no rentables económicamente. Nuestra prioridad como nación debe ser preservar los niveles de bienestar que hemos ido alcanzando, eliminar las trabas y las dificultades que asfixian a los ciudadanos, hacer real la solidaridad y facilitar la generación de empleo. Mal podemos ser competitivos cuando los mayores generadores de empleo, las pequeñas empresas, los negocios familiares, tienen que pagar la electricidad más cara de Europa y subvencionar a los más poderosos. A veces pienso que va terminar por tener razón un tío mío que en la posguerra siempre decía que “mande el fascismo o mande el comunismo, siempre pagamos los mismos”.

Santiago de Munck Loyola

Los partidos políticos siguen "de fiesta" con nuestro dinero.

Un Diario publica hoy una noticia relativa a la financiación de los Partidos Políticos que teniendo en cuenta la escasez de dinero para todo llama bastante la atención. Según este diario, los partidos políticos reciben subvenciones hasta por dieciocho conceptos distintos y, entre ellos, destaca especialmente la cantidad que percibirán en el año 2012 para sus gastos de funcionamiento y seguridad y que ascenderá a 65 millones de euros. Hay que tener en cuenta que esta cantidad se refiere exclusivamente a la asignación que el Estado distribuye entre los partidos y que se reparte en su mayoría entre el PP y el PSOE. No hace falta subrayar que en esta cantidad no se incluye lo que, al margen de sus sueldos, perciben los parlamentarios en concepto de dietas, compensaciones, móviles, ordenadores, viajes, etc. ni otras asignaciones que las cámaras pudieran dedicar en sus presupuestos a los Grupos Parlamentarios. De igual modo, esta importante cantidad tampoco hace referencia a las cantidades que los partidos políticos reciben a través de los grupos institucionales en los diferentes parlamentos autonómicos o en las diputaciones provinciales, allí donde existen.

Al día de hoy es materialmente imposible conocer con exactitud las cantidades totales que los partidos políticos reciben, en dinero o en especie, de las diferentes administraciones públicas. La fiscalización que el Tribunal de Cuentas realiza sobre el dinero público percibido por los partidos políticos es absolutamente insuficiente y la legislación aplicable es lo suficientemente sesgada y ambigua como para permitir que los partidos políticos oculten de forma legal a los ciudadanos la cantidad total de dinero público que perciben y el destino que al mismo dan.

Sin embargo, existe además una importante fuente de financiación legal de los partidos políticos que casi siempre pasa desapercibida y que supone una impresionante cuantía en medios materiales, personales y económicos. Se trata de los Ayuntamientos. La Ley de Bases del Régimen Local señala que cada Ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, deberá poner a disposición de los Grupos Municipales los medios personales y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones. Esta disposición se traduce en que los grupos municipales usan despachos, teléfonos, ordenadores y personal, en función de la capacidad de cada consistorio, y lo hacen teóricamente para el desempeño de su trabajo como representantes locales, pero que en la práctica se usan al servicio de cada partido político. A ello hay que añadir las asignaciones económicas a los grupos Municipales, es decir, la cantidad de dinero que mensualmente cada ayuntamiento entrega a los grupos y que se devide en dos partes: una fija igual para todos los grupos y otra variable en función del número de concejales con que cuenta cada grupo. El Artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local señala que “el Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial”. En el mismo Artículo se añade que “los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida.” Esto significa que esta subvención no está sujeta a las mismas normas de control y fiscalización que las demás subvenciones que los Ayuntamientos conceden. Los grupos municipales, los partidos, sólo deben justificar el empleo de la subvención cuando así lo requiera el Pleno de la Corporación, algo que nunca ocurre, a diferencia de la justificación de las demás subvenciones que deben ser fiscalizadas por la Intervención municipal. Esto significa que estas subvenciones carecen de cualquier control técnico, ni pasan por el Tribunal de Cuentas, ni tan siquiera por la Intervención Municipal.

Y no se trata de cantidades pequeñas, no. Un Ayuntamiento como el de Rivas-Vaciamadrid, por ejemplo, con una población de  73.000 habitantes, dedica anualmente 590.000.- € a cargos de confianza, es decir, cargos de los partidos políticos, despachos y toda clases de medios para los grupos municipales y, además, 130.000.- € de subvención para los Grupos Municipales. Y estamos hablado de un municipio gobernado por IU, teóricos abanderados de la austeridad. Eso sí, al menos publican la cifra, no como en otros Ayuntamientos, como el de Alicante, en el que si se entra en su página web resulta imposible conocer la cuantía exacta dedicada a financiar a los Grupos Municipales. Por hacerse una idea aproximada de lo que puede suponer este gasto de los grupos municipales, si aplicásemos las cantidades que el Ayuntamiento de Rivas dedica a los grupos al conjunto de la población española nos saldría una cifra de 450 millones de euros, es decir, prácticamente lo que el Gobierno espera ahorrar con el “repago” de los medicamentos. Bien es cierto que es poco riguroso dar por buena esta hipótesis ya que hay muchos Ayuntamientos con escasos medios, pero la falta de transparencia de los partidos políticos y de la inmensa mayoría de los Ayuntamientos no permite conocer la cifra exacta con que los españoles estamos financiando a los partidos.

En todo caso, la financiación anómala y descontrolada de los partidos a través de los entes locales es un hecho cierto e incontestable y supone una cantidad de dinero muy elevada. Es una exigencia de higiene democrática que la transparencia sea absoluta en torno al dinero que los partidos reciben. Los ciudadanos tenemos derecho a saber cuánto y cómo se gastan nuestro dinero los partidos. En tiempos de crisis y de austeridad, en medio de una penosa situación económica y social a la que nos han llevado los diferentes partidos, éstos deberían ser los primeros en ser austeros, en ser transparentes con el dinero público y en apretarse el cinturón en vez de exigirnoslo a los ciudadanos. Y, además, deberían autofinanciarse y, si no son viables, que cierren el chiringuito.

Santiago de Munck Loyola

Democracia avanzada.

Hace unos días, un amigo me envió un interesante enlace de Internet (http://demo4punto0.net/) en el que se formula una propuesta sobre la participación directa del ciudadano en la toma de decisiones públicas. Se trata de una iniciativa presentada en junio de 2010,  por Juan Moreno Yagüe, un abogado sevillano y que desde noviembre del 2010 duerme el sueño de los justos, como era de esperar con esta clase política, en un cajón de la Comisión de garantías constitucionales del Congreso de los Diputados. La propuesta de este abogado afecta directamente a las nociones de soberanía nacional, la representación política y a la participación directa del votante y supone la formulación práctica de una evidencia real: la superación de las teorías políticas tradicionales sobre las que se fundamenta nuestro esquema político, el de todas las democracias representativas.

En síntesis, la propuesta formulada plantea que los electores podamos intervenir, si así lo decidimos, en la toma de decisiones, en las votaciones que se desarrollan en el Congreso de los Diputados y, se entiende que, por extensión, en cualquier cámara representativa en la que los electores hayan delegado su voluntad. Se propone, por tanto y en relación al Congreso, que los 35 millones de electores representados por 350 diputados tengan la posibilidad de descontar la pequeña cuota de representación de cada uno (una treinta y cinco millonésima parte) votando cuando quieran a través de Internet. A todos los diputados se les restaría una pequeña parte de soberanía, la correspondiente a la cuota de soberanía del número de personas que decidiesen utilizar su derecho a votar.

Es un hecho evidente que las posibilidades que hoy en día ofrecen las nuevas tecnologías suponen una superación radical de las teorías políticas elaboradas en los últimos tres siglos y la concreción de las mismas en los modernos sistemas políticos.

Del mismo modo que el concepto político de la soberanía evolucionó a lo largo de los siglos desde el autoritarismo de Thomas Hobbes para quien la soberanía radicaba de forma exclusiva en el soberano, pasando por Rousseau que atribuyó la soberanía al pueblo, generador de la voluntad colectiva que era transferida al soberano, hasta llegar a Sièyes que matiza el concepto y lo transforma en el de soberanía nacional, ampliando los sujetos depositarios de la misma, el concepto de representación política también ha sufrido una evolución paralela pero su construcción intelectual, hoy por hoy, no se ajusta ni a las posibilidades técnicas, ni a las necesidades de una sociedad moderna en la que la información y la capacidad de decisión de individuos pueden hacerse efectivas en tiempo real.

El ejercicio práctico de la soberanía nacional se ha venido desarrollando a través del concepto de la representación política. Los ciudadanos ejercen su soberanía eligiendo a unos gobernantes o a unos representantes en los que delegan la misma para que actúen en su nombre durante un período determinado de tiempo transcurrido el cual podrán ver renovada o retirada la confianza. Los representantes hablan y actúan en nombre de los representados durante un período determinado de tiempo. Los partidos políticos se han venido convirtiendo, además, en instrumentos canalizadores de la soberanía nacional y en filtros que han matizado mucho la vinculación entre los representantes y los representados. Distorsionándole en ocasiones hasta extremos insospechados.

Hoy no existe ningún inconveniente técnico que impida al elector estar presente, si así lo desea, en la toma de decisiones políticas. Vivimos en una sociedad en la que la información, requisito esencial para un ejercicio efectivo de la libertad, circula a velocidad de vértigo y los ciudadanos no sólo tenemos acceso fácil a la misma, sino que, además, disponemos de los medios técnicos para poder manifestar nuestra voluntad de forma inmediata. Del mismo modo que podemos recibir notificaciones oficiales del Ministerio de Hacienda, pagar impuestas con nuestra firma digital a través de Internet o realizar compras a distancia podríamos poder emitir nuestro voto en determinadas circunstancias cuando así lo decidamos. Hace pocos días hemos visto como el Congreso (http://www.abc.es/20110721/espana/abci-congreso-cambia-reglamento-para-201107211401.html) ha adoptado las medidas necesarias par que una Diputada pudiera votar de forma telemática. Si sus señorías pueden hacerlo ¿por qué no el conjunto de los ciudadanos?

A la posibilidad técnica de hacerlo se añade además una necesidad evidente derivada del comportamiento fraudulento de los partidos políticos que, por una parte, nos imponen a los candidatos a representarnos sin permitirnos ningún tipo de vinculación que permitiese responsabilidades y exigencias ante los electores, y que, por otra, nos engañan en la oferta electoral que nos hacen a la hora de recabar nuestro voto y  que, una vez elegidos, no respetan sus compromisos electorales.

La recuperación de la soberanía por parte de los ciudadanos a través del voto digital no supondría la desaparición de los representantes políticos, instrumentos imprescindibles a la hora de elaborar, negociar y acordar la mayor parte de las tareas legislativas o gubernamentales, pero sí supondría una importantísima matización de su mandato, de su poder y, sobre todo, de su sintonía “on line” con el sentir del soberano, es decir, de nosotros mismos, en cada momento.

Santiago de Munck Loyola

Conjunción de "puteados" y "reconversores".

Estos días de junio se han dado a conocer dos propuestas que, desde perspectivas radicalmente opuestas,  coinciden fundamentalmente en poner de manifiesto el agotamiento casi agónico de nuestro actual sistema político o, al menos, de su expresión diaria. Esta conjunción, que no planetaria al estilo Pajin sino más modestamente local, no es otra cosa que la constatación y expresión de un sentimiento de hastío y de rechazo cada vez más extendido en nuestra sociedad. Todos los indicadores sociológicos que las encuestas vienen reiterando una y otra vez señalan un distanciamiento cada vez mayor de los ciudadanos hacia las instituciones y, especial, hacia quienes las gestionan. Este estado de ánimo se irá traduciendo en sucesivas propuestas encaminadas todas a plasmar en medidas concretas  de carácter político y social un profundo cambio. Las dificultades y sacrificios que esta prolongada crisis está imponiendo a millones de españoles hacen que se empiece a cuestionar un sistema que junto a grandes aciertos del pasado no está siendo ahora capaz de ofrecer salidas dignas a tantos millones proyectos vitales frustrados. Los ciudadanos constatamos la existencia de dos mundos paralelos en nuestra sociedad: el mundo del desempleo, de la desesperanza, de la pobreza, de los sacrificios, de los recortes, de la precariedad laboral, de los desahucios, de la marginación social, de la ausencia de horizontes y, de otro, el mundo de los privilegios, de la corrupción, del amiguismo, del derroche, de los rescates a los bancos desahuciadores, de las oligarquías políticas, de la justicia injusta y de la interesada e incuestionable adhesión al sistema. El mundo de la calle frente al mundo de la moqueta. Dos mundos diferentes pero que podrán terminar por colisionar. Y la reflexión más generalizada es que estamos donde estamos por culpa de la clase política, olvidando, cómo no, que ella ha actuado como lo ha hecho porque los ciudadanos, encantados con las burbujas, se lo hemos consentido.

Hace unos días era Julio Anguita el que se ofrecía a liderar un movimiento que sirviese de catalizador de ese estado de ánimo generalizado que refleja descontento, que busca responsabilidades y que exige soluciones. Anguita ha hecho público un manifiesto, “somos mayoría”, en el que realiza un llamamiento a los ciudadanos para organizarse en torno a un programa básico. Según ha declarado el ex líder de IU su objetivo es organizar "grupo de presión, un grupo de presión democrático, formado por esa inmensa mayoría que tiene más cosas en común que diferencias. Quiero una sólida formación de ciudadanos que coincida en manifestarse, elaborar, en aprender y en echar la fuerza de su poder en el juego político y social. Así, como suena ¿Para qué? Para cambiar lo que hay". Propone diez medidas básicas que pasan desde el salario mínimo de 1.000 €, la pensión mínima de 1.000 €, la nacionalización de la banca o la vuelta a la peseta. Son propuestas concretas que, desde una adecuación estricta al marco constitucional, no constituirían aparentemente ningún tipo de “revolución social”. Lo cierto es que, con una considerable carga ideológica de fondo, se pretende articular un sencillo decálogo, al menos aparentemente, que pueda resultar atractivo para una gran parte de los ciudadanos. Sin embargo, un análisis más profundo de estas propuestas revela una vuelta a orígenes lejanos y a tácticas en las que los comunistas siempre han sabido llevar la delantera a las demás fuerzas políticas.

En otro rincón del escenario político, un grupo de políticos, académicos y empresarios ha puesto en marcha una iniciativa cuyo objetivo es la reconversión del sistema político. Alejo Vidal-Quadras, Santiago Abascal, Adolfo Prego de Oliver, José Luis González Quirós, José Antonio Ortega Lara, Carlos Rodríguez Braun, Amando de Miguel, Luis Alberto Cuenca, Gustavo Bueno, Arcadi Espada, Ramón Parada, Fernando Savater y César Alonso de los Ríos, entre otros, han dirigido una carta al Presidente del Gobierno en la que le instan a llegar a acuerdos con el principal partido de la oposición para lograr la reconversión del Estado. Denuncian, sin ningún tipo de piedad, que el sistema salido de la Constitución del 78 "ha degenerado en una partitocracia ineficaz, clientelar y corrupta". Propugnan un pacto de Estado que abarque reformas de la estructura económica, del sistema educativo, de los órganos constitucionales, de la organización y competencias de los diferentes niveles administrativos que componen el estado, de la participación y representación política de los ciudadanos y de la posición de España en las instancias comunitarias. No les falta razón en las reformas que propugnan, aunque dichas reformas podrían tener un alcance muy diferente en función de la perspectiva que las impulsara. Pero tan loable iniciativa está llamada al fracaso desde el primer momento en que ha sido formulada, si se da por válida su descripción del sistema de partidos. Si se parte de la idea de que el sistema salido de la Constitución del 78 "ha degenerado en una “partitocracia ineficaz, clientelar y corrupta", constituye un brindis al sol, un baldío esfuerzo solicitar a los dos grupos mayoritarios, es decir, a los dos partidos que más se benefician o que más culpables son de esa partitocracia, que lleguen a un pacto para reformar o reconvertir el sistema en contra de sus propios intereses.

Parece muy difícil que tanto el PP como el PSOE generen una profunda reflexión interna que les permita analizar la realidad y llegar a conclusiones similares a las de los firmantes del manifiesto. Sería tanto como pedirles que se hicieran el harakiri. Como mucho y con algo de optimismo, puede que la realidad les impulse a corregir y a reformar algunas deficiencias, las más escandalosas, del sistema, porque como decía Adolfo Suárez sólo se reforma lo que se quiere conservar.

Santiago de Munck Loyola

¿Sigue el coto cerrado del PP en Alicante?

El próximo día 26 de junio, a las 12 horas, se acabará el plazo para cualquier afiliado del Partido Popular de Alicante pueda presentar su candidatura para participar como compromisario en el XIII Congreso Provincial. En esta ocasión y tras la polémica suscitada con ocasión de la vulneración de los procedimientos electorales internos con ocasión del Congreso Regional, la Comisión Organizadora del Congreso ha modificado las normas por las que se rige el procedimiento de elección de compromisarios. La clave está en la comunicación a los afiliados de la convocatoria del procedimiento y, por tanto, de su derecho a presentar su candidatura para ser compromisarios y participar en el Congreso.

Cuando se convocó el Congreso Regional, el Partido local de Alicante incumplió, al igual que en caso de las elecciones a compromisarios para el Congreso Nacional, la Base d) de las normas para la elección de Compromisarios que señalaba que los afiliados debían ser convocados por escrito. Es decir, que cada afiliado de la ciudad de Alicante debía recibir una carta del Presidente Local anunciándole el proceso, trasladándole las normas y un formulario para que se presentase a candidato sí así lo estimaba oportuno. Las normas decían que si había más candidatos a compromisarios que puestos disponibles se debería celebrar una votación. Esa primera carta no se envió a los miles de afiliados de la ciudad de Alicante. Interpuesta una reclamación ésta, como era desperar no prosperó. Bastaba para desestimarla que el PP de la ciudad de Alicante hubiese presentado copia del recibo de correos justificando el envío de las cartas, algo que se había pedido, pero se argumentó en el escrito suscrito por D. César Augusto Asencio que las cartas se habían entregado en mano por voluntarios (sic). Ni más, ni menos. Y en un alarde de “excelencia” jurídica se llegada a afirmar en la resolución denegatoria de la reclamación lo siguiente: “Prueba incontestable de que el Sr. _______ ha debido de recibir notificación escrita de la convocatoria es el conocimiento que tiene de las bases de las mismas, que conocía los plazos y la presentación de su propia candidatura”. ¡Hombre! Uno puede conocer perfectamente los Diez Mandamientos y ello no es “prueba incontestable” de que Dios, Todopoderoso, le haya hecho entrega de las Tablas. En fin…

Probablemente como consecuencia de lo anterior, han modificado las normas de participación de los afiliados para el XIII Congreso Provincial y ahora las nuevas Bases señalan C) La convocatoria para la celebración de las Asambleas que han de elegir a los compromisarios podrá realizarse por escrito, por sistema telemático (sms o e-mail) o por anuncios en medios de comunicación, por el Presidente Provincial a través de las agrupaciones locales, con una antelación mínima de 10 días, es decir, último día el 18 de junio. (Por cierto, la expresión “agrupaciones locales” es del PSOE, en el PP siempre se ha hablado de Juntas Locales o Sedes Locales ¿Quién ha redactado estas normas?)

Es decir que antes del 18 de junio, los afiliados de la ciudad de Alicante deberían haber recibido una carta, o un SMS o un e-mail, cosa que al menos un servidor no ha recibido, o deberían haber tenido la suerte de haberse topado con el anuncio en un medio de comunicación comunicándoles que podían ejercer sus derechos de participación. Así que ya saben, si uno no tiene móvil, o correo electrónico o no da casualmente con el anuncio es muy probable que, por mucho que pague su cuota de afiliado, no se va a enterar de que hasta las 12 horas del 26 de junio puede intentar participar en el Congreso Provincial, porque por la experiencia reciente cartas no se envían (hay que ahorrar) y con este calor es muy posible que los voluntarios repartidores de cartas prefieran disfrutar de las fiestas o tomar el sol en la playa.

Parece que las cosas no cambian, que quienes dirigen el Partido Popular en nuestra ciudad no desean que los afiliados, que los militantes cobren el protagonismo que legítimamente les pertenece. Cuando hay que acudir a un mitin o a cubrir las meses electorales, no se repara en medios con tal de tirar de los militantes. Pero cuando que se trata de que éstos puedan ejercer su derecho a la participación política, entonces no hay nada que hacer. Las “familias” y diferentes sensibilidades que manejan el Partido no necesitan entonces a los militantes que sólo podrían constituir un estorbo a la hora de repartirse los puestos. Y así nos va que hasta para redactar las normas de participación parece que nos las hacen extraños.

Santiago de Munck Loyola

El listón de Dívar para todos.

Los pronósticos se han cumplido de forma inexorable y hoy el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo D. Carlos Dívar ha presentado su dimisión. Fue objeto de una falsa denuncia por malversación por parte de otro miembro del Consejo, D. José Manuel Gómez Benito, gran amigo del ex juez y delincuente D. Baltasar Garzón, denuncia que no prosperó, pese a lo cual no ha dimitido. Resulta paradójico que quien formula una falsa denuncia siga en su puesto y quien es objeto de la misma dimita. Pero hay que tener en cuenta que, al margen de lo anterior, los gastos en los que ha incurrido el Sr. Dívar en sus viajes y que ha cargado al erario público son legales, de acuerdo con las normas internas del propio Consejo, y no constituyen un delito, pero a todas luces cargar al presupuesto público parte de dichos gastos es éticamente reprobable e inaceptable para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Ni ética, ni estéticamente resulta admisible que el máximo representante del Poder Judicial haga un uso tan pródigo de los fondos públicos, por lo que su dimisión está más que justificada.

Ahora bien, la dimisión por unos hechos legales, pero socialmente reprobables, supone establecer un listón alto, un nivel de exigencia ética que debe ser extensible a tota la clase política, Este caso no puede ser considerado como un hecho aislado sin repercusiones en todos los ámbitos de la vida pública española. Lo coherente es exigir lo mismo, es decir, la dimisión de cuantos haciendo un uso legal de fondos públicos su conducta suponga un beneficio particular, de cuantos aprovechan los fondos públicos para viajar y hacer turismo político a costa de los contribuyentes. Es muy probable que los viajes del Defensor del Pueblo de Cataluña, el ex comunista D. Rafael Ribó, a más de 50 países, entre ellos Las Bermudas, Colombia o Taiwán, en dos años y acompañado de un importante séquito hayan sido absolutamente legales, pero son ética y moralmente reprobables. Se mire por donde se mire no hay quien se crea que para desarrollar sus funciones como Defensor del Pueblo catalán tenga la necesidad de viajar a 50 países y pasar cerca de 200 días, en dos años, fuera de su despacho de trabajo. El Sr. Ribó debería haber sido el primero en aplicarse a si mismo y a sus 85 colaboradores la austeridad que se impone al resto de los ciudadanos. Por tanto, su dimisión es tan exigible como la del Sr. Dívar salvo que en este caso, por ser de izquierdas y catalán, goce de algún tipo de bula que le exima de esta exigencia ética.

Y no se puede pasar por alto, puestos a subrayar la generosidad con que algunos emplean a favor de si mismos los fondos públicos, el hecho de que nuestros Diputados y Senadores viajan gratis total aún cuando se trate de desplazamientos estrictamente privados. Es una práctica legal porque sus señorías se han dotado a si mismos de las normas que bendicen esta práctica, pero es, hoy más que nunca, un hábito tan reprobable como los anteriores. Como ya se destacó en estas páginas, el Congreso de los Diputados en el año 2011 pagó a Iberia y a Renfe más de 7 millones de euros por los viajes públicos y privados de sus señorías. Todo legal, pero repugnantemente inmoral y más con la que está cayendo.

Un servidor, harto de tanto abuso, quiere saber los nombres de los parlamentarios que cargan a la cuenta del Congreso sus viajes privados así como el importe de los mismos. Es un derecho elemental para conocer el destino de sus impuestos y la catadura moral de sus representantes. Para ello, el autor de este escrito envió una instancia al Congreso de los Diputados que a continuación se reproduce por si algún lector, tentado por la misma curiosidad, desea copiarla y remitirla. Es muy probable que no respondan, pero por intentarlo que no quede.

Santiago de Munck Loyola

INSTANCIA 

________________________, con DNI ----------, con domicilio en la C/ ______________ nº ____, C.P._________ de _________________,

EXPONE

Que ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación (  http://www.larazon.es/noticia/8106-los-diputados-gastaron-mas-de-7-millones-en-aviones-y-trenes-en-2011 ) que el Congreso de los Diputados pagó en 2011 a las compañías Iberia y Renfe más de 7.200.000 euros por viajes de sus Señorías, tanto de carácter público como privado;

Que el pago de los viajes privados de los diputados puede que sea una práctica legal si así está establecido en las disposiciones aplicables y en el presupuesto del propio Congreso, pero constituye, de ser cierta la noticia, una práctica inmoral y carente de ética especialmente relevante en las actuales circunstancias económicas y sociales;

Que, en todo caso, si esta información es cierta, el compareciente desea conocer la cuantía exacta abonada a estas empresa o a otras en concepto de viajes privados de sus señorías, así como la cuantía exacta abonada en concepto de viajes privados de cada miembro del Congreso de los Diputados, en la seguridad de que dicha información debe ser pública y transparente y de que su conocimiento no supone ni un peligro para la seguridad del estado, ni una intromisión en la intimidad de sus señorías, por lo que

SOLICITA

Que, habiendo presentado este escrito, se sirva admitirlo y, a su vista, proceda a entregar al solicitante certificación comprensiva de los gastos abonados por el Congreso de los Diputados en concepto de viajes privados de los Diputados y la relación nominal de los Diputados que han cargado los gastos derivados de sus viajes privados con indicación de la cuantía correspondiente.

En ________, a _____ de __________ de 2012.

Fdo.___________________________

A/a Excmo. Sr. D. Jesús María Posada Moreno. Presidente del Congreso de los Diputados.

Si la Constitución ampara a los violentos, habrá que cambiarla.

Hoy el Tribunal Constitucional, con el voto de los Magistrados Pascual Sala, Eugeni Gay, Pablo Pérez Tremps, Adela Asúa, Luis Ortega y la ponente, Elisa Pérez Vera, ha decidido legalizar al brazo político de ETA, Sortu, y enmendar la plana, una vez más, al Tribunal Supremo (a lo mejor habría que eliminar lo de “Supremo”, visto lo visto). Parece que lo políticamente correcto en estos casos es decir que se “respeta la decisión, aunque se discrepe”. Pues bien, como uno no está obligado a decir lo que no siente, un servidor ni respeta la decisión, ni respeta a los mal llamados magistrados que han decidido por seis votos contra cinco que Sortu es un partido político tan respetable como lo puedan ser el PSOE, el PP o el PNV.

Prefiero estar al lado de las víctimas del terrorismo que del lado del Tribunal Constitucional y los de Sortu. Prefiero estar del lado de las Fuerzas de Seguridad del estado, que por activa y pasiva han demostrado que ETA y Sortu son lo mismo, que del lado de los Magistrados del Constitucional que han favorecido al brazo político de ETA. Prefiero estar del lado del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que consideró a Sortu “testaferro de ETA”. Prefiero estar del lado del Tribunal Supremo que ilegalizó a Sortu que del lado de un Tribunal Constitucional que, deliberadamente o no, sigue casualmente cierta “hoja de ruta” denunciada mil veces por las víctimas de ETA. Prefiero estar del lado de quienes se oponen a la presencia de terroristas o de jaleadores de los mismos en las instituciones que de un Tribunal Constitucional más político que jurídico. Vamos, que el Tribunal Constitucional se pasa por el arco del triunfo todos los informes de las Fuerzas de Seguridad del Estado que confirman que Sortu es Batasuna y que Batasuna es ETA y se pasa por el miso arco la Sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que considera a Sortu un simple instrumento político de ETA y las mismas sentencias del Tribunal Supremo. O sea que todo el mundo está en un error menos los ilustres seis magistrados del Constitucional. Claro que para formar parte de este alto tribunal no hace falta ser juez o magistrado, sino que basta con ser “jurista” y contar con el apoyo de los partidos políticos.

Parece que para los magistrados avalistas de Sortu la simple declaración contraria a la violencia terrorista que se hace en los estatutos de Sortu es decisiva para determinar que se trata de una organización perfectamente democrática y que, por tanto, ha de ser legalizada con su inscripción en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio de Interior. ¡Faltaría más! ¿Puede alguien con un mínimo de rigor intelectual plantearse la posibilidad de que Sortu hubiese expresado en sus estatutos su simpatía o comprensión hacia la violencia terrorista? Son terroristas pero no tontos de remate. Sabían perfectamente qué debía figurar en sus estatutos para poder colarse en las instituciones que pretenden derribar sea con las urnas o con la violencia cuando les conviene. Es puro sentido común, pura estrategia que, misteriosamente, no ha sido percibida por los seis ilustres juristas del Constitucional. Los estatutos del partido nazi en la República de Weimar o los de los Partidos Comunistas en la posguerra mundial eran todos formalmente respetuosos con la legalidad vigente de sus respectivos países, pero una vez en el poder liquidaron las instituciones democráticas. Por tanto, el argumento esgrimido para legalizar a Sortu centrado en el contenido de sus estatutos es un argumento falaz, injustificable e interesado.

Esta vergonzosa e inaceptable sentencia del Tribunal Constitucional no es fruto de la casualidad. Responde a todo un proceso político generado por el anterior Gobierno con su correspondiente reflejo en la propia composición del Tribunal Constitucional. Pero, si existe en este desenlace una evidente y gran responsabilidad del anterior Gobierno, no es menos cierto que el actual Gobierno también tiene una parte de responsabilidad en que el resultado final haya sido el que es porque no hay que olvidar que la renovación del Tribunal, pendiente desde hace mucho, no se ha producido tras seis meses de Gobierno del Partido Popular. No parece muy coherente que el Gobierno venga ahora con lamentos sobre el resultado de esta sentencia cuando pudiendo y debiendo actuar antes dejó pasar el tiempo.

Lo cierto, al día de hoy, es que la interpretación de nuestra Constitución permite que quienes apuestan por la violencia o la justifican como medio de acción política y quienes pretenden derribar el propio edificio constitucional que les da cobijo puedan actuar libremente en el juego democrático. Un Estado democrático puede y debe articular los medios legales necesarios para defenderse. Un Estado democrático, y ahí tenemos la experiencia de lo que ocurrió en la Alemania de los años 30, puede y debe excluir del juego político a cualquier fuerza política que no sea democrática o cuyos fines atenten contra la propia supervivencia de las garantías constitucionales que no son otras que los derechos fundamentales de todos los ciudadanos españoles. Y si esta Constitución no es capaz de hacerlo con la interpretación que de la misma hacen estos “juristas” de medio pelo, habrá que ir pensando en reformarla.

La lección que deberíamos extraer de este penoso episodio es que hay que movilizarse a favor de quienes apuesten de verdad por la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y que esa defensa pasa por dos propuestas esenciales: la primera, modificar la Constitución para garantizar la exclusión de la vida política de los violentos, de sus cómplices y de todas las fuerzas políticas cuyos fines no encajen con los valores democráticos; la segunda, que es preciso poner orden en el edificio jurisdiccional español y que el Tribunal Supremo sea de verdad la cúspide de este edificio. No puede haber, en el ámbito interno, dos cúspides coronando el edificio. La implantación del sistema de garantías constitucionales a través de un órgano específico como el Tribunal Constitucional, ajeno al poder judicial y completamente politizado, se ha demostrado un error. Con una nueva sala de Garantías Constitucionales en el Tribunal Supremo sería más que suficiente y se acabaría con este dislate jurídico aunque sea en detrimento de la permanente interferencia de los Partidos Políticos en el mundo de la Justicia.

Santiago de Munck Loyola

El culebrón de Dívar en la recta final.

Parece que la muerte del Príncipe heredero saudí le ha venido al Rey como anillo al dedo para evitar hacerse la foto junto con el denostado Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Sr. Dívar, centro de toda clase de dardos y diatribas. Vamos, que le ha faltado tiempo a Su Majestad para hacer las maletas y salir pitando hacia Arabia Saudí para rendir homenaje al cadáver del heredero saudí, dejando la papeleta de la foto de rigor con el otro “cadáver” político y judicial a su hijo, D. Felipe. A la retórica franquista de la “tradicional amistad con el mundo árabe” le sucedió el invento de la “Alianza de Civilizaciones” aunque en esta ocasión parece que se ha escogido la “gran amistad y hermandad” del Rey con los “tiranos coronados del petróleo” para justificar este desplazamiento regio tan raudo y veloz.

Da igual el motivo con el que se justifique este desplazamiento real, pero lo cierto es que el Jefe del Estado padece cierto tipo de alergia a ciertas fotos. Al Rey no le importa que le fotografíen junto al cadáver de un hermoso paquidermo o junto a esa seudo princesa alemana que le ha estado acompañando hasta en algunos viajes oficiales a los que no iba D. ª Sofía. Pero por donde al parecer no pasa Su Majestad, o sus asesores de la Casa Real, es por dejarse fotografiar junto a la cuarta autoridad del Estado, desacreditada y en el punto de mira por algunos gastos de sus viajes, o junto al padre de algunos de sus nietos, el Sr. Urdangarin, bajo sospecha judicial por sus suculentos negocios cocinados en la trastienda de algunas administraciones públicas.

El “marrón” para el nene, el heredero, que se ha tragado hoy un acto institucional de lo más agrio y desagradable. Resulta curioso, cuando menos, el criterio selectivo del Rey al que, según noticias recientes, parece que le salen problemas por todos lados: ahora, una ciudadana belga y un español catalán están reivindicando la paternidad de D. Juan Carlos. A lo mejor, dentro de poco, los españoles nos llevamos una sorpresa similar a la que se llevaron los belgas cuando el Rey Alberto les comunicó por televisión que tenía una hija extramatrimonial. Nunca se sabe. Los “pecados” de la juventud llaman a veces a la puerta de uno en el ocaso de la vida. Una vez más, se pone de manifiesto que la ejemplaridad, esa cualidad que podría justificar en estos tiempos la supervivencia de las Monarquías, está muy lejos de la realidad de la Familia Real española o, por lo menos, de la de su máximo representante y exponente, el Rey.

Volviendo al acto de hoy presidido por D. Felipe, parece claro que los días del Sr. Dívar el frente del poder judicial están más que contados y que renunciará a su cargo el próximo jueves. El Sr. Dívar ha pagado y va a pagar muy caro los gastos personales que intentó ahorrarse cargándolos a la espalda de todos los españoles. Dice el dicho popular que “al pobre y al miserable, las cosas le cuestan doble”. Es evidente que el Sr. Dívar lo que se dice pobre, pobre, no lo es.

Es cierto que algunos medios de comunicación se han cebado con el Sr. Dívar. Algunos analistas interpretan esta actitud así como la del vocal que destapó este asunto como una venganza del entorno del ex juez Garzón. Sea cierto o no, y tampoco tendría nada de extraño que lo fuera, parece que el Sr. Dívar, y en eso coincide casi todo el mundo, no ha cometido ningún delito y que su actuación se ha ajustado de forma estricta a las normas y prácticas habituales en el Consejo General del poder Judicial respecto a la forma de justificar este tipo de gastos. Su error, que no delito ni falta, está precisamente en la utilización en beneficio propio de unas normas y procedimientos de por sí rechazables desde una perspectiva ética y moral. Y tan rechazable es el uso de esas normas, como el hecho de que los jueces se autorregulen los procedimientos del uso del dinero público y el control de los mismos.

En esta cultura del despilfarro, de las prebendas, de los privilegios de nuestra clase dirigente, lo del Sr. Dívar no es más que una pequeña gota de agua, aunque por pequeña que sea, lo es de agua sucia. Da igual que el Sr. Dívar haya empleado 100 o 100.000 euros en gastos de carácter privado y aunque fuese conforme a las normas internas del Consejo General del Poder Judicial. Aquí lo determinante de la censura social no está en la cantidad, sino en la calidad. Y un jurista como él y un purista como él debería haberlo sabido desde el principio. Aquí, como en el primer escalón del Estado, ha fallado la ejemplaridad, cualidad esencial en un sistema representativo. Así que deberían ir tomando nota los de más arriba. Sin ejemplaridad, a casa y punto.

Santiago de Munck Loyola

Sobre competencias y privatizaciones municipales.

De acuerdo con una información publicada hoy por un Diario nacional, el Ministerio de Hacienda está preparando un borrador de reforma las competencias que desarrollan los municipios. El objetivo de esta reforma es eliminar duplicidades y asegurar la financiación de los servicios que prestan. Con ello, se podría lograr el ahorro por parte de los municipios de 3.500 millones de euros anuales. La reforma pasaría por una modificación del Art. 25 de la Ley de Bases del Régimen Local definiendo de una forma más clara y limitativa las competencias que deben y pueden desarrollar los entes locales.

Según el borrador de la reforma, al año de entrar en vigor los Ayuntamientos deberían someter a evaluación el conjunto de sus servicios para ajustarlos al principio de sostenibilidad financiera y evitar duplicidades. Si tras la evaluación, el Ayuntamiento no pudiera mantener algunos servicios municipales, debería proceder a su supresión, cuando se trate de servicios no obligatorios; y podría privatizarlos, sin son servicios obligatorios que no conllevan el ejercicio de funciones públicas. Igualmente, el borrador prevé que las diputaciones puedan asumir algunas competencias de municipios de menos de 20.000 habitantes y la supresión de las competencias de Sanidad y Educación que hasta ahora ejercían algunos municipios.

Abordar una reforma de las competencias de las administraciones públicas venía siendo ya una exigencia del sentido común. Es preciso clarificar quién hace qué con el objetivo de evitar las duplicidades que existen en los distintos niveles administrativos. Y es cierto que en este campo, muchos Ayuntamientos, impulsados por las siempre crecientes demandas ciudadanas a su administración más próxima de más servicios y animados por los ingresos de las épocas de bonanza, han ido creciendo asumiendo competencias facultativas y, en ocasiones, impropias. Ahora, en época de escasez, no hay ingresos suficientes para mantener unas estructuras sobredimensionadas.

Admitiendo que esta reestructuración de las competencias es absolutamente necesaria hay que resaltar que, simultáneamente, debería abordarse el eterno problema de la financiación de los entes locales. Las reglas de juego deben ser absolutamente claras y no parece muy procedente reformar sólo una parte del reglamento. El recorte o la redefinición de competencias municipales es sólo una parte del problema o del conjunto de problemas que afectan al funcionamiento de los entes locales. Acometer el recorte de competencias y no abordar la reforma financiación de los entes locales es hacerse trampas al solitario.

Privatizar servicios públicos como medida de ahorro es una falacia. No sirve como regla general: privatizar no es sinónimo de ahorro. Hay servicios públicos que sí pueden ser objeto de privatización manteniendo o mejorando su calidad y disminuyendo sus costes, pero en muchos otros casos esa regla no funciona. Piénsese que a los costes que implica un determinado servicio prestado por un ente público hay que añadir el beneficio empresarial y el IVA, conceptos éstos no imputables en la gestión pública de ese servicio. Es muy posible que la solución para una prestación económica y eficiente de un determinado servicio público pase por la introducción de parámetros de control, de calidad y de productividad en el ámbito de los entes públicos. Es decir, por la introducción en el ámbito público de criterios de gestión privados. Hay cierta tendencia social a demonizar a los empleados públicos como los responsables de que los costes de los servicios que prestan sean superiores a los costes de los servicios prestados por el sector privado, pero, salvo excepciones, la responsabilidad en la gestión es de los políticos que, en vez de hacer política, se meten a gestores sin la adecuada preparación para ello y desplazan a los profesionales relegándoles a la función de ejecutores de decisiones adoptadas desde perspectivas puramente políticas.

A todo lo anterior hay que añadir algunos elementos más que impiden a los Ayuntamientos lograr una mayor eficiencia de los recursos públicos. Se trata de las contradicciones entre las leyes administrativas y las laborales. Supongamos que un Ayuntamiento tiene el servicio de limpieza viaria adjudicado mediante concurso a una empresa privada y que ese mismo Ayuntamiento puede reasignar a su propio personal a la limpieza viaria porque, como consecuencia de la crisis no necesita tantos en el departamento de obras y servicios. Pues bien, al vencimiento de la contrata, el Ayuntamiento no puede municipalizar el servicio de limpieza y asignárselo a sus propios operarios. Si quiere municipalizar el servicio debe absorber a los trabajadores de la contrata y debe hacerlo a pesar de la prohibición de contratar más personal porque así lo prevé la legislación laboral. Así pues no queda más remedio que volver a licitar la contrata y seguir con los operarios propios “a medio gas”. Otro ejemplo de las dificultades legales con las que se encuentran los Ayuntamientos se refiere a la posibilidad de dedicar ingresos patrimoniales a la cancelación de las deudas financieras. Hoy, si un Ayuntamiento consigue vender un solar, a pesar de la crisis, no puede dedicar el precio obtenido al pago de los préstamos que tenga concertados. Debe necesariamente reinvertir ese dinero en una inversión también patrimonial que, con seguridad, generará más gasto corriente y contribuirá así a asfixiar más a la tesorería municipal.

En definitiva, estamos ante una situación sumamente compleja y delicada para la inmensa mayoría de los Ayuntamientos, sobre todo los pequeños y la solución no pasa sólo por abordar una parte del conjunto de los problemas municipales. Ni la delimitación de competencias municipales, ni el impulso a privatizaciones, ni los recortes de servicios públicos por sí solos suponen la solución de esta situación. Es preciso un proyecto más amplio y ambicioso que reforme a la vez la financiación de los entes locales, la dirección y gestión de los mismos, las normas de contratación de personal, bienes y servicios, las competencias y los mecanismos de control y coordinación con las demás administraciones. Y si no se hace, seguiremos “parcheando”.

Santiago de Munck Loyola

La "fiesta" sigue... en las cárceles.

504 habitaciones individuales y 51 habitaciones dobles, todas ellas equipadas con televisores de plasma de última generación, edificios anexos para talleres formativos, módulo deportivo cultural con gimnasio, polideportivo, vestuarios, piscina climatizada, frontón, biblioteca, sala de audiovisuales con 36 ordenadores, aulas, despachos, auditorio, restaurante, enfermería… Un moderno centro con un equipamiento interior superior a los 3 millones de euros. No, no se trata de un nuevo complejo hotelero, ni de un resort de lujo. Se trata de la nueva prisión, recientemente inaugurada en la Loma de Santa Lucía, Pamplona, diseñada y ejecutada por el Gobierno de ZP. Es tan sólo un ejemplo más de cómo se ha venido empleando nuestro dinero, el de los contribuyentes, en las distintas inversiones públicas. Ahora resulta que la piscina climatizada de este centro no va a funcionar porque cuesta más de 50.000 euros anuales su mantenimiento. ¿Y nadie da la cara? ¿Quién fue el político que tomó la decisión de despilfarrar el dinero de esta manera? Deberíamos tener derecho a saberlo. Que nuestras prisiones tengan unas condiciones dignas no lo discute nadie pero de ahí a que se conviertan en centros de lujo existe un abismo. ¿Cuántos españoles tenemos acceso a una piscina climatizada gratis todo el año? ¿Sólo los pudientes y los delincuentes?

Al conocer la noticia me ha venido a la memoria el viejo chiste sobre un político al que el periodista le pregunta por qué invertía tan poco en escuelas y tanto dinero en prisiones. El político respondió: a la escuela sé que nunca volveré, pero a una prisión…Está visto que a veces la realidad supera la ficción.

Pues bien, puestos a ahorrar y a generar ingresos para el Estado aquí va una propuesta: conviertan este centro penitenciario en un hotel temático y verán como funciona. Seguro que, aunque sea por morbo, hay mucha gente dispuesta a pagar por alojarse en este centro de lujo. Y más si se repiten espectáculos de “striptease” como el organizado en la cárcel de Picassent en el año 2009. Es que lo cuentas fuera de España y no se lo creen.

Y a propósito de nuestro sistema penitenciario conviene poner sobre la mesa algunos datos, sobre todo, considerando esta época de recortes en todos los terrenos. Hoy hay en España más de 75.000 reclusos. La población reclusa se ha disparado un 70% en España en la última década, un crecimiento debido sobre todo en el gran aumento del número de presos extranjeros. De estos 75.000 presos cerca del 40 %, es decir, 30.000 reclusos no son españoles, son extranjeros. Es cuando menos significativo que siendo el 11,5 % el porcentaje de los extranjeros en España, el porcentaje de la población reclusa extranjera alcance casi el 40 % del total. El coste diario medio que supone para las arcas públicas el mantenimiento de cada preso es de 60 euros. Echando cuentas, el coste anual del mantenimiento de la población reclusa es de 1.642.500.000 euros, de los que 657 millones de euros corresponden a los presos extranjeros. ¡Casi nada!

El sindicato de los trabajadores de prisiones, Acaip, viene denunciando desde hace tiempo que nuestras prisiones están más que desbordadas y el sistema próximo al colapso. Siendo así, resulta bastante incomprensible que el anterior Gobierno optase por construir nuevos centros penitenciarios con presupuestos muy elevados en vez de ampliar el número de centros a construir haciéndolos más baratos, es decir, con menos lujos.

Pues bien en este período de restricciones y recortes en el que incluso a nuestros militares se les va a empezar a cobrar una pequeña cantidad por el rancho del cuartel no parece lógico dejar las cosas tal cual. No basta con que no se ponga en marcha una piscina climatizada, no. A lo mejor se debería ir pensando en adoptar otras medidas que alivien esta carga presupuestaria que se nos impone a todos los ciudadanos. ¿No sería lógico que los presos que tienen recursos económicos suficientes pagasen los gastos que su estancia en prisión origina? Por ejemplo, el Sr. Correa, del caso Gürtel, ¿no debería pagar los 65.700 euros que nos ha costado a todos su paso por prisión? Y Julián Muñoz ¿no debería pagar los 54.750 euros que nos ha costado a todos? La lista y la cuenta de delincuentes que podrían pagar sin dificultad su estancia en la cárcel puede ser interminable.

Igualmente podría reformarse la ley para que los extranjeros condenados, excepto los reos por delitos contra las personas, fueran expulsados de España y repatriados a su lugar de origen por el doble de tiempo de la condena que se les hubiese impuesto. Sería mucho menos gravoso para todos los contribuyentes.

Tenemos muchos problemas económicos y la política penitenciaria es también uno más de ellos. Con el “buenismo”, la complacencia y la benevolencia se está cometiendo un enorme agravio para con el resto de los ciudadanos cumplidores de la Ley y sostenedores del sistema. Algo habrá que hacer y, seguramente, en una dirección muy distinta a la seguida hasta ahora.

Santiago de Munck Loyola