Ayuntamiento de Alicante, así no.

En muchas ocasiones, la publicación de determinadas noticias, no desmentidas por los interesados, relativas al uso que se hace de las instituciones públicas por parte de algunos responsables políticos causa estupor, indignación y vergüenza, sobre todo, a quienes con su voto los han colocado allí. Parece que algunos gobernantes, una vez aupados en los puestos de responsabilidad, pasan olímpicamente de sus compromisos públicos, de los programas electorales, de los militantes de los partidos sin cuyo esfuerzo ellos no habrían llegado jamás a la “poltrona” e incluso de la opinión pública. Usan los recursos de las administraciones bajo su responsabilidad como si se tratara de recursos privados, como si, en lugar de estar gestionando y gobernando un ente público, estuviesen regentando un negocio privado, su propia empresa.

En los últimos tiempos los medios de comunicación se han venido haciendo eco del elevado número de personal de confianza, ayudantes o asesores, que en muchas administraciones se está creando. Gobierno, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos se han convertido en un auténtico nicho para toda clase de personas de confianza de los políticos. Normalmente, la existencia de estos puestos estaba pensada para la contratación, por razón de sus especiales conocimientos, de determinados profesionales que, sin pertenecer al cuerpo de funcionarios, pasaban a prestar sus servicios en una administración pública para asesorar en determinadas materias a un cargo electo o a desempeñar funciones de la máxima confianza. Sólo determinados cargos de especial relevancia podían nombrar algunos especialistas como ayuda en el desempeño de sus tareas. Sin embargo, con el tiempo, esta posibilidad se ha ido generalizando y extendiendo hasta llegar a la actual situación en la que nos podemos encontrar hasta alcaldes de pequeños pueblos con asesores a su cargo. Ahora, ya no se trata de que se haya generalizado esta práctica, sino que se está abusando de ella como un medio para “colocar” a compañeros de partido, a amigos y a familiares. Es decir, que la realidad presente es el abuso de los medios públicos, del dinero de los contribuyentes para colocar en las administraciones a personas que ni siquiera reúnen la titulación necesaria que deberían poseer para percibir las retribuciones que perciben si se tratase de funcionarios. El anterior Presidente del Gobierno contaba con cerca de 600 asesores o personal de confianza que cobraban el equivalente a una titulación del Grupo A1 y algunos de ellos no habían terminado el bachillerato.

Sin ir muy lejos, el Ayuntamiento de Alicante es un claro ejemplo del abuso sobre los recursos públicos. Ya en este diario se publicaron datos asombrosos que evidencian una mala práctica en los nombramientos del personal de confianza. Es muy llamativo que la Alcaldesa nombre como asesora, como personal de confianza, a la “niñera” familiar, D.ª Julia Castelló (http://www.diarioinformacion.com/alicante/2012/01/12/alcaldesa-enrique-ortiz-olvidate-julia-he-contratado/1210737.html ). Para cualquiera es evidente que el Ayuntamiento y los puestos de este tipo no están para resolver las dificultades laborales de las amistades, lo haga quien lo haga.

Hoy, sin ir más lejos, otro diario se hace eco de ciertas prácticas que, de ser ciertas, suponen un verdadero varapalo para quienes propugnamos un modo diferente de hacer política desde el Partido Popular (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/29/alicante/1330541432.html). Es inadmisible que el Ayuntamiento sea utilizado como una agencia de colocación para amigos y familiares. No es que resulte ya poco estético, sino que tampoco es ético. 47 cargos de confianza en una Corporación de 29 concejales, más de 1,4 millones de euros anuales, es escandaloso. Y que el Grupo Municipal Popular, con 18 concejales, cuente con 37 asesores y administrativos (personal de confianza) es sencillamente incomprensible y no sólo por los tiempos de escasez y crisis que vivimos, sino por lo que supone sobre la capacidad de los ediles electos y sobre el nivel de confianza que parece merecerles el funcionariado de la casa. ¿No hay personal administrativo funcionarial suficiente para atender el trabajo de los concejales que hay que traerlo de fuera? ¿Es tal la preparación de los ediles que necesitan tanto asesoramiento? Evidentemente la explicación hay que buscarla en la falta de sensibilidad social y en la extendida creencia de que la administración es un cortijo del que gobierna. No es posible predicar la necesidad de austeridad en la gestión, no es posible pedir sacrificios a los vecinos porque estamos en crisis y al mismo tiempo colocar a familiares y amigos a costa del erario público y, en muchos casos, sin contar con la preparación técnica que se exigiría a un empleado público para acceder a puestos similares.Las Administraciones Públicas requieren estabilidad institucional y, por ello, sería bueno que entre todos los Grupos Municipales se pactase el número máximo de puestos de confianza, las áreas a las que adscribirlos y el perfil académico y profesional exigible. Normas claras, aceptadas por todos, con incompatibilidades concretas y retribuciones transparentes. No es tan difícil.

Alguien tiene que hacer un verdadero ejercicio de autocrítica y corregir de forma inmediata una situación que produce bochorno a muchos votantes populares. No es esto lo que queremos, no. Existe otra forma de hacer política, de servir a los ciudadanos que es incompatible con la idea de servirse de los ciudadanos.

Santiago de Munck Loyola

11 M de 2012: apoyo y respeto a las víctimas.

El 11 M ha sido noticia esta semana en dos ocasiones y por motivos muy distintos. Por una parte, Libertad Digital publicaba hace unos días la aparición de uno de los vagones que sufrió las explosiones del atentado del 11 M. Al parecer se trata de un vagón de Renfe en el que explotó una de las bombas, perteneciente al convoy de Santa Eugenia, que se encontraba almacenado en los terrenos de una empresa. Al conocerse la noticia y comprobarse su veracidad, el nuevo Fiscal General ha ordenado que se abra una investigación por si de este hecho pudiera derivarse la comisión de algún delito. Hay quienes hablan de una posible ocultación de pruebas al no haber constancia, en los miles de folios de los sumarios, de ninguna referencia a la existencia de este vagón o parte de él afectado por la explosión. No hay que olvidar que una de las claves del procedimiento judicial se centró en los análisis sobre el tipo de explosivos utilizados en los atentados y de las dificultades para realizarlos al disponer los peritos de tan sólo unos pocos tornillos para poder realizarlos. Sin entrar o no en la existencia de teorías conspiratorias, lo cierto es que si se realiza un detallado seguimiento de las investigaciones policiales, de la instrucción del sumario o del desarrollo del propio juicio enseguida se plantean muchos interrogantes que aún no han sido resueltos y que, como es lógico, angustian sobre todo a los familiares de las víctimas mortales y al resto de las víctimas que no están muy seguras de que las sentencias hayan hecho realmente justicia y de que, por tanto, la verdad de lo ocurrido se haya hecho patente.

La rapidez con se destruyeron los vagones, la ocultación a los juzgados de la existencia de este vagón, la aparición de coches en Alcalá que habían salido de dependencias policiales como vehículos de los terroristas descartada sin explicación alguna en la sentencia, testigos rumanos incriminatorias en primera instancia descartados y después usados compensándolos como víctimas, cámaras en alguna estación que no funcionaban ese día, videos televisivos recortados, vehículos robados con explosivos parados por la Guardia Civil y autorizados a seguir viaje hasta Madrid, mochilas fuera de lugar, islamistas suicidas agazapados tras un colchón, etc. son, desde luego, incógnitas sin resolver que despiertan la imaginación para que se plantee cualquier hipótesis por no haber sido despejadas a tiempo. Si las víctimas creen que se debe seguir investigando que se haga, porque son ellas, sobre todo, las más legitimadas para seguir reclamando justicia si creen que todavía no se ha alcanzado. Para cualquier ciudadano responsable no cabe otra posición que la de apoyar a las víctimas en sus legítimas pretensiones.

La segunda ocasión en la que el 11 M ha vuelto a ser noticia relevante esta semana ha sido la intención de los sindicatos de organizar sus manifestaciones y protestas precisamente ese día. Se da la circunstancia que el día 11 M es el día Europeo de las Víctimas del Terrorismo instituido por el Parlamento Europeo y ratificado por la Comisión Europea hace ya 8 años. Se trata, por tanto, de un día muy especial, no sólo para España, sino para el conjunto de los Estados europeos, sobre todo para los que han sufrido en diferentes ocasiones los embates de la barbarie terrorista, en el que poder recordar y honrar la memoria de los 192 asesinados y 1.800 heridos de Madrid el 11 M, a los cientos de asesinados por la ETA y a todas las víctimas de los terroristas. Convocar protestas y movilizaciones sindicales ese día reclamando para sí el foco de los medios de comunicación no parece que sea la mejor manera de recordar y honrar a las víctimas del terrorismo cuyo sacrificio y su sufrimiento bien merece la solidaridad y el respeto de todos los demócratas. Hay incluso un cierto grado de desprecio en la actitud de los líderes sindicales cuando afirman que el fin de semana siguiente les viene mal para convocar sus protestas porque hay un puente. ¡Faltaría más! Y, sobre todo, si las víctimas entienden que esa jornada no debe tener otro protagonismo informativo que el del recuerdo y el dolor por los forzadamente ausentes, se merecen el respeto de todos.

Es muy probable que la sensibilidad de los líderes sindicales no llegue a tanto, como no ha llegado para movilizarse por los cinco millones de parados mientras gobernaba el PSOE, pero si carecen de esa sensibilidad no estaría de más que hiciesen un simple ejercicio de sentido común.

Santiago de Munck Loyola

La horca para Asia Bibi.

Lleva más de dos años encerrada esperando que la ahorquen las autoridades de Pakistan. Se llama Asia Bibi, ¿Su delito? Ser cristiana y haber tenido la osadía de hablar sobre Mahoma. En 2009, esta mujer, casada y madre de varios niños, mientras estaba trabajando en el campo, se aproximó a un pozo para sacar agua. En ese momento fue increpada e insultada por varias mujeres del lugar prohibiéndole beber de un agua reservada según ellas para las musulmanas y que se contaminaría si era tocada por una cristiana. Asia Bibi les respondió que seguramente Jesús opinaría muy distinto al profeta Mahoma. Las mujeres musulmanas decidieron entonces denunciarla ante el Imán, esposo de una de ellas, por blasfemia contra el Profeta. Asia Bibi fue encarcelada y meses después sentenciada a morir ahorcada por haber cometido el delito de blasfemia. El Gobernador y el Ministro de Minorías Religiosas que intercedieron públicamente a favor de la reo terminaron siendo asesinados por los islamistas.

El pasado mes de noviembre, el Gobierno paquistaní anunció que Asia Bibi sería indultada pero, hasta el día de hoy, no se ha hecho pública la medida de gracia y esta mujer sigue encerrada esperando el cumplimiento de la sentencia. No obstante, si fuese indultada, ni ella, ni su familia, seguirían en peligro pues el Imán ha establecido una recompensa de 4.400 dólares por su cabeza y ha anunciado, además, que un indulto estimularía que otras personas se tomasen la justicia por su mano.

El caso de esta mujer católica es tan sólo uno de tantos casos de violencia, fanatismo e intolerancia que a diario se producen en muchos países del mundo. Los católicos y cristianos en general están siendo objeto de auténticas masacres en países como la India, Pakistán, China, Corea, Nigeria o Costa de Marfil y lo están siendo ante la más absoluta indiferencia de los medios de comunicación y de los gobiernos occidentales. Se trata de minorías religiosas en sus países compuestas en la mayor parte de las ocasiones por los más pobres de sus sociedades. Es especialmente grave el caso de los católicos hindúes, objeto de auténticas atrocidades, en especial, en la región de Orissa. La obra social de la Iglesia Católica y de otras iglesias cristianas en la India es ejemplar pero su acción, desarrollada entre los más pobres sin distinción de ninguna clase, constituye, al parecer, un ataque al sistema de castas cuyos más exaltados representantes están dispuestos a impedir mediante el uso de la más atroz violencia.

Las imágenes que recogen la violencia contra los cristianos son impactantes, muerden el alma, pero no se habla de ello. Vivimos en una sociedad muy rara, extraña. Cualquier causa puede ser objeto de una vasta movilización pero esta violencia parece que interesa poco. Se apela a la solidaridad y los medios de comunicación se vuelcan para denunciar e intentar salvar a las crías de foca apaleadas en el Polo Norte, pero los seres humanos apaleados y quemados vivos en la India, por ejemplo, no irrumpen en los telediarios.

Es algo incomprensible. Dirigimos nuestras miradas allí donde enfocan los medios de comunicación que, por alguna razón desconocida, no quieren fijarse, salvo honrosas excepciones, en el sufrimiento y el dolor de tantos seres humanos cuyo delito es profesar una determinada fe. Seguramente, estas personas, héroes de carne y hueso, se conformarían con que se les prestase una décima parte de la sensibilidad y la atención que nuestra sociedad presta a la defensa de los animales. Es así de duro.

Santiago de Munck Loyola

Lujos públicos o camas de hospitales.

Estaba cantado: ni brotes verdes ni cumplimiento del déficit. La Sra. Salgado se ha lucido. Ni como Ministra de Economía, ni como intérprete de la realidad, ni como adivina acertó. Con esos antecedentes uno se lo debería pensar mucho antes de contratar sus servicios profesionales en esa consultoría que acaba de montar saltándose, por cierto, la Ley de Incompatibilidades. Lo cierto es que España no cumplió en 2011 con sus compromisos sobre el déficit y éste ha terminado situándose en el 8,51 %.

Esto significa que para cumplir con el objetivo pactado con la Unión Europea de un déficit del 4,4 % en el año 2012 hay que hacer recortes en las cuentas públicas por valor de 41.000 millones de euros, que se dice pronto. Como ya el nuevo Gobierno realizó ajustes en diciembre del año pasado son 25.000 millones adicionales los que han de recortarse en el gasto público para el año 2012. ¿De dónde sacar estos 25.000 millones de euros? Difícil papeleta.

Si el Gobierno opta por volver a aumentar la presión fiscal incumpliendo sus promesas electorales, el consumo volverá a caer y, con ello, no se hará otra cosa que aumentar el paro y a más paro, más prestaciones sociales y, por tanto, más gasto público. Además, la inmensa mayoría de las familias españolas ya están hasta el cuello, ya no pueden apretarse más el cinturón por lo que no parece que una mayor presión fiscal sirva a medio plazo para mejorar las cuentas públicas. Por tanto, parece que la única opción razonable es la de seguir por la vía de los recortes, de la reducción del gasto público y ahí es donde empiezan los problemas. Hay al menos tres áreas vitales en las que las tijeras de los recortes no deberían entrar: la sanidad, la educación y los servicios sociales. Deberían ser tres pilares intocables para cualquier gobierno salvo que no se asuma que hacerlo es dinamitar la cohesión y la paz social.

Es evidente que para la clase política las prioridades y las necesidades no son las mismas que para la inmensa mayoría de los ciudadanos corrientes y que, por tanto, su percepción sobre lo que puede ser o no prescindible es muy diferente a la del común de los mortales. Sin embargo, o la clase política realiza un esfuerzo por situarse en el lugar de los ciudadanos o éstos terminaremos por poner a la clase política donde no puedan seguir dañando a quienes les sostenemos.

Priorizar los recortes es difícil, a nadie se le escapa, pero hay algunos ejemplos de por dónde se puede ir metiendo la tijera. Las televisiones públicas, las dependientes de comunidades autónomas y ayuntamientos, son un buen ejemplo de áreas perfectamente prescindibles. Su reducción o desaparición no mermarían la calidad de vida de los ciudadanos. En 2011, las televisiones públicas costaron más de 2.000 millones de euros a los contribuyentes y arrastran, además, una deuda superior a los 1.500 millones de euros. Hay Comunidades Autónomas que cuentan con más de 4 canales públicos y simultáneamente están recortando prestaciones sanitarias ¿es lógico? Sin ir muy lejos, Canal 9, cuenta con más empleados que Tele 5, Antena 3 y la Sexta juntas y su nivel de audiencia es mínimo. ¿Tiene sentido mantener a este mastodonte mientras no se paga a los farmacéuticos? ¿Se puede vivir sin canales autonómicos? Sí, sin duda.

Otro caso de áreas públicas prescindibles son las seudo embajadas de las Comunidades Autónomas, esas mini oficinas que, prescindiendo de las competencias exclusivas del estado en materia de representación diplomática, han ido abriendo las CCAA en diferentes ciudades del mundo y que nos cuestan cerca de 200 millones de euros anuales. Hay más de 200 de estos chiringuitos por el mundo e incluso la Generalitat Valenciana cuenta con 23 de ellos mientras tiene dificultades para pagar la calefacción de algún instituto. ¿Es lógico?

Un último ejemplo de un campo en el que poder meter la tijera es el de los asesores y cargos de confianza de los políticos. No, no es el chocolate del loro como piensan algunos. Estamos hablando de varios miles de puestos creados, en la mayoría de las ocasiones, para repescar a políticos rechazados por las urnas, para colocar a compañeros de partido o simplemente a familiares. Que un Ayuntamiento como el de Alicante, con 29 concejales, cuente con cerca de 80 asesores políticos es una vergüenza y una burla a los contribuyentes. ¿Qué ocurre? ¿Qué los concejales electos son unas verdaderas nulidades y necesitan estar asesorados para hacer su trabajo? Porque si es así más vale que se vayan a su casa y dejen a personas más competentes sus tareas. Pero no, no es esa la razón, sino el abuso de los medios públicos para la satisfacción de intereses partidistas o particulares.

Recortar parece que hay que hacerlo, áreas prescindibles para hacerlo sin perjudicar a los ciudadanos también existen. Ahora toca sentido común y decencia.

Santiago de Munck Loyola

Agitprop en marcha.

Para una parte de la izquierda española es inadmisible permanecer fuera de la esfera del poder e inaceptable que el pueblo soberano decida que debe ir a la oposición. A partir de ese momento todo es susceptible de convertirse en arma dialéctica, o más que dialéctica, para socavar o erosionar al nuevo gobernante que, quiera o no, lo sea o no, es presentado ante la opinión pública, ni más ni menos, como fascista. Todo lo que no sea o forme parte de esa izquierda es automáticamente descalificado hasta extremos insospechados: desde el Partido Popular hasta UPyD todo queda englobado en basto término de fascismo.

Estos días estamos asistiendo a una magnífica representación de lo que esta izquierda repartidora de credenciales y de certificados de pedigrí democráticos es capaz de hacer. Con la excusa de los recortes está tomando la calle y en algunos casos de una forma no exclusivamente pacífica. Se engañan quienes piensan que toda esta agitación callejera, las protestas e incluso los incidentes ocurridos son espontáneos. No es así, poco ha quedado a la espontaneidad de los ciudadanos. Se trata de todo un ritual perfectamente estructurado y programado que ya se ha visto en numerosas ocasiones y en distintos países. Hay manipulación de las informaciones, difusión de hechos falsos, se hacen correr imágenes trucadas y bulos en las redes sociales, se provocan intencionadamente incidentes con las fuerzas de seguridad, se asedian y atacan las sedes del partido gobernante y se termina haciendo lo mismo con los domicilios particulares de determinados políticos. Todo vale con tal de lograr en los medios de comunicación y en las calles la relevancia y notoriedad que las urnas han otorgado recientemente. Es un hecho cierto que hasta circulan ya manuales en las redes sociales de cómo actuar para provocar el mayor número posible de incidentes en las calles.

El Gobierno del partido socialista realizó numerosos recortes en su última etapa. ¿Salió alguien a la calle cuando el Sr. Zapatero recortó y eliminó el cheque bebé? No. ¿Se manifestó alguien cuando el gobierno socialista recortó la devolución de los 400 € del IRPF? No. ¿Se montaron algaradas callejeras cuando el anterior gobierno recortó los derechos de los trabajadores aumentando los años de cotización para percibir la pensión? No. ¿Se tomaron las calles cuando el gobierno del que formaba parte Rubalcaba decidió congelar y recortar el poder adquisitivo de los pensionistas? No. ¿Recortar los sueldos de los profesores no era un ataque a la calidad de la educación pública suficientemente relevante como para que los hoy indignados docentes hubiesen salido entonces a la calle? Parece que no. ¿Aumentar las horas dedicadas a la docencia en Andalucía por mandato socialista es bueno y hacerlo en Madrid por mandato del PP es un horror? ¿Qué en seis colegios públicos de Parla, Ayuntamiento socialista, no haya calefacción es motivo para salir a protestar a la calle? No, en Valencia sí, pero en Parla no. Es más que evidente que cierta izquierda subordina su actuación siempre en razón de su distancia ideológica respecto del Gobierno y no al contenido concreto de las medidas que pueda adoptar el mismo. No pasa nada si los recortes los protagoniza el partido socialista, pero si lo hace un gobierno no socialista son inaceptables y, si es preciso, se llama a la rebelión social para tratar de imponer una rectificación a las políticas emanadas de la soberanía popular.

Según cuenta el Diario ABC y nadie ha desmentido al día de hoy, las orquestadas protestas en Valencia se han basado en hechos falsos: El Instituto Luis Vives donde surgió el foco de las protestas, jamás tuvo problemas de calefacción, como cundió en el imaginario popular. Los retrasos en los pagos de la Generalitat no afectaron al suministro eléctrico. Las protestas se han saldado con 43 detenidos. Ocho de ellos menores y otro más cumplió ayer la mayoría de edad. Veinte tienen edades comprendidas entre los 18 y los 23 años. Los catorce restantes tienen entre 24 y 71 años de edad. El cabecilla de la protesta, con 23 años la criatura, todavía anda cursando la FP. Entre el alumnado del citado instituto figuran hijos de los dirigentes de Compromis, marca electoral que, casualmente, está detrás de #primaveravalenciana.

La agitprop se ha puesto en marcha. Sus características son inconfundibles y se perfilan a la perfección en estas jornadas de protesta que se están viviendo en distintas ciudades españolas. Es cierto que puede haber motivos para protestar pero más motivos había hace unos meses y aquí no se meneaba nadie o casi nadie. Ojalá la agitprop se vaya desinflando a medida que su verdadera naturaleza se vaya haciendo más visible y a medida que se eviten respuestas desproporcionadas a las inevitables provocaciones que siempre forman parte de estas estrategias.

Santiago de Munck Loyola

Carrillo y los tiempos del miedo.

Ayer publicó el Diario El País un artículo de Santiago Carrillo titulado ¿Volvemos a los tiempos del miedo? que no tiene desperdicio. Podría pensarse al leer el título que el Sr. Carrillo se estaba refiriendo a los tiempos en los que él era Consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, cuando fueron torturados y asesinados cerca de 5.000 ciudadanos, o a los tiempos de la dictadura franquista cuando las libertades públicas brillaban por su ausencia. Aquellos sí que eran tiempos de miedo, de represión y muerte. Pero no, el Sr. Carrillo que tanto sabe de tiempos de miedo y terror no se estaba refiriendo a esas épocas. Ni mucho menos. Aunque parezca mentira, su artículo se refiere a los días presentes, a estos días en los que las libertades públicas son una realidad palpable.

Trata su artículo sobre las reacciones que la condena por prevaricación del ex juez Garzón ha suscitado en diferentes sectores de la sociedad española y expone sus sentimientos y su versión sobre los mismos. Se pregunta el Sr. Carrillo si los ciudadanos no tenemos derecho a criticar la sentencia de un tribunal o cualquiera de las decisiones de uno de los poderes del Estado a la vista de la defensa que el poder judicial ha realizado sobre la sentencia condenatoria del tribunal Supremo, adoptada por unanimidad, por cierto. Se trata sin duda de una pregunta retórica y con trampa cuya respuesta es evidente: claro que los ciudadanos tenemos derecho a criticar las decisiones judiciales o las económicas o las políticas. Ahora sí podemos hacerlo. En el 36 o en el 75 evidentemente no. Y el mismo derecho que nos asiste conlleva el derecho de las instituciones del Estado a ofrecer su respuesta y su propia crítica a quienes cuestionan las decisiones tomadas al amparo de la Ley.

Continua el Sr. Carrillo afirmando que “de repente se intenta cerrar la boca a los que consideran injusta la condena del juez Garzón”. ¿Si? ¿Qué entiende el Sr. Carrillo por cerrar la boca en la España de las libertades constitucionales? ¿Es cerrar la boca a alguien responderle con argumentos a favor de la sentencia condenatoria? ¿Es cerrar la boca a alguien pedirle, sin amenazas, sin checas ni coacciones que no insulte a los magistrados que con la Ley en la mano han dictado una sentencia? Es evidente que D. Santiago confunde los tiempos y los métodos y que en su afán adorador del ex juez cae en hipérboles impropias de alguien con tanta experiencia, aunque parte de la misma no sea muy edificante. Si el ex juez Garzón se negó en su día a que prosperase una querella contra Carrillo por la matanza de Paracuellos, no hizo más que cumplir la Ley. No necesita el Sr. Carrillo agradecérselo tanto.

Pero donde ya pone la guinda el Sr. Carrillo es en su afirmación de que la corrupción de la política por negociantes como los de la trama Gürtel ha hecho más daño al sistema democrático en España que el lacerante terrorismo de ETA. Semejante afirmación es perfectamente ilustrativa del valor que el Sr. Carrillo otorga a la vida humana y a las libertades públicas. La corrupción de los Gürtel, los Filesas, los ERES, los Roldanes o los Urdangarines por citar sólo algunos ejemplos y de variado pelaje político ha hecho y hace daño al crédito de la clase política, pero no es comparable al irreparable daño ocasionado por ETA. Las vidas segadas nunca se recuperarán, Sr. Carrillo. Comparar la corrupción de ciertos “chorizos” con la ETA es una indignidad y un menosprecio a los 1000 asesinados por la banda etarra. Esta comparación desafortunada evidencia que usar lo que sea con tal de cargarse de razón no vale.

Finaliza el Sr. Carrillo su artículo llamando a la ciudadanía para que se ponga en guardia. Y dice para terminar que hay que impedir que vuelvan los tiempos del miedo y ahí no queda más remedio que darle razón, hay que impedir que vuelvan los tiempos que él mismo representa, tiempos de miedo, de terror y de odio.

Santiago de Munck Loyola

Los sindicatos-patronos pasados de rosca.

Según Pérez Rubalcaba los sindicatos en España no pueden ser  criticados y quien se atreva a ejercer eso que se llama libertad de expresión y haga públicas sus objeciones sobre los sindicatos se le incluye en esa “campaña repugnante” orquestada por el PP contra los pobres sindicalistas. Los sindicatos pueden criticar y opinar sobre todo lo humano y lo divino ¡faltaría más! Pero ¡ay! del que se atreva a poner en tela de juicio algunas de sus actitudes o comportamientos. Lo lleva claro.

Que los líderes sindicales critiquen y reprueben la reforma laboral emprendida por el nuevo gobierno es lo normal y  lo que se esperaba, como también lo es que sean mucho más duros con este Gobierno que con el anterior. Su trayectoria durante los últimos años es de sobra conocida y, por tanto, sus reacciones son más que previsibles. Siempre que el PSOE se encuentra en situación de debilidad, y no sólo de debilidad parlamentaria, los sindicatos CCOO y UGT han sabido suplir esa debilidad para convertirse en catalizadores del descontento popular. Al contrario, cuando el descontento y el desencanto se han extendido gobernando el partido socialista los sindicatos mayoritarios han servido de eficaces anestésicos sociales.

Del mismo modo que la acción de gobierno es y debe ser objeto de legítimas críticas, la actuación de los sindicatos también puede serlo y sin que por ello se esté incurriendo en ningún tipo de “repugnante campaña”, cuya existencia sólo puede tener cabida en la mente de quienes no tiene la conciencia muy tranquila a la vista de los resultados obtenidos tras su paso por el gobierno.

Dejando al margen el papel constitucional atribuido a los sindicatos, que nadie discute, sí que hay una serie de cuestiones que pueden ser criticadas públicamente. De una parte parece criticable el doble papel que, tanto UGT como CCOO, desempeñan en tanto que organizaciones sindicales y empresarios simultáneamente. Es francamente difícil mantener un mínimo de credibilidad cuando, en tanto que organizaciones sindicales, se oponen duramente a cualquier iniciativa legislativa que suponga una limitación o recorte de los derechos de los trabajadores y al mismo tiempo, en cuanto que empresarios, se aprestan a aplicar esas normas en los despidos o regulaciones de empleo de sus propios empleados. No hay que olvidar que entre CCOO y UGT cuentan con más de 5.200 empleados a través de más de 100 sociedades que se dedican a diversas actividades como el comercio al por menor y de materias agrícolas, a servicios financieros, a la gestión de fondos de pensiones, a la enseñanza o al alquiler inmobiliario. Despidos, ERES y toda clase de incidencias, como en las empresas de la CEOE, y aplicando en los últimos casos despidos con indemnizaciones de 20 días por año trabajado. Esa doble personalidad de sindicatos – patronos conduce inevitablemente a la incoherencia entre lo que se predica y lo que se practica y, por tanto, a la pérdida de credibilidad.

De otra parte, también es criticable la opacidad y la falta de transparencia en cuanto a la financiación de los sindicatos y organizaciones empresariales. Tan sólo el recorte del 20% de las subvenciones destinadas a sindicatos y patronales anunciado el pasado 30 de diciembre supuso un ahorro de 55 millones de euros para las arcas públicas. A estos 275 millones de euros anuales de subvenciones estatales, compartidos con las organizaciones empresariales hay que añadir las autonómicas y las locales, cantidad imposible de conocer. Súmese el coste de los “liberados sindicales”, que es un pago en especie para los sindicatos, los ingresos derivados de las empresas y entidades participadas al 100 % por los sindicatos, las comisiones que se llevan por cada ERE, los beneficios de las operaciones inmobiliarias promovidas por las cooperativas sindicales, los ingresos por cuotas sindicales (los menos) y podrá hacerse una idea del volumen económico de los sindicatos mayoritarios, pero sólo una idea aproximada porque no obtendrá de ellos unas cuentas exactas y transparentes de lo que su dedicación a la defensa de los derechos de los trabajadores supone en euros contantes y sonantes.

Y sin irse tan lejos y tan alto para encontrar motivos de crítica a la actitud de los sindicatos, basta que uno mire a su alrededor, en su propia empresa, y los podrá encontrar. Cuando en una pequeña empresa los representantes sindicales se toman mecánicamente las 15 horas mensuales para la realización de supuestas labores sindicales y se niegan, con el amparo de la UGT comarcal, a explicar a sus propios compañeros, a los que se supone que representan, a qué dedican esas horas, realmente algo huele muy mal. Ejemplos cercanos no faltan y sólo sirven para restar credibilidad a unas organizaciones necesarias, pero ciertamente “pasadas de rosca”.

Santiago de Munck Loyola.

Traducir las palabras de Fabra en hechos.

Loables las palabras de Alberto Fabra, Presidente de la Generalitat Valenciana y del PPCV, en su discurso de presentación de la ponencia sobre los Estatutos en el Congreso Nacional del Partido Popular. Lástima que muchos dirigentes del PPCV estuviesen ausentes o llegasen ostentosamente tarde durante su intervención. Palabras autocríticas, exigentes y fácilmente contrastables con una realidad más bien alejada del contenido y tono del discurso. “No debemos dar margen a otro comportamiento que no sea el de la máxima corrección, la máxima ejemplaridad, la máxima transparencia. Un comportamiento que se refleja en una militancia recta, con principios, y en una generación de jóvenes que tienen muchas ganas de trabajar por este gran proyecto común que es España. Pero no sólo debemos ser honestos, también debemos parecerlo,” señaló Alberto Fabra en una parte de su discurso. ¿Los suscribe todo el mundo en el Partido Popular?

Hablar de máxima ejemplaridad requiere adoptar de forma inmediata medidas concretas, sin paños calientes y sin excusas posibles. A estas horas, debería haber sido cesado o haber dimitido D. Tomás Burgos, Secretario de Estado de la Seguridad Social por haber mentido desde hace años sobre su curriculum vitae. Durante tres legislaturas en el Congreso de los Diputados, el flamante Secretario de Estado ha permitido cuando menos que en su curriculum oficial le fuese atribuido el título de licenciado en medicina sin serlo. No caben excusas posibles, que no se ha enterado, que no lo escribió él o que se trata de un simple error administrativo. No, el Sr. Burgos ha sido pillado con “las manos en la masa” y la máxima ejemplaridad requiere y exige un cese fulminante. Tres legislaturas engañando con un curriculum falso son muchas legislaturas aprovechándose de un escaño para el que posiblemente no habría sido seleccionado de no haber “tuneado” convenientemente su perfil profesional. D. Tomás ¡a la calle!

“Un comportamiento que se refleja en una militancia recta, con principios,…” Con principios, sí señor, principios y militancia a los que ha venido ofendiendo sin retractarse públicamente al día de hoy la también Secretaria de Estado, D.ª Carmen Vela Olmo, la zapaterista y amiga del Ministro De guindos; militancia recta y con principios a la que la presencia y ocupación de tan alto cargo público por una arribista, chaquetera y tránsfuga ideológica como la Sra. Carmen Vela Olmo ofende profundamente; militancia recta y con principios a la que el Partido Popular ofende innecesariamente por la obstinación de mantener en el puesto a semejante fichaje sin más razones para ello que las que puedan derivarse de su amistad o influencias con el Sr. De Guindos. Los principios no están par pasearlos por los Congresos, sino para ponerlos en práctica día a día. D.ª Carmen ¡a la calle!

“La fuerza del PP se encuentra en su base, escuchémosla” dice el Sr. Fabra en otro momento del discurso. Y uno no tiene más remedio que preguntarse: ¿se lo hará saber al Presidente Local de Alicante, por ejemplo? Mal se puede escuchar a la base de un partido cuando se impide a los afiliados del mismo ejercer sus derechos de participación política en el mismo Congreso nacional, tal y como ha ocurrido en la ciudad de Alicante en la que la unos cuantos, saltándose los estatutos, se han repartido los puestos de compromisarios alegremente.

Las buenas intenciones, las frases grandilocuentes, los bonitos discursos de nada valen si no se acompañan de hechos concretos, de decisiones valientes que permitan concordar realidades con principios. Recojo aquí tres casos concretos que requieren algo más que palabras porque, de lo contrario, la credibilidad del Sr. Fabra podría quedar como la solvencia económica de la Generalitat: de pena.

Santiago de Munck Loyola

Menta.

Va a hacer casi tres meses que Menta, nuestra perra, ya no está con nosotros y la seguimos echando de menos. Son constantes los momentos del día o simples gestos que inevitablemente asociamos a su presencia: al entrar en casa porque se acercaba a la puerta a recibirnos, al salir porque protestaba un poco al dejarla sola y se asomaba a la ventana para vernos marchar, al comer cuando inconscientemente seguimos retirando parte de la comida para dársela o al levantarme de la cama porque siempre dormía en el suelo, a mi lado.

Ha estado trece años con la familia y llegó a formar parte de ella. La recogimos una mañana de invierno, fría y soleada, en un criadero de Albacete, junto al Bar “seis hermanos”. Era un cachorro de tres meses gordito y precioso. Llegamos a casa y nuestros nietos decidieron llamarla “Menta”. Cuando tenía seis meses se puso muy enferma, parece que algún desaprensivo, alguno de esos vecinos que nunca querríamos tener por tales, le había echado comida envenenada al jardín en el que pasaba gran parte del día y del que ya no quedaba gran cosa. Estuvo varios días ingresada por las graves quemaduras que tenía en el esófago, pero consiguió salir adelante.

Era una perra preciosa aunque es posible que no fuera muy lista. Le costó mucho aprender algunas órdenes básicas: sentarse, tumbarse o permanecer quieta a la espera. Nunca consiguió aprender a marchar al paso a pesar de los largos paseos que dábamos, siempre iba tirando en exceso de la correa. Sin embargo era muy buena, sobre todo con los niños a los que consentía cualquier maldad infantil. Comía poco, el pienso no le hacía mucha gracia, pero le encantaba probar cualquier cosa que comiésemos nosotros, entre las que llamaba la atención su afición por las uvas, el melón o la sandía.

Tenía sus manías y sus rarezas que se fueron acentuando a medida que se fue haciendo vieja. Aullaba cuando escuchaba la Primavera de Vivaldi. Seguía a Toñi, mi mujer, por todos los rincones de la casa sin dejar de vigilarla. Le gustaba subirse al sofá cuando no estábamos en casa o cuando creía que estábamos durmiendo. Y no soportaba a los gatos. Durante los últimos meses de su vida tenía serias dificultades para andar, sus patas traseras fallaban y sin embargo si cambiaba de habitación en la casa ella venía detrás y se tumbaba cerca.

Tener un perro y más si es grande, como es el caso, exige sacrificios y especialmente cuando se trata de organizar las vacaciones familiares. Tras probar a dejarla en una ocasión en una residencia canina, renunciamos a repetir la experiencia visto el mal resultado: salió “en los huesos” porque prácticamente no comió durante nuestra ausencia. Así que no nos quedó más remedio que organizarnos de forma que siempre se quedase con ella alguien de la familia. Aún así, cada vez que veía que preparábamos una maleta se ponía histérica, ladrando y dando vueltas alrededor de la misma. Siempre que era posible viajaba con nosotros.

La echamos de menos. Yo la sigo echando de menos. Parece increíble como un animal puede llegar a formar parte de nuestras vidas, de nuestras familias. Hoy me he acordado especialmente de ella al leer que algunas personas son capaces de echar a sus perros de sus casas, de sus vidas, por no pagar una tasa municipal. No lo puedo entender. Pobres perros por haber tenido la desgracia de tocarles amos tan mezquinos. Una cosa es segura, esos supuestos amantes de los animales no lo son y no se merecen la suerte de tener un perro.

Gracias Menta por habernos dado tanto.

Santiago de Munck Loyola

Un curriculum falso más.

Existe un verdadero abismo entre la vida normal y corriente de los ciudadanos y la de los que pertenecen a la clase política. Las prácticas habituales en la vida diaria de la gente no tienen paralelismo alguno en las del mundo político. Si un ciudadano miente en su curriculum o lo falsea adornándolo en exceso y es descubierto por sus jefes lo más seguro es que lo pongan de “patitas” en la calle. Sin embargo, cuando es un político el que miente en su curriculum en España no pasa nada. No así en otros países de nuestro entorno en los que ese tipo de mentiras resulta inaceptable. No hace mucho un ministro alemán presentó su dimisión tras hacerse públicos ciertos datos inexactos sobre su curriculum. Pero España, hasta en eso, es diferente.

El último en entrar en el indecente club de los mentirosos curriculares ha sido el flamante Secretario de Estado de la Seguridad Social D. Tomás Burgos quien, ni corto, ni perezoso, se hacía pasar por médico. Y ahí sigue, en su puesto, sin presentar la dimisión y sin ser cesado fulminantemente que son las dos únicas salidas razonables para una falsedad semejante sea cometida intencionadamente o por error, como se suele argumentar en defensa de los falseadores curriculares.

Esta práctica de falsear, mentir o embellecer hasta límites insospechados los currícula no es algo nuevo. Tiene una larga tradición en nuestra democracia. Ya en tiempos de la transición D. Alfonso Guerra se presentaba como ingeniero y licenciado en filosofía cuando sólo contaba con la titulación de perito industrial, por muy “instruido” que estuviese el Sr. Vicepresidente de Felipe González.

Todo el mundo recuerda a D. Luis Roldán, Director de la Guardia Civil y máximo exponente de la corrupción felipista, que se hacía pasar por economista y que a punto estuvo de ser nombrado ministro de Interior. Más recientemente tenemos el caso de la Vicepresidenta del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, Dª Juana Ortega que fue pillada luciendo una titulación de Licenciada en Psicología sin haber acabado los estudios y ahí sigue tan fresca. Y por las mismas tierras anda Dª Carmen Chacón que exhibía un doctorado nunca alcanzado, lo que no ha sido obstáculo para que la misma haya estado acusando a sus rivales de mentir en medio de su campaña por alzarse con la Secretaría general del PSOE. Hasta Dª Leire Pajin, ese prodigio intelectual y augur de acontecimientos planetarios, también miente en su curriculum en que puede leerse que "fue claustral y miembro de la Junta de la Facultad de Económicas y Sociología de la Universidad de Alicante", Facultad que no existe. Ya su predecesor en el Ministerio de Sanidad y conmilitón alicantino, D. Bernat Soria, también falseó su curriculum.

Otros políticos adornan su curriculum de modo que de su rápida lectura puedan deducirse conclusiones erróneas. Algunos señalan que han cursado estudios en una determinada carrera, como si matricularse en una carrera o en algunas asignaturas, sin aprobarlas, ya fuera un mérito digno de exhibición curricular. A lo mejor no han salido del bar de la facultad, pero no importa, se pone en el curriculum y en paz, que eso de los estudios universitarios viste mucho, aunque el interesado sea un indigente intelectual. Es el caso de D. José Montilla o de D. José Blanco, ambos Ministros de Zapatero, o el de D. Patxi López, Presidente autonómico vasco. Dª Elena Valenciano, mano derecha Rubalcaba, acaba de tener dificultades para explicar ciertas exageraciones en su curriculum.

Y si el afectado resulta que era un esforzado comerciante, vendedor de baterías y accesorios para automóviles, y gracias a ciertos enchufes se convierte en diputado autonómico del Partido Popular en Madrid, como D. José Cabrera Orellana, pues pasa a ser “técnico en Desarrollo Comercial. Especialista en Mercado Internacional del Sector de Automoción” que viste mucho más, ¡dónde va a parar!

Cualquier caso como el de los anteriores, en el ámbito de la empresa privada habría supuesto un fulminante despido y sin indemnización. Pero no ocurre así en el mundo de la clase política. Parece que aquí el corporativismo funciona como una regla de oro: hoy por ti, mañana por mí. Da igual el partido de que se trate, todos siguen la misma regla. Sin embargo, esta actitud sólo contribuye a empeorar la imagen de la clase política y a incrementar su desprestigio. Los mentirosos curriculares son unos acomplejados incapaces de presentarse con su trayectoria vital real y, por tanto, no son de fiar. Y los que los mantienen en sus puestos una vez conocidas sus falsedades son sus cómplices y, por tanto, tampoco son de fiar. Con los mentirosos curriculares y sus cómplices o encubridores, tolerancia cero: a su p…. casa y sin indemnización alguna.

Santiago de Munck Loyola

Los afiliados del PP de la ciudad de Alicante sin representación legítima en el Congreso Nacional.

Los afiliados del Partido Popular tienen establecidos a través de los Estatutos del Partido diversos cauces para participar en la vida política interna y hacer realidad la tan manoseada, a veces, democracia interna. Bien es cierto que estos cauces se manifiestan en muchas ocasiones como demasiado estrechos y que, en todo caso, son manifiestamente mejorables, sobre todo considerando las dificultades que encierra el tamaño de una organización política con más de 500.000 afiliados. Dentro de unos días se va a celebrar el XVII Congreso Nacional del Partido Popular en Sevilla. Al mismo asistirán 3.100 compromisarios que representan al conjunto de los afiliados populares. A través de una serie de procedimientos se asignan el número de compromisarios que representan a cada sede local valorándose la cantidad de afiliados en la misma y los resultados electorales obtenidos. Cada sede local remite una carta a sus afiliados anunciándoles la apertura del plazo para que todo aquel que lo desee presente su candidatura para ser compromisario. Si hay más candidatos que puestos de compromisarios se celebran elecciones internas, en caso contrario se proclaman compromisarios a los candidatos sin necesidad de votación. Hasta ahí todo normal.

Así se viene haciendo y se hace en todas las sedes locales. ¿En todas? Parece que no en todas. En la ciudad de Alicante no es así. Aunque parezca increíble, los responsables del PP de la ciudad de Alicante se han cuidado mucho para no escribir a los afiliados, para no remitirles las normas para que pudieran presentar su candidatura a compromisarios. Y como no ha habido, evidentemente, más candidatos que puestos un grupito se ha autoproclamado compromisarios del PP por la ciudad de Alicante. “Yo me lo guiso, yo me lo como” y a la democracia interna que le den. A los afiliados se les escribe para que sean apoderados o interventores cuando hay elecciones, o se les envía SMS para que acudan a los actos de campaña, pero cuando se trata de que puedan ejercer sus derechos de participación se les ignora olímpicamente, que se busquen la vida. A ello hay que añadir la circunstancia de que sólo los compromisarios pueden presentar enmiendas a las ponencias del Congreso por lo que los afiliados populares de la ciudad de Alicante se han quedado fuera del Congreso Nacional del PP. Y a todo ello, el responsable de este atropello a la democracia interna, el Presidente Local, no se digna ni a contestar a los escritos que por registro se le remiten.

Dicen que el papel lo aguanta todo y parece que es verdad. Fíjense lo que dicen los Estatutos Nacionales del Partido Popular:

Objetivos señalados en el preámbulo:

7.- Reforzar la democracia interna del Partido y dar mayor transparencia al proceso de elección del Presidente.

ARTÍCULO 2: Ideología.

“…promueve, dentro de una economía de mercado, la solidaridad territorial, la modernización y la cohesión social así como la igualdad de oportunidades y el protagonismo de la sociedad a través de la participación de los ciudadanos en la vida política”.

ARTÍCULO 6: Derechos de los militantes.

a) Participar activamente en la elaboración y adopción de las resoluciones y programas del Partido mediante la libre expresión y defensa de sus opiniones en el ejercicio del debate interno a través de los cauces que estatutaria y reglamentariamente se establezcan.

b) Elegir y ser elegido compromisario para asistir con voz y voto a los Congresos del Partido.

Lo cierto es que los autoproclamados compromisarios del PP de la ciudad de Alicante en el Congreso de Sevilla carecen de legitimidad democrática para estar allí. Sólo se representan a si mismos y a un modo de hacer política repudiable. Vistos los Estatutos Nacionales del Partido Popular no queda más remedio que deducir que cualquier parecido con la realidad del PP de la ciudad de Alicante es pura coincidencia. ¿No debería dimitir alguien?

Santiago de Munck Loyola

Con dinero público, sueldos públicos.

Por mucho que se intente, suceden cosas a diario que escapan a la lógica más elemental y que no se comprenden. En los últimos días, con ocasión de los recortes que el nuevo Gobierno está aprobando se han hecho públicas las retribuciones que perciben algunos presentadores de RTVE a las que, al parecer, se va a meter un tijeretazo de un 25 % para gran disgusto de los afectados. Recorte que, por cierto, se nos vende como una gran medida cuando en realidad es claramente insuficiente. Mientras que los sueldos medios de los empleados de RTVE rondan los 44.000 € anuales, resulta que algunos distinguidos profesionales de la Casa cobran medio millón de euros al año como Mariló Montero o Jordi Hurtado. Otras presentadoras de RTVE como Pepa Bueno 250.000 €, Ana Blanco 240.000 € y Ana Pastor más de 175.000 € anuales. Poco o nada habría que objetar si RTVE fuese una empresa privada sin financiación pública alguna, pero no es así. RTVE sobrevive gracias al dinero de los contribuyentes, es decir, para que todos estos ilustres personajes televisivos cobren esos sueldos a usted, a mí y a todos los contribuyentes de este país nos lo detraen de nuestras modestas nóminas o de otros impuestos que nos gravan hasta el pan que comemos. Y, por si fuera poco, los directivos de esa Casa Pública, cuyos sueldos no han sido desvelados pero que son fácilmente imaginables, cuentan con coches oficiales porque, al parecer, o no tienen transporte privado, los pobrecitos, o no quieren usar el transporte público mezclándose con el vulgo de cuyos impuestos cobran. Si esto ocurre en la Televisión del Estado y conociendo el despilfarro de las autonomías, imagínese estimado lector lo que debe suceder en las televisiones autonómicas.

El caso de RTVE no un caso aislado en cuanto a la forma de gestionar el dinero de los contribuyentes. Un ejemplo más: RENFE. Los actuales once directivos de esta empresa pública perciben anualmente una media de 140.000 euros en concepto de remuneraciones. 140.000 euros al año mientras que el Presidente del Gobierno tiene un sueldo cercano a los 80.000 euros anuales. Surrealista. RENFE es también, como todo el mundo sabe una empresa pública, sostenida mayoritariamente con los impuestos de los ciudadanos. Imaginemos por un momento lo que debe estar ocurriendo también en las centenares de empresas públicas estatales o autonómicas en las que, por cierto, la transparencia de las retribuciones de sus directivos deja mucho que desear.

El nuevo Gobierno ha adoptado medidas concretas recortando retribuciones en el sector público que han alcanzado también a las entidades financieras que reciben ayudas públicas. Con ser loable esta voluntad de austeridad, el problema de los abusos en las remuneraciones con origen en el dinero público no se ha abordado ni resuelto de forma general. Hasta ahora se han puesto parches, pero el problema sigue ahí, falta un principio general que se traduzca en una norma de obligado cumplimiento en todo el sector público y en el sector privado que usa del dinero público a través de ayudas o subvenciones.

No se puede obviar que en las economías occidentales el uso de las subvenciones públicas para ayudar e impulsar la actividad del sector privado es una práctica generalizada. Pocos son los sectores económicos en los que no llegan ayudas públicas, beneficios fiscales o directamente subvenciones. Diferentes fórmulas que tienen un denominador común: el presupuesto público y, por tanto, una incidencia directa en los que los contribuyentes deben cotizar. No tiene sentido que haya empresas privadas, por muy estratégicas que sean, cuyas fuentes de ingresos se nutran principalmente de subvenciones públicas y que sus directivos perciban salarios muy por encima de los que percibirían en una administración pública. Tampoco tiene sentido que las empresas reciban ayudas o beneficios por contratar, pagando menos por ejemplo a la seguridad social, o cuando aprueban un ERE o jubilaciones anticipadas mientras en el seno de las mismas se estén percibiendo salarios muy superiores a los del sector público. Cada euro que esas empresas reciben de las administraciones públicas o cada euro que dejan de abonar salen del bolsillo de los contribuyentes.

Por tanto, si se quiere acabar de verdad con estos abusos es preciso aplicar un principio claro y único: con dinero público, salarios públicos. Tanto en las empresas públicas, como en las empresas privadas que perciben ayudas públicas las retribuciones no deberían superar las máximas que se perciben en las administraciones públicas. Y al que no le convenga que deje el puesto que seguro que habrá alguien con, al menos, tanta preparación como la suya para desempeñarlo y dispuesto a hacerlo con un salario público. Pero este abuso del dinero público debe acabarse ya porque no se trata de “el chocolate del loro”, no. Se trata de tanto dinero como el que va a recaudar ahora el estado con la subida del IRPF. Si hay lo que hay que tener para acometer una reforma laboral como la que se acaba de aprobar, debe haber lo mismo para administrar correctamente el dinero de los contribuyentes y acabar con la prodigalidad en el manejo del dinero de todos.

Santiago de Munck Loyola