Los sindicatos-patronos pasados de rosca.

Según Pérez Rubalcaba los sindicatos en España no pueden ser  criticados y quien se atreva a ejercer eso que se llama libertad de expresión y haga públicas sus objeciones sobre los sindicatos se le incluye en esa “campaña repugnante” orquestada por el PP contra los pobres sindicalistas. Los sindicatos pueden criticar y opinar sobre todo lo humano y lo divino ¡faltaría más! Pero ¡ay! del que se atreva a poner en tela de juicio algunas de sus actitudes o comportamientos. Lo lleva claro.

Que los líderes sindicales critiquen y reprueben la reforma laboral emprendida por el nuevo gobierno es lo normal y  lo que se esperaba, como también lo es que sean mucho más duros con este Gobierno que con el anterior. Su trayectoria durante los últimos años es de sobra conocida y, por tanto, sus reacciones son más que previsibles. Siempre que el PSOE se encuentra en situación de debilidad, y no sólo de debilidad parlamentaria, los sindicatos CCOO y UGT han sabido suplir esa debilidad para convertirse en catalizadores del descontento popular. Al contrario, cuando el descontento y el desencanto se han extendido gobernando el partido socialista los sindicatos mayoritarios han servido de eficaces anestésicos sociales.

Del mismo modo que la acción de gobierno es y debe ser objeto de legítimas críticas, la actuación de los sindicatos también puede serlo y sin que por ello se esté incurriendo en ningún tipo de “repugnante campaña”, cuya existencia sólo puede tener cabida en la mente de quienes no tiene la conciencia muy tranquila a la vista de los resultados obtenidos tras su paso por el gobierno.

Dejando al margen el papel constitucional atribuido a los sindicatos, que nadie discute, sí que hay una serie de cuestiones que pueden ser criticadas públicamente. De una parte parece criticable el doble papel que, tanto UGT como CCOO, desempeñan en tanto que organizaciones sindicales y empresarios simultáneamente. Es francamente difícil mantener un mínimo de credibilidad cuando, en tanto que organizaciones sindicales, se oponen duramente a cualquier iniciativa legislativa que suponga una limitación o recorte de los derechos de los trabajadores y al mismo tiempo, en cuanto que empresarios, se aprestan a aplicar esas normas en los despidos o regulaciones de empleo de sus propios empleados. No hay que olvidar que entre CCOO y UGT cuentan con más de 5.200 empleados a través de más de 100 sociedades que se dedican a diversas actividades como el comercio al por menor y de materias agrícolas, a servicios financieros, a la gestión de fondos de pensiones, a la enseñanza o al alquiler inmobiliario. Despidos, ERES y toda clase de incidencias, como en las empresas de la CEOE, y aplicando en los últimos casos despidos con indemnizaciones de 20 días por año trabajado. Esa doble personalidad de sindicatos – patronos conduce inevitablemente a la incoherencia entre lo que se predica y lo que se practica y, por tanto, a la pérdida de credibilidad.

De otra parte, también es criticable la opacidad y la falta de transparencia en cuanto a la financiación de los sindicatos y organizaciones empresariales. Tan sólo el recorte del 20% de las subvenciones destinadas a sindicatos y patronales anunciado el pasado 30 de diciembre supuso un ahorro de 55 millones de euros para las arcas públicas. A estos 275 millones de euros anuales de subvenciones estatales, compartidos con las organizaciones empresariales hay que añadir las autonómicas y las locales, cantidad imposible de conocer. Súmese el coste de los “liberados sindicales”, que es un pago en especie para los sindicatos, los ingresos derivados de las empresas y entidades participadas al 100 % por los sindicatos, las comisiones que se llevan por cada ERE, los beneficios de las operaciones inmobiliarias promovidas por las cooperativas sindicales, los ingresos por cuotas sindicales (los menos) y podrá hacerse una idea del volumen económico de los sindicatos mayoritarios, pero sólo una idea aproximada porque no obtendrá de ellos unas cuentas exactas y transparentes de lo que su dedicación a la defensa de los derechos de los trabajadores supone en euros contantes y sonantes.

Y sin irse tan lejos y tan alto para encontrar motivos de crítica a la actitud de los sindicatos, basta que uno mire a su alrededor, en su propia empresa, y los podrá encontrar. Cuando en una pequeña empresa los representantes sindicales se toman mecánicamente las 15 horas mensuales para la realización de supuestas labores sindicales y se niegan, con el amparo de la UGT comarcal, a explicar a sus propios compañeros, a los que se supone que representan, a qué dedican esas horas, realmente algo huele muy mal. Ejemplos cercanos no faltan y sólo sirven para restar credibilidad a unas organizaciones necesarias, pero ciertamente “pasadas de rosca”.

Santiago de Munck Loyola.

Traducir las palabras de Fabra en hechos.

Loables las palabras de Alberto Fabra, Presidente de la Generalitat Valenciana y del PPCV, en su discurso de presentación de la ponencia sobre los Estatutos en el Congreso Nacional del Partido Popular. Lástima que muchos dirigentes del PPCV estuviesen ausentes o llegasen ostentosamente tarde durante su intervención. Palabras autocríticas, exigentes y fácilmente contrastables con una realidad más bien alejada del contenido y tono del discurso. “No debemos dar margen a otro comportamiento que no sea el de la máxima corrección, la máxima ejemplaridad, la máxima transparencia. Un comportamiento que se refleja en una militancia recta, con principios, y en una generación de jóvenes que tienen muchas ganas de trabajar por este gran proyecto común que es España. Pero no sólo debemos ser honestos, también debemos parecerlo,” señaló Alberto Fabra en una parte de su discurso. ¿Los suscribe todo el mundo en el Partido Popular?

Hablar de máxima ejemplaridad requiere adoptar de forma inmediata medidas concretas, sin paños calientes y sin excusas posibles. A estas horas, debería haber sido cesado o haber dimitido D. Tomás Burgos, Secretario de Estado de la Seguridad Social por haber mentido desde hace años sobre su curriculum vitae. Durante tres legislaturas en el Congreso de los Diputados, el flamante Secretario de Estado ha permitido cuando menos que en su curriculum oficial le fuese atribuido el título de licenciado en medicina sin serlo. No caben excusas posibles, que no se ha enterado, que no lo escribió él o que se trata de un simple error administrativo. No, el Sr. Burgos ha sido pillado con “las manos en la masa” y la máxima ejemplaridad requiere y exige un cese fulminante. Tres legislaturas engañando con un curriculum falso son muchas legislaturas aprovechándose de un escaño para el que posiblemente no habría sido seleccionado de no haber “tuneado” convenientemente su perfil profesional. D. Tomás ¡a la calle!

“Un comportamiento que se refleja en una militancia recta, con principios,…” Con principios, sí señor, principios y militancia a los que ha venido ofendiendo sin retractarse públicamente al día de hoy la también Secretaria de Estado, D.ª Carmen Vela Olmo, la zapaterista y amiga del Ministro De guindos; militancia recta y con principios a la que la presencia y ocupación de tan alto cargo público por una arribista, chaquetera y tránsfuga ideológica como la Sra. Carmen Vela Olmo ofende profundamente; militancia recta y con principios a la que el Partido Popular ofende innecesariamente por la obstinación de mantener en el puesto a semejante fichaje sin más razones para ello que las que puedan derivarse de su amistad o influencias con el Sr. De Guindos. Los principios no están par pasearlos por los Congresos, sino para ponerlos en práctica día a día. D.ª Carmen ¡a la calle!

“La fuerza del PP se encuentra en su base, escuchémosla” dice el Sr. Fabra en otro momento del discurso. Y uno no tiene más remedio que preguntarse: ¿se lo hará saber al Presidente Local de Alicante, por ejemplo? Mal se puede escuchar a la base de un partido cuando se impide a los afiliados del mismo ejercer sus derechos de participación política en el mismo Congreso nacional, tal y como ha ocurrido en la ciudad de Alicante en la que la unos cuantos, saltándose los estatutos, se han repartido los puestos de compromisarios alegremente.

Las buenas intenciones, las frases grandilocuentes, los bonitos discursos de nada valen si no se acompañan de hechos concretos, de decisiones valientes que permitan concordar realidades con principios. Recojo aquí tres casos concretos que requieren algo más que palabras porque, de lo contrario, la credibilidad del Sr. Fabra podría quedar como la solvencia económica de la Generalitat: de pena.

Santiago de Munck Loyola

Menta.

Va a hacer casi tres meses que Menta, nuestra perra, ya no está con nosotros y la seguimos echando de menos. Son constantes los momentos del día o simples gestos que inevitablemente asociamos a su presencia: al entrar en casa porque se acercaba a la puerta a recibirnos, al salir porque protestaba un poco al dejarla sola y se asomaba a la ventana para vernos marchar, al comer cuando inconscientemente seguimos retirando parte de la comida para dársela o al levantarme de la cama porque siempre dormía en el suelo, a mi lado.

Ha estado trece años con la familia y llegó a formar parte de ella. La recogimos una mañana de invierno, fría y soleada, en un criadero de Albacete, junto al Bar “seis hermanos”. Era un cachorro de tres meses gordito y precioso. Llegamos a casa y nuestros nietos decidieron llamarla “Menta”. Cuando tenía seis meses se puso muy enferma, parece que algún desaprensivo, alguno de esos vecinos que nunca querríamos tener por tales, le había echado comida envenenada al jardín en el que pasaba gran parte del día y del que ya no quedaba gran cosa. Estuvo varios días ingresada por las graves quemaduras que tenía en el esófago, pero consiguió salir adelante.

Era una perra preciosa aunque es posible que no fuera muy lista. Le costó mucho aprender algunas órdenes básicas: sentarse, tumbarse o permanecer quieta a la espera. Nunca consiguió aprender a marchar al paso a pesar de los largos paseos que dábamos, siempre iba tirando en exceso de la correa. Sin embargo era muy buena, sobre todo con los niños a los que consentía cualquier maldad infantil. Comía poco, el pienso no le hacía mucha gracia, pero le encantaba probar cualquier cosa que comiésemos nosotros, entre las que llamaba la atención su afición por las uvas, el melón o la sandía.

Tenía sus manías y sus rarezas que se fueron acentuando a medida que se fue haciendo vieja. Aullaba cuando escuchaba la Primavera de Vivaldi. Seguía a Toñi, mi mujer, por todos los rincones de la casa sin dejar de vigilarla. Le gustaba subirse al sofá cuando no estábamos en casa o cuando creía que estábamos durmiendo. Y no soportaba a los gatos. Durante los últimos meses de su vida tenía serias dificultades para andar, sus patas traseras fallaban y sin embargo si cambiaba de habitación en la casa ella venía detrás y se tumbaba cerca.

Tener un perro y más si es grande, como es el caso, exige sacrificios y especialmente cuando se trata de organizar las vacaciones familiares. Tras probar a dejarla en una ocasión en una residencia canina, renunciamos a repetir la experiencia visto el mal resultado: salió “en los huesos” porque prácticamente no comió durante nuestra ausencia. Así que no nos quedó más remedio que organizarnos de forma que siempre se quedase con ella alguien de la familia. Aún así, cada vez que veía que preparábamos una maleta se ponía histérica, ladrando y dando vueltas alrededor de la misma. Siempre que era posible viajaba con nosotros.

La echamos de menos. Yo la sigo echando de menos. Parece increíble como un animal puede llegar a formar parte de nuestras vidas, de nuestras familias. Hoy me he acordado especialmente de ella al leer que algunas personas son capaces de echar a sus perros de sus casas, de sus vidas, por no pagar una tasa municipal. No lo puedo entender. Pobres perros por haber tenido la desgracia de tocarles amos tan mezquinos. Una cosa es segura, esos supuestos amantes de los animales no lo son y no se merecen la suerte de tener un perro.

Gracias Menta por habernos dado tanto.

Santiago de Munck Loyola

Un curriculum falso más.

Existe un verdadero abismo entre la vida normal y corriente de los ciudadanos y la de los que pertenecen a la clase política. Las prácticas habituales en la vida diaria de la gente no tienen paralelismo alguno en las del mundo político. Si un ciudadano miente en su curriculum o lo falsea adornándolo en exceso y es descubierto por sus jefes lo más seguro es que lo pongan de “patitas” en la calle. Sin embargo, cuando es un político el que miente en su curriculum en España no pasa nada. No así en otros países de nuestro entorno en los que ese tipo de mentiras resulta inaceptable. No hace mucho un ministro alemán presentó su dimisión tras hacerse públicos ciertos datos inexactos sobre su curriculum. Pero España, hasta en eso, es diferente.

El último en entrar en el indecente club de los mentirosos curriculares ha sido el flamante Secretario de Estado de la Seguridad Social D. Tomás Burgos quien, ni corto, ni perezoso, se hacía pasar por médico. Y ahí sigue, en su puesto, sin presentar la dimisión y sin ser cesado fulminantemente que son las dos únicas salidas razonables para una falsedad semejante sea cometida intencionadamente o por error, como se suele argumentar en defensa de los falseadores curriculares.

Esta práctica de falsear, mentir o embellecer hasta límites insospechados los currícula no es algo nuevo. Tiene una larga tradición en nuestra democracia. Ya en tiempos de la transición D. Alfonso Guerra se presentaba como ingeniero y licenciado en filosofía cuando sólo contaba con la titulación de perito industrial, por muy “instruido” que estuviese el Sr. Vicepresidente de Felipe González.

Todo el mundo recuerda a D. Luis Roldán, Director de la Guardia Civil y máximo exponente de la corrupción felipista, que se hacía pasar por economista y que a punto estuvo de ser nombrado ministro de Interior. Más recientemente tenemos el caso de la Vicepresidenta del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, Dª Juana Ortega que fue pillada luciendo una titulación de Licenciada en Psicología sin haber acabado los estudios y ahí sigue tan fresca. Y por las mismas tierras anda Dª Carmen Chacón que exhibía un doctorado nunca alcanzado, lo que no ha sido obstáculo para que la misma haya estado acusando a sus rivales de mentir en medio de su campaña por alzarse con la Secretaría general del PSOE. Hasta Dª Leire Pajin, ese prodigio intelectual y augur de acontecimientos planetarios, también miente en su curriculum en que puede leerse que "fue claustral y miembro de la Junta de la Facultad de Económicas y Sociología de la Universidad de Alicante", Facultad que no existe. Ya su predecesor en el Ministerio de Sanidad y conmilitón alicantino, D. Bernat Soria, también falseó su curriculum.

Otros políticos adornan su curriculum de modo que de su rápida lectura puedan deducirse conclusiones erróneas. Algunos señalan que han cursado estudios en una determinada carrera, como si matricularse en una carrera o en algunas asignaturas, sin aprobarlas, ya fuera un mérito digno de exhibición curricular. A lo mejor no han salido del bar de la facultad, pero no importa, se pone en el curriculum y en paz, que eso de los estudios universitarios viste mucho, aunque el interesado sea un indigente intelectual. Es el caso de D. José Montilla o de D. José Blanco, ambos Ministros de Zapatero, o el de D. Patxi López, Presidente autonómico vasco. Dª Elena Valenciano, mano derecha Rubalcaba, acaba de tener dificultades para explicar ciertas exageraciones en su curriculum.

Y si el afectado resulta que era un esforzado comerciante, vendedor de baterías y accesorios para automóviles, y gracias a ciertos enchufes se convierte en diputado autonómico del Partido Popular en Madrid, como D. José Cabrera Orellana, pues pasa a ser “técnico en Desarrollo Comercial. Especialista en Mercado Internacional del Sector de Automoción” que viste mucho más, ¡dónde va a parar!

Cualquier caso como el de los anteriores, en el ámbito de la empresa privada habría supuesto un fulminante despido y sin indemnización. Pero no ocurre así en el mundo de la clase política. Parece que aquí el corporativismo funciona como una regla de oro: hoy por ti, mañana por mí. Da igual el partido de que se trate, todos siguen la misma regla. Sin embargo, esta actitud sólo contribuye a empeorar la imagen de la clase política y a incrementar su desprestigio. Los mentirosos curriculares son unos acomplejados incapaces de presentarse con su trayectoria vital real y, por tanto, no son de fiar. Y los que los mantienen en sus puestos una vez conocidas sus falsedades son sus cómplices y, por tanto, tampoco son de fiar. Con los mentirosos curriculares y sus cómplices o encubridores, tolerancia cero: a su p…. casa y sin indemnización alguna.

Santiago de Munck Loyola

Los afiliados del PP de la ciudad de Alicante sin representación legítima en el Congreso Nacional.

Los afiliados del Partido Popular tienen establecidos a través de los Estatutos del Partido diversos cauces para participar en la vida política interna y hacer realidad la tan manoseada, a veces, democracia interna. Bien es cierto que estos cauces se manifiestan en muchas ocasiones como demasiado estrechos y que, en todo caso, son manifiestamente mejorables, sobre todo considerando las dificultades que encierra el tamaño de una organización política con más de 500.000 afiliados. Dentro de unos días se va a celebrar el XVII Congreso Nacional del Partido Popular en Sevilla. Al mismo asistirán 3.100 compromisarios que representan al conjunto de los afiliados populares. A través de una serie de procedimientos se asignan el número de compromisarios que representan a cada sede local valorándose la cantidad de afiliados en la misma y los resultados electorales obtenidos. Cada sede local remite una carta a sus afiliados anunciándoles la apertura del plazo para que todo aquel que lo desee presente su candidatura para ser compromisario. Si hay más candidatos que puestos de compromisarios se celebran elecciones internas, en caso contrario se proclaman compromisarios a los candidatos sin necesidad de votación. Hasta ahí todo normal.

Así se viene haciendo y se hace en todas las sedes locales. ¿En todas? Parece que no en todas. En la ciudad de Alicante no es así. Aunque parezca increíble, los responsables del PP de la ciudad de Alicante se han cuidado mucho para no escribir a los afiliados, para no remitirles las normas para que pudieran presentar su candidatura a compromisarios. Y como no ha habido, evidentemente, más candidatos que puestos un grupito se ha autoproclamado compromisarios del PP por la ciudad de Alicante. “Yo me lo guiso, yo me lo como” y a la democracia interna que le den. A los afiliados se les escribe para que sean apoderados o interventores cuando hay elecciones, o se les envía SMS para que acudan a los actos de campaña, pero cuando se trata de que puedan ejercer sus derechos de participación se les ignora olímpicamente, que se busquen la vida. A ello hay que añadir la circunstancia de que sólo los compromisarios pueden presentar enmiendas a las ponencias del Congreso por lo que los afiliados populares de la ciudad de Alicante se han quedado fuera del Congreso Nacional del PP. Y a todo ello, el responsable de este atropello a la democracia interna, el Presidente Local, no se digna ni a contestar a los escritos que por registro se le remiten.

Dicen que el papel lo aguanta todo y parece que es verdad. Fíjense lo que dicen los Estatutos Nacionales del Partido Popular:

Objetivos señalados en el preámbulo:

7.- Reforzar la democracia interna del Partido y dar mayor transparencia al proceso de elección del Presidente.

ARTÍCULO 2: Ideología.

“…promueve, dentro de una economía de mercado, la solidaridad territorial, la modernización y la cohesión social así como la igualdad de oportunidades y el protagonismo de la sociedad a través de la participación de los ciudadanos en la vida política”.

ARTÍCULO 6: Derechos de los militantes.

a) Participar activamente en la elaboración y adopción de las resoluciones y programas del Partido mediante la libre expresión y defensa de sus opiniones en el ejercicio del debate interno a través de los cauces que estatutaria y reglamentariamente se establezcan.

b) Elegir y ser elegido compromisario para asistir con voz y voto a los Congresos del Partido.

Lo cierto es que los autoproclamados compromisarios del PP de la ciudad de Alicante en el Congreso de Sevilla carecen de legitimidad democrática para estar allí. Sólo se representan a si mismos y a un modo de hacer política repudiable. Vistos los Estatutos Nacionales del Partido Popular no queda más remedio que deducir que cualquier parecido con la realidad del PP de la ciudad de Alicante es pura coincidencia. ¿No debería dimitir alguien?

Santiago de Munck Loyola

Con dinero público, sueldos públicos.

Por mucho que se intente, suceden cosas a diario que escapan a la lógica más elemental y que no se comprenden. En los últimos días, con ocasión de los recortes que el nuevo Gobierno está aprobando se han hecho públicas las retribuciones que perciben algunos presentadores de RTVE a las que, al parecer, se va a meter un tijeretazo de un 25 % para gran disgusto de los afectados. Recorte que, por cierto, se nos vende como una gran medida cuando en realidad es claramente insuficiente. Mientras que los sueldos medios de los empleados de RTVE rondan los 44.000 € anuales, resulta que algunos distinguidos profesionales de la Casa cobran medio millón de euros al año como Mariló Montero o Jordi Hurtado. Otras presentadoras de RTVE como Pepa Bueno 250.000 €, Ana Blanco 240.000 € y Ana Pastor más de 175.000 € anuales. Poco o nada habría que objetar si RTVE fuese una empresa privada sin financiación pública alguna, pero no es así. RTVE sobrevive gracias al dinero de los contribuyentes, es decir, para que todos estos ilustres personajes televisivos cobren esos sueldos a usted, a mí y a todos los contribuyentes de este país nos lo detraen de nuestras modestas nóminas o de otros impuestos que nos gravan hasta el pan que comemos. Y, por si fuera poco, los directivos de esa Casa Pública, cuyos sueldos no han sido desvelados pero que son fácilmente imaginables, cuentan con coches oficiales porque, al parecer, o no tienen transporte privado, los pobrecitos, o no quieren usar el transporte público mezclándose con el vulgo de cuyos impuestos cobran. Si esto ocurre en la Televisión del Estado y conociendo el despilfarro de las autonomías, imagínese estimado lector lo que debe suceder en las televisiones autonómicas.

El caso de RTVE no un caso aislado en cuanto a la forma de gestionar el dinero de los contribuyentes. Un ejemplo más: RENFE. Los actuales once directivos de esta empresa pública perciben anualmente una media de 140.000 euros en concepto de remuneraciones. 140.000 euros al año mientras que el Presidente del Gobierno tiene un sueldo cercano a los 80.000 euros anuales. Surrealista. RENFE es también, como todo el mundo sabe una empresa pública, sostenida mayoritariamente con los impuestos de los ciudadanos. Imaginemos por un momento lo que debe estar ocurriendo también en las centenares de empresas públicas estatales o autonómicas en las que, por cierto, la transparencia de las retribuciones de sus directivos deja mucho que desear.

El nuevo Gobierno ha adoptado medidas concretas recortando retribuciones en el sector público que han alcanzado también a las entidades financieras que reciben ayudas públicas. Con ser loable esta voluntad de austeridad, el problema de los abusos en las remuneraciones con origen en el dinero público no se ha abordado ni resuelto de forma general. Hasta ahora se han puesto parches, pero el problema sigue ahí, falta un principio general que se traduzca en una norma de obligado cumplimiento en todo el sector público y en el sector privado que usa del dinero público a través de ayudas o subvenciones.

No se puede obviar que en las economías occidentales el uso de las subvenciones públicas para ayudar e impulsar la actividad del sector privado es una práctica generalizada. Pocos son los sectores económicos en los que no llegan ayudas públicas, beneficios fiscales o directamente subvenciones. Diferentes fórmulas que tienen un denominador común: el presupuesto público y, por tanto, una incidencia directa en los que los contribuyentes deben cotizar. No tiene sentido que haya empresas privadas, por muy estratégicas que sean, cuyas fuentes de ingresos se nutran principalmente de subvenciones públicas y que sus directivos perciban salarios muy por encima de los que percibirían en una administración pública. Tampoco tiene sentido que las empresas reciban ayudas o beneficios por contratar, pagando menos por ejemplo a la seguridad social, o cuando aprueban un ERE o jubilaciones anticipadas mientras en el seno de las mismas se estén percibiendo salarios muy superiores a los del sector público. Cada euro que esas empresas reciben de las administraciones públicas o cada euro que dejan de abonar salen del bolsillo de los contribuyentes.

Por tanto, si se quiere acabar de verdad con estos abusos es preciso aplicar un principio claro y único: con dinero público, salarios públicos. Tanto en las empresas públicas, como en las empresas privadas que perciben ayudas públicas las retribuciones no deberían superar las máximas que se perciben en las administraciones públicas. Y al que no le convenga que deje el puesto que seguro que habrá alguien con, al menos, tanta preparación como la suya para desempeñarlo y dispuesto a hacerlo con un salario público. Pero este abuso del dinero público debe acabarse ya porque no se trata de “el chocolate del loro”, no. Se trata de tanto dinero como el que va a recaudar ahora el estado con la subida del IRPF. Si hay lo que hay que tener para acometer una reforma laboral como la que se acaba de aprobar, debe haber lo mismo para administrar correctamente el dinero de los contribuyentes y acabar con la prodigalidad en el manejo del dinero de todos.

Santiago de Munck Loyola

Garzón, la izquierda y la Ley del embudo.

Hace 14 años, el Juez Javier Gómez de Liaño fue condenado por prevaricación como consecuencia de las denuncias presentadas por Jesús de Polanco a raíz de la instrucción que el Juez había llevado a cabo en el llamado caso Sogecable, una denuncia contra el grupo Prisa por una presunta apropiación indebida. Ni el Tribunal Supremo, ni el Constitucional rectificaron la sentencia condenatoria y el Juez fue apartado de la carrera judicial. ¿Se imagina alguien lo que se habría dicho si miembros del Partido Popular hubiesen realizado críticas a aquella sentencia o hubiesen descalificado a la Justicia por esa decisión?

Por aquel entonces, nadie de los que hoy se rasgan las vestiduras y descalifican a la Justicia por la sentencia del Tribunal Supremo que, por unanimidad, ha condenado al Juez Garzón por prevaricación, abrió la boca. Los partidarios de Garzón llevan semanas calentando motores e intoxicando a la opinión pública sobre las razones por las que el Juez estrella, y ahora estrellado, se ha tenido que sentar en el banquillo de los acusados. Cuando no se ha tratado de descalificar a los denunciantes de las atípicas conductas del juez, se han tergiversado los motivos por los que debía rendir cuentas el acusado. Se ha llegado a decir que estaba siendo juzgado “por investigar a la trama Gürtel” o “por investigar los crímenes del franquismo”. Y es mentira. Lo saben, pero no importa. Tratan de convertir en mártir al acusado que lo ha sido por “dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo eran”, igual que en el caso de Gómez de Liaño. Garzón ha sido acusado y condenado porque mandó grabar las conversaciones entre abogado defensor y cliente cuando la ley no permite que éso se haga salvo en casos de terrorismo y previa orden de la autoridad judicial competente. Garzón violó un derecho fundamental, la confidencialidad de la defensa judicial, a sabiendas de que lo hacía y con ello ponía en peligro la validez de la instrucción del procedimiento para regocijo de los presuntos delincuentes de la trama Gürtel.

No es admisible argumentar que la violación de este derecho fundamental era un mal menor ante el hipotético beneficio de asegurar la condena de los culpables porque, en primer lugar, de esta forma se obtenían posibles pruebas no válidas para el juicio posterior y, en segundo lugar, porque la teoría del mal menor constituye la aceptación de una peligrosa premisa que hace inútiles las garantías constitucionales y que, por analogía, podría aplicarse a la vulneración de otros derechos fundamentales con el fin de obtener un hipotético beneficio superior. ¿Sería entonces aceptable torturar, por ejemplo, a los participantes en el asesinato de Marta del Castillo para que confiesen dónde está el cuerpo de la víctima? Evidentemente no.

Garzón ha prevaricado según sentencia del Tribunal Supremo dictada tras un procedimiento donde se han respetado todas las garantías legales de defensa del acusado, las mismas que él no respetó en su momento. Ha cometido un delito y la Justicia ha actuado sobre el delincuente como debe hacerlo con cualquier ciudadano y como lo hizo en su día con Javier Gómez de Liaño, en cuya condena el testimonio del propio Garzón tuvo bastante que ver. Y un ejercicio de honestidad intelectual y de rigor no estaría de más entre toda esta vociferante izquierda tan amante de la Ley del Embudo.

Santiago de Munck Loyola

Alianza Popular.

Hace poco, un amigo recordaba, al hablar del PP, que él era o había sido de Alianza Popular y empezó a desgranar recuerdos de aquella época de militancia política. El tiempo pasa imperceptiblemento pero al echar la vista atrás, al hacer aflorar los recuerdos se constata que los cambio producidos han sido muchos. Sin darnos casi cuenta han pasado cerca de 35 años desde las primeras elecciones democráticas en 1977. Ha pasado mucho desde entonces; muchos ya no están con nosotros y muchos no estuvieron entonces. Cuelgo estos tres videos para el recuerdo. No hay más que escuchar las sintonías electorales para comprobar cuánto ha cambiado todo.

Alianza Popular 1977.



Alianza Popular 1982.

Alianza Popular 1986.



¿Recortes? Depende…

Recortar es el verbo que está de moda. No todos nuestros políticos lo usan, más bien lo evitan y usan eufemismos para decir lo mismo. Nos hablan de ajustes presupuestarios, de reducciones en el gasto o de ahorro. Es como si sintieran cierto pudor, el que no tuvieron a la hora de gastar a lo loco, para decir lo que todos sabemos que están haciendo: sencillamente recortar. No hay dinero, no entra el suficiente dinero en las arcas públicas y, por tanto, no se puede hacer frente ni a lo que se debe de los años de “fiesta”, ni a los gastos ordinarios más básicos.

No se trata ahora de buscar responsabilidades porque parece evidente que están muy repartidas entre toda la clase política, entre todos los colores, aunque unos carguen con más culpa que otros. Unos porque en su ineptitud no veían la crisis que se acercaba o no querían verla y llamaban antipatriotas a quienes se atrevían a vaticinarla. Y han pasado ya más de cuatro años de aquello. Otros porque aún viéndola y avisando de su proximidad en las más altas instancias del estado, simultáneamente, en sus virreinatos seguían gastando a mansalva. Venga fiesta por aquí y por allí: que si fórmulas 1, que si obras faraónicas, que si aeropuertos inútiles,… Y mientras que en Madrid denunciaban los efectos perniciosos de medidas gubernamentales como los Planes E, por los virreinatos los copiaban con toda “confianza” dejando obras que, al día de hoy, no ha sido pagadas y han llevando a la ruina a centenares de empresas.

Pero dejando al margen el tema de las responsabilidades, resulta llamativo el criterio que la clase política suele utilizar a la hora de “recortar”, de ajustar sus lindos presupuestos. Parece que las prioridades de los políticos no son en modo alguno las mismas que las de la gente. Es como si existieran dos clases de sentido común, el de la clase política y el de los ciudadanos.

Es evidente que, si no hay dinero suficiente para atender el funcionamiento de las administraciones públicas o lo que es lo mismo para atender a los servicios públicos, hay dos posibilidades de actuación: aumentar los ingresos y/o reducir los gastos. Aumentar los ingresos se puede hacer subiendo los impuestos lo que lleva inevitablemente a que a partir de determinado nivel los ciudadanos reduzcamos nuestro consumo y, por tanto, generemos más paro o bien persiguiendo de forma más efectiva el fraude fiscal para que todo el mundo contribuya. La reducción de gastos es la segunda posibilidad de actuación ante la falta de dinero, igual que hacemos en nuestras casas los ciudadanos.

El sentido común, nos lleva a los ciudadanos a reducir o eliminar los gastos superfluos cuando nuestros ingresos no alcanzan a cubrir nuestros gastos. Y, sin embargo, la clase política tiene un concepto “sui generis” de lo que es superfluo, como puede apreciarse al observar los recortes que se han venido adoptando en los últimos meses.

El sentido común dice que los ciudadanos no veríamos resentida nuestra calidad de vida si se eliminan de un plumazo las seudo embajadas autonómicas y sí si se recorta el dinero destinado a los profesionales sanitarios, o al mantenimiento de los hospitales o a los medicamentos. El sentido común señala que no nos pasaría nada a los contribuyentes si se cierra sin más un canal autonómico tremendamente deficitario, pero que sí nos perjudica seriamente que se recorte el dinero destinado al mantenimiento de centros escolares o al pago de la dependencia. De sentido común es que en nada afecte a la calidad de vida de los ciudadanos que se supriman las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, pero que se recorte el gasto destinado a la seguridad ciudadana sí que puede perjudicar al conjunto de los contribuyentes.

De sentido común sería eliminar las pensiones privilegiadas de los políticos y de banqueros que se nutren de fondos públicos al no haber gestionado bien sus bancos o hacer que los parlamentarios tributasen como usted o yo y no nos pasaría nada. Como no pasaría nada por suprimir nuestras misiones militares en el exterior que cuestan miles de millones de euros que podrían destinarse a ayudar algo al millón y medio de hogares españoles que no cuentan con ingreso alguno. La lista de casos en los que se podría aplicar el sentido común de la calle y no el de la clase política es interminable.

Hay mucho campo en el que, con sentido común, se puede recortar y se debería hacer sin tocar lo más mínimo tres pilares básicos: la sanidad, la educación y la solidaridad. Se puede vivir perfectamente sin un canal de televisión, sin un estupendo AVE o sin cientos de asesores políticos, pero sin un moderno y eficiente hospital no.

Santiago de Munck Loyola

La reforma de la Ley de Costas.

El reciente anuncio del nuevo Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, sobre la intención del Gobierno popular de revisar y reformar la vigente Ley de Costas ha hecho abrigar esperanzas positivas a los miles de afectados por la misma. La aplicación de la vigente Ley de Costas que data de 1988 afecta a unos 160.000 ciudadanos tanto españoles como extranjeros y ha sido a lo largo de los años objeto de numerosas críticas, controversias y resoluciones judiciales incluso fuera de nuestras fronteras.

La necesidad de proteger y de recuperar el deteriorado litoral español no es puesta en duda por nadie con un mínimo sentido común. Pero, simultáneamente, nadie debería cuestionar la necesidad de compatibilizar con esa necesidad la de preservar la actividad económica y los miles de puestos de trabajo que pueden verse afectados o incluso desaparecer como consecuencia de una aplicación errática y errónea de la legislación actual. Del mismo modo, deberían ser objetivos irrenunciables para cualquier responsable político preservar de una manera clara y nítida la seguridad en el tráfico jurídico de la propiedad, la primacía de la fe pública registral, la irretroactividad de las normas desfavorables y el principio de equidad y justicia en las compensaciones económicas que hubiesen de producirse como consecuencia de la aplicación de la norma en su actual configuración.

Una reforma de la vigente Ley de Costas debe hacerse contemplando todos estos parámetros y en modo alguno puede desviarse de los principios constitucionales en los que ha de inspirarse.

Las diferentes situaciones de afección del litoral marítimo que la realidad presenta deben contemplarse de manera bien diferenciada considerando aspectos muy diversos: el carácter urbano o no de las mismas, la fecha de su aparición anterior o posterior a la Ley de 1988, el grado de protección medioambiental de los distintos emplazamientos, el carácter de los titulares sean personas físicas o jurídicas, la naturaleza de las anotaciones registrales, los deslindes efectuados y los parámetros físicos usados que, hasta el día de hoy, provocan diferencias notables de tratamiento, etc.

Transformar sin más, como hasta ahora, el derecho de propiedad adquirido de forma absolutamente legítima y legal con anterioridad a 1988 en un simple derecho de concesión, sin más compensación que el propio valor que a la misma concesión arbitrariamente se confiere, constituye un auténtico ataque al derecho de propiedad y a la seguridad del tráfico jurídico, al margen de la evidente inconstitucionalidad que la retroactividad supone. Diferente alcance, aunque igual de negativas consecuencias para los propietarios, supone la aplicación de la misma técnica a propiedades adquiridas con posterioridad a la aprobación de la Ley pues se produjeron mediando fedatarios públicos obligados por Ley a prevenir a los adquirientes de los condicionantes legales nuevos. Distinta es, igualmente, la situación de todos los inmuebles construidos en el dominio público después de 1988 en la que la intervención de las administraciones públicas con responsabilidades urbanísticas es la única responsable de las transgresiones de la norma y, por tanto, quienes deberían asumir las consecuencias que pudieran derivarse.

En todo caso, la problemática es tremendamente variada y la reforma de la Ley anunciada va a ser compleja, pero por mucha dificultad que entrañe debe abordarse con urgencia, con rigor, con diálogo con los afectados y tratando de conjugar los diferentes intereses contrapuestos.

Santiago de Munck Loyola

Gana Rubalcaba y pierde Pajín.

Despejada la incógnita después de tantas semanas de pugna interna por el liderazgo del PSOE: Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido elegido por un estrecho margen de votos nuevo Secretario general del partido, derrotando a su contrincante Carmen Chacón. Poco más del 51 % de los delegados socialistas ha dado su respaldo a Rubalcaba para suceder a Rodríguez Zapatero lo que quiere decir que de salida no cuenta con el apoyo de casi la mitad del partido. No cabe la menor duda de que su primera tarea deberá ser gestionar con inteligencia esa falta de apoyos para evitar que puedan consolidarse en una rémora a la nueva etapa que quiere poner en marcha. Los habituales y consabidos mensajes de todo ganador apelando a la unidad y a la integración deberán transformarse en realidades concretas para evitar fracturas que a medio plazo podrán poner en peligro su recién iniciado liderazgo.

No son pocos los analistas políticos que traducen la victoria de Rubalcaba como el fin del zapaterismo y como una vuelta al socialismo de los años 80 en los que el recién estrenado líder socialista empezó a desarrollar su carrera política. Flaco favor hacen al Sr. Rubalcaba si identifican su victoria como el entierro del zapaterismo, como el final de una estrategia política y el inicio de una diferente. Esta interpretación conlleva la consideración del triunfo de Rubalcaba como la aparición de una figura política nueva, desvinculada o enfrentada a la última etapa del Partido Socialista. Es evidente que no es así. Pérez Rubalcaba ha sido uno de los pilares básicos del zapaterismo, de una determinada forma de entender y desarrollar el proyecto socialista que ha imperado durante la última década. Presentarlo hoy como algo diferente, como una alternativa al proyecto político del que ha formado parte es tanto como una estatua impávida que, aunque estuvo en los Gobiernos de Zapatero, ni participaba del proyecto, ni de las políticas desarrolladas o que fingía la sintonía política suficiente con el ex Presidente aunque no comulgase lo más mínimo con él. Y no era sí.  Rubalcaba era y es parte del zapaterismo y la notable ausencia de críticas a la gestión política, económica y social que durante la última década ha protagonizado el socialismo español sólo puede interpretarse como una complacencia con el fracasado proyecto zapaterista. Con Rubalcaba el zapaterismo sobrevive y lo seguirá haciendo debajo de todos los retoques cosméticos que seguramente se producirán hasta que el socialismo español inicie un verdadero proceso interno de regeneración y renovación ideológica.

De igual modo, el zapaterismo habría sobrevivido, aunque de forma más evidente, si el congreso lo hubiese ganado Carmen Chacón. En todo caso, la derrota de esta última es la derrota de la inconsistencia intelectual, de la primacía de la imagen sobre el contenido y de la incongruencia política, rasgos, por otra parte, más que identitarios del zapaterismo más puro. Cuando se formulan expresiones como la de “el concepto de nación es discutido y discutible” sin aportar ninguna reflexión adicional es fácil ser nacionalista catalana y después nacionalista española. Se puede aplaudir a los que ofenden a los españoles y después enrollarse en la bandera española y pretender ser, algún día, presidenta del Gobierno de la Nación española sin despeinarse lo más mínimo y sin ofrecer una explicación de tan fulgurante cambio ideológico.

Ha perdido Chacón y, de paso, ha perdido el socialismo alicantino representado por Pajín, Elena Martín y Ana Barceló. Con esa especial inteligencia que le permite vislumbrar conjunciones de liderazgos planetarios, Leyre Pajín y sus amigas han apostado por el caballo perdedor. Pronto se verá la traducción que esa fallida apuesta tiene para el fragmentado y desorientado socialismo alicantino.

Santiago de Munck Loyola

El 38 congreso del PSOE.

A punto de iniciarse el Congreso del PSOE en Sevilla, todas las noticias e informaciones de las últimas semanas parecen indicar que poco o nada sustancial va a cambiar en el principal partido de la oposición. Tras dos derrotas electorales consecutivas, fracasos electorales en toda regla, lo lógico habría sido que en el seno del Partido Socialista se hubiese abierto un período de autocrítica y una profunda reflexión para poner en pie un nuevo proyecto político. Pero no ha sido así, el debate interno se ha centrado en el cambio de liderazgo, en la sustitución del Secretario General por otro, dando por buenas las políticas y orientaciones que han conducido al estrepitoso fracaso en las urnas.

El zapaterismo no ha terminado con la retirada de José Luis Rodríguez Zapatero por la sencilla razón de que quienes aspiran a sucederle han sido coautores y partícipes de las líneas políticas que han inspirado el modelo socialista durante los últimos doce años. Tanto Alfredo Pérez Rubalcaba como Carmen Chacón han sido ejecutores e impulsores de las mismas políticas y la ausencia de autocrítica en sus discursos y propuestas desgranadas en las primarias socialistas sólo puede interpretarse como un movimiento continuista, como una prolongación de un programa y un modelo político ampliamente rechazado por la inmensa mayoría de los electores.

El zapaterismo nació por sorpresa tras un duro castigo electoral y lo hizo sin hacer tampoco una autocrítica de la trayectoria del partido, sin cuadros de peso y sin un claro proyecto político. Tanto en la etapa inicial de oposición como en la posterior fase de gobierno, la falta de un proyecto político coherente se tradujo en un alto grado de improvisación, de oportunismo coyuntural sin sustento intelectual y programático que sirvió inicialmente para incrementar la base electoral pero que demostró una manifiesta incapacidad para ofrecer soluciones a los diferentes problemas que iban surgiendo. Mucha pancarta pero pocas soluciones, mucha propaganda pero poco contenido. Notas distintivas y caracterizadoras del zapaterismo han sido el sectarismo y la exclusión política que se pusieron de manifiesto con el famoso pacto del Tinell y el llamado cordón sanitario como fórmulas de marginación del principal partido de la oposición y, por ende, de media España; el espíritu “guerracivilista”  como fórmula de aglutinación sentimental para satisfacer antiguas ansias de revanchismo que parecían haber sido superadas con el consenso de la transición y la ausencia de “sentido de estado” abriendo un peligroso campo revisionista del estado autonómico, no en aras de un perfeccionamiento del mismo, sino como tributos territoriales para compensar debilidades parlamentarias. Todo ello acompañado de la sumisión o el doblegamiento, en su caso, de todos los resortes públicos al servicio de un proyecto de partido de corte personalista, intentando penetrar hasta en diferentes esferas de la sociedad civil para controlarlas y someterlas. La cualificación de los altos cargos del Gobierno y de los pertenecientes a la mayoría de las instituciones del estado ha ido en paralelo, salvo honrosas excepciones, a la talla intelectual del propio Presidente del Gobierno que, por razones obvias, no es preciso medir.

La autocomplacencia de los candidatos a dirigir el PSOE con el zapaterismo es lógica y evidente y no presagia nada bueno para el futuro del partido socialista. Si se da por válida la afirmación del Sr. Ibarra de que la candidata Carmen Chacón es “lo mismo que Zapatero, pero con faldas”, no queda más remedio que concluir que el candidato Pérez Rubalcaba es “lo mismo que Zapatero pero calvo y amargado”. La falta de autocrítica socialista no es sólo un problema para los socialistas, es también un problema para todos los españoles que necesitan una alternativa de gobierno seria, sólida y creíble. Y con esas faldas y esos pelos no la van a tener de momento.

Santiago de Munck Loyola