La CEOE y la cara dura de su presidente.

Parece que el Presidente de la gran patronal española, D. Juan Rosell, la tiene tomada con los funcionarios, con los empleados públicos. El pasado 18 de julio de 2011, http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/18/economia/1310979738.html, el Sr. Rosell, se despachó a gusto y denunció, lo que él llama, funcionarios "prepotentes e incumplidores" y defendió la necesidad de "evaluar" a los empleados públicos. Añadió, además, que "hay que combatir a estos empleados públicos y decirles que no son dueños de sus puestos de trabajo, sino que trabajan para nosotros". El Sr. Rosell olvidó mencionar que para ser empleado público hay que haber sido evaluado previamente y haber aprobado el correspondiente proceso selectivo. Ningún funcionario que se precie se considera dueño de su puesto de trabajo y todos saben que son (somos) servidores públicos, que trabajamos para los ciudadanos. Que ¿hay funcionarios prepotentes e incumplidores? Pues seguramente, como empresarios o políticos, pero son una excepción y la Ley tiene ya los mecanismos suficientes para corregir cualquier abuso. Los empleados públicos se desenvuelven en un mundo muy regulado que no tiene nada que ver con el mundo del mercado, con la Ley de la selva en la que parece moverse el Sr. Rosell.

Ahora, el Sr. Rosell, que debe padecer algún tipo de fobia funcionarial, acaba de pedir "sacrificios" http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/06/economia/1315328815.html

a los funcionarios, incluidos los profesores, "como tributo a los que no tienen un contrato para toda la vida" y en compensación por las "ventajas y beneficios" de que disfrutan, según dice, los empleados públicos. "No es el momento de la queja constante, sino de la responsabilidad constante", ha dicho en referencia a la crisis económica. Desde 1982 hasta el año 2007 y sin contar los últimos recortes del Gobierno del Sr. Zapatero, los funcionarios han perdido más del 42 % de su poder adquisitivo, tal y como puede apreciarse en la siguiente tabla:

	AÑO	I.P.C.	INCREMENTO	PÉRDIDA SALARIAL
	1982	14,00%	8,00%	-6,00%
	1983	12,20%	9,00%	-3,20%
	1984	11,90%	6,50%	-5,40%
	1985	8,20%	6,50%	-1,70%
	1986	8,30%	7,20%	-1,10%
	1987	4,60%	5,00%	0,40%
	1988	5,80%	4,00%	-1,80%
	1989	6,90%	4,00%	-2,90%
	1990	6,50%	6,00%	-0,50%
	1991	5,50%	7,22%	1,72%
	1992	5,30%	6,10%	0,80%
	1993	4,90%	1,80%	-3,10%
	1994	4,30%	0,00%	-4,30%
	1995	4,30%	3,50%	-0,80%
	1996	3,50%	3,50%	0,00%
	1997	2,10%	0,00%	-2,10%
	1998	2,10%	2,10%	0,00%
	1999	2,40%	1,80%	-0,60%
	2000	4,00%	2,00%	-2,00%
	2001	3,10%	2,00%	-1,10%
	2002	4,00%	2,00%	-2,00%
	2003	2,60%	2,00%	-0,60%
	2004	3,20%	2,00%	-1,20%
	2005	3,70%	2,00%	-1,70%
	2006	2,70%	2,00%	-0,70%
	2007	4,20%	2,00%	-2,20%
TOTAL	25	140,30%	98,22%	-42,08%

¿No le parece el Sr. Rosell suficiente sacrificio? Pues debe ser que no y seguramente debe ser también la misma opinión de estos sindicatos de “clase”, que viven del pesebre estatal y que, cómplices de este desastroso gobierno, han tenido una respuesta más que tibia ante semejante sacrificio impuesto a los empleados públicos. ¡Claro! Hay que comprenderles. Si levantaban mucho la voz a lo mejor perdían las multimillonarias subvenciones que perciben.

Los funcionarios, los empleados públicos, no olvidan que sus sueldos son pagados por los contribuyentes, como tampoco deberían olvidar que ellos mismos son contribuyentes y que con parte de sus impuestos se pagan los 400 millones de euros que las organizaciones empresariales recibieron en el año 2010, http://www.publico.es/dinero/340792/la-ceoe-un-gran-negocio-engrasado-con-dinero-publico. Que las organizaciones de los empresarios, personas cuyo fin primordial es la obtención del máximo beneficio económico, reciban dinero público para poder funcionar es, sencillamente, escandaloso e inmoral. Repártanse un poco menos de beneficios y páguense sus edificios, sus cursos y sus saraos sin “chupar” de la caja pública. Sacrifíquense ustedes primero, Sr. Rosell, y después podrá tener alguna legitimidad para pedir sacrificios a los demás y, puesto a pedirlos, tenga un mínimo de decencia y de valor y solicite a sus colegas sindicales y a los dirigentes de los partidos políticos que se sostengan con las cuotas de sus afiliados y no con el dinero que detraen de los impuestos de todos los asalariados de España.

Menos cara dura, por favor y las fobias al diván del psiquiatra.

Santiago de Munck Loyola

El pluriempleo de los políticos: un fraude a los electores.

La organización de todo estado y de las diferentes administraciones que lo componen conlleva la existencia de numerosos cargos públicos. Estos cargos van siendo ocupados por personas designadas por los partidos políticos en función de los resultados electorales. Cada puesto público de carácter electivo tiene asignadas de forma reglada una serie de funciones y competencias a desarrollar durante el mandato conferido por los ciudadanos. Por regla general, la inmensa mayoría de estos puestos tiene asignada una retribución para quien los desempeñe. Cuando elegimos a un alcalde, a un diputado regional o a un congresista o senador lo hacemos para que se dedique a ese cargo y, considerando las retribuciones generalmente asignadas, para que lo haga con plena dedicación. Sin embargo, las cúpulas de los partidos políticos españoles, a pesar de determinadas limitaciones estatutarias, no solamente consienten y toleran que muchos de sus cargos públicos simultaneen dichos cargos con actividades privadas, sino que además promueven que muchos puestos públicos electivos no estén siendo desempeñados con diligencia y dedicación al imponer que determinadas personas ocupen dos o más cargos públicos a la vez. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) es taxativa. En su artículo 157.2 establece que “el mandato de diputados y senadores será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma”. El espíritu de la norma es evidente. No se trata sólo de que no se pueda percibir más de un ingreso público (que se percibe usando variadas artimañas legales), sino de que los diputados y senadores se dediquen a aquello para lo que han resultado elegidos.

El sentido común señala que un diputado nacional debe dedicarse a su labor parlamentaria con exclusividad para poder ejercer sus funciones legislativas y poder representar a los ciudadanos de su provincia con eficacia y dignidad. Y lo mismo puede decirse de cualquier diputado regional o de cualquier alcalde. Sus puestos tienen asignadas retribuciones pensadas para una dedicación absoluta a las tareas encomendadas. Pero no parece que sea el sentido común lo que impera en las cúpulas de los partidos a la hora de fijar los criterios por los que se elaboran las diferentes candidaturas, ni tan siquiera parece imperar la búsqueda de la profesionalidad o de la excelencia. Lo que prima, sin ningún género de dudas, es el amiguismo, el tráfico de amistades y, sobre todo, la docilidad permanente. Por ello, no es raro ver cómo determinadas personas son alcaldes y diputados o senadores a la vez, cómo ocupan de forma simultánea varios cargos públicos, cada uno de los cuales requeriría una dedicación absoluta, como si en sus organizaciones no hubiese más gente capacitada para ello.

A la tendencia de la cúpula de los partidos a rodearse de peones dóciles se corresponde la existencia de “políticos orquesta”, personas ávidas de tocar muchos instrumentos a la vez, incapaces de especializarse en ninguno y con una gaseosa propensión a ocupar cualquier espacio libre a la menor indicación de arriba.

Examinemos un caso concreto de Alicante que no es, ni mucho menos, excepcional. D. ª María Adelaida Pedrosa Roldán, sin estudios superiores, ocupa los siguientes cargos públicos:

-          Diputada en el Congreso por la Provincia de Alicante.

-          Vicepresidenta Segunda de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.

-          Alcaldesa del Ayuntamiento de Elda.

-          Vicepresidenta de la Mancomunidad intermunicipal del Valle del Vinalopó.

-          Presidenta de la “Fundación Museo del Calzado”.

-          Presidenta de la Empresa Pública IDELSA.

-          Presidenta de la Empresa Pública EMUDESA.

-          Presidenta de la Empresa Pública EMIDESA.

-          Diputada Provincial de Alicante.

-          Vicepresidenta Primera de la Diputación de Alicante.

-      Diputada Responsable del Área de Recursos Humanos de la Diputación de Alicante.

Y, además, participante en tertulias y programas en medios públicos y privados de televisión o radiodifusión según el registro de intereses del Congreso.

Nadie, con el más mínimo sentido común y sin faltar a la verdad, puede afirmar que estos puestos públicos están siendo desempeñados con dedicación absoluta. Es materialmente imposible. ¿No se merecen los alicantinos que sus representantes en el Congreso los representen con eficacia? ¿No se merecen los vecinos de Elda que su alcaldesa tenga una dedicación absoluta para su ciudad? No nos engañemos, no estamos ante la presencia de una”super woman political” capaz de cumplir con todas las obligaciones de tan larga lista de cargos. Es un ejemplo más de “político orquesta”, de acaparamiento avaricioso de cargos promovido y consentido por los dirigentes del Partido Popular.

Casos como éste constituyen un grave fraude a la ciudadanía y una demostración de que los discursos sobre regeneración democrática, en muchos casos, no se traducen en hechos concretos, simples y ejemplificadores de lo que debería ser una sana dedicación a la res publica, a servir a los ciudadanos. Los hombres orquesta suelen terminar desafinando y los glotones reventando.

Santiago de Munck Loyola

Una reforma constitucional legal, pero con déficit de legitimidad.

Esta mañana, algunas tertulias radiofónicas se hacían eco de la innecesaria reforma constitucional puesta en marcha para intentar frenar el gasto de nuestras administraciones públicas. Y, al igual que en algunos periódicos, los intervinientes debatían sobre la legalidad y la legitimidad de esta reforma de la Constitución. Así, se argumentaba que la reforma era legal puesto que se hacía respetando al pie de la letra el mecanismo de reforma previsto en la carta Magna y legítima pues estaba respaldada, además, por más del 80 % de los representantes de la soberanía popular, los diputados socialistas y populares.

No es ésta la primera vez que puede observarse como, en los medios de comunicación, se usa el concepto de legitimidad política con tanta ligereza, como desconocimiento. Ya hace tiempo que, a propósito de la formación del primer gobierno de Rodríguez Zapatero, el periodista Jiménez Losantos, afirmaba con su rotundidad habitual que “este gobierno es legal y, por tanto, es legítimo”. Con ello, parecía asimilar el concepto de legalidad con el de legitimidad, error muy frecuente. Los gobiernos del dictador Fidel Castro serán muy legales porque se habrán constituido conforme a la legalidad cubana vigente, pero no son legítimos porque ni las leyes que los producen están elaboradas con criterios de legitimidad, ni dichos gobiernos cuentan con el respaldo democrático necesario. Es práctica frecuente también obviar la distinción, clásica en la ciencia política, entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio.

Volviendo a la reforma constitucional hay algunos aspectos que merece la pena ser considerados. Es cierto que la reforma es legal pues se está haciendo mediante el sistema constitucionalmente previsto. Como también lo es que los parlamentarios son los legítimos representantes de la soberanía popular. Pero también es un hecho cierto que cuando los partidos políticos presentaron sus programas electorales en la elecciones generales de 2008 no propusieron a los votantes reformar la Constitución en el sentido en que lo van a hacer. Los electores no respaldaron con su voto, no otorgaron mandato a los parlamentarios electos para que procediesen a reformar la constitución. Es decir que la soberanía popular no se pronunció en el año 2008 sobre este punto. El mandato y la representatividad de los parlamentarios, su legitimidad, se sustenta en esa relación de confianza que se puede resumir en “yo te voto para que hagas lo que me has propuesto en tu programa”. Por tanto, los parlamentarios socialistas y populares no tienen mandato alguno de los ciudadanos para emprender esta reforma, no cuentan con la legitimidad suficiente para realizar una reforma de tanto calado de la norma superior del estado, la norma que regula la convivencia y organización de la nación. Esto es un hecho evidente.

Subrayada la ausencia de mandato para reformar la constitución y la inexistencia de pronunciamiento de la soberanía popular sobre el asunto, resulta aún más llamativo que esta reforma se haga sin un referéndum, mecanismo legalmente no exigible, o que se haga sin esperar al resultado de las próximas elecciones generales en cuya campaña los partidos políticos tendrían una ocasión de oro para proponer y explicar a los votantes la necesidad y el alcance de esta reforma constitucional y de obtener así el mandato necesario de la soberanía popular para modificar la Constitución.

El déficit de legitimidad para realizar esta reforma constitucional es evidente por mucho que editorialicen en contrario determinados medios de comunicación. Podrán poner el énfasis sobre la legitimidad de esta decisión pero, por mucho que lo hagan, no podrán soslayar el hecho de que esta reforma se hace, pudiendo hacerlo, sin contar con el pueblo soberano.

Santiago de Munck Loyola

Rivas: Un grano integrista en el Partido Popular.

El Partido Popular siempre ha aspirado a consolidar una posición centrista y reformista que poco a poco ha ido avanzando en cada uno de sus Congresos nacionales y que es percibida como tal por una gran parte del electorado, aunque no por todo. Dicen que desde el centro es desde donde se ganan las elecciones en España. El centrismo no es una ideología sino más bien una posición electoral estratégica modulada por determinados mensajes, programa y estilo de hacer política. La búsqueda y permanencia en la centralidad política no depende sólo de la voluntad propia, sino que también influye como un factor determinante el posicionamiento del conjunto de las fuerzas políticas que participan en la contienda electoral.

El talante centrista no está reñido con el mantenimiento de unos principios y valores que conforman la ideología de un partido. El Partido Popular se define a si mismo a través del Art. 2 de sus Estatutos Nacionales que proclama lo siguiente: El Partido Popular se define como una formación política de centro reformista al servicio de los intereses generales de España, que tiene a la persona como eje de su acción política y el progreso social como uno de sus objetivos. Con clara vocación europea e inspirado en los valores de la libertad, la democracia, la tolerancia y el humanismo cristiano de tradición occidental, defiende la dignidad del ser humano y los derechos y libertades que le son inherentes; propugna la democracia y el Estado de Derecho…

La carga ideológica del Partido Popular está recogida en este artículo. Se trata de un Partido interclasista, aconfesional, de ámbito nacional, europeista y en el que, entre otras cosas, tienen cabida liberales, demócrata cristianos, agnósticos o ateos. La inspiración en los valores propios del humanismo cristiano no supone, en modo alguno, un signo de exclusión de carácter religioso. Se anteponen a éstos valores los de la libertad, la democracia y la tolerancia.

Ya en los años setenta, la Conferencia Episcopal Española señaló su rechazo a su identificación con cualquier partido demócrata cristiano. La fórmula de los Partidos demócrata cristianos, nacida a finales del S. XIX y fortalecida con la encíclica Rerum Novarum, hoy no tiene mucha vigencia en las democracias occidentales.

Sin embargo, desde el aterrizaje de la PParaca Dª Inmaculada Sánchez Ramos en Rivas-Vaciamadrid, detractora habitual de Mariano Rajoy, parece que se está produciendo un progresivo abandono de las posiciones centristas y liberales de la organización local hacia posiciones claramente confesionales y excluyentes. Desde entonces, los foros de Internet están plagados de intervenciones “estelares” que evidencian posicionamientos políticos radicalizados y cargados de connotaciones y referencias religiosas, sin que la Dirección Local haya hecho nada por desmarcarse públicamente de las mismas. Y, lo que es peor, dichas intervenciones se realizan mezclando política y religión y con un estilo francamente reprobable. Referencias constantes a la situación de la Iglesia católica, acusaciones injuriosas y calumniosas hacia los rivales políticos y ofensas a todo aquél que se atreva a llevar la contraria están proyectando una imagen de intolerancia, de prepotencia y soberbia muy alejada de lo que significa hoy militar en el partido Popular y, desde luego, del espíritu Evangélico.

“Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mt. 22, 21), no debería ser muy difícil de entender y de practicar por parte de estos fustigadores de los foros que, incluso, se permiten escribir mensajes del estilo “rezo por ti” o “que Dios te perdone” por tener el atrevimiento de discrepar de sus dogmas políticos caseros. Incluso, en estos casos, si rezan por alguien, también deberían aplicarse lo de que “no sepa tu mano izquierda la que hace tu mano derecha, para que sea tu limosna un secreto; y tu padre que te ve en lo secreto te recompensara en publico" (Mateo 6. 3-4).

Estos nuevos inquisidores del Partido Popular de Rivas en las redes sociales se equivocan si creen que con estas actitudes, con esta saturación de mala propaganda político-religiosa van a conseguir “evangelizar” al electorado ripense. Sencillamente, producen vergüenza ajena y hasta náuseas. De no ser porque se sabe que son un simple y esporádico grano en el conjunto de una gran organización como el Partido Popular, uno se avergonzaría de compartir siglas.

Santiago de Munck Loyola

La confusión ideológica y la pérdida de identidades.

Cuando se examina la trayectoria del PSOE durante estos últimos años y la naturaleza de muchas de las iniciativas y medidas políticas que ha ido poniendo en marcha su gobierno es difícil encontrar cierta coherencia ideológica y una identidad clara respecto a lo que implica su teórico posicionamiento político y social. De un partido socialdemócrata o simplemente de izquierdas se esperan acciones de gobierno que respondan a esas etiquetas. Sin embargo, no ha sido siempre así durante el mandato del Sr. Rodríguez Zapatero. Habrá quien lo intente justificar aludiendo a los estrechos márgenes de actuación que una economía globalizada y dependiente imponen pero lo cierto es que, aún dentro de esos márgenes, cabía esperar la adopción de signos y medidas que respondiesen a una identidad ideológica concreta. Bien es cierto que, en determinados aspectos políticos, sí se ha producido esa esperada coherencia, pero en lo relativo al desarrollo de la cohesión social o a la consecución de una mayor justicia social no ha sido así.

Olvidado ya el internacionalismo proletario y sustituido por el imperialismo bancario, se ha renunciado a la propia cohesión jurídica y social nacional para afianzarse en el particularismo aldeano. Hoy, los ciudadanos españoles no gozan de iguales derechos, pese al mandato constitucional, en los diferentes territorios que componen la nación. Esto es perfectamente constatable en los derechos a determinadas prestaciones sanitarias que varían en función de cada autonomía.

El Art. 31.1 de la Constitución, constantemente ignorado en las diferentes decisiones tributarias que se han venido adoptando, señala que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Es evidente que el principio de igualdad ha desaparecido desde el momento en que los ciudadanos tributamos en diferente cuantía según nuestra Comunidad Autónoma. Pero lo que más llama la atención es que el principio de progresividad, es decir, una mayor tributación según la mayor  capacidad de pago, ha sido constantemente ignorado por un Gobierno y un partido de izquierdas. El concepto de progresividad fiscal, tan denostado por los ultraliberales, no es un capricho, es un mandato constitucional cuya inclusión en los debates constitucionales se promovió desde la izquierda.

Un ejemplo de la ignorancia de este principio lo acaba de proporcionar el Gobierno con la reducción del IVA en la adquisición de viviendas nuevas. La medida adoptada consiste en rebajar de un 8 a un 4 % el IVA que hay que pagar el comprar una nueva vivienda independientemente de la capacidad del contribuyente. Hay quien afirma que esta medida ha sido un nuevo favor a los bancos cuyo excedente de viviendas ha aumentado en exceso como consecuencia de la crisis. El Gobierno socialista ha pensado, una vez más, en los bancos y no en las necesidades de los ciudadanos. Es un problema, al parecer, que los bancos en el año 2010 hayan obtenido un beneficio neto de solo  14.940 millones de euros. No lo es tanto que muchos millones de españoles no tengan vivienda en propiedad, especialmente los que tienen edades comprendidas entre los 26 y los 45 años. La bajada del IVA beneficia a los bancos y a todos los españoles que quieran comprar una nueva vivienda, pero sin distinciones. Es decir que el beneficio es igual para todos, ya se trate de comprar la primera vivienda o una segunda, tercera o décima vivienda. Pensar en resolver el problema del stock de viviendas de los bancos, reactivar el sector de la construcción y ayudar simultáneamente a quienes necesitan comprar su primera vivienda debería haber llevado, desde la óptica de la progresividad, a una medida diferente. Por ejemplo, rebajar el IVA al tipo marginal para quien quiera comprar su primera vivienda y aumentar el IVA a los que quieran ir aumentando su patrimonio con las compra de más viviendas.

No es este el único caso de la ausencia de progresividad o de justicia social. Dar un cheque-bebé a todo el mundo por igual, independientemente de que el perceptor esté en el paro o posea una fortuna, fue tremendamente injusto. Ahora no hay dinero ni para unos ni para otros. Como injusto y anti social fue la decisión parlamentaria de situarse a favor de los bancos y no de los ciudadanos en el tema de la dación en pago de las viviendas en los litigios hipotecarios. Y al igual que estos casos, se podría ir desgranando todo un rosario de decisiones políticas y sociales que no responden, ni tan siquiera, a los principios rectores de nuestra Constitución. O bien no la conocen, o bien han desaparecido los principios ideológicos o bien los mercados y las encuestas han acabado con la identidad ideológica de nuestros gobernantes.

Santiago de Munck Loyola

Una reforma constitucional innecesaria e inútil.

Es más que curioso que los dos grandes partidos parlamentarios, el PSOE y el PP, sólo sean capaces de alcanzar un acuerdo para realizar una reforma de la Constitución absolutamente inútil: la limitación del gasto de las administraciones públicas.

PP y PSOE han demostrado hasta la saciedad su incapacidad negociadora para encontrar puntos de encuentro en temas absolutamente trascendentales como pueden ser las reformas de estatutos de autonomía, la renovación del Tribunal Constitucional, la reforma laboral o, en muchas ocasiones, la política antiterrorista. Y, sin embargo, logran un acuerdo, quizás obedeciendo instrucciones del eje franco-alemán, para realizar una reforma constitucional innecesaria e inútil. ¿Para qué entonces se planea esta reforma? Todo parece indicar que se trata de una operación estética, un gesto encaminado a tranquilizar a los nuevos jefes de las políticas económicas, los mercados.

Esta reforma constitucional es innecesaria porque ya existen mecanismos legales suficientes para limitar el techo del gasto de las administraciones públicas. Ahí tenemos el Tratado de Maastricht suscrito por España que fijó el déficit permitido a los Estados de la Unión Europea en el 3 % del PIB y que merced al artículo 96 de la Constitución Española forma parte del ordenamiento jurídico español, para bien y para mal. Es decir, que la limitación del déficit ya está regulada en nuestro ordenamiento jurídico. Y si de lo que se trata es de establecer nuevas o diferentes obligaciones financieras, basta con volver a usar el Art. 94, 1, d) de la propia Constitución que establece que  la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de Tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos: d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.

El enorme y creciente déficit de las Comunidades Autónomas constituye uno de los principales problemas de nuestras cuentas públicas y la necesidad imperiosa de su control es invocada por los promotores de esta reforma constitucional como justificación de la misma. Sin embargo, se trata, una vez más, de un argumento absolutamente erróneo. Es posible, además de necesario, controlar el déficit de las Comunidades Autónomas sin necesidad de reformar la Constitución. Basta con aplicar las previsiones constitucionales existentes. El Art. 149.1. 13)  de la C.E. establece como competencia exclusiva del Estado las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. El Art. 150.3 de la Carta Magna señala que el Estado podrá dictar Leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad. Y, finalmente, el Art. 155.1 dispone que Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

Como puede apreciarse nuestro Ordenamiento Jurídico no sólo tiene ya establecido un límite del gasto que, posiblemente, deba ser articulado en función de las actuales circunstancias, sino que, además, cuenta con los mecanismos legales necesarios para imponer, si fuere preciso, más límites y controles a favor del interés general sin necesidad alguna de reformar la Constitución.

Esta anunciada reforma es, además de innecesaria, inútil. Da igual lo que disponga el tratado de Maastricht o la propia Constitución si no existe una voluntad política decidida y clara para frenar el gasto de las administraciones públicas. Es inútil cualquier pretensión legal en este sentido si no está respaldada por decisiones coherentes y valientes. Y, hasta el día de hoy, es evidente que los discursos de unos no han venido seguidos por sus obras y que las pretensiones de otros se han escondido tras propuestas de reforma hasta ahora no aceptadas.

¿Por qué no reforman la Constitución para establecer la exigencia de  responsabilidades a los gobernantes incompetentes e irresponsables?

Santiago de Munck loyola

Diputaciones, políticos y asesores.

La propuesta electoral del candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba de eliminar las Diputaciones provinciales ha abierto un amplio debate político sobre la conveniencia o no de esta medida. Parece que la propuesta está ya haciendo aguas por la reacción nada entusiasta de su propio partido molesto por el “ninguneo” al que el candidato le ha sometido en este tema.

La propuesta de Rubalcaba nació desde el primer momento con muy poca credibilidad porque no hace más de un año que el candidato socialista se opuso firmemente a una medida similar y la toma ahora como propia, justo después de que los socialistas hayan perdido el control de la mayoría de las Diputaciones provinciales. Pero es que, además, Rubalcaba y su equipo tratan de justificar esta propuesta esgrimiendo cifras que superan los 1.000 millones de euros de supuesto ahorro con la eliminación que se produciría de cargos políticos (cerca de 1.000), asesores y demás gastos vinculados con la dirección de estas instituciones. Si se examinan los presupuestos de las Diputaciones Provinciales es fácil observar que los números no cuadran y que constituye una falsedad absoluta que el coste de los cargos políticos y cargos de confianza suponga casi el 15 % del total de los presupuestos de las Diputaciones, unos 7.000 millones de euros al año. Si se toma el caso de la Diputación de Alicante, una de las Diputaciones con más cargos políticos y puestos de confianza, el coste en nóminas y gasto corriente asociado a estos cargos ronda el 2,90 % del presupuesto anual, porcentaje muy alejado del manejado por Rubalcaba. Es más, si la cifra y el correspondiente porcentaje de supuesto ahorro señalado por el candidato socialista fuera cierto y creíble constituiría un verdadero escándalo en el que habrían participado todos los partidos políticos, es decir, una práctica habitual que es de suponer sería extensible a todas las demás administraciones públicas.

Dicho esto, lo positivo de esta propuesta es haber abierto un interesante debate sobre el papel, el futuro y las posibilidades de reforma de las Diputaciones Provinciales y, necesariamente, de las demás administraciones públicas. Es indudable que las administraciones públicas vienen siendo, desde hace muchos años, un botín que los Partidos Políticos reparten entre los suyos cuando se hacen con el poder de las mismas, ya se trate de Ayuntamientos, de Diputaciones, de Comunidades Autónomas o del Estado. El abuso que supone la proliferación de cargos de confianza (asesores, comunicadores, etc.), la asignación de elevados sueldos de los cargos políticos y el uso indiscriminado de bienes públicos y prebendas es mucho más relevante y significativo en tiempos de crisis como los actuales en los que se imponen continuos sacrificios a la población, sobre todo, a la más débil económicamente. Se han dado casos, como en la Diputación de Alicante, en los que hay más asesores que Diputados Provinciales. ¿Es normal? ¿Es admisible? ¿Es lógico que hasta para hacer oposición los grupos políticos tengan asesores? Parece que no, parece que el sentido común señala que si los Señores Diputados no saben hacer su trabajo y necesitan asesores para ello es mejor que se dediquen a otra cosa. Y esta consideración es extensible en gran medida a las demás administraciones públicas.

La proliferación de cargos de confianza no se debe a una desconfianza del político hacia los funcionarios, entre los que hay grandes profesionales, ni a su propia incompetencia personal que exija tan gran número de asesores, sino que obedece más bien a ese reparto del botín público en el pago de favores tan frecuente en las organizaciones políticas.

Hoy las Diputaciones Provinciales siguen prestando un apoyo fundamental a los pequeños municipios lo que justifica sobradamente su existencia. Sin embargo, el desarrollo de las administraciones autonómicas ha supuesto, en muchos ámbitos, una duplicidad de funciones insostenible. Posiblemente, la solución pase por una redefinición del papel de las Diputaciones en coordinación con la estructura autonómica. Las Diputaciones deberían incrementar su capacidad de apoyo y asesoramiento a los pequeños municipios cuya viabilidad también es cuestionable en estos momentos y dejar en manos de las administraciones autonómicas muchas funciones que, además, competencialmente les corresponden. Igualmente, su reforma debería pasar por una revisión profunda de su representatividad democrática y del estatuto económico de sus cargos públicos. Muchos ven en las Diputaciones un contrapeso político a la tendencia neocentralizadora de las Comunidades Autónomas y esta consideración se ha venido reflejando en un crecimiento mimético de las Diputaciones que hoy no las hace viables. No se puede  solucionar un problema creando otro.

Santiago de Munck Loyola