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martes, 13 de septiembre de 2011

Incógnitas del programa del PP que deberían despejarse.

A medida que se acercan las elecciones, el ruido de los partidos políticos va aumentando. Estamos acostumbrados a que las campañas electorales se conviertan en una carrera de descalificaciones, en muchos casos de una gran simpleza, más que en un debate serio y constructivo sobre las diferentes propuestas de los programas de los partidos políticos.

España está en una situación sumamente delicada que algunos califican incluso de emergencia nacional. Hoy más que nunca es necesario que todos los partidos concurran a las elecciones con programas y propuestas claras en las que nos digan a los electores cómo piensan sacarnos de esta desastrosa situación.

Todas las encuestas vaticinan un claro triunfo del Partido Popular y un derrumbe del PSOE. De ahí que existan dos riesgos, dos tentaciones contrapuestas de enfocar la campaña electoral. Desde la perspectiva del Partido Popular es muy posible que la tentación estribe en ajustarse lo máximo posible a la “doctrina Arriola”: ya que el viento es favorable, mejor no hacer nada o hacer lo menos posible para no incurrir en errores o no movilizar el voto ajeno. Esta tentación, de prosperar, se traducirá sin duda en muchas inconcreciones programáticas, en no detallar medidas que pudieran resultar “dolorosas” aunque sean necesarias e inevitables. Por parte del PSOE la tentación puede traducirse en descentrar sus propuestas para captar los votos que pierde por su izquierda y centrar sus mensajes en la resurrección de viejos fantasmas: apelar el voto del miedo a ver si funciona una vez más. Parece que algunos editorialistas del Diario El País así como los habituales grupos de agitadores subvencionados ya están en ello.

Para quienes durante estos últimos años hemos seguido apoyando al Partido Popular lo que haga o diga el PSOE nos da más o menos igual, pero no ocurre lo mismo con la actitud que vaya a adoptar el Partido Popular. Desde una perspectiva de la regeneración democrática es perfectamente exigible la claridad, la transparencia y el compromiso electoral y programático. Desear un triunfo del Partido Popular no puede ser, ni mucho menos, la entrega de un cheque en blanco. El respaldo electoral debe venir avalado, en primer lugar, por la plena coherencia con los postulados mantenidos durante los años de oposición. Sería francamente decepcionante contemplar cómo se dan por amortizadas las críticas y propuestas sostenidas en el período de oposición. Y, en segundo lugar y en consonancia con la anterior, el respaldo electoral debería estar avalado por la presentación y oferta de un programa de gobierno claro, preciso, valiente y coherente.

Por ello, hay una serie de cuestiones que, a pesar de los que digan los bien retribuidos “gurús” electorales, el Partido Popular debería clarificar en la campaña electoral. A título de ejemplo, no estaría de más saber si, en caso de gobernar, el Partido Popular va a:

-          Promover la reforma constitucional para garantizar la igualdad de derechos entre todos los españoles.
-          Desarrollar las reformas legislativas precisas para garantizar un sistema educativo, un sistema sanitario y prestaciones sociales de ámbito nacional.
-          Promover la ilegalización de todas las marcas de ETA.
-          Clarificar todas las dudas sobre el 11-M y depurar responsabilidades en el Ministerio del Interior.
-          Eliminar la pseudo asignatura de Educación para la Ciudadanía.
-          Profundizar en el sistema de incompatibilidades de los cargos públicos.
-          Acabar con los privilegios fiscales de los parlamentarios.
-          Reformar las administraciones públicas para acabar con las duplicidades.
-          Reforzar la independencia del Poder Judicial y adoptar medidas para despolitizar la Justicia.
-          Reformar la legislación sobre el aborto.
-          Acabar con las tributaciones privilegiadas de las grandes fortunas (SICAV, etc.).
-          Recortar o eliminar las subvenciones a Partidos, sindicatos y patronales.
-          Aprobar la dación en pago de la vivienda en las ejecuciones hipotecarias.
-          Reformar la legislación sobre menores.
-          Reformar la legislación que atenta contra la igualdad de sexos.
-          Poner en marcha el Plan Hidrológico Nacional.
-          Garantizar la libre elección de lengua en la educación en todo el territorio nacional.
-          Liberalizar realmente el Sector Eléctrico.
-          Hacer aflorar los balances reales de las entidades bancarias.
-          Garantizar la financiación de las entidades locales.

La lista de cuestiones que debería concretar el partido Popular no se acaba con estas que he apuntado. Quedan más que intentaré ir desgranando próximamente, aunque mucho me temo que la mayor parte de ellas no se clarificarán en la campaña electoral. Ya se sabe que las campañas no sirven de mucho y que se rigen fundamentalmente por cuestiones de marketing más que por la voluntad de apelar a la razón y al convencimiento.

Santiago de Munck Loyola


sábado, 10 de septiembre de 2011

Ripoll al Puerto y nuestros votos al retrete.

La costumbre de los dirigentes de los Partidos Políticos, sean del color que sean, para usar, abusar y mercadear con los cargos públicos, con los puestos de designación directa en instituciones públicas no tiene, en nuestro país, límite alguno. Los nombramientos o los ceses en determinados puestos se realizan no desde la perspectiva de la prestación del mejor servicio posible a los ciudadanos, sino desde la que corresponde al interés partidista, al amiguismo o a la “limpieza” ideológica.

Que alguien organiza fenomenales excursiones a Roma con el Opus Dei, pues, nada, se la termina haciendo Diputada nacional aunque no sepa hacer la “o” con un canuto. Que un Alcalde se atreve a expresar, desde su conciencia, sus objeciones al aborto, pues, nada, se le mueve la silla y se le envía de embajador al Vaticano aunque no sepa idiomas ni sepa dónde es forman los diplomáticos. Que se crea un Ministerio inútil y después se suprime dejando en evidencia a su incompetente titular, pues, nada, se le nombra asesora de la Agencia de la Mujer de las Naciones Unidas aunque para ello haya que gastarse cientos de miles de euros para conseguirlo a pesar de que las arcas públicas están en la ruina. La lista puede ser interminable.

Hace poco más de cuatro meses, los alicantinos decidimos con nuestro voto respaldar la candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento de Alicante. No se trataba del respaldo a una lista abierta, como todo el mundo sabe, sino del voto a una lista cerrada, es decir, a un equipo propuesto por el Partido Popular para que los componentes de dicha lista ocupasen los sillones de concejales del Pleno de la Corporación y, en su caso, gobernasen la ciudad. La mayoría de los alicantinos dio su voto a esta lista íntegra, sin posibilidad de excluir a nadie. Por tanto, decidimos, entre otros nombres, que Sonia Castedo y Joaquín Ripoll fuesen concejales.

Pues bien, parece que Sonia Castedo y la dirección regional del Partido Popular (antes con Camps, ahora con Fabra) se pasan por el arco del triunfo la voluntad de los alicantinos expresada en las urnas. Sonia Castedo, convertida en Alcaldesa, decidió que no quería trabajar en el equipo de gobierno de la ciudad con su número dos, con el que los electores habían votado, su Presidente Provincial del PP, Joaquín Ripoll y lo envió al paro. Así, sin más. Todo un alarde de chulería y soberbia, de venganza cainita que supone un sonoro mazazo sobre las urnas y todo ello con el consentimiento y beneplácito de la Dirección Regional Popular.

Que a la Sra. Alcaldesa se le pone que no quiere a su número dos, pues nada se le deja sin competencias municipales, sin sueldo y se le presiona para que renuncie al acta de concejal que los electores le han conferido y, una vez conseguida la renuncia, se nombra al dimitido Presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante. Todo un espectáculo de indignidad y de miseria política y moral la que están ofreciendo desde la Casa Consistorial alicantina.

Al Sr. Ripoll los alicantinos le hemos elegido para que esté en el Ayuntamiento, no en el puerto. Ése fue el mandato de la urnas, Sra. Alcaldesa, y no hace tanto de ello. Podrá enviar a Ripoll al puerto y, de paso,  nuestra papeleta, nuestro voto al retrete pero en Política no hay caminos sólo de ida.

Santiago de Munck Loyola

martes, 6 de septiembre de 2011

La CEOE y la cara dura de su presidente.

Parece que el Presidente de la gran patronal española, D. Juan Rosell, la tiene tomada con los funcionarios, con los empleados públicos. El pasado 18 de julio de 2011, http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/18/economia/1310979738.html, el Sr. Rosell, se despachó a gusto y denunció, lo que él llama, funcionarios "prepotentes e incumplidores" y defendió la necesidad de "evaluar" a los empleados públicos. Añadió, además, que "hay que combatir a estos empleados públicos y decirles que no son dueños de sus puestos de trabajo, sino que trabajan para nosotros". El Sr. Rosell olvidó mencionar que para ser empleado público hay que haber sido evaluado previamente y haber aprobado el correspondiente proceso selectivo. Ningún funcionario que se precie se considera dueño de su puesto de trabajo y todos saben que son (somos) servidores públicos, que trabajamos para los ciudadanos. Que ¿hay funcionarios prepotentes e incumplidores? Pues seguramente, como empresarios o políticos, pero son una excepción y la Ley tiene ya los mecanismos suficientes para corregir cualquier abuso. Los empleados públicos se desenvuelven en un mundo muy regulado que no tiene nada que ver con el mundo del mercado, con la Ley de la selva en la que parece moverse el Sr. Rosell.



Ahora, el Sr. Rosell, que debe padecer algún tipo de fobia funcionarial, acaba de pedir "sacrificios" http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/06/economia/1315328815.html

a los funcionarios, incluidos los profesores, "como tributo a los que no tienen un contrato para toda la vida" y en compensación por las "ventajas y beneficios" de que disfrutan, según dice, los empleados públicos. "No es el momento de la queja constante, sino de la responsabilidad constante", ha dicho en referencia a la crisis económica. Desde 1982 hasta el año 2007 y sin contar los últimos recortes del Gobierno del Sr. Zapatero, los funcionarios han perdido más del 42 % de su poder adquisitivo, tal y como puede apreciarse en la siguiente tabla:




AÑO
I.P.C.
INCREMENTO
PÉRDIDA SALARIAL

1982
14,00%
8,00%
-6,00%

1983
12,20%
9,00%
-3,20%

1984
11,90%
6,50%
-5,40%

1985
8,20%
6,50%
-1,70%

1986
8,30%
7,20%
-1,10%

1987
4,60%
5,00%
0,40%

1988
5,80%
4,00%
-1,80%

1989
6,90%
4,00%
-2,90%

1990
6,50%
6,00%
-0,50%

1991
5,50%
7,22%
1,72%

1992
5,30%
6,10%
0,80%

1993
4,90%
1,80%
-3,10%

1994
4,30%
0,00%
-4,30%

1995
4,30%
3,50%
-0,80%

1996
3,50%
3,50%
0,00%

1997
2,10%
0,00%
-2,10%

1998
2,10%
2,10%
0,00%

1999
2,40%
1,80%
-0,60%

2000
4,00%
2,00%
-2,00%

2001
3,10%
2,00%
-1,10%

2002
4,00%
2,00%
-2,00%

2003
2,60%
2,00%
-0,60%

2004
3,20%
2,00%
-1,20%

2005
3,70%
2,00%
-1,70%

2006
2,70%
2,00%
-0,70%

2007
4,20%
2,00%
-2,20%
TOTAL
25
140,30%
98,22%
-42,08%



¿No le parece el Sr. Rosell suficiente sacrificio? Pues debe ser que no y seguramente debe ser también la misma opinión de estos sindicatos de “clase”, que viven del pesebre estatal y que, cómplices de este desastroso gobierno, han tenido una respuesta más que tibia ante semejante sacrificio impuesto a los empleados públicos. ¡Claro! Hay que comprenderles. Si levantaban mucho la voz a lo mejor perdían las multimillonarias subvenciones que perciben.

Los funcionarios, los empleados públicos, no olvidan que sus sueldos son pagados por los contribuyentes, como tampoco deberían olvidar que ellos mismos son contribuyentes y que con parte de sus impuestos se pagan los 400 millones de euros que las organizaciones empresariales recibieron en el año 2010, http://www.publico.es/dinero/340792/la-ceoe-un-gran-negocio-engrasado-con-dinero-publico. Que las organizaciones de los empresarios, personas cuyo fin primordial es la obtención del máximo beneficio económico, reciban dinero público para poder funcionar es, sencillamente, escandaloso e inmoral. Repártanse un poco menos de beneficios y páguense sus edificios, sus cursos y sus saraos sin “chupar” de la caja pública. Sacrifíquense ustedes primero, Sr. Rosell, y después podrá tener alguna legitimidad para pedir sacrificios a los demás y, puesto a pedirlos, tenga un mínimo de decencia y de valor y solicite a sus colegas sindicales y a los dirigentes de los partidos políticos que se sostengan con las cuotas de sus afiliados y no con el dinero que detraen de los impuestos de todos los asalariados de España.

Menos cara dura, por favor y las fobias al diván del psiquiatra.

Santiago de Munck Loyola

sábado, 3 de septiembre de 2011

El pluriempleo de los políticos: un fraude a los electores.

La organización de todo estado y de las diferentes administraciones que lo componen conlleva la existencia de numerosos cargos públicos. Estos cargos van siendo ocupados por personas designadas por los partidos políticos en función de los resultados electorales. Cada puesto público de carácter electivo tiene asignadas de forma reglada una serie de funciones y competencias a desarrollar durante el mandato conferido por los ciudadanos. Por regla general, la inmensa mayoría de estos puestos tiene asignada una retribución para quien los desempeñe. Cuando elegimos a un alcalde, a un diputado regional o a un congresista o senador lo hacemos para que se dedique a ese cargo y, considerando las retribuciones generalmente asignadas, para que lo haga con plena dedicación. Sin embargo, las cúpulas de los partidos políticos españoles, a pesar de determinadas limitaciones estatutarias, no solamente consienten y toleran que muchos de sus cargos públicos simultaneen dichos cargos con actividades privadas, sino que además promueven que muchos puestos públicos electivos no estén siendo desempeñados con diligencia y dedicación al imponer que determinadas personas ocupen dos o más cargos públicos a la vez. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) es taxativa. En su artículo 157.2 establece que “el mandato de diputados y senadores será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma”. El espíritu de la norma es evidente. No se trata sólo de que no se pueda percibir más de un ingreso público (que se percibe usando variadas artimañas legales), sino de que los diputados y senadores se dediquen a aquello para lo que han resultado elegidos.
El sentido común señala que un diputado nacional debe dedicarse a su labor parlamentaria con exclusividad para poder ejercer sus funciones legislativas y poder representar a los ciudadanos de su provincia con eficacia y dignidad. Y lo mismo puede decirse de cualquier diputado regional o de cualquier alcalde. Sus puestos tienen asignadas retribuciones pensadas para una dedicación absoluta a las tareas encomendadas. Pero no parece que sea el sentido común lo que impera en las cúpulas de los partidos a la hora de fijar los criterios por los que se elaboran las diferentes candidaturas, ni tan siquiera parece imperar la búsqueda de la profesionalidad o de la excelencia. Lo que prima, sin ningún género de dudas, es el amiguismo, el tráfico de amistades y, sobre todo, la docilidad permanente. Por ello, no es raro ver cómo determinadas personas son alcaldes y diputados o senadores a la vez, cómo ocupan de forma simultánea varios cargos públicos, cada uno de los cuales requeriría una dedicación absoluta, como si en sus organizaciones no hubiese más gente capacitada para ello.
A la tendencia de la cúpula de los partidos a rodearse de peones dóciles se corresponde la existencia de “políticos orquesta”, personas ávidas de tocar muchos instrumentos a la vez, incapaces de especializarse en ninguno y con una gaseosa propensión a ocupar cualquier espacio libre a la menor indicación de arriba.
Examinemos un caso concreto de Alicante que no es, ni mucho menos, excepcional. D. ª María Adelaida Pedrosa Roldán, sin estudios superiores, ocupa los siguientes cargos públicos:
-          Diputada en el Congreso por la Provincia de Alicante.
-          Vicepresidenta Segunda de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
-          Alcaldesa del Ayuntamiento de Elda.
-          Vicepresidenta de la Mancomunidad intermunicipal del Valle del Vinalopó.
-          Presidenta de la “Fundación Museo del Calzado”.
-          Presidenta de la Empresa Pública IDELSA.
-          Presidenta de la Empresa Pública EMUDESA.
-          Presidenta de la Empresa Pública EMIDESA.
-          Diputada Provincial de Alicante.
-          Vicepresidenta Primera de la Diputación de Alicante.
-      Diputada Responsable del Área de Recursos Humanos de la Diputación de Alicante.
Y, además, participante en tertulias y programas en medios públicos y privados de televisión o radiodifusión según el registro de intereses del Congreso.
Nadie, con el más mínimo sentido común y sin faltar a la verdad, puede afirmar que estos puestos públicos están siendo desempeñados con dedicación absoluta. Es materialmente imposible. ¿No se merecen los alicantinos que sus representantes en el Congreso los representen con eficacia? ¿No se merecen los vecinos de Elda que su alcaldesa tenga una dedicación absoluta para su ciudad? No nos engañemos, no estamos ante la presencia de una”super woman political” capaz de cumplir con todas las obligaciones de tan larga lista de cargos. Es un ejemplo más de “político orquesta”, de acaparamiento avaricioso de cargos promovido y consentido por los dirigentes del Partido Popular.
Casos como éste constituyen un grave fraude a la ciudadanía y una demostración de que los discursos sobre regeneración democrática, en muchos casos, no se traducen en hechos concretos, simples y ejemplificadores de lo que debería ser una sana dedicación a la res publica, a servir a los ciudadanos. Los hombres orquesta suelen terminar desafinando y los glotones reventando.
Santiago de Munck Loyola