La confusión ideológica y la pérdida de identidades.

Cuando se examina la trayectoria del PSOE durante estos últimos años y la naturaleza de muchas de las iniciativas y medidas políticas que ha ido poniendo en marcha su gobierno es difícil encontrar cierta coherencia ideológica y una identidad clara respecto a lo que implica su teórico posicionamiento político y social. De un partido socialdemócrata o simplemente de izquierdas se esperan acciones de gobierno que respondan a esas etiquetas. Sin embargo, no ha sido siempre así durante el mandato del Sr. Rodríguez Zapatero. Habrá quien lo intente justificar aludiendo a los estrechos márgenes de actuación que una economía globalizada y dependiente imponen pero lo cierto es que, aún dentro de esos márgenes, cabía esperar la adopción de signos y medidas que respondiesen a una identidad ideológica concreta. Bien es cierto que, en determinados aspectos políticos, sí se ha producido esa esperada coherencia, pero en lo relativo al desarrollo de la cohesión social o a la consecución de una mayor justicia social no ha sido así.

Olvidado ya el internacionalismo proletario y sustituido por el imperialismo bancario, se ha renunciado a la propia cohesión jurídica y social nacional para afianzarse en el particularismo aldeano. Hoy, los ciudadanos españoles no gozan de iguales derechos, pese al mandato constitucional, en los diferentes territorios que componen la nación. Esto es perfectamente constatable en los derechos a determinadas prestaciones sanitarias que varían en función de cada autonomía.

El Art. 31.1 de la Constitución, constantemente ignorado en las diferentes decisiones tributarias que se han venido adoptando, señala que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Es evidente que el principio de igualdad ha desaparecido desde el momento en que los ciudadanos tributamos en diferente cuantía según nuestra Comunidad Autónoma. Pero lo que más llama la atención es que el principio de progresividad, es decir, una mayor tributación según la mayor  capacidad de pago, ha sido constantemente ignorado por un Gobierno y un partido de izquierdas. El concepto de progresividad fiscal, tan denostado por los ultraliberales, no es un capricho, es un mandato constitucional cuya inclusión en los debates constitucionales se promovió desde la izquierda.

Un ejemplo de la ignorancia de este principio lo acaba de proporcionar el Gobierno con la reducción del IVA en la adquisición de viviendas nuevas. La medida adoptada consiste en rebajar de un 8 a un 4 % el IVA que hay que pagar el comprar una nueva vivienda independientemente de la capacidad del contribuyente. Hay quien afirma que esta medida ha sido un nuevo favor a los bancos cuyo excedente de viviendas ha aumentado en exceso como consecuencia de la crisis. El Gobierno socialista ha pensado, una vez más, en los bancos y no en las necesidades de los ciudadanos. Es un problema, al parecer, que los bancos en el año 2010 hayan obtenido un beneficio neto de solo  14.940 millones de euros. No lo es tanto que muchos millones de españoles no tengan vivienda en propiedad, especialmente los que tienen edades comprendidas entre los 26 y los 45 años. La bajada del IVA beneficia a los bancos y a todos los españoles que quieran comprar una nueva vivienda, pero sin distinciones. Es decir que el beneficio es igual para todos, ya se trate de comprar la primera vivienda o una segunda, tercera o décima vivienda. Pensar en resolver el problema del stock de viviendas de los bancos, reactivar el sector de la construcción y ayudar simultáneamente a quienes necesitan comprar su primera vivienda debería haber llevado, desde la óptica de la progresividad, a una medida diferente. Por ejemplo, rebajar el IVA al tipo marginal para quien quiera comprar su primera vivienda y aumentar el IVA a los que quieran ir aumentando su patrimonio con las compra de más viviendas.

No es este el único caso de la ausencia de progresividad o de justicia social. Dar un cheque-bebé a todo el mundo por igual, independientemente de que el perceptor esté en el paro o posea una fortuna, fue tremendamente injusto. Ahora no hay dinero ni para unos ni para otros. Como injusto y anti social fue la decisión parlamentaria de situarse a favor de los bancos y no de los ciudadanos en el tema de la dación en pago de las viviendas en los litigios hipotecarios. Y al igual que estos casos, se podría ir desgranando todo un rosario de decisiones políticas y sociales que no responden, ni tan siquiera, a los principios rectores de nuestra Constitución. O bien no la conocen, o bien han desaparecido los principios ideológicos o bien los mercados y las encuestas han acabado con la identidad ideológica de nuestros gobernantes.

Santiago de Munck Loyola

Una reforma constitucional innecesaria e inútil.

Es más que curioso que los dos grandes partidos parlamentarios, el PSOE y el PP, sólo sean capaces de alcanzar un acuerdo para realizar una reforma de la Constitución absolutamente inútil: la limitación del gasto de las administraciones públicas.

PP y PSOE han demostrado hasta la saciedad su incapacidad negociadora para encontrar puntos de encuentro en temas absolutamente trascendentales como pueden ser las reformas de estatutos de autonomía, la renovación del Tribunal Constitucional, la reforma laboral o, en muchas ocasiones, la política antiterrorista. Y, sin embargo, logran un acuerdo, quizás obedeciendo instrucciones del eje franco-alemán, para realizar una reforma constitucional innecesaria e inútil. ¿Para qué entonces se planea esta reforma? Todo parece indicar que se trata de una operación estética, un gesto encaminado a tranquilizar a los nuevos jefes de las políticas económicas, los mercados.

Esta reforma constitucional es innecesaria porque ya existen mecanismos legales suficientes para limitar el techo del gasto de las administraciones públicas. Ahí tenemos el Tratado de Maastricht suscrito por España que fijó el déficit permitido a los Estados de la Unión Europea en el 3 % del PIB y que merced al artículo 96 de la Constitución Española forma parte del ordenamiento jurídico español, para bien y para mal. Es decir, que la limitación del déficit ya está regulada en nuestro ordenamiento jurídico. Y si de lo que se trata es de establecer nuevas o diferentes obligaciones financieras, basta con volver a usar el Art. 94, 1, d) de la propia Constitución que establece que  la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de Tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos: d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.

El enorme y creciente déficit de las Comunidades Autónomas constituye uno de los principales problemas de nuestras cuentas públicas y la necesidad imperiosa de su control es invocada por los promotores de esta reforma constitucional como justificación de la misma. Sin embargo, se trata, una vez más, de un argumento absolutamente erróneo. Es posible, además de necesario, controlar el déficit de las Comunidades Autónomas sin necesidad de reformar la Constitución. Basta con aplicar las previsiones constitucionales existentes. El Art. 149.1. 13)  de la C.E. establece como competencia exclusiva del Estado las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. El Art. 150.3 de la Carta Magna señala que el Estado podrá dictar Leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad. Y, finalmente, el Art. 155.1 dispone que Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

Como puede apreciarse nuestro Ordenamiento Jurídico no sólo tiene ya establecido un límite del gasto que, posiblemente, deba ser articulado en función de las actuales circunstancias, sino que, además, cuenta con los mecanismos legales necesarios para imponer, si fuere preciso, más límites y controles a favor del interés general sin necesidad alguna de reformar la Constitución.

Esta anunciada reforma es, además de innecesaria, inútil. Da igual lo que disponga el tratado de Maastricht o la propia Constitución si no existe una voluntad política decidida y clara para frenar el gasto de las administraciones públicas. Es inútil cualquier pretensión legal en este sentido si no está respaldada por decisiones coherentes y valientes. Y, hasta el día de hoy, es evidente que los discursos de unos no han venido seguidos por sus obras y que las pretensiones de otros se han escondido tras propuestas de reforma hasta ahora no aceptadas.

¿Por qué no reforman la Constitución para establecer la exigencia de  responsabilidades a los gobernantes incompetentes e irresponsables?

Santiago de Munck loyola

Diputaciones, políticos y asesores.

La propuesta electoral del candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba de eliminar las Diputaciones provinciales ha abierto un amplio debate político sobre la conveniencia o no de esta medida. Parece que la propuesta está ya haciendo aguas por la reacción nada entusiasta de su propio partido molesto por el “ninguneo” al que el candidato le ha sometido en este tema.

La propuesta de Rubalcaba nació desde el primer momento con muy poca credibilidad porque no hace más de un año que el candidato socialista se opuso firmemente a una medida similar y la toma ahora como propia, justo después de que los socialistas hayan perdido el control de la mayoría de las Diputaciones provinciales. Pero es que, además, Rubalcaba y su equipo tratan de justificar esta propuesta esgrimiendo cifras que superan los 1.000 millones de euros de supuesto ahorro con la eliminación que se produciría de cargos políticos (cerca de 1.000), asesores y demás gastos vinculados con la dirección de estas instituciones. Si se examinan los presupuestos de las Diputaciones Provinciales es fácil observar que los números no cuadran y que constituye una falsedad absoluta que el coste de los cargos políticos y cargos de confianza suponga casi el 15 % del total de los presupuestos de las Diputaciones, unos 7.000 millones de euros al año. Si se toma el caso de la Diputación de Alicante, una de las Diputaciones con más cargos políticos y puestos de confianza, el coste en nóminas y gasto corriente asociado a estos cargos ronda el 2,90 % del presupuesto anual, porcentaje muy alejado del manejado por Rubalcaba. Es más, si la cifra y el correspondiente porcentaje de supuesto ahorro señalado por el candidato socialista fuera cierto y creíble constituiría un verdadero escándalo en el que habrían participado todos los partidos políticos, es decir, una práctica habitual que es de suponer sería extensible a todas las demás administraciones públicas.

Dicho esto, lo positivo de esta propuesta es haber abierto un interesante debate sobre el papel, el futuro y las posibilidades de reforma de las Diputaciones Provinciales y, necesariamente, de las demás administraciones públicas. Es indudable que las administraciones públicas vienen siendo, desde hace muchos años, un botín que los Partidos Políticos reparten entre los suyos cuando se hacen con el poder de las mismas, ya se trate de Ayuntamientos, de Diputaciones, de Comunidades Autónomas o del Estado. El abuso que supone la proliferación de cargos de confianza (asesores, comunicadores, etc.), la asignación de elevados sueldos de los cargos políticos y el uso indiscriminado de bienes públicos y prebendas es mucho más relevante y significativo en tiempos de crisis como los actuales en los que se imponen continuos sacrificios a la población, sobre todo, a la más débil económicamente. Se han dado casos, como en la Diputación de Alicante, en los que hay más asesores que Diputados Provinciales. ¿Es normal? ¿Es admisible? ¿Es lógico que hasta para hacer oposición los grupos políticos tengan asesores? Parece que no, parece que el sentido común señala que si los Señores Diputados no saben hacer su trabajo y necesitan asesores para ello es mejor que se dediquen a otra cosa. Y esta consideración es extensible en gran medida a las demás administraciones públicas.

La proliferación de cargos de confianza no se debe a una desconfianza del político hacia los funcionarios, entre los que hay grandes profesionales, ni a su propia incompetencia personal que exija tan gran número de asesores, sino que obedece más bien a ese reparto del botín público en el pago de favores tan frecuente en las organizaciones políticas.

Hoy las Diputaciones Provinciales siguen prestando un apoyo fundamental a los pequeños municipios lo que justifica sobradamente su existencia. Sin embargo, el desarrollo de las administraciones autonómicas ha supuesto, en muchos ámbitos, una duplicidad de funciones insostenible. Posiblemente, la solución pase por una redefinición del papel de las Diputaciones en coordinación con la estructura autonómica. Las Diputaciones deberían incrementar su capacidad de apoyo y asesoramiento a los pequeños municipios cuya viabilidad también es cuestionable en estos momentos y dejar en manos de las administraciones autonómicas muchas funciones que, además, competencialmente les corresponden. Igualmente, su reforma debería pasar por una revisión profunda de su representatividad democrática y del estatuto económico de sus cargos públicos. Muchos ven en las Diputaciones un contrapeso político a la tendencia neocentralizadora de las Comunidades Autónomas y esta consideración se ha venido reflejando en un crecimiento mimético de las Diputaciones que hoy no las hace viables. No se puede  solucionar un problema creando otro.

Santiago de Munck Loyola

JMJ 2011: Un éxito.

No cabe la menor duda de que el desarrollo de las Jornadas Mundiales de la Juventud está siendo un verdadero éxito de sus organizadores y, como no, de los participantes en las mismas.  Más de un millón de jóvenes peregrinos, cientos de miles en todo caso, venidos de todos los rincones del mundo, inundan estos días las calles de Madrid soportando un calor asfixiante y algún que otro incidente promovidos por los intolerantes de siempre.

La noticia está ahí, en la participación y presencia de estos cientos de miles de peregrinos que en uso de su libertad de conciencia han acudido a la llamada de la Iglesia para desarrollar un encuentro de compromiso y de Fe. Los jóvenes católicos lo están haciendo en un clima de alegría desbordante, de simpatía, de valentía, de amistad y de camaradería que para si quisieran muchas otras organizaciones.

La noticia está también en el enorme poder de convocatoria de la Iglesia y en la indiscutible capacidad de movilización y en la incomparable capacidad de organización de la misma, sustentada sin ningún género de dudas en las aportaciones voluntarias materiales y humanas de los miembros de la Iglesia Católica. Decenas de actos desarrollados tras meses de preparación y ejecutados con una precisión asombrosa ponen de manifiesto una excelente planificación y una coordinación difícil de igualar.

Las JMJ han convertido a Madrid y a España, durante estos días, en el centro informativo de todo el Mundo, trasladando una imagen una imagen positiva de nuestra sociedad tan solo empañada por la actitud de los intolerantes que, a pesar de haber intentado convertirse en noticia, tan sólo han logrado ser anécdotas en un acontecimiento tan importante.

Estos cientos de miles de jóvenes de peregrinos que han pagado por inscribirse en las Jornadas entre 30 y 210 € son, con su mochila pagada que no regalada, un ejemplo de civismo y de comportamiento envidiables. Han sufrido insultos, vejaciones, agresiones y descalificaciones por el simple hecho de reunirse a compartir unos días y de ejercer uno de los derechos más elementales y básicos del ser humano, la libertad religiosa. Y han venido a hacerlo a una nación cuyo Estado garantiza constitucionalmente ese derecho y  cuya población está compuesta según señala el CIS en su última encuesta por un 72 % de ciudadanos que se declaran católicos. Es decir que han venido a una Nación cuyo Estado se sostiene principalmente con los tributos que los que se declaran Católicos pagan.

Quedan pocas horas para que las Jornadas Mundiales de la Juventud del año 2011 terminen y estas horas finales constituirán seguramente un broche de oro para este gran acontecimiento. Y para todos los organizadores y los participantes en las mismas mis mejores deseos y mi modesta gratitud por su ejemplaridad.

Santiago de Munck Loyola.

JMJ: Imágenes de la España "progresista y tolerante"...

Sobran comentarios.

Santiago de Munck Loyola.

El estado se come a la sociedad del bienestar.

El Diario El Mundo, en su edición de ayer 14 de agosto de 2011, se hacía eco de las drásticas reformas emprendidas en Italia con el fin de adelgazar sus administraciones públicas. De paso, subrayaba tres cuestiones: primera, que nuestro Estado es insostenible en las actuales circunstancias; segunda, que los dos Partidos mayoritarios coinciden en la necesidad de acometer reformas para reorganizar nuestras administraciones públicas y adaptarlas a la coyuntura actual y, tercera, que sorprendentemente ni el PP ni el PSOE se atreven a plantear soluciones programáticas concretas para conseguirlo.

Una vez más, esta situación pone de manifiesto la estrechez de miras, la cobardía política o la falta de sinceridad de los dirigentes de nuestra clase política a la hora de plantear soluciones, que son más que urgentes, ante una cita electoral cercana. Lo más probable es que los electores lleguemos al 20 N sin saber exactamente qué propone cada partido político para solucionar un problema que todos coinciden en diagnosticar: la inviabilidad de nuestra estructura política, de nuestro Estado. Lo que en tiempos de las vacas gordas podía funcionar a pesar del despilfarro permanente al que nos habíamos acostumbrado, hoy es una pesada losa que hace peligrar la sociedad del bienestar en la que vivimos.

El incremento paulatino y constante de las prestaciones sociales producido en las últimas décadas ha venido acompañado de un crecimiento proporcionalmente muy superior de las administraciones públicas encargadas de gestionarlas. La universalización y mejora de la educación, la sanidad, la justicia, las pensiones o las prestaciones por desempleo han conllevado un sustancial incremento de los aparatos administrativos y burocráticos que eran sostenibles mientras la economía se mantenía en sendas de crecimiento. Los ingresos públicos permitían sin grandes problemas afrontar los gastos generados. Sin embargo, la caída de los ingresos ha puesto en evidencia la imposibilidad de seguir así.

Simultáneamente, la descentralización política y administrativa desarrollada por el Estado de las autonomías no ha supuesto una racionalización de los gastos de la burocracia política y administrativa. Al contrario, todas las administraciones han crecido vertiginosamente. No se aplica el principio de a una competencia, una administración, sino que, en muchas ocasiones, nos encontramos hasta con cuatro administraciones para desarrollar lo que antes hacía una sola. Resulta cuando menos llamativo que esta explosión burocrática se ha producido en el mismo período en que se desarrollaban e implantaban las nuevas tecnologías, aquellas que precisamente iban a permitir mejorar e incrementar la productividad, la eficacia y la operatividad de sus usuarios.

Hoy más que nunca peligra la sociedad del bienestar porque los recursos necesarios para su sostenimiento se los está comiendo el Estado, también del bienestar. No es posible seguir así. Los ciudadanos debemos reflexionar y plantearnos cuáles son nuestras prioridades porque vamos a tener que poner en la balanza muchas opciones y decidir cuáles queremos conservar. Todo a la vez no se puede. ¿Queremos educación universal y gratuita? ¿Queremos una sanidad pública de calidad y gratis? ¿Queremos unas pensiones dignas? ¿Queremos en definitiva unas prestaciones sociales de calidad? O por el contrario ¿Queremos seguir triplicando competencias administrativas y, por tanto, multiplicando el número de funcionarios? ¿Preferimos mantener miles de Ayuntamientos minúsculos con escasa capacidad? ¿Queremos seguir financiando a Partidos Políticos, a Sindicatos y Patronales con el dinero que se quita a los pensionistas? ¿Queremos seguir manteniendo unas Fuerzas Armadas profesionalizadas? ¿Queremos mantener unas Diputaciones inoperantes e innecesarias? ¿Queremos seguir manteniendo 17 parlamentos, 17 gobiernos, miles de asesores y miles de coches oficiales? ¿Queremos seguir manteniendo los injustificables e inmorales privilegios fiscales y sociales de nuestra clase política?

Éstas son las disyuntivas o una cosa o la otra. Hoy por hoy, no cabe todo a la vez. O sociedad de bienestar o Estado de bienestar, pero las dos cosas juntas se han vuelto incompatibles. Y si nuestra clase política no quiere verlo, los ciudadanos tenemos que hacer que lo vea.

Santiago de Munck Loyola

El idioma como arma arrojadiza.

Dígase lo que se diga, lo cierto es que los conflictos lingüísticos han estado a la orden del día durante los últimos años. Una gran parte de la clase política ha venido negando reiteradamente la existencia de problema alguno en torno al uso de los diferentes idiomas que coexisten en nuestra nación. Colaboradores necesarios en esta tarea de proclamar una absoluta calma en este tema han venido siendo una gran parte de los medios de comunicación. Y si en alguna extraña ocasión ha sido noticia que se multe a alguien por rotular en español en Barcelona o por no poder educar a sus hijos en su lengua materna o por no ser atendido adecuadamente en su idioma por parte de una administración, se ha considerado como un caso aislado, como una excepción en el inexistente oasis de la tolerancia de algunas autonomías.

El idioma propio, su uso, su potenciación y su imposición ha sido siempre un instrumento de los políticos nacionalistas y de sus imitadores. El credo nacionalista se sustenta fundamentalmente en la exaltación de lo particular, de lo propio como signo diferenciador y como elemento de autoafirmación frente a lo considerado extraño. Basta ver lo que está ocurriendo en Bélgica donde el francés está siendo laminado en Flandes para ser sustituido por el inglés en la enseñanza obligatoria. Décadas de un enriquecedor bilingüismo y, en muchos casos, trilingüismo están siendo arrinconadas por un más que rancio y estrecho nacionalismo.

En nuestro país, este afán nacionalista termina por tratar de eliminar y excluir del entorno social a cualquier elemento considerado extraño, ajeno, sean los toros, las castañuelas o el español. Por ello, lamentablemente, la necesaria revitalización de las lenguas vernáculas cuando es emprendida por los nacionalistas lleva aparejada un empobrecimiento de la educación y formación de quienes sufren sus imposiciones, es decir, una pérdida progresiva en el manejo de una de las lenguas más importantes del mundo, el español.

La coexistencia en condiciones de igualdad del español con las demás lenguas españolas debería ser un principio básico y perfectamente garantizado por todos los poderes públicos y no lo es. Al igual que debería garantizarse por Ley la libertad de elección de la lengua, sin discriminación alguna, en las relaciones que los ciudadanos podamos mantener con las diferentes administraciones. Sin embargo, la realidad, pese a los silencios de cierta prensa y los deseos de algunos políticos, dista mucho de una situación pacífica y exenta de conflictos. La realidad nos muestra que en algunos municipios de Alicante, hay padres con dificultades para poder escolarizar a sus hijos en español. La realidad nos muestra que, en algunas administraciones, tiene más valor para acceder a una plaza de médico saber catalán que los propios conocimientos en medicina. La realidad es que no se rotula en los dos idiomas, español y valenciano, en todas partes: podemos ver carteles sólo en español o sólo en valenciano. Hace poco, el Sindic de Greuges, Sr. Cholbi, acaba de recriminar al Ayuntamiento de Alicante por no rotular en valenciano también un cartel del nuevo centro comunitario del Garbinet. Y lo mismo vale para los vehículos del Tram, Sr. Cholbi, que sólo están rotulados en valenciano y no en español.

Va siendo hora de poder enfocar el uso de los idiomas fuera de la perspectiva política y al margen de las pretensiones de los nacionalistas. El conocimiento y el uso de diferentes idiomas sólo pueden concebirse como un elemento más del enriquecimiento cultural y de la dignificación de la persona. Si los nacionalistas quieren caer en el mismo error de los franquistas persiguiendo un idioma, allá ellos, pero los demás deberíamos hacer un serio esfuerzo por apostar por la tolerancia y la diversidad cultural.

Santiago de Munck Loyola

Elecciones anticipadas: tarde y mal.

Llegó la primera vez a la Presidencia del Gobierno de mala manera, tras el cruento atentado del 11-M, y se va de la misma también de mala manera: tarde y mal. Hasta para marcharse, el Sr. Rodríguez Zapatero hace gala de una incoherencia que raya la paranoia. No existe lógica alguna entre las razones que esgrime para justificar el adelanto electoral y la fecha que anuncia para la celebración de las elecciones. Si la razón para adelantar las elecciones es la necesidad de eliminar la incertidumbre y generar confianza en los mercados con el fin de mejorar la grave situación económica que atraviesa la nación, entonces no tiene ningún sentido que las elecciones generales adelantadas no se celebren en septiembre, sino a finales de noviembre. Hay una evidente incoherencia y contradicción entre la causa y el resultado. Todo hace pensar que siendo evidente la necesidad de adelantar las elecciones, opinión compartida hasta por el diario gubernamental El País, tal adelanto se retrasa por razones puramente partidistas, es decir, para que el nuevo candidato socialista P. y su partido tengan un mejor margen de maniobra de cara a la cita electoral, pasando así una vez más por encima de los intereses nacionales. La falta de patriotismo de Zapatero, su mezquindad política y su indigencia intelectual se ponen una vez más de manifiesto en esta tardía decisión política y, una vez más, será la sociedad española la que pague las consecuencias de la irresponsabilidad de este sujeto y de todos los que, hasta ahora, le han venido sosteniendo políticamente.

Zapatero que llegó a Presidente del Gobierno tras el más sangriento atentado terrorista de la historia de España se va, como no, dejando a los terroristas en las instituciones democráticas del país vasco. Se va dejando un país menos cohesionado social y políticamente hablando que al inicio de su mandato. Se va dejando cinco millones de parados y los mayores índices de pobreza de la historia reciente. Se va dejando las arcas públicas vacías y al borde de la bancarrota. Se va habiendo levantado viejos rencores y recelos y habiendo dinamitado el espíritu de la transición y del consenso. Se va tras haber efectuado los mayores recortes sociales de los últimos treinta años. Se va después de haber laminado el prestigio internacional de España. Se va tras haber situado a la educación española en el furgón de cola de Europa. Se va dejando al PSOE hecho unos zorros, convertido en un partido insolvente y  marginado del poder territorial español. Se va, en fin, dejando tras de si la peor herencia de la transición española. Llegó inesperadamente y llegó mal. Se va tarde y se va mal.

Hoy, la oposición y en especial el Partido Popular, debe empezar a cambiar el “chip”. No vale con seguir actuando bajo la doctrina Arriola: no hablar, no moverse, no hacer ruido y esperar a que la fruta madure y caiga por su peso. El Partido Popular debe “mojarse”, explicar a los ciudadanos cómo nos va a sacar de la crisis, cuáles son sus propuestas, sus ideas, su programa concreto y hacerlo desde la honestidad y la verdad, por dura que ésta sea. Para afrontar los próximos años con cierta garantía de éxito debe surgir en las urnas un Gobierno nacido de la ilusión, de la confianza y no de la resignación. Los próximos meses son decisivos para ello y esperemos que toda la clase política sepa estar a la altura de las circunstancias para sellar y olvidar estos siete años negros de la democracia española.

Santiago de Munck Loyola

El pesado lastre de las autonomías.

En medio de las consecuencias de la asfixiante crisis económica que golpea a nuestra sociedad, la configuración actual del estado de las autonomías está logrando un puesto destacado en la agenda del debate político. Son muchas las voces que se alzan para señalar a las autonomías como lastres que dificultan el saneamiento de las cuentas públicas y, por tanto, de la recuperación económica. Lo cierto es que el gigantesco déficit de la mayor parte de las autonomías ha dañado muy seriamente al tejido productivo y empresarial de la nación.

Ahora el Gobierno se ha planteado establecer un techo para el nivel de gasto de las administraciones autonómicas. Lo paradójico es que esta medida, después de haberla rechazado en el Parlamento en el pasado, la promueva ahora el mismo Gobierno que ha roto todas las reglas de estabilidad presupuestaria y que ha colocado a las cuentas del Estado al borde del precipicio. Claro que de un Presidente del Gobierno para el que bajar los impuestos eran tan progresista como subirlos, según el día, o para que el que el déficit lo mismo era estupendo que lo contrario no se podía esperar otra cosa.

Esta pretensión de limitar el gasto de las administraciones autonómicas, por otra parte lógica cuando el mismo estado ha de moverse en los márgenes señalados por la Unión Europea, ha encontrado el respaldo y la bendición de constitucionalidad del Tribunal Constitucional, ese engendro que legalizó la presencia de terroristas en las instituciones locales.

Parece que cuando se habla de dinero todo puede valer. ¡Poderoso caballero, Don Dinero! En este tema, el Tribunal Constitucional no anda con sus habituales “sensibilidades” autonómicas. ¡Faltaría más! Tratándose de Don Dinero, el Estado puede legislar y limitar la capacidad de las autonomías sin ningún problema. Es más que significativo que pueda hacerlo y, sin embargo, el Estado no pueda aprobar una Ley del Suelo, amplia, profunda y homogeneizadora, sin que, al parecer, vulnere las competencias de las autonomías de tal suerte que se limite la legislación estatal a una raquítica regulación y sobrevivan múltiples legislaciones regionales que pueden terminar volviendo loco a cualquiera. Debe ser que las peculiaridades identitarias regionales están profundamente enraizadas en la gestión de los solares. Hoy tampoco es posible, gracias a nuestro sistema autonómico, disfrutar de la caza o pesca en el territorio nacional sin contar con 17 permisos distintos y no es lo mismo ponerse enfermo en Madrid o en Andalucía pues las prestaciones sanitarias y los derechos del paciente variarán en función de la autonomía de residencia. El Gobierno de España puede limitar el gasto de las administraciones autonómicas, pero no puede garantizar en todo el territorio nacional los derechos de los españoles, por ejemplo, el derecho a elegir el español como lengua vehicular en la escuela. Ni siquiera puede el Estado garantizar que los estudiantes españoles estudien las mismas materias en toda España. ¡Curioso!

De la deseada descentralización administrativa anunciada en el período preconstitucional se pasó a una fragmentación jerarquizada de la soberanía popular y las autonomías diseñadas en la Constitución pasaron a ser entes con una altísima capacidad normativa que ha fragmentado el ordenamiento jurídico de una manera insospechada, levantando así unas barreras cada vez más altas al ejercicio de las libertades y al desarrollo de los principios de igualdad y solidaridad entre los españoles. Hoy, todos los españoles somos iguales ante la Ley, pero unos más que otros.

La construcción del estado de las Autonomías ha seguido el proceso inverso al de la construcción de la Unidad Europea. Mientras que a través de las Instituciones Europeas se avanza lentamente hacia la homogeneización y armonización de las legislaciones estatales, en España hemos seguido el camino inverso.

Es indudable que las autonomías son hoy un pesado lastre para la recuperación económica de España, pero también lo son para que los españoles podamos gozar de los mismos derechos y de las mismas oportunidades independientemente de nuestro lugar de residencia dentro del territorio nacional.

¿Habrá alguien dispuesto a ponerle el cascabel al gato?

Santiago de Munck Loyola