Y llegamos al año 2017, el año en
que el acoso y la discriminación llegan a su máxima expresión. A primeros de
febrero de 2017 estuve de baja 8 días por una infección pulmonar. Cuando a
final de mes percibí mi retribución comprobé con sorpresa que me habían
descontado casi 300 euros como consecuencia de la baja. Presenté un escrito
adjuntando las normas de aplicación que prohibían dicha minoración de la
retribución. Lo hablé con la Alcaldesa de IU, Mª Dolores Berenguer Belló, y me
dijo que si no me habían devuelto ese dinero era culpa de la tesorera que
estaba muy liada. Mentía, como es habitual en ella. En agosto me notificaron un
decreto de la Alcaldesa, fechado en julio, en el que reconocía mi derecho a
percibir el sueldo íntegro de febrero y en el que ordenaba que se me devolviera
dicho dinero. Pues bien, estamos acabando el año y la Sra. Alcaldesa que
también es concejala de hacienda todavía no ha tenido tiempo de disponer que se
me devuelva mi dinero. Sólo este hecho refleja perfectamente la forma de actuar
y de mentir de la Alcaldesa. Debe pensar que con mentiras, medias verdades o
culpando siempre a un tercero de sus errores es como debe comportarse un
“político” y es evidente que le queda grande intelectual y moralmente esa
palabra.
Pero no es ésta la única anécdota
que pone de relieve la catadura moral y política de este personaje. Tengo que
decir que pocas veces en mi vida me he topado con una persona tan mala y tan falsa.
El 5 de noviembre de 2015 el Pleno del Ayuntamiento había acordado modificar la
plantilla de personal suprimiendo la plaza de Gerente de Servicios Municipales
que tenía el nivel 30 y que yo había venido ocupando y modificando el nivel de
la Plaza de Técnico de Administración General (TAG), la plaza que ostentaba en
propiedad, y la del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (ICCP), de D. Ignacio Gutiérrez
Hernández, para que ambas plazas pasasen al nivel 30. Sin embargo, en el Pleno
del Ayuntamiento de 4 de mayo de 2017 el gobierno social-comunista acordó
anular el anterior acuerdo, volviendo ambas plazas al nivel original que tenían
asignado, el nivel 22, con un recorte salarial de 464 euros mensuales. Aunque
recurrí el acuerdo y sin que fuera por tanto firme la Alcaldesa se apresuró a
ordenar que ya a partir de la nómina de mayo se me quitasen esos 464 euros,
pero sólo a mí, ya que aunque el acuerdo afectaba también a la plaza de D.
Ignacio Gutiérrez a él le empezó a abonar mensualmente una productividad de 540
euros para que no sufriera pérdida económica alguna. Y un par de meses después
le subió el nivel de su complemento de destino al 28, a mí no, evidentemente.
El 5 de mayo se publicó en el Boletín
de la Provincia la aprobación inicial del Presupuesto municipal del año 2017.
Cuando examiné el documento publicado aprecié muchos errores y algunas posibles
ilegalidades en el Capítulo correspondiente al personal, único capítulo que en
mi condición de representante del sindicato CSIF examiné en profundidad.
Redacté ocho posibles reclamaciones que directamente podría haber presentado y
registrado sin decir nada en la fase de exposición pública de dicho documento.
Hacerlo es un derecho que asiste a cualquier ciudadano. No obstante, no metí
por registro dichas reclamaciones y se las entregué a la Alcaldesa y al
Secretario para que las estudiasen y corrigiesen si fuere preciso el documento.
El 23 de mayo, la Alcaldesa me llamó a su despacho y, desde luego, la transcripción
de la conversación no deja ninguna duda sobre su integridad ética, moral y
política. Me vino a decir que si presentaba formalmente alegaciones al
presupuesto como representante sindical me ganaría más enemigos y que, claro,
estando pendiente de resolver algunas solicitudes mías profesionales como el
reconocimiento de trienios o el reconocimiento del nivel 28 que había
solicitado, no me convenía hacerlo. Llegó incluso a ofrecerme ser el
interventor Accidental del Ayuntamiento, algo que rechacé. Y lo más llamativo
es que mientras me hacía ese inusitado ofrecimiento me ocultaba que ya un mes
antes había firmado un decreto para iniciar un expediente con el fin de intentar
anular mi nombramiento como funcionario y dejarme en la calle.
Así se las gasta. Ese es su nivel
de sinceridad. Luego con culpar de todo al Concejal de Personal tiene
suficiente. Y no es la única que usa esa táctica, no es la única que se
envuelve en la bandera de la progresía para su propio beneficio y el de su
entorno a costa de sacrificar cualquier principio ético. Pero tiempo habrá de
detallar más hechos que revelan su auténtica naturaleza.
Accedí en esa reunión con la
Alcaldesa a mantener una posterior reunión para estudiar las reclamaciones al
presupuesto que les había entregado. Días después se celebró dicha reunión a la
que asistieron la Alcaldesa, el Concejal de Urbanismo, D. Ángel Gutiérrez, el
asesor de la Alcaldesa, D. Francisco José Lifante, el Secretario Accidental D.
José Fernando Mullor y el Interventor Accidental, D. José Manuel González. No
fue una reunión de estudio, fue un auténtico consejo de guerra destinado, no a
detectar los errores del presupuesto, sino a fusilarme. Y dejaron el
presupuesto tal cual, plagado de incorrecciones.
Pero ya el colmo del disparate
fue la propuesta que en el mes de julio me hizo llegar el asesor de la
Alcaldesa, Francisco José Lifante, que siempre había fingido ser mi amigo. Lo
dejo para el siguiente capítulo.
Santiago de Munck Loyola
