A cuenta de la regia intervención quirúrgica.

Parece que, para algunos, en España no hay ahora asunto más importante que opinar sobre dónde se opera el Rey, si en un hospital público o privado, si con médicos que trabajan aquí o traídos de fuera. Y lo que más sobresale en este artificial e insustancial debate es la actitud profundamente mezquina de muchos dirigentes de la izquierda española. Mezquindad y, en algunos casos, miseria moral como se puso de manifiesto en el grave accidente de tráfico que sufrió y que casi le cuesta la vida a la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Porque hay que ser muy miserable para pedir que se saque de un hospital público y sea trasladada a otro privado a una persona que está en coma y luchando por salvar la vida. No hay otro calificativo para describir a quienes quisieron hacer electoralismo y política sectaria con la vida y la recuperación de la Sra. Cifuentes quien tenía todo el derecho del mundo a ser tratada en el centro hospitalario que quisiera, como cualquier otro ciudadano.

Ahora le toca el turno al Jefe del Estado. Es evidente que cualquiera que fuese la decisión que el Rey hubiese adoptado para tratar la dolencia que le afecta habría sido aprovechada por los mezquinos de turno para lanzar toda clase de críticas y de descalificaciones. Todo parece indicar que el Rey no ha tomado la decisión personalmente, sino que lo ha hecho consultando con su familia, sus médicos y sus colaboradores inmediatos valorando todas las posibilidades y opciones e inclinándose por lo que ha entendido mejor para la recuperación de la salud del Monarca. En estos asuntos no hay improvisación que valga y sólo puede prevalecer finalmente, o solo debería prevalecer, el interés de la salud del paciente.

Pero, no, parece que algunos tienen la imperiosa necesidad de “montar el pollo” por lo que sea y se han puesto manos a la obra. Si el Rey hubiese optado finalmente por someterse a esta nueva operación en un hospital público estarían despotricando porque lo haría saltándose las listas de espera o porque su presencia en cualquiera de los hospitales públicos supondría enormes molestias para el resto de los pacientes ingresados en el mismo, molestias derivadas de las imprescindibles medidas de seguridad en el recinto hospitalario o molestias ocasionadas por la inevitable presencia de todos los medios de comunicación, vehículos, reporteros y demás personal que colapsarían las proximidades al centro público elegido. Y lo más probable es que hubiesen aprovechado los miserables de turno para montar otra escenita en las proximidades exigiendo que le operasen en un centro privado.

Como finalmente la decisión de la Casa Real ha sido que el Monarca sea intervenido en un centro privado también alzan su voz, unos protestando sin matices por la elección y otros haciendo públicas sus preferencias, como si alguien les hubiese preguntado por sus gustos, por la decisión contraria, es decir, diciendo que les hubiera gustado más que el Rey fuese intervenido en un Hospital público. Eso sí, como siempre con las dos varas de medir, porque más de uno, aunque no lo diga, está siendo tratado para algunas dolencias o ha sido tratado en la sanidad privada aunque ahora diga que prefiere que el Rey sea intervenido en la sanidad pública.

En fin, que algunos no pierden la oportunidad para intentar sacar tajada electoral incluso sobre las operaciones reales. Y mientras tanto, el Gobierno y, por supuesto, el Partido Popular tomando decisiones “muy oportunas” manifiesta que no tiene pensado de momento proceder a regular, a legislar sobre las funciones del príncipe de Asturias. Al parecer, según un peculiar criterio de oportunidad política, resulta irrelevante que el Jefe del Estado vaya a estar alejado de sus funciones durante una larga temporada para decidir si conviene o no regular las funciones del heredero de la Corona que necesariamente habrá de sustituir en muchas ocasiones al Rey. Incluso parece que es irrelevante que durante algunas horas, como ocurrió ayer, el Jefe del Estado estuviera inconsciente durante una intervención quirúrgica y simultáneamente el Presidente del Gobierno estuviese ausente de España viajando hacia la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. No hay nada que regular, el heredero de la Corona desarrolla funciones representativas de la Jefatura del Estado, sin soporte jurídico alguno. Curioso.

Santiago de Munck Loyola

El Sr. Luna y la Ley del Embudo.

La semana pasada, en las diligencias previas que instruye el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por los presuntos delitos de prevaricación, ordenación del territorio y tráfico de influencias, el diputado socialista y vicepresidente segundo de las Cortes Valencianas, Ángel Luna, fue imputado en el caso Novo Cartago. En este caso, se está investigando la posible existencia de determinadas conductas irregulares en el proceso de construcción de 3.000 viviendas en una zona protegida del litoral de la región de Murcia. El Diputado autonómico socialista fue citado a declarar el próximo 3 de octubre, pero al tener conocimiento de su condición de diputado, el juez que instructor dictó providencia para requerir al secretario de las Cortes Valencianas para que confirme la condición de aforado de Ángel Luna.

La imputación de Ángel Luna tiene que ver con su trabajo como asesor urbanista para Hansa Urbana, la empresa que desarrolló el proyecto de Novo Cartago en donde se proyectaron más de 3.000 viviendas en una zona del litoral cartagenero catalogada como espacio protegido. Tal y como ocurre en éstos casos, el diputado socialista se mostró absolutamente perplejo y manifestó que "todas las imputaciones no son iguales". ¡Acabáramos! Después de escuchar hasta el aburrimiento al Sr. Luna, con lanzamiento de piedras incluido, y a sus conmilitones uno había llegado al convencimiento de que todas las imputaciones eran iguales, al menos a efectos de dimisiones. Pero no, el Sr. Luna, tratándose de si mismo, ha descubierto que no y dice ahora exactamente lo mismo que dicen muchos de sus adversarios políticos cargados también con el estigma de la imputación. Notable contribución la del Sr. Luna y los suyos al restablecimiento del diálogo y consenso con el Partido Popular. Ni todos los imputados son iguales, ni tampoco todas las imputaciones. Y no, no se trata de que el Sr. Luna practique la Ley del Embudo, tan frecuentemente usada por su partido. Tan sólo se trata de una pequeña aportación más al discutido y discutible concepto, como diría aquél, de la regeneración democrática. ¡Uff… perdón! se me ha escapado la palabrita maldita. Ya se sabe, según el diputado popular Felipe del Baño, propugnar la regeneración democrática en el Partido Popular es motivo de expulsión del partido. Sobre todo, si quien la esgrime es un afiliado de base, no un alto cargo del partido en cuyo caso el “líder” contará con el entusiasta aplauso del Sr. del Baño. Como decía Groucho Marx “éstos son mis principios pero si no le gustan tengo otros”.

Buena la van a tener mañana en las Cortes Valencianas en las que se desarrollará el debate sobre el estado de la región. Porque, aunque le pese al Sr. Puig y sus compañeros tan favorables al “derecho a decidir” de los independentistas y anexionistas de Cataluña, seguimos siendo una Comunidad Autónoma diferenciada. Según los analistas uno de los tres temas importantes del debate será la “regeneración democrática” (con permiso del Sr. del Baño y demás miembros del Comité de Derechos y Garantías del PPCV). Y vamos a asistir, casi con absoluta seguridad, al habitual “y tú más” o al “pío, pío que yo no he sido”. Unos se encaminan hacia el desastre electoral y otros también. No estaría de más que entre ambas fuerzas políticas mayoritarias hicieran un ejercicio mínimo de responsabilidad y honestidad intelectual y política para dejar de usar la corrupción como arma arrojadiza y estableciesen unas bases mínimas, en sintonía con las reformas anunciadas el viernes en el Consejo de Ministros, para combatirla con eficacia. Y en este campo deberían empezar por definir de una vez y de forma clara el momento en el que un acusado debería dejar sus responsabilidades políticas sea la imputación, la apertura de juicio, etc. Una regla clara e igual para todos, sea del partido que sea. Pero lo que no vale, lo que resulta un insulto a la inteligencia ciudadana es seguir exigiendo a los demás lo que uno no está dispuesto a aplicarse a si mismo. Y, sobre todo, deberían recordar que no hay regeneración democrática sin regeneración previa de quienes deben llevarla a cabo, es decir, de los partidos políticos y eso sólo pasa por más democracia interna y más participación. Sin eso, lo demás son zarandajas.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

El Ayuntamiento de Alicante y SUMA.

A veces, desde determinadas instancias administrativas se toman algunas decisiones que aparentemente tienen poca trascendencia y que poco influyen en vida del ciudadano. Sin embargo, cuando se analizan detalladamente parece que no es así. Es lo que ocurre con la reciente decisión del Ayuntamiento de Alicante de transferir la gestión de los impuestos municipales a SUMA, la entidad tributaria gestora de la Diputación Provincial de Alicante. Uno diría que, a primera vista, al contribuyente de Alicante le resulta indiferente quién le cobre el Impuesto de Bienes Inmuebles o el de vehículos porque, al fin y al cabo, va a tener que pagar lo mismo. Pero si se examina con detalle el asunto parece que el hecho de que sea SUMA la que cobre estos impuestos y no el propio Ayuntamiento terminará repercutiendo en el bolsillo del ciudadano. SUMA, como es lógico, cobra por su gestión y el Ayuntamiento de Alicante tendrá que consignar en sus presupuestos anuales al menos 2,5 millones de euros para pagar a SUMA por hacer lo que antes venía haciendo el propio Ayuntamiento.

Si se examinan los presupuestos generales del Ayuntamiento de Alicante se encuentra una partida de 1.847.763.- € correspondientes a los sueldos de los funcionarios destinados a la gestión del sistema tributario, al cobro de nuestros impuestos. Si se da por correcta la cifra publicada de 52 funcionarios municipales destinados a la gestión tributaria y de éstos sólo 15 funcionarios son trasladados a SUMA, el Ayuntamiento deberá seguir pagando las retribuciones de 37 funcionarios que, según las informaciones publicadas, van a ser destinados a otras tareas dentro del Ayuntamiento. Es decir que el Ayuntamiento de Alicante tendrá que seguir consignando en su presupuesto 1.314.768.- € para el pago de las retribuciones de los funcionarios antes adscritos a la gestión tributaria municipal y añadir los 2.500.000.- € para el pago a SUMA por su gestión. En resumen que la decisión política de que SUMA nos cobre los impuestos a los vecinos de la ciudad de Alicante supondrá pasar de un gasto de 1.847.763.- € a la cifra de 3.814.768.- € al año, cifra que se reflejará en los presupuestos municipales y que, por tanto, sí que terminará por tener una incidencia real en los bolsillos de los contribuyentes.

La razón de fondo de esta decisión no se encuentra en el objetivo de dotar a la gestión de los tributos de una mayor calidad o eficacia pues están fuera de toda duda los niveles de profesionalidad y la capacidad de los funcionarios municipales dedicados a esta tarea, perfectamente equiparables a los de SUMA. Es evidente que esta decisión de tan hondo calado obedece a la necesidad de proporcionar más liquidez a la tesorería municipal que podrá verse beneficiada con los anticipos ordinarios que SUMA entrega sin intereses. No se trata, por tanto, ni de una medida de ahorro para las maltrechas arcas del Ayuntamiento alicantino, ni de una medida de carácter coyuntural. Y tratándose de una decisión de tanta trascendencia para los contribuyentes y para el personal del Ayuntamiento, parece que ha faltado  algo de transparencia y de debate y, sobre todo, la búsqueda del consenso con la oposición.

La consecución de más liquidez para la hacienda municipal, es decir, un flujo de ingresos mensuales regulares se podría haber conjugado mejor con la necesidad de muchos contribuyentes de fraccionar mensualmente el conjunto de los tributos municipales. Hoy más que nunca, el hecho de tener que pagar en un mes el elevado IBI que pagamos en Alicante o en otro mes el IVTM se hace bastante cuesta arriba. Al contribuyente le es mucho más fácil pagar mensualmente, como hace con la cuota de la comunidad de vecinos por ejemplo, una cuota tributaria equivalente al prorrateo mensual del conjunto de los tributos municipales. Con una adecuada promoción municipal de esta fórmula durante los últimos años, el Ayuntamiento habría conseguido de una parte facilitar a los vecinos el pago de sus impuestos y de otra obtener esa liquidez mensual tan ansiada ahora.

Santiago de Munck Loyola

Por un nacionalismo español sin complejos.

Ha pasado una semana desde su celebración y aún no se han desvanecido los ecos de la Diada de Cataluña. Lo primero que destaca es el alcance de la manipulación histórica de los independentistas que se plasma en la incongruencia que supone que un patriota español como Casanova se haya convertido en símbolo central de las celebraciones de la Diada. Tras las valoraciones iniciales de unos y otros, no hay día que pase sin que se abra una nueva polémica en torno a esta celebración. Ayer, era Luis del Val el que levantaba su voz y su indignación, compartida por cualquier persona con sentido común, contra la manipulación de los niños en la Diada y su uso partidista en los medios informativos dependientes de la Generalidad catalana. Comparaba esta manipulación infantil con la que todos los partidos y regímenes totalitarios hacen desde siempre con los niños y jóvenes. La primera respuesta venía desde CiU alegando en su defensa que se trata de “pedagogía”, nada menos. La segunda respuesta y, por supuesto amenaza, vino del portavoz del gobierno catalán diciendo que no van a tolerar, como si en su boca tuviera algún significado la palabra tolerancia, que se realizasen semejantes comparaciones sobre la manipulación infantil, algo perfectamente legítimo para los independentistas.

Al margen de lo anterior, lo cierto es que estamos viviendo una situación política tremendamente complicada y el panorama no es nada alentador. Buena parte de los políticos de una importante región española quieren la independencia de la misma, quieren romper España y llevan décadas poniendo todos los medios humanos y económicos necesarios y todo su empeño para conseguirlo. Lo que hoy vivimos no es un nuevo e improvisado problema, es el resultado de un largo proceso en el que políticos nacionales y regionales, los agentes sociales, los medios de comunicación y el conjunto de la sociedad tiene su cuota de responsabilidad. Los partidos nacionales no han tenido inconveniente alguno en realizar cesiones con el fin de asegurarse mayorías parlamentarias y han sido incapaces de pactar un modelo de estado estable o de reformar una Ley electoral que sobre representa a los independentistas mientras penaliza a otras fuerzas minoritarias de proyección nacional. Buena parte de la antaño izquierda solidaria y con vocación internacionalista se ha reconvertido en independentista renunciando a sus propias señas de identidad sociales. La sociedad española en su conjunto ha permanecido pasiva mientras durante años los independentistas han ido tejiendo una red clientelar y difundiendo una versión falseada y victimista de la historia española. Hace tiempo que los sindicatos debieron decidir que ésa no era su “guerra” obviando la progresiva desigualdad de derechos entre los ciudadanos españoles en función del territorio y los evidentes peligros para el sostenimiento del estado de bienestar, incluida la caja común de las pensiones o de las prestaciones sociales.

Cataluña es hoy la comunidad autónoma más endeudada en términos absolutos y como tal carece de viabilidad económica sin las ayuda del Estado. Sus dirigentes no son capaces ni tan siquiera de aprobar el presupuesto anual y todo ello pese a haber sido los pioneros en los recortes sociales. No tienen dinero para luchar contra la desnutrición infantil, pero sí para seguir alimentando numerosos canales de televisión, pseudo embajadas o cualquier organización independentista. El actual gobierno catalán heredó una administración arruinada por el tripartito uno de cuyos socios lo es hoy del nuevo gobierno a nivel parlamentario. La presión independentista de los políticos catalanes ha aumentado paralelamente a la evidencia de su incapacidad de poner orden en las cuentas y de gestionar racionalmente las instituciones. Y del mismo modo, el ruido independentista catalán ha aumentado, coincidencia o no, en perfecta sincronía con la disminución del ruido de los asesinos de la ETA. En su agenda política la independencia está muy por delante de la satisfacción de las necesidades y de la solución de los enormes problemas de sus ciudadanos, lo que ofrece una clara idea de la ética que mueve a muchos políticos.

Los mal llamados nacionalistas, pues siempre han sido independentistas y así habría que denominarlos, han ido apretando las tuercas a los partidos nacionales, dando pasos, poco a poco, siempre encaminados hacia un mismo fin. Cada pequeña cesión del estado ha supuesto contribuir con un ladrillo más al levantamiento del muro independentista. La cesión de determinadas competencias a las comunidades autónomas supuso un tremendo error sobre todo cuando con ello se quebraba el sagrado principio de igualdad entre todos los españoles o cuando se dejaba en manos de los independentistas el cultivo de nuevas generaciones educadas en falsos mitos históricos y en el odio a España. Los nacionalistas – independentistas nunca han sido leales con el estado democrático. La reivindicación de las peculiaridades propias, el victimismo permanente o el simple chantaje parlamentario han servido para separar y construir el camino de la independencia. Desde la admisión de aquel engendro gramatical de “regiones y nacionalidades” hasta la aprobación del último Estatuto catalán que no fue respaldado ni por la mitad de los electores de la Comunidad, ninguna cesión ha servido para aplacar la sed de los independentistas. Por cierto que hay que recordar que cuando entró en vigor este último Estatuto, los socialistas se apresuraron a acusar a los populares de fallidos adivinos proclamando que ya había Estatuto y que no se había roto España. Ya, pues si no está rota está a punto. También la aprobación de ese Estatuto evidenció que las prioridades de la clase política catalana no son exactamente las mismas que las prioridades de los ciudadanos que no lo respaldaron mayoritariamente.

El derecho a decidir y, por tanto, a celebrar un referéndum ilegal para proclamar la independencia de Cataluña es el eje del debate diario. Los independentistas no tienen ningún reparo en asumir la involución ideológica que supone sustituir el concepto de soberanía popular por el de soberanía nacional. Ya la Constitución Española supuso una sustitución de las reivindicaciones de descentralización administrativa por la descentralización política y las competencias legislativas de los parlamentos autonómicos han supuesto en la práctica una fragmentación escalonada de la soberanía del pueblo español. Las instituciones catalanas cuya legitimidad se asienta en la Constitución Española y que son parte inherente del Estado español están siendo utilizadas para quebrar la soberanía que les otorgó y otorga su legitimidad. El problema que se plantea en el fondo es decidir quién tiene derecho a decidir y dónde se establece ese límite. ¿Son los españoles en su conjunto como determina la Constitución? ¿Son los catalanes? ¿Podrían los habitantes de cualquier Provincia o Municipio ejercer ese derecho a decidir? ¿Por qué los independentistas catalanes niegan a los habitantes del Valle de Arán el ejercicio del derecho a decidir?

Lo peor es que frente al desafío de los secesionistas el gobierno ofrece diálogo y negociación, pero no señala ni avisa sobre lo que no se puede negociar. Incluso algún Ministro ha manifestado que habría que buscar un nuevo estatus par Cataluña, algo que desde hace tiempo vienen repitiendo los socialistas quienes no saben en qué consistiría. Todos parecen ignorar que modificar una vez más las normas en la dirección deseada por los independentistas no va a aplacar sus ansias. Proponer machaconamente que la solución se encuentra en una estructura federal del estado es una falacia más. Los independentistas tampoco quieren una España federal que supondría la misma estructura organizativa para todas las regiones. Una España federal acabaría con la cursilada del hecho diferencial como justificación de sus pretensiones. Y para qué hablar del federalismo asimétrico que viene a ser como el círculo cuadrado.

Todo parece indicar que se avecinan tiempos mucho más revueltos y que nuestra clase política no está a la altura por su mediocridad y por la ausencia de un verdadero sentido de estado. Lo que los políticos no quieren o no saben hacer puede ser suplido, aunque sea mínimamente, por la actitud y los gestos diarios de los que nos sentimos españoles. Tan legítimo es ser nacionalista catalán como nacionalista español y tan legítimo es reivindicar dentro de la ley sus postulados como defender sin complejos y con gestos concretos la necesidad de una España unida e íntegra.

Santiago de Munck Loyola

Alonso contra Aguirre.

Hace unos días, la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, publicaba en su Blog un interesante artículo titulado "Ha llegado la hora" en el que desarrollaba algunas reflexiones sobre la necesidad de aumentar el protagonismo y la capacidad de decisión de los militantes del Partido Popular. Señalaba que “ha llegado la hora de remover las aguas demasiado quietas de la vida interna de los partidos" y, reclama implantar un sistema electoral con listas abiertas y primarias para designar candidatos.

Esperanza Aguirre dice que “con el actual sistema que impera en los partidos a la hora de designar a los candidatos a las elecciones resulta que, para lograr ser candidato, es más importante cuidar a los líderes y a las cúpulas de los partidos, que son los que elaboran las listas, que ocuparse de los ciudadanos, que son los que votan”. Y consecuentemente la Presidenta Popular madrileña señala que “en España, por el contrario, todos los políticos tienen claro que deben sus puestos (y su sueldo) a las cúpulas de los partidos que los ponen en las listas, y por eso es tan difícil encontrar una voz ni mínimamente crítica hacia esas cúpulas por parte de los políticos que les deben el puesto”. Añade también Esperanza Aguirre que “nadie quiere conocer de verdad la opinión y las ilusiones de esos miles de militantes que lo dan todo por los ideales y por los objetivos de su partido, que llenan las plazas de toros y los estadios de fútbol para apoyar a sus líderes, que trabajan desinteresadamente en las campañas electorales, que son interventores y apoderados en las elecciones, y que defienden las posiciones de su partido siempre que tienen que hacerlo. También sería un chorro de aire fresco arbitrar los sistemas adecuados para que esas opiniones de los militantes de base lleguen a conocerse en las cúpulas de los partidos. Y no cabe duda de que las primarias para designar candidatos podrían ser uno de esos sistemas”.

En definitiva, las reflexiones de Esperanza Aguirre, que coinciden plenamente con las propuestas de quienes promovemos la regeneración democrática de la vida política, apuntan a la necesidad de introducir importantes cambios organizativos internos en el Partido Popular que significan más democracia interna, más responsabilidad ante los electores y más participación de los militantes. Se trata de propuestas llenas de sentido común y de carácter plenamente democrático que merecen, al menos, debate y reflexión.

Sin embargo, hoy, el Portavoz Popular Alfonso Alonso, en su papel de guardián de la ortodoxia, se ha apresurado a despacharlas sin esgrimir el más mínimo sentido autocrítico. Según Alonso el PP cuenta ya con un sistema para la designación de los miembros de los órganos de dirección y de los candidatos, un sistema que, según él, ha sido decidido por los militantes. Alonso ha añadido que establecer primarias en el Partido Popular es una decisión que tienen que tomar sus militantes recordando que en el último congreso popular este asunto se planteó y se apostó por un sistema "que no era exactamente el de primarias" como el que propone Aguirre. Y ha añadido que esta propuesta de primarias se debe plantear "donde corresponde", esto es, "en los congresos para que pueda ser decidido por los militantes" del PP.

Pues bien, el Sr. Alonso debería saber que, hoy por hoy, el único foro en el que los militantes y simpatizantes del Partido Popular pueden debatir en libertad, si no te expediente el propio PP, está en la calle, en los medios de comunicación y en las redes sociales. Hablar y debatir sobre primarias o listas abiertas no es malo y lo importante es que si alguno de estos temas o cualquier otro llega un día a otro congreso nacional sea después de un amplio y largo debate. Cualquier militante popular sabe, y el Sr. Alonso lo debería saber también, que la democracia interna en el Partido Popular es mejorable y nadie que no tema perder su posición debería tener miedo a ello. Al día de hoy, los militantes del Partido Popular no eligen en ningún nivel del mismo a sus candidatos a las elecciones locales, autonómicas, nacionales o europeas. Los candidatos siempre son designados por una instancia superior. El 90 % de los conflictos internos y rupturas del PP en muchos municipios se debe a que desde la instancia superior, provincial o autonómica, o bien se designan a candidatos sin liderazgo local o bien se fuerza la inclusión de advenedizos en las listas o bien se veta la presencia de determinadas personas. Pero nunca y basta repasar los Estatutos del Partido Popular para saber que no son los militantes los que eligen a los candidatos.

Algo parecido ocurre cuando se trata de elegir a los cargos orgánicos del Partido. Sólo a nivel local, los militantes tienen la oportunidad de elegir a sus Presidentes y siempre que no ocurra como ocurre en Alicante cuando en algunas ocasiones de interfiere en el proceso electoral anulando candidaturas, anulando elecciones o exigiendo al afiliado que esté al corriente de pago de la cuota en unos casos y en otros no. Por cierto, es muy curioso que al militante se le exija estar al corriente de pago de la cuota para poder votar pero no se le exija lo mismo cuando se le requiere para que sea apoderado o interventor en las elecciones. Y si subimos un escalón se acabó la participación del militante. Entra en juego entonces la figura del compromisario, esa especie de delegado que votará lo que personalmente le plazca o le manden desde arriba pero que no tendrá mandato de sus electores. Y hay ocasiones, como en la ciudad de Alicante, donde ni se comunica a los afiliados que pueden ser compromisarios o que pueden elegir a compromisarios porque las plazas de compromisarios para un congreso (los que han de aprobar las ponencias o elegir a los líderes) ya están repartidas mediante pasteleo entre las diferentes “familias y sensibilidades” de la ciudad, tal y como en una ocasión me comunicó el Secretario General Provincial, José Juan Zaplana. Por tanto, no es del todo correcto afirmar que en los congresos del PP son los militantes del Partido los que toman las decisiones. Es más, el militante hoy por hoy no tiene derecho a presentar enmiendas a las ponencias en los congresos del PP.

Hay un gran margen de maniobra para profundizar en la democracia interna y en la participación del militante. Hoy resulta anacrónico que un militante no pueda asistir y votar en el congreso del Partido a través de las redes sociales y que tenga que estar representado por un compromisario al que, en muchos casos, ni ha elegido o que no pueda enviar telepáticamente sus enmiendas. ¿Por qué en un Partido con cientos de miles de afiliados éstos no pueden elegir directamente a sus líderes habiendo como hay medios informáticos para hacerlo? ¿Por qué se sigue usando un sistema de representación piramidal que filtra la voluntad del afiliado a través de delegados? No hay razones técnicas ni prácticas para ello. Profundizar en la democracia no sólo es bueno sino necesario para recuperar la confianza ciudadana y para regenerar el sistema político. Sólo es cuestión de principios y de voluntad política. Un servidor está con Esperanza Aguirre.

Santiago de Munck Loyola

El PP por la regeneración democrática ¿y el PPCV?.

Si hace tan solo tres meses era el propio Presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, el que animaba a Fabra a seguir trabajando para regenerar el PPCV, ahora el mismo mensaje ha sido enviado por todos los líderes nacionales populares desde la Escuela de Verano del PP, celebrada en Gandía. Esta reunión de dirigentes populares se abrió con la intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y en la misma se han escuchado las opiniones de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, de Agricultura, Miguel Arias Cañete y de Hacienda, Cristóbal Montoro. Así como la de cargos orgánicos como Carlos Floriano, Esteban González Pons o Javier Arenas. Incluso entre los diferentes temas tratados durante estas jornadas figuró la “regeneración política”.

Nada menos que en su discurso inaugural, Soraya Sáez de Santamaría señaló la importancia de "poner en marcha un programa de regeneración democrática en actualización constante para que sepamos que los que nos dedicamos a la política tenemos derechos y obligaciones. Este es un compromiso colectivo pero también una responsabilidad individual ya que gestionamos un capital valioso: la confianza". Y como ella, prácticamente todos los oradores han insistido en la necesidad de un proceso de regeneración democrática tanto a nivel general como en el seno del Partido Popular como camino esencial para recuperar la confianza ciudadana. No podían haber elegido mejor momento y lugar para reivindicar la regeneración democrática.

Prácticamente todos los medios de comunicación han interpretado esas intervenciones como un intento del Partido Popular de abanderamiento de la regeneración democrática. Para los que llevamos tiempo reivindicando la necesidad de un amplio proceso de regeneración democrática suena muy bien el contenido de estas intervenciones. Significa, como mínimo, que una buena parte de la cúpula popular empieza a tomar nota de esa necesidad. Otra cosa será ver en qué medidas y propuestas se va concretando esa llamada a la regeneración democrática, pero ya es de por si muy positivo y esperanzador su simple enunciado en un foro tan importante.

No puede haber regeneración democrática del sistema si no se empieza por los propios partidos políticos. Y pieza esencial para ello es más democracia interna y más participación en los mismos. Sin más democracia interna ocurre lo que vemos a diario. Dirigentes y representantes en las instituciones que han llegado arriba merced al dedazo y no a la voluntad de los militantes. Una prueba más de la necesidad de la regeneración democrática y, con ella, de la clase política la ofreció uno de los privilegiados asistentes al cónclave popular, el Diputado autonómico popular D. Felipe del Baño. D. Felipe del Baño hace tan sólo mes y medio solicitó la expulsión de los afiliados que propugnamos la regeneración democrática. Como puede observarse en la foto, D. Felipe del Baño, se sentó en un lugar muy “discreto”, como para pasar inadvertido, justo detrás del atril de los oradores. Desde tan modesto lugar tuvo la oportunidad de escuchar a Soraya Sáez de Santamaría lo de la importancia de "poner en marcha un programa de regeneración democrática en actualización constante para que sepamos que los que nos dedicamos a la política tenemos derechos y obligaciones”. Pues bien, D. Felipe del Baño que 45 días escribió que “el mero hecho de impulsar una campaña bajo la regeneración, y apoyar el lema, en comentarios que inducen a pensar que la corrupción campa a sus anchas en la organización del Partido, lejos de ser una opinión admisible en el debate democrático, es una falsedad inadmisible en cualquier foro”, no se indigestó con las palabras de la Vicepresidenta. Me cuentan que ni se inmutó, que no pestañeó y que aplaudió de forma entusiasta como un auténtico convencido. Bueno ni él ni ninguno de los miembros del Comité de Derechos y Garantías del PPCV que suscribieron semejante ataque al concepto de regeneración democrática. Puede que el Sr. Del Baño, mientras posaba junto al atril, estuviera pensando en otras cosas y no se enterara del mensaje de la Vicepresidenta o puede que pensase que eso de la regeneración va para otros, porque de lo contrario si fuese coherente se habría marchado indignado.  O puede que, simplemente, haga lo que le mandan, sin consideración ética alguna. Que hay que “cepillarse” a los que hablan de regeneración, pues manos a la obra. Que hoy toca ser “regenerador” para conservar la poltrona, pues a aplaudir. ¡Vete a saber!

Dejarse las manos en carne viva al aplaudir cuando quien habla de regeneración es la Vicepresidenta del Gobierno y despotricar contra la regeneración hace mes y medio, denota, cuando menos, incoherencia política. Ello conduce inevitablemente a preguntar ¿quiénes nos representan y por qué? Si se apostase por la regeneración en los partidos se estaría apostando también por una mayor participación de las bases en la designación de los candidatos de los mismos en las instituciones. Los militantes propondrían seguramente a personas coherentes, capacitadas y con una sólida trayectoria para representarles y para representar al conjunto de la sociedad. O al menos propondrían a candidatos coherentes, con principios políticos claros y no serviles hacia instancias superiores.

También cabe preguntarse, después de analizar las palabras de los intervinientes en estas jornadas, si el PPCV está en la ola de la regeneración o no. Todo parece indicar que el PP de la Provincia de Alicante no, ni está, ni se le espera. Es evidente que en la medida en que se acentúen las llamadas a la regeneración desde la dirección nacional, muchos intentarán reivindicarla como propia. Pero los hechos pueden más que las palabras y suelen ser tozudos. Es difícil y poco creíble que quien impulsa desde Alicante la expulsión de los afiliados que pedimos más honradez y más democracia interna pueda ahora postularse como regenerador. Es poco creíble que quienes han presumido de haber impedido la pluralidad de candidaturas en las elecciones a juntas locales puedan ahora aparecer como regeneradores o quienes se niegan a informar de la contabilidad del PP alicantino o quienes presiden homenajes a imputados o quienes impiden a los afiliados de la ciudad de Alicante puedan decidir si quieren distritos o no o si quieren mantener la Junta Local de la ciudad suprimida “manu militari”. Difícil es que quieran aparecer como defensores de las llamadas a la regeneración democrática hechas de la dirección nacional del PP. Pero no le quepa duda al lector de que lo intentarán, que se presentarán como los adalides de la regeneración democrática, como los campeones de la democracia interna, la transparencia y la regeneración. Y si no, al tiempo.

Santiago de Munck Loyola

¡Que viene el coco!

En cualquier evento que el PPCV organiza al que asistan cargos públicos del mismo, sus dirigentes están trasladando dos mensajes fundamentales para que sean transmitidos a los votantes populares. De una parte, se están dando instrucciones para transmitir el peligro, al que algunas encuestas ya apuntan, de que en un futuro no muy lejano pueda peligrar la mayoría absoluta del PPCV y que en su lugar pueda consolidarse un tripartito. Y que, por consiguiente, frente al previsible desbarajuste y retroceso que pudiera suponer un gobierno tripartito sólo hay una alternativa sólida y solvente, la que representa el Partido Popular. Se trata, en definitiva, de poner en guardia a los votantes populares frente a esa hipótesis y, con ello, conseguir su movilización. A nadie se le escapa que todas las encuestas marcan, al día de hoy, una tendencia a la baja del Partido Popular y, no lo olvidemos, también del PSPV, tercera pata de ese hipotético tripartito que sigue sumido en su profunda división interna y en su falta de liderazgo y de proyecto político para nuestra Comunidad. Y también es sabido que no es fácil modificar las tendencias electorales. Pero, en todo caso, lo que hay que tener en cuenta y lo que, de verdad, debería mover a la reflexión es que el partido que más está creciendo en intención electoral es el de la abstención, el partido de los desencantados, de los indignados y el de los engañados por una clase política que no sabe ni puede estar a la altura de las especiales circunstancia que vivimos.

También debería mover a la reflexión, a la autocrítica y a la rectificación plantearse quién y por qué está alimentando el crecimiento de la abstención y el crecimiento de un hipotético tripartito. No parece que ese posible crecimiento electoral se deba a méritos o a una oferta muy atractiva de los miembros de ese supuesto tripartito. Todo lo contrario, parece más bien que las causas hay que encontrarlas en la propia acción de gobierno y a la ausencia de reacciones atractivas para los votantes. Pero hay más: plantear que frente a un tripartito sólo existe la alternativa del PPCV empieza a sonar falso. En los últimos meses, estamos asistiendo a una fragmentación y voladura de la unidad del centro derecha en la Comunidad Valenciana que, hasta hace poco, estaba representado en exclusiva por el PPCV. Parece que algunos no son conscientes de ellos y hay algunos dirigentes populares que con sus actitudes escasamente dialogantes y prepotentes están haciendo más por esa fragmentación que cualquier adversario político. El “ordeno y mando” de algunos está contribuyendo de forma muy clara, y Alicante es buena prueba de ello, al fraccionamiento del centro derecha regional. De modo que desgraciadamente veremos si no lo remedia alguien con sentido común y profundas convicciones regeneradoras que en unos meses frente a un tripartito de izquierdas podrá haber un bipartito en el centro derecha.

Y el segundo mensaje que están transmitiendo es que hay que movilizar a los votantes populares y darles protagonismo. Algo que suena a palabras huecas cuando se anuncia, como hace muy poco, que se organiza una nueva estructura del PP en la ciudad de Alicante sin consultar con los miles de afiliados de la misma o que se quiere conectar con el ciudadano y que se le quiere sumar a las tareas de elaboración del programa electora y que, para ello, se va a convocar para su redacción a “los alcaldes y portavoces populares”. Mal se empieza si se confunde a los cargos políticos con los ciudadanos y cuando se excluye a los propios militantes populares. Alguien acierta en el propósito pero yerra en los instrumentos.

El centro derecha, al igual que la izquierda, deben iniciar un profundo proceso de regeneración democrática y eso sólo pasa por más democracia interna, menos aparato de partido y más apertura a la ciudadanía. La credibilidad no se gana con discursos, se gana con los hechos, con el ejemplo y con el trabajo diario al servicio del ciudadano.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

Adiós agosto.

Tras un atípico mes de agosto, se reanuda la actividad normal en casi todos los ámbitos. Y es que este pasado mes de agosto ha sido bastante atípico en muchos aspectos, desde el climatológico hasta el político. Frente a la tradicional atonía con la que convivimos en el período estival, este agosto ha estado algo más movido de lo que suele ser habitual. Prácticamente la única “serpiente de verano” que nos ha visitado ha sido la de una posible remodelación en otoño aderezada con las correspondientes quinielas de ministrables y ex ministrables, serpiente que está aún por confirmar en las próximas semanas. Bueno, otra pequeña serpiente veraniega pero en este caso autonómica es la que ha circulado en algunos medios de comunicación sobre el destino como futuro candidato autonómico del Presidente Alberto Fabra y la suerte que habrán de correr sus más inmediatos colaboradores. Mientras tanto hemos ido conociendo durante el mes como se sigue fraccionando el centro derecha en la Comunidad Valenciana y en especial en la Provincia de Alicante gracias a la labor prepotente e incompetente de algunos mercenarios del propio Partido Popular.

Este agosto ha estado cargado de toda clase de noticias y algunas especialmente curiosas. El PSOE y sus satélites han estado, como no, agitando permanentemente el caso Bárcenas como si en España no existiese otro caso de corrupción y como si no formase parte de nuestro país Andalucía en la que día sí y día también se iban destapando detalles del mayor latrocinio de fondos públicos de nuestra historia. Los sindicalistas y socialistas de la UGT se dedicaban, al parecer, a falsear también facturas para esquilmar más fondos públicos que desde la Junta pagaban religiosamente sus conmilitones del PSOE en el gobierno andaluz. A lo largo del mes, la lista de imputados en el caso de los ERES ha seguido creciendo con más sindicalistas, también de CCOO, bajo sospecha. Griñán, que al parecer no se enteraba de nada o que no entendía bien el Interventor de la Junta, se ha marchado y se va a ir al Senado. Ya se sabe que en el Senado se está muy bien y, sobre todo, se está aforado, condición cada vez más valorada por algunos políticos.

Hemos conocido también este mes las declaraciones de varios dirigentes populares ante el Juez Ruz. Entre ellas fue especialmente significativa y muy comentada, por cierto, la de la Secretaria General Mª Dolores de Cospedal quien, al parecer, se despachó a gusto levantando más de una ampolla en las altas cúpulas populares. Y como el caso Bárcenas da para mucho hemos sabido también que el juez Ruz mandó que el Partido Popular le entregara los dos ordenadores que el Sr. Bárcenas manejaba en su despacho de Génova. Los responsables del PP hicieron entrega de los mismos, pero, sorpresa, más vacíos que la Caja de la Generalitat. Supimos por el Portavoz Popular ad hoc, Sr. Floriano, que en el Partido Popular, “como en cualquier empresa” (se nota que no ha debido trabajar en ninguna), es costumbre cuando un ordenador queda libre dárselo a otro empleado sin mirar los archivos que pudiera contener y formateándolo por si acaso. ¿Nadie tenía curiosidad “en la casa” por conocer lo que el Sr. Bárcenas guardaba en esos ordenadores? ¿De verdad? Es más, hemos podido saber gracias al Sr. Floriano que, careciendo dichos ordenadores de puerto usb, es imposible que nadie pudiera tener copia de los archivos de dichos ordenadores en un “pendrive”. Y lo dijo sin despeinarse. Lo cierto es que se aprende mucho escuchando las comparecencias veraniegas de ciertos políticos.

Hemos sabido en este mes de agosto que cerca de 50.000 niños en Cataluña padecen carencias alimentarias y que se han detectado 750 casos de grave desnutrición y todo ello mientras las autoridades catalanas se dedican a invertir más dinero público en su aventura separatista y ultiman sus detalles del numerito de la “cadena humana” por la independencia que fiel a las ansias imperialistas de estos sujetos hará su incursión en el territorio de la Comunidad Valenciana. Y en plena fiebre separatista, la Sra. Chacón, gran contribuyente a la espiral secesionista ha decidido poner tierra por medio y cruzar el charco para dar clases en una universidad privada de los imperialistas yanquis y colaborar en un programa televisivo de los anticastristas cubanos. Muy coherente la señora, pero qué le vamos a hacer, el dólar es el dólar venga de donde venga. Se aparta así de la hoguera independentista y de la debacle socialista que las encuestas auguran para las próximas elecciones europeas a ver si así la empiezan a echar de menos y las bases socialistas reclaman su regreso en plan salvadora del naufragio de Rubalcaba y su inefable equipo.

También han sido importantes algunas noticias sobre el importante crecimiento de la industria turística  en España y especialmente en la Comunidad Valenciana en lo que ha tenido bastante que ver la inestabilidad de Oriente Medio. Y de esta zona resuenan aún los ecos de las atrocidades de la guerra civil siria y la posible intervención militar norteamericana cuyo alcance y consecuencias aún están por delimitarse. Y Gibraltar, cómo poder olvidar nuestro Gibraltar al que hemos vendido piedras y arena para crecer. Gracias a los bloques de hormigón arrojados por los hijos adoptivos de la Gran Bretaña hemos podido descubrir muchas cosas sobre su capacidad creadora de empresas, sobre su número de automóviles, sobre lo barata que les sale la gasolina que nos compran o sobre sus estancias en nuestros hospitales. Lástima que se haya acabado agosto porque seguramente oiremos menos hablar de Gibraltar. En fin, que se ha ido un mes de agosto bastante atípico que no sólo nos ha dejado lo habitual, sino también una buena cantidad de acontecimientos cuyos efectos iremos notando en las próximas semanas. Se despierta ahora un nuevo curso político sin haberse dormido del todo el anterior.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

Las cuentas del PP de Alicante intervenidas.

Ante el caos en las cuentas de muchas Juntas Locales del PP de Alicante, ha ocurrido lo que tenía que haber ocurrido desde hace mucho tiempo, que Génova ha intervenido las cuentas al PP de la Provincia de Alicante. Han llegado los “hombres de negro” de Génova. Todo parece indicar que lo que se ha intentado vender como un acuerdo entre la cúpula provincial y la dirección nacional no es tal, es simple y llanamente una intervención directa de Madrid para poner orden ante la manifiesta incapacidad de algunos para cumplir y hacer cumplir los Estatutos del Partido y las normas internas de gestión. Lo que venía ocurriendo en la Provincia de Alicante desde hace años era inaudito. Tal y como pusieron e manifiesto los medios de comunicación haciéndose eco de las denuncias de algunos militantes y ex militantes del Partido Popular, muchas Juntas Locales del PP manejaban sus fondos al margen de la organización evitando así por completo la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Se camuflaba el manejo del dinero de las agrupaciones hasta el punto de que en algunas localidades los fondos del PP se depositaban en cartillas bancarias en las que aparecían como titulares particulares o, a veces, asociaciones sin ánimo de lucro. Es lo que ocurría, por ejemplo, en Benidorm, El Campello, Denia, Elda o Elche. Gran parte de los gastos de funcionamiento de estas Juntas Locales del PP o de los ingresos de cuotas se canalizaban, precisamente, a través de estas cuentas bancarias sin control ni tampoco fiscalización posterior. Es muy significativo y subraya el talante de algunos dirigentes alicantinos que impulsar una Asociación como el Foro Esperanza Popular - Movimiento de Bases para promover la regeneración democrática sea una grave infracción estatutaria por la que hay que echar del PP a sus impulsores y que, por el contrario, impulsar y organizar Asociaciones Populares para eludir el control del Tribunal de Cuentas no sea objeto de ningún expediente disciplinario. Muy sintomático.

Esta grave y anómala situación se ha destapado gracias a las denuncias de ex afiliados como Miguel Picher del Foro de Elche que ha llegado incluso a los tribunales para exigir las responsabilidades a que hubiere lugar. No se trata de un asunto interno menor, ni mucho menos. En primer lugar porque el PP, como los demás partidos políticos, funciona gracias, en gran parte, al dinero público, al dinero de los contribuyentes que percibe a través de diferentes mecanismos, incluso a nivel local, donde los grupos municipales de los partidos reciben asignaciones que en su mayor parte sirven a sostener la infraestructura local. En segundo lugar, porque otra parte de los ingresos proviene de las cuotas de los afiliados y de las donaciones de los mismos o de simpatizantes. En tercer lugar, porque el dinero de los partidos políticos está sometido a control y fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas y organizar, sostener y consentir una estructura paralela para eludir ese control constituye un ardid de la peor especie. Un mínimo de respeto a la Ley, a los afiliados y a los simpatizantes habría impedido que semejante golfería prosperara y se mantuviera en el tiempo. Lo que Génova ha impuesto a la Provincial de Alicante es, básicamente, el mismo sistema que desde hace muchos años se viene utilizando en la inmensa mayoría de las Juntas Locales del PP. No es ninguna novedad. Además de aplaudir la decisión de Génova solo queda lamentar que no se haya producido mucho antes y que no alcance a otros aspectos, también importantes, relativos a las finanzas del Partido y a los Estatutos del mismo.

Es el caso de las cuentas de la Junta Local de la ciudad de Alicante. Los afiliados no saben si existen o no, si las controla la Provincial usando todo el dinero de los afiliados de la ciudad para sostener los gastos de la Provincial o no, si se han respetado los Estatutos o no. Lo que sí saben los afiliados de la ciudad de Alicante es que desde hace años nadie les informa ni les rinde cuentas del uso de su dinero. Y los que hemos pedido información al respecto no sólo no la hemos recibido, sino que se nos ha expedientado para expulsarnos. Lo que sí saben los afiliados de la ciudad de Alicante es que el Artículo 60 de los Estatutos del PP relativo a los presupuestos de las organizaciones territoriales no se cumple. Como tampoco se cumple el Artículo 61, relativo a los sistemas de contratación. He aquí un ejemplo: el Artículo 61.4 de los Estatutos del PP dice que “el Partido Popular creará en su página web un acceso que tendrá la denominación de “Perfil del contratante”, en el que se publicarán las instrucciones de contratación de aquellos procedimientos de contratación que por razón de su cuantía u otra de naturaleza, se decida que deban ser objeto de público conocimiento”. ¿Alguien ha visto el “perfil del contratante” en la página web del PP de Alicante?

Constituye una exigencia política y moral de primer orden la más absoluta transparencia en las cuentas de los partidos políticos por respeto a los propios afiliados, a los ciudadanos en general y a la Ley. La voluntad de transparencia forma parte del deber de regeneración democrática y es un medio imprescindible para recuperar la confianza de los ciudadanos en los partidos políticos. El mejor servicio que podrán prestar al Partido Popular los que obstaculizan la transparencia y la participación es irse a su casa.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

La cerril oposición.

Da igual lo que haga este Gobierno que para el PSOE y la mayoría de los grupos de la oposición siempre estará muy mal. Ya se trate de reformas sanitarias, económicas, laborales o, como en los últimos días, educativas los actuales dirigentes socialistas se opondrán, dirán no y pondrán el grito en el cielo rasgándose las vestiduras. Parece que han diseñado una actitud opositora exacerbada llevando sus negativas hasta hipérboles repetitivas que están terminando por acabar con cualquier atisbo de credibilidad de sus mensajes, si es que alguna vez han tenido alguna tras su paso arrasador por el Gobierno de España. Hemos pasado de las conjunciones planetarias pajinescas a un permanente, machacón, aburrido e increíble “quieren acabar con todo”. Anteayer era acabar con los derechos de los trabajadores, ayer acabar con la sanidad pública, después acabar con la educación pública y ahora con la igualdad de oportunidades en la educación. Tenemos una oposición casi nihilista. Nada de lo que proponga o haga el Gobierno del Partido Popular es mínimamente aceptable para esta oposición y la más mínima iniciativa legislativa del Gobierno es judicializada por los socialistas que así esperan poder conseguir lo que las urnas les han negado, la legitimidad para gobernar. Es evidente que una oposición que se niega a dialogar, a intentar llegar a acuerdos y consensos mínimos con quienes han obtenido el respaldo mayoritario para gobernar sólo tiene dos caminos para lograr su principal propósito (que no mejore nada) intentar bloquear al gobierno en los tribunales y usar las calles y la coacción si es preciso.

El PSOE, tras dos años de parálisis renovadora en su interior como si no fuera necesario depurar responsabilidades internas por su sonado fracaso en noviembre de 2011 y a la vista de la herencia dejada, se ha instalado en una oposición chillona y poco eficaz que día a día pierde credibilidad ciudadana a la vista de la encuestas, haciendo realidad el dicho de Andreotti “el poder desgasta sobre todo al que no lo tiene”.

Es evidente y de sentido común que la situación que heredó el Gobierno del Partido Popular en noviembre de 2011 era el resultado de unas políticas concretas seguidas por el PSOE durante sus siete años de Gobierno. Y los ciudadanos votaron mayoritariamente para que se cambiase el rumbo, para que no continuaran unas políticas cuyos resultados y consecuencias aún padecemos. Y eso significa necesariamente reformar, cambiar todo aquello que no funcionaba o lo hacía deficientemente. Y lo que estamos comprobando día a día es que el PSOE se opone a cualquier cambio. Lo que no nos dicen es si quieren seguir con sus políticas fracasadas y rechazadas por los electores en 2011 o si han sido capaces en estos dos últimos años de elaborar una nueva orientación, una alternativa a si mismos y al Gobierno porque de su discurso diario es imposible deducir qué es lo que proponen, qué pretenden. Sólo escuchamos exabruptos, noes y más noes, descalificaciones y ni una sola propuesta sólida.

Todo esto lo estamos comprobando, una vez más, a propósito de la reforma educativa y del nuevo sistema para la concesión de becas. Somos el país europeo que gasta más en educación y uno de los que peores resultados cosecha. Pues algo habrá que hacer, pero lo que no se puede hacer es seguir como estamos, con una legislación educativa cuyos pobres resultados son evidentes y con un sistema que se muestra incapaz de alcanzar parámetros de eficacia y excelencia, pese a los ingentes recursos públicos destinados al mismo. En el contexto de esta vorágine opositora destructiva nada más fácil que hacer demagogia con las becas. Da igual y es inútil que el Ministro de Educación anuncie que en 2014 se incrementarán las partidas destinadas a las becas en un 20%. Para los socialistas y sus satélites se trata simplemente de una mentira, aunque no exista aún un borrador de las cuentas presupuestarias para el próximo ejercicio. Da igual también que la reforma pretenda vincular el sistema de concesión del dinero de los contribuyentes a los estudiantes a dos parámetros de sentido común: el nivel de renta del solicitante y su rendimiento académicos. Para los socialistas es simplemente inaceptable, quiebra, según ellos, el principio de igualdad de oportunidades.

En este contexto parece que toda pretensión de intentar dialogar y de llegar a acuerdos con la oposición es inútil. Una oposición que niega de facto legitimidad al gobierno para introducir reformas más que necesarias y urgentes no estará nunca por la labor. Y los ciudadanos tenemos que seguir tomando buena nota de ello. Hay quien quiere que se siga tirando nuestro dinero manteniendo un sistema de becas injusto e ineficaz en lugar de intentar reformarlo. Deben seguir pensando que el dinero público no es de nadie.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

La antigua RAU en ebullición.

Egipto y Siria fueron un mismo estado entre 1958 y 1961, constituyeron entonces la República Árabe Unida al abrigo del prestigio del Presidente egipcio Gamel Abdel Nasser y de su panarabismo. Tras la disolución de aquella efímera república ambas naciones emprendieron caminos distintos. Hoy, las dos se encuentran en el centro de atención de la comunidad internacional. Las consecuencias inmediatas de la llamada primavera árabe de 2011 han sido diferentes para las dos naciones, pero ambas sumidas en la inestabilidad guardan una gran incertidumbre sobre su futuro.

En el caso de Siria las revueltas de 2011 abrieron un proceso electoral, una reforma constitucional bajo el omnipresente partido Baas y sus aliados y la insurrección de parte del ejército y de la mayoría de la oposición que ha terminado por sumir al país en una cruel guerra civil que ya se ha cobrado más de 100.000 víctimas. En Egipto, tras la caída del dictador Mubarak, los integristas ganaron las elecciones presidenciales, iniciaron un proceso de islamización de la sociedad y de limitación de derechos civiles y tras las revueltas y concentraciones en El cairo se produjo un golpe de estado militar que acabó con el poder de los Hermanos Musulmanes. Las movilizaciones de éstos y la dura represión de las nuevas autoridades suponen un alto riesgo de una confrontación civil de incalculables consecuencias.

El golpe de estado en Egipto recibió unas débiles condenas por parte de las naciones occidentales que, en el fondo, se sentían aliviadas de que los integristas musulmanes fueran alejados del poder. Sin embargo, la represión ejercida por los militares ante las movilizaciones promovidas por los seguidores del ex presidente Mursi ha hecho que la comunidad internacional y, en especial, la Unión Europea se esté planteando la adopción de sanciones contra el nuevo régimen egipcio. En el caso de Siria, tras dos años de guerra civil, el posible uso de armas químicas por parte del régimen contra la población civil ha disparado, por fin, las alarmas y en estos día lo que se está planteando es una intervención militar limitada norteamericana con el apoyo de sus aliados contra las fuerzas del régimen sirio.

Siria y Egipto son dos avisperos y su situación plantea toda clase de dilemas y de consideraciones contrapuestas que se reflejan no sólo en las actitudes divergentes y contrapuestas en la comunidad internacional, sino también en nuestras propias sociedades. Egipto ha sido un poderoso aliado de los Estados Unidos y de Occidente, su situación geográfica, controlando el canal de Suez y con ello el tráfico del petróleo de Oriente Medio hacia nuestros países, le sitúa en un plano privilegiado de la atención de nuestros gobiernos. El dictador Mubarak no suponía ninguna amenaza para los intereses occidentales y nuestros gobiernos no se preocupaban de los “asuntos internos” de Egipto. Proporcionaba estabilidad en la zona y los intereses occidentales no peligraban. La llegada al poder de los Hermanos Musulmanes sí hizo saltar las alarmas. No es posible olvidar que la tan saludada por algunos Primavera Árabe abría la puerta a gobiernos abiertamente contrarios a los intereses occidentales y, por supuesto, al desarrollo de los derechos humanos en estos países. Túnez, Libia y Egipto son buena prueba de ello. En todos estos países, con los gobiernos surgidos de la citada primavera, los derechos de la mujer han retrocedido escandalosamente, la libertad de culto está siendo restringida y la oposición perseguida. Las diferentes fuerzas políticas musulmanas de corte integrista han usado las oportunidades democráticas surgidas tras la caída de sus regímenes totalitarios para imponer legislaciones abiertamente contrarias a los cánones occidentales democráticos.

La polémica está servida. ¿Deben los países occidentales permanecer al margen para que se consoliden unos gobiernos islámicos claramente contrarios a los principios democráticos? ¿Deben adoptarse sanciones contra el régimen egipcio reforzando con ello a la oposición integrista de los Hermanos Musulmanes? ¿Deben los países occidentales apoyar en Siria a una alternativa posiblemente más contraria a las posiciones occidentales que la del actual régimen? ¿Se debería haber apoyado en Egipto a un gobierno democráticamente elegido cuya finalidad es acabar con la democracia y con los derechos humanos, tal y como los concebimos los occidentales? No es sencillo ofrecer una respuesta clara y coherente, sobre todo porque depende de la perspectiva de los intereses puestos sobre el debate. Sin embargo, parece que hay una conclusión bastante evidente: la supuesta primavera árabe fue, ante todo, una primavera frustrada cuyas principales consecuencias han sido una profunda inestabilidad política en la zona y la aparición de gobiernos de corte integrista que han ido recortando derechos políticos y sociales de sus ciudadanos, al menos desde nuestra perspectiva occidental. Claro que siempre habrá quien pregunte quiénes somos nosotros para decidir lo que es bueno o no para esos ciudadanos árabes.

Santiago de Munck Loyola