Las envenenadas propuestas de Urkullu.

No sabe nada, el Presidente del PNV, el Sr. Urkullu. Para que lo luego vayan diciendo que los nacionalistas no son solidarios con el resto de los ciudadanos de eso que ellos llaman “el Estado” y que otros llamamos España. Los nacionalistas vascos son muy solidarios con los maketos y con todos los que no tenemos la inmensa suerte de vivir en las tierras vascas, aunque no tengamos el RH como ellos. Prueba de ello, de su solidaridad y de su talante colaborador y constructivo, el presidente de los nacionalistas vascos ha formulado una serie de propuestas para combatir la crisis económica y los recortes con los que estamos siendo castigados un viernes sí y otro también. El Sr. Urkullu con el simple ánimo de aportar su granito de arena en la búsqueda de soluciones que alivien las cargas de las administraciones públicas ha hecho sus propuestas.

Y ¿qué han propuesto los nacionalistas para reducir el gasto público? Varias cosas, a saber: Reformar la Constitución española, esta Constitución que ellos no apoyaron ni apoyan, para eliminar el Senado y para suprimir las delegaciones del Gobierno de España en las comunidades autónomas. Así, según los nacionalistas vascos, se ahorrarían los gastos que supone que el Estado tenga presencia y coordine su administración en los territorios de las 17 comunidades autónomas y justifican esta propuesta por que existe una situación de “extrema gravedad” y hace falta, por tanto, “adelgazar la estructura del estado”. Así, en el País Vasco y en todas las Comunidades Autónomas el Estado (se supone que el central) no tendría presencia alguna. No explican los nacionalistas vascos qué pasaría entonces con las competencias estatales en las CCAA, quién las ejercería y las coordinaría, pero, viniendo de donde viene la propuesta, es de suponer que dichas competencias desaparecerían y serían absorbidas por las propias CCAA. ¿Para qué entonces tener un Estado central? No sabe nada, el Sr. Urkullu. La posibilidad de eliminar el Senado no es nueva y considerando su trayectoria seguramente sería mejor suprimirlo. Ahora bien, si los nacionalistas vascos se quieren “cargar” el Senado a lo mejor no tan buena idea. Habría que reconsiderarlo.

No acaban aquí las constructivas propuestas de los nacionalistas, Proponen también reducir drásticamente los presupuestos de dos Ministerios que ciertamente les incomodan: el de Defensa y el de Interior. No es casualidad que el PNV proponga recortar duramente los presupuestos de estos dos Ministerio. Desde hace tiempo, los nacionalistas vascos defienden la salida de los efectivos militares del País Vasco y una mínima presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Blanco y en botella: sin representación del Estado, sin Fuerzas Armadas en su territorio y con un mínimo de Policía en la frontera francesa ¿qué vendría después?

Puestos a ahorrar y a adelgazar la estructura de las administraciones públicas el Sr. Urkullu podría tener en cuenta que si desapareciese la Policía autónoma vasca y fuese sustituida por Policías Nacionales o Guardias Civiles se produciría sólo en gastos de personal un ahorro de 100 millones de euros anuales; si se redujese a la mitad el Parlamento Vasco ahorraría 17 millones de euros; si eliminasen los gastos de protocolo del Lehendakari ahorrarían 461.000 euros al año o si, por ejemplo, el Gobierno Vasco no desarrollase funciones en el exterior que le corresponden al Estado ahorraría más de 9 millones de euros año.

Puestos a recortar y a adelgazar la estructura de las administraciones públicas, la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, según todos los sondeos realizados recientemente, prefieren que se adelgace a las autonomías, a todas las autonomías. Claro que hablarle a un nacionalista de lo que opina la inmensa mayoría de los ciudadanos es perder el tiempo.

Santiago de Munck Loyola

Los irresponsables socialistas.

Dice sin vergüenza alguna, la diputada socialista Elena Valenciano que ellos, los socialistas, no son responsables de la situación actual. Recuerda esta señora al valiente capitán del Costa Concordia, Francesco Schettino que no admite ninguna responsabilidad en la catástrofe y que se cree una "víctima del sistema". Del mismo modo que el inefable Schettino se cayó accidentalmente en el bote salvavidas, la Sra. Valenciano y sus conmilitones han caído accidentalmente en el bote de la amnesia y piensa que con negar responsabilidades puede engañar, una vez más, al conjunto de los ciudadanos. Pero buena prueba de que los ciudadanos no comparten bote con los socialistas es que, a pesar del tremendo y rápido desgaste del Partido Popular, los socialistas, con discurso duro o blando, siguen muy por debajo de los primeros en los sondeos sobre intención de voto.

La clase política y sindical de nuestro país sigue enfrascada en pugnas pueriles que no ayudan en absoluto a transmitir una imagen sólida de España en los mercados internacionales, agravando así las dificultades de financiación y consecuentemente a promover la necesidad de más reducciones de gasto público para hacer frente a esa financiación.

Aquí nadie sume responsabilidades: ni partidos políticos, ni sindicatos, ni empresarios. Parece que los únicos responsables de la dramática situación económica y social que vivimos somos los ciudadanos a los que se nos imponen todas las cargas posibles para intentar salir del agujero. Y hay que hablar claro: las responsabilidades son compartidas. Todos son responsables, culpables, de que estemos como estamos: desde los amnésicos socialistas hasta los populares pasando por los pasivos sindicatos durante años y los empresarios especuladores o la banca española. Todos: unos porque gobernaban el Estado, otros las Comunidades o Ayuntamientos, unos porque permanecían complacientes ante el despilfarro mientras les llenaban los bolsillos con subvenciones millonarias y otros porque asentaron su riqueza en el pelotazo y la especulación. Son responsables los que el año pasado gastaron más de 90.000 millones de euros sobre lo que ingresaron en el Estado y que ahora hay que pagar con intereses al 7 %. Son responsables los que gestionaron comunidades autónomas como la Valenciana dejando su solvencia al nivel del bono basura. Son responsables los que gestionaron Ayuntamientos como el de Rivas, gobernado por IU, que ha rebajado un 30 % las nóminas de sus empleados en el pasado mes de junio. Son responsables los que gobiernan una Comunidad Autónoma que mantiene “embajadas” por todo el mundo o varios canales de TV mientras recorta a sus ciudadanos los servicios médicos. Son responsables los que se han llenado los bolsillos con subvenciones millonarias: partidos, sindicatos, empresarios o artistas.

Aquí la responsabilidad es compartida y tiene graduaciones, cómo no, pero compartida al fin y al cabo. Y va siendo hora de que haya un mínimo gesto de honestidad en la clase dirigente española asumiendo públicamente esa responsabilidad y pidiendo perdón a los ciudadanos por el daño causado.

En un estado de emergencia nacional como el que nos encontramos sería estimulante para todos que, en lugar de “escurrir el bulto”, en vez de criticar sin aportar soluciones alternativas se escuchase un discurso crítico, pero constructivo; sería positivo para la marcha del país que la demagogia cediera el paso al discurso inteligente. Pero, claro, pedir un mínimo de grandeza a esta clase dirigente, política, económica, sindical, social y cultural, es como pedir peras al olmo, salvo contadas excepciones.

Por mucho que uno esté en desacuerdo con determinadas medidas del Gobierno, por mucho que a uno personalmente le afecten, escuchar a algunos líderes sindicales hablar de “estado de guerra” produce náuseas. Escuchar simplezas sindicales como decir que “el PP quiere arruinar al país” da auténtica pena, primero por constatar que cualquier descerebrado puede dirigir un sindicato y, segundo, al comprender el nulo respeto de muchos sindicalistas a la inteligencia de los ciudadanos. Nadie, en su sano juicio, quiere arruinar al país. El país está arruinado y mientras se arruinaba los sindicatos miraban hacia otro lado. No son estos discursos los que España necesita ahora. No es ésta la imagen que España necesita proyectar al exterior. La insolvencia social, la fractura, el enfrentamiento y la agitación también se paga en los mercados que tienen que financiarnos. Puede que buena parte de la clase dirigente interese la tensión y la crispación porque con ello se neutralizarán los efectos económicos positivos que cualquier ajuste pueda producir. Más tensión, igual a más prima de riesgo, igual a más ajustes, igual a más tensión… hasta el rescate.

Claro que hay motivos para protestar. A nadie le gusta que le suban los impuestos o que le quiten el 7 % del sueldo, como tampoco gustó cuando el recorte socialista hace dos años fue del 5 % con la dócil resistencia sindical. Pero estos líderes sindicales son ahora los menos legitimados para hacer llamamientos a la protesta. Con un servidor, tan afectado como cualquiera por los recortes, que no cuenten porque un servidor no cuenta ni con los indecentes ni con los irresponsables.

Santiago de Munck Loyola

¿Por qué se quita una paga a los empleados públicos?

A esta sencilla pregunta, el Gobierno nos responde diciendo que porque no hay dinero suficiente y hay que ahorrar. Y cuando uno observa las medidas recientemente adoptadas por el Gobierno constata que la respuesta es cierta, pero sólo en parte. Porque según parece no hay dinero suficiente para pagar a los empleados públicos la paga de Navidad, con lo que se está asestando un duro golpe no sólo a la economía de cientos de miles o de millones de hogares que contaban con ella para tapar agujeros o realizar pequeños extras, sino también al consumo de las próximas navidades, pero sí que hay dinero público suficiente para pagar algunos salarios como los siguientes:

•           Presidente del Red Eléctrica Española: 429.000 € de retribución fija + 199.000 € de retribución variable.

•           Consejeros de Red Eléctrica Española:

-           1 consejero con 899.000 euros al año.

-           5 consejeros con 182.000 euros al año.

-           3 consejeros con 153.000 euros al año.

-           1 consejero con 170.000 euros al año.

-           1 consejeros con 165.000 euros al año.

•           ADIF: 11 directivos con una media de 140.000 euros anuales.

BANKIA: en 2011 el consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, que se incorporó ya entrado el año, percibió 1,57 millones, aunque su salario anual es de 2,26 millones. El que fuera vicepresidente de la entidad hasta hace unas semanas, José Luis Olivas, contó en 2011 con un salario de 1,62 millones; la mitad aproximadamente procede de Bancaja. José Manuel Fernández Norniella, el cuarto consejero ejecutivo de Bankia, percibió este año una remuneración de 725.000 euros. Además de las retribuciones fijas, Rato, Verdú y Norniella tenían un salario variable que podría ascender a un máximo de 2,2 millones adicionales para los tres Entre los ejecutivos destacaba Ildefonso Sánchez Barcoj, con 1,28 millones; Pedro Vázquez, 400.000 euros; Miguel Crespo, 363.000; Luis Maldonado, 358.000 y Pilar Trucios, 310.000.

•           CatalunyaCaixa, entidad controlada por el Estado tras inyectarle 2.968 millones, Adolf Todó, el Presidente, cobra 1,55 millones. Además, tiene 3,46 millones en pensiones. El número dos de CatalunyaCaixa, Jaume Masana, obtuvo 866.000 euros y tiene una pensión de 637.000 euros. Andreu Plaza cobra 394.000 euros y Francisco José Tárrega, 365.000 euros. La retribución del resto de ejecutivos varía entre los 260.000 y 219.000 euros.

•           En NovaGalicia, que percibió 2.600 millones del FROB, el presidente José María Castellano cobró 884.790 euros mientras que el consejero delegado, César González-Bueno, 876.040 euros. El exdirectivo José Luis Pego percibió un total de 13,09 millones; Gregorio Gorriarán, 8,41 millones y Óscar Rodríguez, 1,35 millones.

•           En Banca Cívica, su presidente Antonio Pulido tuvo una remuneración de 903.660 euros más 300.000 de pensión. Enrique Goñi, copresidente, cobró mil euros menos en sueldo y la misma pensión.

•           En Banco BMN, liderado por Caja Murcia, su presidente cobra 456.000 euros, por debajo de otros colegas con menor tamaño. Tiene una pensión de 2,15 millones de Caja Murcia donde trabaja desde hace 30 años. Joaquín Cánovas, director general, tiene un sueldo de 395.000 euros. La entidad recibió 915 millones del Estado. Desde el pasado mes de febrero los salarios de los altos ejecutivos de entidades bancarias intervenidas “sólo” alcanzan los 300.000 euros anuales.

•           FEVE: director general 96.196,58 euros.

•           Zapatero cobra 6.383 euros del Consejo de Estado por acudir a un pleno mensual e ingresa otros 6.515 € como ex Presidente.

•           RTVE: Presidente 220.000 euros al año. Las presentadoras Ana Blanco, Pepa Bueno, Ana Pastor y María Casado tenían sueldos que oscilaban entre los 150.000 a los más de 200.000 euros brutos anuales en 2009.

•           El alcalde de Sabadell, Manuel Bustos Garrido, cobra un sueldo público del Ayuntamiento de 81.576,04 euros brutos anuales

•           El presidente de la Diputación de La Coruña/A Coruña, Diego Calvo Pouso, del Partido Popular, tiene un sueldo de 71.593 euros brutos anuales.

•           Trece directivos de la funeraria del Ayuntamiento de Madrid, 130.000 euros cada uno.

•           El Alcalde de Leganés 103.000 euros anuales.

•           Sueldo base de directivos de grandes empresas públicas, 105.000 euros anuales.

•           Directivos de empresas públicas medianas un sueldo base máximo de 80.000 euros anuales.

La lista de los salarios públicos multimillonarios para los que sí que hay dinero es interminable. He aquí la principal razón para que los empleados públicos no puedan cobrar la paga de Navidad. Nadie debería poder percibir en este país y en estas circunstancias un salario con origen en los fondos públicos superior al del Presidente del Gobierno. En vez de parches y de "castigar" a los más débiles lo que hace falta ya es una Ley sobre Retribuciones Públicas. Por simple lógica y elemental justicia.

Santiago de Munck Loyola

"Los españoles no podemos elegir, no tenemos esa libertad", pero el Gobierno sí.

Tiene razón el Presidente del Gobierno, toda la razón del mundo: los españoles no podemos elegir, no tenemos esa libertad. Es cierto. Ahora, no podemos elegir. Lo hicimos el pasado 20 de Noviembre. Elegimos por mayoría absoluta echar al cómplice y socio del incompetente Zapatero, el Sr. Rubalcaba, y dar nuestro voto al Partido Popular, al programa electoral del Partido Popular y a su candidato a la Presidencia del Gobierno. Elegimos hace seis meses y hasta dentro de tres años no podremos volver a elegir. Y quizás por eso se ve obligado a hacer lo que hace: incumplir el programa electoral del Partido Popular, los principios programáticos e ideológicos del mismo y sus propias promesas.

Es verdad, los españoles no tenemos ahora la libertad de elegir aunque el Presidente se haya visto obligado a romper el contrato electoral con quienes le votamos, porque no hay que olvidar que un programa electoral es un contrato con el votante. Ya se sabe que los programas electorales son en ocasiones lo suficientemente ambiguos como para poder hacer una cosa o la contraria, pero en algunos aspectos son tan concretos, tan precisos que cuando se incumplen no hay modo de disfrazarlo. Si el programa electoral del PP del año pasado se basaba en un análisis de la realidad tan deficiente que sus promesas no pueden ahora ser cumplidas ¿quién tiene la culpa? ¿los electores? Evidentemente no.

Los ciudadanos no podemos elegir ahora, pero el Gobierno sí. Es falso que no tenga otro remedio que adoptar las decisiones que ha tomado, que no hay alternativa. Claro que la hay y no hay más que volver a los principios programáticos del Partido Popular o, incluso, al propio programa electoral para comprobarlo. Para adoptar decisiones basadas en criterios socialistas y ajenos al liberalismo no hacía falta cambiar de Gobierno.

Hoy nuestras administraciones no tienen otro remedio que gastar menos e ingresar más. Hemos estado gastando más de lo que ingresábamos y hay que pagar los agujeros presupuestarios. Pero no se trata sólo de saldar la desastrosa herencia de Zapatero, el problema es que seguimos gastando más de lo que recaudamos y los agujeros de siguen agrandando.

Tenemos una estructura estatal que es insostenible y en eso coinciden todos los analistas económicos. Y esa propia estructura y la clase política que la dirige es la responsable del déficit presupuestario y simultáneamente del freno al crecimiento que impide generar más ingresos.

Del conjunto de medidas adoptadas hay muchas que podrían tener alternativa y aquí van algunos ejemplos:

-           La reducción de un 30 % del número de concejales no pasa de ser una anécdota. En gran cantidad de municipios españoles, los concejales no cobran sueldo alguno y su reducción no va a tener un efecto económico significativo. Sin embargo, la supresión del Senado, la drástica reducción del número de diputados autonómicos o la eliminación de instituciones duplicadas sí que lo tendría. Más de 120 seudo embajadas autonómicas, televisiones autonómicas y locales, defensores del pueblo regionales y tribunales de cuentas autonómicos, cuando menos, sobran.

-           La limitación de los sueldos de los alcaldes es lógica, pero insuficiente. Una vez más de apuesta por presionar al sector más débil de las administraciones en lugar de optar por una regulación total del sistema de retribuciones con dinero público. Es inadmisible que los miembros del Consejo de Estado, los Presidentes Autonómicos o sus Consejeros, los directivos de empresas públicas como NAVANTIA, SEPI, RENFE, AENA, ADIF o REE o los directivos de bancos que reciben ayudas públicas ganen más que el Presidente del Gobierno.

-           La reducción de subvenciones a partidos, sindicatos y organizaciones empresariales también es insuficiente. Si no hay dinero para mantener el nivel actual de prestaciones por desempleo no debería haber ni un euro para los primeros. Deben sostenerse con las cuotas de sus afiliados y si no pueden que cierren los chiringuitos.

-           La subida del IVA, por mucho que lo exija Europa, es miope y de efectos transitorios y contraproducentes. Habrá una subida inmediata y momentánea de la recaudación, pero el consumo caerá, aumentará el paro generando más gastos para prestaciones sociales y disminuirá la recaudación del IVA. Hay que señalar, además, que el aumento del IVA va a agrandar el déficit de todas las administraciones locales. Al contrario, una bajada de tipos junto con una reducción del IRPF provocaría un aumento del consumo y, por tanto, una mayor recaudación de este impuesto junto con más empleo y menos gastos sociales. Además, si esta reducción se acompañase con un aumento del impuesto de sociedades a las grandes empresas exclusivamente se recaudarían, según los técnicos de hacienda, más de 20.000 millones de euros. Igualmente, un incremento de la tributación de las SICAV también mejoraría la recaudación tributaria.

-           La eliminación “transitoria” de una paga extra a los empleados públicos es injusta hacia un colectivo que ha venido perdiendo poder adquisitivo constantemente en los últimos años y al que Rajoy prometió pública y expresamente no reducir el sueldo. No puede dejarse pasar por alto el insultante aplauso de la bancada popular ante el anuncio de esta medida. Como tampoco puede obviarse que quienes van a aprobar este recorte sólo se lo aplicarán a si mismos voluntariamente ¿dónde está la igualdad ante la ley? Esta medida perjudicará aún más a la caída del consumo profundizando la recesión.

-           Otra medida que debería se puesta en marcha y que evidencia la existencia de alternativas sería la absoluta liberalización del sector eléctrico para que una competencia real aliviase notablemente las facturas de los consumidores y, por otra parte, la supresión de los 6.000 millones anuales de subvenciones y primas a las eléctricas. Del mismo modo, la ampliación del período de vida útil de las centrales nucleares parece insuficiente habiendo podido apostar por un nuevo impulso a este sector.

-           Acelerar la jubilación a los 57 años es ahondar en un error socialista. ¿Por qué no se han prohibido ya las prejubilaciones en empresas con enormes beneficios como Telefónica y que tantos millones nos cuestan?

-           Ni una palabra a la posibilidad de cobrar a los reclusos por delitos económicos (ejemplo Julián Muñoz) los millones de euros que su estancia en prisión nos ocasiona a los ciudadanos o de reducir los 657 millones de euros que los delincuentes extranjeros cuestan anualmente al Estado. Podría reformarse la ley para que los extranjeros condenados, excepto los reos por delitos contra las personas, fueran expulsados de España y repatriados a su lugar de origen por el doble de tiempo de la condena que se les hubiese impuesto. Sería mucho menos gravoso para todos los contribuyentes.

Como puede verse hay alternativa. El Gobierno y el Presidente sí pueden elegir otra cosa distinta a la que han elegido, los ciudadanos. Le honra al Presidente Rajoy dar la cara y reconocer que está haciendo lo contrario a lo que le gusta, pero ese reconocimiento no justifica desde una perspectiva ideológica el acierto de las medidas adoptadas ni su congruencia ideológica con el Partido y los votantes que le sostienen. Debería considerar que si hoy los españoles no podemos elegir, dentro de tres años y medio sí podremos hacerlo. Y debería considerar igualmente que él sí que tiene alternativas, que no existe un solo camino para salir del pozo en el que el PSOE ha metido a España.

Santiago de Munck Loyola

La "fiesta" sigue... en las cárceles.

504 habitaciones individuales y 51 habitaciones dobles, todas ellas equipadas con televisores de plasma de última generación, edificios anexos para talleres formativos, módulo deportivo cultural con gimnasio, polideportivo, vestuarios, piscina climatizada, frontón, biblioteca, sala de audiovisuales con 36 ordenadores, aulas, despachos, auditorio, restaurante, enfermería… Un moderno centro con un equipamiento interior superior a los 3 millones de euros. No, no se trata de un nuevo complejo hotelero, ni de un resort de lujo. Se trata de la nueva prisión, recientemente inaugurada en la Loma de Santa Lucía, Pamplona, diseñada y ejecutada por el Gobierno de ZP. Es tan sólo un ejemplo más de cómo se ha venido empleando nuestro dinero, el de los contribuyentes, en las distintas inversiones públicas. Ahora resulta que la piscina climatizada de este centro no va a funcionar porque cuesta más de 50.000 euros anuales su mantenimiento. ¿Y nadie da la cara? ¿Quién fue el político que tomó la decisión de despilfarrar el dinero de esta manera? Deberíamos tener derecho a saberlo. Que nuestras prisiones tengan unas condiciones dignas no lo discute nadie pero de ahí a que se conviertan en centros de lujo existe un abismo. ¿Cuántos españoles tenemos acceso a una piscina climatizada gratis todo el año? ¿Sólo los pudientes y los delincuentes?

Al conocer la noticia me ha venido a la memoria el viejo chiste sobre un político al que el periodista le pregunta por qué invertía tan poco en escuelas y tanto dinero en prisiones. El político respondió: a la escuela sé que nunca volveré, pero a una prisión…Está visto que a veces la realidad supera la ficción.

Pues bien, puestos a ahorrar y a generar ingresos para el Estado aquí va una propuesta: conviertan este centro penitenciario en un hotel temático y verán como funciona. Seguro que, aunque sea por morbo, hay mucha gente dispuesta a pagar por alojarse en este centro de lujo. Y más si se repiten espectáculos de “striptease” como el organizado en la cárcel de Picassent en el año 2009. Es que lo cuentas fuera de España y no se lo creen.

Y a propósito de nuestro sistema penitenciario conviene poner sobre la mesa algunos datos, sobre todo, considerando esta época de recortes en todos los terrenos. Hoy hay en España más de 75.000 reclusos. La población reclusa se ha disparado un 70% en España en la última década, un crecimiento debido sobre todo en el gran aumento del número de presos extranjeros. De estos 75.000 presos cerca del 40 %, es decir, 30.000 reclusos no son españoles, son extranjeros. Es cuando menos significativo que siendo el 11,5 % el porcentaje de los extranjeros en España, el porcentaje de la población reclusa extranjera alcance casi el 40 % del total. El coste diario medio que supone para las arcas públicas el mantenimiento de cada preso es de 60 euros. Echando cuentas, el coste anual del mantenimiento de la población reclusa es de 1.642.500.000 euros, de los que 657 millones de euros corresponden a los presos extranjeros. ¡Casi nada!

El sindicato de los trabajadores de prisiones, Acaip, viene denunciando desde hace tiempo que nuestras prisiones están más que desbordadas y el sistema próximo al colapso. Siendo así, resulta bastante incomprensible que el anterior Gobierno optase por construir nuevos centros penitenciarios con presupuestos muy elevados en vez de ampliar el número de centros a construir haciéndolos más baratos, es decir, con menos lujos.

Pues bien en este período de restricciones y recortes en el que incluso a nuestros militares se les va a empezar a cobrar una pequeña cantidad por el rancho del cuartel no parece lógico dejar las cosas tal cual. No basta con que no se ponga en marcha una piscina climatizada, no. A lo mejor se debería ir pensando en adoptar otras medidas que alivien esta carga presupuestaria que se nos impone a todos los ciudadanos. ¿No sería lógico que los presos que tienen recursos económicos suficientes pagasen los gastos que su estancia en prisión origina? Por ejemplo, el Sr. Correa, del caso Gürtel, ¿no debería pagar los 65.700 euros que nos ha costado a todos su paso por prisión? Y Julián Muñoz ¿no debería pagar los 54.750 euros que nos ha costado a todos? La lista y la cuenta de delincuentes que podrían pagar sin dificultad su estancia en la cárcel puede ser interminable.

Igualmente podría reformarse la ley para que los extranjeros condenados, excepto los reos por delitos contra las personas, fueran expulsados de España y repatriados a su lugar de origen por el doble de tiempo de la condena que se les hubiese impuesto. Sería mucho menos gravoso para todos los contribuyentes.

Tenemos muchos problemas económicos y la política penitenciaria es también uno más de ellos. Con el “buenismo”, la complacencia y la benevolencia se está cometiendo un enorme agravio para con el resto de los ciudadanos cumplidores de la Ley y sostenedores del sistema. Algo habrá que hacer y, seguramente, en una dirección muy distinta a la seguida hasta ahora.

Santiago de Munck Loyola

Facturas informativas políticas.

Poco a poco se ha ido extendiendo la costumbre en determinados servicios públicos básicos entregar al usuario una factura informativa en la que se detallan los costes en los que la administración ha incurrido por el servicio prestado. Dicho de otro modo, se le entrega al usuario una factura con lo que se supone que debería haber pagado si no estuviese protegido por el sistema. En la Comunidad Valenciana, uno va al Centro de Salud a recoger las recetas que le ha prescrito el médico, en el caso por ejemplo de los enfermos crónicos, y junto a las mismas se le entrega amablemente la factura informativa con el importe total de las medicinas. En el caso de la Comunidad Andaluza te entregan, por ejemplo, la factura informativa del tratamiento o de la estancia hospitalaria en su caso. Parece que en la Comunidad de Madrid también se están emitiendo este tipo de documentos.

Nos dicen los responsables políticos que esto se hace con el fin de sensibilizar y concienciar a los ciudadanos del valor que tienen los servicios que se nos prestan desde las administraciones públicas. Se desconoce de dónde ha surgido la idea de que los ciudadanos no estamos sensibilizados, ni valoramos los servicios públicos que nosotros mismos pagamos, pero, en fin, doctores tiene la Iglesia, y si los expertos en estas cuestiones creen que es una buena iniciativa y que es necesaria pues adelante. Sin embargo, hay quien sostiene que esta iniciativa persigue en el fondo hacer que el ciudadano se sienta algo culpable por generar tanto gasto poniéndose enfermo y que así se desincentive de forma subconsciente el uso de los servicios públicos.

Hace pocos meses, a propósito de estas iniciativas, las redes sociales se “incendiaron” con una contrapropuesta original: entregar a cada político una factura informativa del gasto que origina cada vez que usa el coche oficial, o la tarjeta Visa o realiza un viaje con cargo a los presupuestos públicos. Sin embargo parece que esta propuesta peca de cierta ingenuidad. Por una parte, los políticos saben perfectamente lo que cuesta cada una de sus actuaciones porque son ellos mismos los que las presupuestan y las aprueban, por lo que la efectividad de esta propuesta resultaría muy limitada. Además, a ello hay que añadir que los gastos en los que incurren los políticos los abonamos nosotros, los contribuyentes, y consiguientemente deberían ser los pagadores los que tuvieran conocimiento detallado de esas facturas informativas.

Factura Informativa imaginaria del Congreso.

Es casi seguro que si se publicaran facturas informativas, en cada uno de los niveles de las diferentes administraciones, detallando los gastos de los políticos sí que se produciría un efecto desincentivador. Nada teme más un político que la transparencia y la publicidad en los gastos que él mismo origina. Si se publicasen mensualmente en los municipios las facturas informativas de los gastos que los alcaldes y concejales realizan en comidas, en desplazamientos, atenciones protocolarias o en móviles, por ejemplo, seguro que se produciría de forma inmediata un brusco descenso en sus cuantías. Imagínese el lector que el Congreso de los Diputados, en su página Web, publicase mensualmente los nombres de los diputados y las cantidades abonadas por sus viajes privados. Seguro que al mes siguiente pocos diputados volverían a aparecer en la siguiente factura informativa. No existe complicación alguna para hacerlo. Tan sólo se necesita voluntad de transparencia.

Nadie debería poner objeción alguna a que los pagadores, los contribuyentes, recibieran o pudieran tener acceso a esas facturas informativas. Ya que tenemos que pagar de todos modos, sepamos al menos por qué, cuánto y a quién. No es mucho pedir ¿no? Bueno, tratándose de nuestra clase política es sencillamente pedir peras al olmo.

Santiago de Munck Loyola

Anguita y Almodóvar: cara y cruz de la coherencia.

Las actitudes y comportamientos de los personajes públicos, sus hechos, son mucho más relevantes que sus palabras. En estos días de agitación y añoranza para algunos del movimiento 15 M han coincidido dos comportamientos completamente opuestos y muy significativos sobre la ética y personalidad de sus protagonistas. De una parte, D. Julio Anguita ex coordinador de Izquierda Unida ha renunciado por escrito a la paga de pensión máxima vitalicia a la que tenía derecho como ex-parlamentario y para justificar tal decisión ha dicho que “con la pensión que le correspondía como maestro tenía bastante”. ¡Chapeau! Sí señor, un comportamiento más que ejemplar que pone de manifiesto la honestidad y, sobre todo, la coherencia del Sr. Anguita. Hay que reconocérselo sin ningún tipo de objeción. Y un servidor lo hace desde la más profunda discrepancia ideológica. Lo que ha hecho el Sr. Anguita es todo un ejemplo de un político de los pies a la cabeza, un ejemplo que le sitúa en un plano de superioridad moral sobre los demás políticos que, con seguridad, no le van a imitar.

Y en la otra cara de la moneda de la coherencia y honestidad política tenemos a Pedro Almodóvar (Peeeeedro…). Al Sr. Almodóvar le ha faltado tiempo para correr a la Puerta del Sol y solidarizarse con los indignados. Foto por aquí, declaraciones por allí, un autógrafo por allá y un pequeño baño de multitudes. Almodóvar es un indignado más. Claro, que Pedrito, que no es un pozo de sabiduría política (no se puede n pedir peras al olmo) debe ignorar que entre muchas otras cosas los indignados piden la supresión de las SICAV, ese invento para que los ricos paguen pocos impuestos. Y da la casualidad que nuestro renombrado cineasta, con un patrimonio superior a los 41 millones de euros, tiene varias de estas sociedades para pagar pocos impuestos, proporcionalmente mucho menos impuestos que cualquiera de los indignados.

Como buen miembro de la ceja, la sociedad de Almodóvar El Deseo ha percibido de las arcas públicas las siguientes subvenciones desde 2004 a 2008 por:

1.270.000 euros: para la distribución de “La mala educación”.      

399.000 euros: para la presencia en festivales (Cannes, Venecia, San Sebastián) y la ceremonia de los Oscar            .

383.000 euros: para la producción de ‘El patio de mi cárcel'          .

300.506 euros: para la producción de ‘Hable con ella'         .

250.000 euros: para la obra experimental ‘Historia de la montaña de la bruma'.

167.000 euros: para la conservación de negativos de diversas películas de Almodóvar.

Más de 2.7 millones de euros de dinero público para la SICAV y a tributar al 1 %. Casualmente las sociedades de Almodóvar invirtieron en 2008 dinero en Lux Invest, fondo que invertía en productos tóxicos de Bernard Madoff ¿les suena este pájaro financiero, no?

En fin, que no parece muy coherente que alguien que recibe dinero público en subvenciones, que goza de un considerable patrimonio y que elude el pago de impuestos a través de sociedades financieras legales pero éticamente reprobables, ande por ahí de “indignado”. Sus méritos cinematográficos no se cuestionan, pero su papel de figurante con pretensiones estelares en la Puerta del Sol es patético e indigno. No hay en su comportamiento la más mínima coherencia ética o política. Es la otra cara de la moneda. Y es la cara más dura e impresentable de estos agitados días.

Con su actitud no sólo se pone en evidencia, sino que además pone en evidencia las reivindicaciones de todo un colectivo que con más o menos argumentos reivindica unos postulados muy alejados de los que practica el Sr. Almodóvar. Mi admiración y respeto para el Sr. Anguita y todo lo contrario para Peeeeedro.

Santiago de Munck Loyola

Sanidad para todos.

La falta de dinero para poder sostener el conjunto de las administraciones y, por tanto, el conjunto de las prestaciones públicas se traduce en una serie de medidas de ahorro camufladas bajo distintas denominaciones que en muchas ocasiones ponen los pelos de punta. Los anuncios, los globos sonda, las rectificaciones o las matizaciones se suceden a diario ya se hable de educación, de pensiones, de sanidad o de infraestructuras. Unas veces nos anuncian que nos van a cobrar por usar las autovías que ya estaban pagadas y amortizadas, otras que vamos a tener que pagar más por los medicamentos, antes nos dijeron que los años que habíamos cotizado para cobrar una pensión ya no valían y que había que cotizar más años, después nos quitaron el cheque bebé y así sucesivamente. Anuncios, amenazas, amagos, reformas y contrarreformas constituyen el pan nuestro de cada día. Eso sí, si hay que salir corriendo a salvar a Bankia, no se corre, se vuela.

Lo cierto es que no hay dinero para todo. Lo cierto es que hay más de cinco millones de parados en nuestro país y que el siguiente en engrosar la larga lista puede ser cualquiera de nosotros. Lo cierto es que cada año 200.000 familias se quedan sin vivienda. Lo cierto es que casi dos millones de personas ya no reciben ayuda pública alguna. Y lo cierto es que estamos donde estamos porque la mayor parte de la clase política, de todos los colores, no ha sabido estar a la altura de las circunstancias y no ha sabido hacer bien su trabajo ni en ayuntamientos, ni en las comunidades autónomas, ni en el Estado. Puede haber muchas causas que hayan propiciado que hayamos llegado hasta aquí en estas condiciones, pero es evidente que nuestra clase política debería haber estado lo suficientemente preparada y capacitada para haberlo previsto y para haber sabido mitigar o paliar los efectos de esas causas externas o internas. Y no lo ha hecho.

Hace tiempo ya que la clase política renunció a “hacer política” y se transformó en una casta gestora, desplazando a los profesionales, sin estar lo suficientemente preparada para ello y ajustando su comportamiento a los dictados del marketing político. Los políticos nos han venido contando lo que queríamos oír para lograr nuestro voto. El relativismo social y moral imperante ha producido un relativismo político igual de ambiguo y acomodaticio. El ser humano, la persona hace tiempo que, pese a los discursos ideológicos, ha desaparecido de la agenda y del centro de toda actuación política. El poder y su conquista o conservación es el centro real del pensamiento y de la acción política por encima de cualquier otra consideración. Los gobiernos adoptan medidas y programas con tenues e imperceptibles fronteras ideológicas perfectamente intercambiables.

Si la persona, si el ser humano estuviesen en el centro de la acción política a nadie se le ocurriría adoptar medidas que pudieran suponer poner en riesgo la salud y la vida de los individuos. Bien está que se racionalice el sistema sanitario; bien está que de una vez se diseñe un catálogo de prestaciones sanitarias para todos los ciudadanos con independencia del territorio de España donde residan; bien está que se acabe con el turismo sanitario y con el abuso que supone, por ejemplo, el empadronamiento fraudulento de 140.000 vecinos portugueses para beneficiarse de nuestra sanidad; bien está, si no queda más remedio, que se paguen por quien tenga capacidad económica para ello determinadas prestaciones sanitarias.

Pero plantearse la posibilidad de dejar sin asistencia sanitaria a los llamados “sin papeles” es inmoral. Si durante años hemos permitido que cientos de miles de personas se instalasen en nuestro país de forma irregular no podemos ahora dejarles sin prestación sanitaria. Regúlese la inmigración de una forma lógica y racional, adóptense las medidas a que haya lugar respecto a los inmigrantes irregulares, legalizando su situación o repatriándoles a sus lugares de origen si fuere preciso, pero mientras sigan viviendo con nosotros no podemos dejarlos sin atención sanitaria. Es una cuestión de principios, de derechos humanos, de sentido común y de ética elemental.

Santiago de Munck Loyola

No es ésto, no es ésto.

Si la política hace a veces extraños compañeros de cama, parece que el ejercicio del poder convierte a algunos políticos, en ocasiones, en extraños travestis. El caso es que los no somos socialdemócratas, los que creemos más en las libertades y en las capacidades del individuo asistimos atónitos al desarrollo de unas políticas para combatir la crisis que son exactamente iguales o muy parecidas en algunos casos a las que veníamos denunciando y combatiendo hace tan sólo poco más de cuatro meses. Durante años y años hemos venido sosteniendo que recurrir a subir los impuestos no era la solución para aumentar los ingresos del Estado, que el incremento de la presión fiscal sólo servía para aliviar temporalmente las necesidades de la tesorería pública pero que, a la larga, se producía más paro y menos recaudación. Esta convicción estaba, además, avalada por la cercana experiencia de los primeros años de Gobierno del Partido Popular.

A nadie se le escapa la gravedad de la situación de nuestra economía y de nuestras cuentas públicas. Es evidente que, si no se gasta menos y se ingresa más, no será posible atender al pago de los intereses de la deuda, casi 30.0000 millones, el equivalente al salario anual de todos los funcionarios, y mucho menos amortizar la deuda que genera esos intereses anuales. Para gastar menos se han empezado a adoptar importantes medidas, los llamados recortes, que afectan a todos los sectores de la actividad pública. Sin embargo, hay mucho que cuestionar sobre las prioridades consideradas a la hora de recortar. Es moralmente inadmisible que se prefiera recortar en la factura de los medicamentos y que no se supriman las televisiones autonómicas que generan anualmente una deuda cercana a los 1.000 millones de euros, como lo es el hecho de que se prefiera recortar los fondos destinados a la investigación antes que suprimir los más de 300 millones de euros anuales destinados a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales, por citar sólo dos ejemplos de prioridades en el ahorro perfectamente cuestionables. Bien está que se pongan a acabar con el abuso del llamado turismo sanitario que nos cuesta más de 1.000 millones de euros al año, bien está que se supriman las duplicidades en las administraciones públicas o que se racionalicen y controlen las subvenciones y ayudas que se otorgan en todos los campos, pero el Gobierno no está acertando a la hora de priorizar todos los recortes. Que hay que gastar menos es evidente, pero ¡ojo! Austeridad para todos y más austeridad para los que más tienen.

Y junto a la reducción del gasto resulta inevitable aumentar los ingresos para poder pagar las deudas existentes. El Gobierno se ha encontrado con que tenía que recaudar más de lo previsto, entre otras cosas, porque las cifras que nos ofreció el Gobierno anterior el pasado 18 de noviembre eran falsas. Y el Gobierno ha apostado por la vía fácil: subir los impuestos, es decir, apretar las tuercas a los que ya veníamos cumpliendo con hacienda. Los de siempre. Pues bien, volviendo al principio de estas líneas, no somos pocos y por eso, entre otras razones, quizás ganó el PP las elecciones, los que creíamos y creemos que subir los impuestos a los contribuyentes supone automáticamente que el consumo caiga y si se consume menos se produce menos y si se produce menos se requieren menos empleados y si se necesitan menos empleados aumenta el desempleo y si el paro aumenta crecen las cargas sociales públicas y, en consecuencia, el estado necesita más dinero y ¿qué hacer entonces? ¿Otra vuelta de tuerca? Es la pescadilla que se muerde la cola. La experiencia demostró que bajando los impuestos, los particulares disponemos de más dinero para consumir y, por tanto, se reactiva la economía, aparecen más empresas que empiezan a tributar, más asalariados que también tributan y menos desempleados lo que provoca una disminución de los gastos sociales.  Sólo se puede generar empleo si el dinero circula, si hay actividad económica. Los bancos siguen ganando pero no sueltan un duro para dar fluidez al mercado, el Estado no sólo no tiene dinero sino que además se lo retira a los ciudadanos a través de los impuestos y, mientras, el paro llega a los 5.600.000 desempleados. Y hay que recordar que en España la inmensa mayoría de los puestos de trabajo los crean las pequeñas y medianas empresas, pero sin dinero circulante no tienen nada que hacer.

Hoy de Guindos, este extraño ministro importado de Lehman Brothers, nos acaba anunciar una nueva subida de impuestos, es decir, menos dinero en el bolsillo de los ciudadanos, menos consumo, más paro, etc. Una vez más, los que nos creíamos un determinado modelo para salir de la crisis y nos lo seguimos creyendo no nos podemos identificar con estas medidas. Nos empezamos a sentir huérfanos ante unos anuncios fiscales de claro tinte socialdemócrata y ajenos a toda una trayectoria ideológica. El Gobierno está apostando por medidas miopes, a muy corto plazo, medidas contrarias a su programa y a su ideología que quizás puedan servir para tranquilizar a los mercados pero que, desde luego, intranquilizan, irritan y ponen los pelos de punta a sus votantes y a los militantes que sostienen su partido. Sólo podemos decir: No es ésto, no es ésto. Y para este viaje no se necesitan alforjas.

Santiago de Munck Loyola

A vueltas con los recortes y la organización del estado.

Las nuevas medidas que está adoptando el Gobierno con el fin de reducir el gasto público están desatando muy variadas reacciones en distintos sectores sociales y propiciando críticas en los diferentes agentes sociales y políticos. Parece que, tal y como están las cosas, no hay dinero suficiente para poder seguir manteniendo intocables las prestaciones públicas. Si no hay dinero no queda más remedio que gastar menos y tratar de ingresar más. Es evidente que durante los últimos años, nuestras administraciones públicas han gastado más de lo que ingresaban, es decir, han ido acumulando, año tras año, déficits. Esos desfases entre los ingresos y los gastos se fueron cubriendo con préstamos, es decir, nuestras distintas administraciones se fueron endeudando y ahora, en medio de una crisis internacional, no sólo seguimos gastando más de lo que ingresamos, sino que además tenemos que pagar los intereses de las deudas acumuladas en los últimos años. Estos intereses anuales que hay que pagar se elevan a más 29.000 millones de euros anuales. Para hacerse una idea de lo que esta cifra significa basta considerar que los salarios de un año de los funcionarios suponen menos de esa cantidad.

Por tanto, parece razonable pensar que hay que acabar con el déficit para impedir que siga creciendo la cantidad anual que los intereses suponen. De no hacerlo pronto, los 29.000 millones de euros seguirán creciendo y llegará un momento en que sea de todo punto imposible pagarlos, colapsando el sistema. Es un poco absurdo pensar que no es tan importante reducir el déficit público, pero un debate muy distinto es cómo hacerlo, dónde priorizar la reducción de los gastos y cómo articular el imprescindible incremento de ingresos públicos.

En el amplio debate generado estos días, distintos dirigentes políticos han puesto en cuestión el modelo de funcionamiento de las Comunidades Autónomas, responsables en gran parte del déficit de las cuentas públicas. De una parte, Esperanza Aguirre ha manifestado que si es conveniente para el interés nacional, la Comunidad de Madrid está dispuesta a devolver las competencias de Sanidad y Educación al Estado y transferir otras competencias a los Municipios.

De otra, José Bono ha criticado duramente el gasto que supone el mantenimiento de 17 parlamentos autonómicos, 17 defensores del pueblo, 17 tribunales de cuentas, decenas de canales de televisión autonómicos. Ante estas declaraciones, responsables de los dos grandes partidos se han apresurado a manifestar su satisfacción por la evolución del estado de las autonomías y su pleno respaldo al diseño constitucional del mismo. Por su parte, algunos politólogos también han manifestado en distintos medios de comunicación la irreversibilidad del estado autonómico.

De todo ello, se desprende una sensación de miedo a formular públicamente críticas que puedan cuestionar la actual organización territorial del estado. Se cierran los ojos ante las evidencias:

-          El estado de las autonomías es un modelo caro que, hoy por hoy, es difícil de sostener. Si no hay dinero para mantener las actuales prestaciones sanitarias o educativas ¿por qué hay que mantener un modelo de estado caro y plagado de duplicidades e ineficiencias? ¿Por qué la prioridad en la reducción del gasto público no aborda en primer lugar la corrección de una de las principales causas del déficit público?

-          El funcionamiento actual del estado de las autonomías incumple sistemáticamente el Art. 138.2 de la C.E. “Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales” y el Art. 139.1 “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.” Basta con comparar los distintos Estatutos de Autonomía o palpar la realidad de la calle para comprobarlo.

-          Las autonomías han generado una inflación legislativa sin precedentes en los países occidentales que supone una verdadera losa para la libre circulación en el territorio nacional de los flujos económicos y sociales que sustentan el progreso de una sociedad.

-          La devolución de competencias al Estado no es imposible y, si con ella se gana eficiencia en algunas materias, es, además, necesaria. El proceso autonómico no es como algunos pretenden constitucionalmente irreversible porque la propia constitución de las CCAA no es obligatoria, sino opcional, a tenor de la redacción del Art. 143 de la propia C.E.

En todo caso, tan constitucional es propugnar la reforma de la propia Constitución para reclamar, por ejemplo, la República como para reivindicar la reforma de la estructura territorial del estado si se considera que ello puede favorecer el interés general y el bienestar de los ciudadanos. Por tanto, no son muy comprensibles esos recelos instalados en amplios sectores de la clase política y ese cierre de filas ante cualquier propuesta de racionalización de nuestras instituciones y del gasto público generado por las mismas.

Meter la tijera en el gasto público hay que meterla, pero es mucho más sensato, aunque sea más costoso políticamente, hacerlo por las raíces de los problemas. La saturación de plantas en una jardinera pequeña puede terminar por matar a la mayoría.

Santiago de Munck Loyola

¡Qué morro tienen!

A continuación voy a reproducir un artículo que circula por Internet. Es posible que no sea conocido por mucha gente, pero lo cierto es que los que lo conocen, en su inmensa mayoría, lo suscriben. De su lectura pueden sacarse muchas conclusiones pero hay una indudable que debería hacernos reflexionar a los ciudadanos y, en consecuencia, movernos a actuar: nuestros políticos, sean del color que sean, no tienen ninguna legitimidad moral para seguir pidiéndonos sacrificios, ni para imponernos más recortes mientras ellos mismos no den ejemplo. Así de claro. Se valen de nuestra pasividad y tolerancia hacia unas prácticas abusivas y hacia unos privilegios inadmisibles para mantener su estatus. Ellos no se van a aplicar recortes, pero los ciudadanos sí que podemos poniendo en marcha una iniciativa legislativa popular. Mientras la inmensa mayoría de los ciudadanos no reaccionemos, seguiremos teniendo lo que nos merecemos.

Santiago de Munck Loyola

¡Qué morro tienen!

Los RECORTES son NECESARIOS, no creas que no.

Así­ que si recortan la sanidad, educación, servicios en general es porque es muy necesario y no se puede gastar dinero en frivolidades. Sino, ahí­ tenéis a los diputados que se dedican a la política por su gran vocación de servicio a su país, a pesar de que les supone grandes sacrificios.



"Estamos pidiendo un sacrificio a todos los ciudadanos"
 (Alfredo Pérez Rubalcaba)   

Y si alguien no me cree, se lo explico:

¿Qué recibió un diputado tras resultar elegido el 20N?        

- Un iPhone 4S. Si ya tenía el iPhone de la anterior legislatura, se lo queda gratis.
- Un iPad. Si ya tenía el portátil de blablabla, se lo queda por 100 €.
- Un PC en el despacho.
- Modem 3G.
- Voz y datos pagados.
- ADSL en casa pagado.
- Si eres del PP o PSOE, un asistente para cada dos diputados. Si eres de otro partido, uno propio.
- Un despacho propio.  

Ah ¿Y para moverse?   
    

"Tendremos el Estado de bienestar que podamos"
(Mariano Rajoy Brey) 

      - Si usa su propio coche recibe 0.25€‚ por Km., o sea, 25 €‚ cada 100 Km. y
se te pagan los peajes.
- Si no tienes un coche oficial asignado, 3.000 €‚¬ anuales para taxis
(250€‚/mes).
- Billetes de primera clase para avión, tren y barco.     

Ah ¿Y el sueldo?                               

"Los sacrificios de hoy son la puerta al bienestar del mañana"
(José Luis Rodríguez Zapatero) 

- Sueldo base de 3.126,52 €‚ mensuales y dos pagas extras.
- Si formas parte de alguna comisión, recibes entre 775,15 €‚ y 1.590,34 €‚ más al mes.
- Si tienes algún cargo (Portavoz, Secretario, etc.) en el peor de los casos recibes 2.318,96 €, más al mes.  
- Los sueldos que cobres de tu partido, tampoco afectan en nada.
- Puedes tener trabajos y cargos fuera del congreso sin lí­mite ni perjuicio en el sueldo/ayuda.


Ah ¿Y las ayudas?   

                      

"Los españoles pueden estar seguros de que
 no habrá sacrificio ni esfuerzo que no estemos
 dispuestos a hacer" (María Dolores de Cospedal) 

- Si fuiste elegido fuera de Madrid, recibes 1.823,86 €‚ mensuales más para alojamiento y manutención.
- Si fuiste elegido en Madrid, recibes 870,56 €‚ mensuales más para alojamiento y manutención.
- Si viajas dentro de España, 120 €, diarios.
- Si viajas fuera de España, 150 €‚ diarios.    

Ah ¿Y los beneficios fiscales?                 

"La salida de la crisis, con el esfuerzo de todos"
(José Blanco)

- Las dietas relacionadas con transporte no tributan, no se declaran a Hacienda, vamos.
- Las dietas relacionadas con alojamiento y manutención no tributan.
- Los sueldos/dietas por tener un cargo en el Congreso, no tributan.
- Si dejas de ser diputado, percibes una paga mensual de 2.813,87 € hasta un máximo de dos años. No importa si tienes un sueldo privado.  

"Todos tenemos que hacer sacrificios"
(Esperanza Aguirre)

Ah ¿Y si se disuelven las cortes porque va a haber elecciones?                   
  
- Derecho a una indemnización consistente en el sueldo de los días
transcurridos hasta que se forma el nuevo Congreso (el sueldo de dos
meses aproximadamente), vuelvas al Congreso o no.          
- El Congreso te paga las cuotas de la Seguridad Social, Derecho pasivo y otras cosas durante ese tiempo. 
- El Congreso mantendrá tu póliza de accidentes durante ese tiempo.    
- El Congreso sigue pagando el ADSL, voz y datos durante ese tiempo. 
- La mudanza de tu despacho corre a cargo del Congreso. 

Ah ¿Y la jubilación?          

Si tienes 55 años y...         

- Has sido diputado once años: 100% de la pensión máxima (2.466,20 €,).        
- Has sido diputado entre nueve y once años: 90% de la pensión máxima.        
- Has sido diputado entre siete y nueve años: 80% de la pensión máxima.         
- Por el 10% del salario base, derecho a pensión privada a cargo del BBVA.

Como veis, son unas condiciones lamentables. Por eso los políticos son los más adecuados a la hora de hablar de recortes y sacrificios. Ellos ya se están apretando el cinturón y pasándolo muy mal.     

Por eso cuando un político hable de sacrificios ¡Aplaude! Cuando hable de recortes ¡Vitoréale! Sabe muy bien de lo que habla porque es un drama que conoce de primera mano.