Pobre España pobre.

No hace muchas horas, en los informativos de una cadena de televisión se podían ver unas imágenes en las que aparecían unos ancianos que esperaban a que se sacaran a la calle los contendores de la basura de un restaurante para registrarla y sacar comida para llevarse a casa. Después de coger lo que podían aprovechar, volvían a meter en los cubos la basura que no les servía. No eran éstas las únicas escenas de este estilo que últimamente se han podido ver en las televisiones. Cada vez son más los casos de gente que tiene que buscar en la basura para poder comer. Desempleados y jubilados, gente que hasta no hace mucho podía, con más o menos dificultades llegar a fin de mes, hoy ya no puede hacerlo. Los comedores sociales de Caritas, de esa Iglesia tan denostada por algunos, no dan ya  abasto, se han quedado pequeños. En nuestro país ya hay 1.425.200 familias en las que todos sus miembros están en paro y sin ingresos. El 4,3 por ciento de los españoles con 65 o más años se encuentra en estado de desnutrición y el 25,4 por ciento se halla en riesgo de padecerla. En 2011 más de 100.000 familias perderán su vivienda. Todos los datos estadísticos señalan que hoy muchos más pobres en España que en 2004 y que la brecha entre los ricos, que son más ricos que en 2004, y los pobres se ha agrandado de forma notable. Esta es la realidad que estamos viviendo, la realidad que existe en nuestras calles a pesar de la casi paradisíaca imagen que, salvo excepciones, nuestros medios de comunicación transmiten. Pan y circo para los que aún no les ha tocado la crisis. Entretenimiento, fútbol, chismorreos del corazón y banalidades para huir de una realidad estremecedora.

Que un país como el nuestro permita que muchos de sus ancianos, tras toda una vida de trabajo y esfuerzo, tengan que rebuscar en la basura para comer no tiene vergüenza. Que una sociedad como la nuestra atiborrada de estandartes y lemas sociales, tan grandilocuentes como huecos, abandone a su suerte a tanta gente no es digna de respeto.

No estamos hablando de cualquier país, no. Estamos hablando de España, de nuestro país, de nuestras ciudades, de nuestras calles, de nuestros vecinos o de nosotros mismos. Hemos construido dos mundos, dos realidades diferentes que compartiendo tiempo y espacio se rehúyen. La España oficial, la que se refleja en la inmensa mayoría de los medios de comunicación, la de la clase política y la de una gran parte de la sociedad española, instalada con mayor o menor comodidad, que prefiere mirar a otro lado. Y la España de los comedores sociales, del hambre y el frío, de los desalojos y el abandono que no es escuchada normalmente.

A la primera España pertenece la segunda mayor flota de coches oficiales del mundo porque nuestra clase política no usa su vehículo privado o los medios de transporte público para ir a trabajar, a cumplir sus obligaciones. A la primera España pertenecen los miles de asesores que necesitan nuestros políticos para intentar hacer aquello por los que les pagamos. De esa España forman parte las indemnizaciones millonarias de los banqueros que se embolsan tras vaciar las entidades financieras que tenían a su cargo y que los demás saneamos con nuestros impuestos. A la misma pertenecen las SICAV, las pensiones de oro de los políticos, los dobles y triples sueldos disfrazados y con origen en la caja pública, los privilegios en las pensiones, los más de 100.000 teléfonos móviles pagados con dinero público y sin control de uso alguno, los cientos de millones de euros en subvenciones repartidos entre partidos políticos y sindicatos, los ERES fraudulentos, las obras públicas inútiles que no hay quien mantenga tras su inauguración, los privilegios recaudatorios de la SGAE, los pelotazos urbanísticos, las burbujas inmobiliarias y financieras, las primas de riesgo y su “santa” madre…

Entre una y otra España hay un gran muro, un muro de la vergüenza que es negado e ignorado, pero que ahí está. Y la clase política, en la medida que se afianza, olvida cada vez más una realidad que no le gusta o, lo que es peor, que no conoce. En el fondo, la clase política sólo es un producto, un reflejo de la sociedad que la genera, la encumbra y la tolera. Una sociedad anestesiada e insensible sólo puede generar una clase política igual de anestesiada e insensible.

Hoy mandan los mercados, los especuladores y la clase política hace lo que sea menester para tranquilizarlos. Si hace falta hasta se cambian gobiernos sin que el pueblo vote siquiera. Y si hay que reducir gastos porque no se puede seguir gastando más de lo que se tiene, se empieza siempre aplicando unos retoques cosméticos a cuanto afecta a la propia clase política (ejemplaridad dicen) y se continúa con cirugía de campaña, sin anestesia, para los demás. Y así no se puede seguir por mucho tiempo. Torres más altas han caído.

Santiago de Munck Loyola

La puja electoral: escaparate de ofertas cosméticas.

En el zoco electoral acaban de aparecer dos ofertas destinadas a hacer un guiño a los que se sienten indignados con el funcionamiento de nuestro sistema democrático. De una parte, el candidato socialista P. Rubalcaba ha propuesto (http://www.laverdad.es/alicante/rc/20111008/espana/rubalcaba-propone-reducir-parlamentarios-201110081405.html) que los políticos sólo cobren un sueldo y, además, no le hace “ascos” a la propuesta (la segunda oferta) de su adversario, Mariano Rajoy, de reducir el número de diputados y concejales en España (http://www.larazon.es/noticia/3192-rajoy-asegura-que-el-pp-sabe-como-se-sale-de-la-crisis-aunque-llevara-tiempo).

Se deduce claramente de la propuesta del candidato socialista que hay políticos, y no deben ser pocos, que cobran más de un sueldo de las administraciones públicas y no sería, por tanto, un mal ejercicio de transparencia democrática que los ciudadanos pudiéramos conocer los nombres y las cuantías que están cobrando de los presupuestos públicos.

La propuesta de Mariano Rajoy parece guardar una finalidad exclusivamente económica: reducir el gasto de las administraciones públicas ahorrando sueldos de cargos electos, de políticos. Reducir el número de diputados del Congreso supone un importante ahorro pero si la reforma que ha de hacerse de la Ley electoral no entra a fondo en los criterios que determinan la representatividad para corregirlos, la reducción del número de diputados llevará, inevitablemente, una importante pérdida de representatividad de nuestros diputados y un aumento de la desigualdad del voto entre los ciudadanos. Y ¿por qué no reformar la Constitución y suprimir el Senado? Hay prácticamente unanimidad a la hora de valorar como inoperante el actual funcionamiento del Senado. Llevan años nuestros políticos hablando de la necesidad de reformarlo y no lo hacen. El Senado nos cuesta casi 10.000 millones de las antiguas pesetas al año. Suprimirlo supondrá un gran ahorro y seguro que su inexistencia no será echada de menos, salvo por los que viven de él.

Estas ofertas que salen ahora al mercado electoral no terminan de entrar en el fondo del asunto que no es otro que la mala imagen de la clase política y la desconfianza que genera, tal y como señalan todos los estudios sociológicos. La brecha entre el ciudadano y el político es cada vez mayor y, por consiguiente, la identificación ciudadana con el sistema.

Nuestro sistema político presenta síntomas de agotamiento y de ahí que sea necesario ir planteando medidas que impliquen su regeneración democrática. Medidas que implican reformas profundas de las instituciones, de las leyes y un cambio profundo de la mentalidad de la clase política. No se trata pues sólo de ahorrar, sino de algo mucho más profundo.

Buena parte del origen del problema radica, en el fondo, en la aplicación del principio constitucional de igualdad ante la ley de los españoles. Es evidente que a lo largo de los últimos años la clase política ha ido construyendo todo un sistema que permite a sus componentes eludir el principio de igualdad ante la ley y dotarse a si mismos de numerosos privilegios y excepciones. Si los ciudadanos no pueden percibir por ley más de un ingreso proveniente de las administraciones públicas ¿por qué los políticos sí pueden? Si los ciudadanos somos los que teóricamente decidimos ¿por qué nuestro voto no vale igual dependiendo su valor de la provincia en la que residamos?

A las ofertas anunciadas por lo candidatos bien podrían añadirse muchas otras que contribuirían, sin duda, a sanear la economía de las administraciones y, lo que es más importante, a regenerar nuestro sistema político:

1º Reforma constitucional eliminando el senado.

2º Reforma constitucional para eliminar duplicidades de competencias entre las administraciones.

3º Reforma de la Ley Orgánica del Régimen electoral para reducir el número de cargos públicos, reformar las Diputaciones y mejorar la representatividad del voto.

4º Aprobación de un Estatuto de los Cargos Públicos que incluya, entre otras, las siguientes medidas:

-          Establecimiento de incompatibilidades absolutas (prohibición de ostentar más de un cargo público).

-          Prohibición de percibir más de un ingreso económico (sueldo, dietas, pensiones, indemnizaciones, etc.) proveniente de las administraciones públicas.

-          Dedicación exclusiva de diputados nacionales y regionales.

-          Prohibición de dedicaciones exclusivas de los ediles (salvo los alcaldes) en los municipios de menos de 100.000 habitantes.

-          Sometimiento de los cargos públicos al régimen general de la seguridad social en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos.

-          Sometimiento de los cargos públicos al IRPF en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos.
-          Supresión de pensiones o indemnizaciones especiales de los cargos públicos.
-          Prohibición del ejercicio de la política para miembros del poder judicial o, en su caso, de retorno a la carrera judicial.

5º Eliminación de las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales.

6º Remover los obstáculos legales que impidan la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles en los diferentes territorios.

7º Reforma del poder judicial reforzando los mecanismos que aseguren su independencia del poder político.

8º Reforma del Tribunal constitucional en cuanto a la designación de sus miembros y su competencia.

La lista de medidas que podrían adoptarse puede ser muy larga. Sirvan las anteriores a modo de ejemplo, pero no conviene olvidar que no se trata de un arreglo cosmético y superficial de nuestro sistema, sino que es preciso y urgente revisarlo en profundidad.

Santiago de Munck Loyola

La crisis de los Ayuntamientos: manos a la obra.

La crisis económica afecta a todos los países y a todas las administraciones en mayor o menor medida. No hay dinero o como diría Esperanza Aguirre “no hay un puto duro”. Es época de poda o de recortes. Se suele empezar por los gastos superfluos y, a veces, sin eliminar éstos se sigue por otros gastos más importantes. Sin embargo, subsiste la necesidad de seguir prestando servicios básicos a los ciudadanos y las administraciones públicas se las ven y se las desean. La crisis hace que las administraciones recauden menos dinero y que aumenten los gastos de carácter social. Así que no queda más remedio que echar imaginación para salir adelante.

Hoy, algunos medios de comunicación se hacen eco de una noticia que, cuando menos, debe ser valorada con atención: el Gobierno belga en funciones está estudiando la posibilidad de sustituir las bajas laborales de los profesores con profesores voluntarios jubilados. Habrá quien se eche las manos a la cabeza rechazando de plano esa posibilidad porque impide la contratación de interinos para las sustituciones pero si no hay dinero para contratarlos ¿qué hay que hacer? ¿dejar a los escolares sin profesor?

Hace ya muchos años, en Rivas-Vaciamadrid, un grupo de voluntarios jubilados, tras recibir la oportuna formación, se dedicaban en las horas de entrada y de salida de los colegios a ordenar y a regular el tráfico en las inmediaciones de los mismos. Con ello, contribuían a mejorar no sólo el acceso a los centros escolares, sino también a destinar a la Policía local a otras funciones más relevantes.

Se acaba de conocer que el Alcalde de Esparraguera, en Barcelona, ha dictado un bando solicitando a los vecinos que colaboren con el Ayuntamiento limpiando sus tramos de acera ante la difícil situación económica del mismo. Hay quien rápidamente se niega argumentando que ya paga sus impuestos, pero también hay muchos vecinos que apoyan la iniciativa y se muestran dispuestos a ser solidarios.

Estos ejemplos evidencian que para ayudar a salir de la crisis hay que buscar fórmulas imaginativas y apelar al enorme potencial de solidaridad que existe en nuestro entorno. Los Ayuntamientos, especialmente los pequeños, atraviesan momentos muy malos. Con menos ingresos tienen que hacer frente a más gastos sociales quieran o no. Y cuanto más se apele a la solidaridad, cuanto más se delegue en el voluntariado más fácil será poder destinar recursos a quienes peor lo están pasando. No se trata sólo de eliminar gastos superfluos, de racionalizar y optimizar los recursos existentes, sino, también, de liberar recursos poniendo en pie y apoyándose en el enorme potencial que el voluntariado puede proporcionar.

Siempre habrá quien se niegue, pero en toda comunidad vecinal, en todo pueblo siempre habrá jóvenes, jubilados, desempleados y ciudadanos en activo dispuestos a regalar su tiempo y su esfuerzo en beneficio de la Comunidad. Todo dependerá de la capacidad de liderazgo y de la ejemplaridad de los líderes sociales del lugar.

Colaborar en las tareas de limpieza es un ejemplo, pero hay más. Nada impide por ejemplo que voluntarios puedan atender en una Biblioteca pública o que se delegue el cuidado de una pequeña zona ajardinada a los vecinos colindantes voluntarios o que voluntarios regulen el tráfico en los accesos de los colegios o que colaboren en la vigilancia de los cultivos o que se organicen talleres de formación para el empleo con monitores voluntarios o que vecinos con la preparación y vocación precisas lleven las escuelas deportivas municipales o que los miembros de una asociación juvenil regenten y organicen el centro juvenil o determinadas instalaciones deportivas. Las posibilidades y los beneficios para la comunidad vecinal pueden ser muchos y variarán en función de las características de cada pueblo. Todo lo que los voluntarios puedan hacer supondrá un ahorro de recursos en esas facetas y dichos recursos podrán ser destinados a paliar las situaciones de verdadera emergencia social que día a día se plantean en todas partes.

Esperar soluciones mágicas venidas del gobierno o simplemente a que escampe es la alternativa. A mi no me gusta.

Santiago de Munck Loyola

La confusión ideológica y la pérdida de identidades.

Cuando se examina la trayectoria del PSOE durante estos últimos años y la naturaleza de muchas de las iniciativas y medidas políticas que ha ido poniendo en marcha su gobierno es difícil encontrar cierta coherencia ideológica y una identidad clara respecto a lo que implica su teórico posicionamiento político y social. De un partido socialdemócrata o simplemente de izquierdas se esperan acciones de gobierno que respondan a esas etiquetas. Sin embargo, no ha sido siempre así durante el mandato del Sr. Rodríguez Zapatero. Habrá quien lo intente justificar aludiendo a los estrechos márgenes de actuación que una economía globalizada y dependiente imponen pero lo cierto es que, aún dentro de esos márgenes, cabía esperar la adopción de signos y medidas que respondiesen a una identidad ideológica concreta. Bien es cierto que, en determinados aspectos políticos, sí se ha producido esa esperada coherencia, pero en lo relativo al desarrollo de la cohesión social o a la consecución de una mayor justicia social no ha sido así.

Olvidado ya el internacionalismo proletario y sustituido por el imperialismo bancario, se ha renunciado a la propia cohesión jurídica y social nacional para afianzarse en el particularismo aldeano. Hoy, los ciudadanos españoles no gozan de iguales derechos, pese al mandato constitucional, en los diferentes territorios que componen la nación. Esto es perfectamente constatable en los derechos a determinadas prestaciones sanitarias que varían en función de cada autonomía.

El Art. 31.1 de la Constitución, constantemente ignorado en las diferentes decisiones tributarias que se han venido adoptando, señala que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Es evidente que el principio de igualdad ha desaparecido desde el momento en que los ciudadanos tributamos en diferente cuantía según nuestra Comunidad Autónoma. Pero lo que más llama la atención es que el principio de progresividad, es decir, una mayor tributación según la mayor  capacidad de pago, ha sido constantemente ignorado por un Gobierno y un partido de izquierdas. El concepto de progresividad fiscal, tan denostado por los ultraliberales, no es un capricho, es un mandato constitucional cuya inclusión en los debates constitucionales se promovió desde la izquierda.

Un ejemplo de la ignorancia de este principio lo acaba de proporcionar el Gobierno con la reducción del IVA en la adquisición de viviendas nuevas. La medida adoptada consiste en rebajar de un 8 a un 4 % el IVA que hay que pagar el comprar una nueva vivienda independientemente de la capacidad del contribuyente. Hay quien afirma que esta medida ha sido un nuevo favor a los bancos cuyo excedente de viviendas ha aumentado en exceso como consecuencia de la crisis. El Gobierno socialista ha pensado, una vez más, en los bancos y no en las necesidades de los ciudadanos. Es un problema, al parecer, que los bancos en el año 2010 hayan obtenido un beneficio neto de solo  14.940 millones de euros. No lo es tanto que muchos millones de españoles no tengan vivienda en propiedad, especialmente los que tienen edades comprendidas entre los 26 y los 45 años. La bajada del IVA beneficia a los bancos y a todos los españoles que quieran comprar una nueva vivienda, pero sin distinciones. Es decir que el beneficio es igual para todos, ya se trate de comprar la primera vivienda o una segunda, tercera o décima vivienda. Pensar en resolver el problema del stock de viviendas de los bancos, reactivar el sector de la construcción y ayudar simultáneamente a quienes necesitan comprar su primera vivienda debería haber llevado, desde la óptica de la progresividad, a una medida diferente. Por ejemplo, rebajar el IVA al tipo marginal para quien quiera comprar su primera vivienda y aumentar el IVA a los que quieran ir aumentando su patrimonio con las compra de más viviendas.

No es este el único caso de la ausencia de progresividad o de justicia social. Dar un cheque-bebé a todo el mundo por igual, independientemente de que el perceptor esté en el paro o posea una fortuna, fue tremendamente injusto. Ahora no hay dinero ni para unos ni para otros. Como injusto y anti social fue la decisión parlamentaria de situarse a favor de los bancos y no de los ciudadanos en el tema de la dación en pago de las viviendas en los litigios hipotecarios. Y al igual que estos casos, se podría ir desgranando todo un rosario de decisiones políticas y sociales que no responden, ni tan siquiera, a los principios rectores de nuestra Constitución. O bien no la conocen, o bien han desaparecido los principios ideológicos o bien los mercados y las encuestas han acabado con la identidad ideológica de nuestros gobernantes.

Santiago de Munck Loyola

Una reforma constitucional innecesaria e inútil.

Es más que curioso que los dos grandes partidos parlamentarios, el PSOE y el PP, sólo sean capaces de alcanzar un acuerdo para realizar una reforma de la Constitución absolutamente inútil: la limitación del gasto de las administraciones públicas.

PP y PSOE han demostrado hasta la saciedad su incapacidad negociadora para encontrar puntos de encuentro en temas absolutamente trascendentales como pueden ser las reformas de estatutos de autonomía, la renovación del Tribunal Constitucional, la reforma laboral o, en muchas ocasiones, la política antiterrorista. Y, sin embargo, logran un acuerdo, quizás obedeciendo instrucciones del eje franco-alemán, para realizar una reforma constitucional innecesaria e inútil. ¿Para qué entonces se planea esta reforma? Todo parece indicar que se trata de una operación estética, un gesto encaminado a tranquilizar a los nuevos jefes de las políticas económicas, los mercados.

Esta reforma constitucional es innecesaria porque ya existen mecanismos legales suficientes para limitar el techo del gasto de las administraciones públicas. Ahí tenemos el Tratado de Maastricht suscrito por España que fijó el déficit permitido a los Estados de la Unión Europea en el 3 % del PIB y que merced al artículo 96 de la Constitución Española forma parte del ordenamiento jurídico español, para bien y para mal. Es decir, que la limitación del déficit ya está regulada en nuestro ordenamiento jurídico. Y si de lo que se trata es de establecer nuevas o diferentes obligaciones financieras, basta con volver a usar el Art. 94, 1, d) de la propia Constitución que establece que  la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de Tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos: d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.

El enorme y creciente déficit de las Comunidades Autónomas constituye uno de los principales problemas de nuestras cuentas públicas y la necesidad imperiosa de su control es invocada por los promotores de esta reforma constitucional como justificación de la misma. Sin embargo, se trata, una vez más, de un argumento absolutamente erróneo. Es posible, además de necesario, controlar el déficit de las Comunidades Autónomas sin necesidad de reformar la Constitución. Basta con aplicar las previsiones constitucionales existentes. El Art. 149.1. 13)  de la C.E. establece como competencia exclusiva del Estado las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. El Art. 150.3 de la Carta Magna señala que el Estado podrá dictar Leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad. Y, finalmente, el Art. 155.1 dispone que Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

Como puede apreciarse nuestro Ordenamiento Jurídico no sólo tiene ya establecido un límite del gasto que, posiblemente, deba ser articulado en función de las actuales circunstancias, sino que, además, cuenta con los mecanismos legales necesarios para imponer, si fuere preciso, más límites y controles a favor del interés general sin necesidad alguna de reformar la Constitución.

Esta anunciada reforma es, además de innecesaria, inútil. Da igual lo que disponga el tratado de Maastricht o la propia Constitución si no existe una voluntad política decidida y clara para frenar el gasto de las administraciones públicas. Es inútil cualquier pretensión legal en este sentido si no está respaldada por decisiones coherentes y valientes. Y, hasta el día de hoy, es evidente que los discursos de unos no han venido seguidos por sus obras y que las pretensiones de otros se han escondido tras propuestas de reforma hasta ahora no aceptadas.

¿Por qué no reforman la Constitución para establecer la exigencia de  responsabilidades a los gobernantes incompetentes e irresponsables?

Santiago de Munck loyola

El estado se come a la sociedad del bienestar.

El Diario El Mundo, en su edición de ayer 14 de agosto de 2011, se hacía eco de las drásticas reformas emprendidas en Italia con el fin de adelgazar sus administraciones públicas. De paso, subrayaba tres cuestiones: primera, que nuestro Estado es insostenible en las actuales circunstancias; segunda, que los dos Partidos mayoritarios coinciden en la necesidad de acometer reformas para reorganizar nuestras administraciones públicas y adaptarlas a la coyuntura actual y, tercera, que sorprendentemente ni el PP ni el PSOE se atreven a plantear soluciones programáticas concretas para conseguirlo.

Una vez más, esta situación pone de manifiesto la estrechez de miras, la cobardía política o la falta de sinceridad de los dirigentes de nuestra clase política a la hora de plantear soluciones, que son más que urgentes, ante una cita electoral cercana. Lo más probable es que los electores lleguemos al 20 N sin saber exactamente qué propone cada partido político para solucionar un problema que todos coinciden en diagnosticar: la inviabilidad de nuestra estructura política, de nuestro Estado. Lo que en tiempos de las vacas gordas podía funcionar a pesar del despilfarro permanente al que nos habíamos acostumbrado, hoy es una pesada losa que hace peligrar la sociedad del bienestar en la que vivimos.

El incremento paulatino y constante de las prestaciones sociales producido en las últimas décadas ha venido acompañado de un crecimiento proporcionalmente muy superior de las administraciones públicas encargadas de gestionarlas. La universalización y mejora de la educación, la sanidad, la justicia, las pensiones o las prestaciones por desempleo han conllevado un sustancial incremento de los aparatos administrativos y burocráticos que eran sostenibles mientras la economía se mantenía en sendas de crecimiento. Los ingresos públicos permitían sin grandes problemas afrontar los gastos generados. Sin embargo, la caída de los ingresos ha puesto en evidencia la imposibilidad de seguir así.

Simultáneamente, la descentralización política y administrativa desarrollada por el Estado de las autonomías no ha supuesto una racionalización de los gastos de la burocracia política y administrativa. Al contrario, todas las administraciones han crecido vertiginosamente. No se aplica el principio de a una competencia, una administración, sino que, en muchas ocasiones, nos encontramos hasta con cuatro administraciones para desarrollar lo que antes hacía una sola. Resulta cuando menos llamativo que esta explosión burocrática se ha producido en el mismo período en que se desarrollaban e implantaban las nuevas tecnologías, aquellas que precisamente iban a permitir mejorar e incrementar la productividad, la eficacia y la operatividad de sus usuarios.

Hoy más que nunca peligra la sociedad del bienestar porque los recursos necesarios para su sostenimiento se los está comiendo el Estado, también del bienestar. No es posible seguir así. Los ciudadanos debemos reflexionar y plantearnos cuáles son nuestras prioridades porque vamos a tener que poner en la balanza muchas opciones y decidir cuáles queremos conservar. Todo a la vez no se puede. ¿Queremos educación universal y gratuita? ¿Queremos una sanidad pública de calidad y gratis? ¿Queremos unas pensiones dignas? ¿Queremos en definitiva unas prestaciones sociales de calidad? O por el contrario ¿Queremos seguir triplicando competencias administrativas y, por tanto, multiplicando el número de funcionarios? ¿Preferimos mantener miles de Ayuntamientos minúsculos con escasa capacidad? ¿Queremos seguir financiando a Partidos Políticos, a Sindicatos y Patronales con el dinero que se quita a los pensionistas? ¿Queremos seguir manteniendo unas Fuerzas Armadas profesionalizadas? ¿Queremos mantener unas Diputaciones inoperantes e innecesarias? ¿Queremos seguir manteniendo 17 parlamentos, 17 gobiernos, miles de asesores y miles de coches oficiales? ¿Queremos seguir manteniendo los injustificables e inmorales privilegios fiscales y sociales de nuestra clase política?

Éstas son las disyuntivas o una cosa o la otra. Hoy por hoy, no cabe todo a la vez. O sociedad de bienestar o Estado de bienestar, pero las dos cosas juntas se han vuelto incompatibles. Y si nuestra clase política no quiere verlo, los ciudadanos tenemos que hacer que lo vea.

Santiago de Munck Loyola

Elecciones anticipadas: tarde y mal.

Llegó la primera vez a la Presidencia del Gobierno de mala manera, tras el cruento atentado del 11-M, y se va de la misma también de mala manera: tarde y mal. Hasta para marcharse, el Sr. Rodríguez Zapatero hace gala de una incoherencia que raya la paranoia. No existe lógica alguna entre las razones que esgrime para justificar el adelanto electoral y la fecha que anuncia para la celebración de las elecciones. Si la razón para adelantar las elecciones es la necesidad de eliminar la incertidumbre y generar confianza en los mercados con el fin de mejorar la grave situación económica que atraviesa la nación, entonces no tiene ningún sentido que las elecciones generales adelantadas no se celebren en septiembre, sino a finales de noviembre. Hay una evidente incoherencia y contradicción entre la causa y el resultado. Todo hace pensar que siendo evidente la necesidad de adelantar las elecciones, opinión compartida hasta por el diario gubernamental El País, tal adelanto se retrasa por razones puramente partidistas, es decir, para que el nuevo candidato socialista P. y su partido tengan un mejor margen de maniobra de cara a la cita electoral, pasando así una vez más por encima de los intereses nacionales. La falta de patriotismo de Zapatero, su mezquindad política y su indigencia intelectual se ponen una vez más de manifiesto en esta tardía decisión política y, una vez más, será la sociedad española la que pague las consecuencias de la irresponsabilidad de este sujeto y de todos los que, hasta ahora, le han venido sosteniendo políticamente.

Zapatero que llegó a Presidente del Gobierno tras el más sangriento atentado terrorista de la historia de España se va, como no, dejando a los terroristas en las instituciones democráticas del país vasco. Se va dejando un país menos cohesionado social y políticamente hablando que al inicio de su mandato. Se va dejando cinco millones de parados y los mayores índices de pobreza de la historia reciente. Se va dejando las arcas públicas vacías y al borde de la bancarrota. Se va habiendo levantado viejos rencores y recelos y habiendo dinamitado el espíritu de la transición y del consenso. Se va tras haber efectuado los mayores recortes sociales de los últimos treinta años. Se va después de haber laminado el prestigio internacional de España. Se va tras haber situado a la educación española en el furgón de cola de Europa. Se va dejando al PSOE hecho unos zorros, convertido en un partido insolvente y  marginado del poder territorial español. Se va, en fin, dejando tras de si la peor herencia de la transición española. Llegó inesperadamente y llegó mal. Se va tarde y se va mal.

Hoy, la oposición y en especial el Partido Popular, debe empezar a cambiar el “chip”. No vale con seguir actuando bajo la doctrina Arriola: no hablar, no moverse, no hacer ruido y esperar a que la fruta madure y caiga por su peso. El Partido Popular debe “mojarse”, explicar a los ciudadanos cómo nos va a sacar de la crisis, cuáles son sus propuestas, sus ideas, su programa concreto y hacerlo desde la honestidad y la verdad, por dura que ésta sea. Para afrontar los próximos años con cierta garantía de éxito debe surgir en las urnas un Gobierno nacido de la ilusión, de la confianza y no de la resignación. Los próximos meses son decisivos para ello y esperemos que toda la clase política sepa estar a la altura de las circunstancias para sellar y olvidar estos siete años negros de la democracia española.

Santiago de Munck Loyola

El pesado lastre de las autonomías.

En medio de las consecuencias de la asfixiante crisis económica que golpea a nuestra sociedad, la configuración actual del estado de las autonomías está logrando un puesto destacado en la agenda del debate político. Son muchas las voces que se alzan para señalar a las autonomías como lastres que dificultan el saneamiento de las cuentas públicas y, por tanto, de la recuperación económica. Lo cierto es que el gigantesco déficit de la mayor parte de las autonomías ha dañado muy seriamente al tejido productivo y empresarial de la nación.

Ahora el Gobierno se ha planteado establecer un techo para el nivel de gasto de las administraciones autonómicas. Lo paradójico es que esta medida, después de haberla rechazado en el Parlamento en el pasado, la promueva ahora el mismo Gobierno que ha roto todas las reglas de estabilidad presupuestaria y que ha colocado a las cuentas del Estado al borde del precipicio. Claro que de un Presidente del Gobierno para el que bajar los impuestos eran tan progresista como subirlos, según el día, o para que el que el déficit lo mismo era estupendo que lo contrario no se podía esperar otra cosa.

Esta pretensión de limitar el gasto de las administraciones autonómicas, por otra parte lógica cuando el mismo estado ha de moverse en los márgenes señalados por la Unión Europea, ha encontrado el respaldo y la bendición de constitucionalidad del Tribunal Constitucional, ese engendro que legalizó la presencia de terroristas en las instituciones locales.

Parece que cuando se habla de dinero todo puede valer. ¡Poderoso caballero, Don Dinero! En este tema, el Tribunal Constitucional no anda con sus habituales “sensibilidades” autonómicas. ¡Faltaría más! Tratándose de Don Dinero, el Estado puede legislar y limitar la capacidad de las autonomías sin ningún problema. Es más que significativo que pueda hacerlo y, sin embargo, el Estado no pueda aprobar una Ley del Suelo, amplia, profunda y homogeneizadora, sin que, al parecer, vulnere las competencias de las autonomías de tal suerte que se limite la legislación estatal a una raquítica regulación y sobrevivan múltiples legislaciones regionales que pueden terminar volviendo loco a cualquiera. Debe ser que las peculiaridades identitarias regionales están profundamente enraizadas en la gestión de los solares. Hoy tampoco es posible, gracias a nuestro sistema autonómico, disfrutar de la caza o pesca en el territorio nacional sin contar con 17 permisos distintos y no es lo mismo ponerse enfermo en Madrid o en Andalucía pues las prestaciones sanitarias y los derechos del paciente variarán en función de la autonomía de residencia. El Gobierno de España puede limitar el gasto de las administraciones autonómicas, pero no puede garantizar en todo el territorio nacional los derechos de los españoles, por ejemplo, el derecho a elegir el español como lengua vehicular en la escuela. Ni siquiera puede el Estado garantizar que los estudiantes españoles estudien las mismas materias en toda España. ¡Curioso!

De la deseada descentralización administrativa anunciada en el período preconstitucional se pasó a una fragmentación jerarquizada de la soberanía popular y las autonomías diseñadas en la Constitución pasaron a ser entes con una altísima capacidad normativa que ha fragmentado el ordenamiento jurídico de una manera insospechada, levantando así unas barreras cada vez más altas al ejercicio de las libertades y al desarrollo de los principios de igualdad y solidaridad entre los españoles. Hoy, todos los españoles somos iguales ante la Ley, pero unos más que otros.

La construcción del estado de las Autonomías ha seguido el proceso inverso al de la construcción de la Unidad Europea. Mientras que a través de las Instituciones Europeas se avanza lentamente hacia la homogeneización y armonización de las legislaciones estatales, en España hemos seguido el camino inverso.

Es indudable que las autonomías son hoy un pesado lastre para la recuperación económica de España, pero también lo son para que los españoles podamos gozar de los mismos derechos y de las mismas oportunidades independientemente de nuestro lugar de residencia dentro del territorio nacional.

¿Habrá alguien dispuesto a ponerle el cascabel al gato?

Santiago de Munck Loyola

Una indecencia más de nuestros parlamentarios.

En un país como el nuestro en el que cada vez hay más ciudadanos atravesando situaciones verdaderamente dramáticas por culpa de esta larga crisis tan mal gestionada por el incompetente Presidente del Gobierno y en el que los índices de aprobación a la labor de la clase política son cada vez más bajos, nuestros políticos siguen haciendo gala de una falta de sensibilidad y de ética que raya en lo indecente. Bueno, más bien es simple y llanamente indecente la actitud de la clase política.

A la larga lista de indecencias, en concreto de nuestros parlamentarios, nuestros representantes, hay ahora que sumar una más. Indecente es que nuestros parlamentarios no tengan que cotizar los mismos años que los contribuyentes para cobrar una pensión máxima. Indecente es que nuestros diputados y senadores no tengan que pagar el IRPF en las mismas condiciones que los ciudadanos a los que representan gracias a una serie de excepciones fiscales hechas a medida. Indecente es que nuestros parlamentarios puedan percibir más de un ingreso de las administraciones públicas a diferencia de sus representados. Indecente es que nuestros parlamentarios y políticos en general gocen, además de sus sustanciosas retribuciones, de coches oficiales, ordenadores portátiles, teléfonos móviles, descuentos en los trasportes, etc. mientras a los pensionistas se les congelan sus míseras pensiones. Indecente es, en suma, que a los privilegios propios del parlamentarismo, como es la inmunidad,  añadan sin control alguno cuantas prebendas les vengan en gana mientras la mayoría de la población ve cómo los niveles de bienestar y su calidad de vida merman por culpa precisamente de una clase política cuyos errores no son jurídicamente sancionables.

No hace mucho, el Sr. Bono, con su “tuneado” capilar, realizaba unas de sus manifestaciones en “laj que ej ejpecilijta” y nos aleccionaba a los ciudadanos sobre lo transparentes que iban a ser sus señorías en cuanto a sus bienes y posesiones. Ahora, según señala hoy el País (http://politica.elpais.com/politica/2011/07/22/actualidad/1311365339_956889.html) sus señorías han decidido que al realizar sus declaraciones de bienes no tienen que hacer constar su valor y “han optado por una descripción de los pisos y fincas de los diputados y senadores al considerar que su valor catastral puede no ser muy significativo respecto al precio real de mercado que podría tener la vivienda” y en el caso de los coches particulares, tampoco figurará su valor de compra. O sea que para sus señorías el valor catastral de un bien inmueble no es significativo. Lo es para que los ciudadanos paguemos el IBI, pero no para que sus señorías hagan un ejercicio de transparencia. Si sus señorías tienen tan claro que el valor catastral no vale ¿por qué entonces no legislan al respecto? ¿Ignoran acaso que el valor catastral se usa en el IRPF, en el Impuesto de Bienes Inmuebles y en otros tributos? No, seguramente no lo ignoran, pero cualquier excusa es buena para mantener un privilegio más, para seguir practicando la indecencia política como norma de salvaguarda de sus privilegios.

Éste no es camino a seguir para que los ciudadanos podamos recuperar la confianza en la clase política. Se equivocan y montañas más altas han caído. Están abriendo, posiblemente sin quererlo, el paso a nuevas opciones políticas que desde el radicalismo y el populismo podrían mandarlos a casa con el voto de los ciudadanos. Mal camino llevan.

Santiago de Munck Loyola

El Sr. Valeriano Gómez y sus impuestos especiales.

El verano es una época del año especialmente favorable para la aparición de noticias un tanto especiales. Muchos medios de comunicación aprovechan la sequía informativa para desempolvar viejas historias o para subrayar determinados eventos que en otro momento habrían pasado desapercibidos. En otros casos, son determinados políticos los que aprovechan el hueco para lograr cierta notoriedad lanzando propuestas, globos sondas o realizando intervenciones que carecen de calado y de rigor.

Parece un poco pronto para ello considerando las fechas en las que estamos, pero lo cierto es que la propuesta lanzada ayer por el ministro de trabajo Valeriano Gómez de crear un impuesto especial para directivos de banca parece encajar en las noticias propias del verano.

Cualquiera habría pensado que D. Valeriano, experto en liquidaciones y desguaces, encajaba perfectamente en el esquema zapateril sobre empleo y que su paso por el Ministerio de Trabajo aportaría un mínimo de rigor y seriedad, pero parece que no es así. Será cosa del calor o del color político del Ministro, no se sabe, pero su propuesta veraniega es un disparate, una tomadura de pelo y, quizás, un guiño a los ex-acampados del 15-M.

Puestos a poner impuestos especiales quebrando toda clase de principios jurídicos y de garantías legales de los contribuyentes ¿por qué no poner un impuesto especial a quienes perciben una pensión mensual de 24.000 € tras sacudir los bolsillos de los ciudadanos con el canon y la Ley Sinde? ¿Por qué no un impuesto especial a los agentes de bolsa, a los directivos de empresas constructoras, a los fabricantes de armas, a los directivos de RTVE, o simplemente a los notarios? ¿Qué criterio hay que usar para crear un impuesto especial? ¿No sirve ya el IRPF en el que los parlamentarios gozan de excelentes privilegios? ¿No sería mejor, más eficaz y más justo suprimir las SICAV?

La peregrina y ministerial idea es una tomadura de pelo, un engañabobos y una hipocresía. El mismo Gobierno que permite que los directivos de las Cajas de Ahorro perciban en estos tiempos de crisis escandalosas retribuciones como las del Sr. Rato (10,5 millones de euros anuales) propone ahora un impuesto especial para directivos. Lo cierto es que el Sr. Rato cuya preparación y solvencia política están fuera de duda se convierte en directivo de Caja Madrid y de Bankia merced no a su carrera profesional dentro de la entidad financiera, sino a su trayectoria política. Y no es el suyo el único caso de políticos en la cumbre del poder financiero. A la peculiaridad de sus méritos se une el hecho de que se trata de entidades con carácter público y nutridas de ayudas y fondos públicos, provenientes de los impuestos de los españoles. De ahí que esas millonarias retribuciones sean más que cuestionables y de ahí la necesidad de que el Gobierno, en lugar de andar lanzando propuestas pintorescas, legisle lo necesario para impedir que los directivos de entidades sostenidas con fondos públicos, sean bancos, cajas o entidades como la SGAE, perciban retribuciones propias del ámbito privado. No tiene lógica que la Ministra de Economía y Hacienda gane 30 ó 50 veces menos que los directivos de las entidades a las que debe sostener y regular. El dinero público, lo gestione la administración o un banco, sigue siendo de los contribuyentes y debe ser tratado con el mismo rigor en cualquier caso. Impidan que con dinero público se cometan estos abusos y sobrarán impuestos especiales, aunque con ello pierdan la ocasión de entretener al personal con majaderías.

El Sr. Valeriano Gómez no tiene precio como liquidador. Ha terminado por hacer desaparecer cualquier atisbo de rigor intelectual y de seriedad en su ministerio.

Santiago de Munck loyola

El debate sobre el estado de la Nación.

Hoy se inicia, una vez más, el debate parlamentario sobre el estado de la Nación. Se supone que de la Nación española, ese concepto discutido y discutible según el Presidente Rodríguez Zapatero. Asistiremos, una vez más, al ritual habitual: discursos autocomplacientes, reproches, insultos, descalificaciones, pateos en las distintas bancadas y votación final de iniciativas que raramente se cumplen. Se abren las apuestas: ¿ganará Zapatero? ¿ganará Rajoy? Pues ganarán todos, como siempre, menos la Nación.

No hay que ser un lince para realizar un diagnóstico sobre el estado de nuestra Nación, la española,  aunque ni en éso serán capaces de ponerse de acuerdo nuestros representantes. Y mucho menos aún para prescribir un tratamiento adecuado a las graves dolencias de España.

Nuestra nación está enferma, muy enferma. No se trata sólo, con ser importante, del grave estado de nuestra economía expulsada de la “champions league” de las economías, de los cinco millones de desempleados, de la desbordante deuda financiera de las administraciones públicas, de los recortes sociales impuestos por el gobierno socialista o de la entrada de los terroristas en las instituciones del País Vasco.

Nuestra Nación está enferma, muy enferma, y los síntomas, como el propio concepto de Nación, son mucho más amplios y profundos. Los síntomas de la enfermedad se manifiestan en las actitudes y valores de la sociedad que forma parte de esa Nación.

Lo políticamente correcto ha sustituido a lo éticamente irrenunciable. El relativismo absoluto empuja a la eliminación de valores y principios mínimos. El respeto a las creencias religiosas ha dado paso a la intolerancia y a la burla pública. La reconciliación entre los españoles es sustituida por el rencor y la revancha. Las obligaciones han venido a ser sustituidas por la preeminencia de los derechos. La responsabilidad personal ha dado paso a la reivindicación permanente del subsidio y del auxilio estatal. La autonomía familiar y la responsabilidad educativa por la intromisión y la tutela de los poderes públicos. La igualdad en derechos ha laminado el principio del mérito y del esfuerzo individual. Las cuotas han abierto el camino a la incompetencia. La existencia de la responsabilidad social del empresario es ignorada y sustituida por el beneficio puro y duro. Las legítimas reivindicaciones laborales se truecan por subvenciones. El respeto y la veneración a los mayores por su marginación social y familiar. El disfrute de los hijos por sucesivas colocaciones lejos del hogar. La ejemplaridad de la clase dirigente por privilegios constantes. La democracia de los partidos por la burocracia endogámica. La caridad por turismo solidario. El voluntariado social por chiringuitos de colocaciones. El ahorro y el esfuerzo por el pelotazo a todos los niveles.

¿Y cómo va a estar la Nación? Pues mal. Porque sobre todo lo anterior se pretende construir una política cada vez más alejada de los males profundos que afectan a la sociedad. Porque nuestra clase política, anclada en permanentes privilegios, está cada vez más lejos de la realidad de nuestras calles. Porque las Instituciones democráticas en manos de esa clase política cada vez sirven menos a los ciudadanos y más a los dirigentes políticos.

Podrá cambiarse el tratamiento para la enfermedad, pero como se limite a los aspectos visibles de la misma será ineficaz.

Santiago de Munck Loyola.

LA CABRA (SOCIALISTA) SIEMPRE TIRA AL MONTE.

A lo largo de la trayectoria de nuestra democracia constitucional, si hay algo que siempre ha resultado curioso, desde un punto de vista político, ha sido la actitud de los diferentes gobiernos socialistas respecto a la oposición parlamentaria. Una actitud que se ha venido plasmando de forma sistemática en los machacones y cansinos mensajes gubernamentales y del partido socialista sobre la oposición y sobre sus funciones. Parece que a los socialistas, sea en la época felipista o en la época zapateril, les incumbe, cuando están en el gobierno, no sólo calificar a la oposición, sino lo que es más preocupante, señalar qué debe hacer la oposición en cada momento y circunstancia. Es como si la determinación constitucional de las funciones de la oposición o las recogidas por la mayor parte de la doctrina política no existiesen o no importasen lo más mínimo. Para los socialistas en el gobierno la oposición debe hacer y comportarse tal y como ellos señalan y si no lo hace que se ande con cuidado. Siempre han olvidado que la oposición representa a un importante sector del electorado y que, en buena lógica, existe un compromiso electoral y programático entre la oposición y sus votantes que no puede ser adulterado para seguir las consignas y las directrices que desde el gobierno y su partido se lanzan indicando a la oposición qué debe y qué no debe hacer.

La oposición se debe a sus votantes a los que ofreció un programa y por el que fue votada. La oposición debe controlar y fiscalizar la acción del gobierno y, por último, la oposición ha de formular alternativas que deben ir construyendo el conjunto de propuestas que han de culminar en una nueva y mayor alianza con los votantes que les permita en el futuro alcanzar el Gobierno.

En los años 80 y principios de los 90 los socialistas repetían machaconamente que la oposición no tenía alternativa y que la única política posible era la suya. Daba igual que existiese un discurso alternativo, con negar su existencia parecía todo resuelto. ¡Y vaya si existía una política alternativa! Fue un hecho evidente a partir del 96.

Ahora, en la era de las conjunciones planetarias, repiten constantemente nuevas consignas que se suman a la anterior. Es verdad que desde el gobierno se sigue negando la existencia de políticas alternativas, como también se negaba hace tres años que existiese una crisis, pero a ello suman ahora la constante repetición de que la oposición no ayuda al Gobierno, que el Partido Popular “no arrima el hombro” para salir de la crisis. Es decir, que los socialistas siguen empeñados en decir qué tiene que hacer la oposición parlamentaria. Esta actitud sólo puede ser un síntoma o de que no se cree en los pilares básicos de la democracia parlamentaria, arrastrando las ancestrales tentaciones totalitarias del socialismo español, o que los ideólogos socialistas no dan más de si.

Es evidente que cuando la oposición lleva años avisando de que las decisiones económicas del gobierno son erróneas, de que las políticas del Gobierno conducen directamente al abismo y de que hay un camino distinto es, cuando menos un atrevimiento, pedir a la oposición que apoye esas desastrosas medidas. Para apoyar políticas equivocadas, teniendo bajo el brazo un programa alternativo, no está la oposición. Eso es de cajón y lo sabe cualquiera aunque lo ignore o finja ignorarlo el Sr. Pepiño Blanco. Apoyar a este gobierno en su política económica sí que es ser antipatriota.

Del mismo modo, criticar lo que hace este gobierno y poner en duda su capacidad para sacar a España de la crisis, no es, ni mucho menos, cuestionar la capacidad de España para salir adelante. Cualquiera podría pensar que la incapacidad manifiesta de los socialistas les está empujando, supongo que muy a su pesar, a envolverse con la bandera española para intentar protegerse de las críticas. Pero esa táctica típica de los nacionalistas no cuela.

Va siendo hora de que el socialismo español vaya abandonando estos instintos totalitarios y de que en lugar de decir a la oposición lo que debe hacer, aprendan, de una vez, lo que es Gobernar.

Santiago de Munck Loyola

EL SENADO: UNA CÁMARA SIN VERGÜENZA.

Para ser barrendero municipal o peón hay que saber leer y escribir y aprobar una oposición que incluya conocimientos sobre la Constitución. Para ser Alcalde, Diputado, Senador o Ministro no hace falta. Basta que un partido te designe candidato y que resultes elegido en las urnas. Paradojas del sistema. Nuestros representantes no tienen que poseer conocimiento alguno de la gestión y de la administración pública. Parece que las urnas les confieren la suficiente sabiduría para el desempeño del cargo. Lo que no parece que las urnas les otorguen es vergüenza, sensibilidad social o dignidad a la vista del panorama de nuestra nación y del ejercicio que desarrollan de sus tareas institucionales.

En una sociedad como la nuestra en donde hay gente pasando hambre, donde hay personas rebuscando alimentos en los contenedores de basura, donde no hay recursos públicos suficientes para atender con dignidad a miles de personas dependientes, donde hay más de ocho millones de españoles por debajo del umbral de la pobreza, donde los pensionistas y empleados públicos pierden poder adquisitivo un año más, donde más de un millón y medio de familias no tienen ningún ingreso para subsistir o donde más de 100.000 familias se han quedado sin vivienda en el año 2010 por no poder hacer frente a sus hipotecas, por citar sólo algunos datos, resulta que la clase política vive de espaldas a esa realidad y disfruta de privilegios y prebendas derrochando el dinero de los contribuyentes.

Más de 35.000 coches oficiales circulan por nuestras carreteras transportando es esta clase política situando a España en el sexto puesto del mundo en cuanto al número de coches oficiales. De ellos, 1.637 en Extremadura, dato especialmente relevante. Aviones oficiales utilizados por los más altos cargos para usos particulares, como participar en mítines. Ordenadores portátiles para los parlamentarios, como si con sus ingresos no tuviesen suficiente para adquirir uno. Pluralidad de ingresos públicos, privilegios fiscales y pensiones de jubilación de lujo al margen del sistema general para sus señorías. Y, ahora, 350.000 euros anuales para la traducción simultánea de los senadores que quieran utilizar la lengua de su comunidad autónoma en los Plenos de la Cámara. ¡Claro, pobrecitos! Como no tienen que saber leer y escribir para acceder al escaño, seguramente tampoco conocerán algunos de ellos esa lengua que usan 400 millones de personas en el mundo, el español.

En una situación de crisis como ésta, gastar ese dinero en intérpretes y traductores entre un grupo de representantes de los ciudadanos es inmoral, sencillamente impresentable. Podrán esgrimir toda clase de justificaciones políticas para avalar esta decisión, apelar grandilocuentemente a las señas de identidad de su región, etc. pero una cosa es cierta, sus señorías no tienen vergüenza, ni sensibilidad social, ni dignidad. Con esta conducta, el Senado, pretendida Cámara de representación territorial, no es más que un crisol de frívolos irresponsables.

Santiago de Munck Loyola

La crisis económica de los ayuntamientos.

La larga crisis económica que estamos viviendo afecta por igual a todas las administraciones públicas que han visto disminuidos sensiblemente sus ingresos, teniendo que mantener una extensa red de servicios de carácter público. Y esta crisis se hace especialmente evidente y perceptible en las corporaciones locales cuyos ingresos corrientes, sustentados en gran parte en el sector inmobiliario, han caído de forma espectacular. Su proximidad a los ciudadanos y su íntima conexión con el tejido económico inmediato del que se proveen hacen especialmente visibles los efectos de esa drástica reducción de los ingresos y, por tanto, de las negativas consecuencias de sus dificultades de tesorería y de liquidez. La salida inmediata de todas las administraciones públicas, incluidas las municipales, ha sido aumentar su endeudamiento.

Las Corporaciones Locales han venido aumentando su endeudamiento por encima de límites razonables, al igual que las demás Administraciones Públicas. Bien es cierto que la deuda de las Corporaciones Locales, fundamentalmente los Ayuntamientos, es relativamente pequeña si se compara con las deudas autonómicas o estatal. La media por habitantes es de 910 euros en el caso de las Corporaciones Locales, de 2.600 en el caso de las Comunidades Autónomas y de 12.500 euros en el caso del Estado. Sin embargo, con ser mucho más reducida es paradójicamente la más llamativa, la más perceptible por el conjunto de los ciudadanos, sobre todo, en los miles de municipios pequeños y medianos de España.

¿La razón? La proximidad, la cercanía de la administración al administrado. En los municipios pequeños y medianos, las dificultades de tesorería se perciben claramente en el entorno inmediato: retrasos en los pagos a proveedores, muchos de ellos del propio municipio, dificultades con las nóminas, reducciones de jornadas y salarios a empleados que en su mayoría residen en el propio municipio, eliminación o reducción de servicios, subidas de tasas e impuestos, etc. Por tanto, los efectos de la crisis son percibidos de forma directa y rápida por los ciudadanos quienes, en la mayoría de los casos, señalan como responsables a los gestores municipales de la situación. Y todo el mundo es consciente de lo que eso significa cuando las fechas de las elecciones municipales se aproximan.

Un informe reciente de la FEMP señalaba que un tercio de la deuda de los Ayuntamientos se debe principalmente a la prestación de servicios ajenos a las competencias municipales y a la ausencia de transferencias específicas para su desempeño. Es muy probable que se trate de bastante más que un tercio. Durante las últimas décadas, los Ayuntamientos han ido aumentando el catálogo de la prestación de servicios mucho más allá de las competencias que la Ley les otorga y sin dotarse de los mecanismos específicos de financiación para su sostenimiento. Los ingresos corrientes abultados por los provenientes de las tasas e impuestos urbanísticos servían para pagar todo o casi todo en un ejercicio de irresponsabilidad colectiva sin límites. Ahora, en plena sequía urbanística, la solución financiera propuesta por la mayoría pasa por pedir más dinero al Estado y a las Comunidades Autónomas a través de una reforma del sistema de financiación de los Ayuntamientos. Es como si el dinero y los recursos fuesen ilimitados. Y no es así. La solución pasa por un cambio radical de mentalidad. Hay que gastar menos y hay que gastar mejor. Y hay que hacerlo adaptándose a las circunstancias. No hay otra solución.

El deseo de todo regidor municipal de ofrecer a sus vecinos toda clase de servicios y prestaciones públicas choca con una realidad brutal: no hay dinero para todo. Y si se quiere hacer sólo queda incrementar los ingresos a través de la subida generalizada de tasas, precios públicos e impuestos, algo inaceptable para políticos y contribuyentes. Por tanto, hay que replantearse la situación y no queda más remedio que ajustar los gastos a los ingresos disponibles, salvo que se quiera hacer inviable el sistema. El café gratis para todos hoy no es una opción válida.

Al amparo de la Ley y con la vista siempre puesta en las urnas, los Ayuntamientos han aumentado sus prestaciones de forma progresiva sin un sustento sólido para su financiación regular. De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local los Ayuntamientos tienen unas competencias obligatorias, unas prestaciones públicas que desarrollar, en función de su población. Un municipio, según el Artículo 25. 1. de esta Ley para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Según el art. 27 de la misma Ley pueden también desarrollar otras competencias delegadas por otras administraciones y según el art. 28 realizar otras actividades complementarias a las de otras administraciones. Pero hay un mínimo obligatorio de competencias establecido en el art. 26. Si se toma como ejemplo un municipio de 7.000 habitantes nos encontramos con que el art. 26 señala que las competencias mínimas de ese Ayuntamiento son: Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas, parques públicos, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos. Y no hay más. Fuera de estas competencias obligatorias, cualquier otra actividad o competencia que desarrolle tiene carácter voluntario o, en su caso, delegado teniendo, por tanto, que estar dotada de la correspondiente transferencia de recursos. Es evidente que gran parte de las competencias desarrolladas por los municipios de tamaño similar son voluntarias y que, por tanto, su financiación depende igualmente de la capacidad económica de la Corporación. Sin embargo, la irresponsabilidad de los gobiernos locales está ampliamente consolidada. Se asumen competencias voluntarias, se prestan nuevos servicios sin una base sólida de financiación y nadie pone freno a este disparate.

En la prestación de competencias voluntarias, de servicios no obligatorios ni delegados, deben regir, al menos, dos criterios fundamentales si no se quiere acabar con Ayuntamientos inviables:

- El principio de subsidiariedad. Una Administración no debe asumir una competencia o una prestación de servicios que ya esté siendo desarrollado satisfactoriamente por otra administración o por la propia iniciativa privada. Con ello se evitaría una innecesaria duplicidad de servicios, con su correspondiente coste, y una competencia desleal hacia los propios contribuyentes. ¿Qué hacen las Policías Locales asumiendo funciones que no les corresponden? ¿Qué pinta un Ayuntamiento proporcionando clases de tenis o de inglés cuando hay entidades privadas que lo hacen satisfactoriamente? No vale argumentar que así se garantiza el acceso a todo el mundo a esas actividades, pues se garantiza igual y a menor precio mediante otras fórmulas como las subvenciones o cheques escolares.

- El principio de progresividad fiscal. Es una práctica generalizada en la mayoría de los Ayuntamientos establecer precios públicos sin cumplir los requisitos legales para ello y prescindir de la capacidad contributiva del usuario. No es que sólo se cobren servicios municipales sin cubrir los costes de los mismos, sin memorias económicas, sin controles de eficiencia ni criterios económicos algunos, sino que, además, se hace sin tener en cuenta la capacidad económica del usuario. Café para todos y, si se apura, gratis es la fórmula habitual. Con unos recursos económicos limitados no tener en cuenta la capacidad contributiva de los usuarios resulta de todo punto profundamente injusto. Con ello, se acaban antes los recursos y no es posible atender verdaderas necesidades de muchos ciudadanos. Cobrar a todos los usuarios de una escuela infantil, por ejemplo, el mismo precio con independencia de su situación familiar y su capacidad económica es profundamente inmoral e injusto. Cobrar por debajo de coste clases de tenis a alguien que acude a tomarlas cómodamente en su coche de alta gama, lo mismo. Por ello, en tiempos de crisis, más que nunca es preciso aplicar criterios de progresividad fiscal.

Por último, hay que señalar que la ejecución del Plan E, como del Plan Confianza de la Comunidad Valenciana, lejos de mejorar la situación económica de los Ayuntamientos la van a empeorar. La puesta en funcionamiento de todas las nuevas infraestructuras va a requerir un enorme esfuerzo de los Ayuntamientos en el incremento del gasto corriente: más personal y nuevos gastos de mantenimiento. Ese no es el camino adecuado para reflotar los Ayuntamientos.

Santiago de Munck Loyola