El fin no justifica los medios.

Siempre me he manifestado desde estas páginas muy crítico con la actuación de la clase política en torno a la dación en pago de la vivienda, a su actitud ante a las entidades financieras y al drama de de los desahucios, Nuestra clase política ha reaccionado tarde y mal ante una situación que afecta gravemente a miles de ciudadanos españoles y no ha sabido ni prevenir, ni corregir a tiempo los graves problemas sociales que su propia ineptitud e insensibilidad ha venido generando durante los últimos años. Dicho esto no queda más remedio que denunciar también determinados comportamientos totalitarios promovidos por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y su representante mediática Dª Ada Colau.

Hace unos meses la Sra. Colau ya anunció en su comparecencia en el Congreso de los Diputados que su organización iba a hacer que sus Señorías se enterasen bien de lo que su organización pretendía, de sus objetivos, y que, para ello, les iban a “informar” detalladamente. ¡Y vaya que se están enterando! A nadie se le escapaba que ese anuncio no era otra cosa que la señal de partida de una campaña, no de información sino de coacción para intentar determinar el voto de los representantes de los ciudadanos en las instituciones. Y esta campaña informativa se ha convertido, como era de esperar, en la coacción sistemática y el acoso personal y familiar que están sufriendo los representantes del Partido Popular por parte de grupos de la Plataforma. Ahora bien, el desarrollo de esta campaña coactiva lo que plantea, en primer lugar, es el interrogante sobre su oportunidad. ¿Por qué ahora y no hace unos meses o unos años? ¿Simple casualidad? El 22 de febrero de 2011, con un Gobierno Socialista, el Pleno del Congreso rechazó por amplia mayoría la propuesta de IU e ICV para que las hipotecas pudieran ser saldadas mediante la entrega de la vivienda al banco ( http://www.diarioinformacion.com/economia/2011/02/22/congreso-rechaza-saldar-hipoteca-entregando-piso/1098025.html ) y no queda más remedio que preguntarse dónde estaba la Sra. Colau y sus partidarios y por qué no iniciaron entonces una campaña de acoso y coacción sobre todos los diputados, incluidos los socialistas, que se opusieron a la dación en pago. ¿Movilizarse contra un gobierno “progresista”? Pues fue que no. En marzo del mismo año, el Presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero volvió a oponerse a la dación en pago (http://youtu.be/1jS637PH82Q) y en repetidas ocasiones manifestó que la aprobación de la misma en los términos defendidos por sus promotores pondría en peligro la estabilidad del sistema financiero. ¿Y dónde estaba entonces la Sra. Colau y sus partidarios? ¿Se movilizaron para “informar” en los domicilios de los dirigentes socialistas? ¿Los acosaron con la misma violencia verbal con que acosan hoy a los diputados del PP? Evidentemente no.

En segundo lugar, cabe también preguntarse sobre la validez y la naturaleza democrática de estas “campañas informativas” promovidas por la Sra. Colau. Es evidente que la finalidad de estas campañas no es la de informar. Por más que lo repita la Sra. Colau es una burda mentira. Los diputados están sobradamente informados. El objetivo es señalarlos, criminalizarlos y coaccionarlos para que modifiquen su intención de voto en torno a las propuestas de la Plataforma, propuestas que, incluidas hace poco más de un año en el programa electoral de algunos partidos, no alcanzaron en las urnas el voto mayoritario de los ciudadanos españoles. Admitir la validez de estos métodos coactivos sería admitir que cualquier otra causa pudiera ser promovida y defendida con métodos idénticos para conseguir que los parlamentarios se dobleguen por miedo a las pretensiones de sus promotores. Por muy noble que pueda ser un determinado fin no se puede alcanzar a través de cualquier medio. Es un principio elemental que define la esencia de la democracia.

Hay quien defiende estas actitudes coactivas argumentando que no pasa nada, que la gente tiene que desahogarse, que los afectados sufren más violencia institucional y financiera que los diputados, etc. Pero son argumentos falaces. La violencia estructural, como ellos la definen, no se combate con otro tipo de violencia, ni la soberanía popular puede expresarse a través de otros medios distintos a los constitucionalmente señalados. No entran en el fondo del asunto que no es otro que el de admitir o no el uso de cualquier medio, incluido el uso de la coacción y de la violencia moral, para la consecución de un determinado fin. Admitirlo es abrir una peligrosa puerta para la ruptura de la convivencia y del estado de derecho. Y quien no quiera verlo así, creo, sinceramente, que se equivoca.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es

Alicante: paradigma de la discriminación pública.

Un somero examen de los datos y cifras socio económicos pone en cuestión, muchas veces, la eficiencia de las administraciones públicas y la propia capacidad de gestión de muchos políticos. Y éso es lo que ocurre especialmente cuando echamos un vistazo a la situación de nuestra provincia.

En primer lugar, contrasta poderosamente el empuje, la capacidad y la creatividad de la sociedad alicantina con los resultados de la gestión pública. Alicante es la cuarta provincia de España no sólo por su población, superior incluso a la de varias Comunidades Autónoma, sino que es, además, la cuarta por Producto Interior Bruto. Y ello a pesar de que las inversiones públicas, tanto del estado, como de la Generalitat Valenciana, en la Provincia han sido claramente insuficientes y discriminatorias con respecto a las realizadas en otros territorios, es decir, que Alicante está en el cuarto puesto a pesar de la falta de impulso de las Administraciones Públicas o lo que es lo mismo soportando una pesada losa pública.

Durante mucho tiempo, se ha venido denunciando por parte de una parte de la clase política la discriminación que suponía la escasa inversión anual de los Gobiernos de Zapatero. Según los datos del estudio recientemente publicado de INECA, las inversiones anuales del Estado han venido estando muy por debajo de la media nacional y esta anómala situación, paradójicamente, no se ha corregido en el ejercicio 2013, con el Gobierno del Partido Popular. La inversión del Estado por habitante en la provincia de Alicante en 2013 está un 40% por debajo de la media nacional. Por cada alicantino el Estado invertirá 132,53 euros, lo que supone 90,31 euros menos que la media nacional. Siendo la cuarta provincia en número de habitantes y en PIB, Alicante pasa a la posición 44 si se atiende al número de censados y a la posición 14 si se atiende al PIB. Para que nos hagamos una idea, desde 2008 a 2013, la Provincia de Alicante ha percibido del Estado 1.662 millones de euros menos de lo que debería haber recibido atendiendo a su población.

Y si analizamos las inversiones de la Generalitat Valenciana, de las que no se puede culpar a los gobiernos de Zapatero, nos encontramos con que representando Alicante el 40% de la población de la Comunidad Valenciana en los últimos cinco años sólo ha recibido el 29 % de las inversiones de la Generalitat, es decir, 210 millones de euros menos de lo que le correspondería por su peso poblacional. Señala el estudio de Ineca que entre 2008 y 2012 la Generalitat Valenciana gastó en infraestructuras 802,85 euros por cada castellonense censado; en Valencia la suma equivale a 502,19 euros por persona; mientras que en Alicante la cifra desciende a tan sólo 376,66 euros.

Se trate del Gobierno central o del autonómico, gobierne el PP o el PSOE, se reproduce exactamente la misma tendencia, el mismo criterio de discriminación hacia los alicantinos. No valen excusas, las cifras cantan y las responsabilidades son tan evidentes que es difícil encontrar justificaciones a las mismas.

Pero hay más cifras que ponen en cuestión la justicia y la solidaridad de nuestro actual sistema político en relación al trato que reciben los alicantinos. Un pensionista alicantino recibe de media 741,57 euros mensuales mientras que la media nacional es de 849,60 al mes y la regional es de 781,30 euros. Y en la provincia hay con 293.743 pensionistas. El año pasado los magistrados de la provincia de Alicante recibieron 5.645 procedimientos por desahucios, de los que ordenaron un total de 5.373. A nivel nacional, los magistrados ordenaron 101.304 desalojos a lo largo del año pasado. Los datos colocan a la provincia de Alicante como la tercera de España en lanzamientos de viviendas registradas en los juzgados por lo que también salimos peor parados en la media.

Nos cae ahora, si no se remedia, le decisión del Gobierno de elevar hasta los 400 hm3 la reserva de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía recortando entre 40 hm3 y 50 hm3 el caudal anual disponible para trasvasar a Alicante y Murcia, poniendo en serio peligro la continuidad del riego tan esencial para la agricultura de la Provincia. Si escasa y cara es el agua para nuestra agricultura, tampoco encontramos compensación en el agua para consumo doméstico que es una de las más caras de España y la más cara si atendemos al tramo de contadores de 15mm y consumo de 10m3 mensual.

Y si queremos seguir analizando otras cifras nos encontraremos con resultados similares y conclusiones parecidas. Alicante es lo que es gracias a su población, a su sociedad más que gracias a la clase política. Y Alicante podría ser mucho más si no fuera por quienes nos representan y nos gobiernan. Pero, sobre todo, se quedan en el aire algunas preguntas, con estos datos ¿a qué c… se dedican nuestros representantes provinciales? ¿Cómo se puede lograr que Alicante alcance el peso que le corresponde ante la Generalitat o ante el Estado? ¿La Provincia más dinámica, más abierta y cosmopolita de la Comunidad Valenciana puede seguir así indefinidamente?

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es

Otro gatillazo: sin Pacto de Estado contra la corrupción.

Parece que, una vez más, la clase política en general no ha sabido estar a la altura de las circunstancias y del clamor social contra la corrupción y ha sido incapaz de alcanzar un gran Pacto de Estado contra la corrupción. A lo más que se ha llegado tras el debate sobre el estado de la Nación ha sido a un gran acuerdo, no respaldado ni por el PSOE ni por IU, aprobando una serie de Resoluciones promovidas en su mayoría por el Partido Popular instando a la adopción de un catálogo de reformas contra la corrupción. Así, el Congreso ha aprobado 16 Resoluciones al Debate sobre el Estado de la Nación, de las que 14 han sido impulsadas por el Grupo Popular, una por el PNV, y otra acordada sobre la base de tres propuestas del PP, CiU, UPyD y el Grupo Mixto (UPN).

Una de estas resoluciones expresa la necesidad de un acuerdo de las fuerzas políticas, con el fin de adoptar cuantas medidas de regeneración democrática, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción sean precisas para que los ciudadanos aumenten su confianza en las instituciones, emplazando a elaborar un pacto ético entre los partidos respecto al tratamiento de los casos de corrupción y de los encausados. Igualmente, se pide la creación de una comisión independiente formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social que elabore un informe para su remisión al Parlamento sobre la regeneración de la democracia y se emplaza al Gobierno a aprobar una serie de proyectos de ley para su remisión al Parlamento: una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, la Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para articular más instrumentos de control, la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para fortalecer el régimen de las prohibiciones de contratación con el sector público a todas las personas físicas y jurídicas condenadas por corrupción, una Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas, como Estatuto del Cargo Público,  la reforma del Código Penal para endurecer la sanción de la corrupción, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporar a la Ley  de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, a los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público, regular las organizaciones de intereses o "lobbies" y otras medidas como modernizar las campañas electorales.

Del examen de esta batería de medidas se deduce claramente que, al margen de la imposibilidad de lograr la unanimidad entre la clase política para combatir la corrupción, no se ha abordado el problema, salvo en lo relativos a los Partidos políticos (y habrá que esperar para ver con qué alcance), desde la perspectiva de las causas que facilitan o propician la aparición de la corrupción. Los grupos políticos se han decantado más bien por aumentar los controles y endurecer las sanciones sobre la corrupción, pero no por atajar las causas que la facilitan.

La inmensa mayoría de los casos de corrupción que afloran en nuestro país tiene su origen en tres ámbitos concretos: en el urbanismo, en las contrataciones públicas y en el funcionamiento de los partidos políticos. Y en el trasfondo está la discrecionalidad, la capacidad de decisión discrecional de técnicos y políticos, a la hora de ejecutar el urbanismo y de contratar obras, servicios y suministros con las administraciones públicas. Curiosamente, en las resoluciones aprobadas no se contiene ninguna mención a la necesidad de reformar la legislación del suelo o de las contrataciones con las administraciones públicas que permiten el uso y el abuso de la discrecionalidad, y por tanto de la arbitrariedad, a la hora de aplicar las diferentes normas que desarrollan esas materias. La primacía de criterios subjetivos sobre los objetivos en materia de urbanismo y de contrataciones es la que facilita que políticos y técnicos en algunos casos hagan un mal uso de las facultades que tienen otorgadas y que, por tanto, basen sus decisiones en intereses personales y no en intereses puramente públicos.

Todo hace pensar que siendo estas resoluciones un importante avance para castigar la corrupción no lo son tanto para prevenirla y ello permite poner en duda la existencia de una auténtica voluntad o de capacidad de la clase política para acabar con la lacra de la corrupción. Y lo que desde luego ha quedado patente es la falta de altura política de algunos para intentar aunar voluntades en algo tan importante para el conjunto de los ciudadanos.

Santiago de Munck Loyola

La imprescindible reforma del Estado.

El año 2012 se ha ido pero no así muchos de los problemas que a lo largo del mismo se han ido poniendo sobre la mesa del debate político. Dos de estos problemas que figuran en lugar destacado de la agenda política del nuevo año son la crisis económica con todos sus efectos y medidas para intentar salir de ella y la reforma del estado auspiciada tanto por la propia crisis económica como por la necesidad de ofrecer una respuesta a la apuesta independentista enarbolada por los antaño nacionalistas moderados.

Parece un hecho incuestionable que nuestro actual modelo de estado es, tanto desde el punto de vista económico, como del político insostenible. Los resultados están ahí, sobre la mesa, y ponen de manifiesto que tenemos un estado muy caro de mantener y poco eficiente. Los distintos estudios de opinión hechos públicos en los últimos tiempos señalan que una gran parte de los ciudadanos cuestiona el actual modelo y su propia viabilidad. Y junto a ello sigue creciendo el rechazo hacia buena parte de la clase política que lo gestiona. Es indudable que cuatro y, a veces, cinco administraciones superpuestas son muy caras de mantener y, no sólo eso, sino que, además, obstaculizan la vida del ciudadano y su proyección y movilidad económica. Sin ir más lejos, la semana pasada se hacía público un estudio según el cual la maraña de legislaciones que se han ido tejiendo desde las diferentes administraciones supone una barrera para la creación de riqueza y de empleo y que el impacto sobre las empresas supone una pérdida anual de más de 40.000 millones de euros. Durante los últimos años, nuestro mercado interior se ha ido fragmentando gracias a la hiperproducción legislativa de las Comunidades Autónomas, siguiendo exactamente el camino contrario al emprendido en los procesos de armonización legislativa con la Unión Europea. A este enredo legislativo tenemos que añadir unas normas estatales que han demostrado su incapacidad para poner freno a la corrupción económica y política, permitiendo el nepotismo, el amiguismo y con ello la insolvencia profesional y técnica en buena parte de los encargados de hacer funcionar la gigantesca maquinaria administrativa. Miles de empresas públicas estatales, autonómicas o municipales, auténtico aparcamiento en su mayoría  de militantes partidistas o de familiares y amigos de las élites de los partidos políticos constituyen un enorme lastre para nuestra maltrecha economía del que es preciso desprenderse y que se suma a la prolija lista de administraciones públicas y sus infinitos apéndices de toda índole.

El Gobierno, desde el primer día, se ha puesto manos a la obra iniciando todo tipo de reformas pero que no abordan el problema de la configuración del estado desde una perspectiva global y desde el imprescindible acuerdo con el principal partido de la oposición que, por cierto, parece más ocupado en sus asuntos internos que en tratar de ofrecer respuestas a los desafíos y a los problemas que, en gran medida, se arrastran de su inefable gestión. El proyecto de Ley sobre Transparencia, los proyectos de reforma de las administraciones locales, ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades, o las distintas medidas adoptadas sobre reducción de entes públicos parecen parches o retoques de una estructura estatal que funciona mal y que no se puede sostener y da la impresión de que falta una idea clara de la arquitectura estatal, del proyecto que se quiere desarrollar, de la dirección hacia la que hay que encaminarse.

Una gran parte de los ciudadanos tenemos más o menos claro lo que queremos: iguales derechos y obligaciones para todos los ciudadanos con independencia del territorio en el que residamos, una sanidad, un sistema educativo y unas pensiones homogéneas, movilidad laboral y económica en toda España, mayor cohesión social y territorial, administraciones públicas más simples y eficientes, mayor representatividad de las instituciones democráticas, igualdad fiscal en todo el territorio nacional, menos cargos públicos, eliminación de las duplicidades, más transparencias en la gestión, menos discrecionalidad y menos corrupción,… Es decir, queremos lo que el sentido común dicta, pero nacen muchas dudas sobre si se trata de lo mismo que quieren nuestros dirigentes políticos. Con toda seguridad, alcanzar estas pretensiones resulta imposible con el actual e insostenible modelo de Estado y no cabe la menor duda de que esta incompatibilidad debe ser resuelta lo antes posible por la clase política.  Para lograrlo, los principales partidos parlamentarios, sobre todo aquellos con opciones de gobierno, deberían hacer un mayor esfuerzo por alcanzar acuerdos de Estado interpretando el sentir de la mayoría de los ciudadanos.

Si todo lo anterior lo ponemos además en relación con el desafío independentista lo cierto es que la situación es mucho más compleja. Y lo es fundamentalmente porque las aspiraciones del común de los ciudadanos chocan frontalmente con los objetivos de los movimientos independentistas cuya potente maquinaria propagandística lleva años difundiendo realidades virtuales que han ido calando en una buena parte de la población y siempre ante la pasividad, cuando no la complicidad, de los principales partidos políticos españoles y de una buena parte de los medios de comunicación. Tras la aprobación del último estatuto de Cataluña, que por cierto no fue refrendado por la mayoría de los electores catalanes, algunos políticos socialistas se apresuraron a preguntarse en público en qué quedaban los negros augurios de quienes afirmaban que se rompía España. Pues bien, aquí está el resultado: no ha pasado mucho tiempo y España se está rompiendo. El principal partido de la oposición, el PSOE no termina de adoptar una posición clara que sirva de referente a la hora de abordar el desafío independentista. De una parte, los socialistas catalanes respaldan la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña a pesar de que no sea legal. Desde Ferraz por una parte se afirma que el PSOE no apoya la celebración de esa consulta y, por otra, hoy mismo, el desmemoriado secretario de organización socialista acusa al Gobierno de inmovilismo respecto a la consulta ilegal. ¿Éso qué quiere decir? ¿Qué el Gobierno debe ser flexible y ceder ante una ilegalidad que atenta contra la soberanía del pueblo español? ¿A qué juegan los socialistas? Hoy por hoy, desgraciadamente el Gobierno no tiene un interlocutor sólido y fiable en la oposición porque no existe un proyecto de izquierdas para toda España.

Hace pocos días, los dirigentes socialistas han vuelto a proponer la vieja idea del federalismo como fórmula para reformar la estructura del estado. El federalismo tiene evidentemente sus ventajas y responde a situaciones concretas con bastante eficacia. ¿Pero piensan en serio que el federalismo va a servir para frenar las aspiraciones de los independentistas? ¿A quién quieren engañar con esa propuesta? Nuestro estado autonómico actual supone una descentralización política y administrativa muy superior a la de los estados federales existentes y si se copiase la fórmula alemana, por ejemplo, comunidades autónomas como la catalana perderían bastantes de las competencias que actualmente gestionan. Convertir las comunidades autónomas en estados federados con idénticas estructuras políticas e idénticas competencias es lo último que quieren los independentistas cuyos proclamados hechos diferenciales desaparecerían. Sacar a pasear por la plaza el toro del federalismo no pasa de ser un hecho anecdótico absolutamente improcedente a la hora de abordar en las actuales circunstancias los problemas de nuestro modelo estatal y del conjunto de los ciudadanos.

Gobierno y oposición tiene por delante una gran tarea para este año: lograr identificar las aspiraciones de la mayoría de los ciudadanos e intentar ponerse de acuerdo con el modelo y las reformas que permitan alcanzarlas. Una gran responsabilidad para la que habrá que confiar en que estén a la altura nuestros dirigentes políticos, económicos y sociales.

Santiago de Munck Loyola

Paro y desahucios: dos caras de la misma moneda.

Estos días se están cruzando dos noticias, dos datos íntimamente ligados que reflejan claramente la dramática situación por la que atraviesa nuestra sociedad: el aumento del paro y el incremento de los desahucios, causa y consecuencia, cara y cruz de esta crisis. Al respecto y en torno a las diferentes reacciones que ambos datos provocan, merece la pena hacer algunas reflexiones. 

El aumento del paro no da tregua alguna. Mes tras mes los datos siguen siendo malos, ya se analicen los de la EPA o los del paro registrado. Intentar vislumbrar signos esperanzadores en las ligeras variaciones que dichos datos puedan ofrecer no desvirtúa lo esencial, la persistencia de un auténtico drama social, la extensión de la pobreza, el mantenimiento de una tendencia destructora de las vidas de millones de españoles que han de afrontar el futuro en condiciones cada vez más penosas. En la Provincia de Alicante el paro ha subido un 1,51% durante el mes de octubre, 3.359 desempleados más lo que supone 225.796 personas sin empleo en la Provincia de Alicante. Son casi 44.000 los hogares alicantinos en los que no se percibe ningún ingreso, ningún subsidio o ayuda. La pobreza se sigue extendiendo inexorablemente. Y si utilizamos como dato de referencia la EPA las cifras aumentan notablemente. En paralelo, las ejecuciones hipotecarias y los desahucios siguen creciendo de forma alarmante. Es verdad que un buque transatlántico, como la economía española, no se detiene, ni varía su rumbo de forma automática, sino que necesita un largo espacio para invertir el rumbo, pero no parece que las diferentes medidas adoptadas durante el último año hayan variado la inercia heredada, entre otras cosas, probablemente porque no están siendo todo lo correctas que debían haber sido. Una cosa está clara, las medidas hasta ahora tomadas no se corresponden con buena parte del programa y la filosofía política del PP. Más impuestos, supone menos consumo, más paro, más gasto social, más déficit y mayor deuda pública a acumular al inmenso agujero negro dejado por el PSOE.

Una de las consecuencias más dramáticas del creciente y prologado paro es la pérdida de la vivienda. Y en la inmensa mayoría de los casos no se trata sólo de que se pierda la vivienda, sino de que, además, el deudor permanece como tal durante años impidiéndole cualquier expectativa razonable para rehacer su vida. No está de más recordar que en el año 2011, los dos grandes partidos, PP y PSOE, se opusieron en el Congreso a tramitar una proposición de ley para que la deuda hipotecaria de las familias que no pudiesen hacer frente a sus obligaciones económicas con el banco pudieran ser saldada con la entrega de la vivienda, con la dación en pago. El nuevo Gobierno aprobó hace unos meses un código de buenas prácticas bancarias que sólo ha servido para paliar la situación de unas 800 familias mientras que han seguido su curso decenas de miles de procedimientos de ejecución bancaria. Este año, más de 150.000 familias habrán perdido su hogar y, además, seguirán endeudadas con el banco que se queda con su casa. Hace pocos días, un ciudadano se suicidó tras recibir la notificación del desahucio lo que ha servido desgraciadamente para poner el asunto en la agenda de los políticos.

Hoy, el PSOE, que el año pasado se opuso a la dación en pago “porque podría desestabilizar el sistema financiero”, ha anunciado a bombo y platillo una ofensiva publicitaria en toda España para presentar la iniciativa que ha planteado el Congreso para frenar los desahucios. La portavoz socialista de Vivienda en el Congreso de los Diputados, Leire Iglesias, ha resaltado que la proposición de ley de Medidas contra el Desahucio, el Sobreendeudamiento y la Insolvencia pretende "cambiar la ley", porque "trata de mirar a las personas, se trata de un rescate de ciudadanos". Bonita frase, pero ¿por qué ahora sí y hace un año no? Y, como ahí no puede quedar la cosa, los socialistas, fieles a sus costumbres, se van a dedicar a presentar mociones en los Plenos de los Ayuntamientos que no tienen competencia alguna en la materia para utilizarlos, sin ningún tipo de escrúpulos, como simples cajas de resonancia política.

Por su parte, también hoy, la Secretaria General del PP, Mª Dolores de Cospedal ha subrayado que "hay que diferenciar" entre los bancos que lleven a cabo ejecuciones hipotecarias tras haber recibido ayudas del Estado de los que no han recibido dinero público, por lo que aboga por que los primeros den "un tratamiento distinto" a estas ejecuciones ya que "el dinero que les viene es público" y que hay "muchas cosas que se pueden hacer, no solo la dación en pago" para "limitar la sangría y el drama social" de los desahucios, y ha abogado por "trabajar en buscar vías que puedan flexibilizar esta situación". Pues bien, si hay que diferenciar entre los bancos que han recibido dinero público en el tema de los desahucios ¿por qué no extender esta “diferenciación” a otros ámbitos como el de las retribuciones de sus directivos? La realidad, al día de hoy, es que bancos sostenidos con dinero público, de los contribuyentes, están ejecutando las hipotecas de esos contribuyentes como cualquier banco y que sus directivos llegan a cobrar hasta 750.000 € anuales de ese dinero público. ¿Es moralmente aceptable? Claro que la dación en pago no es el único instrumento legal que puede ponerse en marcha, pero el tiempo sigue pasando y, hasta ahora, es la única propuesta socialmente aceptada encima de la mesa y ya está tardando el Gobierno en plantear soluciones rápidas y eficaces a este drama.

Se mire por donde se mire, los casi 500 desahucios diarios que se están produciendo en nuestro país son una drama colectivo y una inmoralidad absoluta, por muy legal que sean, que exigen una respuesta inmediata del conjunto de la clase política que no está, una vez más, a la altura de los retos de nuestra sociedad.

Santiago de Munck Loyola

El PSOE tiene un problema y los demás también.

El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, el que no recordaba en campaña las tres razones por las que se debía votar al PSOE, afirmó hace un par de días que su partido "no está de acuerdo con el derecho a decidir", concepto incluido el jueves en una resolución impulsada por el PSC en el Parlamento catalán y que no prosperó. La que sí prosperó fue la resolución independentista de CiU con la abstención de los socialistas catalanes. 

Según el Sr. López "la posición de los socialistas de Cataluña es una posición que defiende la legalidad, la Constitución y que en España decidimos todos juntos". Debe ser por eso que los socialistas se han abstenido ante la resolución independentista del Sr. Mas. Auténticos malabares y toda clase de filigranas políticas están haciendo estos días los socialistas para tratar de explicar a los ciudadanos la posición de sus correligionarios en Cataluña.

Por su parte, el ex Presidente socialista extremeño se ha descolgado con una pintoresca propuesta: ha exigido a Cataluña que si se independiza devuelva a las 150.000 personas que "fueron sustraídas" de la comunidad, "más sus hijos y sus nietos". "El 'president' nos tendría que devolver antes lo que se llevó hace 30 o 40 años. No me refiero a las riquezas materiales, sino a seres humanos", ha escrito en su blog. Y se ha quedado tan ancho confirmando con ello lo que muchos sospechábamos  que cualquiera puede llegar a presidir una Comunidad Autónoma.

Más al sur, el vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez, aseguró que “no entendía la posición del PSC en relación con la abstención sobre la convocatoria del referéndum aprobado por el Parlamento catalán”. Según él, “lo ocurrido en el Parlamento de Cataluña es una huida muy peligrosa y un mensaje que no es de recibo en el momento que estamos viviendo y en el que está atravesando nuestro país”. El número dos del PSOE andaluz reclamó además una posición de los socialistas catalanes “más clara y más contundente en defensa de Cataluña, de España y de la Constitución” o sea, pedir peras al olmo. Esta petición responde, a todas luces, a la falacia permanentemente instalada en seno del PSOE de que sus colegas catalanes comparten criterios constitucionales. Sólo se engaña a si mismo quien desea permanecer en la ignorancia: el Estatuto catalán fue una muestra inequívoca de que los socialistas catalanes, con la bendición de Zapatero, no compartían los principios de cohesión territorial que tanto ha proclamado el PSOE. 

Y como para tapar estas vergüenzas propias no hay nada mejor que intentar señalar las ajenas, aunque para ello haya que inventárselas, el Sr. Rubalcaba, patriota donde los haya, y dispuesto a cerrar filas con el Gobierno de España ante un desafío independentista como éste se ha apresurado a equiparar la defensa de la Constitución que hace Rajoy con el desafío independentista de Mas. Para Rubalcaba, Mas es un irresponsable por promover la confrontación y Rajoy es otro irresponsable por defender la Constitución. ¡Toma ya!

Hay que recordar de paso que gracias a Rubalcaba y a Zapatero el Gobierno de España dispone de un instrumento menos para poner en su sitio a Mas. Fue el PSOE el que en 2005  anuló la ley que tipificaba como delito la convocatoria ilegal de referendos, aprobada por Aznar para parar los pies a Ibarretxe.

Hoy el PSOE tiene un problema y, además, grave. Ha dejado de ser un partido de ámbito nacional y sus principios no están representados en Cataluña. Los socialistas catalanes son un partido diferente al PSOE y como tal decidirá su propio rumbo. Pero si el PSOE se queda cojo en Cataluña es España la que tiene un problema añadido.

El desafío independentista constituye un gravísimo problema para todos los españoles y su solución no puede ser responsabilidad exclusiva del Gobierno, sino de todos los partidos, de todas las entidades y de todos los ciudadanos que creen en la Constitución y en la igualdad entre todos los ciudadanos. Y toda nuestra clase política ha sido y es la responsable de la actual situación: por haber diseñado un inadecuado modelo territorial en la Constitución y no haber tenido la valentía política para perfeccionarlo, por haber cedido siempre a las pretensiones de los independentistas, camuflados de nacionalistas a secas, por mantener un sistema electoral que prima a los independentistas, por haber cedido la educación para que fueran cultivando durante décadas sentimientos antiespañoles sustentados en manipulaciones de la historia, por ceder tributos a cambio de votos o por hablar catalán en la intimidad para lo mismo, por vender toda una herencia histórica a cambio de míseras y coyunturales cuotas de poder. El PSOE tiene un problema y el PP y Cataluña y España. Un enorme problema para el que nuestra clase política no parece estar preparada.

Santiago de Munck Loyola

Conjunción de "puteados" y "reconversores".

Estos días de junio se han dado a conocer dos propuestas que, desde perspectivas radicalmente opuestas,  coinciden fundamentalmente en poner de manifiesto el agotamiento casi agónico de nuestro actual sistema político o, al menos, de su expresión diaria. Esta conjunción, que no planetaria al estilo Pajin sino más modestamente local, no es otra cosa que la constatación y expresión de un sentimiento de hastío y de rechazo cada vez más extendido en nuestra sociedad. Todos los indicadores sociológicos que las encuestas vienen reiterando una y otra vez señalan un distanciamiento cada vez mayor de los ciudadanos hacia las instituciones y, especial, hacia quienes las gestionan. Este estado de ánimo se irá traduciendo en sucesivas propuestas encaminadas todas a plasmar en medidas concretas  de carácter político y social un profundo cambio. Las dificultades y sacrificios que esta prolongada crisis está imponiendo a millones de españoles hacen que se empiece a cuestionar un sistema que junto a grandes aciertos del pasado no está siendo ahora capaz de ofrecer salidas dignas a tantos millones proyectos vitales frustrados. Los ciudadanos constatamos la existencia de dos mundos paralelos en nuestra sociedad: el mundo del desempleo, de la desesperanza, de la pobreza, de los sacrificios, de los recortes, de la precariedad laboral, de los desahucios, de la marginación social, de la ausencia de horizontes y, de otro, el mundo de los privilegios, de la corrupción, del amiguismo, del derroche, de los rescates a los bancos desahuciadores, de las oligarquías políticas, de la justicia injusta y de la interesada e incuestionable adhesión al sistema. El mundo de la calle frente al mundo de la moqueta. Dos mundos diferentes pero que podrán terminar por colisionar. Y la reflexión más generalizada es que estamos donde estamos por culpa de la clase política, olvidando, cómo no, que ella ha actuado como lo ha hecho porque los ciudadanos, encantados con las burbujas, se lo hemos consentido.

Hace unos días era Julio Anguita el que se ofrecía a liderar un movimiento que sirviese de catalizador de ese estado de ánimo generalizado que refleja descontento, que busca responsabilidades y que exige soluciones. Anguita ha hecho público un manifiesto, “somos mayoría”, en el que realiza un llamamiento a los ciudadanos para organizarse en torno a un programa básico. Según ha declarado el ex líder de IU su objetivo es organizar "grupo de presión, un grupo de presión democrático, formado por esa inmensa mayoría que tiene más cosas en común que diferencias. Quiero una sólida formación de ciudadanos que coincida en manifestarse, elaborar, en aprender y en echar la fuerza de su poder en el juego político y social. Así, como suena ¿Para qué? Para cambiar lo que hay". Propone diez medidas básicas que pasan desde el salario mínimo de 1.000 €, la pensión mínima de 1.000 €, la nacionalización de la banca o la vuelta a la peseta. Son propuestas concretas que, desde una adecuación estricta al marco constitucional, no constituirían aparentemente ningún tipo de “revolución social”. Lo cierto es que, con una considerable carga ideológica de fondo, se pretende articular un sencillo decálogo, al menos aparentemente, que pueda resultar atractivo para una gran parte de los ciudadanos. Sin embargo, un análisis más profundo de estas propuestas revela una vuelta a orígenes lejanos y a tácticas en las que los comunistas siempre han sabido llevar la delantera a las demás fuerzas políticas.

En otro rincón del escenario político, un grupo de políticos, académicos y empresarios ha puesto en marcha una iniciativa cuyo objetivo es la reconversión del sistema político. Alejo Vidal-Quadras, Santiago Abascal, Adolfo Prego de Oliver, José Luis González Quirós, José Antonio Ortega Lara, Carlos Rodríguez Braun, Amando de Miguel, Luis Alberto Cuenca, Gustavo Bueno, Arcadi Espada, Ramón Parada, Fernando Savater y César Alonso de los Ríos, entre otros, han dirigido una carta al Presidente del Gobierno en la que le instan a llegar a acuerdos con el principal partido de la oposición para lograr la reconversión del Estado. Denuncian, sin ningún tipo de piedad, que el sistema salido de la Constitución del 78 "ha degenerado en una partitocracia ineficaz, clientelar y corrupta". Propugnan un pacto de Estado que abarque reformas de la estructura económica, del sistema educativo, de los órganos constitucionales, de la organización y competencias de los diferentes niveles administrativos que componen el estado, de la participación y representación política de los ciudadanos y de la posición de España en las instancias comunitarias. No les falta razón en las reformas que propugnan, aunque dichas reformas podrían tener un alcance muy diferente en función de la perspectiva que las impulsara. Pero tan loable iniciativa está llamada al fracaso desde el primer momento en que ha sido formulada, si se da por válida su descripción del sistema de partidos. Si se parte de la idea de que el sistema salido de la Constitución del 78 "ha degenerado en una “partitocracia ineficaz, clientelar y corrupta", constituye un brindis al sol, un baldío esfuerzo solicitar a los dos grupos mayoritarios, es decir, a los dos partidos que más se benefician o que más culpables son de esa partitocracia, que lleguen a un pacto para reformar o reconvertir el sistema en contra de sus propios intereses.

Parece muy difícil que tanto el PP como el PSOE generen una profunda reflexión interna que les permita analizar la realidad y llegar a conclusiones similares a las de los firmantes del manifiesto. Sería tanto como pedirles que se hicieran el harakiri. Como mucho y con algo de optimismo, puede que la realidad les impulse a corregir y a reformar algunas deficiencias, las más escandalosas, del sistema, porque como decía Adolfo Suárez sólo se reforma lo que se quiere conservar.

Santiago de Munck Loyola

Porque no sólo de pan vive el hombre: una tarea más para el PP.

Si tal y como las encuestas pronostican el PP gobierna después de las elecciones del 20-N, el cúmulo de tareas que le espera es enorme. Los siete largos años de la era ZP dejan un “pesada herencia” y no sólo en el campo económico, sino en multitud de facetas de la vida diaria. En estos años, el zapaterismo ha ido introduciendo multitud de cambios en todo lo que se le ha puesto a tiro. Y el idioma, el lenguaje no ha escapado, ni mucho menos, a la acción destructiva del zapaterismo.

No constituye ninguna novedad señalar que el idioma es una herramienta muy importante en el ámbito de la política. En política y, concretamente, en el ámbito de la comunicación política, la elección de determinadas palabras en lugar de otras no es normalmente casual, sino que obedece a móviles y fines determinados. Parece que lo que se ha venido en llamar “lo políticamente correcto” se ha venido extendiendo de una forma imparable entre nuestros políticos y entre quienes por su profesión utilizan con profusión los medios de comunicación. El lenguaje público se ha ido acomodando a las circunstancias y a las cambiantes necesidades de la vida en sociedad.

Determinadas palabras se han ido arrinconando y se han sustituido por otras, en unos casos, porque se sigue la corriente dominante, en otros, porque en el fondo se desconoce el verdadero alcance y significado de las mismas y, en no pocas ocasiones, porque vence una determinada opción ideológica, sociológica o cultural que traslada sus posiciones al terreno de la comunicación.

Los nacionalistas lo saben muy bien. Por eso, han aprovechado el vacío intelectual o la carencia de principios del gobierno de España para ir avanzando sus posiciones. Ya en el período constituyente “colaron” ese exabrupto de las “regiones y nacionalidades”. En estos últimos años han conseguido más: apropiarse en exclusiva del término “nacional” e impedir que los españoles puedan usarlo con normalidad. Pretenden que no hay más nación que la suya y que el resto no tenemos derecho a reivindicar nuestra nación, España.

A la tradicional “catetada” sindical de denominar a los convenios colectivos de aplicación en todo el territorio español “convenios estatales” (Convenio Estatal de la Madera y el Mueble, Convenio Estatal del Sector Agrario…) como si se tratase aplicar estas cuestiones laborales en los negociados ministeriales, hay que añadir ahora la sustitución de la palabra nacional por estatal en las denominaciones de los organismos públicos. La cobardía intelectual del zapaterismo ha conducido a que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Meteorología sea ahora la Agencia Estatal de Meteorología. ¿La razón? Que a la Generalidad catalana le molestaba. No es único caso. Los Museos Nacionales son ahora la Red Estatal de Museos y el Instituto Nacional de Empleo (INEM) ahora se llama el Servicio Público de Empleo Estatal. Del mismo modo, los Secretarios e Interventores de los Ayuntamientos, antes Habilitados Nacionales son ahora Habilitados Estatales. 

Los españoles podemos disfrutar gracias a ZP de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), la Agencia Estatal Antidopaje, la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y, en breve, de la Agencia Estatal de Salud. Como puede observarse, hay todo un amplio catálogo de Agencias Estatales. ¿Nacionales? No, por favor, que molesta a los nacionalistas. Se puede dejar a los españoles sin nación sin problemas pero, mucho cuidado con herir sensibilidades centrífugas. Un poco más y con tanta “roja” habrían terminado por prohibir la denominación de Selección Nacional.

Lo dicho, el PP tiene por delante una formidable tarea para recomponer los destrozos de estos siete años. Pero es importante recordar que no se trata de recomponer sólo los bolsillos de los españoles, también es necesario curar el corazón.

Santiago de Munck Loyola

LAS LISTAS DEL PP, UN ESPECTÁCULO.

Ni la Comunidad, ni Alicante, ni los votantes, ni los militantes del PP se merecen el espectáculo organizado en torno al proceso de elaboración y proclamación de las listas del Partido Popular tanto para las autonómicas, como para las elecciones locales.

Un proceso largo y tedioso plagado de enfrentamientos, traiciones y conspiraciones que ha concluido con la aprobación de unas candidaturas que no han terminado de satisfacer, por lo visto, a ninguna de las partes enfrentadas en este procedimiento (http://www.diarioinformacion.com/alicante/2011/04/09/cien-candidatos-pp-alicantino-cercanos-ripoll-indignados-lista-autonomica/1114686.html ) y que está dando que hablar, y mucho, a los rivales del PP.

Sin entrar en la apreciación que pueda merecer la presencia de imputados en diferentes procedimientos judiciales en estas listas, pues es evidente la utilización sectaria y partidista que de la justicia y de los medios policiales se viene haciendo desde hace tiempo, lo cierto es que sirve para “echar carnaza” a los adversarios políticos, siempre dispuestos a acabar con la presunción de inocencia cuando no se trata de los propios conmilitones.

Hay un hecho indiscutible que afecta a todas estas listas recientemente aprobadas y que podrán satisfacer más o menos a unos y a otros: que estas listas se han hecho de espaldas de los militantes de Partido Popular. Y ello es así en virtud del procedimiento establecido en los Estatutos del propio Partido y que al final determina que los dirigentes de Madrid, miembros del Comité Electoral Nacional, saben mucho mejor qué candidatos convienen a los alicantinos, por ejemplo, que los propios afiliados del Partido Popular de Alicante. A los afiliados del partido Popular ni se les consulta ni se les deja opinar internamente sobre sus preferencias para la designación de los candidatos a la Alcaldía de la ciudad o a los escaños de las Cortes Valencianas. Es un hecho evidente e incontestable, como lo es también el hecho de que, pudiendo hacerlo, ningún candidato a la Alcaldía de las grandes ciudades tiene el valor de someterse a una asamblea informativa del Partido para medir el apoyo con que cuentan entre la militancia. Los militantes del Partido Popular solo cuentan para pagar la cuota de afiliación, para que los llamen para llenar las sillas de los actos electorales y para esperar ahora a que les llamen para hacer de apoderados e interventores el día 22 de mayo.

Otro hecho que denotan estas listas recientemente aprobadas es la pretensión de acumular puestos institucionales por parte de algunos candidatos. Los estatutos del PP regulan determinadas incompatibilidades para que esto no ocurra. Pero, hecha la norma, hecha la trampa: hay excepciones. Y, acogiéndose a la excepción generalizándola, hay quienes son candidatos a la Alcaldía de su ciudad, como en Alicante y Valencia, y al mismo tiempo candidatos a ser diputados por la Provincia en las Cortes. Seamos serios por favor ¿dirigir una ciudad como Alicante no exige una dedicación al cien por cien? Y ¿representar a la Provincia en las Cortes no exige también una dedicación permanente? Supongo que la respuesta a ambas preguntas sólo puede ser afirmativa. Entonces ¿cómo se puede hacer compatible ser Alcaldesa, por poner un ejemplo, de Alicante y al mismo tiempo diputada en las Cortes? ¿En cuál de los dos cargos no va a haber una dedicación al cien por cien? Que nos lo digan, porque los electores tenemos derecho a saberlo.

Los que hoy se sienten defraudados o indignados por esta forma de hacer las cosas deberían tomar buena nota de ello y actuar en consecuencia cuando llegue la hora de elegir a los dirigentes del partido en su localidad o cuando llegue la hora de apoyar, en el próximo Congreso, las enmiendas destinadas a devolver la palabra y el poder a los afiliados del Partido Popular y a reforzar el sistema de incompatibilidades para acabar con estos abusos.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com/

LA PERTURBADORA PRESENCIA DE COSPEDAL EN ELCHE.

La reciente visita de la Secretaria General de los Populares, Mª Dolores de Cospedal, a Elche para el acto de proclamación de la candidata popular a la alcaldía de esta localidad ha desatado toda clase de comentarios e interpretaciones, algunas con cierto fundamento y otras en la órbita de los acontecimientos planetarios socialistas.

Algunos comentaristas se han centrado en la interpretación de los gestos que pudiera tener Cospedal con el Presidente Camps ya hablan de la normalización de relaciones entre el Partido regional y el nacional o elaboran elucubraciones sobre posibles apoyos, alianzas internas o tratos.

Sin entrar en esas hipótesis difíciles de verificar, lo cierto es que sorprenden las reacciones de los distintos portavoces socialistas que se han apresurado a realizar declaraciones, la mayoría de ellas, más propias de ignorantes “maqueados” de políticos que de personas serias, responsables e inteligentes. Da la sensación que muchos de estas caricaturas parlantes de políticos nos toman por tontos al conjunto de los ciudadanos y despachan alegremente sus simplezas para fabricar titulares periodísticos tan vacíos de contenido político como lo deben estar sus propias cabezas.

Así, por citar dos ejemplos, la portavoz del Comité Electoral del PSPV, Carmen Ninet, ha denunciado hoy que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, "viene a avalar la corrupción en la Comunidad Valenciana como ya lo hizo el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, hace unas semanas". Supongo que esta “ingeniosa y sesuda” afirmación es fruto de un ingente esfuerzo intelectual de la citada portavoz, pero, sinceramente, es de una simpleza vergonzosa, es un argumento tan burdo y poco elaborado que bien se le puede volver en contra. Si ésa es su lógica política, es de suponer que nada objetará si alguien afirma que cuando viene Dª Leire o cualquiera de los miembros del gobierno socialista lo hace para importar el modelo socialista de corrupción de los ERES, la vulneración del Estado Derecho en la rendición ante ETA, la colaboración con ETA en el caso Faisán, el modelo destructor de empleo, o cualquiera de las perlas que adornan el collar zapateril.

El segundo ejemplo lo proporciona la portavoz de la Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE de Elche, Modesta Salazar, quien ha dicho que la presencia de María Dolores de Cospedal en Elche "no es grata" para esta ciudad y ha justificado su actitud de repulsa por tratarse de “una persona que se ha opuesto de manera sistemática al Trasvase Tajo-Segura porque su postura es totalmente contraria a los intereses del campo de Elche". No ha encontrado esta señora mejor argumento para comparecer antes los medios, qué se le va a hacer. Es de suponer que tan poderosa razón será aplicada por los socialistas ilicitanos a todos sus conmilitones por oponerse al trasvase del Ebro ¿no? ¡Vaya tropa!

Bien es cierto, dicho sea de paso, que el Partido Popular, si no quiere calcar el modelo de taifas socialista, debe de una vez por todas adoptar de una forma clara una posición nacional sobre los trasvases y el Plan Hidrológico Nacional, aunque ello pueda acarrear pérdidas de votos. Pero el discurso sobre el agua no puede ser distinto según la región de que se trate.

En todo caso, es evidente que la sola presencia de Cospedal en Elche ha agitado algunas neuronas de las portavocías socialistas. Ha sido el detonante para esta eclosión de simplezas primaverales. ¡Qué nerviosos se ponen algunos!

Santiago de Munck Loyola

LA HUELGA DE LOS CONTROLADORES.

¡Buena la han montado los controladores! Miles de ciudadanos tirados en los aeropuertos, vacaciones rotas, reservas de hoteles canceladas, el espacio aéreo de todo el país cerrado y decretado el estado de alarma. Todo un caos generado por una impresentable huelga salvaje que va a generar cientos de millones de euros de pérdidas en una economía cada vez más cerca de ingresar en la UVI con una intervención europea. Sin entrar a valorar las razones de los controladores que, posiblemente sean muy respetables, lo que no es admisible es el método elegido para hacer valer sus legítimos derechos. La responsabilidad de estos profesionales ha brillado por su ausencia. Han chocado frontalmente con el gobierno del talante y las consecuencias las sufren todos los ciudadanos, vuelen o no, porque la imagen y la economía española han salido gravemente dañadas.

Y si grave es la actitud de los controladores no lo es menos la del Gobierno. Preguntado el Ministro de Fomento, Sr. Blanco, sobre las razones que han impulsado al Gobierno a aprobar el decreto causante del conflicto la víspera de un puente, se ha limitado a decir que los controladores llevaban tiempo saltándose los acuerdos y que “no acetaban (sic) la ley”. Ha añadido el inefable Ministro que hacían barbaridades tales como “computar como jornada trabajada las bajas por enfermedad”. Ignoraba yo que el tiempo que uno está de baja enfermo haya que trabajarlo una vez dado de alta, pero en fin, lo dice el Sr. Ministro. Desde luego no sé si los controladores “acetan o no acetan” la normativa en vigor y me es completamente indiferente para poder saber por qué el Gobierno ha elegido precisamente estas fechas para su decretazo, cuestión a la que no ha querido responder el Sr. Blanco. Del mismo modo, ignoro el “ojeto esato” (sic) de las negociaciones entre AENA y los controladores, pero me preocupa saber por qué este Gobierno no previó las consecuencias que podían acarrear sus decisiones. ¿Cómo es posible que el Gobierno no supiese que se iba a montar este jaleo? Si lo sabía y no hizo nada, mal y si no lo sabía peor.

Que por primera vez en la Democracia un Gobierno haya tenido que acudir a decretar el estado de alarma suspendiendo así derechos constitucionales es tremendamente significativo del estado de deterioro de la situación. Y que el Sr. Rodríguez Zapatero no salga a dar la cara lo es aún más. Por primera vez un Gobierno suspende derechos constitucionales y ¿no tiene nada que decir a los ciudadanos el Presidente del Gobierno? Es absolutamente increíble. El Portavoz del Partido Popular, Sr. Pons ya se ha ocupado en el día de hoy de recordárselo a la ciudadanía.

Pero, claro, no cabría preguntarse lo mismo del Jefe de la Oposición. ¿Acaso la promulgación del estado de alarma por primera vez en nuestra democracia no exigía una comparecencia pública inmediata del Presidente del Partido Popular? Yo creo sinceramente que sí. Como creo que es un error achacar al Sr. Zapatero lo mismo que hace el Sr. Rajoy, aunque las responsabilidades sean distintas. Como decía el Conde de Romanones: ¡Vaya tropa!

Santiago de Munck Loyola