Carta abierta a D. Alberto Fabra.

Sr. D. Alberto Fabra:

Le escribo en mi calidad de ex militante del Partido Popular al haberme expulsado usted y sus acólitos por pedir más honradez, más democracia interna y la regeneración del que era, si no lo remedian los Tribunales, mi partido en el que he militado desde su fundación, arriesgando mucho, como tantos otros, como cargo público del mismo. Y le escribo porque he leído con indignación sus palabras en los medios de comunicación sobre la necesidad de hacer un pacto con las demás fuerzas políticas contra la corrupción. Ha pedido usted un "gran pacto entre partidos" para luchar contra la corrupción y se ha comprometido a apostar por la "tolerancia cero" ante "cualquier comportamiento inadecuado". Y no sólo eso, además, ha añadido que va a impulsar más medidas de regeneración porque si no se genera "confianza" con los ciudadanos se producirá un "desencuentro" que no se podrá superar.

Sr. Fabra o bien es usted un cínico y actor consumado o bien no se entera de nada o bien es tal su debilidad política que se “la cuelan” por todos sitios y, en especial, desde Alicante. ¿De qué pacto habla usted contra la corrupción? ¿De qué tolerancia cero habla? ¿Se trata de otra falacia como la de la línea roja? ¿A quién quiere seguir engañando? Mire usted, Sr. Fabra, cuando las palabras no van acompañadas por los hechos, de poco sirven. Y sus hechos, las actuaciones suyas y las de sus subordinados alicantinos indican muy claramente otra cosa.

Usted nos ha expulsado del PP a mí y a otro compañero por pedir cosas tan básicas como honradez, honestidad, democracia interna y participación y por pedirlo públicamente ante la imposibilidad de obtener respuestas en una organización que desde hace años no funciona. Y para ello nos abrió un expediente cuyo instructor ¡Oh! casualidades de la vida, está denunciando en anticorrupción por graves irregularidades en su Ayuntamiento. El Partido que usted preside, o que parece que preside, nos ha dicho por escrito que no se puede pedir la regeneración del PPCV porque hacerlo es tanto como dar a entender que todo el PPCV es corrupto. Y se han quedado tan anchos. ¿Y viene usted a hablar de medidas de regeneración? ¿Tolerancia cero? ¿Es la misma tolerancia cero que practica la inmensa mayoría del grupo Parlamentario del PPCV en las Cortes Valencianas que suscribe peticiones de indulto para políticos delincuentes, Sr. Fabra? Y su línea roja, D. Alberto, ¿dónde ha quedado? Porque, según los planes del Sr. Ciscar, en Alicante, nada de nada. ¿O acaso no se ha enterado usted de que el fragmentado PP de la ciudad de Alicante ha creado un ilegal Consejo de Dirección que estará coordinado por la alcaldesa imputada? Éste y no otro es el valor que parece que tiene su palabra Sr. Fabra.

Ofrecer un pacto contra la corrupción a los demás partidos, Sr. Fabra, con estos antecedentes y con esa credibilidad que le otorgan sus propios hechos es hacer el ridículo más espantoso. Alguien que utiliza a personajes de dudosa actuación para expulsar y silenciar a los compañeros que piden la regeneración interna no tiene ninguna credibilidad, ni autoridad moral o política para proponer ese tipo de pactos. Y el primer pacto que debería proponer lo es con los sufridos militantes y afiliados del Partido Popular que tienen que padecer diariamente el bochorno que muchos de sus dirigentes en la Comunidad Valenciana les producen. El mejor antídoto contra la corrupción, Sr. Fabra, es la democracia interna, es la transparencia, la participación y el control de las bases sobre la actuación de sus cargos públicos. De manual, Sr. Fabra, le guste o no (que está claro que no le gusta). Tiene usted lo que tiene porque los militantes no pintan nada, porque colocan en las listas a los amiguetes, a los parientes y a los enchufados y no a los mejores, ni siquiera a los que reciben más apoyos de la militancia. Y así les luce el pelo.

No puede haber pactos contra la corrupción cuando quien lo propone no está dispuesto a limpiar su casa, ni siquiera está dispuesto a cumplir su propia palabra y deja que los mercenarios políticos sigan haciendo y deshaciendo a su antojo. Pacte con su militancia, Sr. Fabra, devuélvale la palabra de verdad, sin filtros, sin intermediarios y verá como las cosas cambian de verdad y a mejor. Y, si no, al menos no haga más el ridículo, ni siga avergonzando a tanta gente honrada que en su día votó al PP.

Santiago de Munck Loyola.

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PPCV y UGT a la par.

Dos importantes noticias de esta semana subrayan la importancia del nivel de degeneración de parte de la clase dirigente de nuestro país, tanto en su vertiente política como sindical. El PPCV, personificado en Carlos Fabra, y la UGT, en su versión andaluza, aunque no sólo allí, son los protagonistas de las noticias en torno a la catadura moral de quienes “lideran” nuestra sociedad. Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación de Castellón y ex muchas otras cosas, amasador de fortunas inexplicables y progenitor de la insigne y culta diputada popular, Andreita “que se jodan”, ha tomado el relevo en los titulares periodísticos de su conmilitón popular Pedro Hernández Mateo, ex alcalde de Torrevieja y ex diputado popular. El primero, tan agraciado él con las loterías del Estado, ha sido declarado culpable de cuatro delitos contra la hacienda pública, aunque ha sido absuelto de los delitos de tráfico de influencias y cohecho y habrá que esperar a la resolución de los recursos pertinentes que confirmen o no esta condena. El segundo, condenado ya por el Tribunal Supremo y declarado, por tanto, delincuente, diga lo que diga al respecto el Presidente del PP de Valencia Sr. Rus cuyas aportaciones jurídicas seguramente pasarán a la historia, está a la espera de que el Gobierno se pronuncie sobre la petición de indulto, que tan entusiásticamente ha solicitado la inmensa mayoría de los diputados del Partido Popular, para entrar o no en prisión.

Por su parte, diversas informaciones están poniendo de relieve la peculiar forma de buena parte de la clase sindical de administrar los fondos públicos que reciben de los contribuyentes. Al mayor caso de corrupción de la historia de España, el caso de los EREs falsos, protagonizado por sindicalistas de UGT, empresarios y miembros del PSOE andaluz que supuesto el saqueo de casi 1000 millones de euros hay que añadir ahora el incesante goteo de informaciones del tinglado montado por el sindicato socialista, y no sólo en Andalucía, para financiarse con dinero público y para desviar esos fondos hacia fines no precisamente altruistas. Tiene lo suyo que un sindicato pague con fondos destinados a la formación de desempleados cenas multitudinarias, mariscadas o viajes al Caribe para la “formación” de centenares de sindicalistas pero que, además, encargue bolsos falsificados hechos por mano de obra explotada en países asiáticos pone perfectamente de relieve la catadura moral de estos sindicalistas. Y qué decir de los globos a un euro comprados y cargados a cuenta de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Alcorcón y pagados sin rechistar por el Alcalde de entonces, hoy senador socialista. 

Si a alguien le sorprende todo esto es porque quiere o porque la memoria es frágil. Después de la que montaron los de UGT con aquella famosa promotora de viviendas, la PSV, que tanto dinero costó a los contribuyentes ¿a quién le puede extrañar que sigan haciendo de las suyas con el dinero que no es de nadie, como diría la Sra. Salgado? Se comprende perfectamente que los sindicatos españoles sean tan reacios a ser incluidos en la Ley de Transparencia. En cuanto se les pide la más mínima explicación sobre el uso del dinero público o, incluso de algo tan sencillo como el uso de los créditos sindicales que muchos representantes usan para su beneficio particular, ponen el grito en el cielo alegando que se pretende atentar contra la libertad sindical.

El PPCV y la UGT comparten unos mismos “méritos”: con sus acciones contribuyen al desprestigio de la actividad política y sindical, ambas organizaciones ensucian la vocación de servicio público que debía primar en su seno y ambas necesitan una profunda regeneración porque las dos cuentan con miles de afiliados honestos que sienten una profunda vergüenza por la actuación o la pasividad de sus dirigentes. Las declaraciones de los líderes de ambas formaciones no se corresponden con la realidad tozuda de los hechos. No es posible pintar líneas rojas y convertirlas en discontinuas a capricho, no cabe proclamar con cada caso de corrupción que se trata de casos aislados cuando por su proliferación es evidente que hay algo interno que los facilita, no es admisible tratar de circunscribir responsabilidades alegando que existe autonomía interna y no vale esconderse denunciando la existencia de campañas de acoso contra los sindicatos o para encubrir otros casos como el de Bárcenas.

El PPCV de Fabra y Ciscar y la UGT de Méndez son el ejemplo perfecto de por qué nuestro país necesita una profunda regeneración democrática. Son el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando las organizaciones políticas y sindicales desconectan de sus bases, controlan y limitan la democracia interna, ahogan el debate interno, impiden la autocrítica y se enquistan en las redes del poder y de la administración de tal modo que para subsistir necesitan retorcer la Ley, tolerar comportamientos abusivos y alimentar parásitos políticos con redes clientelares. Más claro el agua.

Santiago de Munck Loyola

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El PPCV corrupto que Fabra y Ciscar amparan.

El diario digital http://www.elconfidencial.com publica hoy un artículo, que por su interés reproduzco a continuación, y en el que avanza el contenido del libro del periodista Sergi Castillo que se presentará el próximo 3 de diciembre haciendo un repaso bastante completo del mugriento panorama de escándalos y corrupción que muchos cargos públicos del Partido Popular han dejado a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana. A su vista, no parece muy prudente hablar de casos aislados para tratar de exculpar a los responsables de una organización política cuya inmensa mayoría de miembros está compuesta por personas honradas y decentes, aunque eso sí, también hay que decirlo, por personas profundamente acobardadas porque rechazando como rechazan estas sucias conductas las avalan con su silencio y su pasiva complicidad. Los autores de esta larga lista de hechos y sus jefes son los responsables además de una mala gestión de las administraciones públicas valencianas que se ha traducido en su quiebra y que se ha debido, sobre todo, a un constante y sistemático incumplimiento de los principios éticos del Partido Popular y de sus programas electorales. Es evidente que cuando la política se convierte en el modus vivendi de gente sin escrúpulos, sin ideología y sin preparación intelectual y técnica termina ocurriendo lo que aquí ha ocurrido. Se gobierna sin guías políticas, sin objetivos programáticos y a golpe de ocurrencia, de encuestas o de pelotazos. No lo dice un servidor de forma gratuita, lo dicen los hechos.

Y es este ambiente de impunidad total, de servilismo al superior, de mercenarios de la política y de indocumentados con traje y gomina en el que tanto aprovechado se mueve tan a gusto es en el que ha florecido lo peor de lo peor. Y a la responsabilidad individual de cada uno de los implicados hay que sumar la responsabilidad corporativa encarnada en los dirigentes populares quien han consentido, ignorado o avalado con su pasividad todo ello y, lo que es peor, han expulsado del Partido Popular a quienes hemos venido reclamado más honradez, más ejemplaridad y más democracia interna que es, en el fondo, el verdadero antídoto contra la corrupción. En este sentido Alberto Fabra en la Comunidad y José Ciscar en Alicante son los impulsores y los promotores de las expulsiones de quienes reclamamos la regeneración del Partido Popular y, por tanto, son los auténticos cómplices políticos de quienes manchan y siguen manchando el buen nombre el Partido Popular.

El saqueo de Valencia: el PP ya tiene 100 imputados por corrupción en la comunidad.

José L. Lobo

Expresidentes y vicepresidentes de la Generalitat, exconsejeros autonómicos, altos cargos, diputados provinciales, alcaldes, concejales, funcionarios... El virus de la corrupción se ha contagiado a todas las instituciones públicas de la Comunidad Valenciana, controladas por el PP desde hace casi dos décadas; y la lista de imputados crece sin parar, en un bucle que parece no tener fin. Ya son más de 100 los señalados por la justicia, un auténtico récord para una región que apenas supera los cinco millones de habitantes.

"No son Alí Babá y los 40 ladrones; son muchos más", afirma irónicamente el periodista Sergi Castillo, que el próximo 3 de diciembre presentará en Madrid Tierra de saqueo, un exhaustivo trabajo de investigación y documentación en el que destripa el cáncer de la corrupción en la Comunidad Valenciana, que se ha extendido como en ninguna otra región hasta alcanzar todas las terminales del poder político. Y que ha alcanzado una fase terminal que puede resultar letal para las aspiraciones electorales del PP, tanto en Valencia como en el resto de España.

"Mi libro es, en realidad, una obra colectiva", asegura Castillo, "porque parte de las investigaciones previas de varios medios de comunicación, entre ellos El Confidencial". El hilo conductor que le ha servido para desenredar el ovillo de la corrupción ha sido la rama valenciana del caso Gürtel. Pero las tramas del saqueo son muchas más: los casos Nóos (que tiene también bajo sospecha al expresident Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá), Brugal, Emarsa, Cooperación, Terra Mítica, aeropuerto de Castellón, Canal Nou...

La lista negra de la corrupción supera ya los 100 imputados. Entre ellos, un expresidente de la Generalitat (José Luis Olivas, que también fue presidente de Bancaja), dos exvicepresidentes (José Víctor Campos, ya condenado en el llamado caso de los trajes, y Vicente Rambla), cinco exconsellers (Rafael Blasco, Angélica Such, Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Fernando Cartagena, también condenado), nueve diputados autonómicos y un sinfín de altos cargos de empresas públicas controladas por la Generalitat.

En ese sombrío listado del saqueo de las arcas públicas aparecen también una expresidenta de las Cortes Valencianas (Milagrosa Martínez, que fue además consellera de Turismo), un exsecretario general del PP regional (Ricardo Costa, antiguo hombre de confianza del expresident Francisco Camps y hoy enfrentado a él), dos expresidentes provinciales del partido (Carlos Fabra, de Castellón, y José Joaquín Ripoll, de Alicante), los actuales alcaldes de estas dos ciudades (Alfonso Bataller y Sonia Castedo) y varias decenas de alcaldes, directores generales y jefes de gabinete.

Todos ellos están imputados por un repertorio de delitos que van de la prevaricación al tráfico de influencias, pasando por el cohecho, la malversación, la estafa o el blanqueo de capitales. Y hasta el abuso sexual: Vicente Sanz, exsecretario general y jefe de personal de Radio Televisión Valenciana (RTVV), abusó de varias trabajadoras de Canal Nou con amenazas y falsas promesas de ascensos laborales. El auto de procesamiento recoge frases como esta: "Mostró su sexo erecto y le decía: dame una chupaeta". El expresident Eduardo Zaplana buscó a Sanz un retiro dorado en la televisión pública tras verse implicado en un escándalo urbanístico y pronunciar una frase inolvidable: "Estoy en política para forrarme".

Rebelión y deslealtad

El presidente de la Generalitat, que aún no ha pasado el trago amargo del cierre de la radiotelevisión pública (cinco de cuyos exdirectivos están imputados), se enfrenta ahora a una rebelión en sus propias filas protagonizada por aquellos a los que ha salpicado de lleno la corrupción. Nada menos que nueve diputados autonómicos del PP lo están, y Alberto Fabra ya ha advertido a todos ellos que no repetirán en las candidaturas del partido para las elecciones autonómicas y municipales de 2015. Ni ellos ni ningún otro cargo bajo escrutinio judicial.

Los nueve parlamentarios imputados no tienen nada que perder, porque saben que ya no ocuparán su escaño en la próxima legislatura. Por eso se permiten incluso exhibir en público su deslealtad hacia Fabra, promoviendo, en contra del criterio de su propio líder, el indulto para otro imputado y ya condenado por corrupción: el exalcalde de Torrevieja (Alicante) y exdiputado autonómico Pedro Hernández Mateo. Nada menos que 45 de los 54 parlamentarios del PP pidieron la semana pasada esa medida de gracia para Mateo, que está a punto de ingresar en prisión por prevaricación.

Santiago de Munck Loyola

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La indignidad política en las Cortes Valencianas.

María del Carmen García

Hace muy pocos meses, 21 asociaciones y 1.500 firmas respaldaron una petición de indulto presentada ante la Subdelegación del Gobierno de Alicante para la mujer de Benejúzar, María del Carmen García, condenada por pegar fuego al violador de su hija. Que se sepa, los diputados del Grupo Popular en las Cortes Valencianas siguieron a lo suyo y no se movilizaron para recoger firmas suscribiendo esta solicitud de indulto.

En 2007, una joven, Melani López, fue condenada a tres años y tres meses de prisión junto a otro joven por cultivar marihuana en una finca en Cervera del Maestrat (Castellón). Según la primera sentencia, el valor del producto que habrían podido obtener habría podido llegar a los 50.000.- €, por lo que además se les impuso una multa de 108.000.- €. Tras varios recursos en los que los jóvenes alegaban su inocencia, la sentencia fue firme en noviembre de 2012 y la joven que ya había rehecho su vida, se había casado y tenía dos hijos, uno de tres años y otro recién nacido, solicitó en marzo de 2013 el indulto al Gobierno. Y que se sepa, los diputados del Grupo Popular en las Cortes Valencianas siguieron a lo suyo y no se movilizaron para recoger firmas suscribiendo esta nueva solicitud de indulto.

Pedro Hernández Mateo

En 2004, el entonces alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateó, cometió los delitos de falsedad en documento oficial y de prevaricación en el procedimiento de adjudicación del mayor contrato de su Ayuntamiento, el servicio de recogida de basura, adjudicado por más de 96 millones de euros a la unión de empresas integrada por Necso Entrecanales Cubiertas-Grupo Generala de Servicios, según sentenció en noviembre de 2012 el Tribunal Superior de Justicia, condenando al exalcalde a tres años de prisión y siete de inhabilitación. El 22 octubre de 2013, el Tribunal Supremo confirmó dicha condena a tres años de cárcel y siete de inhabilitación.

Conocida la sentencia, el 23 de octubre de 2013 José Ciscar, Presidente del Partido Popular de Alicante, al valorar el fallo judicial destacó lo “mucho” que el exalcalde condenado había hecho por Torrevieja. Eso sí, no precisó si lo “mucho” que había hecho por Torrevieja era bueno o malo. Y he aquí, que de pronto, unos días después, el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas despertó de su letargo y en un abrir y cerrar de ojos el 85 por ciento de los diputados del mismo firmó una petición de indulto para que su excompañero, el exalcalde de Torrevieja y exdiputado “popular” en la cámara autonómica, Pedro Ángel Hernández Mateo, no entrase en prisión. 

Andrés Ballester Costa

El promotor de esta excepcional y “humanitaria” iniciativa es el diputado por Alicante (¡Qué vergüenza!) Andrés Ballester. Y se le ha entendido todo perfectamente cuando ha justificado ante los medios de comunicación su iniciativa. El Sr. Ballester ha declarado que no entiende el revuelo causado y que  “lo haría por cualquier otro compañero, incluso por los de la oposición. No es un asesino ni un violador, ni siquiera le han condenado por robar dinero público. Por eso entiendo que, por razones humanitarias, tendría sentido el indulto”. El ilustre diputado alicantino ha añadido que "no me gusta que nadie vaya a la cárcel”, pero se le ha olvidado añadir lo que sus actos indican, es decir, que no le gusta que los políticos vayan a la cárcel, porque si se trata de un ciudadano de a pié eso es harina de otro costal.

Enseguida, el jefe de los diputados firmantes, el presidente de la Generalitat Valenciana y del PPCV, Alberto Fabra, ha afirmado que la formación que preside no respaldará ningún indulto a condenados como partido o grupo y ha destacado que los apoyos de sus diputados se han prestado "a título personal". O sea que los diputados populares firman como diputados pero a título personal. Puede que, una vez más, estemos ante una clara señal de debilidad política de Alberto Fabra o de una doble moral. La misma que le permite proclamar que los imputados no ostentarán cargos orgánicos en el Partido Popular mientras que autoriza a su Vicepresidente José Ciscar a violentar los Estatutos del Partido para que, creando un nuevo órgano, la imputada Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, pueda hacerse con el control del PP en Alicante. Por tanto, poca credibilidad hay que otorgar a estas manifestaciones del Presidente Fabra.

Lo cierto, es que los diputados del Partido Popular que han suscrito esta petición de indulto, lejos de escenificar una acción humanitaria, lo que han hecho es expresar públicamente un corporativismo de lo más indecente posible. El mensaje que han lanzado a la ciudadanía es que no quieren que uno de los “suyos”, un político, vaya a la cárcel por prevaricar y por falsificar documentos públicos, acciones delictivas que a buen seguro tenían una determinada finalidad. Los señores diputados populares firmantes han dejado muy claro que apuestan por la impunidad de los corruptos. Y, por ello, estos señores tan sensibles con sus conmilitones y tan insensibles con los demás ciudadanos no merecen seguir manchando con su presencia las instituciones democráticas. La dignidad política y la ejemplaridad ni están ni se las espera en el Grupo Popular de las Cortes Valencianas.

Santiago de Munck Loyola

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¡Pío, pío que nadie ha sido!

Lo que no puede ser, no puede ser y, además, es imposible. Si no hay dinero para sostener a la RTVV, es imposible sostenerla a no ser que se quite de otro sitio. Hay que reconocer que la dolorosa decisión de cerrar la RTVV y dejar en la calle a más de 1.700 personas que ha tomado el Presidente Fabra es valiente y, posiblemente, la única que se podía tomar tras conocer el varapalo judicial propinado por la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana. Podrá discutirse sobre la necesidad o la conveniencia de que las Comunidades Autónomas dispongan de medios de comunicación propios y, sobre todo, de que  en medio de esta profunda recesión dediquen ingentes recursos públicos al sostenimiento de unos medios de comunicación que, además, nunca han estado al servicio de los ciudadanos, sino de la casta política y de los intereses partidistas del gobierno de turno. Pero sobre lo que no debería caber duda alguna es sobre las prioridades que cualquier gobierno debería tener. Hay servicios públicos que son esenciales y otros que no lo son tanto. Y, por cierto, decenas de asesores, chófer y un cocinero no son esenciales.

Sin embargo, desde una perspectiva política llama mucho la atención la ausencia de la más mínima autocrítica en la comparecencia del Presidente Fabra y en las declaraciones de los principales dirigentes populares. Y llama mucho la atención igualmente que tras un hecho que implica la expresión de un auténtico y rotundo fracaso de gestión, ningún político asuma responsabilidad política alguna, que ningún político pague por su incompetencia y negligencia y que los platos rotos los paguen los de siempre, los empleados despedidos y el conjunto de la sociedad. Y para qué comentar las declaraciones de algunos dirigentes del PP que repiten como loros las consignas de los “argumentarios” oficiales. ¡Lástima de sueldos y de dinero desperdiciados en tanto descerebrado en tal altos cargos!

No queda más remedio que plantearse algunas preguntas para tratar de comprender cómo y por qué se ha llegado a esta situación. La RTVV ha sido cerrada por el Gobierno Autonómico tras conocer la sentencia del TSJ que anulaba el ERE planteado por la dirección del ente público. ¿Por qué el TSJ ha anulado el ERE? Pues la razón de fondo no es otra que la constatación de que el ERE, entre otras cosas, no se ajustaba a los procedimientos legales e implicaba, como denunció la fiscalía, una vulneración de derechos fundamentales. ¿Por qué se ha tenido que llegar a plantear un ERE? Porque la caída de ingresos de la Generalitat Valenciana no ha permitido seguir con lo que era una práctica habitual, con la transferencia continua de fondos públicos a lo que se había convertido en un pozo sin fondo y no quedaba más remedio que redimensionar la RTVV para tratar de frenar sus pérdidas constantes. ¿Por qué la RTVV era un ente ruinoso? Porque los políticos de nuestra Comunidad así lo han querido o consentido. Lejos de atender a los informes técnicos que desde hace diez años venían denunciando que la situación económica de la RTVV era peligrosa e insostenible a largo plazo, nuestros gobernantes no sólo se han dedicado mirar hacia otro lado, sino que, además, no han tenido ningún recato ni vergüenza para usarla como instrumento político al coste que fuera.

No está de más recordar que cuando el Partido Popular accedió en 1995 al Gobierno de la Comunidad Valenciana, heredó una RTVV con unos 600 empleados, con una deuda de 6 millones de euros y una audiencia del 14 %. Dieciocho años después, el gobierno del PPCV deja una RTVV con más de 1.700 empleados, con una deuda acumulada de más 1.200 millones de euros y una audiencia por debajo del 5%. El balance es demoledor y absolutamente vergonzoso. Las cifras cantan y resulta inadmisible que nadie asuma responsabilidad alguna. Entre todos la mataron y ella sola se murió, pensarán algunos. Puede, pero algunos la han matado mucho más que otros. Culpar a la intransigencia de los sindicatos en la negociación del ERE es una muestra de intolerable cinismo. Claro que los sindicatos, que durante años se han venido beneficiando de la “fiesta” del canal público, tendrán su parte de responsabilidad. No se puede ignorar tampoco que las televisiones privadas con mucho más audiencia funcionan con menos de un tercio de personal que la televisión valenciana. Nadie puede honradamente sostener que los más de 1.700 empleados de la RTVV eran necesarios por la sencilla razón de que no había “tajo” para todos. Hay responsabilidades, sin duda, en los sindicatos pero mucho más pequeñas de quienes recibieron la confianza de los ciudadanos para gestionar los bienes públicos como si fuesen propios, con honradez, con ejemplaridad y con eficacia. Y no cabe ninguna duda de que estas cualidades han brillado por su ausencia en la gestión del ente público. No es casualidad que cuatro directivos del mismo estén ahora mismo imputados en diversos casos de corrupción.

El PPCV debe unas disculpas a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y se las debe no sólo por no haber sabido gestionar la RTVV, entre otras cosas, sino también por no asumir sus responsabilidades políticas y por mentirles al no realizar la más mínima autocrítica. No es posible olvidar que el reconocimiento público de los errores, la autocrítica y la rectificación son ingredientes indispensables de la decencia política. Y deben también excusas a los ciudadanos todos esos profesionales que ahora se acuerdan de la ética profesional pero no lo hacían cuando se veían “obligados” a “desinformar” a cambio de sus sueldos.

Santiago de Munck Loyola

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El PPucherazo de Alicante.

Hace poco más de un año, el 12 de octubre de 2012, periódicos como Las Provincias, ABC, Información, El País, El Mundo o Crónica Digital se hicieron eco de las siguientes informaciones:

Que el 11 de octubre de 2012 el Comité Ejecutivo Provincial de Alicante acordaba disolver la Junta Local de Alicante y constituir una Comisión Gestora Constituyente, presidida por el secretario general provincial José Juan Zaplana, con Miguel Zaragoza, como vicepresidente y con los siguientes vocales: Nino Llorens, Asunción Sánchez Zaplana, Marta García Romeu, Pablo Sandoval, Mari Angeles Goitia, Arnaldo Martínez, Miguel Cabeza, Lola Peña, Vicente García, Vicente Cutanda, Juan Manuel Galbis, Vicente Buades, Diego Menor, José Parrón, Israel Cortés Francisco Sempere Buyolo, Tommy Duarte, Francisco Maestre, Manuel Maldonado y Juani Maciá.

Y que, habiendo quedado disuelta la Junta Local, su Presidente, Julio de España, pasaba a ser vocal por designación directa del presidente provincial, José Císcar, iniciativa que fue aprobada además por aclamación por los miembros del Comité Provincial..

Hay que recordar, además, que dichas informaciones no fueron enmendadas o rectificadas por ningún dirigente popular provincial por lo que todo parece indicar que eran ciertas. Y a este hecho hay que sumar que la veracidad de las mismas está ratificada por el testimonio de varios de los asistentes a aquel Comité Ejecutivo en el que se disolvió, ilegalmente como algunos denunciamos y por lo que terminamos siendo expulsados del PP, la Junta Local del Partido Popular de la Ciudad de Alicante

Pero ¡sorpresa! Los afiliados del Partido Popular de Alicante acaban de recibir la convocatoria para las elecciones de las Juntas de Distritos recientemente creadas. ¿Y quién firma la convocatoria? Pues nada menos que el “dimitido o “cesado” ex Presidente de la desaparecida Junta Local del PP de la ciudad de Alicante, D. Julio de España Moya y lo hace firmando para colmo como Presidente de la Junta Local de Alicante. Ni más, ni menos. Ilegalidad sobre ilegalidad, chapuza sobre chapuza. ¿No había cesado D. Julio de España en sus funciones de Presidente al disolver la Junta Local de Alicante? ¿No había sido sustituida la Junta Local de Alicante por una Comisión Gestora Constituyente? ¿En qué quedamos? ¿Se equivocaron todos los medios de comunicación? ¿O más bien se trata de que quien transmitió los acuerdos de aquel Comité mintió a los medios de comunicación? ¿No será que teníamos razón los que afirmábamos que el Comité Provincial carecía de competencias para sustituir una Junta Local por una gestora y que han rectificado sin reconocer su error? ¿Será ésa la razón por la que el Secretario Provincial José Juan Zaplana se negaba a entregar copia del acta de aquella sesión del Comité Provincial?

Sea como fuere es evidente que todo este proceso huele francamente mal, huele a podrido desde el primer día. Ya sabemos para qué se ha montado toda esta comedia, para eludir la regeneración del PP, para sortear la línea roja del Presidente Fabra y para que Alicante no cuente con un Partido Popular fuerte. La vulneración de los Estatutos del Partido Popular está siendo sistemática y está muy claro quiénes son los responsables. Alguien ha mentido y está mintiendo a los medios de comunicación y a los propios afiliados. Si D. Julio de España firma esta convocatoria electoral como Presidente de la Junta Local de Alicante, porque milagrosamente esta Junta sigue existiendo, también está infringiendo las normas del Partido Popular porque en ese caso determinan que deberían celebrarse elecciones a la propia Junta Local y después a las Juntas de Distrito. En el Partido Popular las elecciones internas se desarrollan de arriba abajo, es decir, primero se renuevan los órganos superiores y en último lugar los más pequeños. Y si, por el contrario, D. Julio de España ha firmado la convocatoria electoral como Presidente de una Junta Local inexistente podría estar incurriendo en algo mucho más grave, en un posible ilícito penal. No obstante, en cualquiera de los dos casos serán ahora los Tribunales los encargados de dilucidar la cuestión y de exigir las responsabilidades a que hubiere lugar.

Al hilo de todo esto se pueden plantear dos reflexiones. En primer lugar, la incomprensible actitud de muchos miembros del Comité Provincial que son plenamente conscientes de esta tremenda chapuza jurídica y electoral, y así lo manifiestan en privado, pero que permanecen callados y sumisos, quizás a la espera de alguna migaja de poder o quizás simplemente porque prefieren seguir instalados en la comodidad. Y no es eso lo que se espera de personas con conciencia, íntegras y con vocación política de auténtico servicio a unos valores y a una sociedad. Y, en segundo lugar, lo que supone para los ciudadanos en general el hecho de que quienes son capaces de cometer estas chapuzas jurídicas y tropelías antidemocráticas, y quienes con su sumisión y cómplice silencio las consienten, ostenten en muchos casos responsabilidades de gobierno en diferentes administraciones públicas. No es posible dejar de plantearse que si es así como gestionan su propia casa, qué no serán capaces de hacer cuando gestionen otras. ¡Qué peligro!

Santiago de Munck Loyola

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Ciscar liquida la regeneración del PP.

La dirección provincial popular de Alicante acaba de convocar las elecciones internas a la Presidencia de las recientemente creadas cinco Juntas de Distrito de la ciudad de Alicante. Con ello se pretende culminar un proceso electoral desarrollado de espaldas a los afiliados e iniciado hace más de un año con la supresión ilegal de la Junta Local de la ciudad de Alicante que se ha saldado, entre otras cosas, con la expulsión de quienes lo hemos venido cuestionando. No se trata de un asunto menor, tras ese cambio de estructura organizativa del Partido Popular de la ciudad de Alicante se esconden importantes cuestiones de fondo que tienen que ver con la democracia interna y con la regeneración democrática de un partido profundamente necesitado de las mismas.

Los ilustres vecinos de Teulada y San Vicente, Sres. Ciscar y Zaplana respectivamente, decidieron que los afiliados de la ciudad de Alicante ni siquiera debían opinar sobre cómo se debía organizar el partido en la ciudad y acordaron suprimir la Junta Local de la ciudad, sustituirla por cinco Juntas de Distrito e inventarse un nuevo órgano, el Consejo de Dirección, coordinado por la Alcaldesa de Alicante. Es decir, que los afiliados alicantinos pasarían a ser afiliados de segunda comparados con los de las demás localidades de la Provincia. Y ¿por qué han retorcido de esta manera los propios Estatutos del PP creando este engendro? ¿Por qué este fraude político y electoral? Pues hay varias razones.

De todos es conocido que la Junta Local del PP no funcionaba desde hace muchos años y que la democracia interna brillaba por su ausencia como lo demuestra el hecho de que no se celebrasen elecciones internas desde hace 8 años o que los afiliados careciesen de cauces de participación. La inexistente organización local solo era unas siglas, un coto cerrado de reparto de puestos y prebendas entre grupos y “familias”. La nueva dirección provincial, en lugar de optar por abrir un proceso electoral limpio, abierto, transparente y participativo, optó por cortar el paso a cualquier alternativa interna regeneradora nacida de las bases con el fin de seguir controlando el dinero de los militantes alicantinos, de impedir que el PP alicantino pudiera resurgir fuerte y renovado haciendo sombra al provincial y, sobre todo, de controlar a la militancia para perpetuar los viejos hábitos. Pero, conseguidos estos objetivos, existe uno aún más importante y que tiene que ver con la famosa línea roja trazada por el Presidente Fabra según la cual ningún político imputado puede optar a cargos orgánicos del PP. Nada impide estatutariamente que Sonia Castedo, pese a estar imputada por diversos delitos, pudiera optar a presidir el PP de la ciudad. Hoy por hoy, ella goza de toda la presunción de inocencia y no tiene limitados sus derechos políticos. Lo impide una directriz, no una norma, del Presidente Fabra que pocos se atreven a cuestionar públicamente, pero que José Ciscar y su equipo han decidido sortear para conseguir que, sin ser elegida por los afiliados, Sonia Castedo se sitúe en la cúpula de los PP’s de la ciudad de Alicante.

Para lograrlo se han inventado un Consejo de Dirección de los cinco distritos que será coordinado casualmente por quien ostente la Alcaldía de Alicante, o sea, Sonia Castedo. Confunden así el partido con el Ayuntamiento, resucitando prácticas totalitarias, sacrifican los derechos políticos de los afiliados a la situación procesal de la Alcaldesa y propinan una sonora bofetada a las directrices del Presidente Fabra, a la democracia interna y a la imprescindible regeneración democrática de una organización cuyos sacrificados militantes no se merecen tanto desprecio y manipulación como la que están haciendo gala algunos dirigentes provinciales. Ahora se comprende que el Secretario Provincial presidiera una cena de homenaje a la Alcaldesa tras ser imputada, que se reuniera con ella para “apuntalar” el proceso electoral interno, que se haya perseguido a los militantes que han reivindicado más ejemplaridad, más honradez y más democracia y que el Presidente Provincial, José Ciscar, declarase el 1 de octubre que Sonia Castedo seguía siendo la mejor candidata popular a la Alcaldía de Alicante. Con dirigentes así, el PP alicantino no necesita adversarios. Algunos recogerán muy pronto lo que están sembrando y desgraciadamente lo veremos en las urnas.

Santiago de Munck Loyola

Presidente del Foro Esperanza Popular

– Movimiento de Bases de Alicante.

La contabilidad oculta del PP de Alicante.

Parece que lo que  hasta ahora era un insistente rumor se empieza a confirmar: la Agencia Tributaria, es decir el propio Ministerio de Hacienda, considera en dos informes remitidos al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana se financió irregularmente y cometió fraude en el pago del IVA, como colaborador, durante los años 2007 y 2008, por servicios realizados y no facturados por la sociedad de la trama Gürtel Orange Market. Según estos informes, insisto, del Ministerio de Hacienda, el dinero negro con el que se financiaron sobre todo actos electorales del PPCV asciende a 2.960.000 euros en 2007 y a 405.450 euros en 2008. Y, por tanto, el fraude en el pago de IVA cometido por Orange Market, con la necesaria colaboración del PPCV, en 2007 fue de 473.000 euros, es decir, un delito fiscal. Y el fraude en 2008 fue de 64.800 euros y, por tanto, una infracción administrativa.

No estamos hablando de especulaciones, de rumores o de infundadas acusaciones de la desnortada oposición, sino de informes elaborados por los inspectores de la Agencia Tributaria, del propio Ministerio de Hacienda. Tanto el Secretario General del PPCV, Serafin Castellano, como la Alcaldesa de Valencia se han limitado a señalar que las cuentas del PP están auditadas. ¡Faltaría más! Están auditadas las cuentas que se declaran, pero no, evidentemente, las que no se declaran, las que se ocultan, como ocurre en el caso de cualquier doble contabilidad. Por su parte, el Presidente de la Generalitat Valenciana y máximo responsable del PPCV, Alberto Fabra, negó rotundamente ayer que el Partido Popular en su comunidad funcione con una contabilidad B, añadiendo que “no tenemos nada que esconder”.

Pues bien, hay que hacer dos precisiones, puede ser que ahora no se funcione en el PPCV con una contabilidad B, pero eso no significa que en el pasado, tal y como informa la Agencia Tributaria, haya sido así. Y la segunda precisión se refiere a la afirmación de que “no tenemos nada que esconder”. O el Presidente Fabra miente o está equivocado porque alguien le está engañando. En Alicante sí que tienen algo que esconder y los Sres. Ciscar, J.J. Zaplana y Julio de España lo esconden. Y lo esconden a los propios afiliados del Partido Popular y a quienes legalmente tienen que fiscalizar las cuentas del Partido Popular de Alicante.

Es un hecho reconocido, que además ha obligado a Génova a intervenir directamente que en la Provincia de Alicante, que el Partido Popular en muchos pueblos ha eludido el control del Tribunal de Cuentas creando asociaciones fantasmas a través de las cuales canalizaba sus gastos e ingresos. Esta situación que se arrastraba desde hace años ha sido también consentida por la actual Dirección Provincial de Alicante y buena prueba de ello es que no ha adoptado ni una sola sanción, ni una sola medida contra los responsables de estas prácticas ilegales y contrarias a los Estatutos del Partido Popular.

Por el contrario, lo que sí ha hecho el Secretario Provincial J.J. Zaplana es impulsar la expulsión de los afiliados que promovemos la honradez y la regeneración en el Partido Popular y que desde el pasado mes de marzo le comunicamos reiteradamente por escrito la existencia de posibles irregularidades en las cuentas de la campaña electoral de 2007 del PP de la ciudad de Alicante, de posibles deudas electorales impagadas, del incumplimiento de las normas presupuestarias recogidas en los Estatutos del PP y nuestro deseo, al amparo de lo establecido en la legislación vigente, de proceder al examen de la contabilidad del partido local. La negativa de los dirigentes provinciales a rendir cuentas ante los afiliados es, además de ilegal, cuando menos sospechosa y, desde luego, contradice sin lugar a dudas la afirmación del Presidente Fabra de que no hay nada que esconder. Pues bien, Sr. Fabra, en Alicante todo indica que sí hay algo que esconder y que, de hecho, el Sr. Zaplana y demás dirigentes provinciales y locales lo esconden. Y si estos dirigentes creen que expulsando del partido a los que hemos pedido ver las cuentas se ha acabado el problema, se equivocan. Más afiliados van a pedir lo mismo: examinar las cuentas del PP, de las campañas electorales y poder así o bien despejar sus dudas o confirmarlas. Van a tener que expulsar a muchos más para poder seguir ocultando la contabilidad. Para que luego digan que no hace falta ninguna regeneración democrática.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

Lo que Fabra quiere y lo que en Alicante hacen algunos.

“Quiero un PPCV digno, honesto, honrado y que mire a los ojos a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana”, manifestó ayer en Biar el Presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Alberto Fabra, en un almuerzo de trabajo con más de 150 alcaldes, portavoces y militantes del PP de la comarca del Alto Vinalopó. Y un servidor también quiere lo mismo al igual que la inmensa mayoría de los militantes populares. Pero por quererlo y decirlo en público, ya que dentro del PP no hay foro alguno para ello, me quieren poner en la calle. No cabe ninguna duda de las intenciones y de los deseos del Presidente Fabra, son auténticos. Pero algo chirría en la maquinaria popular, algo no funciona e impide que la voluntad política, la dirección política de su líder se corresponda con los hechos, con la realidad de un partido que al menos en la Provincia de Alicante ni siquiera puede mirar a los ojos de sus propios militantes.

Mientras el Presidente Fabra lleva tiempo marcando una línea muy concreta da la sensación de que la dirección popular alicantina va por otro camino. Mal se compadecen las declaraciones del Presidente Fabra con el estilo chulesco y prepotente y las actuaciones de parte de la dirección provincial de Alicante. Hay varias hipótesis para intentar explicar esta incoherencia: o el Presidente Fabra está muy mal informado sobre la trayectoria popular en nuestra Provincia o su liderazgo es tan débil que no puede imponer sus objetivos políticos o que pasa olímpicamente de lo que aquí ocurre.

Resulta incompatible la voluntad del Presidente Fabra con el hecho de que el Secretario Provincial José Juan Zaplana, que por cierto estaba sentado a su lado en la mesa en Biar, participase en la mesa presidencial de las cenas de homenaje a cargos públicos imputados por la Justicia o que impulse la expulsión de los afiliados que pedimos democracia interna, que ni está ni se la espera, en el PP de la ciudad de Alicante, que reclamamos una regeneración democrática y que exigimos ejemplaridad a nuestros políticos. Resulta incoherente que el Presidente Fabra diga que quiere un PPCV digno, honesto y honrado mientras que el instructor de las expulsiones el inefable, D. Felipe del Baño, nos dice por escrito a través del Comité de Derechos y garantías del PPCV que no podemos pedir públicamente democracia interna, honradez o regeneración porque hacerlo es tanto como acusar al PP de todo lo contrario. Suena raro el deseo expresado por el Presidente Regional cuando se constata que durante muchos años el Partido Popular de Alicante, vulnerando los propios Estatutos del PP, ha consentido la existencia de asociaciones fantasmas en muchos municipios que gestionaban de forma paralela los fondos del PP con el fin de eludir el control del Tribunal de Cuentas y que ese hecho no se haya saldado con la apertura de ni un solo expediente disciplinario. Es contradictorio ese deseo con el hecho de que alguno de los máximos responsables provinciales siga en su puesto después de ir explicando a algunos afiliados cómo se monta una contabilidad paralela o con el hecho de que las direcciones local y provincial de Alicante se nieguen a informar a los afiliados de las cuentas del partido, vulnerando con ello la propia Ley de Partidos Políticos.

No se puede mirar a los ojos de los ciudadanos o de los militantes cuando en 2011 la dirección Provincial de Alicante, según los medios de comunicación, se gastó más de 35.000 euros en comidas y no se dan explicaciones, ni nadie asume responsabilidades. No se puede mirar ni tan siquiera a los ojos de los militantes o de los afiliados cuando los órganos directivos provinciales se saltan los Estatutos del Partido, cuando los órganos regionales encargados de hacerlos cumplir no se molestan ni tan siquiera en dar acuse de recibo de las denuncias interpuestas por los afiliados o cuando siguen tratando a los afiliados de la ciudad de Alicante como simples vasallos, obligados a pagar su cuota, a trabajar por el partido cuando así se les requiera mientras se les niega el derecho a decidir si quieren o no tener una Junta Local propia. No es posible sostener un discurso como éste mientras se consiente, se ampara o se ignora unos modos de proceder impropios de una organización política moderna, dialogante, participativa y democrática.

Hay muchas formas de hacer política pero, como ocurre en la vida diaria, las que se sustentan sólo en palabras y no en los hechos tienen un corto recorrido. Se acercan unas importantes elecciones y toca, como no, acordarse de los votantes y de los militantes. Ahora algunos se acuerdan de que los afiliados están para algo más que para pagar las cuotas. Hay que movilizar al partido dicen, o sea a los militantes de base, a los mismos que en la ciudad de Alicante, por ejemplo, llevan años y años ignorando. Cuando hay que decidir cosas importantes no, ya toman ellos las decisiones aunque carezcan de mandato congresual para ello, como cuando se “cepillaron” al PP de la ciudad de Alicante (no olvidemos que a la Provincial le viene de perlas el dinero de las cuotas de la ciudad para costear la sede de los provinciales). Por cierto, ¿pedirán ahora a los afiliados a los que no dejaron votar en las elecciones internas por no poder pagar la cuota que ejerzan de apoderados e interventores en las europeas?

Somos muchos los que deseamos un PPCV digno, honesto, honrado y que mire a los ojos a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana y a los propios militantes populares. Somos muchos los que compartimos ese deseo pero también nos damos cuenta de que hay quienes, quizá compartiendo el mismo deseo, lo arrincona y no están dispuestos a asumir la más mínima crítica interna e impiden con ello el imprescindible movimiento regenerador que necesita el PPCV. Son los advenedizos, los mercenarios de partido, los vividores de la política los menos interesados en que la renovación y el aire fresco inunden la organización. Son pocos, sí, pero tan estratégicamente situados que terminarán por frustrar cualquier esperanza que pueda impulsar el Presidente Fabra. Y en Alicante lo están consiguiendo.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

¿Expedientará el PPCV a Mariano Rajoy?

El pasado mes de julio nos fue notificada a Antonio Sobrino Ribes y a mi la decisión del Comité de Derechos y Garantías del PPCV por la que, tras analizar el supuesto expediente “informativo” que se nos había incoado meses antes, se acordaba suspendernos cautelarmente de militancia en el PP, abrirnos un nuevo expediente disciplinario por presuntas infracciones de varios Artículos de los Estatutos del PP sancionables con la expulsión del mismo y concedernos 15 días para presentar alegaciones. Esta decisión, no por esperada, deja de causar asombro por muchos motivos. En primer lugar, porque la suspensión cautelar de militancia tiene su miga. Es una decisión estatutariamente prevista para los casos en los que están implicados cargos públicos o cargos orgánicos que mientras se sustancia un expediente disciplinario podrían usar sus cargos para obstaculizarlo, pero no para simples militantes. Es llamativo que ni siquiera Bárcenas fuera suspendido de militancia en su día, pero los miembros del comité han debido entender que somos sumamente peligrosos y que si conservamos nuestros derechos de afiliados mientras nos “empapelan” podríamos, quizás, cometer algún estropicio irreparable.

En segundo lugar, sorprende por el desparpajo y por la presunta incapacidad de intentar cubrir las apariencias, es decir, de intentar que parezca que se guardan y respetan las garantías jurídicas procesales propias de una organización democrática en un país democrático. No creo incurrir en una descalificación o en una falsedad si afirmo que todo es una farsa. A nadie se le escapa que a los miembros del ilustre comité les importa muchísimo lo que hayamos o dejado de hacer los acusados y lo que podamos o no alegar en nuestra defensa. Les importa tanto que antes de iniciarse el procedimiento ya anunciaron el veredicto: la expulsión. Así, el 22 de enero el Diario ABC, en su edición de la Comunidad Valenciana, el corresponsal David Martínez publicó bajo el titular “El PP expulsará a dos afiliados críticos con Castedo y Císcar” lo siguiente “El comité de derechos y garantías del PPCV, que preside el alcalde de Sagunto, Alfredo Castelló, ha iniciado el procedimiento para expulsar del partido a dos militantes de la agrupación alicantina: Santiago de Munck y Antonio Sobrino”. Es decir, antes de abrir el supuesto expediente informativo los responsables del Comité de Derechos y Garantías del PPCV filtraron a la prensa que ya habían dictado sentencia, que nos iban a expulsar del PP por ser críticos. Que nadie piense que se trata del más puro estilo bananero, no. Un fallo lo tiene cualquiera y el hecho de que se filtrara a la prensa la circunstancia de que sin haber empezado juicio alguno ya hubiera sentencia, no quiere decir nada. Aquí se guardan las formas y aunque ya haya sentencia sin conocer ni los hechos ni las acusaciones, se tramita ahora un segundo expediente y hasta se nos ha concedido un período de alegaciones y de prueba. ¿Es todo esto una farsa? ¿Alguien duda de la ética o moral que anima a los miembros de tan selecto Comité?

En tercer lugar, sorprende aún más el contenido del pliego de cargos redactado por el Diputado autonómico Felipe del Baño. ¡Vaya papelón el suyo! Pero, en fin, cuando alguien se presta a ello sus buenas razones tendrá. No se trata sólo de que en el pliego de cargos se haya omitido cualquier referencia a las reiteradas infracciones de los Estatutos Nacionales cometidas por dirigentes alicantinos y que en su día y en el propio expediente informativo han vuelto a ser denunciadas por los acusados, sino que se construye una fabulosa teoría para intentar justificar el prejuicio establecido con unas frases y unos razonamientos que van a dar para toda una serie de artículos. Parece que en el Partido Popular todos somos iguales, pero unos más que otros y, por ello, algunos pueden infringir continuamente los Estatutos del Partido con total impunidad ya que en el ilustre Comité nunca se dan por enterados. Es más, parece que el Comité no tiene tiempo para resolver los recursos o las denuncias de los afiliados pero sí tiene tiempo para expulsarlos sin haber resuelto las anteriores. Que denuncias una infracción de los Estatutos cometida por los dirigentes alicantinos, pues a la calle. ¡Faltaría más! Eso sí, a la calle el denunciante no el denunciado. Entre todas las perlas del pliego de cargos hoy sólo voy a mencionar una. Señala D. Felipe del Baño y suscribe todo el Comité la siguiente frase: “el mero hecho de impulsar una campaña bajo la regeneración, y apoyar el lema, en comentarios que inducen a pensar que la corrupción campa a sus anchas en la organización del Partido, lejos de ser una opinión admisible en el debate democrático, es una falsedad inadmisible en cualquier foro. Está tachándose de forma injustificable y generalizada, de comportamientos antidemocráticos y corruptos a la totalidad de la organización del Partido”. Y se quedan tan anchos. Al parecer promover la regeneración es tachar de forma injustificable y generalizada a la totalidad del Partido de comportamientos antidemocráticos y corruptos. 

Sinceramente, un servidor lo ignoraba pero creo que hay más gente que lo ignora y no se imaginan la que les puede caer encima. Según el ilustre Comité, poner el acento en determinados valores es “dar a entender que no es esta la forma de actuar del Partido Popular”. Esperanza Aguirre debe desconocer estas innegables aportaciones a la teoría política de D. Felipe del Baño y demás miembros del Comité y, por ello, el pasado 6 de febrero de 2013 se atrevió a postular la regeneración democrática del Partido Popular. Según los medios de comunicación la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha insistido este miércoles en que es necesaria una "regeneración democrática" y, aunque ha explicado que se puede contar con ella para llevarla a cabo, ha remarcado que no contempla volver a la primera línea de la política pese a que ésta es su "vida". (http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/06/madrid/1360149271.html) El 27 de julio de 2013, en una entrevista en la revista Yo Dona la Presidenta del PP del País Vasco, Arantza Quiroga, abogaba por una “regeneración política”. El Presidente Alberto Fabra, una vez más, el pasado 9 de junio apelaba a la regeneración y a la honorabilidad del partido (http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/06/08/fabra-apela-regeneracion-honorabilidad-partido/1005217.html)

Y aún más, en la pasada Convención Regional del PPCV el Presidente Rajoy animó al Presidente Fabra  para que persistiera en sus políticas de ajuste del déficit público y, al mismo tiempo, “para que siga con la tarea de la regeneración interna del partido” (http://www.elconfidencial.com/espana/2013/06/08/rajoy-apoya-al-pp-de-fabra-y-le-anima-a-que-siga-con-la-regeneracion-del-partido-en-valencia-122644). ¿Qué quería decir con ello el Presidente Rajoy? ¿Estaba insinuando acaso que hay comportamientos antidemocráticos y corruptos generalizados en la totalidad del Partido? ¿A que no? ¿Cómo es posible que tan altos responsables del Partido promuevan y animen a la regeneración democrática del PP? ¿Acaso desconocen la doctrina “del Baño”? ¿No saben que sus palabras son inadmisibles en cualquier foro? Alguien debería avisarles que la ignorancia de tan sesuda doctrina no es eximente de su cumplimiento y que cualquier día de estos los van a empapelar. ¡Seguro!

Santiago de Munck Loyola