En una sociedad de mercado libre,
no intervenida, competitiva y con instituciones limpias y transparentes el
hecho de que una empresa cualquiera, por muy grande que sea y por muy Ikea que
se llame, decida instalarse en una ciudad como Alicante no debería causar todos
los problemas y debates que en nuestro caso se están generando. La instalación
de esa empresa debería depender fundamentalmente de razones de oportunidad de
mercado y del cumplimiento de la legislación vigente. Y poco o nada tendrían
que decir los políticos salvo en lo relativo a la defensa de los intereses de
los usuarios.
Pero es evidente que no estamos
en una sociedad de mercado libre, no intervenida, competitiva y con instituciones
limpias y transparentes y no lo estamos porque nos gobiernan los que nos
gobiernan y porque se oponen los que se oponen. Unos y otros son los
responsables del lamentable espectáculo que se está ofreciendo para algo tan normal
como que funcione el mercado en una sociedad moderna y occidental. Seguramente,
al observador extranjero toda esta opereta en torno a la instalación de Ikea en
Alicante le suena más a una aventura empresarial en una república bananera que
a la que corresponde a un país y a una ciudad occidental en el siglo XXI.
Han conseguido que la llegada de
Ikea a Alicante esté asociada a la corrupción, al tráfico de influencias y, en
definitiva, a lo peor de una determinada forma de entender el papel de las
administraciones públicas en el funcionamiento del libre mercado. A la vista de
lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo es evidente que en Alicante tenemos,
más bien padecemos, un Ayuntamiento y una Administración Autonómica podridas
hasta la médula que, lejos de servir al interés general, al de los ciudadanos y
consumidores, sirven a intereses particulares y, además, bastante sucios,
gracias a una clase política en buena parte corrupta, servil, irresponsable y,
cuando menos, vergonzosamente pasiva.
Para que una gran empresa se
instale en una determinada ciudad sólo deben confluir dos intereses: el de la
empresa y el de los consumidores o usuarios y el primero siempre dependerá del
segundo. Y el papel de las administraciones no puede ser otro que el de haber
desarrollado un modelo de ciudad que disponga de los suelos necesarios para que
las oportunidades empresariales pueden materializarse. Y eso no ha ocurrido en
nuestra ciudad cuya configuración territorial, cuya trama urbana se ha venido improvisando
a golpe de ocurrencias o de intereses particulares, sin más previsión de futuro
que la del pelotazo del amigote.
Para que Ikea o cualquier otra
gran empresa se instale en nuestra ciudad no hace falta que se vincule con la
aprobación de suelos para miles de viviendas nuevas, ni con la creación de un
supercomplejo comercial de 130.000 metros cuadrados. Si se hace es sólo para beneficiar
al amigote de turno, si se hace es para servir a los intereses de un particular
y no al interés general. Podrán justificarlo como quieran, pero todos sabemos
que eso es así. Y cuando el proyecto inicial es sometido a investigación
judicial, acudir a la figura urbanística de una ATE para eludirla es una
demostración palpable de que el Gobierno de la Generalidad también está
sirviendo a intereses privados.
Ikea no es la panacea para el
empleo ni es la salvación de la ciudad, aunque lo sea del capo de la misma. Es
indudable que su implantación beneficiará al consumidor que ya no tendrá que
desplazarse a Murcia o a Valencia para adquirir los productos de la
multinacional sueca. Pero si Ikea va acompañada de un macrocentro comercial
significará, sin duda, la asfixia de los numerosos centros comerciales de la
ciudad que no terminan de despegar, supondrá la creación de muchos puestos de
trabajo pero simultáneamente la pérdida de cientos de puestos de trabajo en esos
mismos centros comerciales y en muchos de los comercios del centro de la ciudad
y supondrá el desplazamiento y concentración del ocio con la consiguiente
pérdida de vitalidad de importantes zonas de la ciudad. Hay que valorar todo y
hay que redimensionar el impacto de esta iniciativa empresarial. Pero lo que
hay que intentar sobre todo es obligar a nuestros gobernantes a que sitúen en
el centro de sus actos el interés de los alicantinos y a que olviden de una vez
sus pactos y su vergonzante sumisión en Valencia y en Alicante a la “polla
insaciable”.
Santiago de Munck Loyola
