EL PAR HA SOLICITADO AL DEFENSOR DEL PUEBLO LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN A LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID.

                                    NOTA DE PRENSA.

19-4-2022

EL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA HA SOLICITADO AL DEFENSOR DEL PUEBLO LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN A LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID.

 

El PAR ha presentado hoy una solicitud al Defensor del Pueblo para que inicie una investigación sobre el funcionamiento de los servicios sociales del Ayuntamiento de Monforte del Cid tras comprobar su papel en la vulneración de los derechos fundamentales de una anciana de la localidad, usuaria del servicio municipal de asistencia domiciliaria, cuyos bienes a su fallecimiento fueron a parar en su totalidad a manos de la Alcaldesa que dirigía el funcionamiento de estos servicios y de su hermano.

 

Según los numerosos testimonios recabados de vecinos y familiares de dicha usuaria, Dª Teresa Limiñana Boyer, no fue bien atendida y, además, fue coartada en el ejercicio de sus libertades al tener que soportar hasta su muerte la ocupación de su domicilio por parte de la madre, el padre y el hermano de la alcaldesa, perro incluido, y el mantenimiento económico de los mismos y limitadas y restringidas las visitas de familiares y allegados por imposición de la madre de la alcaldesa, sin que los servicios sociales del Ayuntamiento movieran un dedo para comprobar la situación de la anciana.

 

A juicio del Partido Alicantino Regionalista constituye un escandaloso funcionamiento de los servicios municipales de Asistencia Domiciliaria del Ayuntamiento de Monforte del Cid que derivó en una negligente actuación vulnerando derechos fundamentales de una persona anciana y desvalida tales como su libertad, su dignidad personal, su intimidad o su derecho al libre disfrute de sus bienes y que terminó, a la muerte de dicha anciana en 2017, con el enriquecimiento de la Alcaldesa de la localidad y de su hermano

quienes heredaron dos viviendas con un valor catastral superior a los 85.000 €, así como el saldo de la cuenta bancaria de la causante (más de 23.000 €), hecho que la alcaldesa ocultó a la Corporación Municipal al incumplir la obligación legal de declarar las variaciones en su patrimonio y que no cumplió hasta el 28 de mayo de 2019 tras haber sido denunciada públicamente por el Partido Alicantino Regionalista. Previamente, el 6 de octubre de 2015 la propia alcaldesa, Dª Mª Dolores Berenguer Belló, había conducido en su propio vehículo a Dª Teresa Limiñana Boyer ante la Notaría de D. Rafael Moreno Olivares de la localidad de Aspe, Alicante, para que anulase el testamento que había otorgado en 1999 en favor de sus sobrinos y otorgase otro nuevo en favor de ella misma y de su hermano.

 

Con el fin de corregir esta situación para evitar su repetición en el futuro y ante la pasividad de los concejales electos de la corporación es por lo que el PAR ha solicitado al Defensor del Pueblo que proceda a investigar las vulneraciones de derechos fundamentales por el irregular funcionamiento de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Monforte del Cid y que promueva una reforma legislativa del Código Civil para extender a los cargos públicos y a sus familiares la incapacidad para suceder a usuarios de Servicios Públicos bajo cuya autoridad se encuentren.

¿Feijoy?

Tras la enorme decepción producida por Pablo Casado y su entorno no solo ya entre los votantes sino entre la propia militancia popular, este fin de semana los compromisarios del Partido Popular han elegido a Alberto Núñez Feijóo  como nuevo Presidente de dicha formación política casi por aclamación, “Presidente subito”. Todo parece indicar que Núñez Feijóo tiene claro cómo quiere dirigir el PP, cómo tiene qué marcar el territorio electoral de los populares y cuáles son sus prioridades para llegar a la Moncloa.

 

Sin embargo, da la sensación de que quiere hacer tabla rasa con el pasado y que ni tan siquiera se plantea corregir algunos errores de enorme calado. No habría que olvidar que en 2011 Mariano Rajoy logró una amplia mayoría electoral que se tradujo en 186 diputados en el Congreso, es decir, una holgada mayoría absoluta. Sin embargo, el PP pasó en cuatro años de 186 diputados a 123 en la siguiente cita electoral, es decir, que se dejó en el camino 63 escaños, casi un tercio. La era Rajoy fundó la fragmentación del centro derecha español. En 2015, buena parte de los votantes del PP votaron a Ciudadanos y a partir de 2019 la fuga de votantes populares se escindió en dos, hacia Ciudadanos y hacia Vox. En 2011, Rajoy heredó una España arruinada y su prioridad fue la recuperación económica. El Partido Popular centró sus esfuerzos en la economía y dejó a un lado muchos compromisos electorales y demandas políticas de su electorado tales como la regeneración democrática, el Plan Hidrológico Nacional, la derogación de la Ley de Memoria Histórica, de la de la Ley de Violencia de Género y de tantos y tantos asuntos de calado ideológico que imposibilitaban a muchos votantes tradicionales identificarse con la acción de su gobierno. A lo que hay que añadir una incompetente respuesta a la corrupción. Es más, cualquier discrepancia interna respecto a la política de su gobierno fue respondida con una amable invitación a salir del PP. Era como si para el PP existiese una imposibilidad de hacer política y de gestionar la crisis económica a la vez.

 

Los datos electorales están ahí:

ELECCIONES GENERALES.

 

	2011	2015	2016	2019 Abril	2019 Nov.
PP	44,63 %	28,71 %	33,01 %	16,69 %	20,81 %
C’s		12,67 %	13,06 %	15,86 %	6,80 %
Vox		0,23 %		10,26 %	15,08 %
Total centro derecha	44,63 %	41,61 %	46,07 %	42,81 %	42,70 + 0,41 de NS = 43,10 %

 

En 2011 el PP aglutinaba todo el voto del centro derecha con el 44 % de los votos y en 4 años de gobierno perdió, a pesar de los buenos resultados económicos, un 16 % de los votos que fueron a parar en su mayoría a Ciudadanos, un partido que representaba una voluntad regeneradora y una voluntad clara y decidida de enfrentarse al desafío separatista catalán. En 2016 el centro derecha cosechó los mejores resultados de su historia con un 46 % de los votos y, sin embargo, la división del voto impidió que la suma de PP y C’s alcanzase la sobrada mayoría absoluta que habrían alcanzado de haber concurrido en coalición electoral. Y a partir de 2019 se inicia una nueva etapa con la división del centro derecha en tres opciones obteniendo el PP los peores resultados de su historia. No obstante, el voto del centro derecha sigue oscilando desde 2011 en una horquilla que va desde el 41,61 % al 46,07 %, es decir, que tiene a su alcance la posibilidad de lograr una mayoría suficiente para apartar del poder a la actual, compuesta por socialista, comunistas, separatistas y herederos de la ETA. Y para ello es imprescindible recuperar la unidad de acción electoral, es decir concurrir juntos a las elecciones generales. Esa debería ser la prioridad de los líderes del PP, Vox, y Ciudadanos. Es una cuestión de generosidad y, por supuesto, de patriotismo.

 

Sin embargo, parece que Feijóo está dispuesto a encarar su asalto a La Moncloa con la misma estrategia que Rajoy llevó a cabo con su gobierno: centrarse en la recuperación económica y olvidarse de los que el Congreso recientemente celebrado ha calificado como “política líquida” y “debates vacíos”, es lo que él mismo define como “política para adultos”. Señalan que el Partido Popular no va a perder en tiempo en cuestiones ideológicas de género, tipos de familia, "falso patriotismo" o sobre un modelo de Estado fijado por la Constitución lo que significa que este PP va a dejar ese terreno libre para Vox lo que constituye, a mi entender, un craso error. Un político de raza, un hombre de estado debe ser capaz de conjugar en su acción de gobierno la gestión de la crisis económica con la política ideológica, con la batalla cultural. De lo contrario, el PP no va a ser capaz de despegar electoralmente porque sus antiguos votantes no se van a identificar con un proyecto político carente de principios y valores ideológicos, aunque esté cargado de excelentes gestores. España es mucho más que una maltrecha economía. España es además razón, sentimiento y corazón.

 

Si el PP quiere volver al poder debe asumir que tiene que hacerlo acompañado mientras siga renunciando a hacer política de verdad. Gobernar no es solo gestionar, gobernar es liderar a la sociedad, es hacer política y guiarla hacia objetivos mucho más profundos y duraderos. Asumir la estrategia de Gobierno de Rajoy de 2011 es un tremendo error que solo puede augurar la consolidación de la fragmentación del centro derecha y, por tanto, la permanencia del sanchismo en la Moncloa.

 

Santiago de Munck Loyola

Los marcadores de territorio.

 

Muchas especies animales tienen la costumbre arraigada en su instinto de marcar su territorio con sus deposiciones. La finalidad es evidente, avisar a otros competidores de que ese espacio es suyo y de que, por tanto, no son bienvenidos. Pues bien, parece que  hay algunos políticos que son incapaces de sustraerse a ese instinto atávico y en cuanto son objeto de atención de los focos y de los micrófonos intentan marcar su territorio esparciendo declaraciones que son auténticas deposiciones. Mal ha empezado el amigo Esteban González Pons, diputado del PP en el Parlamento Europeo y presidente del comité organizador del PP, porque una de las primeras cosas que ha hecho ha sido intentar marcar territorio y lo ha hecho ocupándose en calificar a Vox como partido de extrema derecha. Tal cual. No es que haya marcado su territorio, el territorio del PP, proclamando lo que es y representa el Partido Popular, sus principios y propuestas, sino lo que es peor, lo ha hecho asumiendo, sin ningún tipo de rigor intelectual y de análisis, los tópicos de la progresía, lo que evidentemente no desvela nada bueno sobre la capacidad intelectual del susodicho, ni aporta nada interesante a su labor como presidente del comité organizador del próximo congreso de los populares. Quizás podría haber calificado de paso a Podemos como lo que es, extrema izquierda, pero ni aún así se entiende el objetivo de este señalamiento. ¿Piensa el Sr. González Pons que los ciudadanos no sabemos lo que la izquierda nos repite machaconamente sobre Vox? 

 

Si el Sr. González Pons cree que constituye una ineludible obligación de su “cargo” proceder a marcar el territorio electoral del Partido Popular no debería hacerlo mediante el uso de etiquetas adjudicadas a sus vecinos ideológicos, sino identificando claramente los principios y las líneas ideológicas de su propio partido para que luego, a la hora de votar, los ciudadanos no se sientan engañados, como ya ha ocurrido el pasado. Estaría muy bien que los populares señalizasen su territorio explicando a los votantes lo que podrán encontrar en el mismo; estaría francamente bien que nos dijesen si en el mismo vamos a encontrar de nuevo su rendición ante la Ley de Memoria Histórica o, por el contrario, su derogación; si su política fiscal va a ser una réplica de la llevada a cabo por el Sr. Rajoy con las mayores subidas de impuestos de la historia o si, por el contrario, van a volver a la desarrollada por los gobiernos de Aznar; si piensan devolver al hombre la presunción de inocencia o van a mantener intacta, como ya hicieron en el pasado reciente, la vigente Ley de Violencia de género; si tienen en mente adoptar alguna medida para garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles en todo el territorio nacional; si van a hacer posible que en todo el territorio español se pueda elegir estudiar en español o si, por el contrario, van a extender el modelo gallego; podría también decirnos si el PP apuesta por homogeneizar los planes de estudio en España o no, o si va a hacer algo para acabar con el despilfarro autonómico y eliminar las duplicidades. En fin, son tantas las señales o mensajes para identificar de una vez clara y nítidamente el territorio electoral del Partido Popular que no se entiende esa obsesión por marcar el territorio con las etiquetas de sus vecinos.

 

Porque, una vez más, se olvida algo fundamental y es que los votantes de Vox lo eran antes del Partido Popular y, digo yo, que algo harían mal en el PP para que más de 4 millones de electores les dieran la espalda. Y cabe poca duda de que esos exvotantes del PP no se sienten de ultraderecha, ni sienten que el partido al que ahora votan, Vox, lo sea. La inmensa mayoría se siente demócrata, defiende la Constitución de 1978 y los valores constitucionales, pero también es verdad que la inmensa mayoría ya no se siente representada por el Partido Popular porque o bien les ha traicionado en cuestiones ideológicas o bien porque se ha plegado a lo políticamente correcto. Y si es así ¿a qué esperan los dirigentes populares para hacer una profunda autocrítica y a enmendar los errores que les han llevado a esta situación? ¿por qué no perfilan de una vez un mensaje claro, nítido y sinceramente comprometido con los valores que siempre han dicho defender?

 

Existe lo que Manuel Fraga denominaba una “mayoría natural” que puede y debe ser articulada bajo una misma oferta electoral porque así lo demanda nuestro sistema electoral si lo que se quiere es llegar al gobierno. Y para lograrlo la estrategia tiene que pasar por resaltar los muchos puntos de unión existentes entre las fuerzas de esa mayoría natural que son muchos más que los puntos de discrepancia. Descalificar a los antiguos votantes o resaltar las diferencias es simplemente suicida, es el mejor favor que se puede hacer a los sanchistas y a sus socios de la ultraizquierda.

 

No estamos ante el crepúsculo de las ideologías, sino ante su sustitución por otras fachadas de las mismas. La izquierda actual, revestida con nuevas banderas está logrando imponer una nueva visión social, utiliza todos los recursos públicos disponibles para ir penetrando poco a poco en todos los niveles sociales para imponer su visión y proyecto social que siempre empieza y termina por cercenar las libertades. Y parece mentira que mientras tanto la derecha liberal no se atreva a levantar sus banderas ideológicas y se dedique a hacer el ridículo una vez tras otra. Así nos va.

 

Fdo. Santiago de Munck Loyola

Qui cum infantibus pernoctat, excrementatus alboreat.

No resulta fácil comprender los motivos o las claves que puedan explicar algo tan absurdo, tan escandaloso, tan ridículo como es la guerra entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, entre Génova y Sol, una guerra que, larvada durante meses, y pública ahora está dilapidando la herencia, buena o mala, recibida, el crédito y solvencia política de los protagonistas y la confianza de millones de votantes. La impúdica exhibición pública de las armas de los contendientes refleja sin ninguna duda una falta de empatía con sus propios votantes, con los gravísimos problemas de España y con la construcción de una propuesta del centro derecha alternativa al sanchismo y a la ultraizquierda con sus aliados filo etarras y separatistas.

 

Pablo Casado se hizo con la Presidencia del Partido Popular enarbolando la bandera de la regeneración y de la recuperación de los valores tradicionales del PP, asfixiados y sacrificados en la etapa de Rajoy en el altar de la gestión como si fueran incompatibles. Parecía que podía e iba a conectar con la “España de los balcones”, con los votantes populares de siempre que arrinconados y desencantados se estaban marchando hacia Ciudadanos y hacia Vox. Pero en muy poco tiempo se empezó a desmarcar de sus promesas. Olvidó muy pronto que debía prestar atención a la gran masa de votantes no socialistas que una vez lo fueron del PP. 

Se rodeó de un equipo sin gran experiencia profesional, de “chiquilicuatres” que siempre han abundado en el PP y en su factoría de aduladores y veletas que es las NNGG y se embarcó en un camino que a cada paso le alejaba de sus votantes y le acercaba al Ministerio de la Oposición. Mejor agradar a las terminales mediáticas de la izquierda que su potencial electorado.

 

Las mayorías se alcanzan construyendo una gran coalición, una gran alianza con los electores afines. El proceso consiste en detectar las verdaderas necesidades de los potenciales votantes y ofrecerles soluciones creíbles y establecer con ellos lazos afectivos y, para ello, es imprescindible conocerlos y sintonizar con ellos. Sin embargo, Casado y su equipo parece que desde un principio han olvidado quiénes son sus potenciales votantes y no se han preocupado de atender sus aspiraciones. Da la impresión de que han pensado que los potenciales votantes vendrían a ellos porque sí o que lograrían la mayoría electoral suficiente para gobernar por el simple desgaste del adversario político. Y da la casualidad de que la inmensa mayoría de los votantes de Vox o de Ciudadanos antes lo eran del Partido Popular. No se puede insultar constantemente a los votantes de estas formaciones como se ha venido haciendo, porque la ofensa es un obstáculo para recuperar a los antiguos votantes. Decir que el partido de Ortega Lara se mancha con la sangre de las víctimas de ETA es una grave y gratuita ofensa. Negarse a formar gobiernos autonómicos con Vox cuando sabes que tú solo no puedes gobernar es suicida por mucho que agrade a la izquierda mediática. Es decir, el PP de Casado se ha esforzado mucho más en señalar e incluso inventarse diferencias con Vox en lugar de buscar los puntos de unión que están, sobre todo, en la identidad sociológica de los votantes de ambos partidos. Pero es que, además, la práctica histórica avala la permanencia de una tendencia, cuando se gobierna en coalición el grande termina absorbiendo al chico porque es cuando el elector trata de recurrir al voto útil en la siguiente convocatoria.

 

Esta nefasta estrategia se ha visto rematada con una gestión suicida y absolutamente miserable en torno a la Presidente de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. No hay una explicación lógica para lo ocurrido. Sería muy simple pensar de que se trata de un asunto de celos políticos por parte del entorno de Casado porque de ser así también lo sería de falta de inteligencia. El tirón electoral de Ayuso y su popularidad solo serían una baza a favor para un líder inteligente, sin complejos y seguro de si mismo. En Génova, el Secretario General, con el consentimiento de Casado, organizó una verdadera caza de brujas, mejor dicho, de la “bruja”, usando medios ilegales. Pero lo que es ya el colmo de la ignominia fue enviar mensajes en noviembre a Mas Madrid y al propio Errejón alertando de la existencia de un posible contrato sospechoso, intentar contratar a agencias de detectives o esgrimir públicamente en la COPE datos confidenciales obtenidos ilegalmente en el Ministerio de Hacienda.  

 

Casado y sobre todo su Secretario General son los responsables directos de una estrategia electoral equivocada y además han demostrado su incapacidad política para gestionar debidamente una crisis gravísima que está fracturando al Partido Popular y ayudando a encubrir los continuos errores del Gobierno de España que pagamos todos los ciudadanos cada vez que encendemos la luz, llenamos el depósito del coche o hacemos la compra. Deben pedir perdón a todos los votantes del PP y deben irse a su casa. El PP necesita una gestora solvente que conduzca al Partido hasta el próximo Congreso de julio, porque su actual directiva está moralmente inhabilitada para llegar a un Congreso con un mínimo de garantías de limpieza y de participación de los afiliados.

 

Santiago de Munck Loyola 

LA ESTRAMBÓTICA CONTRARREFORMA LABORAL.

Para ese viaje no se necesitan alforjas. ¿Tanta protesta en su día, tantas críticas furibundas, tanta marea y contramareas, tantas promesas de derogación para esto? ¿Para acabar en una estrambótica votación? Los hiperbólicos de la política han terminado por poner negro sobre blanco su verdadera concepción de lo que entienden por interés general, por respeto a la soberanía nacional y por parlamentarismo. Sus compromisos de derogación de la reforma laboral del PP se han quedado en una contrarreforma descafeinada culminada con una dudosa aprobación in extremis que la deslegitima desde el minuto cero, pero que, eso sí, nos ha servido a los ciudadanos para comprobar en vivo cómo funciona nuestra clase política y sus satélites síndicoempresariales.

Es seguro que la mayoría de los ciudadanos que han seguido el camino de esta contrarreforma laboral no sabrían explicar en qué consiste, pero sí que han podido percibir con claridad las desmesuradas ambiciones de algunos protagonistas del sainete, los incumplimientos flagrantes de las promesas electorales de otros, el oportunismo de los de siempre o la falta de estrategias y de reflejos políticos de muchos. 

Han convertido al Parlamento, al congreso de los Diputados, en un simple ratificador de lo que sindicatos, patronales y la Ministra aspirante a sucesora presidencial han “legislado” por su cuenta, sin luz, ni taquígrafos. Dicho de otra forma, unas entidades con tan escasa implantación y representatividad que necesitan de las multimillonarias subvenciones del gobierno para subsistir y, en su caso, de las “mordidas” en los fondos públicos ya sean para formación o para ERE’s se permiten el lujo de negociar y pactar una contrarreforma legislativa con una Ministra que está encantada de haberse conocido y se la endosan al congreso para que sí o sí la apruebe sin tocar una sola coma. Y la inmensa mayoría del congreso traga con el tema como si un acuerdo entre paniaguados del gobierno fuera sagrado e intocable. Pero ¿de qué van unos y otros? Es el parlamento quien debe legislar, no los agentes sociales, y para ello es necesario debatir, negociar, transaccionar, llegar a acuerdos y votar. ¿O es que entre las cosas “chulísimas” de las que presume la ahora difunta heredera política del podemismo está ningunear a los representantes de la soberanía nacional?

Han evidenciado que algunos de nuestros diputados en lugar de dedicarse al trabajo por el que generosamente les pagamos se dedican a otros menesteres y para ello tienen que acudir al voto telemático que, por cierto, debería estar restringido para casos excepcionales. Se olvidan sus señorías que cobran no solo para votar, sino para participar en el proceso de elaboración legislativa y en el de control del poder ejecutivo. 

Lamentablemente el caso del diputado popular, por cierto, imputado tras su gestión como alcalde de Trujillo, que con su inicial ausencia y su erróneo, o no, voto telemático ha facilitado la aprobación de la contrarreforma laboral no es el único. Si en vez de andar enredando por ahí en nombre de su jefe el Sr. García Egea hubiera estado cumpliendo con sus obligaciones parlamentarias se habrían evitado el bochornoso espectáculo de ayer. ¡Vaya tropa, Señor!

Santiago de Munck Loyola

EL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA HA PRESENTADO HOY UNA DENUNCIA POR LA APROBACIÓN ILEGAL DE UN ACUERDO DE PLENO PARA ENDOSAR A LA GENERALITAT OBRAS POR UN MILLÓN DE EUROS QUE CORRESPONDÍAN A UNOS PROMOTORES URBANÍSTICOS.

La revisión de la documentación sobre el convenio del Ayuntamiento de Monforte del Cid con la empresa Uvasdoce S.L., la empresa que contrató previamente al marido de la alcaldesa y que se ha visto beneficiada con un pelotazo que superaría los 5 millones de euros, ha destapado otro escabroso asunto en el que Ayuntamiento y urbanizadores del polígono Industrial Las Norias se concertaron para endosar a la Generalitat la ejecución de obras por un importe de 1.000.000 € cuyo desembolso correspondía a los empresarios. 

Momento de la votación.

En efecto, el Pleno del Ayuntamiento de Monforte del Cid aprobó por unanimidad el 17 de julio de 2018 un acuerdo por el que exoneró a la Agrupación de Interés Urbanístico Las Norias, urbanizadora del Polígono Industrial, de la obligación que había contraído mediante Convenio Urbanístico de financiar la ejecución de dos rotondas sobre la carretera comarcal CV-825. Previamente la Alcaldesa y los promotores urbanísticos acordaron endosar esa obligación a la Generalitat Valenciana usando la intervención de cargos de la Generalitat que no podían legalmente intervenir en el procedimiento por beneficiarse personalmente del mismo.

 

Dicho acuerdo plenario se aprobó ilegalmente porque careció del informe preceptivo de los servicios jurídicos y prescindió absolutamente del procedimiento establecido en la legislación urbanística valenciana. Tanto el Artículo 136.2.b de la Ley vigente en 2018, al tiempo de aprobar el acuerdo de exoneración, como el Artículo 142.2.b del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, exigían lo siguiente:

2. Antes de proceder a la modificación del programa de actuación integrada, el ayuntamiento deberá:

b) Obtener previo informe del Servicio Jurídico y del Servicio Técnico correspondiente de la administración actuante.

 

Obligación que se repite en el artículo 3.3.d).7º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, estableciendo bien claro que dicho informe era preceptivo. Sorprende sobremanera que también los concejales de la oposición votaran a favor de un acuerdo ilegal que carecía de cualquier soporte jurídico que lo avalase y que ni tan siquiera formularan objeción alguna por la ausencia de dicho documento esencial para dar validez al acuerdo plenario.

 

En definitiva, este acuerdo plenario de 2018 del Ayuntamiento de Monforte del Cid impulsado por la Agrupación de Interés Urbanístico Las Norias y la Alcaldesa de Monforte del Cid se ha traducido en un quebranto en las arcas de la Generalitat Valenciana, según la documentación obrante, que alcanzaría el millón de euros. 

 

De esta forma, la AIU Las Norias se ahorró este millón de euros que sumados a los 400.000 euros ahorrados también en el acceso al polígono mediante el ilegal convenio de 2021 con el Ayuntamiento y UVASDOCE, supone una mejora de 1.400.00 euros para dicha agrupación empresarial en su cuenta de resultados. 

 

De otra parte, el Ayuntamiento de Monforte del Cid ha sufrido un quebranto en sus arcas de 1.232.000 (1.260.000 € de costes reales de conexión - 28.267,39 € de gastos abonados por UVASDOCE SL por el nuevo acceso) que es el coste real que UVASDOCE SL habría tenido que pagarle al Ayuntamiento para conectarse a las infraestructuras del Polígono Industrial y finalmente UVASDOCE SL se ahorra de una parte 1.232.000 € de costes reales de conexión y logra una fabulosa revalorización de sus 45.000 m2 de parcela, que aunque sigue siendo formalmente rústica pasa a estar completamente urbanizada, y que puede valorarse a los actuales precios de mercado en 4.095.000 € (45.000 m2 rústicos X 4€ m2 = 180.000 €, 45.000 m2 urbanizados X 95 € m2 = 4.275.000 €) lo que supone una ganancia de 5.327.00 euros.

 

El Partido Alicantino Regionalista ha procedido hoy a poner en manos del juzgado de Instrucción nº 3 de Novelda, que ya está investigando (Diligencias Previas 167/21) el Convenio con UVASDOCE SL, toda la documentación de dicho acuerdo plenario de 17 de julio de 2018 para que se depuren las responsabilidades a que hubiere lugar.

AYUNTAMIENTO Y URBANIZADORA DE UN POLÍGONO SE CONCERTARON PARA ENDOSAR A LA GENERALITAT OBRAS POR UN MILLÓN DE EUROS QUE CORRESPONDÍAN A LOS SEGUNDOS.

MONFORTE DEL CID (ALICANTE).

AYUNTAMIENTO Y URBANIZADORA DE UN POLÍGONO SE CONCERTARON PARA ENDOSAR A LA GENERALITAT OBRAS POR UN MILLÓN DE EUROS QUE CORRESPONDÍAN A LOS SEGUNDOS.

 

La revisión de la documentación sobre el convenio del Ayuntamiento de Monforte del Cid con la empresa Uvasdoce S.L., la empresa que contrató previamente al marido de la alcaldesa y que se ha visto beneficiada con un gran pelotazo, ha destapado otro escabroso asunto en el que Ayuntamiento y urbanizadores del polígono Industrial Las Norias se concertaron para endosar a la Generalitat la ejecución de obras por un importe de 1.000.000 € cuyo desembolso correspondía a los empresarios. 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Monforte del Cid aprobó por unanimidad el 17 de julio de 2018 un acuerdo por el que exoneró a la Agrupación de Interés Urbanístico Las Norias, urbanizadora del Polígono Industrial, de la obligación que había contraído mediante Convenio Urbanístico de financiar la ejecución de dos rotondas sobre la carretera comarcal CV-825. Previamente la Alcaldesa y los promotores urbanísticos acordaron endosar esa obligación a la Generalitat Valenciana usando la intervención de cargos de la Generalitat que no podían legalmente intervenir en el procedimiento.

 

Dicho acuerdo plenario se aprobó ilegalmente porque careció del informe preceptivo de los servicios jurídicos y prescindió absolutamente del procedimiento establecido en la legislación urbanística valenciana. Tanto el Artículo 136.2.b de la Ley vigente en 2018, al tiempo de aprobar el acuerdo de exoneración, como el Artículo 142.2.b del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, exigían lo siguiente:

2. Antes de proceder a la modificación del programa de actuación integrada, el ayuntamiento deberá:

b) Obtener previo informe del Servicio Jurídico y del Servicio Técnico correspondiente de la administración actuante.

 

Obligación que se repite en el artículo 3.3.d).7º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, estableciendo bien claro que dicho informe era preceptivo. Sorprende sobremanera que también los concejales de la oposición votaran a favor de un acuerdo ilegal que carecía de cualquier soporte jurídico que lo avalase y que ni tan siquiera formularan objeción alguna por la ausencia de dicho documento esencial para dar validez al acuerdo plenario.

 

En definitiva, este acuerdo plenario de 2018 del Ayuntamiento de Monforte del Cid impulsado por la Agrupación de Interés Urbanístico Las Norias y la Alcaldesa de Monforte del Cid se ha traducido en un quebranto en las arcas de la Generalitat Valenciana, según la documentación obrante, que alcanzaría el millón de euros. 

 

De esta forma, la AIU Las Norias se ahorró este millón de euros que sumados a los 400.000 euros ahorrados también en el acceso al polígono mediante el ilegal convenio de 2021 con el Ayuntamiento y UVASDOCE, supone una mejora de 1.400.00 euros para dicha agrupación empresarial en su cuenta de resultados. 

 

De otra parte, el Ayuntamiento de Monforte del Cid ha sufrido un quebranto en sus arcas de 1.232.000 (1.260.000 € de costes reales de conexión - 28.267,39 € de gastos abonados por UVASDOCE SL por el nuevo acceso) que es el coste real que UVASDOCE SL habría tenido que pagarle al Ayuntamiento para conectarse a las infraestructuras del Polígono Industrial y finalmente UVASDOCE SL se ahorra de una parte 1.232.000 € de costes reales de conexión y logra una fabulosa revalorización de sus 45.000 m2 de parcela, que aunque sigue siendo formalmente rústica pasa a estar completamente urbanizada, y que puede valorarse a los actuales precios de mercado en 4.095.000 € (45.000 m2 rústicos X 4€ m2 = 180.000 €, 45.000 m2 urbanizados X 95 € m2 = 4.275.000 €) lo que supone una ganancia de 5.327.00 euros.

 

El Partido Alicantino Regionalista va a proceder en breve a poner en manos del juzgado de Novelda, que ya está investigando (D.P. 167/21) el Convenio con UVASDOCE SL, toda la documentación del acuerdo plenario de 17 de julio de 2018 para que se depuren las responsabilidades a que hubiere lugar.

Madrid deja al aire las vergüenzas del PP.

Una vez más el Partido Popular vuelve a hacerlo: tirar piedras contra su propio tejado. Y no se trata de una afirmación gratuita, sino que las encuestas así lo ponen de manifiesto. La polémica en torno a la candidatura de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la Presidencia del PP de la Comunidad de Madrid no es anecdótica, superficial o irrelevante. Todo lo contrario, se trata de una polémica que viene a desmontar todo el discurso supuestamente regeneracionista que Pablo Casado enarboló para alcanzar la Presidencia del Partido Popular. Algo tan básico, tan esencial como es la democracia interna del posiblemente mayor partido de España y único cono capacidad de articular una alternativa al socialismo y demás rémoras está en tela de juicio. 

Sin democracia interna en un partido no existe capacidad de control por parte de sus bases de la acción de sus órganos de dirección y, en su caso, de la acción de gobierno. La falta de democracia interna o su adulteración es la llave de entrada para la corrupción, es la puerta para el nepotismo y el amiguismo, siempre ligados a la corrupción, y la muerte de la meritocracia y el liderazgo genuino.

El principio es extremadamente simple: solo los afiliados de un territorio pueden elegir a su líder. Es fácil de entender, ¿no? En este caso, solo a los afiliados del PP de la Comunidad de Madrid corresponde elegir a su Presidente. Y ello implica que el proceso electoral interno debe ser limpio, abierto a cualquier candidato y libre de interferencias e influencias exteriores. Nada excepto la trayectoria política y las propuestas de cada candidato debe influir en el voto de los afiliados. Sin embargo, cualquier observador imparcial ha tenido la oportunidad de ver como durante los últimos meses distintos dirigentes nacionales del Partido Popular no han escatimado esfuerzos por expresar públicamente sus preferencias de modo que a los militantes les quede claro qué es lo que quieren y a quién prefieren. Pues no, esto no es democracia interna, esto no es regeneración, esto no es un nuevo estilo de hacer política. Esto es más de lo mismo, es seguir con las mismas pautas de conducta interna que durante décadas se han seguido en el Partido Popular y que, como era de esperar, también se siguen en Vox que, de tal palo, tal astilla.

 

El Sr. Casado, el Sr. García Egea o su nuevo mamporrero Fran Hervías podrán tener las preferencias que les plazca, podrá gustarles o no un determinado candidato para presidir el PP madrileño pero deberían “sufrirlo” en silencio porque lo que no pueden, ni deben es presionar o intentar influir en los afiliados madrileños quienes son, en última instancia, los verdaderos protagonistas del proceso de elección de su líder.

 

Es evidente que el lamentable espectáculo que los dirigentes nacionales del PP están ofreciendo en torno a la candidatura de Isabel Díaz Ayuso solo puede estar siendo consentido por el propio Casado quien, con ello, está demostrando la propia debilidad de su liderazgo que parece percibir un peligro personal en el tirón electoral que Ayuso ha demostrado. Y lo que ya empieza a ser imperdonable es que, no sólo no ponga coto a las continuas injerencias del secretario general en el proceso electoral madrileño, sino que además consienta ataques personales filtrados desde Génova contra la Presidenta madrileña. Porque todo ello solo puede llevar al elector a varias conclusiones: 1ª Que en el PP nada ha cambiado salvo las caras. 2ª Que la democracia interna sigue brillando por su ausencia con lo que ello implica y 3ª Que el liderazgo de Pablo Casado es extremadamente débil y que por ello rehúye sustentarlo en liderazgos territoriales demasiado sólidos.

Y todo ello a mayor gloria de Pedro Sánchez que no debe preocuparse por una remontada electoral del PP.

 

Fdo. Santiago de Munck Loyola

9 de octubre, su Fiesta.

Pasados pocos días de la celebración del Día de la Comunidad Valenciana, el 9 de octubre, aún resuenan los ecos de las declaraciones de sus dirigentes políticos al respecto. Hay que resaltar que curiosamente la Fiesta de la Comunidad Valenciana conmemora el aniversario de la entrada en la ciudad de Valencia del rey de Aragón Jaime I El Conquistador en 1238. Sin embargo, la formación del Reino de Valencia no se culminó hasta 1304 y el territorio actual no adquirió la extensión presente hasta 1851 con la incorporación de Requena y Utiel. Por tanto, El 9 de octubre no conmemora un hecho histórico relevante para las tres provincias que integran la actual Comunidad Valenciana. 

Se trata de una fecha significativa para Valencia, como tan significativa es el 4 de diciembre de 1248 para los alicantinos, cuando se finalizó la conquista militar de la ciudad por parte de las tropas del Rey de Castilla Fernando III, dirigidas por su hijo el futuro Alfonso X el Sabio. El 9 de octubre, la Conmemoración de la Conquista de la ciudad de Valencia se convirtió en la Fiesta de toda la Comunidad Valenciana en 1982 cuando así se acordó con la aprobación del Estatuto de Autonomía, tras asumir un acuerdo en este sentido del año 1976 adoptado por la Mesa de Fuerzas Políticas y Sindicales del País Valenciano declarando esa fecha Día Nacional del País Valenciano. Una vez más la memez de la derecha tragando sapos.

 

Esa tendencia centralista de Valencia, esa propensión a uniformar a los demás territorios que integran la Comunidad según los criterios y patrones de Valencia es el principal obstáculo para la cohesión territorial y social de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Es una tendencia que se ha mantenido constante desde la creación de la Comunidad Autónoma cualquiera que fuese el color político del gobierno regional de turno y que se ha impuesto en el campo lingüístico, el cultural, económico o administrativo. Hoy en día, la diferencia entre la renta media de los alicantinos y de los valencianos es mayor que hace 40 años. Es un dato, un hecho cierto incontestable que pone de relieve el fracaso de una administración autonómica que aleja a sus ciudadanos de la convergencia social y económica.

 

Por ello, llama especialmente la atención el discurso del Presidente de la Generalidad Valenciana, Joaquín Francisco Puig Ferrer con ocasión de la Fiesta del 9 de octubre. Lejos de hacer un análisis de la realidad interna de la Comunidad que preside ha abogado por una revisión del Estado de las autonomías, una “segunda Transición” para encaminar a España hacia el federalismo. Señala que hay hacer reformas para avanzar “hacia una España justa y descentralizada ahora que hay un Gobierno sensible con la diversidad. Hay que asegurar el derecho a la diferencia sin diferencia de derechos”. Según Puig “el Estado de las autonomías ha sido un éxito y ha servido para afianzar el Estado del bienestar, pero hay que revisarlo porque tiene desajustes”, a saber “la falta de cogobernanza” y la “financiación” .

 

Nada hay más peligroso que un político incapaz de reconocer la realidad en la que vive. Reivindicar el federalismo puede ser hasta entretenido desde una perspectiva dialéctica, pero poco más. El federalismo implica por definición la igualdad de competencias entre los entes federados. ¿Es eso lo que de verdad reivindica el Sr. Puig y sus socios pancatalanistas? ¿Cree de verdad que sus amigos independentistas catalanes aceptarían una fórmula federal que acabaría con sus competencias autonómicas privilegiadas? Si lo cree es un descerebrado y si no lo cree, un cínico. Es difícil adivinar a qué reformas se refiere para “avanzar a una España más descentralizada” porque España ya cuenta con el estado más descentralizado del mundo y debería saber que cualquier paso en esa dirección sería la simple y llana disolución del Estado español. ¿Es eso lo que quiere? Tampoco parece muy coherente pedir más descentralización del Estado mientras él mismo practica la política contraria desmantelando servicios básicos en Alicante para trasladarlos a Valencia so pretexto de lograr una mayor eficacia de los mismos. Si busca eficacia en los servicios públicos ¿por qué no devuelve él mismo competencias al Estado?

 

Si algo necesitan hoy los ciudadanos españoles son las políticas y las reformas necesarias para garantizar, no ya derechos o competencias concretas a determinados territorios, sino a los propios ciudadanos de modo que todos tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones en cualquier parte del territorio nacional. Y en ese mismo contexto de igualdad es donde cabe hablar de financiación autonómica porque es evidente que el actual sistema es injusto, pero que el Sr. Puig hable del problema de la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana para, de paso, volver a la carga con su obsesión por la baja fiscalidad de la Comunidad de Madrid cuyo gobierno, según parece, gasta menos y mejor que el valenciano, mientras olvida la infrafinanciación de la Provincia de Alicante es, cuando menos, paradójico. El Gobierno del Sr. Puig, (PSOE, Compromís y Unidas Podemos) ha invertido en la provincia de Alicante en obras públicas la mitad de dinero que en la de Valencia desde junio de 2019 hasta septiembre de 2021: De 1.159,02 millones de euros en licitaciones, Alicante ha recibido el 29%, Valencia el 57% y Castellón el 14% restante. Y lo mismo ocurre en las demás áreas del gasto público.

 

En definitiva, el día de la Fiesta de Valencia ahora Fiesta de la Comunidad, los alicantinos no podemos olvidar ni la política centralizadora y uniformadora de la Generalidad Valenciana, ni la permanente discriminación presupuestaria negativa a la que, al parecer, estamos condenados. La Generalidad Valenciana es nuestro gobierno regional pero nos trata desde sus inicios como si fuésemos ciudadanos de segunda y esto tiene que acabar. Alicante no es Valencia, no somos valencianos. Somos Alicantinos, tenemos raíces plurales y plural es nuestra identidad. Nuestro bienestar y progreso dependen de poder decidir aquí nuestro futuro porque mientras lo sigan decidiendo en Valencia seguiremos perdiendo las inmensas oportunidades que nuestra tierra nos brinda.

 

Santiago de Munck Loyola

No, Sr. Puig, la sanidad no es gratis.

 

Tras trece meses de espera sufriendo cólicos nefríticos diarios y tras haber tenido que acudir al Síndic de Greuges, por fin me han operado en el Hospital de San Juan y me han eliminado un enorme cálculo renal. Parece que ha ido bien, aunque la recuperación de una operación aparentemente sencilla no es tan fácil como cabía suponer. Nada que objetar al trato recibido del personal médico y asistencial del centro. Otro cantar es lo relativo a la gestión de la Generalidad Valenciana en materia de salud. Es cierto que en Alicante estamos acostumbrados a la permanente discriminación presupuestaria y a la tendencia centralista del Gobierno Valenciano y ello se nota especialmente en el ámbito de sanidad en el que los alicantinos contamos con menos profesionales de la salud por cada 100.000 habitantes que los valencianos o en el que contemplamos atónitos como las ambulancias carecen de médicos de urgencias suficientes. Y estamos acostumbrados a ello y, al parecer, también resignados porque, a pesar de que somos conscientes de esa situación, legislatura tras legislatura seguimos votando a los mismos partidos que ignoran la singularidad y la situación de nuestra Provincia. 

 

Pero a lo que iba, lo que me ha indignado realmente es la Nota Informativa que, cortesía de la Generalidad Valenciana, me entregaron junto con los documentos de alta. En esta Nota me informaban de que mi estancia quirúrgica de 24 horas había costado 341 euros y se añadía en la misma el siguiente párrafo: “Esta nota se emite exclusivamente con carácter informativo y por ello no hay que realizar ningún pago (algo obvio pues si hubiera habido que realizar algún pago no se emitiría una Nota Informativa, sino una factura). Esta información tiene como finalidad que sea conocido por usted el coste de la asistencia sanitaria que se le ha prestado de forma gratuita por la sanidad pública valenciana”.

 

Pues no, no es así. La nota informativa es pura basura, una mentira propagandística e incompleta. Sr. Puig y Sra. Barceló ustedes mienten y lo saben. Ni a mí, ni a ningún trabajador que cotiza a la Seguridad Social la sanidad pública valenciana nos presta nada de forma gratuita. No nos regala nada. La asistencia sanitaria la pagamos por anticipado con nuestras cotizaciones e impuestos. Como yo, la mayoría tenemos pagada esta operación y muchas otras desde hace años. Ni su desastroso gobierno taifa, ni la administración pública nos presta nada de forma gratuita. Es falso, rotundamente falso, que “el dinero público no sea de nadie” como decía ese desecho intelectual llamado Carmen Calvo, como también lo es que los contribuyentes recibamos algo gratis por parte de cualquier administración pública. Los contribuyentes ya lo hemos pagado por anticipado y, con toda seguridad, si ustedes no fueran unos simples demagogos, unos derrochadores que tiran nuestro dinero subvencionando a entidades independentistas y pancatalanistas, montando chiringuitos televisivos o despilfarrando los recursos públicos en imponernos una lengua que no es la propia de más de la mitad de la provincia, habría más dinero para tener una sistema sanitario mucho más eficiente y de calidad.

 

Está muy bien saber a cuánto ascienden las prestaciones sanitarias, su coste, pero en su totalidad, porque en la nota supuestamente informativa ustedes solo incluyen la estancia hospitalaria y no el coste real de ser sometido a una intervención quirúrgica. Y está muy bien que ustedes subrayen que se ha prestado de forma gratuita una asistencia sanitaria concreta cuando quien la recibe nunca ha cotizado a la seguridad social, algo muy frecuente con su política de llamada a la inmigración ilegal, pero es un insulto cuando se lo dicen a quien ya lo ha pagado sobradamente con sus impuestos y cotizaciones. ¿Lo entienden?

 

Santiago de Munck Loyola