El farsante de Galapagar.

La coherencia es posiblemente la cualidad que mejor puede medir la calidad de una persona y, en especial, de un político. La concordancia entre lo que uno dice y luego hace, entre lo que se predica y lo que se ejecuta, entre los principios que se enarbolan y el modo de vida es el mejor reflejo de honestidad personal. Una persona coherente es, al menos, una persona honesta intelectualmente. Pero, cuando se da la circunstancia contraria, es decir, que se hace todo lo contrario a lo que se dice, cuando no existe coherencia tampoco hay honestidad con uno mismo y cuando un político carece de honestidad personal, difícilmente podrá ser honesto con la sociedad a la que dice servir. Más bien se servirá de ella.

Pablo Iglesias, actual Vicepresidente del Gobierno de España, es un buen ejemplo de incoherencia y de falta de honestidad. Sus bonitas frases y proclamas que durante años ha venido desgranando con diarreica intensidad a través de tertulias televisivas o mítines no tienen nada que ver con lo que luego él hace. Cuando se habla tanto y de todo se deja un extenso rastro que permite a cualquier persona con un mínimo de objetividad y de sentido común hacer un retrato bastante exacto de la catadura moral del personaje, de su absoluta falta de coherencia y de honestidad intelectual. Hay algunos pasajes verdaderamente memorables que así lo evidencian aunque sorprendentemente para una parte del electorado no suponen un obstáculo para seguir prestando su voto a semejante caradura.

Allá por el año 2014, en un programa de la Sexta, Pablo Iglesias dijo que “Ana Botella representa todo lo contrario de lo que han representado las mujeres valientes a lo largo de la historia”, encarna ser "esposa de", "nombrada por", “sin preparación...Una mujer cuya única fuerza viene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido”. Y se quedó tan ancho, el pollo. Ana Botella, licenciada en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, funcionaria del Cuerpo de Técnicos de Administración Civil del Estado desde 1977 trabajando en el Ministerio del Interior, el Gobierno Civil de Logroño, el Ministerio de Obras Públicas, la Delegación de Hacienda de Valladolid y el Ministerio de Hacienda, hasta 2003 cuando es elegida Concejala del Ayuntamiento de Madrid, llegando a ser la primera Alcaldesa de la Capital en 2011, resulta que para el macarra bolivariano de Pablo Iglesias no tenía preparación. 

Trayectoria profesional y política que nada tiene que ver con la de la pareja sentimental del Sr. Iglesias, Irene Montero, quien se licenció en 2011 en Psicología y que entre 2010 y 2011 trabajó unos meses como dependienta en la cadena de electrodomésticos Saturn 10. Trayectoria y curriculum que como todo el mundo sabe son más que suficientes para que se haya convertido en Ministra del Gobierno de España en 2020 sin que se pueda atribuir tal circunstancia a ser "esposa de", "nombrada por", “sin preparación...Una mujer cuya única fuerza viene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido”.

Allá por el año 2012, el Ministro de Economía del Partido Popular Luis de Guindos se compró un ático por 600.000 €. Don Pablo Iglesias, entregado por entonces a demonizar a lo que él calificaba como casta, escribió el siguiente “tuit” “¿Entregarías la política económica del país a quien se gasta 600.000€ en un ático de lujo?” Tres años después en 2015, en el programa de TV de Ana Rosa el moralista sin moral predicaba lo siguiente “A mí me parece más peligroso el rollo de aislar a alguien. Este rollo de los políticos que viven en Somosaguas, que viven en chalets, que no saben lo que es coger el transporte público o el precio de un café”.

En un mitin celebrado el 17 del mismo año el reverendo laico Iglesias llamaba a sentirse “orgulloso de mirar a los ojos a la gente de tu piso, que ven que sigues viviendo en el mismo sitio”, añadiendo que “cuando no se te olvida de dónde vienes, cuando estás orgulloso de haber crecido en un barrio, de mirar a los ojos de la gente de tu piso, que ven que sigues viviendo en el mismo sitio, y saludas al panadero, al que vende el periódico, y comprendes muy bien el significado de la palabra patria..." Pero, he aquí que en 2018 se vio obligado a abandonar, no ya Vallecas que ya lo había hecho antes, sino Rivas-Vaciamadrid para trasladarse a morar en Galapagar donde se había visto obligado a adquirir por 660.000 € una casa de 268 m2 sobre una parcela de 2.000 m2 y casa de invitados. ¿La razón? Pues la necesidad de desarrollar su proyecto vital y criar a sus vástagos en un entorno diferente a Vallecas o Rivas. Pero que nadie piense mal, no fue por vicio, fue una decisión obligada por las circunstancias que le ha supuesto una profunda depresión al no poder seguir saludando a diario al panadero o al vendedor de periódicos de toda la vida.

Son tan solo dos circunstancias las aquí descritas que sirven perfectamente para ejemplificar el nivel de coherencia y de honestidad del nuevo mesías del materialismo histórico aunque también serviría mucho analizar su comportamiento respecto a las retribuciones de los políticos y sobre determinados comportamientos de “la casta” que tan bien ha asimilado el sujeto. Nada mejor que terminar estas líneas que con el refranero ay algunas citas interesantes:

“Del dicho al hecho hay un trecho”.  

“El infierno está empedrado de buenas intenciones”. 

“Obras son amores, que no buenas razones”. 

“Las voluntades débiles se traducen en discursos; las fuertes, en actos.” (Gustave Le Bon) “La palabra tiene que estar de acuerdo con la conciencia y el discurso con el ejemplo.” (Miguel Ángel Revilla). 

“Cuanto mejor es el orador, peor es el hombre.” (Karl Liebknecht).

“Es más fácil luchar por unos principios que vivir de acuerdo con ellos.” (Alfred Adler). 

“En la vida no puedes decir una cosa y hacer otra, los niños aprenden mucho más viendo que escuchando tus palabras.” (Andy García). 

“Sin coherencia no hay ninguna fuerza moral”. (Robert Owen)

Santiago de Munck Loyola

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Madrid demonizado.

La coherencia, la responsabilidad y la moderación parece que no están de moda. Buena parte de la izquierda ha decidido convertir al Gobierno de la Comunidad de Madrid en diana de sus críticas por la gestión del Covid 19, gestión que, en todo caso conviene recordar, estaba y está en gran parte sometida y subordinada al Mando Único del Gobierno de España, de acuerdo con el Decreto Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Sin embargo, para esta gente poco importa que el Artículo 4 del citado Real Decreto designase al Gobierno de España como único responsable de la gestión de la crisis sanitaria y, por ello, usan toda clase de bulos y falsedades para demonizar al Gobierno de Madrid y pedir la dimisión de su Presidenta, la Sra. Ayuso. Todo parece indicar que un mínimo de coherencia exigiría, en todo caso, pedir la dimisión del Presidente Sánchez y la de Ayuso de forma simultánea. Pero no es así, porque de lo que se trata en el fondo es de eludir responsabilidades, de blanquear la desastrosa gestión gubernamental y de erigir otros culpables de la actual situación. Para esta izquierda irresponsable e inmoral la culpa de que España sea el país con más muertos por cada 100.000 habitantes es de la Presidenta Ayuso de la Comunidad de Madrid, es decir, del PP, como también es culpa del PP, al parecer, que Sánchez pacte la derogación de la reforma laboral con los filoetarras de Bildu aprovechando que el estado de alarma pasaba por allí.

En este concurso de felonías, Rafael Simancas alias Playstation, ese mediocre político, Diputado por Madrid y Secretario General del Grupo Parlamentario Socialista, se lleva la palma, se ha convertido en protagonista gracias a su reproche a la situación de la Comunidad de Madrid. Ha espetado la siguiente frase: “España tiene tantos muertos por covid 19 porque en España está Madrid que es la tercera región del mundo en letalidad”. Semejante exabrupto ha tenido muchas reacciones negativas empezando por la del portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, quien le respondió que "la  prudencia y la moderación no están de moda". Por su parte, el podemita Echenique ataca al Gobierno regional madrileño afirmando que "si quitásemos a Madrid, los datos de España mejorarían bastante". Este ilustre podemita y explotador laboral tiene una fijación obsesiva compulsiva con el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Lo cierto es que esta izquierda demoniza a la Comunidad de Madrid esgrimiendo el número de muertos y de contagiados en esta región y faltando a la verdad, como suele ser habitual, sitúa a Madrid como la Comunidad con el número más elevado de muertos y de contagiados. 

Datos oficiales a 22-5-2020

Pero, claro, ocultan que, en términos porcentuales, es decir, contabilizando el número de contagiados y muertos en relación a la población, el primer puesto en ambos casos corresponde a dos comunidades autónomas gobernadas por el PSOE. ¡Oh, casualidad! Castilla la Mancha es la Comunidad con más muertos por cada 100.000 habitantes y la Rioja la Comunidad con más infectados por cada 100.000 habitantes. Parece que nadie tiene que dimitir en ambas Comunidades, sólo en Madrid, ¡faltaría más! Madrid está en segundo lugar y no cabe duda, según varios informes sanitarios, que buena culpa de ello fue la celebración del 8M, el mayor infectódromo de Europa, y otros eventos en aquel aciago fin de semana de marzo. 

El 8 M muchas mujeres, animadas por el Gobierno a asistir a la manifestación en Madrid, puede que volvieran borrachas a casa pero con seguridad no volvieron solas, sino acompañadas por el virus mortal.

Sus mentiras tienen las patas muy cortas. Sin embargo, a fuerza de repetir esas falsedades la idea va calando en gente con poco sentido crítico, excesivamente crédulas o escasamente preparadas. Y va calando hasta el punto de generar cierta animadversión y rechazo hacia los ciudadanos de Madrid, como si ellos fuesen responsables de algo. En una ciudad como Alicante no es raro escuchar de algunas personas normales y corrientes, expresiones de rechazo a una hipotética próxima llegada de veraneantes madrileños e, incluso, manchegos como si se tratase de apestados que, en el fondo, no harían otra cosa que, en muchos casos, volver con todo el derecho del mundo a su segunda residencia, por la que pagan sus impuestos aunque no reciban servicios municipales durante 11 meses al año. Estas personas, afortunadamente no muchas, repiten como loros las falsedades citadas antes y temen realmente que la enfermedad cobre fuerza con la llegada de los veraneantes.

No todo vale en política y menos aún azuzar el enfrentamiento social e interterritorial con el fin de ocultar la verdad y de sacudirse responsabilidades de encima. Y hay que repetirlo hasta la saciedad: Madrid no es la Comunidad con más muertos ni con más contagiados en relación a la población, como tampoco es relevante el color de los gobiernos regionales en la incidencia de la pandemia en sus respectivos territorios. La gestión de la situación sanitaria y la responsabilidad de los resultados es de quien es, no de quien quieran los agitadores de la progresía.

Santiago de Munck Loyola

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El Gobierno ¡culpable!

En ocasiones es difícil no dejarse llevar por la pasión o la rabia cuando se tiene conocimiento de algunas informaciones que se han ocultado deliberadamente a la opinión pública. Atravesamos una gravísima crisis sanitaria que ya ha dejado decenas de miles de muertos y cientos de miles de infectados por el Covid-19 a lo largo y ancho de nuestra nación. Pero es que, además, las decisiones sanitarias, económicas y políticas que se están adoptado desde hace dos meses por parte del gobierno español van a hipotecar nuestro futuro durante muchos años. Nuestra economía está destrozada, nuestras principales fuentes de creación de riqueza y empleo, el turismo, la automoción y el comercio, se han hundido y costará mucho que vuelvan a los niveles anteriores a la crisis sanitaria. Nos espera un futuro de desempleo, de recortes, de subsidios, de colas para recibir alimentos, de impagos y de un largo etcétera de situaciones personales, familiares y sociales impropias de un estado moderno del bienestar.

La situación es la que es, una situación catastrófica cuyas consecuencias se van a extender en el tiempo. A la hora de analizarla parece que, salvo contadas excepciones, resulta inevitable hacerlo desde posiciones partidistas que, a medida que se publican nuevos datos, se van radicalizando. Podría decirse que, prescindiendo de las falacias de las encuestas del CIS, el único consenso social que podría subrayarse es el de calificar esta situación como muy mala. Y, a partir de ahí, se acaba el consenso. Unos porque entienden que esta crisis era inevitable, que se trata de un virus que nadie podía prever su evolución, que la culpa es de quienes gobernaron antes porque dejaron un sistema sanitario recortado y precario, que no es hora de formular críticas a la gestión sino de aunar esfuerzos, etc. Otros porque culpan al gobierno de todo, porque ponen el acento en intenciones deliberadas de destrucción del tejido social y económico para alcanzar una sociedad subsidiada y dócil electoralmente, etc. Resulta francamente difícil entrar en debates en las redes sociales porque muchas personas, lejos de buscar datos e información, se limitan a defender a sus partidos y a atacar a los adversarios usando tópicos, argumentarios partidistas, falsas noticias y clichés, siendo incapaces de entrar a rebatir los argumentos de los demás con razonamientos, cifras o documentos.

Pero los hechos son tozudos: España es el país del mundo, que se dice pronto, con más muertos por cada millón de habitantes (España 595 muertos por millón de habitantes, 978 si contabilizamos a los ancianos muertos en residencias, Italia 538, USA 284, Portugal 121, Rusia 21 y Grecia 15, por ejemplo). España es el país del mundo con más sanitarios infectados. España tiene más de 18.000 ancianos muertos que no están siendo contabilizados. España ha implantado el sistema de confinamiento de su población más restrictivo de la Unión Europea. España no está entre los países del mundo que más test realiza a la población, a pesar de que la OMS ha venido recomendando como arma decisiva para combatir la pandemia la realización de “test, test y test”. Hay evidentemente quien trata de negar estos hechos y, siendo tan fácilmente comprobables, resulta patética esa pretensión y hasta ridículo intentar echar balones fuera esgrimiendo algunas explicaciones. Decir que la causa de la altísima mortalidad del virus en España se debe a que somos un país turístico es patético ¿Y Grecia qué es? Justificar que Grecia tenga muchos menos muertos que España alegando que el virus viene del este es una muestra de ignorancia impropia de una Ministra de este Gobierno o decir, como la Vicepresidenta Carmen Calvo en el Senado, que “No me había dado cuenta de que Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta. No exactamente, pero casi en línea, en horizontal. Y son tres de las grandes ciudades donde se ha dado un problemón del demonio” es una absoluta frivolidad y una simpleza impresentable.

Dicho lo anterior lo cierto es que estamos donde estamos porque hasta aquí nos ha traído este Gobierno, no otro. Esta pandemia le ha tocado a un frágil gobierno de coalición entre socialistas, podemitas y comunistas y las consecuencias de sus actuaciones y no de otros son la dura realidad que nos toca vivir. Habría que callarse y rebajar el tono de cualquier crítica si este gobierno hubiese hecho todo lo posible por evitar los nefastos resultados que tenemos y si hubiese actuado con total y absoluta transparencia, pero ninguno de los dos supuestos es cierto. Y ello es así porque hace un par de días se ha sabido que a parte de que el Gobierno de España, única administración competente en materia de pandemias según el Artículo 149 de la Constitución, recibiera sucesivas alertas sanitarias de la OMS desde enero y de la Unión Europea desde febrero también recibió un detallado informe el 10 de febrero del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad en el que se ofrecía una información muy completa sobre las características del virus y se proponía la adopción de una serie de medidas preventivas. Curiosamente uno de los firmantes de dicho informe era el propio portavoz del Gobierno durante la crisis, el doctor Fernando Simón. Un segundo informe redactado en términos similares llegó al Gobierno el 6 de marzo y en éste ya se alertaba de la necesidad de evitar los actos públicos con gran concentración de personas. ¿Y qué hizo el Gobierno? Nada, excepto borrarlos de la página web del Ministerio.

En el informe de 10 de febrero, más de un mes antes de decretarse el estado de alarma, se explicaban los mecanismos de transmisión del virus, su período de incubación, su distribución por edades, sus tasas de letalidad, la sintomatología, los tratamientos a utilizar con los pacientes, se informaba sobre las medidas de salud pública a adoptar y recomendaba el control de visitantes provenientes de zonas de riesgo, la adquisición de materiales de protección, de respiradores, etc. Pero incomprensible y negligentemente el Gobierno de España ignoró el informe y no sólo lo ignoró, sino que además lo borró para ocultarlo. Desde que se emitió ese informe, esa alerta, hasta la aprobación del Estado de Alarma más de 19.000 viajeros provenientes del norte de Italia entraron en sin control algunos por nuestros aeropuertos y más de 3.000 provenientes de China hicieron lo mismo. Y hasta dos días después de la aprobación del Estado de Alarma no se publicó en el BOE compra alguna de material sanitario para lo que ya era una pandemia fuera de control en nuestro país.

Y esta circunstancia debería ser suficiente para indignar a cualquier persona, sea del color que sea, con un mínimo de inteligencia, de honestidad intelectual y sensibilidad. Esta circunstancia pone de manifiesto que el Gobierno no adoptó ninguna medida preventiva cuando sabía que debía hacerlo y que esa negligencia nos ha situado donde estamos. El Gobierno es culpable del elevadísimo número de muertos en nuestro país. No hay otro responsable, no hay otros culpables. Su indolencia, su negligencia, su irresponsabilidad y su falta de transparencia son, sin duda, las causas de los catastróficos datos de la pandemia en España. Poco importa que otros países lo hayan podido hacer peor, algo más que dudoso, porque los muertos y los contagiados de los que aquí se habla son los nuestros, nuestros familiares, amigos, conocidos y vecinos, nuestros ancianos abandonados a su suerte en las residencias por el Mando Único. Ni recortes previos, ni leches, ni el este o el oeste, ni gaitas. La responsabilidad, la culpa es del Gobierno de España que es quién sabía con antelación, quien por tanto podía prevenir y quien, por negligencia, siendo generosos, no quiso actuar y no actuó hasta que la plaga ya estaba extendida. Es mi humilde opinión y quien quiera ser cómplice y encubridor de este Gobierno culpable allá él.

Santiago de Munck Loyola

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Un gatillazo sin paliativos.

Iniciamos una nueva semana caracterizada por la peculiar desescalada del confinamiento que ha puesto en marcha el gobierno tras el debate del pasado 6 de mayo en el Congreso sobre la prórroga del estado de alarma y la posterior votación. En ese debate se produjo una intervención especialmente llamativa, la del líder del Partido Popular, Pablo Casado. Pronunció un excelente discurso en el que hizo una profunda y dura crítica a la acción del Gobierno frente a la pandemia y propuso una alternativa a la prórroga del estado de alarma con el uso de otros mecanismos legales tales como la ley general de sanidad, la ley de cohesión y calidad del sistema nacional de salud, la ley general de salud pública, el reglamento de enfermedades infecciosas o la ley de Protección Civil y la Ley de Seguridad Nacional. Mecanismos legales que permitirían al Gobierno mantener el Mando único y la limitación de desplazamientos y actividades. Una alternativa que además se adecúa mejor a las recomendaciones de la Unión Europea en el sentido de limitar el uso de estados excepcionales que restrinjan derechos. Casado subrayó los errores del Gobierno, la falta de autocrítica de éste y la falta de honestidad política al usar falazmente a los parados y autónomos como rehenes del estado de alarma para que no pierdan las ayudas económicas. 

En definitiva, este discurso crítico, duro y a la vez ofreciendo alternativas legales al abuso gubernamental del estado de alarma sólo podía conducir a una postura lógica y coherente que era la de votar no a la prórroga. Y más aún cuando el Gobierno que pedía el voto a la oposición no solo no se había molestado en negociar o dialogar con ella sobre esta prórroga, sino que, además, con una chulería y una desvergüenza más propia de cuatreros que de hombres de estado, se había permitido el lujo de proclamar que quien no votase a favor sería el culpable de los muertos que se produjeran. Pues bien, lo asombroso fue que con ese sólido discurso y con esos antecedentes el Partido Popular se abstuvo en lugar de votar no. Ninguna coherencia por tanto entre el discurso y el sentido del voto posterior. Una decisión que no aquietó al gobierno social-comunista cuyos tentáculos mediáticos y sus dirigentes redoblaron sus esfuerzos para seguir acosando y criminalizando a los responsables autonómicos populares y que, simultáneamente, supuso una gran decepción para muchos votantes populares.

Este peculiar posicionamiento del Partido Popular ha sido interpretado de muy diversas formas por los medios de comunicación y los analistas políticos. Hay quienes lo interpretan como un deseo de diferenciarse de la nítida posición de Vox al respecto, otros como una cesión al deseo de los barones regionales del PP quienes acosados en sus tareas de gobierno por los tentáculos del gobierno social-comunista confiarían, cándidamente, en que una abstención rebajaría la tensión, algo que evidentemente no ha ocurrido, todo lo contrario, y otros finalmente interpretan, con elevadas dosis de simplismo, la abstención como un guiño a las posiciones más centristas del partido y de los votantes. Sea como fuere lo que sí son evidentes son las consecuencias. El votante popular, en su mayoría y tras escuchar los argumentos del discurso, se han quedado un tanto descolocados. Ha sido un gatillazo en toda regla. Mucho ladrido y poco mordisco. Pero los ladridos han molestado mucho a la feligresía socialpodemita, profundamente refractaría a cualquier crítica y especialmente vengativa. Realmente resulta muy difícil desde un punto de vista político encontrar un solo beneficio en esta abstención. Quizás los haya y ojalá así sea, pero este humilde servidor no lo encuentra de momento.

Santiago de Munck Loyola

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Inconsciencia colectiva inducida.

Estamos atravesando en nuestras vidas una etapa que difícilmente habríamos imaginado hace tan solo 4 meses. Estamos en medio de una auténtica tragedia humana originada por un virus cuyo origen y dinámica aún desconocemos que se está llevando por delante la vida de decenas de miles de personas, que está enfermando a cientos de miles de compatriotas muchos de los cuales sufrirán secuelas graves y que está destapando las enormes carencias de nuestra, hasta ahora, placentera sociedad, tanto a nivel político, como económico, social e incluso moral.

Y lo más curioso es que siendo realmente espantosa la situación, la estamos atravesando con una elevada incapacidad de percibir y sentir el auténtico drama que se está desarrollando, con un grado de inconsciencia colectiva tan elevado que denota una elevada ausencia de empatía con el dolor y el sufrimiento ajeno. Lo que empezó como un agradecimiento diario casi espontáneo desde nuestras ventanas y balcones hacia quienes trabajan para cuidarnos y para que no nos falte lo esencial mientras estamos confinados ha ido degenerando en una cita para la fiesta y la diversión. El constante despliegue informativo sobre la evolución de la pandemia está sirviendo de plataforma para difundir cualquier noticia, bulo u ocurrencia en torno al virus, pero, salvo algunas honrosas excepciones, se omite cualquier referencia al sufrimiento y al horror diario que se vive en los centros hospitalarios, en los cementerios o en los hogares destrozados bien por la muerte de un ser querido, bien por la pérdida total de ingresos y la imposibilidad de mantener el sustento familiar. Para qué mencionar la asfixiante soledad a la que el largo encierro ha conducido a cientos de miles de personas.

No hay banderas a media asta, pocas banderas con crespones en nuestros balcones, no hay lacitos negros en las pantallas de las televisiones. Es como si lo importante fuera evitar que tomásemos conciencia del alcance de la tragedia y nos centrásemos exclusivamente en la difusión de mensajes positivos, como si ambos sentimientos fuesen radicalmente incompatibles.

Sí, nuestra sociedad está enferma y lo está sanitaria, económica y moralmente. Esta inconsciencia colectiva que desde los medios de comunicación nos han inducido no nos permite asumir la auténtica realidad del drama que se está desarrollando en torno nuestro, pero, aún peor, nos impide ver con claridad nuestro futuro inmediato que, queramos o no, va a ser otra tragedia irreversible. Es una realidad que al mismo tiempo que se han ido destruyendo sistemáticamente decenas de miles de vidas durante los tres últimos meses, también se ha destruido nuestra economía, la base de los ingresos de millones de hogares, el sustento económico del propio Estado que va a quedar sin recursos para hacer frente a la nuevas y enormes necesidades para la subsistencia de esos hogares. El estado del bienestar nacido en los años de la posguerra europea va a ser sucedido por el estado del malestar o de la simple supervivencia. Para hacernos una idea: la EPA (Encuesta de Población Activa) recientemente publicada señala que más de 500.000 empleos se han destruido tan solo en la segunda quincena de marzo, 900.000 empleos según el ministro de seguridad social.

El Producto Interior Bruto (PIB), es decir, la suma de todos los bienes y servicios finales que producimos ha caído en el primer trimestre nada menos que un 5,2 %, mientras que en el resto de Europa la caída ha sido de un 3,8%. Miles y miles de comercios, de negocios, de pequeñas y medianas empresas han cerrado para siempre. Lo que tenemos por delante es un panorama absolutamente desolador con millones de nuevos desempleados con un estado arruinado que tiene la caja de las pensiones vacía y que se las va a ver y desear para poder abonar las pensiones, el desempleo y cualquier otra prestación económica.

Eso significa más pobreza, hambre, estraperlo, más economía sumergida para escapar de la voracidad fiscal de un estado arruinado, conflictos sociales, inseguridad y un largo etcétera como corresponde a una economía de posguerra, en este caso, tras una guerra contra un invasor invisible. Y a todo ello habrá que sumar que el enemigo estará por bastante tiempo entre nosotros y que no será desactivado hasta que no se descubra una vacuna efectiva.

Sí, el panorama es desolador y no se trata de ser catastrofista, sino realista. Se trata de que es hora de abrir los ojos, de asumir la realidad, de abandonar esa inconsciencia colectiva tan irresponsable en la que estamos sumidos. Es patético y ridículo que la mayoría de los programas televisivos se centren en cuestiones tales como si se va a poder ir a la playa este verano o no, o que se nos anuncie una “nueva normalidad” como si a partir de una fecha más o menos próxima vayamos a poder retomar nuestra vida habitual con algunos cambios y limitaciones. La etapa que se va a abrir tras el fin del estado de alarma no debería ser calificada de “nueva normalidad” sino de “reconstrucción nacional” porque eso es lo único que entre todos deberemos hacer. Adaptar nuestras vidas, nuestros hábitos y costumbres a una nueva realidad, a un mundo diferente caracterizado por la pobreza generalizada y amenazado todavía por el virus latente. El reto es enorme y también lo es la responsabilidad de la clase política, de los movimientos sociales y de los comunicadores para afrontarlo. Somos una Nación capaz de resurgir, pero nuestra capacidad no puede seguir anestesiada con una inconsciencia colectiva deliberadamente inducida. Ya somos muy mayorcitos para seguir pensando que vivimos en el mundo de Yupi y que, pase lo que pase, papá-estado nos lo solucionará. 

Santiago de Munck Loyola

¿Pactos? Sí, pero…

Si en algo tenía razón Pedro Sánchez antes de las pasadas elecciones generales es en que un gobierno de coalición con Podemos sería un gobierno de pesadilla, un gobierno que quitaría el sueño. Ayer mismo se produjo un incidente que pone de manifiesto que los socialistas no cuentan con un socio leal y no es la primera vez. 

Tras aprobar y anunciar el Consejo de Ministros a través de su inefable portavoz la Ministra Montero que los menores podrían salir de casa para acompañar a sus padres a supermercados, farmacias o bancos, acuerdo que había contado con el apoyo de los ministros podemitas, el inmediato y mayoritario rechazo social a este absurdo acuerdo movió a Pablo Iglesias a publicar en las redes sociales su propio rechazo a la medida por él mismo aprobada y a presentarse como intercesor ante el Ministro de Sanidad para anunciar una medida de desconfinamiento infantil diferente. 

Es decir, no tuvo empacho alguno en desvincularse de su acuerdo y de publicitarlo en las redes para aparecer como el “bueno” de la película. Esta esperpéntica situación no es un hecho aislado, lo pudimos comprobar con ocasión del anuncio de presentación de la renta básica, pero es que, además de evidenciar la fractura interna del gobierno, evidencia la ausencia de liderazgo y la más absoluta improvisación.

Nos mienten una y otra vez. No es creíble que la absurda medida de desconfinamiento infantil aprobada en el Consejo de Ministros y rectificada horas después fuese el resultado de seguir las recomendaciones de los científicos. Este gobierno ni sigue, ni ha seguido nunca las recomendaciones de los científicos, empezando por la OMS, porque de haberlo hecho no seríamos el país del mundo con más muertos por cada millón de habitantes. Y si ha habido un grupo de científicos que recomendó al Gobierno aprobar que los niños pudieran acompañar a sus padres a supermercados, farmacias o bancos que hagan el favor de hacer público sus nombres.

Un gobierno fracturado, con rivalidades internas, no es el mejor instrumento para combatir una crisis tan grave como la que estamos atravesando, ni cuenta evidentemente con la necesaria consistencia ni legitimidad para pedir apoyos incondicionales a la oposición y, mucho menos, para exigir llegar a un pacto para la reconstrucción de España. Y subrayo exigir porque así lo ha planteado el vicepresidente Iglesias al declarar que si el Partido Popular no se suma a los pactos se quedaría fuera de la Constitución. Sí, tal cual, como si el Sr. Iglesias se hubiera convertido en intérprete de la Carta Magna o como si hubiese descubierto alguna cláusula oculta en la misma que obliga a los partidos a llegar a acuerdos. Una payasada más del Sr. Iglesias que se permite al mismo tiempo cuestionar que el Jefe del Estado vista uniforme militar, a pesar de que la Constitución señala que el Rey es el Jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

No cabe ninguna duda de que la reconstrucción de España tras esta enorme tragedia requerirá acuerdos lo más amplios y sólidos posibles entre los partidos políticos y los principales agentes sociales. Pero es imposible plantear dichos acuerdos sin antes establecer un marco, unas reglas básicas para lograr su consecución. Dichos pactos deberían abrir las puertas a unas elecciones generales para que un nuevo gobierno los ponga en marcha. El primer escollo estriba en el convocante, el Presidente Sánchez, cuya fiabilidad a la luz de su trayectoria y de sus incumplimientos constantes deja mucho que desear. Es difícil suscribir un contrato con alguien cuando tienes constancia de que su palabra no tiene valor alguno. Superado ese escollo con altas dosis de generosidad sería necesario, antes que nada, abrir una comisión de investigación parlamentaria para saber por qué nos hemos convertido en el país del mundo con más muertos por cada millón de habitantes, por qué hemos llegado a esta dramática situación cuando contábamos con la tercera mejor sanidad del mundo, por qué somos el país del mundo con el mayor número de sanitarios infectados, por qué nuestro gobierno ha realizado compras de material sanitario defectuoso a través de empresas no aptas pagando sobreprecios escandalosos y poniendo en peligro la vida de miles de personas, en definitiva conocer, con luz y taquígrafos, cómo se ha gestionado la pandemia y exigir, en su caso, las responsabilidades a que hubiere lugar.

Hecho esto habría que determinar la finalidad de los pactos y eso conviene dejarlo claro porque no puede ser otra que la reconstrucción económica y social de España, un objetivo que seguramente no será del agrado de los socios del gobierno social-comunista, socios cuyo objetivo ha sido siempre precisamente el contrario, es decir, la destrucción de España. ¿Alguien en su sano juicio cree que Bildu, ERC, JXCat y demás quieren una España rica, fuerte y cohesionada? Y si el objetivo de los pactos no es el de la reconstrucción económica y social de España ¿para qué entonces los acuerdos? ¿para anestesiar a la oposición? ¿para blanquear al gobierno y a sus socios? Los pactos y los acuerdos suponen siempre cesiones mutuas entre los participantes en los mismos, implican renuncias programáticas para lograr puntos de encuentro, soluciones compartidas a los gravísimos problemas a los que nos vamos a enfrentar. Y no se trata solo de consensuar las medidas y reformas sociales que España necesita para garantizar el futuro bienestar de sus ciudadanos, sino también de acordar las reformas políticas e institucionales de todo aquello que ha supuesto un obstáculo para frenar la pandemia. Por poner un ejemplo, a casi nadie se le escapa que nuestro sistema autonómico en lo relativo a las competencias sanitarias no ha sido eficiente. Nuestro modelo, con la mayor parte de las competencias sanitarias transferidas a la Comunidades Autónoma, ha dejado un Ministerio de Sanidad ridículo, sin personal y efectivos suficientes para afrontar con eficacia las contrataciones urgentes de material sanitario. Y el resultado final ahí lo tenemos, en vez de un único agente contratante en los mercados internacionales, España ha concurrido a los mismos con 18 compradores distintos compitiendo entre sí. Algo ridículo e ineficiente. Pues bien, este ejemplo sirve para ilustrar el alcance de esos posibles pactos. Y no cabe duda de que exigirá mucha altura de miras, de generosidad y de patriotismo si queremos, de verdad, construir un futuro mejor para todos los supervivientes.

Santiago de Munck Loyola

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Covid 19: alguien tendrá que pagar por ello.

No resulta fácil opinar sobre la trágica situación que vive nuestro país sin apasionamiento, sin que afloren sentimientos en ocasiones contradictorios o sin dejarse llevar por prejuicios, más que ideológicos, simplemente partidistas. Y ello es así porque nos encontramos en medio de una auténtica tragedia humana, ante una terrible enfermedad que se está llevando por delante a decenas de miles de compatriotas que pensaban, como muchos lo pensábamos, que España contaba con todos los recursos necesarios para hacer frente a esta enfermedad, que creíamos, porque así nos lo habían dicho quienes contaban con toda la información al respecto, que se trataba de una simple gripe, eso sí, algo más fuerte que las habituales y que no se producirían más que unos pocos casos en el país. Así que cuando la cruda realidad nos ha puesto sobre la mesa 200.000 infectados y 20.000 muertos, según las cifras oficiales debidamente maquilladas, o unos 2.000.000 de infectados y unos 40.000 muertos, según otras fuentes más realistas, resulta imposible no preguntarse por qué y quién es el responsable de este drama.

Hay quien dice, como la ministra Montero, que ahora la responsabilidad de todos no consiste en realizar críticas, sino en apoyar al gobierno. No es la única. Es frecuente escuchar que la oposición debe apoyar al gobierno, que la situación requiere el esfuerzo conjunto y olvidarse de las críticas o que las críticas solo tienen por finalidad derribar al gobierno. Nada más falso. Si la responsabilidad consiste en no criticar al gobierno y apoyarlos, como dice la ministra Montero, estaríamos machacando de un plumazo uno de los pilares de la democracia que se distingue precisamente de los regímenes autoritarios por la existencia de una oposición libre cuya principal obligación es la de controlar al gobierno. Controlar significa analizar cada paso que da el gobierno y denunciar, en su caso, los errores de cualquier tipo que cometa. Y un gobierno democrático tiene la obligación de escuchar a la oposición y valorar sus críticas y sus propuestas para mejorar su propia gestión. Si la oposición no critica la acción de gobierno estaría traicionando a su electorado y haciendo una dejación de funciones inexcusable. Se convertiría en cómplice de los errores del gobierno. Ni la crítica por la crítica sin aportar alternativas, ni la demanda de apoyo sin consensuar antes las medidas pueden ser admisibles en una situación tan excepcional como ésta. No es de recibo que el gobierno reclame constantemente apoyo a la oposición para las medidas que adopta sin antes intentar al menos consensuarlas.

La lógica partidista está llevando a los defensores del gobierno a justificar todo lo que se ha hecho hasta ahora eludiendo cualquier responsabilidad y construyendo un relato que termine culpando a la oposición de la triste realidad plagada de muertos y de familias destrozadas. Los mismos que hace seis años clamaban exigiendo la dimisión de Rajoy por la muerte del perro Excalibur como consecuencia de la crisis del Ébola hoy no demandan dimisión alguna. Llamativo, pero cierto. Eso sí, coinciden en afirmar que la gravedad de la pandemia en nuestro país se debe a los presuntos recortes sanitarios que hizo el PP durante la recesión económica pasada. Pero, claro, en cuanto uno se toma la molestia de leer las cifras del Ministerio de Sanidad y comprueba que, por ejemplo, entre 2009 y 2018 el presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid (PP) aumentó un 17,46% y el de Andalucía (PSOE) solo un 6,82% se les viene abajo ese argumento. 

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Hay una gran diferencia entre el Presidente francés Macron que comparece ante su pueblo y reconoce que han actuado tarde y que han cometido muchos errores en la gestión y el Presidente Sánchez que semanalmente comparece ante los españoles para decir que todo se ha hecho bien y que, incluso, su gobierno fue el primero en reaccionar en Europa ante la pandemia. Pues algo no cuadra, porque si eso fuera cierto y contando con unos excelentes profesionales sanitarios y con todos los medios necesarios para hacer frente a la pandemia, tal y como anunció el Ministro Marlaska a principios de febrero, ¿a qué se debe a que seamos el país con el mayor número de muertos por cada millón de habitantes? Quizás la explicación se encuentre ni en el dinero que se destina a sanidad, ni en la calidad del sistema necesario ya que el nuestro está clasificado como el tercero del mundo más eficiente, sino en otras circunstancias.

Comparémonos con Grecia, un país también mediterráneo, turístico por excelencia y que está en bancarrota con tres rescates a cuesta de la Unión Europea. Grecia tiene una población de 10.720.000 habitantes, España de 47.000.000. Grecia tiene un gasto público anual per cápita de 1.678 €, España de 2.371 €, es decir, España gasta en sanidad por habitante más de un 40% que Grecia. En Grecia hay 525 camas en las UCIS, en España 4.404 camas, es decir, España cuenta con el doble de camas que Grecia por cada millón de habitantes. Sin embargo, en Grecia el coronavirus ha matado a 9,4 personas por cada millón de habitantes y en España ha matado a 429 personas por cada millón. Es decir, la mortalidad del virus en España es 45 veces superior a la que se registra en Grecia. Es evidente que la causa no se encuentra ni en la cantidad de dinero destinada a sanidad, ni en los recortes, ni en la calidad del sistema sanitario. La diferencia está en el momento en que se actúa frente a la pandemia. Grecia se movilizó decretando toda clase de medidas a los 4 días de producirse el primer fallecimiento. España lo hizo a los 30 días. Y este letal retraso no se debió a falta de información del Gobierno.

Desde el 25 de enero hasta mediados de marzo el Gobierno recibió 40 avisos de la OMS. Es más, el gobierno recibió el 24 de enero un detallado informe sobre las medidas preventivas que debía adoptar para proteger a los policías que operaban en los aeropuertos, informe elaborado por el responsable de prevención de salud de la Policía Nacional, y la única medida adoptada por el Ministerio del Interior fue cesarlo. A muchos nos sorprendía ver que no se medía la temperatura a los viajeros cuyos vuelos llegaban a España provenientes de China o de Italia y mientras tanto la agenda política giraba en torno al pin parental o a la carrera entre los socios del gobierno para ver quién era más feminista. Y poco más. Hoy, por primera vez, un ministro del Gobierno ha tenido la honestidad de reconocer algo de responsabilidad. El Ministro Duque ha declarado que “esta pandemia nos ha desbordado a todos. Debimos prestar más atención a los científicos”. Pues sí, más atención a los científicos, a la OMS y a la Unión Europea porque esta insuficiente atención prestada se está traduciendo en decenas de miles de muertos y en la ruina económica de España. Alguien tendrá que pagar por ello.

Santiago de Munck Loyola

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