Independentismo catalán y violencia.

El pasado domingo, el Presidente de la Generalidad catalana, Joaquín Torra, repitiendo como un loro las consignas independentistas, afirmó que no puede "condenar lo que no existe" en respuesta a quienes le exigen que condene las acciones de los CDR encarcelados, acusados de terrorismo. Insistió, además, en subrayar el pacifismo de los independentistas: "El independentismo siempre ha sido pacífico" y por ello "choca contra la violencia de manera natural".

El cinismo de este independentista, racista y xenófobo, produce arcadas. Él, al igual que todos los demás xenófobos independentistas que han salido a la palestra estos días para no condenar a los CDR, da asco y no sólo por su escaso bagaje cultural, sino por la perversión intelectual que se deriva de su discurso.

Hay que decir las cosas claras. Los Comandos de Defensa de la República (CDR) son y han sido siempre violentos. Lo son desde el primer día que hicieron su aparición porque sólo de violentas pueden calificarse la mayor parte de sus actuaciones callejeras. Violencia es agredir a las fuerzas de orden público; violencia es montar barricadas en autopistas, calles o vías de tren para impedir que la gente pueda circular libremente por ellas; violencia es organizar piquetes para obligar a cerrar comercios; violencia es toda actuación tendente a coaccionar la libertad de elección de los demás ciudadanos. Sí, todo eso es violencia y cuando el Sr. Torra les animaba a que “apretasen” más a lo que les estaba animando era a ser más violentos. Y lo han hecho, los CDR o parte de ellos han subido un peldaño más en la escalera de la violencia. 

Comprar material para fabricar explosivos, planificar sabotajes de infraestructuras públicas o el asalto al Parlamento regional de Cataluña es violencia y más específicamente violencia terrorista, aunque dichas acciones se hayan quedado sólo en su fase de tentativa gracias a una investigación judicial y a una intervención policial. No hace falta pegar un tiro en la nuca a alguien para que exista terrorismo, basta con intentarlo.

Treinta agentes de los Mossos d’Esquadra resultaron heridos el 21 de diciembre de 2018 en los incidentes por las protestas de los Comités de Defensa de la República (CDR) contra la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona. ¿No fue eso una manifestación clara y rotunda de violencia?

Tras la detención de Puigdemont en Alemania los CDR salieron a la calle en abril de 2018 con asaltos violentos a instituciones, destrozos del mobiliario urbano y corte de carreteras y el 28 de abril del mismo año los partidos independentistas se negaron a condenar la violencia de los CDR en el Parlamento catalán. ¿Por qué habrían de condenar ahora el hecho de que los CDR hayan subido un escalón más en el podio de la violencia?

Son los independentistas los que desde el primer día están banalizando la violencia en todas sus formas y ahora lo hacen incluso banalizándola en su formato terrorista. Con ello no hacen otra cosa que “bendecir” el uso de la violencia como un instrumento más al servicio de la causa independentista. Es cierto que la inmensa mayoría de los independentistas no son violentos, pero cuando los líderes de los partidos independentistas son incapaces de trazar una línea roja entre demócratas y violentos, cuando asumen la defensa a ultranza de “sus” violentos no pueden extrañarse de que su imagen se confunda con la de los violentos y la de los aprendices de terroristas.

El independentismo actual nació de la mano de la corrupción del clan Pujol y no supo soltar amarras en el momento preciso y ahora se mantiene de la mano de los más violentos, de quienes prefieren la barricada al escaño, el adoquín al argumento, el pasamontañas a la razón, el explosivo a las urnas. Deberían saber ya que esas compañías terminarán por morder la mano que les da de comer y que ese camino solo lleva a la cárcel.

Santiago de Munck Loyola

MOTIVOS PARA VOTAR Y PARA CAMBIAR EL VOTO.

Hoy se publica en el BOE la convocatoria de nuevas elecciones generales tras el fracaso del PSOE de Pedro Sánchez para lograr acuerdos parlamentarios que apoyasen su investidura como Presidente del Gobierno. Detrás de todo el ruido preelectoral (reparto de culpas, acusaciones, desencanto ciudadano, miedo a la abstención, etc.) lo cierto es que los actuales partidos con representación en el Congreso han sido incapaces de formar gobierno. Y lo cierto es que ello implica consecuencias negativas directas para todos los ciudadanos: se paralizan las reformas, no hay transferencias a las Comunidades Autónomas y no llegan los recursos para atender a la sanidad, la educación, los servicios sociales, etc. Pero es que, además, los problemas se agravan.

En unas elecciones generales no votamos sólo para que los diputados elijan a un Presidente del Gobierno sino para que durante la legislatura nos representen, se ocupen de nuestros problemas, fiscalicen al gobierno y propongan soluciones. El pasado 28 de abril los alicantinos elegimos 12 diputados (4 del PSOE, 3 del PP, 2 de C’s, 2 de Podemos y 1 de Vox) y 4 senadores (3 del PSOE y 1 del PP). 

Desde entonces hasta ahora, los medios de comunicación han recogido muchos titulares exponiendo los graves problemas que afectan a nuestra Provincia. Éstos son algunos de ellos:

-       El Gobierno declara la Vega Baja zona catastrófica sin concretar las ayudas. El Consejo de Ministros diluye las compensaciones por la gota fría en un real decreto que destina 774 millones de euros a repartir entre 20 provincias afectadas por catástrofes naturales - Regantes ven «decepcionantes» las medidas urgentes y el PP, «muy poco dinero»

-        La CHS desoyó la exigencia de los regantes de vaciar el río y revisar las motas 48 horas antes de que se desbordase.

-    Los agricultores cargan contra la "dejadez" del Gobierno durante la gota fría. Acusan al Ministerio de no preocuparse por limpiar el cauce ni mantener las motas del río.

-       El curso escolar arranca en la provincia de Alicante con 10.000 alumnos sin profesor. Secundaria y Formación Profesional son los ciclos más afectados por la falta de 500 docentes. Los sindicatos critican que Educación cubrió en Valencia un mayor número de plazas que en Alicante.

-       Los casos de discriminación lingüística se duplican en la provincia.

-      La olla a presión de la Sanidad en Alicante. Las consultas en los centros de salud de la provincia crecen en 154.000 en solo un año y las de especialistas, en 160.000, con el mismo personal de hace 15 años. La dimisión del jefe de Urología en la Marina Baixa pone en evidencia las carencias.

-        El cerco al castellano se amplía este curso y afecta ya a toda Primaria. En el actual modelo lingüístico la mitad de los colegios tienen enseñanza en valenciano y el 33% en castellano.

-       Marzà defiende que Valencia debe sumarse al proceso independentista catalán.
-       La Diputación mantiene el talante negociador y pide al Consell otro reparto de los fondos FEDER. Alejandro Morant considera «sectaria y vergonzosa» la distribución de ayudas para vías ciclopeatonales pero quiere consensuar posibles soluciones.
-        El Consell adjudica a Alicante el 1% de un fondo de la UE y deriva el 98% a Valencia. La Generalitat destina a municipios valencianos 36,5 millones del programa Feder para vías ciclopeatonales e invierte 450.000 euros en un tramo entre Elche y Santa Pola.
-       El Gobierno valenciano «espía» qué idioma hablan los alumnos en el recreo.
-   Barceló descarta tomar medidas para paliar la saturación de hospitales y centros de salud.
-      Sanidad deja con la mitad de plantilla los centros de salud y hospitales para atender a un millón más de personas. La provincia incrementa la población en verano de 1,9 a 2,9 millones de habitantes.
-       Camas en los pasillos del Hospital de Sant Joan.
-      Sanidad presta una deficiente atención en Urgencias en los pueblos por falta de personal. En Agost, Pinoso, Muro, Banyeres o Sax el servicio cierra cada vez que el médico acude a una visita a domicilio.
-         Nueva lluvia de subvenciones a los 'soberanistas' de la Comunidad Valenciana.
-         Los médicos, obligados a utilizar su coche al seguir sin conductor los 109 de Sanidad.
-         El helipuerto cerrado del General obliga a trasladar a cuatro pacientes por carretera en nueve días.
-        El Gobierno de Puig presiona a los alumnos que no quieren valenciano: “Estarás en desventaja".
-     Caos y retrasos de hasta 13 meses en la renta valenciana de inclusión.
-    Más de 137.300 alicantinos emigraron a otras provincias en 2018 tras encontrar un empleo.
-      Los municipios «antitrasvase» del Tajo decidirán sobre el agua que se envía a la provincia.
-       Los centros de salud de la provincia soportan la mayor carga asistencial de la Comunidad. Cada médico llega a atender hasta 32 pacientes al día cuando la media del conjunto autonómico es de 25 consultas.
-       Quejas por el retraso de hasta una hora en las ambulancias que cubren urgencias en la costa.
-         La provincia sufre el peor mes de julio para el empleo en once años.
-          Sanidad cierra las 30 camas extra que reabrió en julio.
-          Universidades deniega el doble de becas de las que adjudica en la provincia.
-         Los hoteles, a favor de una AP7 gratis pero solo entre Valencia y Tarragona.
-          Alicante ciudad recibe la mitad de dinero del Estado que Málaga.
-          Más inmersión lingüística en Baleares y Comunidad Valenciana.
-         El Consell descarta Medicina para Alicante porque supondría un «sobrecoste».
-          Sánchez se 'olvida' de invertir en obras públicas en Alicante. El Gobierno sólo inyecta en la provincia el 0,41% de toda la inversión en infraestructuras realizada por el Estado en España durante los últimos 12 meses. La Administración central ha licitado proyectos por 7.184 millones de euros. A las comarcas alicantinas han llegado apenas 29,7 millones de todos estos fondos.
-         Más de seis meses de espera para una cita médica en Rehabilitación.
-         El AVE Alicante-Madrid abandona el podio de los más rápidos de España.
-        El Ayuntamiento y la Cámara exigen un proyecto digno para unir el Puerto con el Corredor Mediterráneo.
-        La inestabilidad en Madrid deja a Alicante con la inversión del Estado más baja de la historia.
-         Reparto 'asimétrico' de la inversión en la Comunidad. El Botànic dio a Valencia el 58% de toda la inversión en obras públicas en su primera legislatura, y a Alicante el 26,8%. Los empresarios alicantinos creen que es hora de corregir este desequilibrio.
-          El 20% de la población de la provincia está en riesgo de exclusión social.
-        El Hospital Vega Baja está a la cola en inversión y gasto de personal en la Comunidad Valenciana.
-      ¿Qué hemos hecho los alicantinos para que el ninguneo de Madrid y València sea crónico?
-          Fomento excluye a la provincia del plan exprés para construir pisos con alquileres baratos.
-         La red viaria se aproxima a la saturación sin mejoras a la vista por la ausencia de presupuestos.
-     Acció Cultural lleva recibidos 30 millones para implantar el catalanismo en Valencia.
-      La Comunitat Valenciana pierde en 3 meses 34 empresas de más de 250 trabajadores.
-    Puig destierra el español: subvenciona a los ayuntamientos que rotulen "exclusivamente en valenciano".

Los titulares de prensa de tan solo los últimos 5 meses son más que elocuentes. Y la pasividad de nuestros actuales parlamentarios más que escandalosa. Estos titulares y la actividad de nuestros actuales parlamentarios son razones más suficientes para demostrar la necesidad de que los alicantinos cuenten con voz propia en las próximas Cortes Generales. Desde una perspectiva alicantinista y española es evidente que ninguno de los actuales partidos políticos con representación en las Cortes atiende de forma directa a los intereses de Alicante. 

Alicante se juega mucho en estas elecciones generales. No es cuestión de izquierda o derecha. Es cuestión de defender el futuro, el progreso y la propia identidad en medio de un escenario muy complejo. Mantenerse al margen no puede ser una opción para quienes quieren que la voz de Alicante sea tenida en cuenta de una vez.

Santiago de Munck Loyola

https://santiagodemunck.blogspot.com

UNA “ESTAFA” POLÍTICA CON EL AGUA POTABLE.

En ocasiones y sobre todo cuando examinamos decisiones políticas parece que el sentido común brilla por su ausencia. En otras, da la sensación de que resulta indiferente que gobierne la derecha o la izquierda porque a la hora de tomar decisiones ni la ideología, ni los principios, ni tan siquiera el sentido común se vislumbran por sitio alguno y, menos aún, cuando don dinero anda por medio.

Vayamos por partes. Cuando tenemos que tomar decisiones cotidianas como qué televisor comprar, qué colegio elegir para nuestros hijos o qué ropa adquirir nos basamos en el sentido común y el sentido común nos señala que hay que escoger la mejor relación posible entre la calidad del producto o servicio y el precio. ¿Ocurre lo mismo cuando las decisiones las toman los políticos? Pues lamentablemente en muchos casos no es así. Recuérdese, por ejemplo, el famoso Plan E del Sr. Zapatero en el que se dilapidaron miles de millones de euros en obras, muchas de las cuales fueron inútiles. Baste citar, por ejemplo el aeropuerto de Huesca, que costó 40 millones de euros y recibió 1 pasajero cada cuatro días durante el año 2016. Y así con otras 30 infraestructuras que costaron un total de 6.000 millones de euros. ¿Sentido común? Evidentemente no. Pero no hace falta remontarse tanto en el tiempo ni ceñirse al Estado. 

 ¿Tiene sentido común que un pequeño ayuntamiento como Monforte del Cid, con apenas 8.000 habitantes, en vez de reponer los contenedores de residuos deteriorados se gaste decenas de miles de euros en sustituir todos los existentes por otros más pequeños y que en el plazo de dos años no servirán por no ajustarse a la normativa?

Pues no, no hay sentido común en esa decisión, aunque quizás si exista tras la misma algún interés concreto.

Tampoco parece que la ideología del gobernante sirva para explicar determinadas decisiones que adoptan a la hora de gestionar el dinero público, nuestro dinero. Nos hemos acostumbrado a identificar a la izquierda con la gestión pública de los servicios públicos y a la derecha por preferir la gestión privada de determinados servicios públicos. Sin embargo la realidad es distinta. ¿Qué explica, por ejemplo, la decisión de un gobierno municipal de izquierdas, como el de Monforte del Cid, de privatizar servicios esenciales como los servicios jurídicos municipales? ¿Qué razón se esconde para que este Ayuntamiento bata records con la contratación de falsos autónomos para el desempeño de trabajos que deberían ser cubiertos por funcionarios públicos? Y en este caso hablamos también de decenas de miles de euros anualmente. No parece que sea por motivos ideológicos, ni por sentido común.

Y si intentamos acudir a los principios políticos que entonan muchos gobernantes para tratar de marcar su sesgo político distintivo, entonces, apaga y vámonos. Hablan de transparencia, de participación, de honestidad, de defensa de los más débiles o de adalides del medio ambiente y, en la mayoría de las ocasiones, ni rastro de esos supuestos principios a la hora de gestionar el dinero público.

Ni acudiendo al sentido común, ni a la ideología, ni a los principios se encuentra una justificación razonable para explicar el caso del rimo del agua potable en el Ayuntamiento de Monforte del Cid. Veamos. El suministro de agua potable y la prestación del servicio de alcantarillado son dos competencias básicas de cualquier Ayuntamiento. En la mayoría de los casos, las administraciones locales deciden prestar dichos servicios de forma indirecta, es decir, mediante concesión administrativa. El agua potable es un bien de primera necesidad que es objeto de protección y ordenación jurídica incluso a nivel internacional. No es un bien sobre el que una administración pública pueda o deba especular para obtener beneficios económicos. Sin embargo la realidad es muy distinta gobierne la derecha o la izquierda. Tras dos intentos fallidos por prosperar recursos judiciales de adjudicar el contrato con el ciclo integral del agua, es decir, comprendiendo el suministro del agua potable y la red de alcantarillado, en 2015 el gobierno de Izquierda Unida y sus socios en Monforte del Cid decidió volver a licitar dicho concurso.

Volviendo al inicio de este artículo cualquier persona normal y decente pensaría que la forma de adjudicar dicho contrato para un período de 25 años sería hacerlo a la empresa que hiciese la oferta con una mejor relación entre calidad y precio. ¿Precio? Sí, pero no como cualquier persona normal y decente podría pensar. El precio es el canon que la empresa ganadora debería pagar a Ayuntamiento para prestar el servicio en su nombre. Contra toda lógica, tanto el PP con anterioridad como la izquierda ahora, la preferencia a la hora de adjudicar es la empresa que preste el servicio más caro, la que pague un canon más alto al Ayuntamiento. En resumen, obtiene el contrato la que cobre más caro por suministrar el agua potable. Y ello es así, porque la empresa adjudicataria cobrará el canon que paga al Ayuntamiento a los consumidores, en sus recibos del agua. Un negocio redondo para el Ayuntamiento: a cambio de adjudicar el servicio recibe el canon, una forma de préstamo que no tiene que devolver el Ayuntamiento, sino los consumidores que se ven sometidos así a una doble “fiscalidad” sobre un bien de primera necesidad como es el agua potable. Como se ve, da igual la derecha o la izquierda en este caso. Ambas han especulado con el agua. Pero en la adjudicación del año 2017 realizada por IU, PSOE y tránsfugas se ha ido más lejos, se ha vulnerado el Código Penal porque se ha amañado el concurso para que resultase adjudicataria la empresa Aguas Municipalizadas de Alicante. La Alcaldesa y el asesor de la misma negociaron con los directivos de AMAEM para incrementar el canon prestablecido de 3.500.000 euros en un 1,5 millones de euros de más de modo que el concurso se adjudicó por 5.000.000 de euros. Casi nada. 5 millones que los consumidores pagarán religiosamente en sus recibos hasta que AMAEM los recupere. Así de sencillo y así de claro. La izquierda se ha convertido en una máquina especuladora sobre un bien de primera necesidad, como el agua, superando con ello al PP y pasándose el sentido común, la ideología y los principios por el arco del triunfo. Éste es su modelo: adjudicar un servicio público básico y esencial a la empresa más cara. Ver para creer.

Santiago de Munck Loyola

https://santiagodemunck.blogspot.com