LA SENTENCIA SOBRE WALAIG Y LA INDECENCIA POLÍTICA DE LA ALCALDESA COMUNISTA DE MONFORTE DEL CID.

Comunicado del Partido Alicantino Regionalista de Monforte del Cid.

No nos corresponde a nosotros defender al PP, pero sí que nos toca denunciar las groseras mentiras de la multipropietaria, presunta economista y alcaldesa comunista de nuestro pueblo en torno a la sentencia última sobre el Walaig y la reclamación fallida de Intersa.

Las mentiras tienen las patas muy cortas y las de la Alcaldesa comunista aún más. Primero, en 2017 se ocupó de airear una absurda sentencia provisional que condenaba al Ayuntamiento a pagar 10,3 millones a Intersa, empresa urbanizadora del Polígono Walaig. Nadie que ame a su pueblo se ocupa y preocupa en airear una noticia desfavorable para su Ayuntamiento y para el municipio espantando así a posibles inversores, nadie salvo la alcaldesa comunista con tal de ensuciar la imagen de sus adversarios políticos.

Segundo, apelada esa sentencia, el TSJ acaba de anularla dando la razón a quienes en su momento dijimos que era absurda. Y le ha faltado tiempo a la alcaldesa para ponerse una medalla que no le corresponde a base de mentiras y manipulaciones. Dicen esta mentirosa patológica y sus conmilitones a propósito de la sentencia “Todo esto no tendría mayor trascendencia sino fuera porque el letrado (Se refiere a D. Lucio Rivas, asesor urbanístico y letrado del Ayuntamiento en época del PP) que asistió al ayuntamiento de Monforte del Cid hizo dejación de sus funciones, según afirma la propia sentencia, al ignorar el escrito de noviembre de 2016 en el que Intersa renunciaba a 6 de los 7 millones de euros que reclamaba.”

Primera gran mentira la sentencia no dice nada de eso y para probarlo invitamos a leer la sentencia cuya copia adjuntamos.

Pero lo más patético es la segunda mentira en el mismo párrafo que el letrado hizo dejación de funciones al ignorar un escrito de Intersa de noviembre de 2016. Vamos a ver ¿Cómo es posible que el letrado no ignorase un escrito en noviembre de 2016 si había sido despedido por el propio Ayuntamiento, en medio de un pleito tan importante, en 2015? Y no es que lo digamos nosotros sino que lo dice la propia embustera y sus secuaces un poco más adelante: “Lucio Rivas, funcionario en los noventa del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, ha cobrado desde 2005 hasta 2015, año en el que se prescinde de sus servicios…”  O sea, que despides a un abogado en medio de un importante pleito y le culpas de que año y medio después haya ignorado un escrito del que no tenía conocimiento alguno.

Resumiendo: que ni la sentencia dice lo que la alcaldesa pretende que dice, que ni el abogado al que se culpa representaba ya al Ayuntamiento y que, en definitiva, hay que deducir es que si alguien ignoró este escrito de Intersa fue el Secretario Accidental y el nuevo letrado traídos por la propia Alcaldesa. Una pirómana metida a bombera. No mienta más, Sra. Alcaldesa, usted es una perfecta ignorante en temas jurídicos (a no ser que también tenga un título de licenciada en derecho tan oculto como el de economista o como las propiedades que ha adquirido a lo largo de esta legislatura), no se arrogue méritos que no le corresponden y sobre todo deje de tomarnos por idiotas a los monfortinos.

LA ALCALDESA DE IU DE MONFORTE DEL CID OCULTA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA QUE DURANTE SU MANDATO HA ADQUIRIDO DOS VIVIENDAS Y UN VEHÍCULO.

En el Portal de transparencia del Ayuntamiento de Monforte del Cid en el apartado correspondiente a las declaraciones de bienes e intereses de los miembros de la Corporación solo figura un edicto de fecha 14-3-2016

según el cual, la Alcaldesa de Monforte del Cid declaraba un activo de 0 € tanto en bienes muebles como inmuebles. Sin embargo, a lo largo de su mandato, Dolores Berenguer Bello, de Izquierda Unida, ha adquirido un vehículo y el 50 % de dos viviendas (el otro 50% figura a nombre de su hermano) a título de herencia de una persona sin parentesco alguno con ellos

No consta que la Alcaldesa haya realizado la correspondiente y obligatoria declaración de modificación de bienes, pero lo que sí consta es que, en caso de haberse realizado, no se ha hecho pública en el Portal de Transparencia de la página web del Ayuntamiento y por tanto, se ha vulnerado la Ley que le obliga a hacerla pública y se está ocultando intencionadamente a los vecinos esta relevante circunstancia.

Pero no es el único caso en el Gobierno Municipal. Tanto el líder del PSOE, Vicente García Sáiz, como la concejala tránsfuga, Mª Teresa de las Nieves, que con IU conforman el tripartito gubernamental, también han cambiado de vehículo en esta legislatura y tampoco han hecho pública esta circunstancia en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.

Es evidente que estas omisiones del deber de hacer público los cambios de sus circunstancias económicas son tanto responsabilidad de la Alcaldía y de los otros dos componentes del Gobierno Municipal, como del Secretario Accidental de la Corporación, José Fernando Mullor Ortiz, quien no ha emitido informe o reparo alguno sobre este grave incumplimiento legal con el deber de transparencia de los cargos municipales.

Los fichajes electoralistas.

O el nivel de imbecilidad entre buena parte de la clase política y de la periodística está rebasando los límites de lo tolerable o bien su desprecio al nivel medio de la inteligencia de los ciudadanos raya el insulto. Me inclino a pensar que las dos posibilidades son compatibles porque todo imbécil suele pensar que los demás somos tontos.

Hay muchas cosas que se pueden criticar de Vox pero que tantos políticos y periodistas fijen ahora su mirada y lancen sus críticas sobre el hecho de que esta formación haya fichado a militares retirados para encabezar algunas de sus candidaturas provinciales no sólo es ridículo, sino que también es mentar la soga en la casa del ahorcado, además de regalarle a Vox más propaganda.

Así, el inefable secretario organización del partido ultra Podemos y ex afiliado de Ciudadanos, Pablo Echenique, se ha despachado con la siguiente frase “El 23-F entraron al Congreso disparando. El 28-A quieren entrar votando. Se dejarán la pistola en casa, pero es lo mismo”. Su sesudo comentario político no tiene desperdicio, pero olvida que Podemos presentó en 2015 como candidato al general del Ejército del Aire José Julio Rodríguez  como número dos de la lista electoral de Podemos al Congreso de los Diputados por Zaragoza y que en las generales de junio de 2016, lo volvió a presentar como candidato, en esa ocasión como cabeza de la lista de Unidos Podemos por Almería, cosechando por cierto en ambas ocasiones un sonoro fracaso. Con este militar parece que no había problema alguno. Debe ser que no tenía pistola que dejar en casa.

Y como siempre hay quien tiene que opinar de todo, también ha salido ese portento de Ministra de Defensa, la ex juez Margarita Robles a contar lo suyo. Margarita Robles, en un acto reciente. "Las decisiones personales que cada uno pueda tomar son respetables", ha dicho este lunes comentando los fichajes de Vox. ¡Faltaría más! Y a continuación otra obviedad “las Fuerzas Armadas están al margen de cualquier discusión política… la neutralidad política…es la clave de su labor…Si por algo se caracteriza el Ejército es por su carácter apolítico. Defienden a todos los españoles sin excepción para garantizar sus derechos y libertades. Que nadie venga a dar ejemplos a nadie de lo que es España". En primer lugar, cuando un alto responsable político suelta obviedades es mejor que guarde silencio. En segundo lugar hay plantearse si existe alguna necesidad de pronunciarse públicamente sobre el libre ejercicio de los derechos políticos de ciudadanos que en su día fueron miembros de las Fuerzas Armadas cuando, al mismo tiempo, parece que no existe la misma necesidad de pronunciarse sobre los jueces, como ella misma, que entran y salen del mundo partidista de la política sin ningún problema. Y, como cuestión de fondo, constituye un error monumental decir que el Ejército tiene un carácter apolítico. No se puede confundir apolítico con apartidista.

Este debate sobre los fichajes concretos de los partidos políticos de cara a unas elecciones generales está soslayando el problema de fondo. Algo falla en la estructura y organización de los partidos políticos cuando no son capaces de generar en su interior liderazgos políticos suficientemente atractivos y capacitados como para optar a cargos representativos en unas elecciones y se ven obligados a recurrir a personajes, más o menos conocidos, con el reclamo de suculentos cargos y en detrimento de los siempre abnegados militantes cuyas legítimas aspiraciones políticas se ven truncadas por el mercadeo electoral. Porque no hay que olvidar que estos fichajes, ex militares, jueces, periodistas o deportistas, nunca se han “pringado” en el duro trabajo de la militancia política. Sólo están disponibles para los partidos a pocas semanas de unas elecciones para optar a un cargo retribuido. Veni, vidi, utinam vici y a cobrar.

Santiago de Munck Loyola

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Compromís se disfraza pero se le ve el plumero.

Se acaba de presentar la candidatura autonómica por la provincia de Alicante de Compromís encabezada por Aitana Mas. Y como seguramente no podía ser de otra forma, a la vista de las expectativas de voto de la formación pancatalanista que desde el Gobierno de la Generalidad Valenciana ha continuado durante estos últimos años con la vieja tradición de ningunear, discriminar y despreciar a nuestra provincia, ha realizado un canto al alicantinismo. Sí, tal cual.

Sin despeinarse, la candidata de Compromís ha señalado que “hay romper del todo con los centralismos”. Se le ha olvidado añadir que con todos menos con el valenciano porque esa proclama no se compadece en absoluto con las pretensiones de su partido de vaciar de competencias a la Diputación de Alicante que es exactamente lo que ha venido haciendo Compromís con sus socios del Botánico. Pero no sólo queda ahí la súbita conversión de Compromís al alicantinismo sino que ha dado un paso más al afirmar que “Alicante debe dejar de ser el sur de la Comunidad para, entre otras cosas, hablar de tú a tú a Madrid”. Para quedarse de piedra. O la Sra. Mas no tiene ni puñetera idea del partido en el que milita o su nivel de cinismo político supera todos los límites imaginables. Debería ser un poco más respetuosa con la memoria y la inteligencia de los alicantinos.

La candidata Aitana Mas debería recordar que el consejero de Educación de la Generalidad Valenciana, Vicente Marzà, que milita en su mismo partido, Compromís, es defensor de los llamados Países Catalanes y que para él “los Países Catalanes son una realidad más allá de lo que pinta el Estado...no solo cultural sino políticamente, y deberían serlo en un futuro todavía más”  y la Costa Blanca no es otra cosa que las playas del sur de los países catalanes.  Marzà, ha puesto en marcha la inmersión lingüística en valenciano les guste o no a la mayoría de los alicantinos. Vicente Marzà, compañero de la Sra. Aitana Mas, pertenece a la entidad Escuela Valenciana, entidad subvencionada por la Generalidad de Cataluña y galardonada por su defensa del catalán. 

Y la candidata Aitana Mas también tiene como compañero de partido al Consejero de Transparencia Manuel Alcaraz para quien “un País Valenciano aislado es una utopía y sería una traición a su propia esencia. Si el País Valenciano quiere salvaguardar su personalidad ha de ser preservándose fiel a su catalanidad básica”. Defiende la “catalanidad” de Alicante y califica a España de “superestructura coercitiva”. La Sra. Candidata de Compromís debería explicar a los votantes alicantinos cómo se puede conciliar su pretendida conversión a los intereses de nuestra Provincia con los del pan catalanismo de su partido.

Pero es que, además, como suele ocurrir con todo recién converso, va más lejos de lo deseable en su nuevo discurso. Se equivoca Sra. Aitana o su subconsciente le traiciona. Si entendemos por “Madrid” al Gobierno de España, sólo otro Gobierno de un Estado puede hablarle de “tú a tú”. O la Sra. Aitana quiere ahora la República Independiente de Alicante o ignora profundamente los principios  de relaciones interadministrativas. Ni la Generalidad Valenciana ni la República Independiente de su Casa pueden hablar de tú a tú al Gobierno de España, a nuestro Gobierno.

Lo que de verdad necesita la Provincia de Alicante es tener voz propia ante el Gobierno de España, voz propia desde la posición constitucional que la Constitución española otorga a las Comunidades Autónoma, voz propia que sólo puede conseguirse a través de la constitución de una Comunidad Autónoma Uniprovincial. Ése es el único camino posible con la Constitución en la mano y todo lo que no sea pasar por ahí significará que Valencia, pese a los juegos florales y retóricos de los neo-conversos, seguirá hablando en nombre de todos los alicantinos.

Santiago de Munck Loyola

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8 de marzo.

Un año más se celebra el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora que así fue institucionalizado por las Naciones Unidas en 1975, en conmemoración de la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y en su desarrollo integral como personas en igualdad de oportunidades con los hombres. Lamentablemente, en los últimos tiempos, esta celebración es cada vez menos pacífica y se exacerba la controversia rompiendo progresivamente el consenso básico entorno a la misma. Hoy, en las sociedades occidentales la igualdad de derechos entre hombres y mujeres es prácticamente plena desde el punto de vista de sus ordenamientos jurídicos aunque en la práctica diaria no es posible dejar de constatar la supervivencia de discriminaciones que quiebran el principio legal de plena igualdad. No ocurre lo mismo en otras sociedades principalmente las musulmanas donde la desigualdad entre hombres y mujeres no sólo tiene pleno amparo legal, sino que forma parte consustancial del conjunto de valores y creencias sociales.

Resulta paradójico que cuanto más hemos avanzado en occidente en la plena equiparación legal de derechos entre hombre y mujeres menos consenso social y más enfrentamiento se está desarrollando en torno a la celebración del 8 de marzo. Parece que detrás de esta situación están, de una parte, la monopolización partidista con fines puramente electorales y los mensajes agresivos y con llamamientos “vengativos” hacia todos los hombres por el simple hecho de serlo. La llamada ideología de género visualiza y trata a los seres humanos desde la perspectiva de su género y no de su concepción como personas con derechos y obligaciones iguales per se. Se sustenta sobre el principio de la desigualdad en favor de la mujer y ello provoca lógicamente reacciones puramente defensivas que terminan por producir rechazo.

El 8 de marzo debería ser una fiesta para celebrar la igualdad legal de derechos y obligaciones entre las personas con independencia de su sexo y para denunciar las situaciones de injusto incumplimiento de ese principio. Y con permiso o sin él de quienes se apropian en exclusiva el 8 de marzo, quiero rendir homenaje y exponer mi público reconocimiento a unas trabajadoras infatigables que muy frecuentemente son ignoradas y olvidadas: las amas de casa, las mujeres que libre y voluntariamente deciden trabajar en casa y hacerse cargo de la familia. 

Son millones de mujeres en España las que trabajan incansablemente, sin horarios, sin días libres, sin salario, que hacen de economistas, de enfermeras, de cocineras, de limpiadoras, de educadoras o de lo que haga falta para que el hogar funcione. El trabajo de las amas de casa no remunerado constituye uno de los pilares de la economía española y los expertos calculan que supone más del 25 % del Producto Interior Bruto. Casi nada. Pero desgraciadamente muy pocos se acuerdan de esto. Se legisla para las mujeres que quieran estar en Consejos de Administración, en listas electorales o en mil facetas de la vida económica y social fuera del hogar pero poco o nada para quienes sin cobrar un euro aportan el 25 % del PIB, para las denostadas, en muchos casos por algunas “progres”, amas de casa.

A ellas quiero dirigirles mi humilde reconocimiento y mi profunda gratitud. Son el pilar de nuestra sociedad, la base de la familia (quizás ahí radique el problema para quienes no creen en la misma) y merecen todo el aplauso y agradecimiento del conjunto de la sociedad española.

Santiago de Munck Loyola

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28 de abril: doble cita electoral, doble oportunidad para Alicante.

Apurando los plazos al máximo e imponiendo su voluntad a la mitad de su gobierno regional, el Presidente de la Generalidad Valenciana, Ximo Puig, ha decidido adelantar las elecciones autonómicas para que coincidan con las elecciones generales del 28 de abril. Detrás de esta inusitada decisión, se intuye, no el interés general de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, sino el más puro interés partidista. Se trata en resumen de que el PSPV pueda ir a rebufo de las encuestas más o menos favorables al PSOE y evitar así un hipotético progresivo descenso en la intención de voto a las socialistas que podría tener lugar en mayo. En definitiva, Ximo Puig ha optado por el 28 de abril en previsión de que en mayo los resultados electorales pudieran ser aún peores para su candidatura. Y, de paso, ha pillado con el pie cambiado a sus socios de Gobierno de Compromís que temen que su discurso quede diluido en el fragor de un debate de ámbito nacional.

El debate territorial va a ser sin duda un importante elemento de la agenda electoral durante las próximas semanas. Algo tan serio como una nueva posible aplicación del Artículo 155 va a depender de la mayoría que se forme en el senado hasta ahora en manos del PP. En muchas provincias, bastará un puñado de votos para que tres de los cuatro senadores asignados a la misma caigan de un lado o de otro. Es evidente que cuantos más senadores obtenga el PSOE más se alejará esa posibilidad de volver a aplicar si fuera necesario el Artículo 155 pues está condenado inevitablemente a volver a pactar, si los números así lo imponen en el Congreso, con los podemitas, separatistas y filoetarras para reeditar un nuevo gobierno sanchista.

Y si el debate territorial es importante lo es aún más para los ciudadanos que vivimos en la Provincia de Alicante. La inmensa mayoría de los partidos de nuestra provincia no han asumido que el actual modelo, que el actual estatus de nuestra provincia en la Comunidad Valenciana es la causa de la mayoría de los problemas sociales y económicos que padecemos. Una provincia como la nuestra que lleva décadas, desde que fue incorporada a la Comunidad Valenciana, siendo discriminada y ninguneada no puede seguir igual, debe reivindicar su importancia, su singularidad y su derecho a la igualdad.

No se trata de un problema de derechas o de izquierdas, se trata de un problema de todos los alicantinos que ven año tras año cómo los presupuestos de la Generalidad Valenciana la ningunean y cómo los presupuestos del Estado la relegan en beneficio de Valencia. Tampoco se trata de un problema sólo económico, sino también de un problema de identidad: Alicante no es Valencia, ni una extensión de los inexistentes Países Catalanes. Alicante es una provincia española, orgullosa de serlo, donde el español no puede ser perseguido ni menospreciado, es una provincia plural en la que no se deben seguir tolerando imposiciones ajenas a la cultura de la mayoría. Alicante es una provincia con un potencial territorial y humano de primer orden que no puede seguir siendo reprimido desde Valencia e ignorado desde Madrid.

Es un hecho evidente que nuestro sistema territorial, el sistema autonómico, tiene muchos defectos: es caro, tiene duplicidades innecesarias, quiebra en ocasiones la igualdad entre los españoles,… No se trata sólo del problema catalán, hay más. Demolerlo y recentralizar todo no es la solución. Hay otras vías que pueden y deben ser usadas si queremos preservar la convivencia entre todos los españoles. Las autonomías pueden y deben ser reformadas para garantizar a todos los españoles la igualdad de derechos y obligaciones y a la vez las mayores cotas de bienestar social posibles. Por ello, frente al inmovilismo o conformismo de unos y el antiautonomismo radical de otros hay una tercera vía que pasa necesariamente por la asunción racional y desapasionada de la necesidad imperiosa de promover su reforma.

Y en el caso concreto de nuestra Provincia hay que asumir, y ninguno de los grandes partidos lo ha hecho,  que su actual estatus en la Comunidad Valenciana constituye un fracaso histórico. La Generalidad Valenciana ha hecho con Alicante exactamente lo contrario de lo que se supone debería hacer un gobierno multiprovincial: tras más de tres décadas ha logrado ensanchar la diferencia de renta entre alicantinos y valencianos en perjuicio de los primeros. Ante esta evidencia hay que plantear soluciones que inevitablemente deberán pasar por un cambio de las relaciones entre la Provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana. No hay otra salida. Por ello, el 28 de abril, nos brinda una doble oportunidad para decir en Valencia y en Madrid que las cosas no pueden seguir igual, que Alicante no quiere seguir así.

Santiago de Munck Loyola

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La ideología de género también apuñala los derechos de la infancia.

El Congreso de los Diputados acaba de aprobar la reforma que garantiza y mejora las pensiones de los niños cuyas madres han sido asesinadas por violencia de género. El Pleno ha aprobado así una proposición de Ley tras revisar las enmiendas procedentes del Senado. Esta proposición de ley eleva la cuantía que recibirán los menores y simplifica los requisitos para su percepción.

El aplauso a esta iniciativa ha sido casi unánime. Pero esta iniciativa se inserta o está teñida por la llamada ideología de género. Sé que el simple hecho de cuestionar la ideología de género no es políticamente correcto, pero por encima de cualquier otra consideración está la libertad de pensamiento y la de expresión y a ambas me acojo para denunciar esta nueva injusticia construida al amparo de la misma. Hay que centrar las cosas y reflexionar sobre lo que en el fondo se ha aprobado que no es otra cosas que en España, a partir de ahora, existan huérfanos de primera clase, aquellos cuya madre ha muerto a manos de su pareja, y de segunda, todos los demás.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, no en uno, sino en varios de sus artículos, señala la igualdad de derechos sin discriminación alguna por razón de sexo. Incuestionable. Y lo mismo cabe predicar de la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 2 y, en especial en este caso, en relación al artículo 26. Y nuestra propia Constitución, sin ir más lejos, señala en su Artículo 14 que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.  Por tanto, el género no puede introducir discriminación alguna que suponga una desigualdad ante la Ley ni a la hora de establecer penas, procedimientos judiciales o, como en este caso, prestaciones sociales.

No podemos olvidar que el objeto principal de una pensión de orfandad es proteger al beneficiario de la misma ante la situación de necesidad económica derivada del fallecimiento de uno o sus dos progenitores. Se trata de proteger al huérfano ante esa eventualidad para que sus necesidades vitales sigan cubiertas a pesar de la orfandad. Ya nuestro actual sistema de otorgamiento de pensiones adolece de importantes carencias pues vincula sus cuantías al sistema de cotización de la seguridad social en lugar de establecer la pensión en función de la situación económica real en la que queda el huérfano. Da igual que el huérfano herede una fortuna, percibirá una pensión por el hecho de serlo.

Parece que olvidamos que el Estado debe tener un papel subsidiario y que ha de suplementar los derechos o las necesidades del ciudadano cuando la sociedad sea incapaz de hacerlo. El derecho constitucional a una vivienda digna no significa que el Estado deba entregar una vivienda a cada ciudadano, sino promover las condiciones para que todos podamos hacer efectivo ese derecho. Y lo mismo cabe decir de la pensión de orfandad. Si su finalidad es proteger al huérfano ante las necesidades económicas derivadas de la muerte de uno o ambos progenitores y, por ello, su percepción debería estar condicionada a que efectivamente se produzca un estado de necesidad. Y a pesar de que no es así, nuestros políticos han decidido dar un paso más y condicionar la cuantía en función de las circunstancias y del género del fallecido.

Las necesidades económicas de los huérfanos para garantizar su desarrollo personal hasta alcanzar la independencia económica son iguales independientemente de la causa de la muerte de su o sus progenitores. A priori, el huérfano tendrá las mismas necesidades sea de una víctima de accidente de tráfico o laboral, de una víctima de una enfermedad o de un hecho violento. Pues no. Parece que esta consideración que es de puro sentido común, no lo es para nuestros políticos. Han establecido dos categorías de huérfanos: los huérfanos de mujeres víctimas de la llamada violencia de género y todos los demás huérfanos. Los primeros tendrán derecho a una pensión de 7.200 euros anuales. Todos los demás 2.898 euros al año.

La sustitución de la idea de la persona por la idea del género como condicionante fundamental para legislar está conduciendo a planteamientos tan absurdos como éste: el huérfano de padre asesinado por su pareja no tiene los mismos derechos que el huérfano de madre asesinada por su pareja. Los derechos del niño, del menor, en este caso son pisoteados en nombre de la sacrosanta ideología de género. Y de ahí a que las huérfanas perciban más pensión que los huérfanos sólo hay un paso. Lo veremos.

Santiago de Munck Loyola

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Por fin a las urnas.

Por fin: el 28 de abril los españoles podremos votar. Pedro Sánchez, cumpliendo involuntariamente la promesa que hizo para llegar al gobierno, se ha visto obligado a convocar elecciones generales. Pocas veces se habrá visto a un político como éste. Un tramposo que llegó a intentar un fraude electoral dentro de su propio partido y que tuvo que dimitir cuando le pillaron con el carrito de los helados. Un embustero contumaz capaz de decir una cosa hoy y mañana la contraria. Un farsante sin paliativos capaz de plagiar su tesis doctoral o de suscribir un libro escrito por una subalterna. Un amoral capaz, con tal de llegar a la Moncloa, de aceptar sin ningún tipo de escrúpulos los votos de los representantes políticos de la banda terrorista que asesinó a muchos de sus compañeros socialistas. Un sujeto sin estilo, sin clase, sin elegancia que se jacta de que su primera decisión como Presidente del Gobierno, nada menos, fuera la de cambiar el colchón de la cama matrimonial del Palacio de la Moncloa. Vamos, un dechado de defectos y vicios políticos incompatibles con la visión de la política como una vocación generosa al servicio de los demás. Pedro Sánchez sólo ha sabido estar al servicio de sí mismo sin reparar en los medios por muy deleznables que fueran.

Por fin, el 28 de abril, los españoles podremos poner punto y final a este negro período democrático consumado por Pedro Sánchez y sus socios podemitas, independentistas y batasunos o, por el contrario, prorrogarlo. Se trata, sin ninguna duda, de la cita electoral más importante y con más trascendencia de las últimas décadas. El 28 de abril el eje del debate principal no será económico, de será un debate entre políticas de derechas y de izquierdas. El eje fundamental del debate será territorial. Algo más, será nacional. La confrontación será entre quienes optan por la defensa de la Nación española y quienes postulan su desaparición. Y, por primera vez, el PSOE del doctor Sánchez anuncia que no tiene inconveniente alguno en pactar con los enemigos de la existencia de España como Nación, es decir, los independentistas. Es evidente que la mayoría de los socialistas no comparten esta posición y que inconscientemente tratarán de soslayarla con otras prioridades políticas, pero en el fondo lo que se va a dilucidar es la constitución de un gobierno sólidamente asentado en los valores de la Constitución del 78 o por el contrario un gobierno rehén parlamentario de los enemigos de España.

Y en este contexto tan trascendental quienes defendemos a la Nación española y quienes propugnamos la igualdad real entre todos los españoles con independencia del territorio en el que habiten, nos encontramos con que las tres principales opciones políticas que asumen lo anterior no están siendo capaces de estar a la altura del momento histórico, de traducir su patriotismo en generosidad para llegar a acuerdos que permitan rentabilizar al máximo, provincia por provincia, las peculiaridades de nuestro sistema electoral. Ninguno de los tres partidos ha realizado ni tan siquiera un llamamiento para llegar a acuerdos con partidos minoritarios cuando cada voto va a ser trascendente para que la mayoría se incline hacia uno u otro lado. 

Parece que ni siquiera se han planteado en llegar a acuerdos entre ellos para que el Artículo 155 tenga posibilidades de prosperar en el próximo senado que se constituya. Cada Provincia cuenta con cuatro escaños: tres para la lista más votada uno para la segunda. Si los tres partidos que defienden la Nación española no concentran su voto en una sola candidatura, en la mayor parte de las provincias los tres senadores irán a parar al PSOE según las encuestas. Y así será inviable la aplicación del Artículo 155 aunque haya en España un gobierno de las mal llamadas tres derechas o de la derecha “trifálica” que diría la culta Ministra de Justicia.

Ojalá se produzca ese acuerdo y no nos obliguen a los ciudadanos a tirar el voto en determinadas provincias o en el senado. El patriotismo no requiere banderas para su demostración. El patriotismo exige generosidad, el sacrificio de lo particular en beneficio de lo general, de España.

Santiago de Munck Loyola

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Elecciones andaluzas 2018.

Los resultados de las elecciones autonómicas andaluzas han sido sorprendentes en muchos aspectos. Lo más importantes es el cambio en la correlación de fuerzas de los dos bloques electorales: la derecha supera a la izquierda y, por tanto, por primera vez en 40 años es posible desalojar al PSOE de la Junta de Andalucía. Podrán añadirse cuantos matices se quiera sobre la composición de los dos bloques electorales, derecha e izquierda, pero en resumidas cuentas el resultado es el que es.

Si hay algo especialmente llamativo en las valoraciones de estos resultados es el mal estilo, casi podría decirse el antidemocrático estilo, del PSOE y Adelante Andalucía (el conglomerado podemita), los perdedores, quienes con una carencia absoluta de rigor intelectual y de decencia política tratan de deslegitimar la victoria de la derecha ante la aparición de 400.000 votos para Vox. Es evidente que los 12 diputados cosechados por Vox son la llave para acabar con el régimen corrupto de 40 años del PSOE en Andalucía y, por tanto, que tanto PP como C’s deben llegar a un acuerdo entre ellos y con Vox. No hay otra salida.

Los socialistas, desde Susana Díaz al Ministro Ábalos, repiten una consigna como un conjuro: hay que impedir que en Andalucía se forme un gobierno con o apoyado por un partido anticonstitucional o de ultraderecha. Y tienen la desvergüenza de decirlo ellos, nada más y nada menos que ellos, los que han formado Gobierno en España gracias al voto de partidos golpistas y de partidos defensores de la violencia de ETA. No hay partidos más anticonstitucionales que aquellos que han roto abiertamente el orden constitucional y han agredido a la soberanía del pueblo español cuya existencia misma se niegan a reconocer. Que un partido sea partidario de la república, de la independencia de una región o de la eliminación de las comunidades autónomas mientras asuma el respeto a la Constitución y acepte sus mecanismos legales de reforma no es anticonstitucional. No es tan difícil de comprender. Pero es que, además, quienes se apoyan y gobiernan con la ultraizquierda, con los comunistas, que es como técnicamente hay que denominar a los podemitas, carecen de legitimidad para censurar a quienes pacten o se apoyen en la ultraderecha, si es que cabe denominar así a Vox. Porque, hasta ahora se encasillaba en la ultraderecha a todos aquellos grupos políticos que añoraban o pretendían restaurar el modelo político franquista y rechazaban abiertamente el sistema democrático. Sin embargo, ahora se impone desde los medios de comunicación etiquetar como de ultraderecha a cualquiera que asumiendo como valor esencial la democracia parlamentaria no se pliegue o discuta cuestiones como el funcionamiento del sistema autonómico, la política de inmigración, la manipulación de la historia reciente o la imposición de las políticas de género.

Y qué decir de la reacción de los dirigentes de Unidos Podemos y su franquicia andaluza “Adelante Andalucía”, franquicia que sumando aparentemente más colectivos que los estrictamente comunistas y podemitas, ha perdido votos y tres escaños. La comparecencia de Iglesias y sus acompañantes no pudo ser más teatral, sus rostros circunspectos lo decían todo. Ayer ninguno recurrió al tópico de la “fiesta de la democracia”. Como unos auténticos golpistas, llamaron a la movilización ciudadana contra el mandato de las urnas. ¿Pero dónde se creen que están? ¿En Venezuela?

La izquierda andaluza y española debería reflexionar y hacer autocrítica. En muy pocos meses de gobierno ha reabierto viejas heridas, se ha entregado en cuerpo y alma al separatismo, ha usado miserablemente el drama de la inmigración, está tratando de adoctrinar a la sociedad con imposiciones lingüísticas, con ideología de género, con incursiones psicosexuales en la educación de los niños o con fobias religiosas, ha sacudido la estabilidad de miles de puestos de trabajo con explosivos anuncios medioambientales, ha cuestionado la transición, ha dirigido sus dardos contra la Monarquía, ha puesto en ridículo a España en el Brexit, ha resucitado al franquismo sin necesidad, ha aplaudido las ofensas a los símbolos nacionales, mantiene a nueve ministros más que tocados por sus falsedades patrimoniales o curriculares, etc. Quien siembra vientos recoge tempestades.

La victoria de la derecha es indiscutible pero su traducción en un cambio efectivo, en un desalojo de los socialistas de San Telmo exige prudencia, generosidad y patriotismo. Dentro de este bloque, el PP ha perdido muchos votos y escaños pero sigue liderando el bloque y ha remontado las encuestas lo que viene a confirmar que la recuperación de sus señas de identidad impulsada por Casado es el camino correcto. C’s ha crecido espectacularmente con 12 escaños más sobre los 9 que tenía y Vox ha sido la sorpresa con sus 12 escaños. No parece que tenga mucho sentido común, ni mucho recorrido la propuesta de C’s de encabezar el nuevo gobierno y ello por dos razones, porque ha sido el sustento durante los últimos tres años del PSOE andaluz y porque no lidera el bloque de la derecha. Pero si quieren cumplir con el mandato de cambio de la mayoría de los andaluces, tendrán que entenderse quieran o no. Ojalá lo hagan pronto.

Santiago de Munck Loyola

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Hipotecas: negocio bancario y festín recaudatorio.

La insólita actuación del Tribunal Supremo sobre quién ha de pagar el impuesto de actos jurídicos documentados tras constituir una hipoteca a parte de provocar perplejidad y en muchos casos indignación debería servir para que nuestros dirigentes políticos actuasen con responsabilidad y abordasen de una vez los problemas de fondo. Sin embargo, tras conocer las primeras reacciones de los partidos políticos todo parece indicar que, una vez más, no va a ser así. Conviene analizar lo ocurrido en su contexto exacto para no sacar conclusiones precipitadas ni ceder ante propuestas engañosas y populistas. Porque el problema de fondo no es quién paga este impuesto, sino si dicho tributo tiene razón de existir.

El Tribunal Supremo, de forma muy chapucera evidentemente, no ha hecho otra cosa que mantener y ratificar la jurisprudencia de más de 20 años interrumpida recientemente por tres sentencias. No hay que olvidar que la Ley objeto de tanta controversia cuya interpretación lleva años desembocando en el Tribunal Supremo fue aprobada por un Gobierno del PSOE en los años 90 y ningún gobierno posterior, socialista o popular, la ha modificado a pesar de que se imponía al comprador de la vivienda correr con el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados. Este impuesto es recaudado por las Comunidades Autónomas y su gestión quiebra, una vez más, el principio de igualdad entre los españoles al fijar cada Autonomía la cuantía del impuesto. Una hipoteca en Madrid paga menos impuestos que en Andalucía, por ejemplo. Si este impuesto existe y si los obligados a su pago somos los ciudadanos no es responsabilidad del Tribunal Supremo cuya función es en este caso interpretar la Ley, sino los políticos, los legisladores que no han querido resolver la situación durante más de 20 años.

El contexto social y económico en el que vivimos obliga a plantearse otra cuestión muy importante cual es la consideración del derecho al acceso a la vivienda. De forma cíclica nos encontramos en la agenda de la actualidad las enormes dificultades existentes para acceder a la compra de la vivienda. En un contexto como el actual, salarios bajos y temporales, con dificultades para el acceso de los jóvenes a trabajos estables y justamente remunerados, con burbujas inmobiliarias, encarecimiento del suelo y escaso mercado de vivienda protegida es inadmisible que el Estado y las Autonomías aprovechen el acceso a la primera vivienda para hacer caja a costa del hipotecado. Lejos de favorecer el acceso a la primera vivienda, ningún dirigente político plantea la distinción entre la primera vivienda y las demás. Todas las viviendas, sea cual sea su finalidad, sólo es considerada como objeto de recaudación fiscal múltiple: el IVA, el ITP, el IAJD, el IBI, el IRPF, la plusvalía, etc. Todas las administraciones quieren sacar tajada dando igual la idea de progresividad fiscal, de doble imposición o la de cualquier concepto de justicia fiscal. De modo que al comprar la primera vivienda hay que añadir a su precio de compra entre un 10 y un 15 % en tributos.

Por eso llama mucho la atención la reacción de los distintos partidos con representación parlamentaria ante la situación creada por la decisión del Supremo de confirmar su jurisprudencia al respecto. Prácticamente todos se han apuntado a las soluciones fáciles y presumiblemente más agradables al oído de los ciudadanos, pero algunos especialmente se han apuntado a la demagogia populista de la peor especie y quieren incendiar las calles con una falta total de escrúpulos. El Doctor Sánchez ha anunciado hoy mismo un decreto ley para hacer que sean los bancos los que paguen este impuesto y apela a la “bondad” de los bancos para que no lo repercutan a los clientes. ¿Es tonto o qué? No existe mecanismo legal para impedir que las entidades financieras repercutan finalmente, de una forma u otra, esos costes en sus clientes. El hipotecado seguirá pagando el impuesto aunque sea indirectamente. Pero es que, además, es especialmente llamativo que los socialistas con el apoyo de los podemitas hayan subido este impuesto al tipo máximo en Aragón. Si te parece injusto que el ciudadano tenga que pagar el impuesto ¿Por qué aplicas el tipo máximo en vez del mínimo?

Si de verdad queremos en España facilitar el acceso a la primera vivienda hay que empezar por reducir la presión fiscal sobre la misma. Todo el mundo coincide en que la vivienda es un bien de primera necesidad y, por tanto, no puede seguir siendo una vaca lechera para cada administración pública. La primera vivienda adquirida con una hipoteca debe tener hoy un tratamiento fiscal absolutamente diferenciado: debe tener una fiscalidad igual en cualquier región de España, con un IVA reducido, con gastos constitutivos de la hipoteca tasados y sin impuesto de transmisiones patrimoniales o de actos jurídicos documentados en su caso.

Hoy en día no está sólo en juego el prestigio del Tribunal Supremo por su torpe actuación. Está en juego la credibilidad política de unos dirigentes políticos cuyos magnánimos propósitos para con los ciudadanos pocas veces coinciden con sus actos. Y así nos va.

Santiago de Munck Loyola

https://santiagodemunck.blogspot.com

El impuestazo al diésel y el timo fiscal.

Dice la Wikipedia que una mentira piadosa es la afirmación falsa proferida con intención benevolente. Puede tener como objetivo el tratar de hacer más digerible una verdad tratando de causar el menor daño posible. Y recuerda que Platón ya se refería a este tipo de mentira en la República. “En política, la mentira noble es asociada con la falsedad de los gobernantes destinada a preservar la armonía social”. Habría que objetar que en política ninguna mentira puede ser calificada de “noble”, por muy elevada que sea su finalidad, porque el político, en democracia, solo tiene un aval que sustente su legitimidad y ese aval es el valor de su palabra, su credibilidad.

Estamos comprobando estos días, con ocasión de la presentación a la opinión pública del proyecto de presupuestos para el año 2019 del gobierno del PSOE, que tanto los socialistas, como sus socios podemitas, han elevado la mal llamada “mentira noble” a la categoría de norma permanente de conducta. La cascada de afirmaciones y rectificaciones inmediatas, de cifras y correcciones posteriores es alucinante e impropia de un gobierno de un estado moderno.

A la hora de explicar el proyecto de presupuestos empezaron por contarnos la mentira global y envolvente: que no supondrían un aumento de la presión fiscal para quienes menos tienen, que sólo habría más impuestos para los ricos y las grandes empresas. Socialistas y podemitas desplegaron todos sus encantos dialécticos para cantar las supuestas bondades presupuestarias. Sin embargo, a medida que estas cuentas empezaron a ser analizadas con detenimiento en los medios de comunicación la cruda verdad empezó a hacerse evidente: todos vamos a pagar más impuestos, no solo los más ricos o las multinacionales.

Comenzaron vendiendo el paquete con un reclamo bonito: la subida del salario mínimo hasta los 900 euros. ¿Quién se atrevería a decir que no a esa propuesta? Pero claro, enseguida se supo que esa subida salarial que beneficiaría a unos 500.000 contratados conllevaba un incremento de las cotizaciones, en muchos casos inasumibles, a más de tres millones de autónomos. Pablo Iglesias salió en tromba en un primer momento para llamar mentirosos a quienes aseguraban tal subida. Y después ha rectificado, sin retractarse, afirmando que él no había pactado esa subida con el PSOE. Ahora sabemos, además, que el proyecto de presupuestos prevé que los asalariados paguen más de 1.000 millones de euros el año que viene con otra subida del 10 % de las cotizaciones a la seguridad social.

Ahora bien, donde se llevan la palma es en el impuestazo al diésel. Aquí el timo fiscal es de libro. Se trata de una gran mentira de principio a fin que envuelta en “la lucha contra el cambio climático”, la limpieza del aire de las ciudades y cuantos adornos ecologistas se quieran esgrimir no es nada más que un estacazo fiscal con un afán exclusivamente recaudatoria que van a pagar quienes menos tienen. Hoy los nuevos motores diésel no contaminan más que los de gasolina, emiten menos CO2 que éstos y cada vez dispersan menos partículas contaminantes. Nada más llegar al gobierno la nueva ministra anunció que los días del diésel estaban contados. Las consecuencias de aquel anuncio y de su plasmación en el proyecto de presupuestos socialpodemita ya son visibles con la pérdida de puestos de trabajo en el sector del automóvil. No cabe más irresponsabilidad. Si hace años los gobiernos animaban a los consumidores a adquirir vehículos diésel, ahora nos animan a lo contrario sin grandes explicaciones que lo justifique. Decir que este proyecto de presupuesto no va a suponer más carga fiscal para los que menos tienen se desmonta sólo con el impuestazo al diésel. No hace falta ser un lumbreras para percatarse que quienes se mueven o nos movemos con un diésel lo hacemos porque es más económico y porque no podemos adquirir otro tipo de vehículo. 

¿Y las justificaciones medioambientales? Pues que son otra gran mentira. En primer lugar porque si fueren ciertas no habría lugar a excepciones: el diésel contamina igual o más si en vez de un particular lo usa una máquina de tren que entra hasta el centro de las ciudades, la maquinaria agrícola, la de obras, los camiones, las furgonetas, los taxis o las calderas de calefacción. Y siendo así, el impuesto debería ser igual para todo usuario independientemente de la actividad en la que se use y no más alto sólo para los particulares que no pueden permitirse un cambio de vehículo. Y, en segundo lugar, porque según el proyecto publicado tan solo el 30% de lo que se recaude con el impuestazo al diésel se va a destinar a fines medioambientales. El 70 % restante irá a otros nuevos gastos entre los que sin duda se encuentran los más de 2.200 millones de euros prometidos a los independentistas catalanes a cambio de su voto.

Estas pinceladas sirven para evidenciar que la innoble mentira se ha instalado cómodamente en la política diaria. Pero cuando las mentiras son tan burdas, tan flagrantes y evidentes resulta difícil no pensar que estos dirigentes políticos nos toman por tontos, por descerebrados sin capacidad crítica dispuestos a tragarnos cualquier sandez parida en los gabinetes políticos de comunicación. Si no hay más remedio que volver a apretarse el cinturón porque estos señores han decidido recortarnos la cartera, que sea al menos con la verdad por delante. Seguro que dolerá menos.

Santiago de Munck Loyola

https://santiagodemunck.blogspot.com