Independentismo: el caos que se avecina.

No hay ninguna duda de que estamos viviendo uno de los momentos más graves de las últimas décadas de la historia de España. El envite de los independentistas se eleva cada día que pasa. Están en juego la soberanía popular, la unidad de España, la autonomía de Cataluña y la propia convivencia pacífica entre los ciudadanos. En la misma medida en que los independentistas suben su apuesta desafiando a las leyes y agraviando a los símbolos que representan a todos los españoles, crece el odio y la animadversión contra ellos y contra su proyecto ilegal e ilegítimo. Llevan años sembrando vientos y van a recoger tempestades.

Durante años hemos estado escuchando a políticos y periodistas decir la misma idiotez: que las políticas de los gobiernos del Partido Popular eran el mejor caldo de cultivo para el desarrollo del independentismo. Y todos se quedaban tan a gusto. Pues no, las semillas para el crecimiento del independentismo se sembraron hace mucho, se sembraron cuando el Estado decidió poner en manos de los independentistas algo tan serio y sensible como la educación y el uso sin control de fondos públicos para desarrollar el proselitismo independentista. 35 años inculcando a las nuevas generaciones una visión falsa de la historia de Cataluña, 35 años fomentando y cultivando el odio hacia España, 35 años haciéndose las víctimas mientras robaban a manos llenas para sus propios bolsillos y para sus partidos independentistas, 35 años con muchos medios de comunicación bien subvencionados en el “oasis catalán” no podían desembocar en otros resultados que los que tenemos a la vista, no podían ofrecer otra cosa que el crecimiento del victimismo y del independentismo.

Ni políticas del PP ni gaitas, el abono que ha propiciado esta cosecha se llama falta de sentido de Estado, se llama miopía política y se llama egoísmo partidista y es propiedad de los grandes partidos nacionales. Han sido incapaces de acordar cosas  tan básicas como un sistema educativo nacional e integrador, una reforma electoral que acabase con la prima de sobrerrepresentación que beneficia a los independentistas, garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles con independencia del territorio en el que residan, una persecución implacable contra la corrupción política o medidas para acabar con el despilfarro autonómico en la promoción interior y exterior de las tesis independentistas.

Mientras el desafío más grave para la permanencia de la Nación española y para la convivencia pacífica se va desarrollando, el panorama entre los llamados partidos constitucionalistas es desolador. Podemos Unidos no puede ser incluido en esta categoría porque sus líderes están claramente a favor de romper la soberanía nacional a través de un referéndum a realizar sólo entre una parte del pueblo soberano, aquella que reside en las provincias catalanas. El Partido Popular, un día sí y otro también está siendo salpicado por el afloramiento de antiguos casos de corrupción que en gran medida merman su credibilidad y hasta buena parte de su legitimidad. El PP cuando tuvo mayoría absoluta hizo muy poco o nada por introducir reformas que fomentaran la cohesión y la solidaridad nacional incumpliendo constantemente su propio programa electoral. Y al PSOE hay que darle de comer a parte. No sólo es el partido protagonista del mayor caso de corrupción de la historia de España, sino que además arrastra muchas losas en su trayectoria que cuestionan incluso su lealtad constitucional. Desde el “apoyaré el Estatuto que apruebe el Parlamento catalán” de ZP, pasando por la famosa frase “la nación es un concepto discutido y discutible” del mismo autor, hasta las actuales sandeces de Pedro Sánchez diciendo que “España es una nación de naciones” es imposible saber qué defiende realmente el PSOE. Su discurso es errático y diferente en cada territorio y ya ha demostrado que no tiene inconveniente alguno en pactar en autonomías y ayuntamientos con quienes quieren destruir España.

El Sr. Puigdemont, sus compañeros y los podemitas siguen empeñados en que el Gobierno de España pacte, o lo que es lo mismo para ellos, que se doblegue y permita un referéndum en Cataluña sobre su independencia, vulnerando la Constitución. ¿Tan difícil es de entender que una parte no puede decidir sobre lo que es de todos? ¿Tan difícil es asumir que la soberanía del pueblo español no se puede fraccionar? Y de hacerlo ¿Quién decide el límite? ¿Los independentistas?

Hoy, este portento político que es Carlos Puigdemont, criado a los pechos políticos de la corrupción pujolista, ha emplazado a Mariano Rajoy a aclarar "si el Estado está dispuesto a usar la fuerza contra Cataluña". Al margen de que como todo independentista debe pensar que Cataluña es él, bastaría con que se leyese el Artículo 8.1 de la Constitución española, la Ley que por cierto legitima su Presidencia y la autonomía catalana, para conocer la respuesta: Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Más claro el agua ¿verdad?

Santiago de Munck Loyola

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Antena 3 ofende a la memoria de las víctimas.

No me voy a andar con paños calientes. Durante décadas una mafia como ETA ha regado de sangre de hombres, mujeres y niños las calles de España para doblegar al Estado y conseguir la independencia del País Vasco e implantar allí una dictadura marxista leninista. No nos confundamos, los etarras ni eran, ni son unos fascistas, son unos asesinos, unos delincuentes de la más baja estofa, unos terroristas de ultraizquierda marxista leninista y punto. Y lo más delirante de estas últimas décadas es que no han estado solos. No me refiero ya a la famosa frase del páter Arzallus “ETA mueve el árbol y nosotros recogemos los frutos”, sino a decenas de miles de personas, hombres y mujeres aparentemente normales, que votaban y votan a la rama política etarra, se llame Batasuna, Sortu o Bildu, sin que la foto de un niño con el cráneo destrozado o la de una mujer embarazada de siete meses asesinada, les conmoviera lo más mínimo y les mueva a cuestionarse lo más mínimo la moral de esos crímenes.

Había urnas pero preferían y prefieren las bombas, la extorsión, los secuestros y la bala en la nuca. Me resulta imposible comprender que una persona normal y corriente no se conmueva lo más mínimo ante las matanzas de inocentes y que encuentre toda clase de justificaciones para explicar que, a pesar de tanto dolor, se puede votar y defender a los representantes de los asesinos.

Más fácil de comprender es que una parte de los partidos políticos de la izquierda hayan mostrado en muchas ocasiones una gran complacencia y tolerancia con los representantes políticos de los asesinos. Incluso el PSOE en más de una institución ha sido capaz de llegar a acuerdos con esa chusma por una alcaldía o una diputación. Y para qué vamos a hablar de Izquierda Unida o de Podemos siempre prestos a ir de la mano con los bildutarras para una investidura o una moción de censura.

Hoy afortunadamente la ETA está vencida policialmente pero no políticamente y no lo está gracias a siete cobardes “magistrados” del Tribunal Constitucional que legalizaron a Bildu, la casa común de terroristas, filoterroristas y toda clase de cómplices con la violencia y el horror.

Si algo puede cimentar sólidamente la paz y la convivencia en una sociedad es la necesidad de que se haga justicia con los asesinos y con las víctimas. Y aún no se ha llegado a ello. Prueba de ello son los más de 300 asesinatos de ETA sin resolver. Prueba de ello también es el empeño de los amigos de los terroristas en borrar el rastro y la memoria de las víctimas arrancando las placas que las recuerdan en las calles. Y prueba de ello, por último, es toda la piara de políticos, artistas y seudointelectuales que esporádicamente reclaman el acercamiento de los asesinos al País Vasco pero nunca han dicho ni dirán una sola palabra en favor de las víctimas.

Pero vivimos en un país donde las libertades sobreviven a pesar de la violencia indiscriminada ejercida por la ETA para acabar con ellas. Y estas libertades permiten que quienes defienden o se identifican con los asesinos puedan expresar su simpatía con ellos. La línea roja que debe delimitar el espacio y la relación con los filoetarras queda para la gente decente.

Ellos tienen libertad para expresar pacíficamente sus simpatías y pueden pedir lo que quieran o reclamar el acercamiento de los presos a su tierra y los demás tenemos la misma libertad para trazar esa línea roja y no querer saber nada de ellos. Y con la misma libertad que disfrutamos todos, pese a ETA, los ciudadanos podemos promover cualquier boicot contra cualquier partido, empresa o persona que colabore con los amigos de ETA. Se trata de promover cordones sanitarios para que algunos comprendan que la violencia no es justificable y que no habrá reconciliación sin justicia para todas y cada una de las víctimas, algo que aún no se ha alcanzado.

Por ello, me he sumado con gusto al boicot a la serie “La casa de papel” emitida en Antena 3 en la que una de sus protagonistas Itziar Ituño, defendió en un vídeo el acercamiento de los presos de la ETA al País Vasco y en marzo de 2016 fue una de las convocantes del acto de apoyo a la escoria humana llamada Arnaldo Otegui en el Velódromo de Anoeta, en San Sebastián. Es una cuestión de libertad, de conciencia y de compromiso con la justicia y la paz. Itziar Ituño es muy libre y no precisamente gracias a la ETA para expresar su simpatía con los asesinos y yo soy tan libre como ella como para decidir no ver su jeta en el televisor de mi casa. Así de simple y fácil. Y no quiero acabar estas líneas sin recordar a los accionistas de Antena 3 y La Secta que existe una línea roja de la decencia, que no todo vale por dinero y que su cuenta de resultados no debería estar manchada con la sangre del recuerdo de las víctimas de ETA.

Santiago de Munck Loyola

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Dos jetas en Finlandia.

Según hemos sabido por los medios de comunicación, el Presidente de la Generalidad Valenciana, Joaquín Francisco (Ximo) Puig y su Consejero de Educación, Vicente Marzá, se han  ido a pasar cuatro días a Finlandia con el fin de estudiar el modelo educativo de este país nórdico. Dicen que el objetivo del viaje es estudiar las experiencias del sistema educativo de ese país con el horizonte de pasar "de una economía de la especulación a una de innovación". Grandilocuente, eh.

Para ello, el Presidente encabeza un viaje institucional a Finlandia junto al consejero de Educación, Vicente Marzá, quienes irán acompañados por el secretario autonómico de Educación e Investigación, Miguel Soler; el director general de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Antonio Rodes; y el delegado del Consejo para la Unión Europea y relaciones externas, Joan Calabuig, según detalla la propia Generalidad en un comunicado.

Y a uno le asaltan las dudas al conocer esta noticia. Porque, vamos a ver, ¿no vivimos en un mundo globalizado, en una sociedad internacional sin fronteras informativas donde las redes intercambian toda clase de formación e información? ¿Acaso España no cuenta con excelentes profesionales de la educación y con grandes pedagógos? 

¿Hacía falta de verdad que estos dos jetas y su amplio séquito viajasen a Finlandia a "aprender" sobre su modelo educativo? ¿O es que acaso se encuentran más capacitados que los expertos en eduación para aprehender la esencia del modelo educativo finés? ¿No deberían entrar en política ya "aprendidos" estos políticos migrantes?

Lo cierto es que el presupuesto público da para mucho y la cara dura de algunos también. Siempre habrá alguien dispuesto a justificar semejante mamarrachada pero, ya está bien. Se les ve demasiado el plumero a estos ignorantes, jetas, despilfarradores, sectarios y antiespañoles del tripartito valenciano.

 

Santiago de Munck Loyola

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El PP sigue avalando lo peor de la política.

Y, mientras tanto, el promotor de nuestra expulsión, José Císcar, Presidente Provincial de Alicante, ex concejal pro catalanista en su pueblo, fichado y promovido por Camps, citado en el informe de la UDEF de 2008 como pagador en negro a la trama Gürtel, responsable del mayor desastre electoral del PP de Alicante en 2015, etc. va a repetir en el cargo... ¿A éso le llaman regeneración en el PP?

La dimisión de Esperanza.

Ahora que muchos aprovechan para hacer leña del árbol caído, vaya por delante mi respeto y afecto por Esperanza Aguirre, aunque sea crítico con ella. Hay dos cosas que nunca le ha perdonado la izquierda: ser liberal y haberles ganado una y otra vez en las urnas. 

Por ello, la dimisión de Esperanza Aguirre como Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid está sirviendo de válvula de escape para la inquina, la bilis, el revanchismo y las miserias de toda clase de gente, dentro y, sobre todo, fuera del PP. Yo lo palpo muy cerca. Pero es inevitable, majaderos y miserables abundan.

Con sus luces y sus sombras en su gestión pública, Aguirre representaba el éxito de haber situado a la Comunidad de Madrid a la cabeza económica de todas las comunidades autónomas; representaba un matizado liberalismo que levantaba sarpullidos en la izquierda y en algunos ámbitos del propio Partido Popular y, sobre todo, representaba para muchos un modo de hacer política claro, directo y sin complejos ante una izquierdona tan rancia como sectaria. Se pregunta hoy “Monseñor” Iñaki Gabilondo en su sermón de El País ¿por qué ha dimitido en el fondo Esperanza Aguirre? ¿Dónde está el listón o cuantos códigos éticos pululan en el PP para que Esperanza Aguirre tenga que dimitir no estando imputada en ninguna causa y otros líderes  nacionales no tengan que hacerlo? Buenas preguntas. Y, a bote pronto, da la impresión de que Esperanza Aguirre, consciente de lo que representaba y habiéndolo sido casi todo en política, ha decidido no someterse al linchamiento mediático que le estaban preparando, depurar su responsabilidad política por sus errores en sus tareas “in eligendo e in vigilando” y, de paso, prestar un último servicio a su partido marcando, por cierto, el camino que deberían seguir muchos otros.

Esperanza Aguirre era desde hace tiempo una nota discordante en un partido monolítico, absolutamente incapacitado para percibir, no ya las demandas de la calle, sino las de su propia militancia. Muchas de sus ideas y propuestas lanzadas desde hace 4 años no sólo fueron despreciadas por la guardia pretoriana rajoyana de Génova sino que irritaron profundamente. Y, sin embargo, esas propuestas iban en la buena dirección. En febrero de 2013 habló de la necesidad de que quien vaya a ocupar un cargo público haya cotizado previamente a la seguridad social, es decir, que sepa lo que es ganarse la vida por su cuenta, sin el paraguas del partido. No le faltaba razón, aunque su entorno se nutría de gente que nunca lo había hecho. En mayo del mismo año, Esperanza Aguirre manifestó que "con elecciones internas para encontrar a los dirigentes, los militantes de base se sentirían mucho más involucrados en la vida del partido". Nada más sensato ni más lleno de sentido común que esa reflexión. Y en septiembre manifestó que “ha llegado la hora de remover las aguas demasiado quietas de la vida interna de los partidos" y, reclamó implantar un sistema electoral con listas abiertas y primarias para designar candidatos. En definitiva que aportaba algunas reflexiones que podrían haber permitido contribuir en algo a que el sistema político se regenerase.

Sin embargo se equivocó a la hora de conformar sus equipos porque usando el mismo sistema de designación cuya reforma proponía no supo elegir, no supo vigilar y no supo escuchar lo que eran algo más que rumores. Cuando alguien tiene la facultad de realizar cientos de nombramientos puede equivocarse, pero se ha de pagar por ello. ¿Cuántos políticos se han equivocado igual? ¿Quién puede poner la mano en el fuego por alguien al que designa directamente a un cargo, aunque sólo pueda nombrar a uno?

Pero ¿sirve de algo esta dimisión al PP? Tal y como están las cosas parece que no. El Partido Popular es una especie de tortuga, desesperadamente lenta en sus movimientos regeneradores, tremendamente asustadiza que esconde la cabeza a la mínima y prácticamente ciega. Es una tortuga incapaz de aprender de los errores y que marcha lenta pero inexorablemente hacia el precipicio.

Buena prueba de ello es lo que está ocurriendo en Valencia donde Génova trata de impedir o dificultar la concurrencia de varias listas a la Presidencia provincial (así lo ha hecho saber Maíllo el amigo de Aida Nízar) o en Alicante, sin ir más lejos, donde gente como José Ciscar, Presidente Provincial de Alicante, responsable del mayor desastre electoral del PP en la Provincia, se  presenta a la reelección sin que surja ninguna candidatura alternativa, pese a ser público y notorio que es un declarado enemigo de la transparencia, de la democracia interna y de la regeneración democrática al igual que su mano derecha el diputado José Juan Zaplana.

El actual PP ha sepultado ideológicamente al centro derecha. Se ha conformado con convertirse en un partido refugio para el voto del miedo al grito de “que llega Podemos” y con ello ha abandonado la idea de una profunda regeneración, de la asunción real y a todos los niveles de responsabilidades políticas, del desarrollo de iniciativas políticas de calado y del cumplimiento de su propio programa electoral. Siempre hay una excusa. Antes que lo prioritario era arreglar el desastre económico heredado. Ahora la insuficiencia parlamentaria. Y uno no puede, por menos, que preguntarse y para qué quieres gobernar si no puedes ni tan siquiera cumplir con un mandato europeo como en el caso de los estibadores portuarios.

El PP ha vuelto a perder un referente ideológico o, al menos, un referente dinamizador del debate interno, algo tolerado exclusivamente a personas con relevancia interna como Esperanza Aguirre. Eso sí, el PP ha ganado con esta dimisión más pax rajoyana, más uniformidad discursiva y más encefalograma plano. Cuando el PP sea desconectado de los sistemas de soporte vital, las administraciones públicas, tendrá serias dificultades para sobrevivir. Y si no, al tiempo.

Santiago de Munck Loyola

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Esperanza Ciudadana solicita por segunda vez a la Generalidad Valenciana la declaración de Bien de Interés Cultural para la Romería de la Santa faz.

NOTA DE PRENSA.

21-4-2017.

Hace ya casi dos años, el Presidente del Partido Esperanza Ciudadana, Santiago de Munck Loyola,  presentó por registro ante la Generalidad Valenciana una solicitud para incoar el expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural a la Romería de la Santa Faz. Hasta el día de hoy, la Generalidad Valenciana no se ha dignado ni tan siquiera a contestar una iniciativa tan importante para la ciudad y Provincia de Alicante. Tal y como se señalaba en aquella solicitud “esta extraordinaria expresión cultural y religiosa alicantina merece la protección de la Generalidad Valenciana a través de su declaración como Bien de Interés Cultural inmaterial” y se recordaba que esta solicitud ya había sido formulada en el año 2002 por el Pleno del Ayuntamiento alicantino.

Ante el evidente desprecio hacia los alicantinos que implica la falta de respuesta del gobierno autonómico y ante la supervivencia de la necesidad de proteger y promover esta expresión cultural y religiosa netamente alicantina, el Partido Esperanza Ciudadana ha vuelto a presentar hoy una nueva solicitud para que sea incoado este expediente y finalmente la Romería de la Santa Faz reciba el tratamiento y la protección que se merece.

La pestilente lluvia fina.

Hace ahora 20 años que el entonces Presidente del Gobierno José María Aznar usaba el símil de la “lluvia fina” para defender el balance de su primer año de gobierno. La teoría de Aznar era que gestionar bien acaba calando en la sociedad y, a pesar de las encuestas por entonces adversas, lo cierto es que parece que la “”luvia fina” terminó calando y en el año 2000 logró la primera mayoría absoluta del centro derecha.


Mucho ha cambiado el panorama político desde entonces y lo cierto es que desde hace una década la “lluvia fina” de la corrupción ha ido calando entre los votantes hasta el punto de situarla en un lugar preeminente entre sus preocupaciones. Es indudable que los casos de corrupción afectan a todos los partidos como lo es también el hecho de que poderosos medios de comunicación solo resaltan los que afectan al Partido Popular, pero ello no puede servir de excusa para eludir las propias responsabilidades, para hacer una profunda autocrítica y poner todos los medios posibles para sanear una estructura partidista absolutamente carcomida.

Es cuando menos llamativo que, si uno se fija en la evolución ideológica del Partido Popular, existe una curiosa proporción: a menos definición ideológica más corrupción. Recuerdo perfectamente un acto con Rodolfo Martín Villa en Rivas. Decía “tenemos que construir un gran partido y por ello hemos de abrir las puertas. No debemos preguntar a los se incorporan de dónde vienen, sino a dónde quieren ir”. Muy bonito y generoso, pero poco realista porque, al final, resultaba que tampoco importaba el destino de los nuevos, lo que importaba es ser más, crecer. Y ese crecimiento rápido produjo un progresivo desarme ideológico y un abandono paulatino de los principios. El eclecticismo ideológico vino acompañado de la relajación ética. Y los resultados están más que a la vista. Los militantes fueron perdiendo peso y desde arriba se prefirió conformar cuadros y candidatos por cooptación que durante años han nutrido los cargos públicos.


En partido en el que los candidatos no son propuestos por las bases y que después de elegidos no existen mecanismos de control por las mismas es evidente que cuando salen ranas la responsabilidad de su designación recae en los superiores que los auparon al puesto y que a ello hay que añadir, cuando menos, otra responsabilidad por negligencia “in vigilando”. No puede ser casualidad la existencia de tanto batracio en cargos públicos, algo ha venido fallando y seguirá fallando, porque pocas medidas se han articulado para evitarlo. Y lo cierto es que las ranas se sienten a gusto y se multiplican con facilidad en ambientes húmedos, con la lluvia fina y persistente.


Quizás lo más doloroso de esta situación sea la profunda vergüenza, asco y decepción que deben sentir los militantes populares y los millones de votantes que cada día que se asoman a los medios de comunicación se mojan con una nueva dosis de fina y pestilente lluvia.

Durante los últimos años el Partido Popular ha optado por el pragmatismo ideológico y el eclecticismo ético con unas consecuencias desastrosas, no sólo para su supervivencia política sino para el conjunto de los españoles. Desaprovechó su mayoría absoluta para realizar profundas reformas, no económicas, sino políticas y desaprovechó su último congreso para asumir sus errores, para aprobar mecanismos que democratizaran profundamente su estructura y para cerrar el paso de forma tajante a cualquier atisbo de corrupción. Pero era lógico ¿cómo se iba a pedir a quienes por acción u omisión eran responsables de la actual situación que dieran un paso atrás y saldasen así su deuda con los militantes y votantes? Un pequeño lavado de cara y punto, no hubo más.


De aquellos polvos vienen estos lodos. El crecimiento de fuerzas populistas que ponen en peligro la estabilidad constitucional no es casual. Son un auténtico peligro para las libertades y tampoco son trigo limpio, pero ahí están, al acecho. Pero el miedo que generan es el contrapeso para que el Partido Popular se sostenga como mal menor, como la cesta del voto del miedo. Triste consuelo.


Mucho hay que cambiar y rápido. Todo parece señalar que de seguir así las cosas la lluvia fina de la corrupción terminará calando hasta en el votante más acérrimo y leal. Puede que el Sr. Rajoy se lo pueda permitir, pero España no.

Santiago de Munck Loyola

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El atraco eléctrico.

Parece ser que hay dos verdades incuestionables respecto al recibo de la luz: que es uno de los más caros de Europa y que prácticamente la mitad de los consumidores no entiende la factura eléctrica. Puede que no entender la factura de la luz no sea en el fondo tan malo como parece. Dicen que ojos que no ven corazón que no siente. Y permanecer en la ignorancia de lo que en el fondo estamos pagando con cada factura de la luz puede ayudarnos a no enfurecer con lo que a todas luces es un auténtico atraco al consumidor.

Voy a poner un ejemplo que me afecta. Se trata de las facturas de una vivienda en la que no se ha consumido electricidad durante el último año por estar cerrada. La lógica y el sentido común apuntarían a que uno tendría que pagar sólo el consumo habido y el alquiler del equipo (supongo que el contador). Si el consumo ha sido 0 y el alquiler asciende a 1,34 € por mes estaríamos hablando de una facturación anual de 16,08 + IVA. Pues no, aquí ni la lógica ni el sentido común funcionan. La facturación de esta vivienda con un consumo de 0 KWh  asciende en el último año a 348,24 euros. ¿Es posible? Pues sí, todo por obra y gracia de estos políticos  cuya mayor aspiración parece ser sentarse en el consejo de administración de una compañía eléctrica al acabar su mandato.

Nada que objetar a las explicaciones contenidas en las facturas, pero una cosa es que los conceptos de facturación estén bien explicados y otra muy distinta es que sean comprensibles. Veamos. El mayor bloque de facturación que asciende a 245,88 euros al año se denomina costes regulados y comprende tres conceptos distintos:
Los incentivos a energías renovables, cogeneración y residuos...92,52 €/año.
Costes de redes de transporte y distribución…94,20 €/año.
Otros costes regulados (incluida la anualidad del déficit)…59,16 €/año.

Los incentivos a la producción de electricidad a partir de renovables, cogeneración y residuos ascendieron al cierre del año a 6.587 millones de euros que pagamos los consumidores en nuestra factura. Producir energía es un negocio reservado, sobre todo, a grandes empresas. Papá Estado decidió que había que incentivar la producción de energía eléctrica con sistemas medioambientalmente sostenibles y hasta ahí perfecto. Lo que ya no parece tan perfecto es que esos incentivos los tengamos que pagar los sufridos consumidores, consumamos o no energía. ¿Por qué tenemos que subvencionar usted y yo a Endesa, Iberdrola, Gas Natural, E-on, etc.? ¿No ganan suficiente? ¿No sería más claro y limpio que los incentivos los promueva el Estado directamente con la política fiscal? Y ¿por qué hay que subvencionar la producción de energías renovables y no, por ejemplo, la producción de la agricultura ecológica?

El segundo concepto incluido en los costes regulados son los costes de redes de transporte y distribución. La red de transporte que traslada la electricidad desde donde se genera hasta los puntos de consumo pertenece mayoritariamente a Red Eléctrica de España, empresa con un 20% de capital del Estado. La red de distribución suministra la electricidad hasta los  contadores de los hogares, comercios o industrias. Las grandes empresas eléctricas son las propietarias de casi toda la red de distribución. ¿No sería más claro y limpio incluir estos costes en el precio del Kilovatio que contratamos? Cuando adquirimos cualquier otro producto tiene un precio final al que solo se añade el IVA, no nos cobran a parte el coste de su transporte. Pero es que, además, ¿Por qué alguien que no consume energía debe pagar los costes de redes de transporte y distribución? ¿De qué transporte y distribución estamos hablando cuando el consumo es 0? ¿De la nada? No, nos dirán es que usted paga por la posibilidad de consumir usando esas redes aunque no lo haya hecho. Es como si a cualquier ciudadano le cobrasen el impuesto sobre circulación de vehículos aunque no tenga uno. ¡Haberlo tenido!

Y el tercer gran concepto, otros costes regulados, es el cajón de sastre donde cabe todo, entre otras cosas, los pagos por anualidades del déficit de actividades reguladas, la retribución específica para sistemas no peninsulares (para compensar el sobrecoste que supone generar electricidad en las Islas Baleares, Canarias y Ceuta y Melilla),  los costes de pagos por capacidad (se retribuye que estén disponibles algunas centrales), la moratoria nuclear y la tasa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

El segundo bloque de facturación corresponde al coste de producción de electricidad y el margen de comercialización que en este caso 25,80 euros al año. Pero, vamos a ver, si no he consumido electricidad ¿por qué tengo que pagar el coste de producir la energía que no consumo? Cuando uno paga un café en el bar ¿tiene que pagar un suplemento por el coste de producción de los cafés que no se ha tomado? Absurdo.

Y el tercer bloque de la factura corresponde al IVA. En este caso de consumo cero el IVA asciende a 60,48 euros al año. Y el colmo es que se tenga que pagar el IVA sobre peajes y tasas lo que constituye una clara fiscalidad doble, tributar sobre lo tributado simultáneamente.

En resumidas cuentas, las facturas de una vivienda sin consumo eléctrico se componen en un 96% de impuestos, tasas y peajes. Los consumidores nos vemos obligados a contratar un bien esencial como la electricidad en un oligopolio del que el Estado se beneficia y beneficia a las grandes empresas. Todo vale con tal de sostener un sistema tremendamente injusto y todo se envuelve en una complejidad destinada a esquilmar al consumidor. En muchos casos se traslada al mercado y al consumidor los costes de decisiones políticas o económicas cuya plasmación y desarrollo debería hacerse a través de la política fiscal y de los presupuestos generales del Estado. La electricidad es un bien esencial. Las compañías eléctricas son empresas fabricantes cuyo éxito no debe depender de la intervención estatal, sino del libre juego de la oferta y la demanda en un mercado libre, no intervenido y francamente oscuro. Si esto no es un atraco que venga Dios y lo vea.

Santiago de Munck Loyola

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IU y PSOE DE MONFORTE DEL CID AVALAN EL TRANSFUGUISMO.

Los hechos.

Martes 4-4-2017. Diario Información:

Ciudadanos expulsa a sus dos concejales de Monforte por gobernar con EU y PSOE. María Teresa de las Nieves y José Carlos Martínez tienen hasta el viernes para recurrir la decisión de la dirección nacional del partido. “…En todo caso, si finalmente no prospera el recurso que tienen previsto enviar al Comité de Garantías de C’s antes del viernes, ninguno de los dos concejales tiene intención de renunciar a sus actas. No descartan en convertirse en concejales no adscritos y seguir en el Ayuntamiento”.

Miércoles 5-4-2017. Diario Información:

EU y PSOE mantendrán en el gobierno a los dos ediles de Cs aunque sean expulsados. La alcaldesa María Dolores Berenguer elogia la gestión de ambos y les muestra su apoyo tras criticar la decisión adoptada por el partido de Rivera. María Dolores Berenguer, de EU, como el primer teniente alcalde Vicente García, del PSOE, han querido mostrarles públicamente su apoyo sea cual sea la decisión que adopte Ciudadanos. 

Es decir, los mantendrán en el ejecutivo local si finalmente son expulsados y deciden mantener sus actas de concejal en el grupo (POR CIERTO, ES ILEGAL QUE LOS NO ADSCRITOS SE CONSTITUYEN EN GRUPO MUNICIPAL) de No Adscritos. Algo que, en principio, es lo que han anunciado que piensan hacer.

Definición:

“ACUERDO SOBRE UN CÓDIGO DE CONDUCTA POLÍTICA EN RELACIÓN CON EL TRANSFUGUISMO EN LAS CORPORACIONES LOCALES”.

ACUERDOS.

Primero.- A los efectos del presente Acuerdo, se entiende por tránsfugas a los representantes locales que, traicionando a sus compañeros de lista y/o de grupo -manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los presentó en las correspondientes elecciones locales-, o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, o habiendo sido expulsados de éstas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local, o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad.

Medidas a adoptar según el pacto firmado por PSOE e IU.

Tercero.- En consecuencia, los concejales tránsfugas no adscritos:

a) no podrán ejercer los derechos atribuidos por la regulación aplicable a los grupos políticos en el desarrollo de las sesiones plenarias, sin perjuicio de los derechos que constitucionalmente le corresponden como concejal.

b) no podrán mejorar su situación anterior al abandono del grupo municipal de origen en cuanto a su participación en las Comisiones, de tal manera que un nuevo reparto proporcional en la composición de las Comisiones ni puede perjudicar al grupo político que sufrió su disminución de efectivos por razón de transfuguismo, ni beneficiar al concejal no adscrito más de lo que suponía su situación anterior.

No existe, pues, un derecho del concejal no adscrito a participar en todas las Comisiones plenarias, y el grupo municipal que sufre merma por la acción del tránsfuga no deberá ver reducida su participación en las mismas, sin que, como en el apartado anterior, implique vulneración alguna de los derechos individuales del concejal.

c) no podrán participar en la Junta de Portavoces, pues la referida Junta sólo puede ser constituida por los portavoces de los grupos políticos municipales.

d) En cuanto a las asignaciones, medios económicos y materiales que se conceden a los grupos políticos, en modo alguno son reconocibles en favor del concejal no adscrito; toda asignación por concepto de grupo político no es aplicable bajo ningún concepto al concejal tránsfuga no adscrito, ni en su importe fijo, ni en su componente variable por razón del número de concejales.

Asimismo, el grupo político perjudicado o disminuido en su composición no deberá sufrir merma institucional alguna en los medios y asignaciones que como tal grupo le correspondiesen con anterioridad. Por tanto, no se asignará al concejal no adscrito otras ventajas económicas y materiales por el hecho de tener tal condición. La condición de concejal no adscrito no es equiparable en ningún caso al grupo político por cuanto comporta una violación de la Ley reguladora de las bases del régimen Local.

Igualmente, los Partidos Políticos se comprometen a no aceptar en sus equipos de Gobierno municipal a miembros de la Corporación que se hayan convertido en tránsfugas con respecto a sus grupos de procedencia, y rechazan la posibilidad de que por parte del Alcalde se efectúe cualquier nombramiento político que implique atribuciones de gobierno o delegación genérica o especial de las mismas, con los consiguientes derechos políticos y económicos, en favor de los tránsfugas.

Finalmente, se comprometen a no nombrar a los concejales tránsfugas representantes del Ayuntamiento en Entidades Empresariales o Financieras, Fundaciones, Cajas y demás Entidades de las que el Ayuntamiento forme parte.

Cuarto.- Suscrito este Acuerdo, los supuestos de incumplimiento o desobediencia por alguno de los grupos locales integrantes de los partidos firmantes, habrán de ser explícitamente rechazados. Para ello los partidos políticos firmantes asumen la obligación de, mediante la aplicación de sus propios Estatutos, incoar los correspondientes expedientes disciplinarios y expulsar de la organización al concejal tránsfuga, o a aquéllos que violenten el citado compromiso instrumentalizando o apoyándose, en su provecho, en los concejales tránsfugas.

A la vista de lo anterior, algunos podrán desarrollar toda clase de juegos florales y dialécticos para justificarse, pero la realidad es tozuda: todo parece indicar que se ciernen negros y sucios nubarrones sobre el horizonte de la ética política en Monforte del Cid.

Santiago de Munck Loyola

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Gobierno y oposición tiran con pólvora del rey.

Tras asistir la semana pasada a uno de los espectáculos parlamentarios más bochornosos de los últimos tiempos, la no convalidación en el pleno del Congreso del real decreto ley que regula la liberalización de los estibadores  que había aprobado el consejo de ministros del 24 de febrero, hoy se han reanudado las conversaciones en la mesa de negociación entre sindicatos, patronal y Gobierno.

Y sí, lo de la semana pasada fue un espectáculo bochornoso por parte de todos los partidos. De una parte un Gobierno débil que lleva a convalidar al Congreso un decreto con dos años de retraso. Un decreto que debía y podía haber aprobado cuando gozaba de mayoría absoluta para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014 y que obligaba a España a liberalizar el sector portuario para acabar con una legislación que impide que las empresas estibadoras puedan contratar libremente a sus trabajadores, permitiendo, además, la entrada de estibadores de la Unión Europea en el mercado español.

De otra parte, una oposición que rechaza la convalidación de un decreto sin más objetivo que dar una patada al gobierno, pero en el trasero de todos los españoles. Lo que hicieron las llamadas fuerzas de progreso o del cambio fue, ni más ni menos, que apoyar a un monopolio laboral, a una casta privilegiada y bastante machista, por cierto, que se empeña en mantener unos privilegios económicos y sociales impensables para el resto de los trabajadores españoles. El rechazo al decreto supuso apostar por la continuidad de un sistema de contratación cerrado a la libertad de contratación y de circulación de trabajadores de la UE, así como apoyar la consiguiente falta de competitividad de nuestros puertos cuyos costes de carga y descarga son los más elevados de Europa. Y todo ello a costa del bolsillo del contribuyente. Y para guinda del pastel, la abstención de Ciudadanos que a pesar de haber comprometido con anterioridad su apoyo a la convalidación del decreto finalmente optó por no mojarse para evitar salpicarse en una derrota parlamentaria y, todo ello, a pesar de que seguramente este partido no comulga con actual sistema portuario.

Pero si bochornoso fue el espectáculo parlamentario con esa demostración plenaria de falta de patriotismo y de absoluto desprecio por el interés general, menos edificante es comprobar la ligereza con la que nuestros políticos manejan el dinero de todos los contribuyentes. A unos les importa muy poco que España deba pagar 134.000 euros diarios de multa por no liberalizar el sector de los estibadores portuarios y a otros parece que les importa también muy poco el agravio comparativo y el desprecio al contribuyente que conlleva realizar ofertas increíbles a la casta de los estibadores con tal de que no hagan huelga y paralicen los puertos españoles. Todos disparan con pólvora del rey. Y los demás a pagar.

Es moralmente inaceptable que el Gobierno, y con él la oposición, negocie y ofrezca a este colectivo auténticos privilegios absolutamente inalcanzables para el resto de los ciudadanos españoles:  Un plan de prejubilaciones voluntarias al para los trabajadores que tengan al menos 50 años de edad, que se retirarán con el 70% del sueldo medio que hayan percibido por todos los conceptos de retribución en los seis meses anteriores a su baja (hay que recordar que el sueldo medio en este colectivo supera los 65.000 euros anuales) o la garantía de mantenimiento del empleo del colectivo de 6.150 estibadores.

Que los estibadores luchen por el mantenimiento de su privilegiada situación es comprensible y lógico. Pero no lo es que nuestra clase política ofrezca mantener, en contra de la legislación europea, una situación de privilegio que no está al alcance del resto de los ciudadanos y que cargue su coste precisamente sobre ellos. Gobierno y oposición merecen un rotundo suspenso por su actuación irresponsable en la gestión de este conflicto.

Santiago de Munck Loyola

https://santiagodemunck.blogspot.com.es

Los simplones peligrosos.

Vivimos en una época llena de contradicciones. Hoy, los ciudadanos tenemos a nuestro alcance más fuentes de información que nunca, más posibilidades de formar nuestra opinión contrastando las diferentes fuentes de información. Y, sin embargo, cuantos más medios de comunicación hay a nuestro alcance más se empeñan algunos en simplificar sus mensajes hasta el absurdo. Vivimos una época en la que la hipérbole, la exageración o las simplezas se han adueñado de los mensajes, especialmente entre los políticos. Tergiversan y manipulan la realidad hasta límites que ponen en duda su respeto hacia la inteligencia del ciudadano. Nos toman por tontos en muchos casos y lo peor es que sus iniciativas políticas terminan, en muchos casos, por parecerse a su forma de comunicarse, es decir, sus propuestas terminan por ser basura demagógica. La crítica, la discrepancia o la simple exigencia del respeto a la ley pueden servir de excusa para que pases a engrosar la burda bolsa de fachas, retrógrados, franquistas o catalanófobos. Vivimos una época sin matices, o blanco o negro, o conmigo o contra mí. Y lo peor es que ese discurso reduccionista y simplón termina calando en mucha gente.

Fruto de ello es que a fuerza de exagerar muchas palabras son devaluadas y terminan por perder su verdadero significado. En su técnica goebbeliana resulta que “genocida” lo es igual Adolfo Hitler que José Mª Aznar. Ah, pero no Stalin. ¿A que nadie ha oído hablar a un podemita del genocida Stalin? Ahora parece que torturadores lo son tanto tipos como el Doctor Mengele, o Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, el mayor símbolo de la tortura franquista, como los organizadores de un Belén viviente con animales. Se aplica la palabra asesino, el que mata a una persona con circunstancias agravantes, a los toreros cuando es evidente que conceptualmente solo es posible asesinar a personas, a seres humanos. Sin embargo, nunca se referirán a una mujer que aborta como asesina de fetos humanos. Se trata, en definitiva, de manipular el alcance y significado de las palabras para ponerlas al servicio de su causa y con ello tratar de insertar mensajes a modo de eslóganes.

Estos días estamos asistiendo a un verdadero despliegue de simplezas y esperpénticos eslóganes en torno a la condena a Arturo Más por su participación en el seudo referéndum del 9-N. De un lado se han posicionado los partidos constitucionalistas. De otro, los independentistas de todo pelaje, Podemos y los filoetarras de Bildu. Tanto Pablo Iglesias como Echenique se han manifestado en contra de la sentencia condenatoria, una sentencia por cierto más que benévola. Pablo Iglesias ha dicho: "Mas es el heredero del pujolismo; una de las peores expresiones de la Trama, pero que le condenen por poner urnas es una vergüenza". Y Echenique ha señalado por su parte que Podemos rechaza que se "judicialice" la democracia: "No nos parece que poner urnas tenga que ser delito”. Vamos a ver. Un poco de seriedad por favor. Al Sr. Más el TSJ no le ha condenado por poner urnas, entre otras cosas, porque poner urnas no es un delito. El TSJ le ha condenado por haber cometido un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, al igual que le ocurriría a cualquier ciudadano de a pié que se le ocurriese desobedecer a un tribunal. Lo paradójico es que los señoritos de Podemos defiendan que a un miembro de lo que ellos llaman “casta” no reciba el mismo tratamiento que cualquier vecino de la calle y que para hacerlo tengan que falsear la realidad inventándose un delito y una condena inexistentes.

Sin ir muy lejos, en Alicante estamos viviendo estos días, salvando las distancias, una situación parecida en la que la realidad y la verdad son falseadas y elevadas a la categoría de dogma progre. Me refiero al cambio de nombres de calles “franquistas”. Un juzgado, a instancias del PP, ha ordenado la reposición de las antiguas calles. ¿Por qué? Pues sencillamente por el tripartito que desgobierna la ciudad de Alicante se ha saltado el procedimiento legal para poder llevar a cabo el cambio del nombre de las calles. Que se sepa, en ningún momento el PP ha defendido que las calles se llamen de una u otra forma, ni ha reivindicado la permanencia de nombres “franquistas”. Lo que el PP ha hecho, tal y como es la obligación de cualquier partido democrático, es defender que se cumpla la Ley, que se sigan los procedimientos legalmente establecidos. Y no es posible olvidar ni en este caso, ni en el catalán que sin respeto a la Ley no hay democracia posible. 

Es más, desconozco si el PP lo habrá esgrimido, pero lo cierto es que algunos de los cambios introducidos por el tripartito ni siquiera respetan lo establecido en la propia Ley de Memoria Histórica al llevarse por delante nombres como el de Calvo Sotelo, asesinado por lo gobierno republicano antes del inicio de la guerra civil. Y, sin embargo, ha faltado tiempo para que la patulea podemita, con lagrimitas incluidas, haya puesto el grito en el cielo acusando al PP de franquista, de facha, de querer perpetuar los nombres de los franquistas,… A cada eslogan le ha sucedido otro aún más exagerado y falso. No señores, no. No se trata de eso. A ver si lo entienden de una vez y se dejan de pamplinas: se trata de respetar la Ley y de seguir los procedimientos legales. Así de sencillo y de democrático. Menos eslóganes y más respeto a la inteligencia de los ciudadanos.

Vivimos en una época convulsa y políticamente ruidosa. Es muy posible que tanta exageración y tanto eslogan pueda producir réditos electorales fáciles y baratos. Pero no hay que olvidar que la demagogia es un boomerang peligroso, sobre todo para quienes están cegados por su soberbia y auto complacencia.

Santiago de Munck Loyola

https://santiagodemunck.blogspot.com.es