El próximo Congreso del PP.

Con dos años de retraso y de incumplimiento de sus propios Estatutos, el Partido Popular va a celebrar su XVIII Congreso Nacional entre los días 10 y 12 de febrero de 2017. Se trata del cónclave del máximo órgano decisorio del partido en el que se aprobarán no sólo modificaciones estatutarias o las líneas ideológicas y políticas del mismo, sino también, y es lo que más interesa a algunos, la cúpula dirigente del mismo.

El Congreso centrará sus trabajos en cinco ponencias: Política y Estatutos, Social, Económica y Administración Territorial, Educación y Cultura y Europa. Los ponentes serán los actuales vicesecretarios: Fernando Maíllo, Javier Maroto, el incombustible Javier Arenas, Andrea Levy y Pablo Casado.

La participación de los militantes está limitada a la elección de parte de los compromisarios, los delegados que asisten y votan en el Congreso, es dir, al 80 % de los mismos. El número de compromisarios será de 3.128 de los cuales 513 son natos, es decir el 20% de los compromisarios son cargos públicos o pertenecen a la burocracia del partido, y 2.565 son electivos. A nadie se le escapa que para muchos participar en el Congreso Nacional del PP es una oportunidad de oro, no para trabajar en las ponencias aportando ideas y propuestas, sino para hacer pasillos, para dejarse ver, para rendir pleitesía o para intentar cruzar unas palabras con los máximos líderes.

La participación del afiliado a través de la elección de los compromisarios puede parecer impecablemente democrática, pero todo aquel que ha tenido la oportunidad de conocer los mecanismos internos de funcionamiento del Partido Popular, sobre todo en Alicante, sabe perfectamente que de la teoría a la práctica hay un enorme abismo. En mis largos años de militancia popular, desarrollada sobre todo en Madrid, jamás encontré mayor desprecio hacia las reglas básicas de la democracia que las que se practicaban en el PPCV y, en especial, en la Provincia de Alicante. Teóricamente cualquier afiliado al corriente de pago de su cuota tiene derecho a presentar su candidatura para ser compromisario y participar en un Congreso, sin embargo, tal y como me señaló en su día, el que fue Secretario Provincial de Alicante José Juan Zaplana, las plazas de compromisarios asignadas a Alicante se reparten a dedo entre las distintas “familias” y “sensibilidades” del partido y si no perteneces destacadamente a alguna de ellas o careces de “padrino” te quedas fuera. Por ello, hay que ser conscientes de que cuando se reúna el cónclave popular su legitimidad será bastante limitada. Y esa es una de las razones que puede explicar la cada vez mayor distancia ideológica y estratégica entre los resultados de los congresos y el sentir de la militancia y, con ella, de buena parte del electorado. Se trata de una asignatura pendiente que debería ser abordada con urgencia y con decisión en la ponencia de Política y Estatutos. Sin participación real del afiliado, sin profundizar en la democracia interna no es posible avanzar hacia una profunda regeneración ni, por supuesto, articular medidas internas capaces de prevenir y combatir la corrupción.

Y qué decir sobre la presentación de avales para respaldar una candidatura. Las presiones del aparato pueden a llegar a ser brutales, sobre todo si quien te conmina a que avales una determinada candidatura, por ejemplo la de Rajoy en 2008, cuenta con poder institucional. O firmas el aval o el PGOU en tramitación de tu pueblo puede que no salga adelante, o avalas o te olvidas de la ampliación del Centro de Salud que has pedido. Chantajes similares se han producido en el PPCV y, pese a ser públicos, nadie se ha ido al juzgado.

El Partido Popular se encuentra ante una gran oportunidad para recuperar la credibilidad y el liderazgo en la sociedad, pero para ello ha de apostar decididamente por un cambio profundo, por una revolución o refundación interna que acabe de una vez con todos los obstáculos y hábitos que lo han alejado de sus propias bases y del electorado. Conformarse con seguir siendo el mal menor o el último refugio electoral ante la izquierda sería un triste y seguro final político.

Santiago de Munck Loyola

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Esperanza Ciudadana de Alicante reivindica el 4 de diciembre como Fiesta institucional.

Todo “patas arriba”.

La victoria del candidato republicano a la Presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, nos ha cogido desprevenidos a la mayoría de los ciudadanos españoles. Contra todo pronóstico Trump ha barrido a su oponente, la demócrata Hillary Clinton, y ha levantado toda clase de alarmas. ¿De dónde venían esos pronósticos? Parece que, al margen de las encuestas electorales que siempre las carga el diablo, los pronósticos provenían fundamentalmente de los medios de información, tanto norteamericanos como europeos, que transmitían más los deseos de las élites y los grupos de presión que de los votantes estadounidenses. Hace tiempo que los medios de información han sobrepasado los márgenes de su opinión antes contenida a la línea editorial o a los artículos de autor para pasar a convertirse en medios de deformación u orientación de la opinión pública. El tiente de las empresas propietarias o de la propia adscripción ideológica de muchos informadores traspasa todos los límites y la información como tal es controlada, manipulada u omitida en función de los intereses ideológicos a los que sirve el medio de información. La inmensa mayoría informa o comunica desde una perspectiva cargada de subjetivismo y con una finalidad concreta.

Reconozco que el Sr. Trump no me gusta, como tampoco la Sra. Clinton, pero mientras que en el segundo caso poseo elementos de juicio sustentados en una trayectoria y actuaciones políticas determinadas, reconozco que en el caso del primero mis prejuicios provienen de una percepción derivada fundamentalmente de lo que los medios de comunicación han querido contar u omitir sobre el Presidente electo. Poco más que su estampa a veces grosera, tosca o chabacana nos han dejado conocer sobre el Sr. Trump y, por pura lógica, alguna cualidad, algún mensaje de valor o alguna esperanza sensata ha debido ser capaz de transmitir el Sr. Trump a los electores para haber ganado las elecciones presidenciales, a pesar de los obstáculos de la casta republicana, de la casta demócrata, de la casta periodística y de los grupos de intereses que están infiltrados en todo el sistema social norteamericano. A título de ejemplo, basta recordar el empeño de muchos en subrayar el carácter machista del candidato republicano sobre la base de unas grabaciones de hace diez años al mismo tiempo que ensalzaban la figura de la Sra. Clinton como referente de los derechos de la mujer. 

Pero la historia reciente nos recuerda como el demócrata Clinton usaba su situación de poder presidencial para desarrollar actividades sexuales que no dignificaban precisamente el papel de la mujer y sobre las que Sra. Clinton no mantuvo una actitud condenatoria y combativa como se supone que debería haberlo hecho una mujer comprometida con la dignidad de la mujer. ¡Ah! Eso no es censurable porque la Sra. Clinton, como su marido son de izquierdas. Frente al muro de descrédito institucionalizado por el sistema político y social, algo positivo han debido percibir los votantes norteamericanos para finalmente elegir a Trump Presidente.

El sistema político norteamericano es un sistema sólido y experimentado que puede sobreponerse con relativa facilidad a la sorpresa de esta elección e incluso a la actitud antidemocrática que estos días están exhibiendo en algunas ciudades norteamericanas algunas decenas de miles de izquierdistas que protestan y no aceptan la elección del pueblo norteamericano, por cierto, con la complacencia de algunos medios de desinformación y de políticos españoles, aún no recuperados del disgusto que les ha provocado esta elección presidencial, pronto quedará en el recuerdo.

Hay varias lecciones que podemos extraer de estas elecciones presidenciales norteamericanas. De una parte que los todopoderosos medios de comunicación no lo son tanto y que su descarado empeño en moldear el voto en un determinado sentido puede provocar el efecto contrario. De otra que las encuestas deben analizar mejor el voto oculto porque su incidencia es mayor cuanto más maniqueo sea el contexto electoral provocado por los medios de comunicación. Y, por último, que la movilización de votantes tradicionalmente no participativos, hábilmente explotada por el equipo de Trump, puede hacer cambiar la estructura electoral y política de un país. No hay partidos inamovibles, no hay candidatos seguros y todo puede ser puesto “patas arriba” por el simple ejercicio de ir a votar.

Santiago de Munck Loyola

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Empieza lo más difícil.

Ha costado, pero al final se ha logrado. España vuelve a tener un gobierno y no en funciones, más de un año después de que se disolvieran las Cortes el 26 de octubre de 2015. Tras un fin de semana intenso, aderezado con vergonzosos espectáculos en el Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura y con alguna que otra sorprendente entrevista televisiva, hoy jueves 3 de noviembre Mariano Rajoy ha anunciado su nuevo equipo de Gobierno.

Habrá quien piense que el mecanismo constitucional no ha funcionado bien y que un año sin gobierno es una evidencia de su fracaso. Pero conviene echar la vista atrás, repasar la historia y, en especial, la génesis de nuestra Constitución. Es evidente que la Constitución del 78 no es perfecta y que abrió vías muy peligrosas sobre todo en lo referente a la estructura del Estado que afectan a la unidad de los españoles. Pero, con todo, ha sido un modelo que ha funcionado razonablemente bien y que nos ha dotado de una estabilidad política extraordinaria. La Constitución del 78 supuso sobre todo un enorme esfuerzo de reconciliación entre las dos Españas, la izquierda y la derecha. Este esfuerzo se plasmó en un texto con concesiones ideológicas por ambas partes y, como es lógico, con quizás demasiadas indefiniciones. Los políticos de entonces, ahora denostados por algunos, fueron capaces de realizar enormes cesiones, de dialogar y de buscar acuerdos para que la norma fundamental del Estado fuera capaz de garantizar la estabilidad y la alternancia política. Personas provenientes del más puro franquismo y sus adversarios políticos, incluso enemigos de la guerra civil, hablaron, dialogaron y pactaron. Y esta fórmula, el consenso en aspectos esenciales, ha sido clave en la arquitectura constitucional. Sin embargo, el camino escogido para sellar la reconciliación entre las otras dos Españas, la del centro y la periferia, ha fracasado. El paso de un Estado centralista a un estado autonómico, descentralización administrativa y política, no sólo no ha servido para acabar con la tensión centro-periferia, sino que a la luz de los resultados no ha hecho más agravarla.

La responsabilidad de que España haya estado sin gobierno durante más de un año quizás hay que buscarla en las actitudes y los valores de gran parte de la actual clase política que no comulga con los sentimientos políticos que animaron a los constituyentes a superar los odios y enfrentamientos del pasado para buscar puntos de encuentro, lugares comunes sobre los que cimentar la convivencia de los españoles. Las líneas rojas, los cordones sanitarios, los vetos personales han primado más durante el último año que la búsqueda de consensos básicos y esenciales para que España pudiera ser gobernada. Y es, cuando menos curioso, que son algunos de los nuevos y más jóvenes políticos los que encarnan ese desprecio al consenso y al diálogo. Son precisamente buena parte de quienes se han criado a la luz de la Constitución del 78 los que más desprecian sus valores más sólidos para construir una política de diálogo y de pacto. Y para romper el círculo vicioso en que se había convertido la investidura de un Presidente del Gobierno han tenido que intervenir algunos de los protagonistas del 78.

El fin de semana nos deparó el espectáculo poco edificante del diputado Rufián, un personaje cuyo partido solo quiere romper España, intentando insultar y descalificar a todos, especialmente a los socialistas a base de frases tuiteras y latiguillos inconexos, pero absolutamente incapaz de construir un discurso constructivo e intelectualmente comprensible. 

O el espectáculo del Sr. Iglesias que todavía no sabe bien si su sitio está dentro o fuera del Congreso, que se suma a la manifestación "Rodea el Congreso" promovida por Bildu, que no condena las agresiones a Diputadas de Ciudadanos, pero que no tiene inconveniente moral alguno en aplaudir, junto con sus compañeros, a la gente más indigna que ha pisado ese hemiciclo como son los de Bildu. El Sr. Iglesias, ahí lo tiene claro, nada de líneas rojas con los representantes políticos de la banda asesina etarra. Y también pudimos escuchar las confesiones del defenestrado Pedro Sánchez, más cerca de los podemitas que de los constitucionalistas y más cerca de los que quieren romper España que de quienes defienden su unidad. Ha evidenciado que le daba igual el mandato de su Comité Federal, que creía que podía construir una alternativa de gobierno de la mano de los podemitas, de los independentistas y, si hubiera hecho falta, de los bilduetarras. Curiosamente, de la mano de todos aquellos para quienes, por unas u otras razones, la Constitución del 78 es papel mojado.

Tenemos Gobierno y ya es algo, pero estamos lejos de reconstruir un espacio de convivencia y un espectro político que vuelva a garantizar progreso y estabilidad. Son necesarias muchas reformas empezando por todas aquellas que impliquen una sustancial mejora en la calidad democrática de los partidos constitucionalistas. Hay que volver a revitalizar los principios de dieron paso a nuestra Constitución y atraer a la inmensa mayoría de los ciudadanos hacia ellos. Regenerar no es tarea fácil, pero es imprescindible. Nos jugamos demasiado.

Santiago de Munck Loyola

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¡Viva España y Viva la Hispanidad!

Parecía que no cabía un tonto más en el panorama político nacional, pero no es así. Cada vez que la españolidad se pone en juego, sea en su vertiente deportiva, histórica o política, salta a la palestra toda una recua de majaderos que vomitan su hispanofobia y exhiben sin vergüenza alguna su profunda ignorancia. La democracia tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes y uno de ellos, dadas las particularidades de nuestro sistema electoral, es que cuando votas a unas siglas te tragas la lista entera, mentecatos incluidos.

La caverna hispanofóbica izquierdista e independentista viene asomando la patita cada vez que puede y sus sectarios exabruptos históricos y políticos se traducen, cuando tiene la posibilidad de tomar decisiones desde un ejecutivo, en manifestaciones de odio como la prohibición de ver partidos de la Selección Nacional de fútbol en las calles de Barcelona o en desprecios institucionales hacia nuestros campeones olímpicos que se enorgullecen de su españolidad.

Ahora le ha tocado a nuestra Fiesta Nacional, el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. Toda una caterva de indocumentados se ha puesto en fila para ver quien dice la gilipoyez más grande y ofensiva buscando su minuto de gloria en el ranking de su cochiquera populista o independentista. Por segundo año consecutivo, Pablo Iglesias, líder de Podemos, no asistirá a ninguno de los actos conmemorativos del 12 de octubre, con lo que, por cierto, ganarán en categoría, pero su actitud denota un profundo desprecio a lo español mientras no tiene inconveniente alguno en asistir a actos y conmemoraciones separatistas, ni empacho alguno en apoyar consultas ilegales separatistas diseñadas con el único propósito de destruir la unidad de España. El Sr. Iglesias podrá dar las lecciones de patriotismo que quiera, pero su versión del mismo es tan incompatible con la idea de España como la de “los patriotas” que se llevan el dinero a los paraísos fiscales.

Y si se desciende al escalón de los Ayuntamientos, el panorama es desternillante. Los llamados “alcaldes del cambio” constituyen un conjunto digno de estudio. Cuentan que Churchill en los inicios de su carrera solo se preguntaba cómo hacer para alcanzar un escaño y que tras conseguirlo y observar la inteligencia y preparación de muchos de sus colegas solo se preguntaba cómo diantres lo habían conseguido éstos. Pues algo parecido ocurre con buena parte de esta colección de ediles del cambio. La Alcaldesa de Badalona gracias al PSC, Mª Dolores Sabater, de profesión docente, que sólo obtuvo 5 concejales frente a García Albiol (que obtuvo 10) encabezando la lista de “Guanyem Badalona en Comú”, candidatura transversal, alternativa, rupturista y soberanista (casi nada), ha alcanzado cierta notoriedad entre los hispanófobos al manifestar su intención de que la Fiesta Nacional fuese laboral en su sufrido Ayuntamiento al entender que el 12 de octubre es el Día de Franco y del racismo. Y no estaba sola con semejante estupidez ya que su teniente de alcalde de Hacienda y Recursos Humanos, Jose Téllez, militante de la CUP subrayó que "es una fecha que conmemora un genocidio, el de la ocupación de América, y tiene connotaciones franquistas, cuando se celebraba el Día de la Raza".

Y el pasado mes de septiembre, los colegas de la esta Alcaldesa en Barcelona, la CUP, presentaron una moción al Pleno para que se retirase la estatua de Colón por tratarse de un monumento “que enaltece el colonialismo y el esclavismo”. Claro que parece que la cosa es normal en la ciudad condal si tenemos en cuenta que en el mismo Ayuntamiento el Concejal de Arquitectura, el socialista Daniel Mòdol califica a la Sagrada Samilia de “pseudo obra de Gaudí”, de una “gran farsa que arrastramos desde hace tiempo” y como “una mona de pascua gigante que hace su camino de la mano de unos privados” y nadie le pone en su sitio.

Pues sí, es evidente que todavía caben muchos más tontos. Los majaderos están a la orden del día, están de moda y lo saben, por eso se afanan en destacar en fechas especialmente señaladas. La conquista de América fue un episodio histórico con sus luces y sus sombras, una proeza realizada hace más de 500 años que no es posible enjuiciar solo ni desde la perspectiva tan extendida de la leyenda negra bien tejida y mejor comprada por los enemigos de España, ni desde la perspectiva de un maniqueísmo simplista.

Quedémosnos con lo positivo, con el legado que supone una gran comunidad cultural de más de 600 millones de personas. El 12 de octubre es nuestra Fiesta Nacional, el Día de la Hispanidad, la conmemoración de una gesta que supuso una gran base para la construcción de España como Nación y de su proyección internacional durante siglos. Y, si a los que padecen hispanofobia les jode, que se jodan (y perdón por la expresión) en su caverna de odio e inquina. ¡Viva España y Viva la Hispanidad!

Santiago de Munck Loyola

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Y, a pesar de todo, terceras elecciones.

Tras el entretenido y vergonzoso espectáculo que los socialistas han ofrecido este fin de semana a los españoles y a pesar de los cambios surgidos del mismo en el seno del PSOE, el fantasma de unas terceras elecciones generales no ha desaparecido del horizonte. Es evidente que la radicalidad de Pedro Sánchez y de su equipo solo llevaban a una alternativa: o gobierno del “cambio”, es decir, gobierno socialista con el populismo e independentistas o terceras elecciones, es decir, la constatación del fracaso de una clase política egoísta y sectaria a más no poder. Pero no sería justo achacar en exclusiva al defenestrado líder socialista la responsabilidad de esa posición imposible porque se trata de una responsabilidad compartida por el conjunto de una organización que desde hace tiempo ha ido alejándose del centro político y de la moderación para instalarse en los campos de la radicalidad. Un PSOE podemizado, tal y como acaba de declarar el presidente de la nueva gestora socialista, para el que todo valía y de la mano de quien fuera con tal de arrebatar cuotas de poder local o autonómico.

La organización socialista, como la popular cuando tocaba, ha evitado exigir responsabilidades políticas a su dirección y solo a última hora algunos han echado mano de ello para recordar que un político que ha cosechado seis derrotas electorales durante su corto mandato y que elección tras elección va empeorando los resultados electorales de su partido debería haber asumido responsabilidades y haber presentado su dimisión. Tarde se han atrevido a decir en voz alta lo que en cualquier democracia consolidada es una norma básica y ello, como es lógico, ha sido interpretado por muchos ciudadanos como una simple excusa. Es, cuando menos llamativo, que hasta el mismo día en que Felipe González no cargó contra Pedro Sánchez no se desató la tormenta que ha acabado con Pedro Sánchez y su equipo. Felipe González ha evitado, entre otras cosas, que el Rey se viera abocado a proponer a Pedro Sánchez como candidato a la Presidencia con un acuerdo bajo el brazo suscrito con Podemos que defiende el derecho a la autodeterminación y los independentistas. Menudo papelón habría tenido que asumir el Rey.

La nueva dirección socialista sigue transmitiendo un mensaje imposible, un mensaje que por mucho que pretendan no cuadra: NO a la investidura de Rajoy + NO a terceras elecciones + NO a un gobierno apoyado por independentistas. Las tres posiciones a la vez no son posibles, son incompatibles y lo saben. Es verdad que modificar el primer NO requiere tiempo, pero el principal problema es que éso es precisamente lo que no hay, tiempo. Y el segundo NO está íntimamente ligado a que se sustituya el primer NO por una abstención en la investidura del candidato popular.

Por su parte, en el Partido Popular conscientes de que el PSOE, dividido y sin candidato,  no puede permitirse ahora ir a unas terceras elecciones están dispuestos a subir el listón. Ya no quieren una simple abstención socialista, ahora reclaman cierta estabilidad para poder aprobar los próximos presupuestos y ciertas leyes. Se han hartado a decir que lo último que querían era unas terceras elecciones, que esas elecciones nos expondrían al ridículo internacional, etc. Y ahora, visto como está el PSOE y con un ojo puesto en algunas encuestas, parece que ya no les desagrada tanto esa posibilidad. No cabe la menor duda de que cambiarán el discurso como están cambiando la Ley Electoral. Dirán con toda seguridad que lo que en agosto les parecía de perlas, la abstención del PSOE, ahora es insuficiente porque no les garantiza la gobernabilidad, echarán mano de la imprescindible estabilidad y nos llevarán a esas terceras elecciones generales que, se supone, nunca han querido.

Deberían tener en cuenta, antes de aventurarse a ello, que las elecciones las carga el diablo y que, a la luz de las encuestas, podrán arañar diez escaños más si es que el calvario judicial que les toca no lo impide, pero con toda seguridad conseguirán que la oposición esté encabezada por un crecido Pablo Iglesias, cada vez más engreído y prepotente, que tras haberse comido y digerido a Izquierda Unida se comerá otra buena porción de voto socialista. ¿Es éso lo que le conviene a España? Como se dice ahora, si el PP fuerza esas terceras elecciones, si cree que es bueno para España hacerlo debería hacerselo mirar.

Santiago de Munck Loyola

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De mal en peor.

Si alguien pensaba que el resultado de las pasadas elecciones autonómicas celebradas en Galicia y el País Vasco iba a servir para desbloquear la situación política y facilitar la formación de un Gobierno para España se ha equivocado. Del resultado de estas elecciones se han sacado tantas lecturas como comentaristas políticos existen y cada cual ha tratado de arrimar el ascua a su sardina. Sin embargo, tras diez meses sin gobierno y tras los resultados de estas elecciones sí que es posible confirmar dos peculiaridades de nuestra cultura democrática.

La primera es que hemos perdido o, mejor dicho, nuestra clase política ha perdido toda capacidad de diálogo, de acuerdo o de consenso, que tan importante fue en nuestra transición, en unos momentos especialmente difíciles para el conjunto de la Nación y, en especial, para millones de españoles cuya supervivencia económica se encuentra en un estado dramático. Nadie o muy pocos hablan ahora de los más de 4 millones de desempleados, de los miles de desahucios que anualmente se siguen produciendo, de las míseras pensiones de muchos ciudadanos, de la subsistencia de todos los privilegios de la clase política, de los riesgos del terrorismo islamista o del avance del proceso de ruptura de nuestra Nación. Todo lo más se habla y como arma arrojadiza de la corrupción que pesa sobre los grandes partidos y sobre las corruptelas de los recién llegados.

La segunda peculiaridad es la inexistencia de asunción de responsabilidades políticas por los resultados electorales. En los países europeos con más larga tradición democrática, que deberían servirnos de espejo para asimilar sus mejores conductas, no se concibe que tras un fracaso electoral un líder, un candidato, no presente su dimisión. Ya tras las elecciones generales del pasado mes de diciembre, la lógica democrática exigía que quien siendo Presidente de Gobierno con una mayoría aplastante de 186 diputados la deja en 123 escaños hubiese presentado su dimisión. Es evidente que muchos justificarán aquel resultado pero los hechos son los que son. Y también entonces un líder de la oposición que no sólo no fue capaz de rentabilizar el desgaste del gobierno y deja a su partido con 20 escaños menos, pasando de 110 a 90, debía igualmente haber presentado su dimisión, como debería haberlo hecho seis meses después al lograr pasar de 90 a 85 diputados. Todo un récord. Y esta peculiaridad, incomprensible para nuestros vecinos europeos, se ha visto reforzada tras las elecciones autonómicas del pasado domingo. ¿Ha dimitido alguien en el PSOE? ¿Ha dimitido alguien en el PP del País Vasco por empeorar unos resultados anteriores ya de por si malos? Nadie.

Es evidente que los resultados de las pasadas elecciones autonómicas no ayudan a despejar el panorama nacional. Todo lo contrario. La situación, a la luz de los últimos acontecimientos se complica enormemente. De una parte, el PSOE se ha convertido en una olla a presión y su Secretario General está forzando la maquinaria interna para sostenerse en el poder. De otra parte, el Partido Popular, tan necesitado de una profunda regeneración, ha decidido posponer cualquier movimiento en esa dirección y limitarse a observar la posible “voladura” del PSOE. Ciudadanos no ha terminado de asimilar que el batacazo en Galicia y País Vasco limita enormemente y quizás de forma definitiva su proyección como partido de ámbito nacional. Y Unidos Podemos, tras fagocitar completamente a Izquierda Unida, contribuye interesadamente a agitar las aguas de Ferraz rompiendo, de momento, los pactos de gobernabilidad que mantenía con el PSOE en Castilla la Mancha y en Extremadura a costa, sin ningún rubor, de la necesaria gobernabilidad para los ciudadanos de esas dos regiones. Todo vale con tal de primar los intereses partidistas por encima de los intereses de los ciudadanos.

Eso sí, podemos estar tranquilos. Todos los partidos han manifestado por activa y por pasiva que lo último que desean es que tengamos que celebrar unas terceras elecciones generales, pero, por si acaso, sí se han puesto de acuerdo para reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral por el procedimiento de urgencia para que esas indeseadas terceras elecciones se celebren el próximo 18 de diciembre, recortando una semana la campaña electoral, y que así no tengamos que votar en día de Navidad. Para que luego digamos que esta clase política no piensa en el bienestar de los españoles.

Santiago de Munck Loyola

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Puig, un impresentable Presidente.

Vaya por delante que defiendo desde hace mucho el apartamiento de los imputados de los cargos públicos. Pero dicho ésto me parece impresentable la necesidad de algunos de exagerar hasta la hipérbole sus declaraciones sobre los adversarios políticos. Hoy, el Presidente de la Generalidad Valenciana el Sr. Puig ha dicho que Rita Barberá "representa lo peor de la política: la financiación ilegal de un partido para ganar elecciones". Pensaba que lo peor de la política es servirse de ella para el enriquecimiento personal y de los allegados apoderándose de los recursos públicos. Pero parece que no, que para el Sr. Puig lo más execrable es la financiación ilegal de los partidos, algo que, por cierto, es moneda corriente en nuestro país. 

Y el Sr. Puig, el Presidente de la Generalidad Valenciana menos votado de su historia, lo dice el mismo día en que el Fiscal pide 6 años de cárcel para su compañero del PSOE Griñán por el asunto de los ERES falsos: 741 millones de euros malversados para construir una red clientelar. ¿Y para qué se han malversado esos 741 millones? Pues para seguir ganando elecciones con el dinero que estaba destinado a ayudar a empresas en crisis. Ni más ni menos que otra forma de financiar ilegalmente al PSOE. 

Del Sr. Griñán y del Sr. Chaves, para el que se piden 10 años de inhabilitación, responsables del reparto ilegal de esos 741 millones de euros, el Sr. Puig no dice ni pío. Claro son coleguitas. Ni dirá nada cuando toque hablar de los cientos o miles de millones de euros de los cursos de formación en Andalucía. Pero por los 1.000 euros supuestamente blanqueados por Barberá el Sr. Puig se rasga las vestiduras y se arranca el peluquin. No hay para la Sra. Barberá ni siquiera presunción de inocencia, el protofascista de Puig ya la ha enjuiciado y condenado: "representa lo peor de la política: la financiación ilegal de un partido para ganar elecciones", sin juicio ni nada. Ya está. ¡Sr. Puig, váyase usted a la mierda! ¡Usted es un déspota, un cínico, un mentiroso y un hipócrita! ¡La Generalidad Valenciana no se merece un Presidente como usted incapaz siquiera de respetar los derechos procesales más básicos! ¡La Generalidad Valenciana no se merece un Presidente que toma por tontos a sus conciudadanos! ¡Sr. Puig menos aspavientos y más intelecto!

Santiago de Munck Loyola

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Y llegan las “fuerzas del cambio”.

Tal y como estaba anunciado la investidura del candidato Mariano Rajoy fracasó. 170 votos a favor (PP y sus coaligados Foro Asturias y UPN + C’s + CC) frente a 180 votos contrarios. ¿Y ahora qué? Pues difícil está la cosa. El partido más votado, el Partido Popular, tiene muy difícil intentar una segunda investidura con o sin Mariano Rajoy de candidato. Su pacto con Ciudadanos tenía fecha de caducidad, algo realmente extraño cuando tanto se apela desde esta formación al diálogo y al consenso. Aunque tampoco importa mucho, visto lo que entiende el PP por regeneración al proponer al ex ministro Soria para ocupar un puesto representando a España en el Banco Mundial. Como el Sr. Soria no "valía" para seguir siendo Ministro se lo endosamos a los extranjeros. Y por otra parte, el Partido Popular se reafirma en la candidatura de Mariano Rajoy y frente a quienes desde otros partidos, con toda la hipocresía del mundo pues en el fondo “no es no” sea quien sea el candidato del PP, señala, no sin razón, que si el candidato más votado en las últimas elecciones ha de renunciar o dimitir ¿por qué no lo hacen quienes han perdido votos y escaños en las últimas elecciones?

El líder socialista, Mister “Noesno”, fracasada la investidura de Rajoy, se apresuró a hacer un llamamiento a lo que denomina “las fuerzas del cambio” para que esos 180 votos negativos se conviertan ahora en positivos para investir a un presidente del llamado cambio. La verdad es que queda hasta bonito, lo de las fuerzas del cambio, encarnadas en los 180 votos del no frente a los 170 de las fuerzas del inmovilismo o del “no cambio”. Pero, seamos serios, a parte del no en común ¿hay algún otro elemento aglutinador que permita hablar de un grupo homogéneo de “fuerzas del cambio”? Parece que no y es que entre los 180 votos negativos hay de todo, hasta de lo peorcito. Vamos a intentar aclarar lo que significan las llamadas “fuerzas del cambio”.

Podría pensarse a primera vista que el Sr. Sánchez intenta sumar a los 180 votos de las “fuerzas del cambio” a Ciudadanos. Es decir que para intentar arreglarlo, el Sr. Sánchez tendría en cuenta a parte de los 170 votos favorables a la investidura de Rajoy, es decir, a los 32 diputados de Ciudadanos que ya no serían considerados inmovilistas, ni marca blanca del PP, ni cómplices de Rajoy. ¡Faltaría más! Y así, los socialistas vuelven a su proyecto fracasado de hace unos meses, PSOE + PODEMOS +CIUDADANOS, y Pedrito Presidente. Pero, hete aquí, que al líder de Ciudadanos, Sr. Rivera, le ha faltado tiempo para decir que con Unidos Podemos, que propugna el derecho de autodeterminación entre sus filas, ni a la vuelta de la esquina. Nuevo portazo para el Sr. Sánchez cuyas desmesuradas ansias de “tocar pelo” al precio que sea ya son más evidentes que nunca.

Y vuelta a empezar. Los 180 votos de las “fuerzas del cambio” se componen de lo siguiente:

-       85 diputados de lo que queda del PSOE, socialdemócratas confusos.

-       71 diputados de Unidos Podemos, comunistas, populistas, aspirantes a socialdemócratas, separatistas y talibanes variopintos.

-       9 diputados de ERC, separatistas enemigos de la soberanía popular y de España.

-       8 diputados de CDC, iguales que los anteriores pero menos izquierdistas.

-       5 diputados del PNV, iguales que los anteriores pero derechistas.

-       2 diputados de EH BILDU, iguales que los anteriores pero izquierdistas y brazo político de los asesinos etarras.

Et voilà! Ya tenemos a las “fuerzas del cambio”, ese maravilloso cóctel que tanto fascina al Señor Sánchez y a muchos españoles que de buena fe creen en que en realidad existe una auténtica alternativa de gobierno bajo la falaz denominación de las “fuerzas del cambio”. Algunos de los que forman parte de este heterogéneo grupo de los 180, de las “fuerzas del cambio”, ya han anunciado que estarían dispuestos a apoyar al Sr. Sánchez o a cualquier otro de los 180 con ciertas condiciones. A saber: para empezar derecho a la autodeterminación, con o sin referéndum, para Cataluña y País Vasco (si me apuran para Galicia y el resto de los Países Catalanes como dicen los de Compromis, también) y los presos etarras bajo la tutela del PNV o, para el caso amnistiados, que ya está bien de “venganzas” según la impresentable portavoz de BILDU. Y para continuar ya se sabe: ministerios sociales como Defensa o Justicia para IU Podemos, amén del control sobre el CNI, los medios públicos de Comunicación, etc. Pero, con todo, ya tendríamos a D. Pedro Sánchez Pérez Castejón (de los Castejón sublevados contra la II República) como Presidente del Gobierno de lo que pueda quedar de España. Y ya está. ¡Fácil! ¿Verdad? Nunca más volvería hacer falta votar en Navidad, es más, sería imposible porque seguramente sería borrada del calendario, por reaccionaria y por heteropatriarcal que diría Garzón.

Santiago de Munck Loyola

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¿Regeneración o manita de pintura?

Da la sensación de que cuando se habla de “regeneración democrática” o, simplemente, de “regeneración” cada partido y, si se apura, cada político tiene una idea propia o un concepto particular sobre su alcance y significado. La regeneración se ha convertido en palabra talismán y ha pasado a ser de una palabra prohibida en el Partido Popular a una palabra de moda que, incluso, puede abrir o cerrar la puerta del gobierno para Mariano Rajoy. Ciudadanos ha impuesto al PP seis medidas regeneracionistas para negociar la investidura de Rajoy como si esas seis medidas fueran la clave para regenerar nuestro sistema democrático. Y se equivocan. Se han dejado en el cajón muchas otras medidas que son más importantes y que sí supondrían de verdad la manifestación de una auténtica voluntad regeneracionista.

La regeneración democrática significa volver a generar nuestro sistema democrático, sanearlo para acabar con la desafección ciudadana al mismo. Significa podar todas las ramas del sistema que con el paso del tiempo y su mal uso se han estropeado. Significa, en definitiva, eliminar todo aquello que con los años y el abuso por parte de los partidos y de buena parte de la clase política aleja al sistema democrático del interés general. Regenerar es reformar para que la democracia se revitalice y sirva más y mejor a los ciudadanos. Las seis medidas regeneradoras propuestas por Ciudadanos son claramente insuficientes. Son sólo una pose para la galería pero no abordan, ni de lejos, las causas que originan las insuficiencias democráticas de nuestro sistema político.

Al hablar de regeneración hay que hacerlo, al menos, de la necesidad de profundizar en la división de poderes, de reformas que afectan a los agentes políticos (partidos y clase política), de instaurar medidas más eficaces para combatir la corrupción y de reforzar la democracia con más transparencia, más igualdad de oportunidades y más participación ciudadana. Y no hay que olvidar que las medidas que pueden formar parte de estas cuatro grandes áreas se entrecruzan en no pocos casos.

La división de poderes no puede seguir siendo un mero enunciado que no se ajusta a la realidad institucional. Los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, deben ser realmente independientes si queremos que sirvan de contrapesos institucionales y cumplan sus funciones sin interferencias mutuas. En este sentido, ya es hora de que los partidos políticos a través del ejecutivo o el legislativo dejen de controlar a la judicatura. Como también es hora de que el poder ejecutivo abandone el legislativo. No tiene lógica alguna que miembros del poder ejecutivo como alcaldes o incluso consejeros autonómicos y ministros formen parte de las diferentes asambleas legislativas. O se pertenece al poder ejecutivo o al legislativo, pero no a los dos a la vez. Y esto está íntimamente relacionado con las reformas a impulsar que afectarían a la clase política: el establecimiento de rígidas incompatibilidades y la prohibición de simultanear varios cargos públicos.

Un asegundo gran bloque de reformas a impulsar afectaría a los principales agentes políticos de nuestra democracia, a los actores, partidos y clase política. Es imposible promover la regeneración de nuestra democracia si los que han de ejecutarla siguen anclados en los vicios políticos del pasado y presente. Es hora de trasladar a las leyes una concepción de la política como vocación de servicio público temporal. El político viene a servir a la sociedad, no a servirse de ella, su trabajo que es voluntario no puede estar rodeado de privilegios y prebendas. Por ello, es imprescindible la aprobación de un Estatuto del Cargo Público que entre otras cosas establezca: la limitación salarial (ni un sueldo público por encima del sueldo del Presidente del Gobierno), sometimiento al mismo régimen fiscal y de pensiones que el de cualquier ciudadano, supresión de coches oficiales, salvo para altos cargos, y su uso tributable como pago en especie, endurecimiento del régimen de incompatibilidades, aplicación del principio de “una persona un solo cargo”, limitación de mandatos, exigencia de experiencia previa profesional para el acceso a cargo público y la eliminación de los aforamientos. En cuanto a los partidos políticos sería necesaria una reforma de su Ley reguladora para fortalecer el poder de decisión y de elección interna de los afiliados, reforzar las garantías de los derechos de los mismos y reformar su sistema de financiación para que no sea, en gran parte, a costa del contribuyente.

Una de las grandes lacras de nuestro sistema es la corrupción y si prolifera es por varias razones. Una de ellas es porque tanto las leyes sobre contratación pública como sobre el territorio encierran una gran carga de subjetividad y, por tanto, de arbitrariedad en el proceso de toma de decisiones. No basta con sacar a los políticos como algunos proponen de las mesas de contratación que, al fin y al cabo, se limitan a analizar y recomendar, sino que es imprescindible que las normas reguladoras de la contratación pública y de la ordenación del suelo fundamenten la toma de decisiones en criterios puramente objetivos. Y entrelazando con la separación de poderes es evidente que desde la perspectiva de la persecución de la corrupción el refuerzo de la independencia judicial sería de gran ayuda.

Y, por último, el bloque referido al refuerzo de las instituciones democráticas pasa necesariamente por una reforma de la Ley Electoral que, independientemente del uso del sistema proporcional o el mayoritario, como mínimo iguale el valor del voto de cada ciudadano, sea de la provincia que sea, instaure las listas abiertas y suprima la necesidad de avales a los partidos sin representación parlamentaria. Del mismo modo, sería necesario impulsar una reforma que permita investigar parlamentariamente la presunta financiación ilegal de cualquier partido político, no sólo del PP, sin necesidad de que esa investigación dependa de una mayoría parlamentaria. Un último aspecto que redundaría a favor de la igualdad y la transparencia democrática, en detrimento de los partidos como agencias de colocación,  sería reforzar la profesionalización de las administraciones públicas prácticamente eliminando los miles de puestos de asesores y cargos de confianza en las administraciones públicas.

Como puede verse se trata unas cuantas pinceladas de lo que constituiría un proceso de regeneración democrática con mucho más alcance y profundidad de lo que algunos ahora enarbolan como “el no va más”. Y, seguramente, habrá muchas otras medidas aquí no expuestas que bien podrían integrarse en un catálogo de auténtica política regeneracionista. Pronto veremos si lo que estamos observando estos días es un simple juego floral de cara a la galería o si, de verdad, ha empezado un auténtico proceso de regeneración democrática. Mucho me temo que a la vista de los interlocutores nos vamos a quedar en lo primero.

Santiago de Munck Loyola

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