Con
dos años de retraso y de incumplimiento de sus propios Estatutos, el
Partido Popular va a celebrar
su XVIII Congreso Nacional entre los días 10 y 12 de febrero de
2017. Se trata del cónclave del máximo órgano decisorio del
partido en el que se aprobarán no sólo modificaciones estatutarias
o las líneas ideológicas y políticas del mismo, sino también, y
es lo que más interesa a algunos, la cúpula dirigente del mismo.
El
Congreso centrará sus trabajos en cinco ponencias: Política y
Estatutos, Social, Económica y Administración Territorial,
Educación y Cultura y Europa. Los
ponentes serán los actuales vicesecretarios:
Fernando
Maíllo, Javier Maroto, el
incombustible Javier
Arenas, Andrea Levy y Pablo Casado.
La
participación de los militantes está limitada a la elección de
parte de los compromisarios, los delegados que asisten y votan en el
Congreso, es
dir, al 80 % de los mismos.
El número de compromisarios será de 3.128 de los cuales 513 son
natos, es decir el 20% de los compromisarios son cargos públicos o
pertenecen a la burocracia del partido, y 2.565 son electivos. A
nadie se le escapa que para muchos participar en el Congreso Nacional
del PP es una oportunidad de oro, no para trabajar en las ponencias
aportando ideas y propuestas, sino para hacer pasillos, para dejarse
ver, para rendir pleitesía o para intentar cruzar unas palabras con
los máximos líderes.
La
participación del afiliado a través de la elección de los
compromisarios puede parecer impecablemente democrática, pero todo
aquel que ha tenido la oportunidad de conocer los mecanismos internos
de funcionamiento del Partido Popular, sobre todo en Alicante, sabe
perfectamente que de la teoría a la práctica hay un enorme abismo.
En mis largos años de militancia popular, desarrollada sobre todo en
Madrid, jamás encontré mayor desprecio hacia las reglas básicas de
la democracia que las que se practicaban en el PPCV y, en especial,
en la Provincia de Alicante. Teóricamente
cualquier afiliado al corriente de pago de su cuota tiene derecho a
presentar su candidatura para ser compromisario y participar en un
Congreso, sin embargo, tal y como me señaló en su día, el que fue
Secretario Provincial de Alicante José Juan Zaplana, las plazas de
compromisarios asignadas a Alicante se reparten a dedo entre las
distintas “familias” y “sensibilidades” del partido y si no
perteneces destacadamente a alguna de
ellas o
careces de “padrino” te quedas fuera. Por ello, hay que ser
conscientes de que cuando se reúna el cónclave popular su
legitimidad será bastante limitada. Y esa es una de las razones que
puede explicar la cada vez mayor distancia ideológica y estratégica
entre los resultados de los congresos y el sentir de la militancia y,
con ella, de buena parte del electorado. Se trata de una asignatura
pendiente que debería ser abordada con urgencia y
con decisión en
la ponencia de Política y Estatutos. Sin participación real
del afiliado,
sin profundizar en la democracia interna no es posible avanzar hacia
una profunda regeneración ni, por supuesto, articular medidas
internas capaces de prevenir y combatir la corrupción.
Y
qué decir sobre la presentación de avales para respaldar una
candidatura. Las presiones del aparato pueden a llegar a ser
brutales, sobre todo si quien te conmina a que avales una determinada
candidatura, por ejemplo la de Rajoy en 2008, cuenta con poder
institucional. O firmas el aval o el PGOU en tramitación de tu
pueblo puede que no salga adelante, o
avalas o te olvidas de la ampliación del Centro de Salud que has
pedido.
Chantajes
similares se han producido en el PPCV y, pese a ser públicos, nadie
se ha ido al juzgado.
El
Partido Popular se encuentra ante una gran oportunidad para recuperar
la credibilidad y el liderazgo en la sociedad, pero para ello ha de
apostar decididamente por un cambio profundo, por una revolución o
refundación interna que acabe de una vez con todos los obstáculos y
hábitos que lo han alejado de sus propias bases y del electorado.
Conformarse con seguir siendo el mal menor o el último refugio
electoral ante la izquierda sería un triste y seguro final político.
Santiago
de Munck Loyola
