Felipe del Baño, el "sicario político" de Ciscar y cía, en apuros judiciales.

Según anuncian los medios de comunicación Felipe del Baño, el "sicario" de Alberto Fabra y José Ciscar para "liquidar" a los afiliados alicantinos del PP, Santiago de Munck Loyola y Antonio Sobrino Ribes, culpables de la grave infracción estatutaria consistente en defender la regeneración democrática y en pedir públicamente la dimisión de los cargos públicos imputados, podría ser imputado por un posible caso de corrupción. ¡Dios los cría y ellos se juntan! Este sujeto, Felipe del Baño, fue el encargado por Fabra, Ciscar y JJ Zaplana de instruir el expediente de expulsión de estos afiliados y lo hizo mediante un pliego de cargos inconsistente, jurídicamente erróneo, plagado de falsedades y repleto de estúpidas argumentaciones con el fin de justificar una cacicada propia del impresentable liderazgo de unos sujetos que son protectores y complacientes con la corrupción que inunda la Comunidad Valenciana. Parece que pronto le toca su especial San Martin a unos de estos individuos.

La Fiscalía de Valencia ha pedido la imputación del alcalde de San Antonio de Benagéber, el 'popular' Eugenio Cañizares, y del concejal y presidente del PP local, Felipe del Baño, tras una denuncia de la Plataforma SAB por el pago, en el primer caso, de 50.000 euros a una empresa por 5.000 libros inexistentes, y en el segundo además por la contratación verbal de unos "supuestos" trabajos de jardinería, según ha informado la formación denunciante en un comunicado.

En un escrito del pasado 14 de abril, la Fiscalía remite al juzgado decano de Paterna las diligencias de investigación penal incoadas en relación con la denuncia para que el órgano judicial que por turno corresponda inicie un procedimiento penal y tome declaración como imputados al alcalde, al concejal y al administrador único de la empresa editora y como testigos a los responsables de la compañía de jardinería.

Según subraya esta formación que presentó la denuncia, la petición de imputación del alcalde obedece a "los 5.000 libros conmemorativos de San Antonio de Benagéber supuestamente encargados en 2007" a una empresa por los que el Ayuntamiento pagó en 2012 un total de 49.880 euros. De acuerdo con esta denuncia, además, el consistorio "recibió una subvención equivalente de la Conselleria por esos libros, a pesar de que nunca han existido".

Sobre Felipe del Baño, la solicitud de imputación se produce en relación a esta cuestión y por la "contratación verbal" a una empresa de "supuestos trabajos de jardinería de desbroce, tala y mantenimiento entre marzo y noviembre de 2010", cuando se ocupaba de este área. La Plataforma señala que la empresa reclama al consistorio el pago de 50.770 euros.

En el escrito de Fiscalía se indica que se pide la imputación de Cañizares ya que ha sido citado como "directo interviniente" en el "encargo, cuyo procedimiento de adjudicación deberá aclararse, de 5.000 libros, facturados indiciariamente a instancias suyas y/o del señor del Baño como responsables del Ayuntamiento, sabiendo que no se habían editado esos libros, y se pagaron íntegramente y que, a fecha actual, aún no se han editado". Sobre Felipe del Baño, afirma que "al parecer, tuvo intervención relevante con relación del Ayuntamiento" con ambas mercantiles. PIDE LA DIMISION DE AMBOS

La Plataforma SAB ha reclamado la dimisión de ambos cargos públicos y que ofrezcan las "oportunas explicaciones a la ciudadanía y grupos de la oposición".

http://www.lasprovincias.es/20140507/mas-actualidad/politica/alcalde-antonio-benageber-libros-201405071118.html

Alicante víctima del sistema político.

Del mismo modo que el Hércules C.F. no está en la división de honor, ni desgraciadamente se le espera, parece que tampoco lo está nuestra ciudad, Alicante, ni nuestra Provincia. Hablamos de la cuarta provincia más poblada de España, la más densamente poblada de la Comunidad Valenciana y la quinta de España. Estamos hablando de una provincia cuya población, si sumamos la de residentes extranjeros no empadronados, supera incluso a la de Valencia y que es uno de los territorios españoles con mayor grado de urbanización. Y, sin embargo, se trata de una provincia cuyo peso demográfico, por no mencionar otros factores, no se ve correspondido con las inversiones públicas necesarias e imprescindibles para su progreso y el bienestar de sus ciudadanos.

Hace pocas horas los medios de comunicación volvían a poner encima de la mesa un dato que ya fue objeto de polémica hace unos meses y que los representantes populares provinciales trataron de negar tomando por tontos a los ciudadanos: la falta de inversión del Gobierno central para el mantenimiento de las carreteras en la provincia. El hecho es que el Gobierno del Partido Popular relegó el pasado año a la provincia al puesto 26 de toda España en inversiones para el mantenimiento de carreteras. El Ejecutivo central apenas destinó 12,7 millones de euros en 2013 para la conservación y la mejora de nuestras carreteras, a pesar de que Alicante es la quinta demarcación nacional en población y que es una de las que más turistas recibe por carretera. Es decir, Alicante se situó en el puesto provincial vigésimo sexto en cuanto a este tipo de inversiones. Es evidente, como cualquier usuario puede comprobar, que el estado de la red de carreteras en la Provincia necesita más inversión en mantenimiento y que muchos proyectos de mejora necesitan financiación para poder ver la luz. Ni los ciudadanos de la provincia, ni los turistas que nos visitan pueden esperar, hoy por hoy, que la administración del Estado ni la arruinada Generalidad Valenciana aporten las inversiones imprescindibles para configurar una red vial acorde con la población existente y con una apuesta creíble por el desarrollo del turismo y del tejido empresarial. Y a todo esto, nuestros representantes y gobernantes calladitos y aparentemente muy satisfechos: José Císcar, Sonia Castedo, Luisa Pastor,… Ellos a lo suyo que no es, al parecer, lo mismo que lo de los ciudadanos.

Con ser relevante lo anterior no es, ni mucho menos, lo único que pone de manifiesto que Alicante no es tratada con justicia y que la falta de talante reivindicativo de nuestra clase política o la ausencia de proyectos ambiciosos nos sitúa muy por debajo del nivel que nos corresponde. Resulta a todas luces incomprensible la infrautilización de nuestro puerto al que la ausencia de enlace ferroviario para mover mercancías con el centro y norte de España hace perder la nada despreciable cifra de nueve millones de euros cada año. El Ministerio de Fomento cortó la conexión en 2010 a causa de las obras del AVE y no la ha repuesto aún. Situación que además podrá agravarse según los expertos ya que si se retrasa el enlace con el futuro Corredor Mediterráneo las pérdidas anuales se dispararán hasta los 11,4 millones de euros anuales. A este respecto, Joaquín Rocamora, Presidente de Ineca, coincide en que “Alicante ha dejado de contar tanto para la Generalidad como para el Gobierno, pese a que seguimos siendo una provincia importante”.

Es incomprensible que no haya una respuesta ni solución a la vista para conectar por tren el puerto y el aeropuerto al Corredor Mediterráneo y al AVE. Como lo es también la paralización de las obras del acceso sur a la ciudad de Alicante ofreciendo una imagen indigna de la capital de una provincia como la nuestra, la paralización de las obras del túnel se Serra Grossa, la lentitud en el desarrollo de los trabajos del paseo peatonal del Plan Bahía o la paralización de las obras en el túnel del AVE por los impagos de la Generalidad Valenciana.

Ni la ciudad de Alicante ni la provincia están siendo tratadas con justicia por las administraciones públicas ni por los políticos que las gestionan y que, teóricamente, nos representan. A la falta de inversiones públicas en nuestro territorio acompaña la ausencia de planes vertebradores del mismo y ello es extensible desde la ciudad de Alicante hasta el último rincón de la provincia.

Todo ello es fruto de un sistema de partidos y de una clase política instalada en sus privilegios que no se debe a los ciudadanos a los que debían representar sino al propio sistema partitocrático que los premia o castiga según su docilidad. No se trata de colores políticos, no, porque estamos hartos de ver cómo se tiran los trastos a la cabeza cuando el que gobierna en Madrid no es del mismo color que el que gobierna en Valencia. Da igual, azules y colorados comparten los mismos genes de una determinada casta política que debería ir pensando en jubilarse por el bien de los ciudadanos. El que se mueve no sale en la foto, el que alza la voz cuando los intereses ciudadanos no coinciden con los de su partido es silenciado y apartado perdiendo con ello la poltrona. Pocos son los políticos que anteponen los intereses de la provincia, de su pueblo o de su ciudad a los intereses de su partido o a los suyos personales. Por eso callan, por eso no exigen, por eso no reivindican lo que en justicia corresponde a los ciudadanos de Alicante. Y ya se sabe que “el que no llora no mama”. Y a lo que se ve, lamentablemente, nuestros representantes políticos se conforman con el chupete.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es

Fabra: un mentiroso compulsivo.

El Grupo Popular en las Cortes Valencianas: un fracaso anunciado.

Anuncian los medios de comunicación que nuestra Alcaldesa y Diputada Autonómica, Sonia Castedo, ha firmado ante notario su renuncia al escaño en las cortes valencianas que ocupaba en representación de la provincia de Alicante y que dicha renuncia podría ser presentada en el registro de las cortes el viernes día 2 de mayo. Esta decisión no obedece a una repentina conversión de índole ética que le haya convencido de lo políticamente inconveniente que es ocupar dos cargos de responsabilidad sin poder atenderlos adecuadamente, no. Tampoco obedece esta decisión a una cesión ante la propagandística e ineficaz línea roja del Presidente Fabra en virtud de la cual ningún imputado del PP debe ostentar responsabilidades políticas o cargos políticos en el PP, pues de todos es conocido que los Sres. Ciscar, presidente provincial popular, su mano derecha, el incompetente JJ Zaplana, secretario provincial popular, y la propia Sonia Castedo se pasan esa famosa línea por donde todos sabemos. No en balde Sonia Castedo es ahora la Coordinadora popular de los mini PPs de la ciudad de Alicante, los “pepelitos” de distrito en claro desafío a las directrices del Presidente Regional Popular. Esta decisión obedece más bien a una clara estrategia para dilatar al máximo el procedimiento judicial en el que está incursa la Alcaldesa de Alicante. La pluriempleada alcaldesa y plurimputada por el caso Brugal que se está sustanciando en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana conseguirá con su renuncia al escaño que el sumario tenga que retornar a los juzgados ordinarios de Alicante al quedar más aforados en la causa.

Ya en su día, desde estas mismas páginas, se denunció la forma de elaborar las listas de los candidatos que el Partido Popular presentaba para la Provincia de Alicante. Al margen del hecho incuestionable de que el procedimiento de elaboración es profundamente antidemocrático pues los afiliados populares, como siempre, nada pueden decidir u opinar respecto a la misma, resaltaba también los criterios utilizados por el “dedazo” popular entre los que la defensa de los intereses de los ciudadanos alicantinos brillaba por su ausencia. Del examen de los componentes de aquella lista resaltaba, en primer lugar, la presencia de alcaldes y alcaldables, es decir, de personas que deberían simultanear dos cargos públicos, el de su municipio y el del escaño, con lo que a todas luces no podrían desempeñar con dedicación plena ninguno de los dos cargos y obviando cualquier referencia a las incompatibilidades. Destacaba también la presencia en dicha lista de parientes de políticos populares aportando así una curiosa interpretación del significado de la defensa de la familia como signo distintivo de la ideología popular, vamos, puro nepotismo. Y finalmente resaltaba también la presencia en dicha lista de personas que estaban siendo objeto de investigaciones judiciales, como el Sr. Alperi o la propia Sonia Castedo, con lo que parecía evidente que se les quería dotar de cierto blindaje con el aforamiento que su elección parlamentaria les habría de otorgar. Amiguismo, nepotismo, arbitrariedad, ausencia de democracia interna y búsqueda de blindajes judiciales primaron frente a la defensa y representación de los derechos y las necesidades de los ciudadanos de la Provincia de Alicante. Es tan evidente que sólo la ceguera partidista puede negar esta realidad: el PP una vez más ha sacrificado los intereses de Alicante a los intereses de su camarilla dirigente.

De los 55 diputados en las Cortes Valencianas que obtuvo el Partido Popular en las elecciones autonómicas quedan 54 porque el Sr. Blasco se ha convertido en tránsfuga largándose con su acta de diputado al grupo mixto generosamente subvencionado gracias al propio grupo popular. De los 55 diputados iniciales del Partido Popular 18, que se dice pronto, han tenido que renunciar a su escaño en la mayoría de los casos por estar salpicados por asuntos judiciales. Y de los 55 diputados populares iniciales, cinco están procesados o imputados y conservan aún su escaño. ¿No es esto la constatación de un sonoro fracaso? ¿No es un auténtico fraude a los votantes?

Esta situación no ha nacido de la casualidad, no se trata de un simple accidente político. Es el resultado de una determinada forma de entender la vida política dentro del Partido Popular que se caracteriza por desarrollarla al margen y de espaldas a la voluntad de sus afiliados y, por supuesto, de los votantes. Los responsables, los miembros del Comité Electoral que aprobó estas listas autonómicas, no darán la cara por supuesto, no dimitirán que es lo que haría cualquier político responsable y decente. Se pondrán de perfil y esperarán a su oportunidad para obtener su correspondiente premio si es que aún no lo han recibido por semejante tropelía.

Una vez más, los votantes alicantinos del centro derecha han sido estafados por el partido mayoritario. Estos días, andan los populares movilizando a sus cargos públicos y a algunos militantes para difundir las supuestas bondades de su gestión y las nuevas promesas electorales de cara a los comicios europeos. Una vez más se acuerdan de los afiliados, cuyo voto a la hora de hacer las listas ignoran y desprecian sistemáticamente, para que “vendan” lo buena que es la lista europea impuesta por el “dedazo” de Rajoy y lo malo que es todo lo demás. Ojalá que mucha gente no se vuelva a dejar engañar o que el miedo al cambio no les impulse a repetir el voto aunque sea tapándose la nariz. Ojalá que el votante alicantino de centro derecha sepa que hay alternativas, que se puede cambiar de siglas sin necesidad de traicionar ideales y principios.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es