Rivas: ¿Corrupción al descubierto?

José Masa Díaz y Fausto Fernández Díaz

Buena la tiene montada Izquierda Unida en Rivas-Vaciamadrid. Parece que el califato familiar de los primos Díaz tejido desde IU, parte de la comunidad escolar y el Ayuntamiento está llegando a su fin. Los hasta no hace mucho tiempo cachorros de IU, criados a los pechos del califato familiar, han crecido, se han hecho con el control de la organización local y, desde la misma, pretenden imponer sus órdenes en el Ayuntamiento, defenestrando de momento al primer primo, Fausto Fernández Díaz, y exigiendo al segundo primo, el alcalde, José Masa Díaz, que cumpla ipso facto las órdenes que desde la organización local se imparten, tal y como ellos (los primos) hicieron hace 20 años cuando defenestraron a dos alcaldes de IU en poco menos de un año. Hay que ver cómo es la vida, el que a hierro mata a hierro muere.

¿Y por qué esta guerra civil en la reserva material de occidente, en el paradigma de la progresía sectaria, intolerante y filoabertzale? Por el ladrillo, por el vil ladrillo y lo que al mismo rodea que tantos sueños y anhelos despertó ya en 2003 en el primo Fernández Díaz cuando ya se veía con coche oficial y como consejero de urbanismo de la Comunidad de Madrid. Parece ser que según un informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid más de 20 millones de euros de la Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento ripense no están debidamente justificados y que la gestión de dicha empresa pública no está bien fiscalizada por el Ayuntamiento. Y ante este informe, Izquierda Unida de Rivas ha pedido, entre otras cosas, la municipalización de la EMV. Sí, el lector ha leído bien, porque aunque estemos hablando de una empresa municipal y de un Ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida, que en Madrid siempre está a la cabeza de las manifestaciones clamando contra cualquier fórmula de gestión privada de hospitales o de lo que sea, resulta que allí donde gobiernan como  en Rivas Vaciamadrid, la Empresa Municipal de la Vivienda, creada por IU, está privatizada, también por IU.

Pero, claro, hay privatizaciones y privatizaciones. Y la perpetrada por la progresía ripense no tiene desperdicio. Según los técnicos de la Cámara de Cuentas, Habyco (la empresa agraciada en la privatización) sobrefacturó al Ayuntamiento casi cuatro millones de euros por solo dos desarrollos urbanísticos (Planes IV y V) lo que, según el informe, "demuestra la falta absoluta de control sobre las operaciones que realiza esta empresa". Por otra parte, Habyco no pagó nunca el alquiler del edificio que aloja la EMV, ni el mobiliario de oficina que utiliza incumpliendo así el contrato. La Cámara de Cuentas cifra este desvío en 78.000 euros anuales solo en concepto de alquiler. Igualmente, la Cámara de Cuentas ha detectado un "deterioro" contable de 11,1 millones en la valoración de una parcela que el Ayuntamiento cedió a la EMV en pago por la construcción de la Ciudad Escolar en 2009 que los propios técnicos municipales habían tasado en 20,5 millones mientras que la empresa municipal apuntó el 30 de octubre de 2011 un valor 11,1 millones inferior. La EMV justificó la diferencia con una tasación realizada 2012, más de tres meses después de que se realizara la anotación en las cuentas, por un arquitecto contratado por ella misma. ¿Y quien está encima de esta “modélica y transparente” gestión? Pues el consejo de administración todavía lo preside el concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, el primo del Alcalde, Fausto Fernández Díaz.

Tal y como era de esperar los crecidos cachorros de Izquierda Unida han aprovechado el asunto para saldar viejas rencillas y se han tirado a la yugular del califato familiar. El Alcalde, el primo Masa Díaz, se defiende y lo achaca todo a una confabulación entre la Cámara de Cuentas, según él el PP, y los comunistas que ahora dominan la organización local de Izquierda Unida. Pedro del Cura, el portavoz de IU, exige responsabilidades y habla de defender el sagrado patrimonio de los vecinos. Pero que nadie se engañe. El patrimonio de los ripenses le importa un pimiento al Portavoz de IU, sólo quiere usarlo como arma arrojadiza para saldar sus disputas internas. Si fuera sincero el Sr. Del Cura hace mucho tiempo que debería haber actuado porque ha tenido conocimiento de graves quebrantos al patrimonio del municipio perpetrados por su organización y su muleta gubernamental, el PSOE, y ha callado como una…

Y, si por el contrario, han encontrado la luz en Izquierda Unida y son sinceras sus actuales rasgamientos de vestiduras tienen una ocasión de oro para demostrarlo. No hay nada nuevo bajo el sol y el ladrillo en el municipio siempre ha sido propicio a la proliferación de tentaciones poco ejemplares. En 1998, del patrimonio de todos los vecinos salió gratis el suelo para el primer Plan de Vivienda joven, gestionado también mediante una privatización, eso sí, de izquierdas. Pues bien, habiendo sido gratis el suelo, la gestora se lo cobró íntegro a los adjudicatarios de las viviendas. Más de 9.000 euros por vivienda. Alguien, con el beneplácito de IU, se embolsó más de 120 millones de pesetas de la época. (http://santiagodemunck.blogspot.com.es/2010/08/rivas-alguien-debe-pedir-perdon.html)  E Izquierda Unida y sus juventudes se negaron a investigar el asunto. Y, sin ir tan lejos, en 2003 el Alcalde de Izquierda Unida pagó sin necesidad alguna a la empresa de un amigo 300.000 euros por la “ideo arquitectónica” del proyecto del centro Comercial Rivas Plaza que nuca llegó a ejecutarse. (http://santiagodemunck.blogspot.com.es/2010/07/el-rivas-centro-monumento-la-corrupcion.html)  E Izquierda Unida calló, como también calló cuando en la pasada legislatura uno de sus concejales fue procesado por prevaricación y por un delito contra el medio ambiente.

No engañan a nadie los nuevos talibanes de la progresía. La transparencia, la honradez o el patrimonio de los vecinos les traen sin cuidado, como siempre. Les mueve, una vez más, los rencores, el sectarismo y las malas artes políticas y personales, tan bien asimiladas de sus mayores, y el ansia desmedida por el control del poder y en sus pugnas internas usarán lo que sea y llagarán a destrozar el municipio, sin ningún tipo de reparo, si ello sirve a sus fines espurios. Lo único bueno de todo esto es que parece que el tiempo pone a cada uno en su sitio, que la caída de máscaras, como la llorada caída del muro de Berlín por estos totalitarios, permite ver el auténtico rostro de cada uno y que Rivas- Vaciamadrid podrá, por fin, contemplar la ficción y la farsa que durante dos décadas la ha gobernado.

Santiago de Munck Loyola

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Ni un euro más para la casta dirigente.

Aquí el que no corre vuela. Da la sensación de que aquella desafortunada frase de una ministra de Zapatero afirmando que “el dinero público no es de nadie” está perfectamente asumida entre quienes dirigiendo partidos, sindicatos o patronales viven precisamente del dinero público, de las jugosas subvenciones públicas que obtienen de nuestros impuestos. Es tal la falta de escrúpulos y la inmoralidad reinantes que no pasa un día o una semana sin que aparezca un nuevo escándalo relacionado con el abuso que algunos hacen de nuestro dinero público, que es de todos. La inmensa mayoría de los partidos políticos, sindicatos y patronales perciben por diferentes vías inmensas cantidades de dinero público para sostener no sólo unas inmensas y superfluas estructuras, sino también un nivel de vida de muchos de sus dirigentes al que no podrían aspirar sin la rica ubre de las administraciones públicas. Y lo que es más grave, a pesar de esas ingentes ayudas económicas, según el Tribunal de Cuentas, 17 de los 25 partidos políticos fiscalizados están en quiebra técnica.

Los partidos políticos tan sólo reciben de sus afiliados 1 de cada 5 euros que ingresan, es decir, que el 80 por ciento de sus ingresos proviene del Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos. Y algo muy parecido ocurre con los sindicatos que, además, perciben sus cuotas de afiliación detrayéndolas de las nóminas directamente por los pagadores públicos. No hay ninguna razón lógica que justifique que todos los contribuyentes tengamos que poner dinero para que los partidos y sindicatos funcionen y menos aún para que lo hagan como lo hacen: despilfarrando y cometiendo toda clase de irregularidades. Lo que han logrado estas organizaciones con el dinero público es alejarse cada día más del ciudadano cuya solidaridad y adhesión ya no la necesitan pues su sostenimiento está garantizado a través de la exacción obligatoria de la caja pública.

Con nuestro dinero algunos pueden pagarse generosos sobresueldos, espectaculares campañas electorales, mariscadas, cursos en el Caribe y todo un sin fin de abusos que son especialmente sangrantes en medio de esta tremenda recesión. La clase dirigente de nuestro país, la política, la sindical y la empresarial, no ha sido, ni es ejemplar.

Con nuestro dinero, los sindicalistas de UGT han protagonizado uno de los espectáculos más bochornosos, más cutres y degradantes de nuestra democracia. No sólo montaron en Andalucía el expolio del dinero destinado a los desempleados con la trama de los falsos EREs, sino que además vamos conociendo día a día la existencia de un manual para realizar “mordidas” en las facturas del sindicato a las administraciones públicas y van saliendo a la luz las miserias humanas en forma de comilonas, viajes exóticos, bolsos falsificados, juergas en la Feria de Sevilla, sobresueldos, etc.

Y otro ejemplo destapado en las investigaciones judiciales es el protagonizado por el Partido Popular. El hecho de que en Alicante, la Dirección Provincial se gastase en el año 2011 35.000 euros en comilonas (o sea, 29.000 euros sacados directamente de los impuestos), no es nada si lo comparamos en la forma que la central de Génova 13 usa el dinero de los contribuyentes.

La Audiencia Nacional ha encontrado indicios de financiación ilegal del PP en las obras de remodelación de Génova 13, con reformas más que sorprendentes. Dejando al margen lo que pueda haber o no de financiación ilegal, lo cierto es que del examen de la documentación se desprende que los populares gastaron oficialmente casi 6 millones de euros en remodelar el edificio y que buena parte de dichas obras se hicieron con la crisis ya encima. Es decir, que el partido de la austeridad (para los demás) usó casi 4,8 millones de euros provenientes de nuestros impuestos en remodelar un edificio que, por cierto, estaba en muy buen estado y, por ejemplo, no tuvieron empacho alguno en gastar 28.121,37 euros en arreglar el “cuarto de la basura” (o tienen mucha basura o es basura de alto standing), 98.934,39 euros en la sala en la que se reúne la cúpula del Partido o  103.162,94 euros para el cuarto de seguridad y vestuarios (y se les escapa Bárcenas con los papeles bajo el brazo).

Cuatro de cada cinco euros que gastan los partidos son nuestros, de nuestros impuestos y lo cierto es que no los usan con decencia. Mientras que los ciudadanos tenemos que pagar cada vez más impuestos, mientras simultáneamente tenemos menos prestaciones sociales porque los recortes se imponen, la clase dirigente de España sigue tirando del cajón público para sostener unas estructuras de partidos y sindicatos que ni sus afiliados están dispuestos a sostener con sus cuotas. Han tratado de maquillar la situación haciéndose pequeños recortes pero lo cierto es que lo que dejan de percibir por un lado lo perciben por otro. Buena prueba de ello, ha sido el acuerdo entre PP y PSOE en la Diputación de Alicante para desviar el dinero de los Grupos Institucionales a sus propios partidos políticos. Y es que en cuestiones de dinero, siempre terminan por ponerse de acuerdo los grandes. Y siempre, los que finalmente pagan sus excesos, su despilfarro y sus lujos somos los sufridos contribuyentes. La regeneración del sistema pasa también por cortarles el grifo. Ni un euro público más para partidos, sindicatos y patronal.

Santiago de Munck Loyola

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Ciudadanos aterriza con fuerza en la Comunidad.

Diario El Mundo Edición de Alicante 29-11-2013.

Carta abierta a D. Alberto Fabra.

Sr. D. Alberto Fabra:

Le escribo en mi calidad de ex militante del Partido Popular al haberme expulsado usted y sus acólitos por pedir más honradez, más democracia interna y la regeneración del que era, si no lo remedian los Tribunales, mi partido en el que he militado desde su fundación, arriesgando mucho, como tantos otros, como cargo público del mismo. Y le escribo porque he leído con indignación sus palabras en los medios de comunicación sobre la necesidad de hacer un pacto con las demás fuerzas políticas contra la corrupción. Ha pedido usted un "gran pacto entre partidos" para luchar contra la corrupción y se ha comprometido a apostar por la "tolerancia cero" ante "cualquier comportamiento inadecuado". Y no sólo eso, además, ha añadido que va a impulsar más medidas de regeneración porque si no se genera "confianza" con los ciudadanos se producirá un "desencuentro" que no se podrá superar.

Sr. Fabra o bien es usted un cínico y actor consumado o bien no se entera de nada o bien es tal su debilidad política que se “la cuelan” por todos sitios y, en especial, desde Alicante. ¿De qué pacto habla usted contra la corrupción? ¿De qué tolerancia cero habla? ¿Se trata de otra falacia como la de la línea roja? ¿A quién quiere seguir engañando? Mire usted, Sr. Fabra, cuando las palabras no van acompañadas por los hechos, de poco sirven. Y sus hechos, las actuaciones suyas y las de sus subordinados alicantinos indican muy claramente otra cosa.

Usted nos ha expulsado del PP a mí y a otro compañero por pedir cosas tan básicas como honradez, honestidad, democracia interna y participación y por pedirlo públicamente ante la imposibilidad de obtener respuestas en una organización que desde hace años no funciona. Y para ello nos abrió un expediente cuyo instructor ¡Oh! casualidades de la vida, está denunciando en anticorrupción por graves irregularidades en su Ayuntamiento. El Partido que usted preside, o que parece que preside, nos ha dicho por escrito que no se puede pedir la regeneración del PPCV porque hacerlo es tanto como dar a entender que todo el PPCV es corrupto. Y se han quedado tan anchos. ¿Y viene usted a hablar de medidas de regeneración? ¿Tolerancia cero? ¿Es la misma tolerancia cero que practica la inmensa mayoría del grupo Parlamentario del PPCV en las Cortes Valencianas que suscribe peticiones de indulto para políticos delincuentes, Sr. Fabra? Y su línea roja, D. Alberto, ¿dónde ha quedado? Porque, según los planes del Sr. Ciscar, en Alicante, nada de nada. ¿O acaso no se ha enterado usted de que el fragmentado PP de la ciudad de Alicante ha creado un ilegal Consejo de Dirección que estará coordinado por la alcaldesa imputada? Éste y no otro es el valor que parece que tiene su palabra Sr. Fabra.

Ofrecer un pacto contra la corrupción a los demás partidos, Sr. Fabra, con estos antecedentes y con esa credibilidad que le otorgan sus propios hechos es hacer el ridículo más espantoso. Alguien que utiliza a personajes de dudosa actuación para expulsar y silenciar a los compañeros que piden la regeneración interna no tiene ninguna credibilidad, ni autoridad moral o política para proponer ese tipo de pactos. Y el primer pacto que debería proponer lo es con los sufridos militantes y afiliados del Partido Popular que tienen que padecer diariamente el bochorno que muchos de sus dirigentes en la Comunidad Valenciana les producen. El mejor antídoto contra la corrupción, Sr. Fabra, es la democracia interna, es la transparencia, la participación y el control de las bases sobre la actuación de sus cargos públicos. De manual, Sr. Fabra, le guste o no (que está claro que no le gusta). Tiene usted lo que tiene porque los militantes no pintan nada, porque colocan en las listas a los amiguetes, a los parientes y a los enchufados y no a los mejores, ni siquiera a los que reciben más apoyos de la militancia. Y así les luce el pelo.

No puede haber pactos contra la corrupción cuando quien lo propone no está dispuesto a limpiar su casa, ni siquiera está dispuesto a cumplir su propia palabra y deja que los mercenarios políticos sigan haciendo y deshaciendo a su antojo. Pacte con su militancia, Sr. Fabra, devuélvale la palabra de verdad, sin filtros, sin intermediarios y verá como las cosas cambian de verdad y a mejor. Y, si no, al menos no haga más el ridículo, ni siga avergonzando a tanta gente honrada que en su día votó al PP.

Santiago de Munck Loyola.

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PPCV y UGT a la par.

Dos importantes noticias de esta semana subrayan la importancia del nivel de degeneración de parte de la clase dirigente de nuestro país, tanto en su vertiente política como sindical. El PPCV, personificado en Carlos Fabra, y la UGT, en su versión andaluza, aunque no sólo allí, son los protagonistas de las noticias en torno a la catadura moral de quienes “lideran” nuestra sociedad. Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación de Castellón y ex muchas otras cosas, amasador de fortunas inexplicables y progenitor de la insigne y culta diputada popular, Andreita “que se jodan”, ha tomado el relevo en los titulares periodísticos de su conmilitón popular Pedro Hernández Mateo, ex alcalde de Torrevieja y ex diputado popular. El primero, tan agraciado él con las loterías del Estado, ha sido declarado culpable de cuatro delitos contra la hacienda pública, aunque ha sido absuelto de los delitos de tráfico de influencias y cohecho y habrá que esperar a la resolución de los recursos pertinentes que confirmen o no esta condena. El segundo, condenado ya por el Tribunal Supremo y declarado, por tanto, delincuente, diga lo que diga al respecto el Presidente del PP de Valencia Sr. Rus cuyas aportaciones jurídicas seguramente pasarán a la historia, está a la espera de que el Gobierno se pronuncie sobre la petición de indulto, que tan entusiásticamente ha solicitado la inmensa mayoría de los diputados del Partido Popular, para entrar o no en prisión.

Por su parte, diversas informaciones están poniendo de relieve la peculiar forma de buena parte de la clase sindical de administrar los fondos públicos que reciben de los contribuyentes. Al mayor caso de corrupción de la historia de España, el caso de los EREs falsos, protagonizado por sindicalistas de UGT, empresarios y miembros del PSOE andaluz que supuesto el saqueo de casi 1000 millones de euros hay que añadir ahora el incesante goteo de informaciones del tinglado montado por el sindicato socialista, y no sólo en Andalucía, para financiarse con dinero público y para desviar esos fondos hacia fines no precisamente altruistas. Tiene lo suyo que un sindicato pague con fondos destinados a la formación de desempleados cenas multitudinarias, mariscadas o viajes al Caribe para la “formación” de centenares de sindicalistas pero que, además, encargue bolsos falsificados hechos por mano de obra explotada en países asiáticos pone perfectamente de relieve la catadura moral de estos sindicalistas. Y qué decir de los globos a un euro comprados y cargados a cuenta de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Alcorcón y pagados sin rechistar por el Alcalde de entonces, hoy senador socialista. 

Si a alguien le sorprende todo esto es porque quiere o porque la memoria es frágil. Después de la que montaron los de UGT con aquella famosa promotora de viviendas, la PSV, que tanto dinero costó a los contribuyentes ¿a quién le puede extrañar que sigan haciendo de las suyas con el dinero que no es de nadie, como diría la Sra. Salgado? Se comprende perfectamente que los sindicatos españoles sean tan reacios a ser incluidos en la Ley de Transparencia. En cuanto se les pide la más mínima explicación sobre el uso del dinero público o, incluso de algo tan sencillo como el uso de los créditos sindicales que muchos representantes usan para su beneficio particular, ponen el grito en el cielo alegando que se pretende atentar contra la libertad sindical.

El PPCV y la UGT comparten unos mismos “méritos”: con sus acciones contribuyen al desprestigio de la actividad política y sindical, ambas organizaciones ensucian la vocación de servicio público que debía primar en su seno y ambas necesitan una profunda regeneración porque las dos cuentan con miles de afiliados honestos que sienten una profunda vergüenza por la actuación o la pasividad de sus dirigentes. Las declaraciones de los líderes de ambas formaciones no se corresponden con la realidad tozuda de los hechos. No es posible pintar líneas rojas y convertirlas en discontinuas a capricho, no cabe proclamar con cada caso de corrupción que se trata de casos aislados cuando por su proliferación es evidente que hay algo interno que los facilita, no es admisible tratar de circunscribir responsabilidades alegando que existe autonomía interna y no vale esconderse denunciando la existencia de campañas de acoso contra los sindicatos o para encubrir otros casos como el de Bárcenas.

El PPCV de Fabra y Ciscar y la UGT de Méndez son el ejemplo perfecto de por qué nuestro país necesita una profunda regeneración democrática. Son el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando las organizaciones políticas y sindicales desconectan de sus bases, controlan y limitan la democracia interna, ahogan el debate interno, impiden la autocrítica y se enquistan en las redes del poder y de la administración de tal modo que para subsistir necesitan retorcer la Ley, tolerar comportamientos abusivos y alimentar parásitos políticos con redes clientelares. Más claro el agua.

Santiago de Munck Loyola

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El PPCV corrupto que Fabra y Ciscar amparan.

El diario digital http://www.elconfidencial.com publica hoy un artículo, que por su interés reproduzco a continuación, y en el que avanza el contenido del libro del periodista Sergi Castillo que se presentará el próximo 3 de diciembre haciendo un repaso bastante completo del mugriento panorama de escándalos y corrupción que muchos cargos públicos del Partido Popular han dejado a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana. A su vista, no parece muy prudente hablar de casos aislados para tratar de exculpar a los responsables de una organización política cuya inmensa mayoría de miembros está compuesta por personas honradas y decentes, aunque eso sí, también hay que decirlo, por personas profundamente acobardadas porque rechazando como rechazan estas sucias conductas las avalan con su silencio y su pasiva complicidad. Los autores de esta larga lista de hechos y sus jefes son los responsables además de una mala gestión de las administraciones públicas valencianas que se ha traducido en su quiebra y que se ha debido, sobre todo, a un constante y sistemático incumplimiento de los principios éticos del Partido Popular y de sus programas electorales. Es evidente que cuando la política se convierte en el modus vivendi de gente sin escrúpulos, sin ideología y sin preparación intelectual y técnica termina ocurriendo lo que aquí ha ocurrido. Se gobierna sin guías políticas, sin objetivos programáticos y a golpe de ocurrencia, de encuestas o de pelotazos. No lo dice un servidor de forma gratuita, lo dicen los hechos.

Y es este ambiente de impunidad total, de servilismo al superior, de mercenarios de la política y de indocumentados con traje y gomina en el que tanto aprovechado se mueve tan a gusto es en el que ha florecido lo peor de lo peor. Y a la responsabilidad individual de cada uno de los implicados hay que sumar la responsabilidad corporativa encarnada en los dirigentes populares quien han consentido, ignorado o avalado con su pasividad todo ello y, lo que es peor, han expulsado del Partido Popular a quienes hemos venido reclamado más honradez, más ejemplaridad y más democracia interna que es, en el fondo, el verdadero antídoto contra la corrupción. En este sentido Alberto Fabra en la Comunidad y José Ciscar en Alicante son los impulsores y los promotores de las expulsiones de quienes reclamamos la regeneración del Partido Popular y, por tanto, son los auténticos cómplices políticos de quienes manchan y siguen manchando el buen nombre el Partido Popular.

El saqueo de Valencia: el PP ya tiene 100 imputados por corrupción en la comunidad.

José L. Lobo

Expresidentes y vicepresidentes de la Generalitat, exconsejeros autonómicos, altos cargos, diputados provinciales, alcaldes, concejales, funcionarios... El virus de la corrupción se ha contagiado a todas las instituciones públicas de la Comunidad Valenciana, controladas por el PP desde hace casi dos décadas; y la lista de imputados crece sin parar, en un bucle que parece no tener fin. Ya son más de 100 los señalados por la justicia, un auténtico récord para una región que apenas supera los cinco millones de habitantes.

"No son Alí Babá y los 40 ladrones; son muchos más", afirma irónicamente el periodista Sergi Castillo, que el próximo 3 de diciembre presentará en Madrid Tierra de saqueo, un exhaustivo trabajo de investigación y documentación en el que destripa el cáncer de la corrupción en la Comunidad Valenciana, que se ha extendido como en ninguna otra región hasta alcanzar todas las terminales del poder político. Y que ha alcanzado una fase terminal que puede resultar letal para las aspiraciones electorales del PP, tanto en Valencia como en el resto de España.

"Mi libro es, en realidad, una obra colectiva", asegura Castillo, "porque parte de las investigaciones previas de varios medios de comunicación, entre ellos El Confidencial". El hilo conductor que le ha servido para desenredar el ovillo de la corrupción ha sido la rama valenciana del caso Gürtel. Pero las tramas del saqueo son muchas más: los casos Nóos (que tiene también bajo sospecha al expresident Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá), Brugal, Emarsa, Cooperación, Terra Mítica, aeropuerto de Castellón, Canal Nou...

La lista negra de la corrupción supera ya los 100 imputados. Entre ellos, un expresidente de la Generalitat (José Luis Olivas, que también fue presidente de Bancaja), dos exvicepresidentes (José Víctor Campos, ya condenado en el llamado caso de los trajes, y Vicente Rambla), cinco exconsellers (Rafael Blasco, Angélica Such, Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Fernando Cartagena, también condenado), nueve diputados autonómicos y un sinfín de altos cargos de empresas públicas controladas por la Generalitat.

En ese sombrío listado del saqueo de las arcas públicas aparecen también una expresidenta de las Cortes Valencianas (Milagrosa Martínez, que fue además consellera de Turismo), un exsecretario general del PP regional (Ricardo Costa, antiguo hombre de confianza del expresident Francisco Camps y hoy enfrentado a él), dos expresidentes provinciales del partido (Carlos Fabra, de Castellón, y José Joaquín Ripoll, de Alicante), los actuales alcaldes de estas dos ciudades (Alfonso Bataller y Sonia Castedo) y varias decenas de alcaldes, directores generales y jefes de gabinete.

Todos ellos están imputados por un repertorio de delitos que van de la prevaricación al tráfico de influencias, pasando por el cohecho, la malversación, la estafa o el blanqueo de capitales. Y hasta el abuso sexual: Vicente Sanz, exsecretario general y jefe de personal de Radio Televisión Valenciana (RTVV), abusó de varias trabajadoras de Canal Nou con amenazas y falsas promesas de ascensos laborales. El auto de procesamiento recoge frases como esta: "Mostró su sexo erecto y le decía: dame una chupaeta". El expresident Eduardo Zaplana buscó a Sanz un retiro dorado en la televisión pública tras verse implicado en un escándalo urbanístico y pronunciar una frase inolvidable: "Estoy en política para forrarme".

Rebelión y deslealtad

El presidente de la Generalitat, que aún no ha pasado el trago amargo del cierre de la radiotelevisión pública (cinco de cuyos exdirectivos están imputados), se enfrenta ahora a una rebelión en sus propias filas protagonizada por aquellos a los que ha salpicado de lleno la corrupción. Nada menos que nueve diputados autonómicos del PP lo están, y Alberto Fabra ya ha advertido a todos ellos que no repetirán en las candidaturas del partido para las elecciones autonómicas y municipales de 2015. Ni ellos ni ningún otro cargo bajo escrutinio judicial.

Los nueve parlamentarios imputados no tienen nada que perder, porque saben que ya no ocuparán su escaño en la próxima legislatura. Por eso se permiten incluso exhibir en público su deslealtad hacia Fabra, promoviendo, en contra del criterio de su propio líder, el indulto para otro imputado y ya condenado por corrupción: el exalcalde de Torrevieja (Alicante) y exdiputado autonómico Pedro Hernández Mateo. Nada menos que 45 de los 54 parlamentarios del PP pidieron la semana pasada esa medida de gracia para Mateo, que está a punto de ingresar en prisión por prevaricación.

Santiago de Munck Loyola

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La indignidad política en las Cortes Valencianas.

María del Carmen García

Hace muy pocos meses, 21 asociaciones y 1.500 firmas respaldaron una petición de indulto presentada ante la Subdelegación del Gobierno de Alicante para la mujer de Benejúzar, María del Carmen García, condenada por pegar fuego al violador de su hija. Que se sepa, los diputados del Grupo Popular en las Cortes Valencianas siguieron a lo suyo y no se movilizaron para recoger firmas suscribiendo esta solicitud de indulto.

En 2007, una joven, Melani López, fue condenada a tres años y tres meses de prisión junto a otro joven por cultivar marihuana en una finca en Cervera del Maestrat (Castellón). Según la primera sentencia, el valor del producto que habrían podido obtener habría podido llegar a los 50.000.- €, por lo que además se les impuso una multa de 108.000.- €. Tras varios recursos en los que los jóvenes alegaban su inocencia, la sentencia fue firme en noviembre de 2012 y la joven que ya había rehecho su vida, se había casado y tenía dos hijos, uno de tres años y otro recién nacido, solicitó en marzo de 2013 el indulto al Gobierno. Y que se sepa, los diputados del Grupo Popular en las Cortes Valencianas siguieron a lo suyo y no se movilizaron para recoger firmas suscribiendo esta nueva solicitud de indulto.

Pedro Hernández Mateo

En 2004, el entonces alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateó, cometió los delitos de falsedad en documento oficial y de prevaricación en el procedimiento de adjudicación del mayor contrato de su Ayuntamiento, el servicio de recogida de basura, adjudicado por más de 96 millones de euros a la unión de empresas integrada por Necso Entrecanales Cubiertas-Grupo Generala de Servicios, según sentenció en noviembre de 2012 el Tribunal Superior de Justicia, condenando al exalcalde a tres años de prisión y siete de inhabilitación. El 22 octubre de 2013, el Tribunal Supremo confirmó dicha condena a tres años de cárcel y siete de inhabilitación.

Conocida la sentencia, el 23 de octubre de 2013 José Ciscar, Presidente del Partido Popular de Alicante, al valorar el fallo judicial destacó lo “mucho” que el exalcalde condenado había hecho por Torrevieja. Eso sí, no precisó si lo “mucho” que había hecho por Torrevieja era bueno o malo. Y he aquí, que de pronto, unos días después, el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas despertó de su letargo y en un abrir y cerrar de ojos el 85 por ciento de los diputados del mismo firmó una petición de indulto para que su excompañero, el exalcalde de Torrevieja y exdiputado “popular” en la cámara autonómica, Pedro Ángel Hernández Mateo, no entrase en prisión. 

Andrés Ballester Costa

El promotor de esta excepcional y “humanitaria” iniciativa es el diputado por Alicante (¡Qué vergüenza!) Andrés Ballester. Y se le ha entendido todo perfectamente cuando ha justificado ante los medios de comunicación su iniciativa. El Sr. Ballester ha declarado que no entiende el revuelo causado y que  “lo haría por cualquier otro compañero, incluso por los de la oposición. No es un asesino ni un violador, ni siquiera le han condenado por robar dinero público. Por eso entiendo que, por razones humanitarias, tendría sentido el indulto”. El ilustre diputado alicantino ha añadido que "no me gusta que nadie vaya a la cárcel”, pero se le ha olvidado añadir lo que sus actos indican, es decir, que no le gusta que los políticos vayan a la cárcel, porque si se trata de un ciudadano de a pié eso es harina de otro costal.

Enseguida, el jefe de los diputados firmantes, el presidente de la Generalitat Valenciana y del PPCV, Alberto Fabra, ha afirmado que la formación que preside no respaldará ningún indulto a condenados como partido o grupo y ha destacado que los apoyos de sus diputados se han prestado "a título personal". O sea que los diputados populares firman como diputados pero a título personal. Puede que, una vez más, estemos ante una clara señal de debilidad política de Alberto Fabra o de una doble moral. La misma que le permite proclamar que los imputados no ostentarán cargos orgánicos en el Partido Popular mientras que autoriza a su Vicepresidente José Ciscar a violentar los Estatutos del Partido para que, creando un nuevo órgano, la imputada Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, pueda hacerse con el control del PP en Alicante. Por tanto, poca credibilidad hay que otorgar a estas manifestaciones del Presidente Fabra.

Lo cierto, es que los diputados del Partido Popular que han suscrito esta petición de indulto, lejos de escenificar una acción humanitaria, lo que han hecho es expresar públicamente un corporativismo de lo más indecente posible. El mensaje que han lanzado a la ciudadanía es que no quieren que uno de los “suyos”, un político, vaya a la cárcel por prevaricar y por falsificar documentos públicos, acciones delictivas que a buen seguro tenían una determinada finalidad. Los señores diputados populares firmantes han dejado muy claro que apuestan por la impunidad de los corruptos. Y, por ello, estos señores tan sensibles con sus conmilitones y tan insensibles con los demás ciudadanos no merecen seguir manchando con su presencia las instituciones democráticas. La dignidad política y la ejemplaridad ni están ni se las espera en el Grupo Popular de las Cortes Valencianas.

Santiago de Munck Loyola

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Se busca gente valiente.

Corren tiempos difíciles para los políticos y para la política, en general. Siempre ha existido una cierta versión ciudadana hacia todo lo que tuviera que ver con la política y esta aversión se ha convertido en los últimos tiempos en rechazo. Así parece que lo señalan las encuestas cuando la clase política, los partidos políticos o las instituciones obtienen una baja valoración y adquieren la consideración de “problemas” a los ojos del ciudadano. A ello contribuye, sin duda, el hecho de que la corrupción, otro de los problemas señalados en dichas encuestas, esté vinculada inevitablemente a los repudiables comportamientos de algunos políticos que, por extensión terminan salpicando al conjunto de la clase política. Y, sin embargo, la política forma parte de nuestra vida, es algo inevitable. La política engloba toda una serie de reglas y comportamientos encaminados a la consecución del poder que es el instrumento con el que podemos dirigir y transformar nuestra sociedad. El ejercicio del poder sin una vocación transformadora carece de sentido, al igual que carece de sentido hacer política si no se aspira a la consecución del único instrumento transformador, el poder. Por ello, no se debe “estar” en política sin más, se debe “hacer” política para alcanzar el poder y quien carece de ambición transformadora, carece de auténtica vocación política. La vocación política es una vocación de servicio a los demás, a la sociedad.

Por ello, llama mucho la atención que ante el proceso electoral del PP de la ciudad de Alicante, todos los candidatos a presidir las distintas Juntas de Distrito hayan terminado por ceder a las presiones del la Dirección Provincial y hayan terminado por no presentar sus candidaturas. Es verdad que todo este proceso electoral interno ha sido desde el primer día una chapuza inmunda que, tal y como algunos habíamos vaticinado, ha terminado por convertirse en una farsa. Una farsa destinada a controlar al PP de la ciudad por los mismos que controlan un Ayuntamiento bajo sospecha judicial. Pero ello ha sido posible por la cesión, la sumisión, la obediencia indebida o la cobardía de muchas personas que han sido incapaces de decir en público lo que en privado murmuraban. Miente, una vez más, el Sr. Ciscar, el Presidente Provincial, cuando dice que el resultado de esta farsa ha sido fruto del consenso. Miente a la opinión pública sin ruborizarse a pesar de que, como señalan algunos medios de comunicación, la mitad del PP de Alicante no ha querido contribuir a esta pantomima. La mentira y la corrupción son términos equivalentes a la hora de calificar la ética del político. El corrupto es mentiroso y el mentiroso puede terminar siendo corrupto.  

Pues bien, la incomprensible retirada de quienes aspiraban a gobernar el troceado PP alicantino deja en evidencia la naturaleza de su propia ambición política, del deseo transformador, en este caso de un cadavérico PP, de los frustrados aspirantes. Con su renuncia han dejado claro su deseo de “estar” en política, de seguir aunque sea de forma bastante indigna en política y no de “hacer” política que es lo mínimo que se debe pedir a quien aspira a cualquier liderazgo. Todo parece indicar que han sacrificado su vocación política a cambio del mantenimiento de su cómodo estatus. Mejor no competir por temor primero a perder frente al aparato y después a perder su actual situación. En un partido auténticamente democrático nadie debería temer a competir por el liderazgo, ni nadie debería confundir la libre concurrencia con una hipotética división. Es significativo que ninguno de los cinco Presidentes de las Juntas de Distrito proclamados provisionalmente, y a la espera del fallo judicial que se conocerá dentro de unos días, ha sido capaz de presentar ni una sola línea, ni una sola idea del proyecto político que desea para su distrito y para el partido. ¿Para qué? Ni saben, ni pueden, ni quieren. No lo necesitan por venir de donde vienen ni para ir a donde van. Solo quieren “estar” en política para servir a lo que sirven, algo más bien poco edificante.

Son situaciones como éstas las que contribuyen al alejamiento y al rechazo de los ciudadanos hacia todo lo que huela a política. Se transmite la imagen de que todo es un pasteleo que se desarrolla entre unos pocos. Pero no debería ser así. No es bueno que sea así porque la política no es ésto. La política es algo mucho más noble y hermoso. La política es patrimonio del conjunto de los ciudadanos quienes debemos recuperar nuestro protagonismo y no dejar que siga siendo usurpada por cobardes, por paniaguados, vividores y parásitos. Los ciudadanos debemos, si deseamos cambiar las cosas, ponernos en movimiento, actuar con valentía y recuperar el protagonismo que nos pertenece. Los ciudadanos somos, cada uno a nuestra manera, políticos y podemos desplazar a quienes se valen de la política para que nada cambie, sobre todo sus privilegios. Lo que ocurre en los partidos importa; lo que hacen o dejan de hacer en nuestro Ayuntamiento, en nuestra provincia, en nuestra Comunidad Autónoma o en el Estado, importa y mucho. No debemos mirar para otro lado. No debemos conformarnos con criticar o con abstenernos cuando llegue la hora. Los ciudadanos podemos y debemos cambiar las cosas. Hay muchas opciones para ello y pronto habrá más porque cada día hay más ciudadanos valientes en movimiento.

Santiago de Munck Loyola

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El PP de Alicante ahora en pijama.

Si alguien pensaba que en el fraccionado Partido Popular de Alicante sus militantes iban a poder acudir a las urnas para elegir a los dirigentes de las Juntas de Distrito ilegalmente creadas por José Ciscar y se equipo, se ha equivocado. José Ciscar y su sicario político, José Juan Zaplana, padecen una profunda alergia a las urnas, a la libre y democrática concurrencia de alternativas y candidaturas en las organizaciones locales. Siempre han expresado públicamente su preferencia por eso que, en un alarde de ignorancia política, denominan “consenso” sobre la libre elección de los cargos orgánicos del PP mediante votaciones en las que los afiliados puedan con absoluta libertad elegir a sus líderes. Con ese profundo talante antidemocrático que les caracteriza, cada vez que se abre un proceso electoral interno intentan por todos los medios, incluidos los menos éticos, que no haya más de una candidatura y presionan y coaccionan a los posibles candidatos a presidentes locales para que renuncien a presentarse o a que se integren como segundones en las listas oficialistas. 

Ya el simple hecho de que se hable de candidatos o de listas oficialistas, afines por tanto a José Ciscar, es un síntoma evidente de la baja calidad democrática de la organización popular en la Provincia de Alicante. Confunden libre concurrencia con división y consenso con pasteleo. Es evidente que no se podía esperar otra cosa de alguien que carece de raíces en el Partido Popular y que hace poco más de diez años militaba en otra formación política en contra de su actual partido; ni se puede esperar tampoco otra cosa de alguien que sin oficio ni beneficio ignora lo que es ganarse la vida fuera de las moquetas y despachos oficiales.

Es muy decepcionante comprobar cómo los arribistas, los chaqueteros y los mercenarios de la política pueden hacerse con el control de una importante organización política y la mansedumbre, sumisión y cobardía de muchos honestos e históricos militantes populares con que lo aceptan.

Hace poco más de un año que los dirigentes provinciales decidieron impedir que el Partido Popular de Alicante pudiera resurgir como una organización local fuerte y renovada y que pudiese adquirir el protagonismo y la importancia que le corresponde en la Provincia. Y para lograrlo no dudaron en violentar los Estatutos del Partido Popular, en ocultar sus maniobras a los militantes populares, en perseguir, coaccionar y finalmente expulsar a quienes denunciaban sus enredos y en mentir con absoluto descaro a los medios de comunicación, a los militantes y a la propia sociedad alicantina. Baste recordar que el 12 de octubre de 2012, el Secretario Provincial compareció ante los medios de comunicación para anunciar que la Junta de Alicante había sido disuelta, que su Presidente Julio de España había cesado y por ello se le nombraba vocal del Comité Ejecutivo, que se creaba una Gestora y que se sustituía dicha junta por Juntas de Distrito. Y alguien debió mentir cuando Julio de España ha convocado hace unas semanas por escrito las elecciones a dichas juntas firmando en su calidad de “Presidente de la Junta de Alicante”. O bien el Sr. Zaplana mintió a los medios de comunicación el 12 de octubre del año pasado o bien D. Julio de España ha usurpado funciones o ha enviado un documento falso a los afiliados. Pronto se sabrá en los Tribunales de Justicia. Sea como fuere el talante democrático de los personajes queda perfectamente retratado con estas maniobras.

Ayer, tras forzar la retirada de los candidatos a presidir cuatro de las Juntas de Distrito del PP de Alicante han quedado proclamados los candidatos oficiales que no son otros que los de la Alcaldesa, Sonia Castedo, que por estar imputada por diversos delitos no podía aspirar a presidir ningún cargo orgánico popular. Estos presidentes de Juntas de Distrito, sin someterse a votación alguna, formarán parte del ilegal Consejo de Dirección del PP que estará presidido por Sonia Castedo sin tampoco pasar por las urnas populares. Con ello se cierra la operación diseñada por José Ciscar: el PP de la ciudad de Alicante queda dividido, cautivo y desarmado una vez que las tropas castedistas han alcanzado sus últimos objetivos. Cualquier posibilidad de una regeneración democrática en el PP de Alicante queda definitivamente alejada y el Sr. Ortiz podrá, además de ejercer su influencia sobre el Ayuntamiento de Alicante, extenderla sobre los anestesiados restos del Partido Popular alicantino. Los alicantinos contamos ahora con un PP en pijama. ¡Chapeau!

Santiago de Munck Loyola

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La indecencia política sobrevive en medio de la crisis.

Decididamente hay que rendirse a la evidencia, nuestra clase política, sea del color que sea, es muy especial. Sigue instalada en sus privilegios y pase lo que pase en el país no está dispuesta a modificar sus costumbres, ni siquiera por el “qué dirán”. Es evidente que no todos nuestros representantes políticos son iguales pero muy pocos se atreven a disentir y a expresarlo públicamente cuando se toman algunas decisiones, aunque no las compartan, no sea que por ello dejen de “salir en la foto”.

Mientras se habla de los recortes también en las becas Erasmus, del cierre de televisiones ruinosas, del cobro de medicamentos hasta en los hospitales, de la desnutrición de muchos niños en Cataluña, de los centenares de niños que acuden al colegio sin desayunar por falta de recursos o de la desaparición de cientos de plazas asistenciales, nuestros políticos siguen a lo suyo, como si no pasase nada y éso de apretarse el cinturón no fuera con ellos. Cuando se trata de dar ejemplo poco importa el color, coinciden en no darlo los que arruinaron al país y quienes para salvarlo están arruinando a las familias.

Ayer, sin ir más lejos, el Congreso de los Diputados escenificó como nunca lo anterior. Sus señorías dejaron claro que padecemos una casta política privilegiada, derrochadora e insolidaria. El Partido Popular, una vez más, rechazó la propuesta presentada por UPyD para suprimir en los Presupuestos Generales de 2014 la partida de 350.000 euros para los servicios de traducción de lenguas cooficiales en los Plenos del Senado. Para que nos entendamos, que el Partido Popular con el beneplácito de todos los grupos se opuso a dejar de gastar 350.000 euros en pinganillos para los caprichosos e inútiles senadores. ¿La excusa? Que como está así regulado en el Reglamento del Senado el Congreso tiene la obligación de dejar intacta esa partida. Vamos, que como el PSOE fue el autor de semejante despilfarro y estupidez, el PP que ahora tiene mayoría absoluta para poder cambiarlo no lo hace. ¿Puro seguidismo? ¿La habitual cobardía popular? ¿“Maricomplejines” en estado puro? ¿No estará pasando lo mismo con la hoja de ruta de Zapatero respecto al terrorismo? No cabe la más mínima duda de que más de un diputado popular o socialista no compartirá ese rechazo pero en éste, como en tantos otros asuntos, se callarán y acatarán lo que les manden a la hora de pulsar el botón de votaciones. Y tampoco cabe la más mínima duda de que los dirigentes populares saben perfectamente que decisiones como éstas molestan profundamente a sus votantes pero una vez más es evidente que la opinión de los mismos, hoy por hoy y dada la lejanía electoral, les importa un pimiento. Ellos a lo suyo.

Y es que tiene su miga que el sentido común, la lógica y la decencia política sigan ausentes de las instituciones. Tiene lo suyo empecinarse en mantener un guiño zapateril inútil y costoso a los independentistas que lo único que pretenden es la voladura de España a la que por negarle le niegan incluso el uso normal de su idioma, del idioma común hablado por más de 400 millones de personas, en una de las cámaras depositaria de la soberanía popular, el Senado. La Constitución no puede ser más clara. En su Artículo 3.1 señala que “el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Y que se sepa, el Senado es una institución del Estado, aunque no sepamos muy bien para qué sirve, no de las Comunidades Autónomas en las que, además del castellano, pueden ser cooficiales las demás lenguas propias. Y que se sepa también los senadores, aunque a algunos les pese, siguen siendo ciudadanos españoles y, por tanto, también tiene el deber de conocer la lengua castellana. Y si no la conocen pues a su casa, que ya está bien de burlas, desprecios y humillaciones hacia todo lo que sea español. Todos sabemos que todos los senadores hablan y entienden perfectamente el castellano, entonces ¿a qué viene lo del pinganillo, lo de tener que usar traductores para traducir una lengua que conocen sobradamente? ¿Por qué entonces hay que seguir tirando a la basura todos los años 350.000 euros? 

Las cuentas públicas no están para pagar los caprichos de nadie, por muy senadores que sean y ésto no es otra cosa que un capricho indecente que no tiene, además, ningún efecto político para buscar acercamientos hacia quienes sólo quieren alejarse. Lo de los pinganillos, se mire por donde se mire, no sólo es una payasada que provoca risas más allá de nuestras fronteras, sino que, además, es un auténtico insulto y desprecio hacia los sufridos ciudadanos que ven, día a día, cómo sus recursos disminuyen y sus dificultades crecen. ¿Qué clase de políticos tenemos que son capaces de tirar así 350.000 euros al año mientras hay miles de ciudadanos, a los que presuntamente representan, pasando hambre? Sencillamente no tienen vergüenza y se están burlando de los ciudadanos y de lo español. Perdóneme el lector, pero ¡que les den!

Santiago de Munck Loyola

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Adelantada la vista oral por la solicitud de suspensión cautelar de las elecciones del PP de Alicante.

11-11-2013

NOTA DE PRENSA.

Adelantada la vista judicial por la solicitud de suspensión cautelar de las elecciones del PP de Alicante.

El 9 de noviembre de 2013, a solicitud de los demandantes presentada el 4 de noviembre, el Juzgado de Instrucción nº 7 de Alicante ha dictado una resolución adelantando la vista oral para decidir sobre la solicitud de suspensión cautelar planteada por varios afiliados del Partido Popular en la demanda civil por incumplimientos de los Estatutos del Partido Popular por parte del Comité Ejecutivo Provincial. La vista oral se celebrará el próximo 22 de noviembre a las 12 horas.

Igualmente, el pasado viernes 8 de noviembre, otro afiliado presentó ante el Presidente Provincial de Alicante una impugnación contra el acuerdo de creación de un Consejo de Dirección de las Juntas de Distrito del PP de Alicante, por no estar prevista esta figura en los Estatutos del Partido Popular, y contra la convocatoria de las elecciones a las Juntas de Distrito al estar suscrita dicha convocatoria por D. Julio de España quien, según todas las informaciones publicadas, dejó de ser Presidente Local en octubre de 2012 al ser sustituida la Junta Local de Alicante por Juntas de Distrito. También se prevé que en caso de ausencia de pronunciamiento escrito de esta impugnación por parte del Presidente Provincial se acuda nuevamente a la vía judicial.

Al rescate de los valores traicionados.

El cierre de la RTVV es la constatación del fracaso, no de unas ideas ni de un proyecto político, sino de un determinado modo de hacer política que desde hace muchos años se ha ido instalando en buena parte de la clase política y, especialmente, de aquella que al acceder y perpetuarse en el poder olvida por qué y para qué está ahí. Y esa especial forma de hacer política consiste en olvidarse del objetivo fundamental de toda acción política, la vocación de servicio público de transformación del entorno de acuerdo con unos principios y programas, de acuerdo con una ética política concreta. Cualquier parecido entre la gestión del ente RTVV durante los últimos 18 años y los principios y programas del Partido Popular es pura coincidencia. Si esta gestión hubiese estado presidida por la austeridad, la eficacia, la ejemplaridad, la imparcialidad, la honradez o el respeto a las más elementales normas de transparencia democrática, conceptos todos ellos que se pueden leer y releer en infinidad de documentos y programas del Partido Popular, hoy la RTVV seguiría funcionando y lo estaría haciendo como un ente informativo de servicio público ejemplar. Pero no ha sido así y el resultado está a la vista, como lo está también en muchos otros ámbitos de la gestión pública en la Comunidad Valenciana. Es evidente que esa forma de hacer política que prescinde de los principios y los programas es la causa de tanto desacierto y de tantos errores que nadie asume como se hace en una democracia, dimitiendo.

No somos pocos los que, compartiendo esos principios y esos programas por los que, además, hemos trabajado durante años, nos sentimos profundamente desilusionados y avergonzados. Algunos hemos constatado que es imposible intentar desde dentro promover cambios que desde la regeneración permitan una recuperación de los valores y los principios en los que seguimos creyendo. Y también hemos llegado a la conclusión de que no podemos permanecer pasivos ante una situación política que nos produce rechazo. Ninguna organización política, por poderosa que sea, tiene el monopolio de las ideas y los valores en los que creemos. Cuando una bandera deja de representar nuestros valores y quienes la enarbolan son mercenarios de la política es mejor ir al rescate de esos valores y volverlos a situar en primera línea de la acción política.

Los ciudadanos que creemos en el valor de la persona, de la vida humana, de la libertad, de la unidad de España, de la igualdad de derechos y de obligaciones entre los ciudadanos de cualquier territorio; los ciudadanos que creemos que los derechos son de las personas y no de los territorios, que la economía debe estar al servicio de la política y no a la inversa, que la educación, la sanidad, las pensiones y la prestaciones sociales básicas han de estar garantizadas para todos y por igual con independencia de la región, que hay que promover vínculos de unión y no de separación; los ciudadanos que queremos que la clase política sea ejemplar, que no goce de los privilegios que hoy ostenta, que se regulen y limiten todos los sueldos públicos, que los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales vivan exclusivamente de las cuotas de sus afiliados y no de las subvenciones públicas, que se persiga la corrupción y que los corruptos no se beneficien de indultos; los ciudadanos que aspiramos a una paz con vencedores y vencidos, que exigimos más firmeza frente a los terroristas, que cumplan íntegramente sus condenas y que no se les beneficie con anómalas sentencias de Estrasburgo; los ciudadanos que creemos imprescindible una reforma fiscal que suponga el fin de la asfixia a la clase media, que queremos menos estado y más sociedad, menos impuestos y más crédito, menos recortes y mejor inversión pública; los ciudadanos que, en definitiva, creemos que hay una forma diferente de hacer política, una forma basada en la participación ciudadana, en la permeabilidad de los partidos a las corrientes de opinión, en la responsabilidad política del gestor frente a los administrados y en el respeto a los programas electorales y a los compromisos adquiridos, tenemos la obligación de ponernos en movimiento. Nada cambiará si no lo hacemos nosotros.

En nuestra Comunidad, el desencanto de los electores de centro y centro derecha ha ido propiciando la aparición de multitud de pequeños grupos y organizaciones de ámbito local o comarcal. Y al margen de la existencia de posibles personalismos, como algunos pretenden de forma maliciosa  justificar su aparición, lo cierto es que en la inmensa mayoría de estos grupos subyace una profunda sensación de decepción, de estafa política. Hoy por hoy, muchos electores de centro derecha, si tuvieran que votar, o bien se quedarían en casa o bien terminarían por votar, paradójicamente, a un partido de izquierdas como UPyD. Nada más absurdo. El rescate de los valores usurpados, abandonados o traicionados por algunos debería pasar necesariamente por un movimiento de convergencia y de coordinación de todos esos pequeños grupos y, además, con la generosidad política tan ausente en otro sitio.

Los ciudadanos en movimiento podemos rescatar esos valores y principios que los hechos han demostrado que no se aplican, que sólo son la tapadera de incompetentes y medradores de la política. No es tarea fácil, pero es ilusionante. Hay viento favorable y tenemos la ventaja de saber a qué puerto queremos llegar.

Santiago de Munck Loyola

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